Indianapolis, Indiana. .
August 17, 2019
Super User

Super User

LA NACION

 

WASHINGTON. 14 de mayo del 2019- En Washington se viven momentos de tensión. A semanas de que un grupo de activistas tomara la embajada de Venezuela en Estados Unidosen apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y para impedir que funcionarios del presidente encargado Juan Guaidó puedan ingresar a la sede, ayer la Policía comenzó un operativo para desalojarlos.

"Las autoridades ya dieron el paso", confirmó Rafael Alfonso, miembro de la delegación de Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos, y luego explicó que los agentes entregaron una orden de desalojo y se acercaron con linternas a la puerta y abrieron las cadenas y el candado que la aseguraban para hablar con los activistas estadounidenses que se niegan a salir.

"Ellos están defendiendo la ley internacional, defendiendo la convención de Viena y están preocupados de un efecto de cascada", dijo Mara Verheyden-Hilliard, abogada de la Asociación para la Justicia Civil. "Este es un camino muy peligroso".

En medio del operativo, tres de los activistas abandonaron el lugar pero otros cuatro continúan dentro. Al respecto Brian Becker, director nacional de Answer Coalition, una agrupación que respalda a los activistas, indicó que los que permanecen en la sede diplomática no saldrán voluntariamente.

Por su parte, el director de operaciones de la embajada, Rafael Alfonso, dijo que parecía poco probable que los activistas que seguían dentro del inmueble fuesen desalojados pero apuntó que la situación se revisaría hoy. Una vez que el edificio quede libre de activistas, se evaluarán los posibles daños.

Asimismo Carlos Vecchio, a quien Estados Unidos reconoce como el embajador de Venezuela, tuiteó que pronto se anunciarán los "próximos pasos". "Agentes federales notifican a invasores que las autoridades legítimas y reconocidas por Estados Unidos son las designadas por el presidente Juan Guaidó y que deben desalojar inmediatamente", dijo según lo publicado por el diario El Nacional. El diplomático agregó que en caso de que no se vayan, las autoridades estadounidenses procederán a detenerlos. "Si desconocen la orden, serán encarcelados y procesados judicialmente".

Desde hace semanas, la pugna que enfrenta Venezuela entre el gobierno de Maduro, reconocido por la ONU y apoyado por Rusia y China, y Guaidó, respaldado por EE.UU. y más de 50 países, se trasladó a la sede diplomática de la capital estadounidense. Allí un grupo de activistas que defienden al chavismo y que cuentan con su aval se agrupó para tomar el lugar e impedir que sea usado por los funcionarios de la oposición.

El propósito de los activistas, que denuncian la intención de dar un golpe de Estado contra Maduro, a quien consideran mandatario legítimo, es también custodiar el recinto tras la salida de los últimos diplomáticos venezolanos el 24 de abril, después de que ambos países rompieran relaciones.

 

Por Fari Rafa

 

13 de mayo del 2019- El aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas, rama de la Inteligencia Artificial (IA), podría sustituir en buena parte la labor de los médicos humanos a la hora de predecir episodios como los paros cardíacos y hasta la muerte.

A partir de esa idea expondrá en la Conferencia Internacional sobre Cardiología Nuclear y TC Cardiaca el doctor Luis Eduardo Juárez-Orozco, del Centro de PET de Turku, en Finlandia.

Juárez-Orozco es el autor de un estudio que ha puesto al algoritmo LogitBoost a analizar repetidamente 85 variables en 950 pacientes durante un período de seis años. ¿El resultado? Este "aprendió" cómo interactúan los datos de imágenes y logró identificar los patrones que correlacionan las variables con la muerte y el infarto.

El éxito del estudio va más allá, pues se estableció que el LogitBoost -muy similar a los que utiliza Netflix, Google o Spotify para la recomendación de contenido- puede predecir estos episodios con un 90% de precisión.

Este tipo de algoritmo se enfoca en adaptarse a un usuario y es empleado también para el reconocimiento facial en los teléfonos inteligentes y en los automóviles que se conducen por sí solos, entre otras tecnologías.

"Estos avances van mucho más allá de lo que se ha hecho en medicina, donde debemos ser cautelosos sobre cómo evaluamos el riesgo y los resultados. Tenemos los datos, pero todavía no los estamos utilizando en todo su potencial", dijo Juárez-Orozco a la agencia Europa Press.

Según explicó, los médicos humanos emplean las puntuaciones de riesgo para tomar decisiones sobre cuál tratamiento escoger, pero estas puntuaciones se basan solo en un puñado de variables y, a menudo, tienen una precisión modesta en pacientes individuales.

 

Personalización, el futuro de los tratamientos médicos

Mediante la repetición y el ajuste, el aprendizaje automático aprovecha en mayor medida grandes cantidades de datos y permite identificar patrones complejos que pueden no ser evidentes para los humanos.

A decir de Juárez-Orozco, el estudio que hoy desarrolla demuestra que los patrones de muy alta dimensión son más útiles que los patrones de una sola dimensión, si de predecir resultados en individuos se trata. “Y para eso necesitamos aprendizaje automático”, insiste.

Su investigación incluyó a 950 pacientes que presentaban dolor torácico y que se sometieron al protocolo para detectar una enfermedad de la arteria coronaria. Una tomografía computarizada (CCTA) produjo 58 datos de la presencia de placa coronaria, estrechamiento de vasos y calcificación.

Los pacientes con resultados que sugerían enfermedad se sometieron a una tomografía por emisión de positrones (TEP), que produjo 17 variables en el flujo sanguíneo. En total, se obtuvieron diez variables clínicas a partir de registros médicos, incluyendo sexo, edad, tabaquismo y diabetes.

Durante un seguimiento por seis años, la investigación documentó 24 ataques cardíacos y 49 muertes por causas distintas. Las 85 variables fueron analizadas por LogitBoost varias veces hasta que encontró la mejor estructura para predecir quién tuvo un infarto o murió.

"El algoritmo aprende progresivamente de los datos y, después de numerosas rondas de análisis, determina los patrones de alta dimensión que deben usarse para identificar de manera eficiente a los pacientes que tienen el evento. El resultado es una puntuación de riesgo individual", explica Juárez-Orozco.

Por Jeff Mason y Se Young Lee

 

WASHINGTON/PEKÍN, 13 may (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que se reunirá el mes próximo con el presidente chino, Xi Jinping, después que la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo se intensificó y provocó escalofríos en los mercados globales.

China había anunciado también el lunes un aumento de sus aranceles a varios productos de Estados Unidos, que incluyen vegetales congelados y gas natural licuado, en represalia a medidas comerciales de Washington y pese a que Trump le había advertido que no respondiera.

La medida, ampliamente esperada después de que Estados Unidos aumentó la semana pasada los gravámenes sobre bienes importados chinos por valor de 200.000 millones de dólares, elevó el temor a que las dos mayores economías del mundo entren en una disputa sin frenos que podría golpear al crecimiento global.

Un índice de las acciones mundiales bajó un 1,9% el lunes, su mayor caída diaria en más de cinco meses y la moneda china cayó a su nivel más bajo desde diciembre.

Trump, quien ha adoptado el proteccionismo como parte de su agenda "Primero Estados Unidos", dijo que hablaría con Xi en una cumbre del G-20 a fines de junio. "Tal vez algo suceda", dijo Trump en declaraciones en la Casa Blanca. "Vamos a reunirnos, como saben, en el G-20 en Japón y creo que será una reunión muy fructífera".

Los agricultores estadounidenses se encuentran entre los más afectados por la guerra comercial, ya que las ventas de soja a China cayeron en picado y los futuros del grano en Chicago alcanzaron su nivel más bajo en una década.

Trump dijo el lunes que su gobierno planeaba entregar unos 15.000 millones de dólares para ayudar a los agricultores cuyos productos podrían ser objeto de represalia.

Los agricultores, que son una base política fundamental de los republicanos de Trump, se sienten cada vez más frustrados por las largas conversaciones comerciales y el fracaso para alcanzar un acuerdo.

 

SUENAN LOS TAMBORES

El Ministerio de Finanzas chino dijo que planea establecer aranceles a importaciones que van desde 5% a 25% a 5.140 productos estadounidenses en una lista revisada de 60.000 millones de dólares. Informó que entrarán en vigor el 1 de junio.

"El ajuste chino sobre aranceles adicionales es una respuesta al unilateralismo y proteccionismo estadounidense", aseguró el ministerio. "China espera que Estados Unidos vuelva al camino correcto de comercio bilateral y consultas económicas".

Trump ha acusado a China de incumplir los compromisos que alcanzó durante meses de negociaciones comerciales, lo que Pekín ha negado. En medio de las negociaciones la semana pasada, Trump aumentó los aranceles sobre bienes chinos de 10% a 25%. La medida afecta a 5.700 categorías de productos chinos, incluyendo módems de internet, routers y dispositivos similares.

Luego, el mandatario le ordenó al Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, que comenzara el proceso de imponer aranceles a las importaciones restantes de China, una medida que afectaría bienes por un valor adicional de 300.000 millones de dólares.

Pekín dijo el lunes que "nunca se rendirá" a la presión externa y sus medios estatales siguieron emitiendo fuertes comentarios, al reiterar que las puertas siempre han estado abiertas para conversar, pero prometieron que China defenderá sus intereses nacionales y dignidad.

En uno de los comentarios, la televisión estatal dijo que los efectos de las sanciones de Washington son "totalmente controlables".

 

(Reporte de Jeff Mason en Washington y Se Young Lee en Pekín; reporte adicional de Ben Blanchard en Pekín; Makini Brice, Doina Chiacu, David Lawder, Jeff Mason y Humeyra Pamuk en Washington y Alden Bentley en Nueva York; Escrito por Paul Simao y Rosalba O'Brien; Editado en Español por Manuel Farías y Javier López de Lérida)

Más de 5,000 productos chinos serán afectados por esta nueva tasa en Estados Unidos. Pekín dijo que no tiene más opción que "tomar necesarias medidas de represalia", mientras los minoristas estadounidenses advierten que la decisión elevará los costos del sector, los precios al consumidor y además destruirá trabajos en el país.

UNIVISION

 

10 de mayo del 2019- La madrugada de este viernes entró en vigor en Estados Unidos una subida al 25%, desde el 10% actual, en los aranceles a importaciones chinas valoradas en 200,000 millones de dólares, una medida que enturbia las negociaciones entre Washington y Pekín para contener la guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales.

Pocos minutos después de la entrada en vigor de nuevos aranceles punitivos a más de 5,000 productos chinos, el gigante asiático anunció que "lo lamenta profundamente y no tendrá más opción que tomar las necesarias medidas de represalia", como indica un breve comunicado emitido por el ministerio chino de Comercio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había suspendido esta subida en enero para permitir las negociaciones comerciales entre los dos países, inmersos desde el año pasado en una guerra comercial que puede impactar la economía a escala global.

Pero finalmente decidió aplicarlas, al considerar que las conversaciones bilaterales no avanzan lo suficiente y ponen en duda la buena fe de los negociadores chinos.

Las nuevas tarifas no afectarán a las mercancías que salieron de los puertos chinos antes del plazo del viernes, explicó AP. Solo cuando esos envíos completen la travesía de entre tres y cuatro semanas por el Océano Pacifico hasta Estados Unidos enfrentarán los nuevos impuestos.

Las negociaciones comerciales entre ambos países empezaron contrarreloj este jueves en Washington y continuarán este viernes.

 

Trump ofrece un acuerdo sin prisas

La mañana de este viernes, el presidente Trump ha dicho a través de su cuenta de Twitter que "las conversaciones con China continúan de una manera muy agradable" y que "no hay absolutamente ninguna necesidad de apresurarse" ya que ahora China pagará a Estados Unidos aranceles del 25% en bienes y productos por valor de 250,000 millones de dólares.

"El proceso ha comenzado a colocar aranceles adicionales al 25% sobre los restantes 325,000 millones de dólares", agregó Trump, señalando que EEUU sólo vende a China aproximadamente 100,000 millones de dólares de bienes y productos, lo que significa "un desequilibrio muy grande".

"Con los más de 100,000 millones de dólares en aranceles que recibimos, compraremos productos agrícolas de nuestros grandes agricultores, en cantidades mayores que las de China, y enviarlos a países pobres y hambrientos en forma de ayuda humanitaria. Mientras tanto, seguiremos negociando con China con la esperanza de que no vuelva a intentar rehacer el acuerdo", dijo en la secuencia de tuits.

Trump señaló que si Estados Unidos compra 15,000 millones de dólares de agricultura a sus propios agricultores, "mucho más de lo que China compra ahora, tendríamos más de 85,000 millones de dólares sobrantes para nueva infraestructura, atención médica o cualquier otra cosa. China se ralentizaría mucho y nosotros automáticamente nos aceleraríamos".

 

Los minoristas lo resienten ya

La sola amenaza de recrudecer la guerra comercial desplomó este jueves las principales bolsas del sudeste asiático, que terminaron cerrando con pérdidas, mientras que los mercados europeos abrieron a la baja, al igual que Wall Street y su principal indicador, el Dow Jones.

La mayor asociación de empresas minoristas de Estados Unidos criticó anticipadamente la subida de aranceles al advertir que elevará los costos del sector, los precios al consumidor y además destruirá puestos de trabajos en el país.

La Federación Nacional del Comercio Minorista (NRF, por sus siglas en inglés) aseguró en un comunicado citado por Efe que los incrementos en aranceles "supondrán costos más altos para los negocios estadounidenses, precios más altos para los consumidores estadounidenses y trabajos perdidos para muchos trabajadores estadounidenses".

El vicepresidente para Cadenas de Suministro y Políticas Aduaneras de la NRF, Jonathan Gold, instó a la Administración Trump a "centrarse en un acuerdo comercial", expresó su esperanza de que se encaucen las negociaciones y lamentó que se menoscabe el progreso "con más rifirrafes que solo perjudican a los estadounidenses".

 

El proyecto de ley propone devolver los fondos de ayuda a los países del Triángulo Norte, que se aumenten las sanciones a los traficantes de personas y que se establezca el procesamiento de refugiados en la región. Además contempla mejorar el monitoreo de los niños no acompañados una vez que son entregados a sus patrocinadores.

JORGE CANCINO

 

14 de mayo del 2019- Los demócratas del Senado presentaron este martes un proyecto de ley que busca reducir los cruces fronterizos de migrantes centroamericanos y reactivar la ayuda que Estados Unidos otorgaba a los países del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), esto como solución para enfrentar la crisis que se vive en la frontera con México.

El proyecto, denominado “Ley de Reforma y Ejecución de Centroamérica” y que fue obtenido por Univision Noticias, precisa que el objetivo es “brindar una respuesta regional coordinada para manejar eficazmente la violencia endémica y la crisis humanitaria” que viven los tres países centroamericanos, de los que han huido miles de sus ciudadanos en los últimos cinco años para buscar asilo en Estados Unidos.

“Los demócratas del Senado tenemos un plan para abordar la crisis que obliga a mujeres, niños y familias a huir del Triángulo Norte de América Central”, dijo una fuente del Senado que conoce el proyecto y pidió el anonimato. “Debemos estabilizar la violencia que está impulsando la migración, establecer el procesamiento de refugiados en la región e interrumpir las redes de contrabando que se aprovechan de las poblaciones vulnerables”, agregó.

“También debemos proporcionar un proceso justo y ordenado para revisar las reclamaciones humanitarias de quienes llegan a la frontera en busca de protección”, indicó.

El senador demócrata Chuck Schumer dijo a Univision Noticias que "mientras que las acciones del gobierno de Trump exacerban los problemas en la frontera sur, los demócratas del Senado están comprometidos a abordar las causas fundamentales que obligan a las familias a huir de Centroamérica". Además, defendió el proyecto como una medida "de sentido común basada en soluciones que han demostrado que funcionan en el pasado"

La crisis en la frontera con México estalló en junio de 2014 durante el gobierno de Barack Obama, cuando más de 46,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares fueron aprehendidas por la Patrulla Fronteriza en lo que iba de ese año fiscal.

Pero desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero del 2017, la cifra de arrestos en la frontera ha ido en aumento, sobre todo en el último año. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en abril fueron detenidos 98,977 extranjeros en la frontera con México, la cifra más alta en la última década.

Para el presidente Donald Trump, la verdadera crisis no se encuentra en Centroamérica sino en la frontera y fue provocada por las caravanas de migrantes centroamericanos que, asegura, vienen a invadir el país y han abusado de “lagunas” o “vacíos legales” contenidos en la ley de inmigración.

 

Cuáles son las lagunas

Las “lagunas” mencionadas por Trump corresponden a:

Acuerdo judicial Flores de 1997. Prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad en prisiones federales. Pero el gobierno de Trump considera que la vigencia de este beneficio entorpece sus planes de deportar al mayor número de indocumentados en el menor tiempo posible.

Ley TVPRA de 2008 sobre la prevención del tráfico humano. Prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México) y exige que su futuro sea decidido por un juez de inmigración.

Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia y al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

Los tres "vacíos legales", según Trump, solo pueden ser anulados por el Congreso o las cortes. El presidente ha insistido al Congreso en varias ocasiones que actúe para detener la crisis o, de lo contrario, dice que cerrará la frontera.
“¡El Congreso debe reunirse e inmediatamente eliminar los vacíos legales en la frontera! Si no hay acción, la frontera o secciones grandes de la frontera se cerrarán. ¡Esto es una emergencia nacional!”, escribió el mandatario en Twitter el pasado 3 de abril.

 

La respuesta demócrata

Poco más de cinco semanas después de aquel mensaje, los demócratas asoman una propuesta que, en resumen, busca reducir los cruces fronterizos al expandir el procesamiento de refugiados en los países centroamericanos y reforzar los programas para detener a miembros de carteles de la droga en toda la región.

El plan también revertirá los recortes de fondos que el presidente Trump eliminó del Triángulo Norte (cerca de 500 millones de dólares) como castigo porque, dijo, los gobiernos no hacen lo suficiente para controlar el éxodo de migrantes hacia el norte.

"No habrá más dinero para ellos", dijo Trump a los reporteros durante un viaje a Florida acompañado por los senadores Florida Marco Rubio y Rick Scott, y el gobernador Ron DeSantis.

Los demócratas indicaron que, para abordar las profundas causas que originan la violencia y la inestabilidad “que están impulsando la migración, el primer lugar hay que aumentar las sanciones para acabar con los contrabandistas, cárteles y traficantes que explotan a niños y familias”.

El plan demócrata para aliviar la crisis en la frontera también busca condicionar la asistencia a los gobiernos del Triángulo Norte para abordar las causas fundamentales de la violencia y la inestabilidad que impulsan la migración; así como restaurar el estado de derecho (fortalecer las instituciones públicas democráticas y reducir la corrupción) y promover oportunidades económicas.

 

Para los menores no acompañados

El plan también contempla mejorar el monitoreo de niños no acompañados después de que se procesen en la frontera. Advierte que el gobierno federal “carece de los recursos para rastrear a los niños no acompañados después de que son procesados por la Patrulla Fronteriza y se les asigna un patrocinador, generalmente un familiar cercano”.

El plan señala que “fortalece la capacidad del Departamento de Salud y Servicios Humanos(HHS) para supervisar la seguridad y el bienestar de los niños entregados a un patrocinador adulto mientras esperan su audiencia en la corte al exigir verificaciones de antecedentes consistentes, uniformes y oportunas, y verificaciones de bienestar posteriores a la colocación y servicios de post-lanzamiento”.

La iniciativa también proporciona recursos y orientación a los distritos escolares locales que matriculan a niños no acompañados.

En cuanto a quienes llegar a la frontera en busca de asilo, el plan pide garantizar un procesamiento ordenado y eficiente, y recuerda que Estados Unidos tiene una larga tradición de defender a los refugiados en todo el mundo y “tenemos la capacidad y la responsabilidad de hacerlo ahora con los que huyen de la creciente violencia en nuestro propio hemisferio”.

Para ser aprobado el proyecto de ley se necesitan 60 votos en el Senado y los demócratas solo tienen 45 frente a 53 republicanos y dos independientes que votan del lado de los demócratas.

En la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, se necesitan 218 votos.

Se espera que en cualquier momento de este martes la Casa Blanca y la bancada republicana del Senado se pronuncien sobre el plan.

La propuesta demócrata de este martes fue apoyada por los siguiente senadores demócratas: Dick Durbin, Dianne Feinstein, Bob Menéndez, Patrick Leahy, Mazie Hirono, Tom Carper, Tammy Baldwin, Brian Schatz, Tina Smith, Ben Cardin, Ron Wyden, Chris Murphy, Michael Bennet, Amy Klobuchar, Jack Reed, Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Jacky Rosen, Catherine Cortez-Masto, Tim Kaine, Patty Murray, Cory Booker, Maggie Hassan, Sheldon Whitehouse, Tom Udall, Richard Blumenthal, Chris Van Hollen, Mark Warner, Kirsten Gillibrand, Bernie Sanders y Kamala Harris.

Un representante diplomático de Guaidó dijo que además han solicitado que se acepten los pasaportes venezolanos vencidos en una rueda de prensa en la que las congresistas demócratas Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell reclamaron a Trump protección inmediata para los ciudadanos que huyen de la crisis política y humanitaria de Venezuela. 

LORENA ARROYO

 

13 de mayo del 2019- El equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, le ha pedido al gobierno de Donald Trump que garantice un estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés)a los venezolanos indocumentados en Estados Unidos.

"El mensaje que damos como gobierno de Venezuela es que necesitamos el apoyo de esta administración y de todas las instancias de gobierno de EEUU para proteger temporalmente a los venezolanos", afirmó el ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington designado por Guaidó, Gustavo Marcano. "Esta protección que estamos solicitando no es para siempre sino mientras logramos salir del narcorrégimen y que va a permitir (a los venezolanos) trabajar y tener un estatus legal mientras llega ese momento que está cada día más cerca", dijo en referencia a la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

Marcano hizo las declaraciones en una rueda de prensa acompañado de las congresistas demócratas de Florida Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell en la que ambas reclamaron a Trump protección inmediata para los venezolanos que huyen de la crisis política y humanitaria de su país. Pese a que la solicitud del TPS para los venezolanos no es nueva y a que cuenta con apoyo de congresistas de ambos partidos, se trata de la primera vez que el gobierno de Guaidó, al que Trump reconoce como legítimo, habla de la solicitud públicamente.

Según explicó Marcano, el embajador designado por Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, ha planteado "en todas las instancias" la necesidad del TPS para los venezolanos, así como la de que en Estados Unidos se acepten los pasaportes vencidos de los ciudadanos de ese país.

El reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela por parte del gobierno de Trump y la salida de los diplomáticos de Nicolás Maduro de EEUU implicó que los venezolanos que necesitan hacer trámites consulares se hayan quedado en un limbo.

Los diplomáticos nombrados por el presidente interino no tienen por el momento la capacidad de emitir pasaportes después de que denunciaran que el sistema consular fue "desmantelado" por sus predecesores y en Venezuela el sistema de identificación nacional sigue contralado por el régimen de Maduro.

"Hoy en día no hay instancias donde los venezolanos podamos ir a renovar los pasaportes", reconoció Marcano este lunes. "A los venezolanos se les está violentando su derecho a la identidad que es un derecho humano fundamental desde hace mucho tiempo y esto está afectando a estudiantes que necesitan, por ejemplo, inscribirse o continuar sus estudios en las universidades de EEUU o perjudica a algún venezolano que simplemente va a sacar su permiso de trabajo, su licencia de conducir o para acceder a la salud".

 

"No hay que esperar un día más"

Por su parte, la congresista Debbie Mucarsel-Powell le pidió al presidente Trump que apruebe de inmediato el TPS para los venezolanos. "No hay que esperar un día más", dijo la legisladora de origen ecuatoriano. "No se puede hablar de apoyar a Juan Guaidó y al pueblo venezolano a restaurar la democracia sin ayudar a los venezolanos" que están en Estados Unidos.

En ese sentido, Mucarsel-Powell y su colega Donna Shalala dijeron haber enviado una carta al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), KevinMcAleenan, en la que instan a Trump a cumplir "su promesa de ayudar al pueblo venezolano" al otorgar el TPS a los ciudadanos de ese país.

"También estamos exigiendo que la administración no continúe deportando a los venezolanos si no son criminales: huir de una dictadura criminal y buscar refugio en este país no debería ser un crimen", añadió Mucarsel-Powell. "Este tipo de situación es exactamente el tipo de crisis por la que el TPS fue creado".

Las congresistas aseguraron que aunque en el Capitolio seguirán impulsando la iniciativa bipartidista para apoyar el TPS para los venezolanos, el presidente y el fiscal general William Barr tienen la posibilidad de otorgárselo ahora mismo.

En enero, el republicano Mario Díaz Balart y el demócrata Warren Soto presentaron un proyecto de ley para otorgar TPS a los venezolanos. Pese a que la iniciativa cuenta con apoyos en ambos partidos, algunos republicanos más conservadores se oponen a ofrecer a Venezuela un programa que el gobierno de Trump ha tratado de quitar a otras naciones como El Salvador, Haití, Nicaragua o Honduras.

Por su parte, el funcionario encargado por el gobierno de Trump para encargarse de la crisis de Venezuela, Elliott Abrams, dijo en una sesión en el congreso en marzo que se estaba analizando la posibilidad de ofrecer TPS a los venezolanos.

 

Aumenta el número de solicitantes de asilo

Desde 2017, los venezolanos se convirtieron en el grupo más numeroso de personas que solicitan asilo en Estados Unidos, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Las cifras de la llegada de ciudadanos de ese país para pedir protección reflejan el recrudecimiento de la crisis política y humanitaria del país sudamericano que, según Naciones Unidas, ha llevado a más de 3.4 millones de venezolanos a huir de su país.

Sin embargo, en medio del atasco en las cortes de inmigración en EEUU, muchos solicitantes de asilo tienen que esperar por años a obtener respuestas. Frente a las decenas de miles de solicitudes de asilo hechas por venezolanos, solo unos pocos cientos de casos son otorgados cada año, según los datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Los venezolanos también están a la cabeza en la lista de extranjeros que se quedan en Estados Unidos después de que se les vence la visa con la que entran al país. En 2018, fueron 34,902 y solo les superaron canadienses y mexicanos.

Además, en los últimos años, aumentaron las cifras de ciudadanos venezolanos deportados a su país.

"Sabemos que deportar un venezolano es mandarlo a enfrentar el hambre, la violencia y enfrentar carencia en necesidades básicas. El número de venezolanos pidiendo asilo ha aumentado de manera muy grande pero también la cifra el porcentaje de venezolanos que se ven deportados ha aumentado 36%", dijo el senador estatal de Florida José Javier Rodríguez, quien también estuvo en la rueda de prensa junto a Mucarsel-Powell, Shalala y Marcano.

Pese a que se desconoce el número de personas que podrían beneficiarse por la iniciativa, una carta enviada en marzo por más de 200 organizaciones para pedirle al gobierno de Trump el TPS para los venezolanos estimaba que unos 72,000 venezolanos indocumentados viven actualmente en Estados Unidos, muchos de los cuales huyeron de ese país sudamericano a causa de la violencia y la represión.

*José Fernando López colaboró en la elaboración de este artículo.

 

LA NACION

,

CARACAS. 13 de mayo del 2019- La oposición venezolana encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó pidió un encuentro formal con representantes del Comando Sur estadounidense para solicitar cooperación, según informó ayer su embajador en Washington, Carlos Vecchio.

A través de un documento publicado en su cuenta de Twitter, Vecchio destacó que hay una disposición plena por parte de Guaidó para "comenzar las conversaciones respectivas a la cooperación que ha sido ofrecida por su comando".

En el informe acusó a la gestión de Nicolás Maduro por la actual situación venezolana, a la que calificó como una grave crisis política, económica y social, que ha generado consecuencias en los países de la región.

Además, resaltó el impacto que tiene la presencia de "fuerzas extranjeras no invitadas" en suelo venezolano, según informaron los principales medios del país sudamericano.

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur -que supervisa las operaciones militares estadounidenses en América del Sur-, escribió en Twitter el jueves pasado que esperaba la invitación por parte de Guaidó para "discutir cómo podemos apoyar el futuro de los líderes de la Fuerza Armada que tomen la decisión correcta".

Ante tal solicitud, el presidente encargado reconocido por más de 50 países instó el sábado pasado a Vecchio a solicitar una reunión con ese Comando para hablar sobre una posible cooperación militar en Venezuela.

"Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y como se vio a través de Twitter con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relaciones directas en materia de cooperación", había anunciado Guaidó frente a decenas de personas que se concentraron el sábado en la Plaza Alfredo Sadel, en el este de Caracas.

Sostuvo, asimismo, que junto a gobiernos aliados liderados por Estados Unidos, mantienen "todas las opciones" sobre la mesa en la búsqueda de una solución a la crisis nacional que incluya, según dijo, la salida del poder de Maduro, a quien considera un mandatario ilegítimo.

Guaidó había explicado que espera "lograr la presión necesaria" para poner fin a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.

"En todo momento he hablado de cooperación [porque] la intervención en Venezuela ya existe", prosiguió al denunciar la supuesta participación de cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la presencia en el país de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Guaidó habló tras la embestida de la Justicia controlada por el chavismo contra la Asamblea Nacional, la detención del vicepresidente del poder legislativo, Edgar Zambrano, y las acusaciones formuladas contra una decena de diputados.

Desde que hace meses se agudizó la crisis, la amenaza latente de una intervención militar estadounidense ha planeado sobre el gobierno de Maduro, que denuncia la intención de Washington de deponerlo para tomar el control de las riquezas del país petrolero.

En una entrevista a la cadena Fox, el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, reiteró ayer la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de que "todas las opciones están sobre la mesa".

En tanto, el gobierno venezolano de Maduro tildó ayer de "adefesio" la solicitud de reunión con el Comando Sur de Estados Unidos.

"Hemos rechazado, leído, un adefesio, una carta, que manda uno de los golpistas que hoy se esconde en Washington, donde pide la intervención militar en Venezuela", dijo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en una transmisión televisiva.

"Rechazamos, condenamos, este tipo de posiciones tan sumisas, lacayas, entreguistas (...) No solamente las condenamos, sino sabemos que están condenadas al fracaso", declaró Rodríguez acompañada de Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

Padrino pidió el sábado pasado a las autoridades militares de Estados Unidos "que se respete la ley", después de que Venezuela denunciara que un buque de la Guardia Costera estadounidense ingresó a aguas bajo su jurisdicción hace unos días.

 

El foro penal denuncia 859 presos políticos

Un total de 859 personas están detenidas actualmente en Venezuela por motivos políticos, según el balance que proporcionó ayer la ONG local Foro Penal y que ha confirmado la Organización de Estados Americanos (OEA). El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha indicado en Twitter que hasta el 13 de mayo contabilizaron 859 presos políticos, entre ellos 97 militares y tres adolescentes. Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que "8467 personas siguen sujetas a procesos penales injustos bajo medidas cautelares". El gobierno de Nicolás Maduro liberó a decenas de presos políticos, incluido el destacado opositor Daniel Ceballos, como parte de un proceso de reconciliación nacional que inició tras las controvertidas elecciones de 2018.

Agencias AFP y DPA

 

El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.

JORGE CANCINO

 

6 De mayo del 2019- El gobierno de Donald Trump considera una nueva política que busca modificar el reglamento de carga pública para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes ( green card o tarjeta verde) que han utilizado beneficios públicos.

El plan asoma dos semanas después de conocerse que el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, prepara un plan de reforma migratoria para presentárselo al presidente y luego conseguir respaldo bipartidista en el Congreso para aprobarlo en ambas cámaras, tarea que por ahora resulta incierta.

De autorizarse, el plan revertiría la actual política que permite deportar a residentes legales que se declaran carga pública, pero es raro que ocurra.

El nuevo reglamento está siendo redactado por el Departamento de Justicia y un borrador fue visto el viernes de la semana pasada por la agencia Reuters. El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno por restringir la inmigración de personas de bajos ingresos, agrega.

 

Qué busca

El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.

Reuters dijo que, si bien el plan se encuentra en una etapa temprana, puede que no se convierta en una política oficial del gobierno.

Agregó que, incluso es probable que, de publicarse, sea demandado en los tribunales de justicia al igual que la mayoría de los cambios de reglamento que el mandatario ha ordenado desde que llegó a la Casa Blanca para cambiar la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso.

 

La regla actual

El reglamento vigente señala que la determinación de inadmisibilidad de un extranjero para entrar y/o permanecer en Estados Unidos se basa “según la totalidad de circunstancias”. Es decir, no solo en la amenaza que pueda existir de que el individuo se convierta en una carga pública, sino en otros factores tales como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, y educación y capacitación.

“La presencia o ausencia de un solo factor no puede ser el único criterio para determinar la inadmisibilidad por carga pública, a menos que ese factor sea la ausencia o insuficiencia de una declaración jurada de patrocinio económico cuando así lo requieren las leyes y reglamentos que rigen un beneficio específico de inmigración, tales como ciertas solicitudes para un ajuste de estatus relacionado con la familia”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia federal agrega que, sin embargo, “no todos los beneficios financiados con fondos públicos son relevantes para decidir si alguien tiene probabilidad de ser una carga pública”. Pero de acuerdo con el borrador, el solo hecho de recibir fondos públicos sería suficiente motivo deportar a un portador de la green card.

 

Poco claro

“De acuerdo con lo poco que se conoce hasta ahora, no está claro si el gobierno quiere castigar a los extranjeros que piden la residencia y representan una amenaza de declararse carga pública, o también perseguirá a aquellos que ya tienen green card y en el pasado recibieron beneficios públicos”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

Hernández agrega que “el gobierno puede estar considerando que tiene la habilidad de hacerlo, pero el análisis que se haga al respecto debe incluir la pregunta si la persona que pide ayuda al gobierno está cometiendo un crimen que lo convierta en inadmisible en Estados Unidos”.

El abogado agregó además que “el único que puede quitarle la residencia a un extranjero es una corte de inmigración”.

La USCIS dice que un extranjero “perderá su estatus de residente permanente si un juez de inmigración emite una orden final de expulsión contra usted” y que las secciones 212237de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “describen los motivos por los cuales se le puede ordenar salir de Estados Unidos”.

 

Causas de inadmisibilidad

Entre las faltas o delitos que convierten en inadmisible a un extranjero o residente se cuenta a personas que padecen enfermedades contagiosas y/o infecciosas, personas condenadas por delitos tales como asesinato, depravación moral, violación, abuso sexual, múltiples convicciones, trafico y/o consumo de drogas, prostitución, lavado de dinero, terrorismo.

“El pedir asistencia pública o recibirla no es un crimen”, apuntó Hernández. “Hace inadmisible en muchos casos a un extranjero para solicitad un beneficio migratorio, pero no puede ser castigado como si se tratase de un delincuente”.

Cabe destacar que el 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario en la cual decretó que cualquier extranjero “que haya abusado de cualquier programa relacionado con beneficios públicos”, será considerado como una prioridad de deportación.

 

No afecta la ciudadanía

La USCIS precisa en su página digital que “para propósitos de determinar inadmisibilidad, ‘carga pública’ significa una persona que tiene gran probabilidad de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, según lo demuestre el hecho de que ha recibido (o recibe) dinero público para su sustento, o por su institucionalización bajo cuidado a largo plazo a costa del gobierno”.

Añade que una persona que busca admisión en Estados Unidos o que busca ajustar su estatus al de residente permanente, será inadmisible si al solicitar la admisión o el ajuste de estatus tiene una alta probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento. Previene además que “el concepto de carga pública no se aplica en los procesos de naturalización”.

En caso Trump apruebe el plan, deberá publicarse primero en el Registro Federal (Diario Oficial estadounidense) y otorgar un período de comentario público de 60 días.

Reuters dijo que el borrador de propuesta del Departamento de Justicia también está dirigido a los jueces de inmigración para que tomen en cuenta y consideren el uso de beneficios públicos como un factor negativo al momento de determinar si admiten o no a un extranjero en Estados Unidos, como por ejemplo a los migrantes que llegan a la frontera en busca de asilo.

 

Reglamento en espera

Al tiempo que el gobierno de Trump estudia castigar a los residentes legales que piden ayuda pública, el DHS tiene en ascuas a millones de inmigrantes en Estados Unidos ante la inminente puesta en vigor de un nuevo reglamento de Carga Pública que castigará principalmente a inmigrantes que padecen enfermedades crónicas, viejos, con poca educación o pobres, quienes están en la lista de principales afectados por la nueva norma anunciada en septiembre por el gobierno de Trump.

El nuevo reglamento de ‘carga pública’ establece que los agentes de la USCIS determinarán sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

La nueva herramienta sugerida por el gobierno de Trump “establece una rúbrica complicada a través de la cual un agente de la USCIS tendrá que hacer un inventario extenso de la habilidad económica del solicitante, para con esos datos determinar si la persona será una futura carga pública o no”, explica Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: Las Nuevas Reglas’, una guía de Univision. “Se trata de una propuesta que cambiaría completamente la manera en cómo el gobierno define el uso de beneficios públicos”, agregó.

 

No todos se verán afectados

Pero de acuerdo al reglamento, que ya fue comentado en el Registro Federal y el DHS se encuentra a la espera de publicar la versión final, no todos los inmigrantes se verán afectados.

De acuerdo con el borrador inicial publicado en septiembre, estos son los principales grupos de inmigrantes que quedarán exentos de ser declarados carga pública en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde):

 

Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).

Intérpretes afgano e iraquíes o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre del Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.

Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).

Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano,

Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.

Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.

Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.

Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).

Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.

No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.

No-inmigramtes víctimas de crímenes que piden la visa U.

Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.

Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.

 

La polémica iniciativa de ley obliga a las agencias de policías locales, gendarmería y universitaria, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno de Washington DC en la implementación de la ley federal de inmigración.

JORGE CANCINO

 

5 DE MAYO DEL 2019- Florida, el tercer estado con más indocumentados después de California y Texas, se convertirá en un territorio antiinmigrante a partir del 1 de julio si el gobernador republicano, Ron DeSantis, promulga una ley que prohíbe las ciudades santuario.

El jueves la Cámara de Representantes, con 68 votos a favor y 45 en contra, aprobó la polémica iniciativa de ley SB 168 que obliga a las agencias de policías locales, gendarmería y universitaria, entre otras dependencias, a colaborar con el gobierno de Washington DC en la implementación de la ley federal de inmigración.

La medida, impulsada por los republicanos (que cuentan con 71 puestos y los demócratas 46), se convierte en una de las más duras del país cuyo objetivo es ubicar, arrestar y deportar al mayor número de indocumentados posible.

De los cerca de 11 millones de indocumentados que viven en el país, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo, en California residen 2.8 millones, seguido por Texas con 1.9 millones y Florida con 810,000.

 

De qué se trata

La SB 168 crea un nuevo capítulo en los Estatutos de Florida denominado ‘Aplicación federal de inmigración’ con el objetivo de garantizar que las entidades estatales y locales, y las agencias de aplicación de la ley, “cooperen con los funcionarios del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y no para obstruirlas”, explica in informe de la Coalición de Inmigrantes de Florida (Florida Immigrant Coalition -FIC).

El proyecto, que se encuentra desde la noche del jueves en el escritorio del gobernador DeSantis, prohíbe las ciudades santuario y exige que las dependencias locales y estatales y las policías, “hagan todo lo posible para apoyar la ejecución de la ley federal de inmigración”.

“Esta legislación va en contra de las regulaciones locales para proteger los derechos de los inmigrantes y en perjuicio de nuestra comunidad”, dice Tirso Moreno, un dirigente y activista sindical involucrado en el movimiento campesino de Florida. “Dará lugar a mucha discriminación y eso no esta bien”.

Moreno advierte además que la SB 168 “abrirá las puertas para que haya más discriminación en el estado y con ello aumentará la inseguridad de los floridanos. Es algo malo que afectará los derechos humanos y laborales de cientos de miles de trabajadores”.

 

Poderes ilimitados

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes temen que la SB 168 otorgue poderes ilimitados a las policías locales, algo similar a lo que ocurrió en 2012 en Arizona y luego en el estado de Alabama, otros dos estados gobernados por republicanos.

La SB 168 prohíbe ocultar el estatus migratorio de los individuos que entren en contacto con las autoridades estatales y municipales, y requiere que los agentes y personal de dependencias “ayuden en la implementación de la ley federal de inmigración”.

Entre las dependencias obligadas a acatar la nueva legislación, una vez sea promulgada por DeSantis, se cuentan las policías estatales, condales y municipales, oficinas del alguacil, universidad estatal y departamentos de policía de la universidad, agencias correccionales del condado y el Departamento de Correcciones del Estado.

La iniciativa requiere que las agencias policiales, representantes, agentes o empleados hagan "mejores esfuerzos" para apoyar el cumplimiento de la ley federal de inmigración, y prohíbe que una entidad estatal, gubernamental local o una agencia de aplicación de la ley restrinja la capacidad de una agencia de aplicación de la ley para comunicarse o intercambiar información con una agencia de inmigración federal sobre la aplicación de la ley de inmigración, explica la FIC.

 

Nadie se escapará

La SB 168 precisa que se considerará suficiente para detener a un inmigrante si se cumplen con los siguientes requisitos:

La petición de la agencia federal de inmigración es completa e indica que tiene causa probable para creer que la persona a ser detenida es un extranjero deportable bajo la ley federal de inmigración; o

La petición de la agencia federal de inmigración es incompleta y no indica que el funcionario federal de inmigración tiene causa probable para creer que la persona detenida es un extranjero removible según la ley federal de inmigración, pero está respaldada por una declaración jurada, orden u otros documentos oficiales que indican que la agencia federal de inmigración tiene causa probable para creer que la persona para ser detenida es un extranjero removible bajo la ley federal de inmigración.

“Los legisladores republicanos quieren romper nuestras familias, nuestros hogares y nuestros corazones. Pero nosotros somos más fuertes", dice Andrea Mercado, Directora Ejecutiva de la Nueva Mayoría de la Florida.

 

No más ciudades santuario

En cuanto a las ciudades o jurisdicciones santuario la SB 168 las prohíbe al igual que cualquier acción o medida que frene o limite el cumplimiento de la ley federal de inmigración.

Ordena que las policías y dependencias estatales y municipales cumplan con las solicitudes de retención enviadas por una agencia federal de inmigración para notificarles antes de la liberación de un preso o detenido.

También exige proporcionar a una agencia federal de inmigración acceso a un recluso para una entrevista, el estado de encarcelamiento o la fecha de liberación de un recluso

Y facilita la celebración de acuerdos de colaboración bajo el programa federal 287(g), que otorga poderes extraordinarios a las policías para que su personal funja como agentes federales de inmigración.

La SB 168 facilita además la entrega de inmigrantes encarcelados a la custodia del gobierno federal para proceder a su deportación expedita de Estados Unidos. Y advierte que “cualquier funcionario ejecutivo o administrativo estatal, del condado o municipal que viole sus deberes en virtud de este capítulo, puede estar sujeto a acciones por parte del Gobernador en el ejercicio de su autoridad en virtud de la Constitución y la ley estatal”.

 

Preocupaciones constitucionales

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se opone a la iniciativa de ley aprobaba por la Asamblea de Florida y dice que “se trata de una medida contra los inmigrantes para prohibir las políticas santuario, y para exigir que las autoridades locales apliquen las solicitudes de retención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) porque plantea varias preocupaciones constitucionales y pisotea los derechos civiles y las libertades de los inmigrantes reales o percibidos”.

“La SB 168 requiere que todos los condados y municipios de Florida gasten los recursos locales máximos para hacer cumplir la ley federal de inmigración, y participar en violaciones de las libertades civiles”, agrega. “Además, no proporciona ningún financiamiento ni reembolso por su costoso mandato”.

El grupo de derechos civiles dice además que “específicamente, este proyecto de ley establece que ninguna entidad estatal, agencia de aplicación de la ley, entidad del gobierno local, universidad estatal o representante de la misma puede adoptar o tener una política de santuario”.

Y castiga cualquier acción que limite o impida el cumplimiento de las solicitudes de retención de ICE, el cumplimiento de una solicitud de una agencia federal de inmigración para notificar a la agencia antes de la liberación de un preso o detenido, entrevistar a un detenido o proporcionar a una agencia federal de inmigración el estado de encarcelamiento o la fecha de liberación de un recluso.

“El Procurador General puede presentar una demanda contra una entidad gubernamental local o una agencia local de aplicación de la ley en un tribunal de jurisdicción competente para obtener una reparación declaratoria o cautelar por una violación de este capítulo”, advierte la FIC.

 

Limitaciones

La ley SB 168 no requiere que una entidad estatal, local o agencia de cumplimiento de la ley proporcione a una agencia federal de inmigración información relacionada con una víctima o testigo de un delito “si la víctima o el testigo coopera oportunamente de buena fe en la investigación o enjuiciamiento del delito”.

Advierte, sin embargo, que la cooperación de una víctima o testigo debe estar documentada en los registros de investigación de la entidad o la agencia, y la entidad o agencia debe conservar los registros durante al menos 10 años para los fines de auditoría, verificación o inspección por parte del Auditor General.

Añade que esta sección no se aplica a ningún extranjero presente ilegalmente en los Estados Unidos si él o ella es o ha sido un testigo necesario o víctima de un delito de violencia doméstica, violación, explotación sexual, agresión sexual, asesinato, homicidio involuntario, agresión, agresión, tráfico de personas, secuestro, encarcelamiento falso, servidumbre involuntaria, fraude en contratos laborales extranjeros, chantaje, extorsión o manipulación de testigos. Esta determinación es hecha por el fiscal de la víctima/testigo.

Por último, explica la FIC, la ley antisantuario de Florida prohíbe la discriminación basada en el género, la raza, la religión, el origen nacional o la discapacidad física de una persona, excepto según lo autorice la Constitución de Estados Unidos o la Constitución del Estado.

Tras la aprobación de la ley en la Asamblea, en gobernador DeSantis dijo en un comunicado que “las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley pueden y deben trabajar con el gobierno federal para garantizar que la responsabilidad y la justicia sean una en nuestro estado".

A principios de año, cuando el parlamento estatal inició el debate sobre el proyecto de ley antisantuario, DeSantis demandó a los congresistas que le enviaran un proyecto de ley "que respete el estado de derecho y aborde las ciudades y condados santuarios". Y agregó: "somos un estado más fuerte cuando protegemos nuestros residentes, fomentamos comunidades seguras y respetamos el trabajo de la policía en todos los niveles”.

Activistas dijeron estar alarmados por el futuro inmediato de los inmigrantes. “Vienen tiempos muy oscuros para la Florida”, dijo a Univision Noticias el dreamer Saúl Alemán. “Uno de cada cinco inmigrantes en el estado tiene un familiar o un amigo indocumentado que se verá impactado por esta legislación. Existirá discriminación por nuestro color de piel, nuestros padres podrán ser arrestados y el gobierno usará sus impuestos para criminalizarlos y ponerlos en proceso de deportación”.

“Debemos organizarnos para demandar dignidad y respeto a nuestros derechos”, dijo el dirigente.

De zonas humildes de Puebla, México, decenas de trabajadores indocumentados han engrosado en las últimas dos décadas las filas del ejército de empleados de la familia Trump. Tres de ellos cuentan por primera vez sus historias. 

PENILEY RAMÍREZ

 

PUEBLA, MÉXICO. 3 de mayo del 2019- Filiberto Cruz dice que vive con el orgullo de haber sido protagonista de un hecho insólito en el club de golf donde trabajaba en Westchester, Nueva York: fue el único de sus compañeros a quien su patrón le dio la mano alguna vez.

A su patrón le gustan las cosas bien hechas, es duro al corregir los errores y rechaza el contacto físico con sus empleados. Además, ahora es el presidente de Estados Unidos.

“Había un evento muy importante. Tenía que estar todo de primera. Llegó Mr. Trump, todo el mundo le daba la mano y a nadie se la daba. Yo le di la mano y me la dio. Nomás le dije ‘oh, good morning, Mr. Trump’ y me habló él, yo no le entendí nada, pero me habló. A él no le gusta dar la mano. Fue una cosa histórica ahí en el club, histórica”, contó sentado en la sala de su casa en Puebla, México.

Cruz, de 68 años, trabajó durante 11 como empleado de mantenimiento en el Trump National Club en Westchester. Fue el primero en llegar allí de los cinco miembros de su familia que laboraron sin mayores complicaciones para la Organización Trump en ese club, aunque ninguno tenía documentos de trabajo legal en Estados Unidos. Su caso hasta ahora era inédito.

La inmigración poblana sin documentos a Estados Unidos supera las 100,000 personas solo en Nueva York y Nueva Jersey, según el Pew Research Center. En las últimas dos décadas, decenas de ellos han engrosado las filas del ejército de empleados de servicio, mantenimiento, limpieza y lavandería de la familia Trump en Westchester. Llegaron allí, cuentan ellos, recomendándose unos con otros y entregando documentos falsos que nunca pasaron por ninguna verificación.

En el caso de Cruz, quien fue contratado en el club en el 2000, cuatro años después de que Trump compró el club, esto ni siquiera fue necesario.

“Yo presenté mi pasaporte mexicano del consulado de Nueva York y mi matrícula consular”, relató. Le preguntaron si tenía algún documento estadounidense. “Respondí que no, que no tengo ningún documento más que esos dos documentos que llevé. Y me aceptaron”.

Diez años más tarde Gabriel Sedano –otro poblano sin documentos, que se volvió un experto en colgar cuadros de Trump en el club– recomendó a su hermano Carlos para trabajar allí. Le pidieron una tarjeta de seguridad social y una residencia (green card).

“Los conseguí en la zona del Bronx. Fue falso. Me costó 20 dólares y ya con eso pude ingresar al club de golf”, dijo Carlos, de 29 años.

La empleada de recursos humanos a quien entregó los documentos falsos apenas les dio una ojeada, recordó. De inmediato, le informó que podía presentarse al día siguiente a trabajar. Estuvo allí un año en el área de mantenimiento. Nunca le pidieron otro papel.

Carlos era el cuarto miembro de la familia Sedano que ingresaba a Westchester sin documentos de trabajo legal. El primero fue su tío Donaciano Sedano, de 49 años, quien fue contratado para laborar en la cocina, donde la mitad del personal era indocumentado, según su testimonio.

Cuando se les pregunta por qué están seguros de que sus jefes estaban enterados de que sus papeles de trabajo no eran válidos para ser empleados en Estados Unidos, estos tres hombres tienen un argumento en común: aseguran que los trabajadores indocumentados ganaban en promedio cinco dólares por hora menos que sus compañeros con documentos, por hacer el mismo trabajo.

“Yo entré ganando ahí con Mr. Trump a 9.50 dólares la hora y los que tienen documentos entran ganando a 14.50 dólares la hora”, dijo Cruz.

Carlos lo confirmó: “Nosotros ganábamos menos por ser ilegales. A mí me pagaban por quincena 800 dólares, y otro que tenía papeles le pagaban 1,200 dólares”.


La mano de obra barata

Filiberto Cruz renunció al club después de 11 años de pulir el símbolo dorado de Trump en la entrada, barrer, limpiar, recoger basura.

“Lo que quieren allá es que uno trabaje y que uno responda y gracias a Dios yo tuve esa dicha de responder”.

Responder significa, en la práctica, trabajar más por menos dinero.

“Tenía que estar muy limpio todos los días. Desde la mañana hasta la tarde. Era de componer, limpiar todo el campo de golf, todo el tiempo mantenerlo limpio, que cualquier cosa que ya falló nos llamaban de mantenimiento”, contó Carlos Sedano, quien regresó a México en 2014 para trabajar y vivir cerca de sus padres.

Había llegado a Estados Unidos cruzando el desierto, después de abandonar San Simón Yehualtepec, en Puebla. Hoy este es uno de los municipios más peligrosos en la ruta de robo de combustible en México. Para entrar y salir a Yehualtepec, se debe cruzar una carretera en la que recomiendan nunca detenerse para evitar secuestros y asaltos.

Carlos tiene nueve hermanos. Fue criado en una casa de techo de lámina y paredes de adobe. La familia, que aún se dedica a la agricultura, sobrevivió durante buena parte de su infancia con la fabricación y venta de ladrillos.

Su tío Donaciano estuvo durante siete meses en la cocina del club. “Trabajábamos a veces de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Como no tenían mucho personal, nos pagaban doble o triple en fin de semana, pero era mucho trabajo”, dijo.

Los empleados indocumentados en Westchester eran mayoría, según los testimonios recabados para esta investigación. Algunos de ellos mostraron a reporteros de Univision los desprendibles de los cheques que recibían. Aunque allí aparecen descuentos de impuestos, no tenían ninguna prestación laboral.

“Se aprovechan de los indocumentados para tratar de ahorrar dinero. No se les pagaba beneficio médico, no se les pagaba un plan de retiro. Realmente el costo era muy bajo comparado a una persona legal”, dijo para esta investigación Aníbal Romero, abogado de 38 exempleados indocumentados de Trump en Estados Unidos. 
En 2016, Cruz había reunido una cantidad suficiente de dinero para retirarse y volver a México con su esposa.

“Ya no aguantaba yo, la verdad, porque el trabajo, eso sí, es un poco pesado”.

La única compensación que obtuvo después de más de una década de servicio fue un abrazo de su gerente.

“Se aprovechan de los indocumentados para tratar de ahorrar dinero. No se les pagaba beneficio médico, no se les pagaba un plan de retiro”, dice el abogado de los inmigrantes sin papeles que trabajaron en los clubes de Trump.

“Me abrazó y se puso a llorar conmigo. Digo, para mí es una cosa que me llena de emoción, porque hasta entonces pensé el lugar que yo me había ganado en ese club”.

A Carlos y su tío Donaciano, los despidieron al terminar la temporada de mayor afluencia. Les pagaron únicamente las horas laboradas.

 

Los años felices

La casa de Filiberto Cruz en Puebla parece un pequeño museo de la Organización Trump. Junto a su cama hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, una veladora y una foto del club de Westchester. En el baño están colgadas las fotos de otros clubes de Trump. En la sala hay miniaturas de carros y palos de golf, casas de golf y recuerdos que, dijo, sacó del club con permiso del gerente cuando iban a botarlos.

Poco después de volver a México, con planes de pasear y vivir una vejez disfrutando del dinero que había ahorrado, su esposa enfermó de cáncer. Como no tenía un retiro, debió gastar la mayor parte de su dinero en los tratamientos. Ella falleció en 2018, tras 48 años de matrimonio.

“Ya ve la desgracia que me ha pasado”, contaba mientras lo acompañamos a la iglesia cercana a su casa, donde suele ir a rezarle. Su rutina ahora consiste en limpiar su casa, sentarse durante horas en la sala a pensar en ella, caminar hasta una fonda cercana para no comer solo.

Dice que mitiga el luto alimentando los recuerdos felices de aquellos años cuando él no era viudo y Trump era un jefe amable con sus empleados. Entre las fotos que conserva, en una aparece junto a su esposa en uno de los festejos que el club de Westchester hacía a sus empleados por el 4 de julio. “Era una fiesta grande. Cada empleado tenía derecho a llevar a seis gentes”.

En el club les daban almuerzo a mediodía y cuando Trump los encontraban, les regalaba propina.

“Nunca fue grosero, ni déspota, ni discriminaba a nadie. No, todo lo contrario, muy amable”.

En 2015, cuando el ahora presidente dio aquel tristemente célebre discurso contra los mexicanos, Filiberto, Carlos y Donaciano ya vivían de nuevo en México. Les pareció una incongruencia, viniendo de alguien que ha contratado en sus clubes a cientos de indocumentados, coincidieron.

Tres años más tarde, en diciembre de 2018, Victorina Sanán Morales y otros extrabajadores finalmente contaron que habían laborado en clubes de Trump sin documentos legales. La respuesta de la Organización Trump a los primeros reportes fue que no tenían control de sus miles de empleados.

Pero el abogado de 38 de estos exempleados, Aníbal Romero, afirmó en entrevista con Gerardo Reyes para esta investigación que esa respuesta es falsa. Los clubes funcionan como un negocio local y en promedio tienen unos 100 empleados, dijo, por lo que no es difícil no darse cuenta que la mitad de ellos no tenían documentos.

“Cuando estamos hablando de cientos de trabajadores para mí es un hecho completamente intencional, con el fin de pagar menos, esperando tal vez que nadie se iba a dar cuenta o que nadie iba a hablar”, dijo Romero.

Muchos de estos trabajadores, entre ellos Margarita, hija de Filiberto, y Gabriel, hermano de Carlos, han decidido hablar con las autoridades y contar su versión.

“Estas personas son testigos esenciales de un delito. Por lo tanto deportarlos a ellos, podría ser lo que se llama una obstrucción de justicia. Así que esperamos que les den ese tipo de protección para que la justicia llegue y se descubra quiénes son los culpables de este delito”, dijo su abogado.

Desde Puebla, sus familiares les apoyan en el proceso legal para exigir sus derechos. Mientras, ven cada día en las noticias al hombre a quien estrecharon la mano, con quien hablaron, a quien le hicieron de comer, diciendo que deben ponerse primero los intereses de Estados Unidos y repitiendo los mismos calificativos de desprecio contra los mexicanos.

Nota: Univision no ha recibido respuesta de la Organización Trump ni de la Casa Blanca a un cuestionario en el que pedimos sus puntos de vista en relación con los testimonios de los inmigrantes entrevistados para este reportaje. En el pasado, la organización Trump ha respondido a otros medios que tan pronto detecta que un empleado está usando documentos falsos, lo despide.

Página 5 de 53
Latest News
cache/resized/a2fa3be7a54e387b9b1e2c7ba5b8ed0f.jpg
Pese a que el presidente Donald Trump decidió ...
25/06/2019
cache/resized/65de1e5250227f1be085a1cd4fdee2b1.jpg
El viernes, distintos reportes de medios que ...
23/06/2019
cache/resized/3bdece590084ffe7d14f902a9214f412.jpg
El gobernador Cuomo firmó la ley unas horas ...
18/06/2019
cache/resized/4b8ac9dec3d39133a31f9f2b347aa631.jpg
"Serán expulsados tan pronto como lleguen", dijo ...
18/06/2019

Boletín

Regístrate para recibir nuestras más recientes noticias y promociones en tu correo electrónico gratis

Últimas noticias

Clima

Visitante / Visitor 31877

Kubik-Rubik Joomla! Extensions