Indianapolis, Indiana. .
August 17, 2019
Super User

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Durante cuatro años, dos policías encargados de arrestar narcotraficantes y confiscar droga se quedaron con varios cargamentos y se lo dieron a un cómplice. Ellos cumplen ahora una sentencia de cinco años de prisión.

ISAIAS ALVARADO

 

8 de abril del 2019- El escándalo sacudió al Departamento de Policía de Bakersfield, en el valle central de California. Dos detectives de su unidad antinarcóticos, uno de ellos representado en la película de Disney McFarland USA, robaron al menos 20 libras de metanfetamina y cargamentos de marihuana, y solo reportaron como evidencia una mínima parte de sus confiscaciones. Los descubrieron en el verano de 2016.

Este caso de corrupción ha vuelto a la luz porque este lunes Noel Carter, el hombre que recibía la droga para venderla por los oficiales, fue sentenciado a siete años y medio en una prisión federal, y a cinco años de libertad condicional, según informó el Distrito Este de California de la Fiscalía federal.

La condena de Carter, el último implicado en este proceso penal derivado de un operativo encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), cierra un vergonzoso capítulo de la Policía de Bakersfield.

En octubre de 2016, un juez dictó una sentencia de cinco años de cárcel a cada uno de los agentes corruptos, Damacio Díaz y Patrick Mara, ambos detectives antinarcóticos. Ellos usaban la información que recibían de fuentes confidenciales para detener a vendedores de droga. Cuando la encontraban se quedaban con la mayor parte y el resto la llevaban a la estación de policía.

Su cómplice Carter, de 45 años y vecino de Bakersfield, recibió la mercancía. Los fiscales alegan que este conspiró con los agentes entre abril de 2012 y agosto de 2015. De esta actividad ilícita, este hombre obtuvo más de 280,000 dólares, cifra que el gobierno le confiscó.

El primero en caer del trío fue Díaz, quien estuvo en el equipo estudiantil de corredores de campo traviesa que inspiró la película McFarland USA, protagonizada por Kevin Costner. Tras aceptar cooperar con el gobierno, echó de cabeza a su excompañero Mara. Ambos se declararon culpables, evitando un castigo más duro: los fiscales habían pedido para ellos condenas de alrededor de 20 años de cárcel.

Díaz también aceptó que recibió sobornos y presentó una declaración de impuestos fraudulenta.

El juez Lawrence O'Neill, quien revisó este caso, dijo al dictarle sentencia a principios de octubre de 2016 que si bien estaba obligado a considerar toda su vida, no podía pasar por alto los graves delitos que cometió. “Puede que usted no haya vendido su alma, pero ciertamente la alquiló durante los dos años de este caso”, señaló.

Afuera de la corte aquel día, Díaz agradeció por recibir un castigo sustancialmente menor al que pedía la Fiscalía federal. “Quiero comenzar dando a Dios toda la gloria. Este caso finalmente ha terminado y estamos extremadamente contentos y felices de anunciar que somos victoriosos”, expresó.

Mara sumaba 13 años en la Policía de Bakersfield cuando fue arrestado. Se unió a sus filas en enero de 2003 y estuvo en el equipo antipandillas y luego, en la unidad antinarcóticos. En 2013 fue ascendido a detective.

Durante su juicio, este contó que en 2012 se había declarado en bancarrota, su matrimonio se estaba desmoronando y estaba bebiendo mucho. En esa situación, aceptó el “dinero fácil” que le ofreció Díaz y pronto se volvió un narco con placa. “Me había convertido en un mal policía”, lamentó.

El Universal

 

Guanajuato. 9 de abril del2019- El gobierno de Guanajuato anunció que se incorporarán vehículos de lujo a la flotilla de patrullas de la secretaria Seguridad Pública del estado.

Según se dio a conocer, las nuevas patrullas corresponden a vehículos incautados a la delincuencia organizada en varios operativos y son modelos como Camaro, Covertte, Mustang y Cadillacs.

Se explicó que se busca que los modernos aditamentos que tienen, promuevan una nueva imagen, que sea de una policía confiable y que refleje respeto, admiración, fuerza con humildad, servicio y amabilidad.

Además de las nuevas unidades, el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, indicó que se creó la División de la Policía Rural y la Unidad de Policía Turística.

En el caso de la Rural se orientará a los municipios de la región norte del estado y algunos del sur, en los que se presenta una mayor incidencia por robos; mientras que en el de la segunda se busca fortalecer la seguridad de las zonas donde más se reciben visitantes.

Los elementos prestarán sus servicios primordialmente en Guanajuato y San Miguel de Allende, además de seis pueblos mágicos: Comonfort, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Mineral de Pozos en San Luis de la Paz y Yuriria.

Para las 174 personas que fueron liberadas tras el operativo del miércoles comienza un nuevo proceso: el de demostrarle a un juez de inmigración por qué debe permitirles quedarse en Estados Unidos. Algunos de ellos tienen hasta 11 años viviendo y trabajando sin documentos en el país, y temen la deportación.

PATRICIA CLAREMBAUX

 

ALLEN, Texas. 6 de abril del 2019-  A Marta * y a su hermana las arrestaron el miércoles mientras reparaban teléfonos en CVE Technology Group. Se vieron allí por última vez desde la redada, aterrorizadas en medio del caos y los gritos que generó la entrada de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Pero una vez que las subieron al autobús que las llevaría al centro de detención, se perdieron la pista y eso sumó más angustia al proceso.

"Sabemos que nos espera una gran batalla legal", dijo Marta, una mexicana de 31 años, desde el estacionamiento del que fue su empleo por más de tres años y adonde fue el viernes a buscar su carro. Ella sabe que su calvario migratorio apenas comienza. "Uno escucha muchas noticias sobre redadas, pero jamás pensé que esto me iba a pasar a mí".

Entre Marta y su hermana, la familia pagó 10,000 dólares de fianza: 5,000 por cada una. Reunieron el dinero maratónicamente entre amigos, tíos, primos y sus padres. Ambas salieron el jueves, cree ella, porque ninguna tiene antecedentes penales: "Solo esta detenci´ón, que me hicieron mientras trabajaba para ganarme el pan de cada día". Por eso les sorprendió tanto —a todos— la llegada de ICE a la empresa. Creían que solo buscaban a personas con récord criminal, por su nombre y apellido.

Ambas buscan ahora a un abogado que las defienda y las ayude a acumular pruebas para convencer al juez de inmigración de que hay razones para no deportarlas. Aún no tienen fecha de corte, pero Marta ya siente los nervios de tener que dar la cara ante la ley después de 11 años sin papeles en Estados Unidos. Se frota sus manos, temblorosas: "Yo no he hecho más que trabajar y pagar impuestos. No quiero ni imaginar que me digan que debo irme de este país".

 

Un error común

"¿Alguien conoce a la peruana detenida? Parece que no han podido contactar a su familia y sigue arrestada", grita una mujer este viernes en uno de los pasillos casi vacíos de CVE Technology Group, donde mujeres liberadas recogen las cosas que dejaron botadas en sus lockers cuando ICE las marcó con un brazalete amarillo y se las llevó.

En CVE se escucha que pagaron fianzas de 2,500, 3,000, 5,000, y hasta 7,000 dólares. Las que dieron menos se sienten afortunadas. También hay quienes salieron sin poner ni un dólar, entre otras cosas, porque en los centros de detención en los que se encontraban no había camas disponibles. Sin embargo, ICE aseguró a Univision Noticias que las liberaciones se dieron exclusivamente por dos causales: por razones médicas o porque se trataba de madres solteras de menores de edad.

Casi todas las personas consultadas —una decena— coinciden en que cometieron un error: haber trabajado con números de seguro social robados e identificaciones fraudulentas. Bajo esas condiciones llevaban años contratadas por empresas temporales a las que CVE Technology Group solicitaba personal.

En todos los casos, cuentan los migrantes, estas compañías —Effex, OnTrack y Mission— no verificaron la autenticidad de los datos contenidos en esos documentos; solo los fotocopiaban, archivaban y les daban la bienvenida a las personas a su staff. Dicen que no recuerdan haber puesto huellas dactilares o haber sido sometidos a procesos de verificación de identidad adicionales.

Univision Noticias intentó entrevistar a algún directivo de estas empresas para consultarle sobre los procesos de contratación, pero no accedieron a contestar las preguntas.

Hasta este viernes, entre los indocumentados procesados y liberados por ICE no se conocen imputaciones criminales.

ICE explicó tras el operativo que habían recibido "múltiples tips de que la compañía contrataba a sabiendas a inmigrantes indocumentados, y que muchas de las personas empleadas en CVE estaban usando documentos de identificación falsos". Dijeron que fue justo en enero cuando comenzaron a auditar los formularios I-9 —donde consta la autorización de trabajo de una persona— y encontraron numerosas irregularidades en las contrataciones.

Desde entonces, una investigación criminal está en proceso y esa fue la razón por la que se llevó a cabo la megarredada.

Un operativo idéntico al del miércoles ocurrió en una fábrica de tráilers al norte de Texas hace menos de un año. Decenas de agentes de ICE y de la policía local llegaron al lugar y arrestaron a más de 150 personas. En ese momento, también había una investigación criminal en curso y dijeron que se trataba del mayor operativo de este realizado en los últimos 10 años.

 

Porque no hay camas (y otras razones)

Ana * no pagó fianza para ser liberada. Se considera afortunada.

Pero antes de que eso pasara, dijo que vivió horas de presión de los agentes de ICE para que firmara numerosos papeles. Le decían que si firmaba se iría más rápido y que, de lo contrario, pasaría tres meses encerrada mientras se resolvía su caso en una corte de inmigración. Ella igual se negó a firmar y a las 4:30 de la madrugada del jueves, cuando pensó que la presionarían de nuevo, el proceso cambió por completo.

"Se van, porque no tenemos suficientes camas. Vamos, que van a llamar a un familiar para que las venga a buscar ahorita", le dijeron a ella y a otras compañeras. A las 5:00am ya estaba fuera de la prisión de ICE en Alvarado, Texas. Y de las nueve compañeras que estaban con ella en la celda, solo tres se quedaron: dos mexicanas que entraron con visa de turista y trabajaban con papeles falsos, y una hondureña que tenía orden final de deportación.

La madre de otra joven salvadoreña entrevistada, que prefirió no dar su nombre, dijo que su hija tampoco pagó fianza y la soltaron el mismo miércoles casi a medianoche. Explicó que fue así porque no tiene antecedentes criminales y por razones humanitarias; lo mismo le pasó a otras 173 personas liberadas. En su caso, es madre soltera de dos menores de edad, uno de nueve años y otro de 15, y encima —y esto lo dice ella y no ICE— huyó de su país hace menos de un año porque las pandillas la amenazaron de muerte: "Y si a uno en ese país le dicen que lo van a matar es porque lo van a matar", asegura la mamá para reforzar las razones por las que su hija debe quedarse.

Marta recuerda haber visto de todo en las horas que estuvo encerrada: a la tía de una de sus amigas, una hondureña de la tercerda edad, los agentes de ICE le dijeron que optara por el asilo político y la liberaron; a una compañera nigeriana le cobraron 7,000 dólares de fianza que no podía pagar: "Me tocó ver cómo le ponían el uniforme de reclusa"; también hubo venezolanas que habían pedido asilo y las dejaban ir tras pagar 1,500 dólares.

Otra compañera hondureña supo que sería deportada y le tocaba dejar a su hijo de ocho años en custodia federal: "Fue muy triste verla. Nos vimos a través de una ventana y me saludó con la mano, como diciéndome 'suerte'", dice Marta.

Y en medio de todo ese caos, luego de tres traslados de una cárcel a otra, una compañera le dio la mejor noticia que había recibido en esas trágicas horas: "Asómate, ahí está tu hermana", le avisó. "Nos vimos de frente mientras a ella la trasladaban a la prisión y nos rodaron las lágrimas en la cara a las dos".

Y porque escuchaba y leía informaciones, Marta tuvo miedo de que el operativo del miércoles, en el que detuvieron a más de 280 inmigrantes indocumentados como ella, pudiera ser más violento.

Pero su experiencia —y en eso coinciden muchas mujeres consultadas— fue diferente. Ella sintió que el trato de los agentes de ICE fue "bueno", que algunos se esforzaron por hablar en español para hacerse entender y explicarle a los detenidos qué opciones tenían antes de la deportación voluntaria.

Otras contaron que a los enfermos cardíacos les midieron la presión con frecuencia y que estuvieron pendientes de que se alimentaran desde el mismo momento en que los subieron en el autobús. Algunos activistas creen que se trató de una redada inusualmente más humana.

Marta cree que a pesar de lo duro que vivieron, una cosa mantuvo la esperanza: "Hubo mucho compañerismo entre todas. Nos abrazábamos y nos decíamos que todo iba a estar bien, que Dios estaba con nosotros".

*Marta y Ana son pseudónimos. Los personajes de esta historia pidieron expresamente no revelar su nombre por temor.

Por Ana María Mejía

 

5 de abril del 2019. (CNN Español) — Este jueves falleció en el Hospital Jackson Memorial de Miami un hombre quien, luego de discutir con el actor mexicano Pablo Lyle, recibió un golpe en la cara que, según testigos, lo dejó inconsciente. El hospital confirmó que luego de 4 días en coma, la familia decidió desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida.

Los hechos que, desencadenaron después en la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, ocurrieron el domingo pasado al rededor de las 7 de la noche, según el reporte de la Policía de Miami.

El mismo informe asegura que el actor Pablo Lyle iba rumbo al Aeropuerto de Miami para tomar un vuelo a México, en el carro que conducía su cuñado, cuando este hizo un giro en U, lo que habría enojado a Juan Ricardo Hernández, quien manejaba otro automóvil por la misma avenida.

Según la policía, el cuñado de Lyle dijo que Hernández se bajó de su vehículo y empezó a golpear la ventanilla del carro en el que viajaba Lyle. Ambos, piloto y copiloto, se bajaron y empezaron a discutir con el cubano de 63 años. En ese momento, Pablo Lyle le da un golpe en la cara al hombre quien, según el reporte, cae a la calle sobre el lado derecho de su cabeza y queda inconsciente.

Lyle y su cuñado huyeron del lugar y continuaron su recorrido al aeropuerto, donde casi dos horas más tarde, y gracias a que los testigos proporcionaron la placa del carro del agresor a los agentes de policía, fue detenido y conducido para dar su declaración.

Al día siguiente, durante su declaración a los oficiales, Lyle confirmó que le había pegado a Hernández. Explicó que sintió miedo por la seguridad de su familia y que por esa razón se bajó del vehículo para confrontar al hombre. Dijo que cuando se acercó a Hernández, este puso sus manos arriba y que él inmediatamente lo golpeó porque pensó que le iba a pegar primero.

El lunes, 1 de abril, Pablo Lyle, quien fue arrestado bajo el cargo de asalto agravado, se presentó, según registros de la Corte de Miami Dade, ante la juez Lisa Walsh, quien lo autorizó a viajar a México, luego de pagar una fianza de 5.000 dólares.

En un comunicado enviado el jueves a los medios de comunicación, los representantes del actor explicaron que “al ser un caso abierto, por órdenes legales, Pablo Lyle, su familia y su equipo de trabajo tienen estrictamente prohibido otorgar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación”.

La próxima audiencia del actor mexicano será en una corte de Miami el lunes 8 de abril.

 

La muerte de Juan Ricardo Hernández y la difusión del video de una cámara de seguridad que grabó el incidente, han dado un giro importante al caso de odio en la carretera que ocurrió el pasado domingo donde está involucrado el actor méxico estadounidense Pablo Lyle. Una juez del condado Miami Dade dejó sin efecto la orden que le permitió viajar a México y le fijó una audiencia para los próximos días.

RAFAEL FUENMAYOR

 

5 de abril del 2019- El actor Pablo Lyle deberá presentarse en una corte de Miami el próximo lunes 8 de abril luego que una juez rescindiera este viernes la orden de viaje que le permitió trasladarse a México tras haber sido arrestado por estar involucrado en un incidente de odio en la carretera. La juez también informó que las circunstancias han viciado la fianza que le permitió al actor salir en libertad.

La juez Lisa Walsh, del circuito judicial 11 del condado Miami Dade, informó en la orden de la corte que "basado en el cambio de circunstancias" decidió rescindir la actuación que le permitió a Pablo Lyle viajar a México, ello debido a la muerte de "la víctima de esta agresión y que cargos mayores probablemente serán presentados".

El actor Pablo Lyle protagonizó un incidente de odio en la carretera junto a su cuñado el pasado domingo 31 de marzo, cuando confrontaron a Juan Ricardo Hernández en la intersección de la 27 avenida y la 14 calle del noroeste de Miami.

En el hecho, Hernández fue golpeado por Lyle en la cara y a consecuencia de ello estuvo recluido en la terapia intensiva del Hospital Jackson Memorial hasta este jueves, cuando falleció.

 

Fianza viciada

En la orden donde la juez Walsh rescinde el permiso de viaje de Lyle, explica que, si bien la corte que preside no tiene la autoridad legal para hacer lo mismo con la fianza sin notificar al afectado, considera que el contrato de esta se encuentra " viciado por la muerte de la víctima[que estaba viva cuando se emitió] y la posibilidad de [que se presenten] cargos mayores" en contra del actor. Por esta razón, la vigencia y condiciones de la fianza también serán discutidas en la audiencia del lunes.

Por su parte la fiscalía estatal del condado de Miami Dade informó que "está trabajando con la Policia de la Ciudad de Miami revisando toda información y evidencia" que les está llegando. La fiscal Katherine Fernandez Rundle señaló además en una declaración obtenida por Univision, que "nadie está por encima de la ley".

 

Lo que ha dicho Pablo Lyle

Hasta el momento el actor solo ha dado una corta declaración sobre el hecho negándose a ofrecer detalles por limitaciones legales, que alegó, le fueron impuestas.

Lo propio hicieron sus representantes este jueves, cuando distribuyeron un comunicado a la prensa explicando que "por órdenes legales, Pablo Lyle, su familia y equipo de trabajo, tienen estrictamente prohibido otorgar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación" sobre el caso.

Aún no está claro si Pablo Lyle estará presente en la corte este lunes, pero de acuerdo a la naturaleza de lo que se discutirá en la audiencia y a que inicialmente el actor cooperó con las autoridades, es probable que viaje en las próximas horas para comparecer ante la juez Walsh.

 

Sin saber exactamente de qué hablaba, Trump criticó durante un discurso este viernes el Acuerdo Flores de 1997, que prohíbe al gobierno detener niños que migran sin documentos. “La decisión de Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país", dijo equivocadamente el presidente. Flores era, en realidad, una salvadoreña de 15 años detenida en la frontera en 1985.

JORGE CANCINO

 

6 de abril del 2019- El presidente Donald Trump confundió el viernes en la frontera entre Estados Unidos y México un acuerdo judicial clave (que prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores inmigrantes) con el nombre de un juez que no existe.

"Hemos tenido algunas decisiones judiciales muy malas”, dijo el mandatario durante una reunión celebrada en Calexico, donde viajó para inaugurar una vieja sección de la valla fronteriza construida a principios de los años 90 y que fue recientemente restaurada. “ La decisión de Flores es un desastre, tengo que decirles. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país. Y estamos trabajando en eso (para eliminarlo)”, agregó ante funcionarios fronterizos.

Ninguno de los asistentes al encuentro, ni asesores de Trump, lo interrumpieron para corregir el error.

Sin saber exactamente a qué se refería, el presidente criticó el Acuerdo Judicial Flores de 1997, alcanzado durante el gobierno de Bill Clinton que, en resumen, no permite al gobierno federal privar de libertad a menores de edad, creyendo que se trataba de la decisión de un juez de apellido Flores.

 

La historia

El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad, y que el gobierno abusara de su autoridad, y para que se respetaran sus derechos, considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil, no criminal.

 

La demanda

La demanda de ACLU de 1985 cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.

La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.

El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación.

ACLU, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hallan cometido delito alguno.

Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.

 

El acuerdo

En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la liquidación del Acuerdo, que obligó al gobierno revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.

Informes del Inspector General del Departamento de Justicia denunciaron posteriormente que el INS no cumplió de inmediato los términos del acuerdo.

Diecisiete años más tarde, en junio de 2014, Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la llegada, en lo que iba del año fiscal, de más de 40,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes habían sido detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban ingresar ilegalmente al país.

La mayoría de los migrantes, originarios del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza para buscar asilo en Estados Unidos. La oleada, que había sido advertida un año antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró la escaza capacidad de respuesta del gobierno federal para encarar la crisis y procesar a los migrantes, sobre todo a menores de edad.

El mal manejo de los procesos obligó a la ACLU a demandar al gobierno por violar los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997.

 

El error de Obama

Abrumado por la explosión de arrestos en la frontera y sin estrategias claras para contener la oleada de migrantes centroamericanos -y también mexicanos- en busca de asilo en Estados Unidos, el gobierno de Obama comenzó a detener a menores no acompañados y unidades familiares colocándolos en procesos acelerados de deportación.

Se crearon centros temporales de detención en distintos puntos del país para procesar los casos de deportación, pero el número de detenciones fue tal que colapsó las cortes de inmigración. También se abarrotaron los centros de detención, se sobrepasó la cantidad diaria de camas disponibles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), ICE y la Patrulla Fronteriza se vieron forzados a liberar indocumentados en proceso de expulsión por falta de espacios. Y forzó la detención de algunos menores y familias como estrategia para desmoralizar a los futuros migrantes, y con ello tratar de controlar la crisis.

Pero la falta de planificación y de conocimiento de las causas que generaron el éxodo migratorio trajo consigo más problemas de los que el gobierno federal podía atender en ese momento. E incluso descubrió, tarde, que una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) prohíbe la deportación inmediata o acelerada de menores de edad de países no fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien determine sus futuros en el país.

La crisis del 2014 parecía entonces un problema que recién comenzaba y no se veía una luz al final del túnel.

 

 

De nuevo en la corte

A finales de 2014 la ACLU, junto a otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, demandaron al gobierno de Obama por violar los términos del Acuerdo Judicial Flores. Siete meses más tarde, en junio de 2015, una corte de distrito de California dictaminó que ICE violaba el acuerdo al mantener encerrados a menores de edad en centros restrictivos por más tiempo del permitido.

El fallo también benefició las madres de los niños encerrados. “Se trata de un fallo muy importante”, dijo Víctor Nieblas, entonces presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “Incluye a las madres de los niños detenidos. Nosotros esperamos que el mensaje que está enviando la jueza sea contundente y que impida que ICE siga implementando sus políticas”.

En agosto de ese año la jueza Dolly Gee, quien preside la Corte Federal del Distrito Centro de California, tribunal designado para la custodia del Acuerdo Flores, ordenó al gobierno de Obama la pronta liberación de todos los menores indocumentados detenidos por ICE, fijando un plazo hasta el 23 de octubre de ese año para cumplir el dictamen.

La orden de Gee fue apelada y el debate jurídico acompañó a Obama hasta el término de su mandato. Y cuando Trump llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, implementó su política de ‘tolerancia cero’, pero se topó con los mismos frenos de Obama: el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008.

 

La guerra de Trump

A principios de julio del año pasado la jueza Gee, en respuesta a una demanda presentada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, en contra del Acuerdo Judicial Flores para acelerar la deportación de menores migrantes arrestados en la frontera, rechazó el recurso argumentando que se trataba de "un intento cínico" de deshacer un añejo acuerdo judicial.

Gee dijo que el gobierno de Trump no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal.

El Departamento de Justicia había solicitado a la corte alterar el acuerdo después de que Trump dio marcha atrás a su orden de separar forzosamente a las familias de migrantes en la frontera, medida que causó rechazo y criticas dentro y fuera de Estados Unidos.

Gee dijo que la petición pretende endosar a la corte la responsabilidad de las "irreflexivas" acciones del presidente y la inacción del Congreso.

El Acuerdo Flores no le permite al gobierno mantener detenidos a menores de edad por más de 20 días. La política migratoria de Trump tiene a los 10.4 millones de indocumentados que viven en el país en el ojo de ICE.

Cinco días después de llegar a la Casa Blanca, el 25 de enero de 2017, el presidente decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

La visita de Trump a Calexico, el viernes, donde confundió el nombre del Acuerdo Flores con el de un juez que no existe, fue para reforzar su discurso migratorio tras una semana de amenazas de que cerraría la frontera con México si el vecino del sur no frenada la oleada migratoria.

El jueves y tras repetir insistentemente que lo haría, el mandatario dio marcha atrás y dijo a los medios de comunicación que le dará a México una advertencia "de un año" para que detenga a migrantes y "drogas" que viajan rumbo a Estados Unidos antes de tomar acción.

"Vamos a darles una advertencia de un año", dijo Trump y añadió que el país necesita "ayuda de México" para frenar el flujo de migrantes y "drogas" en la frontera porque de lo contrario "aplicaremos tarifas a los autos (fabricados en México) que ingresan a Estados Unidos", apuntó.

 

Luego de haber amenazado días atrás con que esta semana cerraría la frontera si México no frenaba a los migrantes que viajan rumbo a EEUU, el presidente ahora dijo que dará un año a México para que tome medidas y que sino impondrá aranceles.

UNIVISION

 

4 de abril del 2019- Luego de repetir su amenaza de cerrar la frontera sur, este jueves el presidente Donald Trumpdio marcha atrás y dijo a los medios de comunicación que le dará a México una advertencia "de un año" para que detenga a migrantes y "drogas" que viajan rumbo a EEUU antes de tomar acción.

"Vamos a darles una advertencia de un año", dijo Trump y añadió que EEUU necesita "ayuda de México" para frenar el flujo de migrantes y "drogas" en la frontera porque de lo contrario "aplicaremos tarifas a los autos (fabricados en México) que ingresan a EEUU".

"Y si eso no detiene las drogas (...) cerramos la frontera".

"Tenemos una emergencia nacional en nuestra frontera. Y nadie habla siquiera de las drogas, las drogas que están llegando", dijo y añadió luego: "Cantidades masivas de drogas, la mayoría de las drogas que llegan a nuestro país llegan a través de la frontera sur".

Trump repite constantemente la idea de que levantar un muro fronterizo frenará el tráfico de drogas hacia EEUU, aunque la DEA, agencia que se encarga de delitos de tráfico de drogas, informa que los mayores decomisos de las denominadas drogas duras se hacen en puertos legales de entrada.

Estas declaraciones llegan apenas días después de que el presidente dijera que estaba dispuesto a cerrar la frontera o al menos una gran parte de ella, esta misma semana si México no trabajaba activamente para frenar la inmigración ilegal que transita hacia EEUU.

Este miércoles mismo, el presidente había vuelto a amenazar en un tuit con el cierre de la frontera si el Congreso no eliminaba "de inmediato" las "lagunas en la frontera" en referencia a los puntos débiles en leyes de inmigración.

La nueva amenaza de Trump de cerrar la frontera provocó pánico en las comunidades locales que depenen del intercambio fronterizo.

Este cambio de postura puede deberse en parte a las advertencias de varios sectores sobre los efectos negativos de cerrar la frontera con el país vecino, el tercer socio comercial de EEUU.

Semanas atrás, el presidente emitió una declaración de emergencia para conseguir fondos de otras agencias y redirigirlos a la construcción de un muro fronterizo. Tal acción del presidente fue para saltearse al Congreso que ya había votado por un presupuesto sin todo el dinero para el muro que Trump pedía.

Luego, el Congreso volvió a decirle que no a la declaración de emergencia y tanto el Senado, de mayoría republicana, como la Cámara Baja, de mayoría demócrata, votó en contra de la medida.

Trump después vetó la decisión del Congreso. La discusión sobre esta declaración de emergencia se convirtió para muchos en una discusión sobre el funcionamiento mismo de las instituciones democráticas de EEUU, ya que las acciones del presidente no respetaron ni las decisiones ni la potestad del Congreso de asignar fondos.

 

De acuerdo con el último informe dado a conocer por el gobierno de México, en los tres primeros meses de la administración de AMLO, se registró un promedio de 101 asesinatos al día. Una tasa de homicidios que supera en 48% a la del trimestre inicial de Enrique Peña Nieto.

UNIVISION

 

CIUDAD DE MÉXICO. 4 de abril del 2019- El primer bimestre de 2019 se convirtió en el periodo más violento del que se tenga registro en México, luego de que durante enero y febrero fueron asesinadas 5,803 personas, rompiendo el récord de homicidios que se registró en 2018, con un incremento con respecto al mismo período del año pasado del 13%, de acuerdo con el último informe dado a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El informe señala que en los tres primeros meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han cometido 8,524 asesinatos, un promedio de 101 al día.

La tasa de homicidio doloso registrada de diciembre de 2018 a febrero de 2019 supera en 48% a la del trimestre inicial de Enrique Peña Nieto, en 150% a la de Felipe Calderón, y en 73% a la de Vicente Fox, según los datos del SESNSP.

La lista de las entidades que más homicidios registraron en el primer bimestre del año es encabezada por Guanajuato, con 633 homicidios, el lugar donde las fuerzas federales mantienen un operativo para contener los enfrentamientos entre dos cárteles enfrentados por el control del robo de combustible: Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Entre los estados con más homicidios también se encuentra el Estado de México con 497, Jalisco con 492, Baja California con 457 y Chihuahua con 367. Por su parte, Colima y Baja California son los estados que tienen las tasas más altas de homicidios por cada 100,000 habitantes, con 13.48 y 11.35.

 

Con AMLO la violencia continúa al alza

Los datos oficiales de incidencia delictiva del SESNSP reportan que el nivel de violencia homicida ha continuado en incremento desde el arranque del actual sexenio.

En su discurso por los 100 días de su gobierno, López Obrador reconoció que la población se encuentra “en estado de indefensión” porque “solo se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla significativamente como lo deseamos”.

AMLO dijo que se mantiene prácticamente el mismo número de homicidios y de robo de vehículos de antes de que él llegara al gobierno. Sin embargo, al comparar las cifras con los mismos períodos del último año de presidencia de Peña Nieto, se ha registrado un aumento en la violencia homicida.

A diferencia de otras administraciones, la del presidente López Obrador hereda una tendencia al alza en los índices delictivos y asume tras un 2018 en el que se registró un récord histórico en asesinatos. Incluso su antecesor, Enrique Peña Nieto, llegó al gobierno luego de un 2012 en que se habían reducido los crímenes.

Un informe del Observatorio Nacional Ciudadanocoincidió con el discurso del primer mandatario acerca de que la crisis de violencia e inseguridad que vive el país es por la corrupción y el modelo económico, sin embargo, llamó al actual gobierno a "no cometer los errores del pasado" en esta materia.

Las instituciones controladas por Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Constituyente, dieron luz verde al allanamiento a la inmunidad del líder del Parlamento y su posterior enjuiciamiento. Pero la Asamblea Nacional, único poder escogido por el voto popular, desconoce su autoridad.

PEDRO PABLO PEÑALOZA

 

3 de abril del 2019- La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, a solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, aprobó este martes despojar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, líder del Poder Legislativo que se juramentó como presidente encargado de la República el pasado 23 de enero.

Las instituciones controladas por el régimen de Nicolás Maduro han tendido un cerco alrededor de Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, para sacarlo del juego político.

Primero, la Fiscalía General solicitó prohibirle la salida del país y congelar sus cuentas. Después, la Contraloría General le inhabilitó políticamente por 15 años. Y ahora la Constituyente –un órgano considerado ilegítimo y fraudulento por la oposición venezolana y las potencias occidentales- junto con el Tribunal Supremo han dado el siguiente paso con el fin de someterlo a un enjuiciamiento y meterlo preso.

“Cualquier intento de atentar contra la inmunidad, los derechos y la integridad de Juan Guaidó es un intento de atentar contra un Jefe de Estado, un Presidente encargado de la República”, sostuvo el diputado Juan Miguel Matheus, presidente de la Comisión para la Defensa de la Constitución del Parlamento.

A continuación se presentan los argumentos jurídicos del Parlamento para desconocer la decisión del Tribunal Supremo y la Constituyente:

 

¿Quién puede quitarle a un diputado la inmunidad?

El único órgano que puede allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la República es la Asamblea Nacional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 200 de la Constitución y 25 del Reglamento Interior y de Debates de la Cámara. Además, Juan Guaidó, como legislador y presidente interino, goza también del privilegio del antejuicio de mérito.

 

¿Quién reconoce la autoridad de la Constituyente?

El Parlamento, así como las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea, catalogan como ilegítima y fraudulenta a la Constituyente, foro conformado por 545 militantes del chavismo. Partiendo de ese principio, la Cámara determina que “la Constituyente no existe jurídicamente y todos sus actos son nulos e ineficaces”.  Matheus enfatiza que “cualquier simulacro de allanamiento de inmunidad sería usurpación de funciones”.

 

¿Quiénes conforman el Tribunal Supremo?

El Poder Legislativo no reconoce al Tribunal Supremo, especie de brazo judicial del chavismo. La Cámara ha investigado y denunciado las irregularidades que se registraron en el proceso de selección de estos magistrados, señalando que no cumplen los requisitos constitucionales y están claramente identificados con el oficialismo. El magistrado que redactó el fallo contra Guaidó es Juan José Mendoza, exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela que ahora encabeza la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Esta resolución fue anunciada por el presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno, condenado por homicidio en 1989 cuando trabajaba como funcionario de la policía política. Moreno fue expulsado en 2007 de la Corte de Apelaciones de Caracas por haber dejado en libertad a los asesinos de la abogada Consuelo Ramírez Brandt. “Hemos cuestionado la cualidad de administrar justicia de los magistrados que violan el ordenamiento constitucional y los Derechos Humanos. Ellos no son aptos para administrar justicia”, indicó Matheus.

 

¿Quién es el fiscal que acusa a Juan Guaidó?

La acción penal contra Guaidó está siendo adelantada por Tarek William Saab, nombrado fiscal general por la Constituyente. “El Ministerio Público está siendo usurpado por Saab”, subraya la Cámara. Saab asumió ese cargo en agosto de 2017 tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, antigua simpatizante del chavismo que fue destituida tras acusar a Maduro de haber violado la Constitución por sus ataques contra el Parlamento. Antes de ser designado como fiscal general, Saab fue diputado y gobernador del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

 

Y al final, ¿el Tribunal de Maduro sí reconoce al Parlamento de Guaidó?

Al margen de los argumentos jurídicos, en 2016 este mismo Tribunal Supremo declaró en “desacato” al Parlamento, anulando en la práctica todas sus competencias y atribuciones. El líder chavista Nicolás Maduro afirma que Guaidó promueve un golpe en su contra y sin mostrar ninguna prueba le achaca la planificación de supuestos ataques terroristas para provocar los constantes apagones que sufren los venezolanos. La ola represiva va en aumento. La madrugada del 21 de marzo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia entró por la fuerza en la residencia de Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó actualmente detenido en los calabozos de la policía política. Ahora, con el apoyo de sus instituciones y el respaldo de la Fuerza Armada, Maduro apunta directamente a Guaidó.

 

La medida, de ser tomada, posiblemente detonará demandas como las interpuestas durante el veto migratorio de 2017 a varios países de mayoría musulmana. El impacto se sentirá con mayor fuerza en los que huyen y buscan asilo.

JORGE CANCINO

 

2 de abril del 2019- La amenaza lanzada por el presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México para detener la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países y buscan de asilo en Estados Unidos podría ser retada en las cortes tal y como ocurrió en febrero de 2017 con el veto a la entrada de ciudadanos de varios países musulmanes.

En aquella ocasión y tras una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), al menos tres jueces federales bloquearon el polémico veto por lo que denominaron "daño irreparable” causado por la medida, principalmente a refugiados con estatus concedido, así como a titulares de visas vigentes o residentes legales permanentes en Estadios Unidos de los países afectados.

Algo similar puede ocurrir esta vez, si Trump cumple la amenaza y decide cerrar la frontera con México, un hecho inédito pero que el mandatario viene prometiendo desde hace varios meses en su esfuerzo por imponer su política migratoria de 'tolerancia cero'.

"Las amenazas de Trump en la frontera y el corte de la ayuda a los países centroamericanos (como castigo por no detener las oleadas de inmigrantes en busca de asilo) pueden ser ilegales y, desde luego, una tontería", dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York y coautor de un tratado de 21 leyes de inmigración

Yale-Loehr añade que el mandatario “ha amenazado con cerrar la frontera entre Estados Unidos y México y cortar la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras”, pero advierte que “cerrar la frontera puede ser ilegal”, y la suspensión o corte de la ayuda puede ser “una tontería”.

 

La advertencia

El viernes Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump está reteniendo cientos de millones de dólares de ayuda que el Congreso aprobó para Centroamérica, lo cual podría poner en peligro los esfuerzos para desarrollar una mayor cooperación con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala para detener el flujo de migrantes, según diplomáticos y expertos en ayuda extranjera.

La falta de fondos ya está provocando el recorte de varios programas y el despido de los empleados en la región. La retención de fondos se produce después de repetidas amenazas por parte de Trump de recortar las ayudas para Centroamérica debido a su frustración por el creciente número de migrantes que llegan a la frontera sur.

Desde mediados de 2013, durante el gobierno de Barack Obama, miles de inmigrantes procedentes del denominado Triángulo del Norte huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y buscan asilo en Estados Unidos. Pero en los últimos meses el número de refugiados es tal que ha puesto en jaque al gobierno de Trump.

 

Desafío legal

Para Yale-Loehr, “los desafíos legales a una declaración sobre la frontera dependerán de lo que haga el presidente”. Y agrega que, si Trump cierra la frontera y prohíbe el paso a los titulares de tarjetas verdes (greeen card) y ciudadanos estadounidenses, podría generar el mismo tipo de demanda entablada en febrero de 2017, cuando afectó a extranjeros de países de mayoría musulmana.

“La primera versión de la prohibición de viaje del presidente, que prohibía la entrada a Estados Unidos a los titulares de la tarjeta verde y los no inmigrantes de ciertos países, planteó esas preocupaciones”, agregó. “Sobre la base de la crítica pública y los recursos judiciales, el gobierno rápidamente revirtió el curso y eximió a los titulares de la tarjeta verde de la prohibición de viajar”, apuntó.

Yale-Loehr dijo además que "si el presidente Trump emitiera una declaración fronteriza más estrecha, que diga que nadie puede solicitar asilo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, podría decirse que violaría la Ley de Inmigración que permite a cualquier persona que llega al país solicitar asilo”.

Demandas en proceso

El viernes de la semana pasada Trump amenazó a través de su cuenta de la red social Twitter que “si México no detiene de inmediato TODA la inmigración ilegal que ingresa a Estados Unidos a través de nuestra frontera sur, la CERRARÉ”.

La amenaza se suma a la orden emitida el 20 de diciembre cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un programa que obliga a solicitantes de asilo esperar en México hasta que sus audiencias estén siendo vistas en las cortes de inmigración.

Según Yale-Loehr, si Trump ordena cerrar la frontera “no podría detener a todos los solicitantes de asilo, ya que aún podrían intentar ingresar a Estados Unidos ilegalmente o por fuera de los puertos de entrada autorizados”, situación que no detendría la crisis denunciada por el gobierno.

“Cualquier esfuerzo por cerrar la frontera entre Estados Unidos y México, o cortar la ayuda (a los países centroamericanos) está condenado al fracaso”, dice el profesor de leyes de la Universidad de Cornell. “Es como dejar de financiar la investigación del cáncer con la teoría de que se producirán menos cánceres. Se necesita más ayuda extranjera en Centroamérica para que menos personas de esos países huyan a Estados Unidos”, apuntó.

Yale-Loehr señala además que “Trump ha heredado un problema complejo” y advierte que si el presidente cumple sus amenazas “solo agravará los problemas".

 

Preparativos en curso

Este lunes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, envió un memorando al Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, indicándole los pasos que la agencia debe tomar para enfrentar la “creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur”.

"El DHS hará todo lo que esté a su alcance para ponerle fin" a la crisis, dijo Nielsen. "No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el Congreso no actúe, por lo que todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió.

La semana pasada McAlleenan dijo que la crisis humanitaria en la frontera había llevado a la agencia a un punto de quiebre, y urgió al Congreso a tomar medidas inmediatas para permitir la detención y deportación acelerada de migrantes, entre ellos menores de edad.

Una ley sobre protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA) impide la deportación acelerada de menores que no sean de países fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos. Y un Acuerdo Judicial (Flores) de 1997 prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad. Ambas protecciones legales tienen a Trump con las manos atadas en la frontera.

“Inmediatamente redistribuiremos cientos de agentes del CBP en la frontera para responder a esta emergencia. Buscaremos urgentemente refuerzos adicionales dentro del DHS para aprehender a aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos”, agregó.

Nielsen también instruyó al CBP para que expanda el Protocolo de Protección al Migrante (MPP), programa activado en diciembre que regresa a México a solicitantes de asilo para que esperen al otro lado de la frontera que sus casos sean resueltos por las cortes de inmigración estadounidenses.

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