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August 17, 2019
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La embajada rusa en Caracas dijo que la presencia de militares rusos en Venezuela en estos momentos "no tiene nada de misterioso" y se inscribe en los acuerdos de cooperación firmados entre ambos países para mantenimiento de equipos, entrenamiento y estrategia.

UNIVISION

 

25 de marzo del 2019- En medio del secretismo, Rusia dice que la presencia de personal y aviones militares en Venezuela "no tiene nada de misterioso"

Aviones rusos llegaron a Caracas el fin de semana como parte de la cooperación militar que sostienen ambos aliados, dijo el domingo un funcionario venezolano citado por la agencia AP.

La aeronave Ilyushin Il-62M, con matrícula RA-86496, y capacidad para 186 pasajeros llegó el sábado al aeropuerto internacional Simón Bolívar, en la ciudad costera de Maiquetía, y, según constató un testigo de Reuters.

En la nave habrían venido 99 militares rusos, al mando del jefe del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia, Vasily Tonkoshkurov, según dijo el periodista Javier Ignacio Mayorca, especializado en asuntos militares y de seguridad..

Minutos después aterrizó un Antonov An-124, de matrícula RA-82035, con 35 toneladas de materiales "pertenecientes al contingente que recién había desembarcado".

Flightradar24, un sitio especializado en el rastreo de vuelos, mostró la ruta el sábado de lo que dijo era un avión de la fuerza aérea rusa en el Caribe aparentemente con rumbo a Caracas. El avión de pasajeros Ilyushin IL-62 había volado desde Moscú a través de Siria, donde Rusia apoya al presidente Bashar Assad

Oficiales militares rusos visitan Venezuela para conversar sobre mantenimiento a equipos, entrenamiento y estrategia, agregó el funcionario citado por AP, el cual habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del asunto, del que el régimen venezolano no ha dado ninguna información oficial.

La agencia estatal rusa Sputnik, citando fuentes de la embajada rusa en Caracas, también confirmó la noche del domingo la presencia en Venezuela de aviones y personal militar para dar cumplimiento" a "contratos de carácter técnico militar".

Sin ofrecer mayores detalles, esas fuentes dijeron a la agencia rusa que el arribo de las aeronaves no tiene "nada de misterioso", pues ocurre en el marco de convenios firmados hace varios años, aunque justo en el momento en que el régimen de Nicolás Maduro recibe presiones de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, debido a las dudas que tiene sobre la legitimidad de su última elección.

En diciembre, Rusia envió dos bombarderos estratégicos Tu-160 a Venezuela durante varios días en una muestra de apoyo al gobernante venezolano.

Las fuerzas armadas de Venezuela cuentan con aviones cazas, helicópteros artillados, tanques, vehículos blindados, misiles, bombas, cañones y armas compradas a Moscú, así como sistemas antibalísticos y defensas antiaéreas de fabricación rusa.

 

Las interrupciones del servicio eléctrico siguen afectando al Zulia

El servicio eléctrico todavía no se ha restablecido en su totalidad en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, después del apagón masivo que dejó a buena parte del país a oscuras durante cuatro días a principios de mes. 
En Maracaibo, la capital, saqueos han afectado a más de 500 comercios, según un reporte para Univision de Andrea Cedeño. 
Se trata de uno de los apagones más prolongados que ha sufrido el país sudamericano, sumido en una intensa crisis económica y política. 
En otros estados como Mérida, Vargas, Barinas, Carabobo y Táchira usuarios siguen reportando fallas eléctricas en las redes sociales y medios locales.

 

Ministro de Maduro asegura que los fondos bloqueados a Venezuela financian las "acciones terroristas" lideradas por jefe de gabinete de Guaidó

El ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo este sábado que tiene datos de inteligencia que demuestran que unos 30,000 millones de dólares bloqueados a Venezuela a través de sanciones internacionales han sido usados para contratar a "sicarios" reclutados en El Salvador, Guatemala y Honduras que ejecutarían "asesinatos selectivos" y "sabotajes a servicios públicos".

En una alocución televisada, mostró capturas de pantalla de supuestas conversaciones de Whatsapp entre el presidente interino Juan Guaidó y su jefe de gabinete, Roberto Marrero, en las que coordinaban el uso de estos fondos para financiar a estos grupos irregulares que, asegura, entrarían a Venezuela a través de la frontera con Colombia y con el apoyo del presidente de ese país, Iván Duque.

Por acusaciones como esta, Marrero, de 49 años, fue arrestado el jueves por la madrugada por el servicio de inteligencia y fue señalado de pertenecer a una "célula terrorista". Tanto el gobierno estadounidense como otros de la región han exigido su liberación inmediata, pero Maduro no ha cedido y lo mantiene retenido.

Rodríguez vincula a la oposición con fallas en los servicios públicos semanas después de que Venezuela viviera un apagón nacional que duró varios días y que los expertos en la materia relacionan con el poco mantenimiento y la sobrecarga del sistema eléctrico nacional. No precisamente con un sabotaje, como él lo denuncia.

Y tras el colapso y el apagón, la peor consecuencia fue la muerte de cerca de una centena de pacientes que se encontraban hospitalizados y no pudieron seguir siendo atendidos por las fallas del servicio en los centros de salud.

 

Panamá retira credenciales a 14 diplomáticos venezolanos tras la detención del jefe de gabinete de Guaidó

La decisión del gobierno de Panamá es una respuesta al arresto esta semana del jefe de gabinete del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Excluyó de la sanción a los diplomáticos de carrera y a quienes atienden asuntos consulares, según se lee en un comunicado de la Cancillería.

La medida fue tomada contra 14 funcionarios tras "la arbitraria detención de Roberto Marrero (...) acción que atenta contra los esfuerzos por la paz en este país", dice el gobierno panameño.

En su cuenta de Twitter, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ya había pedido la "inmediata liberación" de Marrero.

Justo el lunes, Fabiola Zavarce, la embajadora designada por Guaidó, entregó sus cartas credenciales al presidente Varela. Ella sustituyó así a Jorge Durán Centeno, un militar que secundó al fallecido expresidente Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y que había sido designado como embajador de la sede por el mandatario Nicolás Maduro.

"Panamá reconoce únicamente a Zavarce como Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela", aseguran.

 

BID cancela su reunión anual en China luego de que Pekín negara visa a enviado de Guaidó

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el viernes que su reunión anual prevista para la semana que viene en China se suspendía tras el reclamo del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Pekín por haberle negado la visa al delegado que Juan Guaidó nombró para representar a Venezuela.

"El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó hoy una resolución por la cual la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores no se llevará a cabo en Chengdu, República Popular China, del 28 al 31 de marzo", señaló la entidad en un comunicado. Explicó que en 30 días anunciará la nueva sede para el encuentro.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó a la agencia que Washington se negaba a que China fuera sede de la reunión si no le otorgaba la visa a Ricardo Hausmann, designado por el presidente interino Juan Guaidó por Venezuela. Con el anuncio de Estados Unidos, dijo la fuente, más de 80% de los accionistas de la institución votaron porque la reunión no se efectuara en China.

"Permitir que un país impida que se siente la delegación legítima de una organización multilateral hubiera sentado un precedente contrario a un siglo de normas diplomáticas", dijo el funcionario que prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Y como respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, aseguró el sábado que la reunión del BID "debería enfocarse en la cooperación financiera en lugar de (...) discutir asuntos políticos sensibles".

 

La Casa Blanca no aclara si piensa otorgar el TPS a los venezolanos

El asesor de Serguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, no aclaró si el gobierno tiene planes de otorgar el Estatus de Protección Temporal o TPS a los ciudadanos de Venezuela a raíz de la severa crisis política y humanitaria que se vive en el país sudamericano.

“Examinamos una serie de cosas. No queremos ver que se devuelve a nadie a Venezuela para que sea oprimido por el régimen de Maduro. Al mismo tiempo, creemos realmente, como solía decir mi antiguo jefe el Secretario de Estado James Baker, ‘mantengamos la mirada en el objetivo’", dijo Bolton en entrevista con Univision Noticias en Mar-a-Lago, el resort propiedad de Trump en Florida.

"En lo que estamos centrados es en la transición pacífica del régimen de Maduro a Juan Guaidó. Nos concentramos en eso, las cuestiones de inmigración se resolverán por sí mismas”, afirmó el asesor.

Bolton es parte de la delegación que acompaña a Trump en una reunión con varios líderes de naciones del Caribe, con quienes se tiene previsto hablar sobre el desarrollo de la crisis en Venezuela y sobre la estrategia de Washington de seguir cercando diplomática y financieramente a Nicolás Maduro para que deje "pacíficamente" el poder.

 

"¿Cuál es el mensaje? ¿Amedrentarnos? ¡Dale!": Guaidó tras el arresto de su jefe de gabinete

Nicolás Maduro señaló que la detención de Roberto Marrero obedece al desmantelamiento de una supuesta célula terrorista. El régimen asegura que el presunto grupo pretendía realizar ataques selectivos y señaló al jefe de gabinete del presidente interino, Juan Guaidó, como su presunto líder. La reacción de la comunidad internacional fue inmediata y exigieron la liberación inmediata del hombre.

 

Las contradicciones del régimen sobre la detención del colaborador de Guaidó

El ministro de Relaciones Interiores del régimen de Maduro, Néstor Reverol, en una corta declaración la tarde de este jueves aseguró que Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó detenido por la madrugada, y su escolta Luis Páez Salazar, también detenido en el mismo procedimiento, formaban parte de una supuesta “célula terrorista” que pretendía atacar a líderes políticos, militares y miembros del Tribunal Supremo de Justicia, y actos de sabotaje a servicios públicos, para lo que se habrían contratado “mercenarios colombianos”.

La versión de Reverol contradice la que ofreció el Ministerio Público en una nota de prensa, que vinculó a Marrero con el supuesto atentado fallido contra Nicolás Maduro del 4 de agosto de 2018.

Tanto Reverol como Saab figuran en la lista de altos jerarcas chavistas sancionados por Estados Unidos por estar involucrados en corrupción, narcotráfico, violación de los derechos humanos o el deterioro de la democracia local.

Guaidó ha exigido la inmediata liberación de quien ha sido su mano derecha, sosteniendo que el procedimiento ha sido irregular y le "sembraron" dos fusiles y una granada en su casa para inculparlo. Varios gobiernos, incluído el de Estados Unidos, también han exigido la liberación de Marrero.

Apenas a horas de haber detenido a Marrero, funcionarios de inteligencia de Venezuela allanaron la vivienda de la madre de la diputada Kelly Perfecto, quien a principios de año abandonó la formación chavista Tupamaro para reincorporarse al parlamento y apoyar al líder opositor.

“Mi casa materna fue visitada por funcionarios del Sebin… apenas me vengo enterando por una vecina; conversaron con mi madre y estuvieron indagando mi ubicación”, denunció Perfecto, citada por el portal Efecto Cocuyo.

La diputada dijo que la noche del miércoles 20 de marzo conversó por teléfono con Marrero. “Quiero mantenerlos atentos a cualquier circunstancia que se pueda presentar en mi contra. Estoy bien, estoy resguardada. Presumo que la indagación que están haciendo conmigo es porque una de las últimas conversaciones que tuvo el compañero Roberto Marrero fue conmigo. Quiero que estén atentos por cualquier situación que se pueda presentar”, advirtió Perfecto.

 

La compañía Henry Avocado procedió con el retiro voluntario después de que una inspección de rutina en su planta de empaque revelaran muestras positivas de la bacteria. 

UNIVISION

 

24 de marzo del 2019- California, Arizona, Florida, Wisconsin, Carolina del Norte y New Hampshire fueron el destino final de una gran cantidad de aguacates posiblemente contaminados con listeria, de acuerdo con el anuncio de Henry Avocados, compañía productora y distribuidora de la fruta con sede en Escondido, California.

La compañía procedió con el retiro voluntario después de que una inspección de rutina en su planta de empaque revelaran muestras positivas de listeria. Al tiempo que aseguraron que los aguacates importados de México y distribuidos por ellos no se están retirando porque son seguros.

Asi mismo la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por su siglas en inglés, publicó el anuncio del retiro de Henry Avocado como un servicio público.

La listeria es una bacteria que causa la enfermedad listeriosis, y de acuerdo con el Centro Para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por su siglas en inglés, “es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos Contaminados”, es sumamente peligrosa y su tasa de mortalidad supera entre un 20 a 30 por ciento de otras toxicologías alimentarias.

Cifras no confirmadas, estiman que anualmente unas 1600 personas contraen la listeriosis, y de ellas sobre 250 mueren por la enfermedad.

Los síntomas más comunes son fiebre y diarrea sus principales víctimas son mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos de 65 años o mayores, así como personas con el sistema inmunitario debilitado.

 

El caso de Selene Saavedra Román refleja que con el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump y el limbo legal en el que han quedado los dreamers, cualquier error puede salir muy caro. Cuando su historia se hizo pública, la joven fue liberada casi que de inmediato, pero aún enfrenta la deportación.

MARIA LUISA TABARES

 

24 de marzo del 2019- Selene Saavedra Román tiene 28 años y llegó a Estados Unidos cuando tenía solo 3, proveniente de Perú. Era tan pequeña que no recuerda otro como su país, sino este donde creció. Aún así siempre fue consciente de su situación migratoria, lo que dejó de preocuparle un poco desde que en 2012 se benefició con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Como dreamer pudo concluir sus estudios en la Universidad Texas A&M y conseguir luego el trabajo de sus sueños: ser azafata. Luego se casó con su novio de la universidad, el estadounidense David Watkins, a través de quien está tratando de legalizarse. Todo parecía ir bien hasta que la empresa de la que es empleada, Mesa Airlines, le pidió que trabajara en un vuelo a México.

Saavedra Román aplicó a un trabajo en una aerolínea regional con la intención de no tener que salir del país y advirtió a sus jefes que era beneficiaria de DACA para que no la programaran en vuelos internacionales. Aún así, el mes pasado lo hicieron.

Ella le expresó nuevamente su preocupación a la empresa acerca de su estatus migratorio después de que se le asignó laborar en un vuelo internacional, pero ellos le aseguraron que no pasaría nada. No fue así: las autoridades migratorias la detuvieron en el aeropuerto al regresar a Houston el 12 de febrero.

"Ahí estuvo detenida más o menos como 24 horas y luego la movieron a una área de detención en Conroe, Texas", explicó al Noticiero Unvision la abogada que la representa, Belinda Arroyo.

Saavedra Román pasó seis semanas en una cárcel del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), de la que salió el viernes pasado, después de que su esposo y su representante legal llevaran más de un mes intentando negociar con las autoridades migratorias para que la dejaran en libertad, pero coincidencialmente solo un día después de que su caso cobró notoriedad nacional y hasta Hillary Clinton se pronunció al respecto.

 

¿Cuáles fueron los errores?

El primero fue no contactar a un abogado de inmigración para consultarle sobre su viaje, aunque quienes insistieron en que todo estaría bien fueron los de la aerolínea para la que esta dreamer trabaja. Sin embargo, ellos también tendrían que haber investigado con un experto en el tema, según su abogada.

En un comunicado conjunto con la Asociación de Ayudantes de Vuelo, el director general de la aerolínea, Jonathan Ornstein, se disculpó con Saavedra Román y pidió a las autoridades estadounidenses liberarla, argumentando que era injusto detener a alguien "por algo que no esmás que un error administrativo y un malentendido".

"Nunca le debieron aconsejar que podía viajar", dijo Arroyo. "Fue un gran error".

Estando bajo custodia de ICE, empezó la pesadilla. Su esposo y su abogada la visitaban con frecuencia para decidir qué pasos seguir, pero las cosas se empezaron a complicar.

"Recibimos información del oficial de ICE de que la razón por la que todavía no la habían dejado ir es porque estaban verificando a ver si le podían revocar DACA por haber salido del país sin permiso", explicó a Univision Noticias la representante legal.

La abogada reconoció que su cliente cometió un segundo error por no haber solicitado antes un permiso para viajar al extranjero ( advance parole) del gobierno para volver a entrar, pero aclaró que de todas maneras se lo hubieran negado debido el litigio legal en el que se encuentra DACA en las cortes. Tras el intento de cancelación de DACA por parte de Donald Trump esa opción se eliminó.

"Ellos (los dreamers) están perdidos en un limbo legal y se está volviendo un tanto ridículo. Este caso es básicamente el símbolo de lo que pasa cuando dejas a la gente en el limbo legal", expresó Arroyo.

Las razones de ICE

ICE indicó que estaba examinando su estatus en ese momento y por eso no la dejaba en libertad, con el argumento de que revisan cada caso individualmente.

Previamente, la agencia había dicho que Saavedra Román no tenía un documento válido para entrar al país y estaba detenida mientras pasaba por los procedimientos de las cortes migratorias. Aún así, esto no explicaba por qué debía permanecer en el centro de detención y no podía esperar en libertad ese proceso.

De acuerdo con sus procedimientos, la agencia migratoria no ha comentado sobre el caso en particular, pero ha recalcado sobre el tema que quienes salen al extranjero sin un documento especial que les permita hacerlo dejan de estar protegidos por el programa DACA. Sin embargo, ICE confirmó que ya no emite ese documento a los dreamers que deseen viajar (ni por razones humanitarias).

 

La presión de la opinión pública

Saavedra Román y su esposo empezaron a temer que los días iban a seguir pasando en ese limbo legal por las complicaciones de su caso. La joven empezó a sufrir de ansiedad y depresión. Estaba desesperada y a eso se sumaba que a su esposo solo le permitían ir a visitarla una vez a la semana y pero aún, no podía ni abrazarlo: siempre estaban separados por un grueso cristal.

Fue cuando decidieron exigir publicamente su liberación. La abogada y la Asociación de Ayudantes de Vuelo encendieron las alarmas para que la comunidad supiera lo que estaba pasando y los apoyara.

"Selene Saavedra Román es una dreamer con protección de estatus, no tiene historial criminal y simplemente estaba haciendo su trabajo como una azafata certificada de EEUU. Pero fue detenida por ICE y ha sido retenida por más de un mes sin un final a la vista", escribió el jueves en Twitter Sara Nelson, la presidenta de la Asociación de Ayudantes de Vuelo-CWA.

En ese mismo tuit puso una petición para que los que apoyaran el caso de esta dreamer firmaran exigiendo su liberación. La respuesta fue inmediata y más de 20,000 personas se unieron al pedido. En las siguientes horas el caso empezó a dar la vuelta al país en redes sociales y los titulares de medios, a través de organizaciones, abogados y activistas.

"Esta es una historia terrible", respondió Hillary Clinton al tuit de Nelson y pidió que firmaran la petición.

"Historias dolorosas como la de Selene subrayan la crueldad de la agenda migratoria de Trump. Los cientos de miles de dreamers, cuyo futuro está en peligro por esta administración, merecen algo mejor", advirtió a través de la misma red social el candidato presidencial demócrata Julián Castro.

Pasó solo un día y Saavedra Román llamó a su esposo para decirle que saldría libre. "Estaba llorando y dijo ‘Por favor, ven por mí’", contó su esposo David Watkins a reporteros, quien asegura que estas han sido las semanas más difíciles de sus vidas.

"Lloré y abracé a mi esposo y no lo quería soltar nunca", expresó ella en un comunicado tras ser liberada. "Estoy agradecida por las personas maravillosas que vinieron a luchar por mí, eso llena mi corazón. Gracias a todos los que me han apoyado. Estoy tan feliz de tener de nuevo mi libertad".

 

En peligro de deportación

La joven recuperó su libertad el viernes, pero su batalla aún no termina. El propio senador y pre candidato presidencial demócrata Bernie Sanders así lo recordó en el tuit donde celebró que Saavedra salió del centro de detención, advirtiendo que aún hay trabajo por hacer.

"Selene fue liberada, ¡pero la batalla no se ha terminado! Ella estará luchando contra su deportación en los próximos meses. No tiene sentido deportar a dreamers como Selene del único país que conocen como su hogar", escribió Sanders.

Saavedra Román tiene programado comparecer ante un juez migratorio en abril, donde tendrá que buscar que no la deporten del país.

Su esposo dice que seguirán luchando juntos. "Le dije ‘incluso si te deportan a Perú, simplemente me iré contigo’", contó. "Pase lo que pase en el futuro, no me daré por vencido. Seguiré luchando".

Watkins sigue sorprendido de todo lo que han vivido, pues asegura que en un principio no estaba preocupado por el viaje porque ya habían obtenido aprobación de ICE para que ella solicitara su residencia como esposa de un estadounidense. Además, resaltó el hecho de que ella no tiene antecedentes penales y paga impuestos desde hace mucho tiempo.

Aún así fue detenida y es un caso que refleja –de nuevo– cómo las políticas migratorias de 'toleracia cero' de esta administración no perdonan a nadie, ya no se enfoca solo en criminales. Los abogados advierten que cualquier indocumentado puede quedar en la mira de ICE si no se sabe asesorar bien y si no toma los pasos adecuados puede enfrentarse a una situación como esta aunque lleve casi toda su vida viviendo en el país, tenga DACA o hijos/esposo(a) estadounidense.

Ahora le dan "prioridad a la deportación de todo inmigrante, sin importar si es o no una persona que contribuye positivamente a este país", afirma Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

En un comunicado, el sindicato que representa a Saavedra Román y a sus colegas indicó que lo sucedido "resalta la urgencia de una reforma migratoria con sentido común y una solución para los niños estadounidenses que forman parte de DACA".

Se resolvió la expectativa que había consumido a los estadounidenses por 22 meses y particularmente los últimos tres días, desde que el fiscal especial presentó su informe al Congreso. Sin embargo, queda mucho aún por conocer.

UNIVISION

 

24 de marzo del 2019- La tarde de este domingo, el fiscal general Bill Barr le entregó al Congreso una carta de cuatro páginas que resume los hallazgos del reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia para influenciar los resultados de la elección de 2016.

La comunicación fue enviada a los líderes de los comités de asuntos judiciales del Congreso, el demócrata Jerry Nadler, de la Cámara de Representantes, y el republicano Lindsey Graham, del Senado.

El contenido de la misiva lo dio a conocer minutos despúes de haberlo recibido Nadler, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que calificó de "breve" el comunicado.

En síntesis, la carta de Barr indica que no hay pruebas de que Trump y su campaña hayan coordinado con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

Pero en el punto de la posible obstrucción a la justicia, reconoce que Mueller no llegó a una conclusión definitiva y que "aunque este reporte no concluye que el presidente cometiera un crimen, tampoco lo exonera".

Por eso Nadler indicó en un tuit que "en vista de las muy preocupantes discrepancias y la decisión final en el Departamento de Justicia luego del reporte del Fiscal Especial, en el que Mueller no exoneró al presidente, llamaremos al Fiscal general Barr para testificar ante el Comité de Asuntos Judiciales en un futuro cercano".

Pese a que todavía quedan incognitas por resolver, los hallazgos hasta ahora conocidos del trabajo de Mueller se presentaron como una "exoneracion completa y total" por el propio Trump en una breve declaración y portavoces del Partido Republicano.

 

La comunicación del Fiscal General sobre el reporte de Mueller

 

"No hubo colusión"

Según la carta de Barr, la investigación de Mueller "no encontró que la campaña de Trump o ninguna persona asociada con esta conspiró o coordinó con Rusia en sus esfuerzos por influir en la elección presidencial de 2016".

La fiscalía especial detalló en el reporte cuáles fueron esos esfuerzos rusos por influir en la campaña, que se pueden clasificar en dos partes.

Una de ellas fue a través de la organización Internet Reseach Agency (IRA), y la fiscalía de hecho le imputó cargos a varias personas y entidades rusas conectadas con la IRA. Sin embargo "no encontró que ninguna persona conectada a la campaña de Trump hubiera conspirado o coordinado a sabiendas con la IRA".

La conclusión fue la misma respecto al hackeo de los servidores de la campaña de la demócrata Hillary Clinton y del Partido Demócrata de parte de Wikileaks: el fiscal especial no encontró evidencia de que Trump o su campaña hubieran conspirado con la organización para robar y filtrar información que dañó a Clinton y su campaña.

Obstrucción a la justicia

El fiscal general dice en la carta que el reporte de Mueller "no concluye que Trump haya cometido un crimen, pero tampoco lo exonera".

"El gobierno tendría que probar, más allá de toda duda razonable, que una persona, actuando con intenciones corruptas, participó en una conducta obstructiva", indica. Según la carta, Mueller y su equipo no encontraron evidencia, más allá de lo que el presidente hizo en público, que probara esa obstrucción.

Como Mueller no hizo "conclusiones legales" sobre ese punto, queda ahora en manos "del fiscal general determinar si esa conducta descrita en el reporte constituye un crimen".

Lo que Barr y el vicefiscal general Rod Rosenstein concluyen eb su comunicación al Congreso es que "la evidencia desarrollada durante la investigación ... no es suficiente para establecer que el presidente cometió una ofensa de obstrucción a la justicia".

 

Reacción de la Casa Blanca

La primera reacción del presidente vino vía Twitter, repitiendo los mismos conceptos con los que se ha referido a la investigación desde que esta comenzó casi dos años atrás

"No hubo Colusión, No hubo Obstrucción, Completa y Total EXONERACIÓN. ¡QUE SIGA SIENDO GRANDIOSO ESTADOS UNIDOS!"

Minutos despúes el presidente además habló frente al grupo de reporteros de la Casa Blanca cuando se disponía a abordar el Air Force One, de regreso a Washington tras pasar el fin de semana en su resort de West Palm Beach, en Florida.

"Después de que tanta genta haya salido herida, despues de que hayan pasado tantas cosas malas a nuestro país, se anunció que, la cosa mas ridicula que he oído, no hubo ningún tipo de obstrucción y fue una total y completa exoneración. Es una pena que nuestro país tuvo que pasar por esto, para ser honesto es una pena que su presidente tuvo que pasar por esto. Esto empezó de manera ilegal... Es un ataque ilegal que falló y ojalá alguien lo investigue y vea el otro lado de esto", dijo en referencia al Partido Demócrata, a los que sigue acusando (sin pruebas, ni explicar cómo) de coordinarse con los rusos durante la campaña.

Los abogados personales del presidente, Rudy Giuliani y Jay Sekulow, le dijeron a CNN que es claro que no hubo ningun tipo de colusión y resaltaron que según el análsis el fiscal general no podía haber obstrucción si no hay crímenes subyacentes.

En la investigación de Mueller trabajaron 19 abogados asistidos por un equipo de 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, contadores forenses, y otros profesionales. La fiscalía especial emitió casi 50 citaciones legales, hizo 13 peticiones de evidencia a gobiernos extranjeros y entrevistó a 500 testigos.

Los líderes demócratas en el Congreso Nancy Pelosi y Chuck Schumer dijeron que lo que sabemos hasta ahora del reporte "abre tantas preguntas como las que responde". Ambos piden que se haga público el reporte lo más pronto posible.

"La carta del fiscal general Barr abre tantas preguntas como las que responde. El hecho de que el reporte de Mueller no exonere al presidente respecto a un cargo tan serio como obstrucción a la justicia demuestra lo urgente que es que el reporte completo y su documentación sea hecho público sin más demora", tuiteó la lider de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

 

En una declaración conjunta los demócratas ahondaron:

“Dado el récord público de sesgo del Sr. Barr en contra de la investigación del Fiscal Especial, no es un observador neutro y no está en una posición para hacer determinaciones objetivas sobre el reporte".

"Y lo que es más obvio, que el presidente diga que fue completamente exonerado contradice directamente las palabras del Sr. Mueller y no debe ser tomado con ningún grado de credibilidad".

"El Congreso requiere el reporte completo y los documentos subyacentes para que los Comités puedan proceder con su trabajo independiente, incluyendo legislar y supervisar cualquier asunto o problema que el reporte de Mueller saque a la luz. El pueblo estadounidense tiene el derecho de saber".

 

Pese a que el papá de Esequiel Uribes nació en Texas, este mexicano de 39 años no sabía que tenía derecho a la ciudadanía y ha estado prácticamente toda su vida pensando que era indocumentado. Pero, cuando estaban a punto de deportarlo por cuarta vez, un compañero de celda le advirtió de sus derechos y por fin ha conseguido el certificado que lo reconoce como estadounidense.

LORENA ARROYO

 

20 de marzo del 2019- Esequiel Uribes ha pasado la mayor parte de sus 39 años pensando que era indocumentado. El hombre nació en la fronteriza Ciudad Acuña y creció a unas seis millas de allí, en Del Río (Texas), al otro lado del Río Grande. Por eso, cuando cumplió la mayoría de edad, se casó y comenzó a tener a los primeros de sus diez hijos, empezó una vida en las sombras en la que se movió por varios estados (Texas, Arkansas y Oklahoma) para tratar de pasar desapercibido de las autoridades migratorias.

"Iba de pueblo en pueblo con temor de que me fueran a pescar. No podía agarrar un trabajo fijo porque todo el tiempo tenía miedo de que fuera a llegar Migración y me fuera a llevar. Ese era mi temor", le cuenta a Univision Noticias vía telefónica. "Mis hijos estaban fastidiados: de escuela en escuela, de pueblo en pueblo. Me decían que mejor los sacara de la escuela. No es una vida bonita".

Pero no fue hasta después de ser deportado tres veces y cuando estaba a punto de ser enviado de vuelta a México nuevamente que descubrió que tenía derecho a la ciudadanía estadounidense, algo que finalmente consiguió a finales del mes pasado cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en Fort Smith (Arkansas) le reconoció como tal.

"Hágale cuenta que me quitaron 10,000 libras de mi espalda. Me siento libre, no me siento apresado y con temor de qué va a ser el día de mañana", cuenta. " Cuando salí de Homeland Security (el Departamento de Seguridad Nacional) me aventé un brinco de alegría. Ahora sí soy libre. Ahora soy feliz".

 

Ciudadanía por padre

La clave de la ciudadanía de Uribes la tiene su padre, nacido en Texas, pero que no logró arreglar los papeles de algunos de sus hijos que habían nacido al otro lado de la frontera, en México, pese a que tenía derecho a pasarles la nacionalidad.

En 2004, cuando tenía 24 años y vivía en Fort Worth (Texas), un conflicto doméstico metió a Uribes en problemas con la ley que lo llevaron a su primera deportación. Según cuenta, una vecina le denunció después de que oyó una pelea en su casa. Él asegura que fue solo una discusión de pareja con su esposa, pero tras ser liberado por la policía, lo entregaron a las autoridades de migración que lo enviaron a México.

Como buen conocedor de la frontera, al hombre no le costó volver a cruzar a Estados Unidos, pero a esa deportación le siguieron otras dos: en 2009 y 2010.

"En 2012 me volvieron a pescar. Me mandaron a detención de migración y un compañero me explicó mi caso y me recomendó demandar a Migración para que me dejaran libre", recuerda. Así, alentado por un compañero de celda que le abrió los ojos sobre sus derechos, Uribes envío una carta al servicio de migración en el que demandaba que se cumpliera su derecho de solicitar la ciudadanía estadounidense, el país en el que nació su padre.

Después de estudiar su caso, las autoridades migratorias dejaron en libertad a Uribes y le recomendaron solicitar su certificado de ciudadanía pero el hombre asegura que era algo que le daba miedo hacer.

"¿Cómo lo voy a hacer? Me van a mandar a México y ahora está más difícil", recuerda que pensó. Pero después entró a Facebook y encontró a Aaron Cash, un abogado de Arkansas que decidió tomar su caso.

 

"Siempre fue ciudadano pero no tenía los papeles"

Cuando Uribes llamó a Cash era finales de 2017. “Me dijo que le habían deportado tres veces y se preguntaba si yo podía ayudarle", le contó el abogado a Univision Noticias.

"Yo determiné que siempre había sido ciudadano, pero no tenía los papeles para confirmarlo", añade, al explicar que el hombre viene de una familia grande y de obreros que no habían tenido los recursos para cumplir con los trámites requeridos para conseguir los certificados de ciudadanía.

Aunque la ley migratoria garantiza la ciudadanía a un hijo nacido en el extranjero de un padre estadounidense, por su año de nacimiento (1980), Uribes también debía demostrar que su padre había vivido por 10 años en el país antes de su nacimiento.

Los trámites para conseguirlo no fueron fáciles y al abogado le tomó en torno a un año reunir los documentos necesarios.

Antes de que Esequiel naciera, su padre había vivido en ranchos de Texas y no había ido a la escuela, así que los abogados tuvieron que ir a buscar a vecinos y conseguir testimonios jurados de esas personas que certificaran que lo conocían. También presentaron el certificado de nacimiento del papá, una tarjeta del servicio militar de la época de Vietnam y una carta de un empleador que aseguraba que lo había contratado en los años 60 y que era un buen trabajador.

"Cuando Esequiel se puso en contacto conmigo, estaba perdido en el sistema y tenía mucho miedo de que lo deportaran otra vez. Estoy muy feliz de que por fin tenga la tranquilidad que ha merecido tener toda la vida", afirmó el abogado.

Además, Cash cree que la experiencia de Uribes debe servir para que la gente conozca sus derechos: "Necesitamos educar a la gente que si tiene sus padres estadounideses, tiene derecho a solicitar la ciudadanía", afirmó. "Pasa más de lo que podemos imaginar".

De hecho, ahora el abogado está ayudando a conseguir el certificado de ciudadanía a uno de los hermanos mayores de Esequiel, Tomás Alejandro, nacido en 1959, que se encuentra detenido en un centro de detención de Del Río (Texas) acusado de reingreso ilegal a Estados Unidos.

Mientras tanto, Esequiel está tratando de recuperar el tiempo perdido y buscar un empleo en lo que sabe hacer, carpintería o mecánica, que le permita conseguir la estabilidad que no ha tenido en los últimos años porque sentía que tenía que huir de las autoridades migratorias. "Ahora pienso estar estable en un pueblo. No mudarme como debe ser", aseguró.

 

Las autoridades migratorias tomaron la medida, que afectará a los indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, ante la saturación de los centros de detención. Este miércoles serán liberadas 500 personas. 

UNIVISION

 

20 de marzo del 2019- Desde este martes, el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás y volverá a liberar a los migrantes indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, volviendo así a la práctica de 'catch and release' (capturar y liberar, en español), que tanto ha criticado el presidente.

Las autoridades migratorias justificaron esta medida por la saturación en la que están los centros donde detienen a los indocumentados.

"CBP está comprometido a utilizar eficazmente nuestros recursos para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza y los esfuerzos humanitarios en curso. El aumento actual en las detenciones en el Valle del Río Grande ha resultado en la disponibilidad limitada de espacio en el Centro de Procesamiento Central de esta zona y en las estaciones", indicaron fuentes de CBP a Univision Noticias.

Por esa razón y "para mitigar los riesgos tanto para la seguridad de los oficiales como para las poblaciones vulnerables en estas circunstancias, y debido al espacio limitado de camas, CBP comenzará a liberar a las familias en el Sector de Valle del Río Grande". En todo caso, los liberados deberán aparecer en corte para seguir su caso.

La situación en los centros de detención ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes y ha estado puesta en la mira de algunos políticos demócratas, especialmente tras la muerte de cuatro migrantes bajo custodia de CBP en solo cuatro meses. El último fallecido fue un mexicano de 40 años que estaba en El Paso, Texas.

 

Primeras liberaciones

Este martes ya fueron liberadas 50 personas y se espera que este miércoles lo sean 200, según fuentes del DHS confirmaron a Univision Noticias.

El primer medio en reportar sobre este cambio fue The Wall Street Journal.

Este cambio de política va contra una de las promesas del presidente de poner fin a la práctica. Él mismo ha dicho de manera repetida que iba a cambiar el ‘catch and release’ por el ‘catch and detain’.

De hecho, Trump ha criticado esta práctica afirmando que a los agentes en la frontera "no se les permite hacer bien su trabajo por las estúpidas leyes liberales (demócratas) como 'catch and release'".

La Casa Blanca, que ha criticado de manera constante esta medida, publicó un memorando en abril del pasado año para acabar con esta medida.

“Las escandalosas leyes de 'catch and release' y los fallos judiciales (favorables), han dado lugar a una inmunidad de facto para los menores extranjeros ilegales y los adultos provenientes de Centroamérica que llegan a la frontera”, indicó la Casa Blanca en octubre para justificar los arrestos.

En noviembre, el presidente afirmó que "ya no liberamos (indocumentados)... Se van a quedar con nosotros hasta su audiencia de deportación".

Sin embargo, el número de migrantes que han llegado en los últimos meses en la frontera ha hecho que en numerosas ocasiones las autoridades migratorias hayan liberado a los indocumentados ante la falta de espacio en las instalaciones migratorias.

En los últimos años, el Valle del Río Grande ha sido uno de los tramos de la frontera por donde más familias han cruzado de manera ilegal a Estados Unidos. Entre el 1 de octubre, el inicio del año fiscal del gobierno federal, fines de febrero, más de 58,000 migrantes fueron arrestados en el área, aproximadamente el 42% de los más de 136,000 en todo el país.

Los datos muestran que la mayoría de las familias son de Guatemala, Honduras y El Salvador, que afirman estar huyendo de la violencia y la pobreza de sus países.

 

"Esto aplica a los no ciudadanos que estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia", explica un abogado de inmigración. En un fallo de 5 contra 4 en donde se impusieron los conservadores, el máximo tribunal revirtió la decisión de una corte inferior en San Francisco.

UNIVISION

 

19 de marzo del 2019- La Corte Suprema decidió por mayoría este martes reforzar el poder del gobierno para detener a personas que enfrentan una posible deportación por tener antecedentes penales incluso si los delitos ocurrieron hace mucho tiempo, algo que apoya la postura del gobierno de Donald Trump.

El caso Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional v. Preap se enfocó en residentes legales no ciudadanos que cumplen una sentencia penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en Noticiero Digital de Univision que "si eres residente (y no ciudadano) y cometiste alguno de estos crímenes de torpeza moral puedes ser puesto en proceso de deportación, no es nuevo", pero "este fallo da otra herramienta a ICE para detener y deportar a personas que están legales en EEUU que cometen un crimen o que ya lo han cometido hace mucho tiempo que ahora llegue a manos de las autoridades por cualquier razón".

El fallo de 5 votos contra 4 señala que esas personas no tienen derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de una nueva liberación mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presiona su caso para conducirlo a la deportación.

"Esa es la base de esto, que si te detiene ICE no eres elegible para una fianza", explica Hernández. " Esto aplica a los no ciudadanos aunque estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia".

Por otra parte, no está claro si la ley aplica una detención obligatoria si el Departamento de Seguridad Nacional no toma la custodia inmediatamente y la persona ya ha sido puesta en libertad. Muchas veces, los agentes federales no están disponibles para asumir la custodia de un inmigrante recién liberado por autoridades estatales o locales.

El gobierno de Trump dice que el problema es especialmente grave en las llamadas ciudades santuario, que no siempre cooperan con el pedido de mantener a un inmigrante en prisión hasta que lleguen los funcionarios federales. Según indicó el especialista en Corte Suprema de Bloomberg, Greg Stohr, la administración Trump heredó el caso de la administración Obama.

El demandante nombrado, Mony Preap, nació en un campo de refugiados después de que su familia huyó de Camboya. En 1981 arribó a EEUU y en 2006 fue condenado por posesión de marihuana en EEUU. Años después de su liberación, fue trasladado a detención por inmigración luego de una breve sentencia por una ofensa que no activa la detención obligatoria. Preap fue liberado de la custodia de inmigración, pero sigue siendo el principal demandante de otros casos con quejas similares.

Los abogados de Preap de la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían demostrarle a un juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán confinadas a la detención igualmente.

En el caso tratado ante el Tribunal Supremo, algunas de las personas afectadas habían estado viviendo en sus comunidades durante años antes de enfrentarse a los procedimientos de deportación.

El fallo, que cita una disposición legal de 1996, fue defendido por el juez Samuel Alito quien dijo que tal ley exigía la detención obligatoria para los no ciudadanos que habían cometido delitos "incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos fiscales".

Alito detalla que "estos extranjeros deben ser arrestados 'cuando [son] liberados' de la custodia por cargos criminales y deben ser detenido sin una audiencia de fianza hasta que se resuelva la cuestión de su remoción (del país)".

Este fallo revirtió una decisión de 2016 del 9º Tribunal de Apelaciones de Circuito de EEUU con sede en San Francisco.

Al anunciar la decisión, el juez conservador Alito dijo que el fallo del tribunal inferior "se burla" de las leyes federales de inmigración. Junto a él, los conservadores de la Corte, el presidente, John Roberts; y los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, se unieron a la mayoría.

Los jueces del ala más liberal de la Corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron. Breyer quien escribió la opinión de disentimiento, dijo que la interpretación mayoritaria de la ley federal de inmigración "crea graves problemas constitucionales".

Las estadísticas de la actual administración confirman que aquellos que reingresaron al país ilegalmente se han vuelto una prioridad para ICE. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de ese delito en 2018, un aumento del 38% comparado con el año anterior.

ISAIAS ALVARADO

 

19 de marzo del 2019- Noé Arreola no se lo esperaba. Sus tres hijos de 5, 7 y 9 años, junto a la madre de ellos, lo acompañaron a la corte de Riverside, en el sur de California, el pasado 10 de enero. Al salir, apenas subieron a su auto dentro del estacionamiento del tribunal, los rodearon varios agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que iban por Noé, quien ahora está en la cárcel para migrantes en Adelanto.

"No les importó que estaban los niños ahí", aseguró la expareja de Arreola, Ámbar Mejía, quien cree que el operativo para detenerlo fue excesivo y hasta peligroso. "Yo estaba asustada, no sabía qué estaba pasando. Le dije a los niños: ‘córranle para en frente’. Cuando di la vuelta ya lo tenían arrestado", contó.

Arreola es mexicano, tiene 32 años y llegó a EEUU cuando era adolescente. Se ganaba la vida pintando casas. Sus dos hijos mayores son autistas. Él estaba en la mira de ICE porque hace más de 10 años lo arrestaron por conducir bajo la influencia (DUI) y lo deportaron en diciembre de 2008. Un mes después reingresó ilegalmente al país y continuó su vida normalmente, sin anticipar que lo volverían a detener por esa falta.

Mejía dice que ICE lo agarró totalmente desprevenido. Esta mujer, quien nació en Los Ángeles hace 35 años, cree que él merece quedarse en el país para cuidar a sus tres hijos, pues ahora los tiene que mantener ella vendiendo comida y de ahí le deposita también dinero a Arreola en su cuenta en la cárcel de Adelanto.

"Estamos aquí para trabajar, no estamos haciendo nada malo. Están separando familias",expresó con tristeza en entrevista con Univision Noticias.

De acuerdo con las estadísticas del gobierno, ahora los deportados que regresan están en su lista de prioridades de arresto y expulsión. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de reingreso ilegal entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, según cifras del Departamento de Justicia (DOJ). Esto es un aumento del 38% respecto al año fiscal anterior y es el número más alto desde 2012.

La hoja de antecedentes de Noé tenía dos de los motivos más comunes citados en los operativos de ICE: conducir ebrio y regresar al país sin autorización. En el año fiscal 2018, el 15% de los 158,581 arrestos que realizó ICE se originaron por esta última razón. Por DUI fueron más de la mitad del total.

Dependiendo del (o los) delitos que haya cometido un migrante, si vuelve a cruzar la frontera sin documentos podría enfrentar una condena de hasta 20 años en una prisión federal.

Estos cambios obedecen a la dura política migratoria de 'tolerancia cero' de la administración de Donald Trump, que ha dejado de enfocarse solo en los criminales peligrosos y pone bajo la lupa a millones de indocumentados que viven en este país.

 

Las graves consecuencias del reingreso sin papeles

Al parecer parte de esa iniciativa incluye que la Fiscalía federal exponga este tipo de procesos. Ahora, a menudo publica convicciones y acusaciones contra deportados que se arriesgaron a volver a EEUU.

Solo este martes, la dependencia publicó cinco comunicados de prensa sobre los arrestos recientes de seis migrantes que regresaron ilegalmente. Ninguno tiene antecedentes por crímenes violentos. Anecdóticamente, tal práctica no era destacada por las autoridades con esa frecuencia durante el gobierno de Barack Obama.

Durante las últimas seis semanas el Departamento de Justicia ha publicado más de 20 comunicados citando a por lo menos 62 migrantes que ya habían sido deportados. Entre esos boletines de prensa se mencionan de manera conjunta casos contra 16 personas en el estado de Pennsylvania y otro informe cita a 15 migrantes más acusados en Carolina del Norte.

"Siguen viniendo", reclamó el fiscal federal Mike Stuart refiriéndose a la condena a siete meses en una prisión federal impuesta al mexicano Gilberto Espino Velásquez, de 41 años, quien se encuentra bajo custodia desde el 8 de noviembre. Al concluir su sentencia lo sacarán otra vez del país.

Espino Velásquez había sido deportado tres veces en 2003 y fue condenado por ese mismo delito el 8 de septiembre de ese año en una corte federal de Texas. Su última detención derivó de una denuncia que recibió ICE de que había indocumentados trabajando en una zona de construcción en West Virginia.

El abogado de inmigración Raúl Saldaña explica que debido a la dura política migratoria de Trump una persona puede pasar varios meses tras las rejas si fue deportado en repetidas ocasiones. "He visto que ahora ICE va por los que regresan en cuanto sabe que están aquí, por cualquier situación menor. Se volvieron una prioridad; antes ocurría con ciertos tipos de crímenes", describió.

"Es difícil para estas personas cuando tienen una familia aquí y quieren reingresar sin autorización. Pero muchas veces es peor", advirtió Saldaña, quien explicó que uno de los castigos a los que se exponen si vuelven en un período de cinco años es que jamás les permitan legalizarse en EEUU.

El Departamento de Justicia compartió estadísticas sobre dicho delito, pero declinó comentar al respecto. Un portavoz explicó que si ahora están publicando más comunicados sobre estos casos es porque están recibiendo un número mayor de procesos de ese tipo.

ICE, por su parte, advirtió que las consecuencias pueden ser graves para estos infractores, como pasar varios años en prisión. "ICE se enfoca en eliminar las amenazas a la seguridad pública y los extranjeros criminales condenados, así como a las personas que han violado las leyes migratorias de nuestro país, incluidos aquellos que volvieron a ingresar ilegalmente", dijo su vocero Matthew Bourke.

 

El duro mensaje de la Fiscalía

Entre las acusaciones penales que publicó el DOJ este martes se encuentran las que pesan contra el hondureño Omar Eli Pérez Murcia, de 35 años; el nicaragüense Alexander Josué Reyes Ramírez, de 33; el hondureño Elvin Francisco Álvarez Izagirrez, de 37; y el mexicano Omar Ortiz Hernández, de 26.

A los tres primeros los detuvo ICE en Louisiana y al último en Nueva Orleans. Ninguno ha sido convicto por delitos violentos. Todos enfrentan una sentencia de hasta dos años en una prisión federal, un año bajo libertad condicional y les pueden imponer una multa de hasta 250,000 dólares.

La Fiscalía también expuso este mes el proceso judicial contra los hermanos Carlos y Huber Rodríguez Díaz, de 26 y 24 años. Estos mexicanos fueron arrestados por oficiales de ICE el 19 de diciembre de 2018 cuando iban caminando hacia su trabajo, un restaurante en Hurricane, en West Virginia. Alguien reportó que un indocumentado estaba en la nómina del negocio, según el comunicado del DOJ.

Al ser interrogados por los agentes migratorios ellos aceptaron que estaban en el país sin papeles. Cuando revisaron sus antecedentes penales a través de la lectura de sus huellas dactilares, ICE supo que Carlos había sido expulsado del país tres veces en 2014, 2015 y 2018. Mientras que su pariente tenía una deportación en 2014. No se proporcionaron más detales sobre su historial criminal.

"Hay cuatro deportaciones previas entre los dos hermanos y pronto compartirán seis deportaciones entre ellos", señaló el fiscal federal Mike Stuart al reportarse que los hermanos Rodríguez Díaz se declararon culpables de dicho delito. "Espero que reciban el mensaje: si quieres venir a Estados Unidos, sigue el proceso legal si te quedarás más tiempo", agregó el funcionario.

Una audiencia condenatoria en el caso de los hermanos Rodríguez Díaz se programó para el 8 de abril.

"Esto es darle prioridad a la deportación de todo inmigrante, sin importar si es o no una persona que contribuye positivamente a este país", reclamó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

"Hoy el hecho de que hayas reingresado al país ilegalmente, aunque hayas estado 25 años y tengas una familia y un trabajo aquí, para la administración federal es un crimen lo suficientemente grave para volver a deportarte. No hay manera de que eso se pueda detener", agregó Cabrera. "Eso está dando espacio a que haya miedo, confusión y que se viole el debido proceso".

 

El 70% de los productos frescos que se venden en EEUU tienen residuos de pesticidas incluso después de haber sido lavados, de acuerdo con un informe difundido este miércoles.

UNIVISION

 

20 de marzo del 2019- De acuerdo con el informe del Environmental Working Group (EWG), que realiza un análisis anual a partir de los datos del Departamento de Agricultura, las fresas, las espinacas y el kale están entre los productos más contaminados por pesticidas, mientras que los aguacates, el maíz dulce y las piñas tienen el menor resto de residuos.

Más del 90% de las muestras de fresas, manzanas o nectarinas contenía dos o más tipos de residuos en el análisis, que también señala que una muestra de kale cultivado de forma convencional puede contener hasta 18 tipos de pesticidas. Dacthal, el tipo de pesticida más común, detectado en cerca del 60% de las muestras, está prohibido en Europa y está clasificado como un posible carcinógeno en Estados Unidos.

"Cerca del 70% de los productos vendidos en EEUU incluyen restos de pesticidas”, señala EWG en su Guía 2019 de los pesticidas en las frutas y verduras. Antes de proceder a los chequeos, los productos se lavan y se pelan, lo que muestra, dice el informe, que los pesticidas no se van con un simple lavado.

Leonardo Trasande, un especialista en medicina medioambiental de la Escuela de Medicina de Nueva York, calificó el informe de EWG como "ampliamente respetado" y dijo en declaraciones al diario The Guardian que puede ser útil para ayudar a los consumidores a hacer la lista de la compra, y priorizar qué alimentos ecológicos comprar.

A pesar de las crecientes investigaciones sobre el asunto, los científicos señalan que es difícil precisar las consecuencias de la exposición a los pesticidas. Un estudio publicado en otoño pasado encontró que las personas que eligieron alimentos cultivados orgánicamente durante más de cuatro años y medio tenían tasas ligeramente más bajas de cáncer y, en particular, linfoma y cáncer de mama posmenopáusico.

Otro estudio elaborado por científicos de la Universidad de Harvard entre mujeres que estaban en un tratamiento para fertilidad, encontró que las que consumían más frutas y verduras con un alto contenido en pesticidas tenían menos posibilidades de dar a luz a un bebé vivo.

Los CDC indican que "un amplio rango de efectos para la salud, crónicos y agudos, están asociados a la exposición a algunos pesticidas". Entre ellos se encuentran irritaciones en ojos y piel, cáncer y desórdenes endocrinos.

"Los riesgos asociados a la exposición a pesticidas dependen en la toxicidad del producto, la cantidad y el tiempo a los que la persona se expone y el medio por el que lo haga", señalan los CDC, que también indican que los niños son la población más vulnerable.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establece las normas para el uso de pesticidas, pero estas normas no previenen la exposición acumulada en la dieta de una persona. Por otro lado, la EPA también ha reducido los tipos de exposición que considera a la hora de evaluar los riesgos.

La labor de este organismo es ampliamente cuestionada en este sentido, en particular desde que el presidente Donald Trump nombrase a una exejecutiva de la industria química, Nancy Beck, como directora de la unidad que evalúa la toxicidad de los químicos.

 

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