Indianapolis, Indiana. .
July 17, 2019

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La orden que tienen los agentes, junto con Policías Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración, es detener a toda persona que no cuente con documentación que acredite su estancia legal en México.

UNIVISION

 

CIUDAD DE MÉXICO. 17 de junio del 2019- Desde el sábado por la noche, militares con distintivos de la Guardia Nacional vigilan varios puntos, caminos y veredas de la sierra del estado de Chiapas donde regularmente pasan, a ciertas horas del día, vehículos de carga y autobuses con migrantes centroamericanos a bordo.

La orden que tienen los agentes, junto con Policías Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración, es detener a toda persona que no cuente con documentación que acredite su estancia legal en México y en esa labor revisan vehículos de transporte público y privado.

La agencia de noticias The Associated Press presenció a alrededor de 10 soldados armados en un puesto de revisión cerca de Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chiapas. Los efectivos portaban brazaletes negros que los identificaban como miembros de la Guardia Nacional. El personal castrense detuvo vehículos para que los agentes de migración revisaran identificaciones y retiraran a los pasajeros que no portaran documentos.

En otro retén, apenas al norte de Comitán, también en el estado de Chiapas, más de una decena de supuestos miembros de la Guardia Nacional patrullaban caminos rurales, ocultos entre la lluvia y la oscuridad, en busca de migrantes y traficantes de personas.

Según lo que han declarado las autoridades, los migrantes son llevados a las estaciones migratorias para ser asistidos y saber si, en algunos casos, cuentan con documentación para entrar al país.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE y medios mexicanos, los operativos y las revisiones ocurren principalmente en comunidades fronterizas como Carmen Xhán, El Jocote , Frontera Comalapa, Motozintla y La Trinitaria, las cuales corresponden a los municipios de Comitán-Margaritas.

En tanto, la Policía Naval inició la vigilancia de los márgenes del río Suchiate y también hizo presencia en calles y parques de la ciudad de Tapachula. En días anteriores se podía ver a migrantes siendo transportados en balsas al otro lado del río sin que las autoridades mexicanas intervinieran.

Además de vigilar las rutas que siguen los migrantes, los agentes vigilan el paso de traficantes con mercancía ilegal.

El domingo a las afueras de Comitán, varios soldados y policías que se identificaron como miembros de la Guardia Nacional estuvieron a cargo de los retenes.

En uno de ellos, el agente migratorio José Ángel Ramírez acogió la ayuda de la Guardia Nacional.

“Nosotros no tenemos como detener a tantos y los traficantes pasan por todos lados”, dijo Ramírez a la agencia AP, quien era el único agente en turno en este punto de revisión.

El sábado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que agentes de laGuardia Nacional, Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, detuvieron en Veracruz cuatro tráileres en los que viajaban 791 migrantes centroamericanos que viajaban en condiciones de hacinamiento y sin documentos.

Los agentes detuvieron a los cuatro tráileres sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, en el sur del estado de Veracruz.

Los migrantes habitualmente son transportados por México en atestados camiones de carga, y algunas veces bajo condiciones extremas, sin alimento o agua ni aire suficiente para respirar.Un video difundido por el gobierno muestra a los agentes mientras rompen el candado de la puerta de uno de los remolques para liberar a los migrantes.

La dependencia describió las detenciones y arrestos en Veracruz como parte de la estrategia implementada por el nuevo comisionado, Francisco Garduño. El exdirector de prisiones asumió el cargo el viernes, que asumió de un sociólogo y un académico.

Desde hace tiempo, los soldados mexicanos tienen autorización para inspeccionar vehículos en busca de drogas o armas, explicó uno de los elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, ahora pueden detener a los conductores o a quien se sospeche de colaborar con el traslado de inmigrantes por territorio mexicano.

 


Los residentes de Comitán señalan que a menudo los camiones eluden los retenes por la noche.“Nosotros no podemos saber que llevan dentro”, dijo el agente migratorio Julio Velasco. Las autoridades mexicanas han instalado barricadas adicionales en los últimos días para abarcar mayor territorio.

La Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad formado por policías federales, militares y marinos- entrará oficialmente en funciones en México el 30 de junio, pero debido al choque diplomático con Estados Unidos y su amenaza de imposición de aranceles, México tuvo que acelerar su presencia en la frontera sur del país donde despliega a unos 6,000 agentes.

El organismo anunció en un comunicado la renuncia del comisionado Tonatiuh Guillén López solo una semana después de que el canciller Marcelo Ebrard se comprometiera con el gobierno de Donald Trump a reducir considerablemente los flujos de migrantes centroamericanos y a recibir más solicitantes de asilo con sus procesos pendientes en Estados Unidos. 

UNIVISION

 

14 de junio del 2019-Tonatiuh Guillén López, el hombre designado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Instituto Nacional de Migración de México (Inami), renunció este viernes a su cargo, según informó ese organismo en un comunicado.

Pese a que no informan del motivo de la dimisión, esta se produce solo una semana después de que una delegación encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, llegara a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para reducir considerablemente el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos.

Posteriormente, el vocero de la secretaría de Gobernación, Héctor Gandini, aseguró a la agencia Reuters que la renuncia de Guillén López se debió a "motivos personales".

El comunicado del Inami que anuncia la salida del funcionario se limita a decir que éste agradeció la oportunidad al presidente López Obrador y "el apoyo y la generosidad" a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

 

Guillén López había mostrado su preocupación por los derechos de los centroamericanos

El pasado viernes y, después de una intensa negociación que se extendió por tres días, el gobierno de México llegó a un acuerdo con el de Estados Unidos para reducir el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar que el presidente Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

Según el acuerdo, México se comprometió a enviar a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y a acoger a más solicitantes de asilo mientras sus procesos avanzan en Estados Unidos a travé del denominado Protocolo de Protección del Migrante (PPM).

Pese a que no se había pronunciado públicamente sobre este acuerdo, en el pasado Guillén López, había mostrado su preocupación por la capacidad de México de atender las necesidades de los migrantes centroamericanos enviados por Estados Unidos por el programa PPM y por el respeto a los derechos de quienes huyen de la pobreza y violencia de sus países.

Antes de ser nombrado comisionado del Inami el 1 de diciembre de 2018, López Guillén había coordinado un proyecto de cooperación y desarrollo integral entre México y Guatemala.

 

De las cárceles a la política migratoria: el nuevo titular

Tras la renuncia de Guillén López, el presidente designó como nuevo titular del INM a Francisco Garduño Yáñez, quien hasta ahora fungía como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) federal, a cargo de las prisiones del país.

“Ahora estoy proponiendo para que lo sustituya a Francisco Garduño, él se va a hacer cargo del Instituto Nacional de Migración. Esto tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país, y le tengo toda la confianza”, expuso López Obrador.

Garduño Yáñez es funcionario público desde la década de 1970. Dentro de su experiencia académica, destacan sus actividades docentes, así como un doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Entre sus actividades políticas, participó en la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 y es fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el ámbito penitenciario, fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en la Ciudad de México, para el cierre del penal de Lecumberri y el traslado de internos a los actuales penales de la capital del país y a la colonia Penal Islas Marías.

 

En unas elecciones en las que los residentes en el exterior podrán votar por primera vez en la historia, Guatemala acudirá este domingo a las urnas en medio de una creciente desconfianza en sus instituciones democráticas y frente a 19 candidatos presidenciales que han fragmentado el voto.

BILL BARRETO

 

CIUDAD DE GUATEMALA. 15 de junio del 2019- En las elecciones que se celebran este domingo en Guatemala, el voto está tan atomizado que algunos ciudadanos llegan a las urnas sin poder identificar a muchos de los 19 candidatos que se disputan la presidencia, en un proceso en el que la justicia ha sido decisiva.

De los 24 aspirantes que se inscribieron inicialmente, cinco quedaron fuera de la contienda, incluyendo dos de las que aparecían con más posibilidades en las encuestas: Zury Ríos, hija del ex general golpista Efraín Ríos Montt, del partido Valor, quien fue inscrita pero su candidatura fue revocada por una prohibición constitucional; y la ex fiscal general, Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, actualmente con una orden de captura en Guatemala, girada tras una investigación iniciada por su sucesora en el cargo.

A estas bajas se suma la del cacique de Jalapa, Mario Estrada, quien era candidato por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), detenido en Estados Unidos por la Administración para el Control de las Drogas (DEA) el pasado 17 de abril por sus presuntas negociaciones con el cartel de Sinaloa.

Según el Departamento de Justicia, el político estaba entre los investigados por intentar "solicitar fondos a los carteles internacionales de la droga para apoyar" su campaña presidencial. Además, la acusación asegura que Estrada ofreció el control de puertos y aeropuertos a los representantes del cartel e intentado organizar atentados contra otros candidatos a la presidencia, sin especificar cuáles.

También quedaron fuera los candidatos minoritarios Mauricio Radford, del Partido Fuerza, quien había sido inscrito previamente pese a tener un proceso abierto por abuso de autoridad; y Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana, a quien un tribunal le retiró la inmunidad para ser investigado por supuestas anomalías en un contrato para cobrar el impuesto a los inmuebles en el municipio del cual es alcalde.

Las decisiones de la justicia y una amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral si no reciben una compensación que exigen caldearon el ambiente electoral en las últimas semanas de unos comicios que, según los sondeos, irán a segunda vuelta.

 

Los guatemaltecos en el exterior podrán votar

Las últimas encuestas coinciden en apuntar a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como líder en todos los sondeos, con entre 20.2 y 22.6% de intención de voto, seguida por Alejandro Giammattei de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) con entre 11.6 y 14.4% de los apoyos.

Más incierto es el tercer lugar que, según los sondeos, se disputan Edmond Mulet, de Partido Humanista; Roberto Arzú de Pan-Podemos; y Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con estimaciones de voto entre el 7% y el 8%.

En esta ocasión, la campaña electoral ha sido más corta luego de las reformas electorales de 2016: solo tres meses antes de primera vuelta y dos meses más para la segunda vuelta. Además, se permite por primera vez el voto en el extranjero y se introdujo la obligación de repetir los comicios si los votos nulos superan el 50%.

Otra de las novedades es que se igualó el tiempo de los partidos en la pauta de medios de comunicación, lo que dio una ventaja inicial a los candidatos que ya llevaban varios procesos electorales a cuestas, como Torres o Giammattei. La norma permitió que más candidatos se dieran a conocer, mientras que los partidos con mayor organización como la UNE de Sandra Torres compensaron la relativa reducción de espacios publicitarios con una mayor campaña de tierra.

 

Torres, la favorita en las encuestas

El domingo previo a las elecciones, Torres realizaba mítines en tres departamentos de la provincia y en la zona metropolitana. En un mitin en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la costa sur del país, Torres descendió en un helicóptero en el estadio municipal para presidir la actividad de campaña. “Este 16 de junio defendamos el voto, defendamos los programas sociales” fue la consigna recalcada por la candidata.

Como esposa del del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011, Torres fue la administradora de programas de asistencia social, como la entrega de bolsas de alimentos y bonos monetarios a padres de familia a cambio de la presencia de niños en las escuelas, acciones que aún hoy le representan réditos políticos.

La candidata tampoco es desconocida para las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una oficina de Naciones Unidas que ha asistido al Ministerio Público (MP) en los principales casos de corrupción de los últimos años y que finalizará funciones en septiembre, luego de que el gobierno de Jimmy Morales no la renovara el contrato.

La ex primera dama fue denunciada por presunto financiamiento electoral ilícito de su anterior campaña, en una investigación conjunta de MP y Cicig. Sin embargo, la acusación se llevó a los juzgados después de que Torres fue inscrita como candidata, lo cual la blindó con antejuicio.

 

Giammattei, el segundo, según los sondeos

La salida de Ríos y Aldana, ambas descartadas por la justicia en un movimiento que consideraron "político" dejó en el segundo lugar a Alejandro Giammattei, candidato de Vamos, quien busca por cuarta vez la presidencia.

Giammattei obtuvo su mejor resultado electoral en 2007 cuando ocupó el tercer lugar como candidato del partido oficialista Gana. Durante el gobierno de Óscar Berger, fue director del Sistema Penitenciario, pero fue más tarde acusado de ejecuciones extrajudiciales de reclusos bajo su cargo en una investigación del Ministerio Público y la Cicig, aunque un tribunal finalmente cerró el caso en su contra.

Giammattei no ha ganado una elección a los cargos públicos a los que se ha postulado en 20 años. Sin embargo, en este proceso electoral bajo un sistema de balotaje, de llegar a segunda vuelta sus posibilidades podrían mejorar notablemente ya que, como se mostró en los últimos comicios presidenciales, Torres enfrenta un antivoto fuerte. Los últimos sondean apuntan a que más de la mitad de los electores "difícilmente o nunca" votarían por ella.

El presidenciable de Vamos es además fuerte en las áreas urbanas del país, zonas que históricamente tienen mayor participación de electores en la segunda vuelta, ya que las autoridades locales, como alcaldes o diputados electos el mismo día, ya ha sido votados en la primera ronda de los comicios.

 

Los que se disputan el tercer puesto

El tercer lugar se encuentra se encuentra más disputado, según apuntan los sondeos, que colocan a Edmond Mulet, del Partido Humanista (PM), Roberto Arzú García-Granados, de PAN-Podemos y Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

Mulet, quien fue secretario general adjunto para Operaciones de Paz de Naciones Unidas entre 2011 y 2015 y presidente del Congreso a principios de los noventa, es un diplomático de carrera, que estuvo fuera de la política local por cerca de 20 años. En este proceso participa por el PM, de reciente creación, pero integrado con figuras del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que gobernó entre 2000 y 2004.

Candidato emergente en esta campaña, Roberto Arzú García Granados es hijo del expresidente Álvaro Arzú, electo por el Partido de Avanzada Nacional, PAN (1996-2000) e investigado también por la Cicig en un caso de corrupción hasta su fallecimiento en 2018.

Arzú García-Granados nunca ha ocupado un cargo público y compite con una alianza de partidos que incluye al antiguo partido de su padre, el PAN, y una nueva agrupación, Podemos, que tiene entre sus liderazgos y candidatos a figuras del cancelado Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina, procesado por varios casos de corrupción.

El candidato de PAN-Podemos ganó notoriedad en este proceso electoral por su intenso uso de las redes sociales, y recibió una multa de US$160,000 por su uso de propaganda no regulada en estos medios. Además, enfrenta una demanda por US$6 millones presentada en Miami, Florida, por el consultor político Juan José Rendón por presuntos servicios de asesoría no cancelados.

La tercera en disputa es Thelma Cabrera, presidenciable del MLP. Indígena maya mam, Cabrera ha sido una de las candidatas que más rápido ha crecido en popularidad en este proceso.

El MLP, partido oficializado en 2018, es el instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) una agrupación surgida en los años noventa entorno a reivindicaciones de tierra y derechos laborales de los trabajadores en la costa sur del país.

Dirigentes de Codeca han sido acusados en tribunales de promover conexiones ilegales a la red eléctrica y promover el impago de servicios de energía eléctrica en comunidades del interior del país. Como partido, el MLP promueve la revisión de las concesiones de recursos naturales por parte del Estado y la nacionalización del servicio de energía eléctrica, entre otras cosas.

Su reivindicación de la nacionalización de servicios públicos tiene de fondo la propuesta de “refundación del Estado” mediante una Asamblea Constitucional Plurinacional a semejanza de modelos políticos como los emprendidos en Bolivia por Evo Morales y en Ecuador por Rafael Correa.

 

Una probable segunda vuelta

Los sondeos apuntan a que ningún candidato presidencial obtendría más del 50% de los votos, lo que hace predecible una segunda vuelta con Torres y Giammattei. Torres lidera las estimaciones de voto, pero enfrenta el reto de no repetir la caída del 2015, cuando obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, pero solo 1,328,000 votos en la primera vuelta frente a los 2,750,000 del actual presidente Jimmy Morales en segunda vuelta.

El ambiente político se ha caldeado en los últimos quince días con la amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral, impidiendo el acceso a los centros de votación si no reciben una compensación por supuestos servicios prestados durante el conflicto armado interno finalizado en 1996.

La amenaza, recurrente en otras elecciones, ha sido tomada con más seriedad luego de que este miércoles la fiscal general Consuelo Porras anunciara que el fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, ha salido del país “por amenazas tangibles” contra su vida y su familia. Esto una semana después de que Schaad confirmará que había iniciado una investigación de oficio contra los exmilitares que amenazaban con boicotear el proceso electoral.

Al clima político enrarecido de las últimas semanas, también ha contribuido las denuncias en redes sociales del supuesto uso de recursos públicos por parte del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, para actividades de campaña. La confianza de la ciudadanía en el TSE se ha visto afectada, a su vez, con el anuncio esta semana de la entrega de Q12.9 millones (US$ 1.67 millones) por parte del tribunal al partido oficial, en aportes públicos atrasados entre los años 2016 y 2018, pese a que el partido enfrenta un proceso de cancelación por irregularidades en su manejo de recursos.

 

La propuesta ha sido calificada por expertos como ambiciosa. México planea que la Guardia Nacional pueda contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y que el presupuesto para costear la estancia de estos inmigrantes provenga de la venta del avión presidencial.

JANET CACELÍN

 

CIUDAD DE MÉXICO. 14 de junio del 2019- México tiene contado el tiempo para cumplir con las exigencias de Estados Unidos en materia migratoria y así evitar que el gobierno de Donald Trump aplique aranceles a todos los productos mexicanos y declare a la nación como "tercer país seguro".

El reto es que en 45 días —y ya pasaron 7—, el gobierno mexicano logre contener y disminuir el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan su frontera, según informó el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Para cumplir con este acuerdo, calificado por expertos como ambicioso, México tiene como solución principal echar mano de la Guardia Nacional para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio, pese a que este grupo de seguridad fue creado para combatir al crimen organizado que opera en el país.

Según explicó el canciller en una conferencia este viernes, además incluye una inversión millonaria de Estados Unidos hacia los países de Centroamérica y hacia México para combatir las causas de la migración. Mientras, el gobierno de López Obrador deberá asignar recursos para proveer servicios de salud, trabajo, educación y alimentación a los migrantes que deban esperar en su territorio una decisión de EEUU sobre sus peticiones de asilo.

Para Arlene Ramírez Uresti, internacionalista especializada en migración y la relación México-Estados Unidos, el acuerdo completo sería sumamente ambicioso, no solamente para los primeros 45 días, sino también en el mediano y largo plazo si no se involucra en el proceso a los países de procedencia de estos migrantes.

“Un detonante del éxito de esta estrategia será la eventual vinculación que pueda tener el gobierno de México con sus contrapartes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero hasta ahora sabemos que la estrategia se basa en el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional. También preocupa el ambiente político nacional con respecto a la creación de empleos, programas sociales, ofertas de salud y educación que se tendrá que hacer”, dijo.

Estas son las medidas con las que el gobierno de López Obrador planea atender la crisis migratoria:

Desde el miércoles y hasta el próximo martes, el gobierno de México comenzó a desplegar en la frontera sur a 6,000 elementos de la llamada Guardia Nacional, el grupo especializado de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó con el objetivo de combatir la violencia criminal en el país. Su principal tarea, al menos en los siguientes 45 días, será contener el flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

Se trata de 13 coordinaciones desplegadas en los sureños estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz, cuya función, según  Ebrard, es registrar a todos los migrantes, explicarles qué opciones de regularización tienen y devolver a su país al que no quiera hacerlo.

También resguardarán los centros de detención para evitar fugas y motines. Aunque Ebrard no ha hablado de arrestos, sí ha resaltado la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias del sur, que están rebasadas y que son centros de detención.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, durante el periodo de enero a junio, 11,037 personas originarias de Centroaméricahan sido retornadas a México en espera de la resolución de su petición de asilo a Estados Unidos.

 

Recibir a los migrantes que han pedido asilo en EEUU

El acuerdo con Estados Unidos también incluye recibir en territorio mexicano a los centroamericanos que quieran solicitar asilo en Estados Unidos durante el proceso que tome la resolución de sus casos. Esto implica que además de permanecer en México, el gobierno debe garantizar su seguridad, alimento, educación y trabajo.

Sin embargo, de acuerdo con Ebrard, el plan que defiende México contempla que las personas que solicitan asilo, puedan recibir el mismo tipo de protección también en otros países considerados seguros para los migrantes.

Según cifras de la Secretaría de Gobernación, tan solo en lo que va de enero al pasado mes de abril, las autoridades mexicanas han deportado a casi 37,000 extranjeros originarios de América Central y el Caribe. Una cifra que, de seguir la tendencia, superaría las 109,000 deportaciones que se registraron en todo el 2018.

Esta resolución no es muy alentadora para los migrantes, pues activistas y abogados de inmigración advirtieron que generará más problemas legalespara preparar sus casos, obtener asistencia legal e incluso para apelar fallos adversos.

 

Dialogar con los países de Centroamérica

El canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró el viernes que en el acuerdo Estados Unidos se comprometió a invertir 7,800 millones de dólares en Centroamérica y México: 5,800 millones de dólares para la primera y los 2,000 restantes para el segundo.

Ebrard aseguró que la inversión acordada de este acuerdo comenzó en El Salvador hace apenas 15 días, sin dar más detalles.

El canciller mexicano destacó que a cambio de esta inversión, México ayudará a aplicar un plan en Centroamérica que fue presentado el pasado 20 de mayo conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en colaboración con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir las causas de la migración en la región.

De acuerdo con Arlene Ramírez, dialogar con los países centroamericanos es el reto más grande, pues es necesario que tengan más que la voluntad política para atender el origen del problema.

 

Reasignar presupuesto hacia el plan migratorio

Luego de ser cuestionado sobre cómo piensa financiar la estancia de los centroamericanos que esperen en México, el presidente señaló que se utilizarán los recursos ahorrados por el combate a la corrupción y el plan de austeridad, así como los que genere la venta del avión presidencial.

"Recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo 150 millones de dólares. Entonces, para contestar de dónde va a salir: saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión",detalló.

Además, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que su bancada impulsa reasignaciones presupuestarias para que México pueda cumplir con los acuerdos bilaterales principalmente en materia de salud, educación, empleo, implementación de la Guardia Nacional y reforzamiento de la frontera entre México y Guatemala.

Esta iniciativa ha sido recibida con desagrado por otros grupos políticos que aseguran que no deberían utilizarse recursos destinado a los mexicanos para atender a extranjeros.

Activistas advierten que México no tiene, ni los recursos ni la infraestructura suficiente para atender, cuidar y velar por los migrantes que piden asilo en Estados Unidos y serán regresados hasta que los tribunales de justicia del vecino del norte resuelva sus casos como acordaron ambos gobiernos esta semana.

JORGE CANCINO

 

9 de junio del 2019- México sufrió la presión de Donald Trump como nunca lo había hecho anteriormente. El mandatario vecino del norte, quien además es su principal socio comercial, lo amenazó con imponer aranceles escalonados a todos los productos mexicanos si no frenaba la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en estados Unidos.

Las negociaciones parecieron interminables, hasta que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que, “gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde”.

Trump por su parte hizo lo mismo y en la misma red social. En dos mensajes, dijo: “Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas POR EEUU EL lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. ¡Gracias!”

Una parte del acuerdo dice: “Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.

De inmediato surgieron preguntas: ¿Dónde esperarán? ¿Cuánto tiempo esperarán? ¿Qué harán las cortes de inmigración de Estados Unidos, que a finales de abril tenían 892,517 casos acumulados y solo 414 jueves se hallaban en servicio?

 

Zona peligrosa

“No hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido dse sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para todos los mexicanos”, agregó.

La tercera semana de mayo Univisión Noticias reportó que, desde su implementación el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos.

La mayoría de ellos fueron regresados a Tijuana, la ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal A.C.

Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza. La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.

Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra alcanzó los 132,887.

 

La otra crisis

El atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera. A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.

Se trata de casos de inmigrantes en proceso de deportación que llevan tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas, carecen de antecedentes criminales y no representan un peligro para la sociedad.

Sessions basó la decisión en las órdenes ejecutivas sobre las jurisdicciones santuario y el muro en la frontera con México, promulgadas por Trump el 25 de enero de 2017, donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos.

Uno de los decretos, además, amplió la lista de prioridades de deportación, entre ellas los inmigrantes con orden de deportación.

Sessions prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales. La orden provocó un problema cuyas consecuencias todavía no se conocen en su totalidad.

El ahora exfiscal general y exsenador republicano por el estado de Alabama, dijo el año pasado que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que los jueces emplean desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

 

Cifras alarmantes

Si se toma como base la acumulación al 30 de abril registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

Si se agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado a los 892,517 acumulados hasta finales de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Esto significa que los 424 jueces activos tienen, en promedio, 2,935 casos cada uno.

Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que, en promedio, cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Es solo la ultima de una serie de cambios de políticas implementadas que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”, agregó.

A esta crisis, también hay que tener en cuenta las aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los dos últimos meses, abril y mayo, que suman 232,191.

“No sabemos por ahora si el gobierno contratará nuevos jueces para atender los casos de estos inmigrantes que retornarán a México”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si contratan nuevos jueces, habrá que prepararlos y eso lleva tiempo. Y una vez que se instalen en sus cortes, deberán contratar personal, y eso también lleva tiempo y cuesta dinero”.

“Ahora, si no contratan nuevos jueces y no habilitan nuevos tribunales, imagínese, esta crisis irá en aumento”, apuntó.

 

Solanda o Venesolanda, como ya lo llaman algunos, es un de los barrios populares más poblados de Quito. Los venezolanos más pobres alquilan allí casas minúsculas que casi siempre comparten con otros y trabajan en la economía informal del Mercado Mayorista, que les permite pellizcar unos cuantos dólares.

SORAYA CONSTANTE

 

QUITO, Ecuador. 9 de junio del 2019- Hay barrios que empiezan a ser refugio de los venezolanos en Quito. Uno de ellos es Solanda o Venesolanda, como ya la llaman algunos.

Está al sur de la ciudad y en el pasado también acogió a colombianos, cubanos y a migrantes internos del país. Es uno de los barrios con mayor densidad poblacional, se calcula que tiene más 100,000 habitantes, aunque el diseño original de los años 70 fue pensado para 20,000.

Los dueños de estas casas, que se construyeron dentro de un plan populista llamado "Pan, techo y empleo", modificaron las viviendas para alquilar una parte de ellas. Los venezolanos llegan a Solanda buscando esos espacios mínimos, que se alquilan entre los 150 y 250 dólares, y casi siempre los comparten con otros.

También llegan atraídos por economía informal que está instalada en el sector y que les permite pellizcar unos cuantos dólares “haciendo el semáforo” (vendiendo caramelos, frutas, empanadas o tabacos los conductores en los semáforos), o trabajando como “caleteros” o cargadores en el Mercado Mayorista, la mayor despensa de Quito, que también es parte de Solanda.

 

Las empanadas de los Morris

Antonio Morris, su esposa Luz Marina y sus tres hijos son parte de esa Venesolanda que lucha por salir adelante. Llevan ocho meses en el barrio y aunque tuvieron mala suerte con la primera casera, que les cobró una cifra absurda por el consumo de agua, ahora viven en un piso que les alquila un ecuatoriano que emigró a Estados Unidos y ha empatizado con ellos.

Los Morris vivían de lo que Antonio ganaba vendiendo limones en un semáforo, pero ahora venden empanadas a sus paisanos en el Mercado Mayorista. Su rutina empieza a las 3:00 de la mañana, porque las empanadas tienen que estar listas para el desayuno, y termina 12 o 14 horas más tarde cuando venden las 25 o 30 empanadas que preparan cada día.

“Esto es duro, pero cuando quiero desmayar golpeó con fuerza la masa y digo por mis hijos, por el alquiler, por la visa…”, cuenta Luz Marina. Antonio también tiene lo suyo porque los vendedores de comida del mercado lo miran con recelo y en más de una ocasión le han dicho que se vaya a su país. “Sé que estoy trabajando honradamente, por eso siempre les respondo con educación y no dejo que me provoquen”, dice.

La meta de los Morris es arreglar sus papeles, buscar colegio para sus hijos y abrir un pequeño negocio en Solanda. Todavía no saben cómo alcanzarán este último objetivo, pero ya han decidido el nombre del local: “Las empanadas de la abuela”, porque la idea de hacer empanadas se le ocurrió a la madre de Luz Marina que acompañó a la familia en el viaje a Quito y luego se regresó a Valencia, de donde salieron todos.

 

Douglas carga papas a cambio de centavos

Douglas Romero es parte de la población venezolana que trabaja en la gran despensa de Quito. Dio con el Mercado Mayorista porque otro venezolano le dijo que en el sur de la ciudad había un mercado como el Mercado Mayor de Coche, en Caracas, y que se trabajaba igual. Le aconsejaron ir a la medianoche y empezó cargando frutas y verduras.

“Vienen camiones pequeños que te llevan por todo el mercado haciendo las compras y te dan unos cinco o siete dólares y el desayuno”, cuenta. De eso ya han pasado seis meses y ahora trabaja de “caletero” en la sección de papas: carga sobre su espalda los quintales de papas que otros compran y recibe 10 centavos por cada bulto. También le ocupan para clasificar o “clasear” las papas por 35 centavos el quintal.

Según sus cálculos es mejor trabajar allí, aunque literalmente se parta la espalda. Poco antes de dar esta entrevista se ganó 90 dólares por dos días de trabajo en los que tuvo que clasificar 200 quintales de papas y luego subirlos a un camión.

Este muchacho de 22 años, que no alcanzó a terminar la carrera en su natal Guárico, carga hasta dos quintales de papas en su espalda. “El trabajo es duro, por eso no lo quieren los ecuatorianos, pero nosotros vinimos a trabajar”, dice con una sonrisa en la cara.

Sus otros dos hermanos mayores también están en Quito y han aparcado sus profesiones para trabajar en fletes de mudanza y en la hostelería. Solo uno de ellos ha conseguido arreglar su condición migratoria y ha conseguido traer a sus hijos. El resto se concentra en trabajar y apartar unos 20 o 30 dólares cada semana para enviar a sus padres en Venezuela.

 

El hijo de ecuatorianos que volvió de Venezuela

Rodolfo Yépez es uno de los primeros venezolanos que se asentó en Solanda. Llegó al barrio porque es comerciante y empezó a ganar sus primeros dólares vendiendo productos de belleza. Pero aunque él se jura venezolano, en papeles es ecuatoriano: nació en Guayaquil y emigró con sus padres a Venezuela cuando tenía dos años. Pero este hecho no cambia lo que él siente.

“Mi esposa es venezolana, mis hijos son venezolanos, yo me siento venezolano”, asegura. La ventaja de tener papeles ecuatorianos, sin embargo, le abrió algunas puertas, sobre todo, a la hora de emprender. Llegó hace tres años y hace dos abrió una peluquería que lleva el nombre de su último hijo, Sebas.

No lo hizo solo, contó con su familia y un grupo de amigos venezolanos que decidieron impulsar una opción de autoempleo para ellos mismos y se apoyaron en una organización eclesial llamada Misión Scalabriniana.

La peluquería ganó fama en el barrio porque auspició a un equipo de basketball, formado por venezolanos y ecuatorianos, que ganaron el campeonato del barrio del año pasado. Este año, el equipo defiende el título y acaba de pasar a semifinal. Cuentan con un profesional del basketball, José Mejía, que jugó 18 años por Venezuela.

“Es talento venezolano como muchos que han venido a este país”, dice Rodolfo y añade que en el grupo que frecuenta la peluquería hay muchos profesionales, pero casi nadie trabaja en lo suyo.

Lo peor para los migrantes, a su juicio, es la explotación laboral. “Aquí lo malo es que hay mucho desempleo y se hace duro conseguir algo fijo, hay mucha gente que se aprovecha de eso y explota a los extranjeros. Yo he oído muchas historias, venezolanos que trabajan 15 días o un mes y no les pagan, les dicen que estaban a prueba y ellos no tienen a quién reclamar”.

 

Ecuador no es un país para migrar

El gobierno ecuatoriano en las últimas semanas ha hablado de la imposición de una visa humanitaria para los venezolanos, en sintonía con los países vecinos.

El canciller de Ecuador, José Valencia, dice que a mayo de este año hay 277,000 venezolanos que viven en Ecuador, pero la cifra real podría superar los 300,000 si se toma en cuenta que muchos pasaron por trochas cuando el gobierno ecuatoriano impuso la obligatoriedad de presentar en frontera el pasaporte vigente y el pasado judicial apostillado. Esta medida duró casi dos meses debido a la apelación que hizo la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional.

Esos mismos documentos, sin embargo, son requisitos para la visa y retrasan el proceso porque no son fáciles de tramitar. Según el canciller, apenas se han expedido 113,000 visas y hay otras 60,000 en trámite.

Para Javier Arcentales, abogado especialista en movilidad humana, la exigencia de esos documentos es una barrera normativa. “Sabemos de la dificultad que tiene la población venezolana para acceder a su propia documentación, sabemos que la población viaja sin documentos”.

Otra barrera normativa son las las tasas de pago para las visas o las multas. El costo normal por la visa Unasur es de 250 dólares, pero si la solicitud no se hace en los primeros 180 días de estancia se genera una multa de 788 dólares (dos salarios básicos) que se debe pagar para continuar con el trámite.

La falta de papeles arroja a los venezolanos a la informalidad, al trabajo en las calles y a enfrentamientos con otros trabajadores ambulantes. También genera explotación laboral. Un estudio hecho en barrios populares del norte de Quito por la académica Daniela Celleri señaló que un 87% de los 3,000 migrantes consultados gana menos del salario básico (396 dólares).

De eso ya han dado cuenta las organizaciones de migrantes, pero las autoridades no sancionan estas prácticas. Daniel Regalado de la Asociación Venezuela en Ecuador dice que a través de sus redes sociales conocen entre 15 y 20 casos diarios de explotación laboral.

“La explotación ha sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo, pero esta dependencia no ejerce una función sancionadora real, sino mediadora. Al explotado no le dan la razón jamás aunque presente fotos, videos y notas de voz. El explotador se limita a decir que no lo conoce y hasta allí llegamos”.

Activistas advierten que México no tiene, ni los recursos ni la infraestructura suficiente para atender, cuidar y velar por los migrantes que piden asilo en Estados Unidos y serán regresados hasta que los tribunales de justicia del vecino del norte resuelva sus casos como acordaron ambos gobiernos esta semana.

JORGE CANCINO

 

9 de junio del 2019- México sufrió la presión de Donald Trump como nunca lo había hecho anteriormente. El mandatario vecino del norte, quien además es su principal socio comercial, lo amenazó con imponer aranceles escalonados a todos los productos mexicanos si no frenaba la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en estados Unidos.

Las negociaciones parecieron interminables, hasta que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que, “gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde”.

Trump por su parte hizo lo mismo y en la misma red social. En dos mensajes, dijo: “Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas POR EEUU EL lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. ¡Gracias!”

Una parte del acuerdo dice: “Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.

De inmediato surgieron preguntas: ¿Dónde esperarán? ¿Cuánto tiempo esperarán? ¿Qué harán las cortes de inmigración de Estados Unidos, que a finales de abril tenían 892,517 casos acumulados y solo 414 jueves se hallaban en servicio?

 

Zona peligrosa

“No hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido dse sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para todos los mexicanos”, agregó.

La tercera semana de mayo Univisión Noticias reportó que, desde su implementación el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos.

La mayoría de ellos fueron regresados a Tijuana, la ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal A.C.

Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza. La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.

Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra alcanzó los 132,887.

 

La otra crisis

El atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera. A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.

Se trata de casos de inmigrantes en proceso de deportación que llevan tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas, carecen de antecedentes criminales y no representan un peligro para la sociedad.

Sessions basó la decisión en las órdenes ejecutivas sobre las jurisdicciones santuario y el muro en la frontera con México, promulgadas por Trump el 25 de enero de 2017, donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos.

Uno de los decretos, además, amplió la lista de prioridades de deportación, entre ellas los inmigrantes con orden de deportación.

Sessions prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales. La orden provocó un problema cuyas consecuencias todavía no se conocen en su totalidad.

El ahora exfiscal general y exsenador republicano por el estado de Alabama, dijo el año pasado que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que los jueces emplean desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

 

Cifras alarmantes

Si se toma como base la acumulación al 30 de abril registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

Si se agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado a los 892,517 acumulados hasta finales de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Esto significa que los 424 jueces activos tienen, en promedio, 2,935 casos cada uno.

Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que, en promedio, cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Es solo la ultima de una serie de cambios de políticas implementadas que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”, agregó.

A esta crisis, también hay que tener en cuenta las aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los dos últimos meses, abril y mayo, que suman 232,191.

“No sabemos por ahora si el gobierno contratará nuevos jueces para atender los casos de estos inmigrantes que retornarán a México”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si contratan nuevos jueces, habrá que prepararlos y eso lleva tiempo. Y una vez que se instalen en sus cortes, deberán contratar personal, y eso también lleva tiempo y cuesta dinero”.

“Ahora, si no contratan nuevos jueces y no habilitan nuevos tribunales, imagínese, esta crisis irá en aumento”, apuntó.

URUAPAN, México (AP). 2 de junio del 2019 — Cuando crezcan y maduren, los aguacates de la enorme huerta de Enrique Bautista, en el oeste de México, serán exportados.

Lo que está por verse es cuantas de esas gemas verdes llegarán a los consumidores estadounidenses en caso de que el presidente Donald Trump haga efectivo su amago de imponer aranceles a las exportaciones de México si el país no contiene la oleada de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

Los posibles aranceles de Trump afectarán más a los amantes de los aguacates en Estados Unidos que a los productores en México, afirmó Bautista. La demanda de aguacates mexicanos se ha mantenido estable: aun cuando los precios se han cuadruplicado en el año, los estadounidenses adoradores del guacamole y las tostadas acompañadas con el producto no paran de comprarlo.

Los productores en México consideran que un arancel de 5% o incluso uno de 25% aplicado a los aguacates casi no afectará sus ventas.

“Me parece que el riesgo más fuerte es para los consumidores” estadounidenses que tendrán que pagar precios más altos, dijo Bautista, de 69 años, que pertenece a la segunda generación de una familia cuyo padre fue uno de los primeros exportadores del producto, el cual se ha convertido en alimento básico en las dietas de millones de estadounidenses.

Debido a su alto consumo, los aguacates adquirieron el sobrenombre de “oro verde” en México, el mayor productor mundial en este rubro.

Estados Unidos es el principal mercado para los aguacates mexicanos, según Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés). Estados Unidos compra el 74% de las exportaciones mexicanas de aguacate, Japón al menos 6% y Canadá 7%.

“Afortunadamente el aguacate es un fruto que se demanda cada día más en el mundo; se consume en muchos otros países”, dijo Bautista, que permitió el sábado a The Associated Press un recorrido por su huerta en Uruapan, estado de Michoacán. Bautista envía toda su cosecha a Estados Unidos.

Los aguacatales en México producen 11 frutos por cada uno en California. México además produce aguacates todo el año y en California sólo durante ocho meses.

La producción en California típicamente cubre la demanda estadounidense esta época del año. Pero en 2019 la cosecha en California ha sido baja y algunos agricultores dijeron que no produjeron nada debido a la destrucción de gran parte de los aguacates antes de que maduraran a causa de las altas temperaturas sin precedentes en la zona.

La temporada del aguacate en California también comenzó tarde, así que los productores mexicanos enviaron gran cantidad de su cosecha al norte desde abril, considerada una temporada baja para el aguacate mexicano.

“Estamos viviendo un seller’s market”, afirmó Humberto Solorzano, aguacatero de tercera generación también en Michoacán, que produce 80% del producto en el país.

Un peso débil protegería a los consumidores estadounidenses de los precios más altos del aguacate en el corto plazo, consideró Solórzano, pero al final el costo de cualquier arancel sería absorbido en toda la cadena de abastecimiento, afectando principalmente a los consumidores estadounidenses. El peso perdió el viernes más de 3% de su valor frente al dólar después de que Trump anunciara en un tuit que aplicaría aranceles a todas las importaciones provenientes de México.

El viernes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió a su canciller Marcelo Ebrard a Washington para negociar una tregua y explicar las acciones de México para contener el flujo de migrantes. México ha incrementado este año los operativos contra las caravanas de migrantes que cruzan los estados sureños de Chiapas y Oaxaca. Ha deportado a miles de ellos y desilusionado a miles más que han esperado de manera indefinida por permisos que les permitan transitar por México.

El sismo, de magnitud 6.8 ocurrió en el mar durante la madrugada, a 29.8 millas de profundidad y a 41 millas de las costas de La Libertad. Como precaución, se emitió la alerta de tsunami y se procedió a evacuar a las familias de las comunidades costeras tras un incremento del oleaje. No se reportan mayores daños.

UNIVISION Y AGENCIAS

 

30 de mayo del 2019- Un fuerte sismo de magnitud 6.8 en la escala de Richter estremeció a El Salvador a las 3:03 am, hora local y activó la alerta de tsunami para el país.

Según los datos finales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador, el fenómeno ocurrió en el mar, frente a las costas de La Libertad, a 41 millas (66 kilómetros) de Playa Mizata y a 29.8 millas de profundidad.

La entidad de Protección Civil de ese país reportó que no hay afectacioens graves ni generalizadas a nivel nacional, pero anunció un proceso de evacuación en comunidades costeras, al incrementarse el oleaje después del sismo, si bien los mareógrafos no perciben ninguna variación en el nivel del mar hasta el momento.

Pero aunque no se registran variaciones notables, el MARN ha notificiado que se mantiene la probabilidad de incremento de la altura de las olas en unas 12 pulgadas (30 centímetros), así como mayores corrientes a lo largo de la costa salvadoreña.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantener la calma y tomar precauciones porque aunque puedan existir condiciones de normalidad existen posibilidades de réplicas. Hasta el momento se han registrado 16 temblores como réplicas al evento principal, con magnitudes de entre 3.3 y 4.9.

El viceministro de educación del país, Francisco Castaneda, informó en Twitter sobre la suspensión de las clases este jueves en toda la zona costera (desde Ahuachapán hasta La Unión) para evaluar posibles daños en infraestructura.

A primeras horas de la mañana se han reportado algunas casas agrietadas, un muro perimetral y deslizamiento de piedras en carreteras, sin mayores hallazgos por el momento.

En un principio, se dio información sobre el cierre de la carretera de los Chorros por posibles derrumbes, pero estos no se confirmaron así que el tráfico se ha restablecido con normalidad y se ha pedido a la población no difundir ni atender a información proveniente de fuentes dudosas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), emitió un informe en el que clasifica la magnitud del sismo en 6.6 y a una profundidad de 39.7 millas y no emite una alerta de tsunami para El Salvador.

La mayoría de los temblores que se registran en El Salvador tienen lugar en la costa del Pacífico y a gran profundidad, por lo cual suelen ser imperceptibles.

Según la agencia EFE, los últimos movimientos telúricos fuertes que se registraron en El Salvador ocurrieron en año 2001, de magnitud 7.7 y 6.6 y que dejaron un saldo de 944 y 315 muertos.

LA NACION

 

PEKÍN. 28 de mayo del 2018- China está "considerando seriamente" restringir las exportaciones a Estados Unidos de tierras raras, 17 elementos químicos que se usan en electrónica de consumo y equipos militares, según reveló el editor en jefe del Global Times de Pekín.

El aumento de la tensión ha provocado temor a que Pekín use su posición dominante como proveedor de metales raros como arma en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Un funcionario de alto rango de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China dijo a la agencia de noticias Xinhua el martes que Pekín dará prioridad a la demanda doméstica de metales raros, pero que atenderá la demanda razonable de otros países.

Si bien el funcionario del organismo nacional de planificación de China no respondió directamente si Pekín limitará las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos, el editor en jefe de Global Times, Hu Xijin, escribió en Twitter : "Sobre la base de lo que sé, China está considerando seriamente restringir las exportaciones de metales raros a Estados Unidos. China también puede tomar otras contramedidas en el futuro".

Global Times no es uno de los medios oficiales de China, pero es un tabloide muy leído y que publica el periódico del Partido Comunista Chino.

La guerra comercial entre Washington y Pekín quemó una nueva etapa con el duelo tecnológico con Huawei, el fabricante chino de teléfonos inteligentes, cuya existencia se ve amenazada tras el embargo a los "chips" electrónicos estadounidenses y la decisión de Google de cortar los lazos con este grupo.

Pero de la misma forma que Pekín depende de la tecnología estadounidense, Washington, como el resto de países, tiene una gran dependencia de algunas exportaciones chinas, como las tierras raras.

El presidente chino Xi Jinping visitó una compañía de metales raros en el sur de China la semana pasada, informaron medios estatales, suscitando especulaciones de que Pekín estaba considerando usar los productos químicos en la guerra comercial con Estados Unidos. China representó el 80% de las importaciones de metales raros de Estados Unidos entre 2014 y 2017, que los excluyó de las alzas recientes de aranceles.

"Las tierras raras son un importante recurso estratégico", aseguró Xi Jinping, según informó la agencia oficial Xinhua.

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  • "Me siento como cuando se aproxima un huracán": la amenaza de redadas masivas mantiene en alerta a los indocumentados

    Pese a que el presidente Donald Trump decidió postergar las "redadas masivas" con las que amenazó la semana pasada, el miedo tomó a las comunidades migrantes en diferentes puntos del país, donde el domingo se vieron mercados vacíos y se difundieron bulos de operaciones policiales. Ahora, se organizan para estar lo mejor protegidos que puedan si deciden llevarlas a cabo. 

    LORENA ARROYO

     

    24 DE JUNIO DEL 2019- Para Marta (nombre ficticio), una madre nicaragüense que lleva casi dos décadas residiendo en Miami, la amenaza de Donald Trump de llevar a cabo redadas masivas para sacar del país a personas que como ella y su esposo tienen órdenes de deportación final es como el acecho de un huracán.

    Por eso, el viernes pasado, esta mujer de 42 años, que prefiere mantener su nombre verdadero oculto por temor, decidió salir a comprar todo lo que necesitaba y parquear su carro en un estacionamiento lejos de su casa antes de encerrarse en su apartamento hasta que pasaran las redadas.

    "Me sentía como que se aproximaba un huracán y andábamos buscando las últimas necesidades", asegura. "Lo único que yo les dije a mis hijas fue: 'Este es el plan: Si ustedes quieren que yo esté tranquila, quiero que esa puerta se cierre a las 7 de la tarde el sábado y nadie me abra las puertas y que las ventanas estén cerradas'".

    Pese a que, según reportes de medios, las redadas debían empezar el domingo y extenderse por varios días, Trump anunció el sábado que pospondría esos operativos dos semanas a la espera de un acuerdo en el Congreso para conseguir fondos para la crisis en la frontera sur. Pero Marta dice que no ha bajado la guardia y trata de quedarse en casa siempre que puede.

    "Estos días he tratado de mantenerme tranquila. Me he enfocado mucho en agarrarme de la fe. Creo mucho en Dios, creo mucho en su protección y, pase lo que pase, estoy en sus manos", afirma. Pero aunque trata de calmarse, no ha dejado de pensar cuál es la mejor estrategia para defenderse a sí misma y a su familia. En los últimos días ha recibido ofertas de familiares y amigos para trasladarse temporalmente a sus casas y también ha pensado en mudarse próximamente para que a las autoridades migratorias les resulte más difícil encontrarla.

     

    Calles y mercados vacíos

    El temor que describe Marta ha sido una constante en las comunidades con presencia de indocumentados de todo el país, donde este fin de semana se han visto calles y mercados más vacíos de lo habitual y han surgido bulos y rumores de redadas sin confirmar.

    Según Francisco Moreno, director ejecutivo de la Federación de Confederaciones Mexicanas en California, en Los Ángeles, el temor a las redadas se reflejó principalmente en los comercios donde, asegura, el sábado parecía "un día muerto" con las "calles casi desiertas".

    Algo similar describió el periodista de Miami Danny Rivero en su cuenta de Twitter el domingo. "Mi padre fue al pulguero (flea market) de South Dade hoy donde generalmente hay muchos vendedores mexicanos, centroamericanos y haitianos", escribió. "Me dijo que estaba extrañamente vacío. Cuando preguntó a alguien qué pasaba, le dijeron que la gente tiene miedo por las redadas de ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas)".

    "Nos han estado llamado gente migrante indocumentada que podría ser afectada por estas redadas. La gente tiene miedo, está con mucha ansiedad, con muchas preguntas. Tienen miedo de que ICE va a llegar a su casa, que les va a tocar la puerta y que pueden perder todo lo que han construido en este país", asegura Thomas Kennedy, director político de Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC). "La gente no está saliendo. Ese es el tipo de efecto que tiene en nuestras comunidades. Se congela realmente nuestra comunidad".

     

    Miedo y rumores de redadas

    Además, el domingo hubo rumores de operativos de ICE que, si bien sembraron el temor en algunas comunidades, no pudieron ser confirmados.

    Ese fue el caso del área de Washington DC, donde en la mañana del domingo reportes de redadas esparcieron el miedo entre los indocumentados de la ciudad. Las organizaciones Faith in Action y LA RED dijeron en un comunicado que, si bien "las informaciones eran creíbles", por el momento no han logrado determinar su veracidad.

    "Hemos pedido a la comunidad migrante que siga vigilante, ya que Trump está decidido a deportar inmigrantes sea hoy, mañana o en dos semanas", aseguró Richard Morales, director de políticas y programas de LA RED. Para él, tanto el anuncio del presidente de las redadas como su postergación son "actos retorcidos" que ponen a las familias "como rehenes".

    Su organización, como muchas otras en el país, se preparan ahora para organizar talleres informativos para que los migrantes conozcan sus derechos y sus opciones legales para no ser deportados y proteger a sus familias.

    "Estamos empujando nuestra hotline (línea telefónica de consultas), asegurándonos que tiene voluntarios y abogados listos para responder preguntas y también informar a través de las redes sociales y de seminarios de ‘Conoce tus derechos’", explica Thomas Kennedy de FLIC. Además, su organización está ayudando a poner en contacto a voluntarios que están dispuestos a dar refugio a personas potencialmente afectadas por las redadas con migrantes que prefieren dejar sus hogares temporalmente para no ser localizados.

    Migrantes y organizaciones coinciden en que en estos momentos hay más miedo en la comunidad que nunca, pese a que, sobre el papel, el expresidente Barack Obama sigue manteniendo el récord de deportaciones durante su gobierno. En 2013, ICE llegó a repatriar a un promedio de 1,193 inmigrantes diarios frente a los 660 indocumentados diarios en 2017 con Trump.

    "La situación está un poco más peligrosa para el indocumentado en este país bajo la administración de Trump", afirma Kennedy al explicar que, en cuestión de deportaciones, el actual gobierno "se ha enfocado en inmigrantes en el interior del país, en gente ya está establecida" y ha puesto "a discreción de ICE" quién puede ser retornado.

    Pero, además, el director político de FLIC ve una gran diferencia en el tono con el que se habla de las deportaciones. "Bajo la administración de Obama aunque deportaron a mucha gente nunca lo hicieron con orgullo, siempre fue como que ellos tenían un poco de vergüenza, mientras que la administración de Trump es parte de su retórica política atacar al inmigrante y ellos sienten orgullo, publican este tipo de deportaciones", asegura.

    "Yo en la administración de Obama no me sentía amenazada", asegura por su parte Marta, la inmigrante nicaragüense de Miami que tiene orden de deportación final desde 2010 cuando, junto con su esposo, les rechazaron un caso de asilo.

    "Aunque yo sé que mucha gente inocente fue deportada, yo tenía la calma de pensar que tenía la chance de que no me deportaran si me agarran porque no tengo récord criminal", asegura. "Pero esta vez es diferente porque él (Trump) ya me está buscando a mí. Él ya está buscando al que tiene esa orden de deportación final".

  • Trump pospone dos semanas las redadas masivas contra indocumentados que empezaban este domingo

    El viernes, distintos reportes de medios que citaban fuentes del Departamento de Seguridad Nacional aseguraban que la madrugada del domingo el Servicio de Inmigración y Aduanas comenzaría a detener a inmigrantes en 10 ciudades del país. Pero el mandatario cambio la seña este sábado a pedido de los demócratas.

    UNIVISION

     

    22 DE JUNIO DEL 2019- El presidente Donald Trump anunció este sábado que a pedido de los demócratas pospone por dos semanas las redadas masivas con las que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzaría el domingo a arrestar a inmigrantes con órdenes de deportaci´on en 10 ciudades del país.

    "He retrasado el proceso de remoción de inmigración ilegal (deportación) por dos semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y buscar una solución al asilo y a los problemas en la frontera sur. ¡Si no, comienzan las deportaciones!", escribió en su cuenta de Twitter. El mandatario revirtió temporalmente la medida luego de que a inicios de semana amenazara con que "millones" de personas serían expulsadas de Estados Unidos.

    Este viernes, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que el operativo para arrestar a unas 2,000 familias de inmigrantes —conocido como 'Operación Familia'— comenzaría en ciudades como Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco. Habían dicho que duraría varios días.

    En ellas, la mayoría ciudades santuario, algunas de sus autoridades habían condenado la decisión desde el mismo día del anuncio y habían asegurado que sus policías no cooperarían con ICE ni llevarían a cabo tareas que son responsabilidad de las autoridades federales, como mantener detenidos en las cárceles a inmigrantes que el gobierno considera "deportables" a pedido de ICE.

    En el caso de Chicago, por ejemplo, su alcaldesa Lori Lightfoot ordenó incluso a la policía que bloqueara el acceso de la agencia federal a sus bases de datos. Otros pidieron a la comunidad no entrar en pánico e informarse sobre sus derechos.

    Desde inicios de la semana, el director en funciones de ICE, Mark Morgan, informó que en febrero la agencia federal había enviado cartas a unas 2,000 familias de indocumentados que llegaron recientemente al país en busca de asilo, indicándoles que quedaron sujetas a deportación tras concluir sus procesos y recibir por parte de la corte una orden de expulsión.

    Este sábado, Trump dijo a reporteros desde la Casa Blanca que el foco de las operaciones serían pandilleros de la MS-13, aunque otras autoridades habían hablado de familias. Ya en ese momento, el mandatario aseguraba que sabía que algunas de las ciudades en la mira de ICE se opondrían a la decisión.

    Pero no fueron solo los alcaldes de las ciudades target de ICE los que reaccionaron con el anuncio. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también le reclamaron al gobierno de Trump su estrategia de "seguir golpeando con miedo el corazón de nuestras comunidades", como escribió en Twitter Cecilia Wang, la subdirectora legal. ACLU —igual que hicieron la mayoría de los alcaldes— también informó de herramientas para que la comunidad indocumentada pudiera estar preparada ante las inminentes redadas anunciadas.

     

    Organización y presupuesto

    Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al tanto de los planes de la Casa Blanca y que pidieron anonimato dijeron a Univision Noticias el viernes que la organización de un plan de arrestos para deportar a miles de personas requiere un nivel de organización "enorme" que hasta ahora no se ha implementado.

    Señalaron además que las agencias involucradas en este tipo de actividades cuentan con un presupuesto mínimo que se refleja en el pedido de fondos de emergencia al Congreso que hasta ahora no ha sido aprobado.

    A comienzos de mayo, el presidente Donald Trump le pidió al Congreso otros $4,500 millones en fondos de emergencia para lidiar con la crisis en la frontera sur, donde la Patrulla Fronteriza registró en mayo la llegada de una cifra récord de inmigrantes en busca de asilo: fueron más de 130,000 en ese mes.

    De acuerdo con datos de la ICE, la agencia tiene en sus manos poco más de un millón de órdenes finales de deportación. “ Pero conocer sus paraderos requiere un complejo trabajo de inteligencia”, indicaron las fuentes.

  • ICE comenzará redadas de inmigración en 10 ciudades el domingo

    Por Priscilla AlvarezGeneva SandsMaría Santana

     

    (CNN). 21 de junio del 2019- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) está presionando para arrestar y deportar a familias con orden de expulsión por parte de la corte en 10 ciudades a partir del domingo, según un alto funcionario de inmigración, después de que un tuit del presidente Donald Trump revelara que una operación era inminente.

    Pero el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, ha dudado acerca de unos elementos de la operación, según dos fuentes familiarizadas con su punto de vista.

    ICE dijo que estaba considerando opciones para arrestar y deportar a las familias que han pasado por sus procedimientos legales, pero se ha abstenido de proporcionar públicamente el alcance y calendario de la operación, lo que, según los funcionarios, podría conducir a una situación en la que una familia es separada y podría causar una reacción violenta en contra el departamento.

    Para ese fin, el tuit de Trump del lunes por la noche sobre que ICE, el brazo de ejecución del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se estaba preparando para deportar a “millones” de inmigrantes indocumentados la próxima semana fue sorprendente, dada la cifra y la decisión de revelar una operación antes de su ejecución.

    “Si estás aquí ilegalmente, debes ser retirado”, dijo el miércoles a los reporteros el director interino de ICE, Mark Morgan, durante una llamada sobre el tuit del presidente. “Y en este caso, eso incluye a las familias”.

    Un alto funcionario del gobierno le dijo a CNN que la operación había sido planeada hace algún tiempo, pero que el tuit puso la operación como prioridad.

    “Ciertamente, el tuit del presidente ayudó a priorizar las cosas para la gente”, dijo el funcionario, y agregó que había habido un debate interno sobre la coyuntura, en medio de las negociaciones con el Congreso sobre financiamiento adicional y el próximo presupuesto de 2020.

    El funcionario agregó que “ha habido un esfuerzo por comunicar lo que es probable que ocurra, sin decir específicamente cuándo y dónde”, en contra de la política de “tolerancia cero” que se realizó sin previo aviso a los medios de comunicación o al Capitolio.

    Agentes de campo en las oficinas locales están recibiendo reuniones informativas y capacitaciones, de acuerdo con un alto funcionario de inmigración. También se están haciendo preparativos para las familias con estatus de inmigración mixta: por ejemplo, si un padre es indocumentado, pero tiene un hijo ciudadano estadounidense.

    “Debido a la sensibilidad del orden público y la seguridad del personal de Inmigración y Aduanas de EE.UU., la agencia no ofrecerá detalles específicos relacionados con las operaciones de cumplimiento en curso antes de la conclusión de esas acciones”, dijo ICE en un comunicado el viernes.

    Los funcionarios han expresado preocupaciones acerca de que la operación se perciba como una separación de las familias nuevamente, aunque Morgan dijo el miércoles que “nuestro objetivo no es separar a las familias”.

    La intención, dijo Morgan, es disuadir a los migrantes de venir a la frontera entre México y Estados Unidos, y se espera que la operación incluya a las familias que se encuentran con un expediente judicial expedito.

    2.000 personas en la mira

    El año pasado, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa las cortes de inmigración de la nación, anunció que había comenzado a rastrear los casos de familias presentados por el Departamento de Seguridad Nacional en 10 lugares de las cortes de inmigración: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.

    Los casos se están acelerando para tratar de procesar a las familias en menos de un año.

    Morgan dijo que ICE había trabajado estrechamente con el Departamento de Justicia en el expediente de las familias y que los “resultados fueron muy decepcionantes”, afirmando que algunas familias no han asistido a sus audiencias de inmigración.

    En febrero, ICE envió alrededor de 2.000 cartas a familias que ya habían recibido órdenes finales de expulsión en ausencia por parte de los jueces, pidiéndoles que se presentaran a las oficinas locales de ICE en marzo para cumplir con las órdenes, dijo Morgan. Se espera que la próxima operación se dirija a aproximadamente 2.000 personas, según el funcionario superior de inmigración.

    Una vez que se realicen los arrestos, es probable que las familias sean trasladadas a los centros de detención residenciales para familias de ICE, ya que la agencia trabaja con los consulados para obtener los documentos de viaje, según el funcionario. Algunas personas probablemente apelarán sus casos, pero eventualmente algunas serán expulsadas.

    El funcionario agregó que cuando hay niños ciudadanos de EE.UU. en la familia, a los padres se les colocará un brazalete en el tobillo y se les permitirá quedarse con ese niño para permitir que los asuntos se ordenen mientras otros miembros de la familia indocumentados permanecen bajo custodia, agregó el funcionario; nadie quiere una situación en la que un niño se quede solo.

    Los grupos de defensa dicen que se están movilizando a partir del domingo en anticipación de una próxima operación.

    Morgan, quien asumió el cargo de director interino hace semanas, hizo hincapié en que no ha habido un cambio de dirección para la agencia, sino una continuación de su política de no excluir a ningún grupo demográfico para el arresto y la deportación. Se espera que la operación abarque la aplicación en el lugar de trabajo, así como las familias con orden de expulsión de la corte y los individuos con órdenes finales de expulsión.

    CNN informó por primera vez el mes pasado que el gobierno había estado considerando la posibilidad de deportar a familias de migrantes con retiros ordenados por la corte en un intento de “enviar un mensaje” a los contrabandistas, según un alto funcionario del gobierno.

    Como parte de la consideración, el gobierno había estado estudiando una operación iniciada en los últimos años de la presidencia de Barack Obama, y revivida en el primer año en el cargo de Trump, que también se dirigía a las unidades familiares. Obama inicialmente se centró en los delincuentes.

     

    Un plan con meses de planeación

    El año pasado, a solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia elaboró el expediente de familia expedito de la corte o el llamado “expediente cohete”, según un ex funcionario del gobierno.

    “El objetivo era llegar a la consecuencia más rápido”, de modo que “las personas obtuvieran sus audiencias, se les ordenara que se retiraran, y luego una cantidad significativa” de personas volverían a ser custodiadas por el ICE y serían expulsadas de EE. UU., dijo el funcionario.

    En algún momento alrededor de marzo, los funcionarios de ICE tomaron pasos de planificación adicionales. El ex director interino de ICE, Ron Vitiello, tuvo varias conversaciones sobre una posible operación con la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien en ese momento solicitó información adicional, según el funcionario. Pero antes de que el DHS estuviera completamente preparado para llevar a cabo la operación, tanto Nielsen como Vitiello abandonaron el gobierno en medio de una purga de los principales funcionarios del DHS en abril.

    Se entendió que una operación dirigida a las familias sería “dura y difícil” para todos los involucrados, dijo el funcionario.

    “Vas a un hogar que es una familia y tal vez el padre está presente, pero la madre no, o viceversa. Las personas están bajo atención médica. Otros miembros de la familia pueden estar en situación legal”, dijo el ex funcionario. “Hay muchas cosas que considerar en una situación como esta”.

    Además, también hubo discusiones sobre la separación familiar y si esta operación cumpliría con las órdenes judiciales actuales, así como con la orden ejecutiva del presidente para poner fin a la separación familiar.

     

    Trump dobló la apuesta con respecto al combate de la inmigración ilegal

    El tuit de Trump sobre una operación masiva se produjo la víspera de su mitin de reelección.El presidente había hecho de la inmigración ilegal una piedra angular de su campaña de 2016 y parecía estar volviendo a ese mensaje horas antes de subir al escenario en Orlando.

    Pero las deportaciones masivas que advirtió anteriormente no se han materializado y los números de deportación se han quedado atrás respecto a los observados durante la presidencia de Obama.

    Según los datos de ICE, las deportaciones aumentaron alrededor del 13% entre el año fiscal 2017 y el año fiscal 2018, cuando se deportaron 256.085 personas. Eso sigue siendo significativamente menor que el número de personas deportadas durante el año fiscal 2012, cuando el gobierno de Obama deportó a más de 400.000 personas.

    Las limitaciones de personal y las restricciones presupuestarias generalmente limitan la cantidad de personas que EE. UU. puede detener y deportar, y la rapidez con la que se produce el proceso. Deportar a millones de personas costaría mucho más de lo que permite el presupuesto actual de Inmigración y Control de Aduanas, y requerirá una gran cantidad de recursos.

    El gobierno sostiene que el cumplimiento interior disuadirá a los migrantes de viajar a la frontera sur. La oleada de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera en los últimos meses ha superado al DHS. Solo en mayo, cerca de 133.000 migrantes fueron arrestados por cruzar ilegalmente la frontera, según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza, incluidos más de 11.000 niños no acompañados. Muchos de ellos se entregan a la Patrulla Fronteriza.

    En una solicitud de presupuesto de emergencia realizada el mes pasado, la Casa Blanca está buscando 4.500 millones de dólares más del Congreso “para abordar la crisis humanitaria y de seguridad inmediata en la frontera sur de Estados Unidos”, incluidos 33,7 millones de dólares más para financiar el transporte y expulsión de ICE, y más de 340 millones de dólares para financiar miles de camas más en centros de detención para inmigrantes.

    Pero esa solicitud aún se está abriendo camino en el Congreso, y es probable que enfrente un rechazo, particularmente de los demócratas de la Cámara de Representantes que han señalado repetidamente sus preocupaciones sobre el enfoque del gobierno de Trump en la aplicación de la ley de inmigración.

    Catherine Shoichet de CNN contribuyó a este informe.

     

  • Nueva York aprueba ley para otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados

    El gobernador Cuomo firmó la ley unas horas después de ser aprobada por el Senado. Ahora, tardará 180 días en entrar en vigor y las primeras licencias estarán disponibles en diciembre.

    UNIVISION

     

    17 de junio del 2019- A solo unas horas de ser aprobada por el Senado estatal, el gobernador Andrew Cuomo firmó el lunes por la noche una ley que otorga licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados.

    La llamada Ley Greenlight, auspiciada por el asambleísta Marcos Crespo y el senador Luis R. Sepúlveda, ya contaba con la aprobación de la Asamblea desde la semana pasada y esta noche también obtuvo la aprobación del Senado con 33 votos a favor.

    La acción de Cuomo se dio a pesar de comentarios que el mandatario hizo esta mañana de que no firmara la legislación hasta asegurarse de que no se compartirá la información de los solicitantes, con el gobierno federal.

    Cuomo pidió a la Procuradora General Barbara Underwood --la principal fiscal general del estado-- que revisara la medida por posibles problemas de seguridad. En una entrevista en la radio en la emisora WAMC, el mandatario dijo que temía que se se pudiese crear una base de datos que los federales utilizarían para localizar a personas indocumentadas".

    Sin embargo, la Fiscal General, Tish James, dijo en una declaración que el proyecto de ley es legalmente sólido.

    Bajo la nueva ley, una persona podrá comprobar su identidad usando documentos como un pasaporte extranjero, una tarjeta de identificación del consulado, un certificado de nacimiento y varios otros documentos.

    La ley tardará 180 días en entrar en vigor y las primeras licencias estarán disponibles en diciembre.

    Se espera que la ley benefice a unos 250,00 conductores indocumentados y que inyecte millones de dolares a la economía del estado.

  • Trump amenaza con deportar a "millones" de inmigrantes indocumentados a partir de la próxima semana

    "Serán expulsados tan pronto como lleguen", dijo el presidente en una publicación de Twitter en la que también celebró los esfuerzos de México por contener la inmigración centroamericana. Además, adelantó que Guatemala se alista a firmar un acuerdo de tercer país seguro.

    UNIVISION

     

    18 de junio del 2019- El presidente Donald Trump anunció la noche de este lunes a través de su cuenta de Twitter que la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzará a deportar a "millones" de inmigrantes indocumentados a partir de la próxima semana.

    "La próxima semana, ICE comenzará el proceso de remover a millones de extranjeros ilegales que ilícitamente han encontrado su camino hacia Estados Unidos. Serán expulsados tan pronto como entren", escribió Trump en Twitter.

    En un segundo mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que Guatemala se prepara a firmar un acuerdo que lo convertiría en tercer país seguro, en el que los solicitantes de asilo puedan esperar una respuesta a sus requerimientos, tema que para el gobierno México aún se encuentra en debate.

    "México, utilizando sus leyes de inmigración de manera firme, esta haciendo muy buen trabajo para detener a las personas mucho antes de que lleguen a nuestra frontera sur. Guatemala se está preparando para firmar un acuerdo de tercer país seguro", escribió Trump en otro tuit.

    Hasta el momento, no ha quedado claro el significado de las declaraciones emitidas por Trump a través de la red social Twitter. ICE no ha anunciado operaciones sobresalientes para las próximas semanas y la Casa Blanca tampoco ha emitido un comunicado.

    Trump y Stephen Miller, su más radical asesor en materia de inmigración, han estado presionando a los oficiales de Seguridad Nacional para que arresten y expulsen a miles de familiares cuyas órdenes de deportación fueron aceleradas por el Departamento de Justicia este año, indica un reporte del diario The Washington Post.

    El anuncio de Trump tiene lugar en un momento en el que México vive una crisis migratoria y para resolverla alcanzó un acuerdo con la Casa Blanca el pasado 7 de junio en el que el gobierno mexicano se comprometió a reducir en 45 días el flujo migratorio que atraviesa su territorio con destino a Estados Unidos; de lo contrario Washington anunció que tomaría otras medidas.

    Como parte del acuerdo, México anunció el despliegue de 6,000 elementos de la recién creada Guardia Nacional en su frontera sur para contener la afluencia de migrantes centroamericanos.

    El plan celebrado entre los países vecinos evitaría aranceles planificados del 5% sobre el total de las importaciones mexicanas.

    El reciente anuncio de Trump se produce después de que el Departamento de Estado informara que condicionará la entrega de ayuda para El Salvador, Honduras y Guatemala a que sus gobiernos adopten "acciones concretas" para reducir el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

    "No vamos a entregar nuevos fondos para programas de estos países hasta que estemos satisfechos con las acciones concretas tomadas por los gobiernos del Triángulo Norte para reducir el número de migrantes ilegales que vienen a la frontera con Estados Unidos", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. citado por la agencia AFP.

     

  • Sigue la espera para los dreamers: Corte Suprema retrasa su decisión sobre DACA

    El máximo tribunal de justicia debe decidir si toma el caso para el próximo año y tiene de plazo previsiblemente hasta el próximo lunes. DACA, creado por Barack Obama en 2012, fue cancelado por Trump en septiembre de 2017, pero se mantiene vigente por orden de los tribunales de justicia que lo restablecieron casi en su totalidad, excepto para los dreamers que no se encontraban registrados.

    JORGE CANCINO

     

    17 de junio del 2019- Se pensaba que iba a ser este lunes, pero no. La Corte Suprema aún no ha decidido si analizará la legalidad de DACA en el próximo año y ahora previsiblemente tendrá hasta el lunes de la próxima semana para deliberar y anunciar su decisión sobre este programa que protege a cerca de 700,000 soñadores.

    "La información que tenemos es que la Corte Suprema no ha tomado aún una decisión respecto a incluir la revisión de DACA en el ejercicio 2020", dijo a Univision Noticias Juan Manuel Guzmán, director de polìticas de United We Dream (UWD). "Este jueves los magistrados volverán a revisar la petición y esperamos un anuncio el próximo lunes respecto a si tratarán el tema durante el período del próximo año", agrego."

    El pasado jueves la Corte Suprema de Justicia se reunía para determinar si analizaba el próximo año la legalidad del programa llamado Ación Diferida de 2012 (DACA) y que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir 16 años y se les conoce como dreamers.

    Activado por el entonces presidente Barack Obama, el programa, que además otorga una autorización de empleo (EAD), fue cancelado el 5 de septiembre de 2017 por orden del presidente Donald Trump en cumplimiento de una promesa de campaña.

    Pero en enero de 2017 una corte de California revirtió la decisión del mandatario y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) restituir el beneficio en los mismos términos que se encontraba antes de ser caducado, excepto para jóvenes que antes no se habían inscrito.

    Entre los meses de febrero y abril del año pasado otros dos tribunales, uno de Brooklyn y otro de Washington DC, también fallaron a favor de DACA propinándole un duro golpe a la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del mandatario.

     

    La contrademanda

    En respuesta a los fallos favorables, Texas y otros 9 estados gobernados por republicanos demandaron al programa en una corte federal de Houston.

    Contrario a lo esperado por los demandantes, en agosto la corte presidida por el juez Andrew S. Hanen determinó que los detractores no pudieron demostrar que la continuación del programa causaría un daño irreparable y argumentó que se haría más daño a los beneficiarios de DACA si perdieran el beneficio.

    El dictamen, además, fijó un plazo de 21 días para que los demandantes activen cualquier proceso de apelación al señalar que DACA es “probablemente ilegal”, pero los estados desistieron de este derecho.

    En febrero de 2015 Hanen detuvo la entrada en vigor de un beneficio similar aprobado por Obama que amparaba de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de residentes legales permanentes y ciudadanos bajo un programa denominado DAPA.

     

    La apelación de Trump

    En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que se ocupe del caso para que el gobierno elimine gradualmente el programa.

    Los abogados del Departamento de Justicia intentaron, con este paso, eludir los tribunales de apelación federales que aún no se han pronunciado definitivamente sobre el futuro de DACA.

    Dos meses más tarde, en enero de este año, el máximo tribunal de justicia anunció que se mantendrá al margen del debate jurídico hasta que los tribunales inferiores actúen.

    Tres meses después, en mayo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito dictaminó que el gobierno de Trump actuó de manera “arbitraria y caprichosa” al tratar de cancelar el programa.

    Los magistrados, en una decisión de 3-2, señalaron que el gobierno violó la ley federal al tratar de poner fin al programa sin explicar debidamente por qué.

     

    Doble derrota

    La decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anuló un dictamen de un tribunal menor en Maryland del año pasado, que Trump había elogiado en Twitter.

    La corte de Maryland consideró legal la decisión tomada en septiembre de 2017 por el presidente Donald Trump de acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Sin embargo, el fallo no afectó la reactivación del programa ni la renovación de permisos de trabajo para sus beneficiarios, pues el caso permanece en litigio en una corte superior.

    El juez Roger W. Titus explicó en su decisión, de 30 páginas, que Trump tenía la autoridad para acabar con el programa y que el Congreso de Estados Unidos es el único que puede hacer cambios en las leyes de inmigración.

    Agotadas las instancias judiciales, el gobierno acudió nuevamente a la Corte Suprema para que revise el programa. La decisión de incluirlo en la lista de debates del 2020 se tomará este jueves.

     

    Proyecto de ley

    A comienzos de este mes los demócratas de la Cámara de Representantes, liderados por la congresista Nancy Pelosi (California), aprobaron por 237 votos a favor y 187 en contra, el proyecto de Ley de Sueños y Promesas 2019, que daría estatus legal de permanencia a miles de dreamers y otros miles de indocumentados protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS).

    La iniciativa de ley incluye un camino hacia la regularización migratoria de más de 2 millones de dreamers y unos 450,000 beneficiarios del TPS y DED, quienes primero recibirían una residencia condicionada y al cabo de un tiempo calificarían para levantar las restricciones y convertirse en residentes legales permanentes.

    Cinco años después de obtenida la green card o tarjeta verde, el beneficiario será elegible para solicitar la naturalización y convertirse en ciudadano estadounidense.

    La Casa Blanca ha advertido que vetará el proyecto de ley si no incluye las exigencias del mandatario sobre seguridad fronteriza, la construcción del muro en la frontera con México y el freno a la inmigración indocumentada, entre otros.

    Para ser aprobado el plan en el Senado se requieren 60 votos y los demócratas solo cuentan con 45. Los republicanos no han confirmado si respaldarán la iniciativa.

     

  • La USCIS exigirá reembolsos totales a los patrocinadores si los inmigrantes reciben beneficios públicos

    Cada dólar deberá ser devuelto. Esta es la primera instrucción del nuevo director de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, Ken Cuccinelli, quien destacó que ahora los agentes deberán recordarle a los inmigrantes que si llegan a recibir algún beneficio público, sus patrocinadores deberán devolver el monto total recibido.

    JORGE CANCINO

     

    15 de junio del 2019- El nuevo director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, ordenó a los empleados de la agencia que recuerden en cada trámite que los patrocinadores deberán “reembolsar a la agencia por cada dólar de beneficios que reciban los inmigrantes”.

    Ken Cuccinelli, un duro en inmigración que asumió esta semana el control de la agencia en reemplazo de Lee Francis Cissna, recordó en un comunicado que el pasado 23 de mayo el presidente Donald Trump “emitió un Memorando Presidencial sobre el cumplimiento de las responsabilidades legales de los patrocinadores de extranjeros”.

    “El memo indica a las agencias federales relevantes que actualicen o emitan procedimientos, guías y regulaciones para hacer cumplir la ley vigente y garantizar que los inmigrantes no elegibles no reciban beneficios federales”, indicó.

     

    Tolerancia cero

    Cuccinelli agregó que la orden de Trump también destaca “el compromiso del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración existentes y proteger al contribuyente estadounidense”.

    “Como parte de la implementación de este memorando por parte de USCIS, ahora se requerirá que los agentes le recuerden a las personas en las entrevistas durante sus procesos de ajuste de estado migratorio de las responsabilidades de sus patrocinadores según las leyes y regulaciones existentes”, precisó.

    La instrucción dictada por Cuccinelli, la primera desde que asumió el cargo el lunes tras la salida de Cissna, quien fue despedido por Trump, destaca que los agentes de la USCIS deberán recordarle a los solicitantes de un beneficio migratorio y a los patrocinadores, “que la declaración jurada de respaldo es un contrato legal y ejecutable entre el patrocinador y el gobierno federal”.

    “El patrocinador debe estar dispuesto y ser capaz de respaldar financieramente al inmigrante que se propone según lo estipulado por la ley y los reglamentos. Si el inmigrante patrocinado recibe algún beneficio público federal, se espera que el patrocinador le reembolse a la agencia que otorga los beneficios cada dólar recibido por el inmigrante”, escribió Cuccillenni.

     

    La orden de Trump

    El memorando del 23 de mayo es parte de la política migratoria de tolerancia cero implementada por Trump desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.

    La proclama ordena que quienes patrocinen a inmigrantes reembolsen al gobierno si estos usan fondos públicos.

    La ley actual señala que "el patrocinador, sea un residente legal permanente o un ciudadano, que respalda una solicitud de residencia de un extranjero, es responsable durante 10 años o hasta que el extranjero se convierta en ciudadano de los gastos que este incurra por uso de ciertos beneficios públicos", explica el abogado Alex Gálvez.

    La orden establece que las agencias del gobierno aplicarán completamente las restricciones establecidas por la ley actual sobre el uso de programas de asistencia social en base a los ingresos por parte de no ciudadanos.

    Trump exigió a las agencias que regulan beneficios de asistencia, entre ellos el servicio de inmigración y el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), que elaboren y emitan recomendaciones y orientaciones “para garantizar que los pagos de bienestar basados en los ingresos se recuperen del patrocinador”.

    “Hasta ahora no existía un protocolo claro para identificar a los patrocinadores y determinar los montos de las deudas a cobrar”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, que colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

     

    Cambios por venir

    El director de la USCIS también dijo que “durante los próximos meses las agencias federales desarrollarán e implementarán orientación sobre el memorando presidencial para asegurarse de que las agencias cumplan con estos requisitos”.

    Trump fijó un plazo de 90 días para que las agencias encargadas de otorgar beneficios públicos que utilizan inmigrantes elaboren y entreguen recomendaciones y emitan orientaciones.

    “En la USCIS haremos nuestra parte y estamos trabajando activamente para implementar la directiva del presidente con nuestros socios federales, incluso mediante la actualización de políticas y regulaciones”, dijo Cuccinelli.

    El funcionario agregó que “continuamos avanzando en la directiva del presidente para hacer cumplir la acusación pública de inadmisibilidad, que busca garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de sus familias, sus patrocinadores y organizaciones privadas en lugar de recursos públicos”.

    “El presidente ha dado prioridad a garantizar que cada individuo que busca venir a Estados Unidos sea autosuficiente, temporal o permanentemente. El principio de autosuficiencia ha sido consagrado en nuestras leyes de inmigración desde el siglo XIX, y nosotros, como agencia, debemos asegurarnos de que los inmigrantes que se convierten en parte de este gran país cumplan con este principio”, puntualizó.

    Cuccinelli es un abierto defensor de la política migratoria de Trump que busca establecer una reforma basada en un fuerte componente de seguridad, incluido la construcción de un muro en la frontera con México, poner fin a la inmigración indocumentada y establecer una inmigración legal basada en méritos, entre otros.

    El nuevo director interino de la USCIS, además, ha respaldado iniciativas de ley para negar la ciudadanía automática por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados.

     

  • En busca de migrantes: cómo la presión de EEUU activó antes de tiempo a la nueva Guardia Nacional de México

    La orden que tienen los agentes, junto con Policías Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración, es detener a toda persona que no cuente con documentación que acredite su estancia legal en México.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 17 de junio del 2019- Desde el sábado por la noche, militares con distintivos de la Guardia Nacional vigilan varios puntos, caminos y veredas de la sierra del estado de Chiapas donde regularmente pasan, a ciertas horas del día, vehículos de carga y autobuses con migrantes centroamericanos a bordo.

    La orden que tienen los agentes, junto con Policías Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración, es detener a toda persona que no cuente con documentación que acredite su estancia legal en México y en esa labor revisan vehículos de transporte público y privado.

    La agencia de noticias The Associated Press presenció a alrededor de 10 soldados armados en un puesto de revisión cerca de Ciudad Cuauhtémoc en el estado de Chiapas. Los efectivos portaban brazaletes negros que los identificaban como miembros de la Guardia Nacional. El personal castrense detuvo vehículos para que los agentes de migración revisaran identificaciones y retiraran a los pasajeros que no portaran documentos.

    En otro retén, apenas al norte de Comitán, también en el estado de Chiapas, más de una decena de supuestos miembros de la Guardia Nacional patrullaban caminos rurales, ocultos entre la lluvia y la oscuridad, en busca de migrantes y traficantes de personas.

    Según lo que han declarado las autoridades, los migrantes son llevados a las estaciones migratorias para ser asistidos y saber si, en algunos casos, cuentan con documentación para entrar al país.

    De acuerdo con la agencia de noticias EFE y medios mexicanos, los operativos y las revisiones ocurren principalmente en comunidades fronterizas como Carmen Xhán, El Jocote , Frontera Comalapa, Motozintla y La Trinitaria, las cuales corresponden a los municipios de Comitán-Margaritas.

    En tanto, la Policía Naval inició la vigilancia de los márgenes del río Suchiate y también hizo presencia en calles y parques de la ciudad de Tapachula. En días anteriores se podía ver a migrantes siendo transportados en balsas al otro lado del río sin que las autoridades mexicanas intervinieran.

    Además de vigilar las rutas que siguen los migrantes, los agentes vigilan el paso de traficantes con mercancía ilegal.

    El domingo a las afueras de Comitán, varios soldados y policías que se identificaron como miembros de la Guardia Nacional estuvieron a cargo de los retenes.

    En uno de ellos, el agente migratorio José Ángel Ramírez acogió la ayuda de la Guardia Nacional.

    “Nosotros no tenemos como detener a tantos y los traficantes pasan por todos lados”, dijo Ramírez a la agencia AP, quien era el único agente en turno en este punto de revisión.

    El sábado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que agentes de laGuardia Nacional, Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, detuvieron en Veracruz cuatro tráileres en los que viajaban 791 migrantes centroamericanos que viajaban en condiciones de hacinamiento y sin documentos.

    Los agentes detuvieron a los cuatro tráileres sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, en el sur del estado de Veracruz.

    Los migrantes habitualmente son transportados por México en atestados camiones de carga, y algunas veces bajo condiciones extremas, sin alimento o agua ni aire suficiente para respirar.Un video difundido por el gobierno muestra a los agentes mientras rompen el candado de la puerta de uno de los remolques para liberar a los migrantes.

    La dependencia describió las detenciones y arrestos en Veracruz como parte de la estrategia implementada por el nuevo comisionado, Francisco Garduño. El exdirector de prisiones asumió el cargo el viernes, que asumió de un sociólogo y un académico.

    Desde hace tiempo, los soldados mexicanos tienen autorización para inspeccionar vehículos en busca de drogas o armas, explicó uno de los elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, ahora pueden detener a los conductores o a quien se sospeche de colaborar con el traslado de inmigrantes por territorio mexicano.

     


    Los residentes de Comitán señalan que a menudo los camiones eluden los retenes por la noche.“Nosotros no podemos saber que llevan dentro”, dijo el agente migratorio Julio Velasco. Las autoridades mexicanas han instalado barricadas adicionales en los últimos días para abarcar mayor territorio.

    La Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad formado por policías federales, militares y marinos- entrará oficialmente en funciones en México el 30 de junio, pero debido al choque diplomático con Estados Unidos y su amenaza de imposición de aranceles, México tuvo que acelerar su presencia en la frontera sur del país donde despliega a unos 6,000 agentes.

  • “Me ha hecho llorar a mares”: una madre y su hijo se reencuentran 30 años después de perder contacto

    Esta madre no veía a su hijo desde que le dijo adiós en El Salvador en noviembre de 1989. Unos meses después de que él llegó a Los Ángeles le perdió el rastro y con el tiempo se resignó creyendo que ya había muerto. Su consulado lo reunió con sus hermanos el 8 de mayo y este viernes, la madre viajó a esta ciudad para volver a ver a su hijo.

    ISAIAS ALVARADO

     

    CAMARILLO, California. 14 de junio del 2019– Olga Escalante, de 77 años, se bajó lentamente de un vehículo, se secó las lágrimas con un pañuelo y caminó hacia el hijo que daba por muerto. Durante 30 años no supo dónde estaba y varias veces pensó que quizás su final había sido la fría morgue de Los Ángeles. “Tanto tiempo, Wilfredo”, exclamó ella entre sollozos mientras ambos se fundían en un abrazo este viernes en Camarillo, en el sur de California.

    “Me ha hecho llorar a mares”, expresó Escalante, quien este viernes viajó a Los Ángeles para confirmar que finalmente había localizado al mayor de sus hijos, Wilfredo Vides. Lo volvió a estrechar entre sus brazos después de aquella despedida en 1989, cuando él emigró a California. “Ese abrazo nunca se me olvidó. Todos los años me acordaba de él”, contó ella.

    A Wilfredo, de 50 años, le perdieron la pista unos meses después de que viajó a Estados Unidos hace tres décadas, huyendo de la guerra civil en su natal El Salvador.

    “Yo no sabía cómo hallarlos. Yo preguntaba a toda la gente: ¿dónde están?”, expresó con lágrimas Wilfredo, aún emocionado por el encuentro con su madre. “Me siento contento, feliz, con menos peso en el cuerpo. Porque me sentía muy mal, porque cada Día de las Madres lloraba yo”.

    Wilfredo se reencontró primero con sus hermanos el 8 de mayo en su casa en la ciudad de Camarillo. Ese día tuvieron que conformarse con una videollamada que le hicieron a su madre. Para traerla, esta familia hizo una colecta entre sus familiares y conocidos, incluyendo empleados de Univision 34.

    Hace un mes, Escalante no daba crédito cuando volvió a ver a su hijo en la pantalla de un celular.

    Este viernes, apenas se apartó de su hijo le pidió que le enseñara el dedo que le aplastó una piedra cuando era niño. “Él es, él es”, dijo ella en tono de broma apenas vio la profunda cicatriz. “Lo dudaba yo, decía: ‘hasta que mire el dedo voy a creer que es cierto’”. Wilfredo dejó de llorar y soltó una carcajada.

    ¿Por qué no supieron nada de Wilfredo por tanto tiempo? El inmigrante relata que recién llegado a Los Ángeles envió un par de cartas a su madre, pero pocos meses después perdió la comunicación con ella. No sabía que sus familiares se mudaron a otro lugar que les vendieron en El Salvador y dejaron de recibir su correspondencia. Mientras que él, por su situación migratoria, jamás regresó a su país.

    Se distanció aún más cuando él cambió de domicilio y de número telefónico. Todo empeoró porque cayó en el vicio del alcohol. Además, es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. Sus hermanos lo trataron de localizar en Facebook, pero no tiene una cuenta en esa red social.

    La señora Olga asegura que cuando anteriormente vino a visitar a sus hijos, ella sentía ganas de llorar cada que pasaba por la ciudad de Camarillo. “Decía yo: ‘aquí está mi Wil’. Lloraba. Me preguntaban: ¿por qué lloras, mamá?’. No, por nada, les respondía”, relató ella.

     

    Así fue el primer reencuentro de los Vides

    Tenía 21 años aquel 23 de noviembre de 1989 cuando abandonó su país para que no lo reclutaran por la fuerza los militares o los guerrilleros. Su hermano Walter tenía 17 y su hermana Concepción 9. Él no sabía que desde hace más de 10 años ellos han vivido en el Valle de San Fernando, a unas 37 millas de distancia de Camarillo, donde tiene su hogar Wilfredo.

    De hecho, Walter trabajó durante cinco años a un par de millas de la residencia de su hermano. Pero jamás coincidieron en ningún lado. Paradójicamente, estando uno tan cerca del otro, Walter no dejaba de buscarlo en las redes sociales y una vez llamó a un programa de radio pidiendo ayuda al público.

    Wilfredo, por su parte, preguntaba una y otra vez en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles si podían hacer algo para localizar a sus seres queridos. “Ya pasó mucho tiempo”, le decían en la sede diplomática. Pero jamás se conformó con esa respuesta y siguió intentando.

    El pasado 6 de mayo tramitaba una identificación en el consulado y volvió a pedir que le ayudaran. Esa vez lo atendió un funcionario que aceptó entrar a la base de datos del gobierno y encontró información de sus familiares en Los Ángeles. De inmediato les llamó. Así se logró este reencuentro.

    “Este es el fruto de nuestro trabajo”, expresó el cónsul salvadoreño Alejandro Letona, quien fue clave para el encuentro de los Vides. “Qué alegría que esta familia está unida después de 30 años”, agregó este viernes, luego de presenciar el abrazo de Wilfredo y su madre.

    Unas horas después de aquella llamada desde el Consulado se vieron Wilfredo y Walter en Camarillo. Dos días después, el 8 de mayo, Concepción abrazó y besó a su hermano con el rostro empapado de lágrimas. Se tomaron varias fotos para documentar la reunión, como si temieran volverse a separar otra vez.

    Este viernes, los cuatro posaron juntos por primera vez frente a una cámara: cuando vivían en El Salvador solo tenían un par de fotos individuales. “Estoy feliz, mi madre tenía una agonía de no ver a su hijo. Gracias a Dios ya estamos los cuatro juntos de nuevo”, dijo Concepción.

    Curiosamente, los Vides se volvieron a ver en la víspera de los festejos del Día de la Madre. La visita de su madre ocurre poco antes del Día del Padre. Este fin de semana les sobrarán motivos para celebrar.

    “Quiero pasear, llévenme al bufet”, pidió la señora Olga con una gran sonrisa.

    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

  • “Me ha hecho llorar a mares”: una madre y su hijo se reencuentran 30 años después de perder contacto

    Esta madre no veía a su hijo desde que le dijo adiós en El Salvador en noviembre de 1989. Unos meses después de que él llegó a Los Ángeles le perdió el rastro y con el tiempo se resignó creyendo que ya había muerto. Su consulado lo reunió con sus hermanos el 8 de mayo y este viernes, la madre viajó a esta ciudad para volver a ver a su hijo.

    ISAIAS ALVARADO

     

    CAMARILLO, California. 14 de junio del 2019– Olga Escalante, de 77 años, se bajó lentamente de un vehículo, se secó las lágrimas con un pañuelo y caminó hacia el hijo que daba por muerto. Durante 30 años no supo dónde estaba y varias veces pensó que quizás su final había sido la fría morgue de Los Ángeles. “Tanto tiempo, Wilfredo”, exclamó ella entre sollozos mientras ambos se fundían en un abrazo este viernes en Camarillo, en el sur de California.

    “Me ha hecho llorar a mares”, expresó Escalante, quien este viernes viajó a Los Ángeles para confirmar que finalmente había localizado al mayor de sus hijos, Wilfredo Vides. Lo volvió a estrechar entre sus brazos después de aquella despedida en 1989, cuando él emigró a California. “Ese abrazo nunca se me olvidó. Todos los años me acordaba de él”, contó ella.

    A Wilfredo, de 50 años, le perdieron la pista unos meses después de que viajó a Estados Unidos hace tres décadas, huyendo de la guerra civil en su natal El Salvador.

    “Yo no sabía cómo hallarlos. Yo preguntaba a toda la gente: ¿dónde están?”, expresó con lágrimas Wilfredo, aún emocionado por el encuentro con su madre. “Me siento contento, feliz, con menos peso en el cuerpo. Porque me sentía muy mal, porque cada Día de las Madres lloraba yo”.

    Wilfredo se reencontró primero con sus hermanos el 8 de mayo en su casa en la ciudad de Camarillo. Ese día tuvieron que conformarse con una videollamada que le hicieron a su madre. Para traerla, esta familia hizo una colecta entre sus familiares y conocidos, incluyendo empleados de Univision 34.

    Hace un mes, Escalante no daba crédito cuando volvió a ver a su hijo en la pantalla de un celular.

    Este viernes, apenas se apartó de su hijo le pidió que le enseñara el dedo que le aplastó una piedra cuando era niño. “Él es, él es”, dijo ella en tono de broma apenas vio la profunda cicatriz. “Lo dudaba yo, decía: ‘hasta que mire el dedo voy a creer que es cierto’”. Wilfredo dejó de llorar y soltó una carcajada.

    ¿Por qué no supieron nada de Wilfredo por tanto tiempo? El inmigrante relata que recién llegado a Los Ángeles envió un par de cartas a su madre, pero pocos meses después perdió la comunicación con ella. No sabía que sus familiares se mudaron a otro lugar que les vendieron en El Salvador y dejaron de recibir su correspondencia. Mientras que él, por su situación migratoria, jamás regresó a su país.

    Se distanció aún más cuando él cambió de domicilio y de número telefónico. Todo empeoró porque cayó en el vicio del alcohol. Además, es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. Sus hermanos lo trataron de localizar en Facebook, pero no tiene una cuenta en esa red social.

    La señora Olga asegura que cuando anteriormente vino a visitar a sus hijos, ella sentía ganas de llorar cada que pasaba por la ciudad de Camarillo. “Decía yo: ‘aquí está mi Wil’. Lloraba. Me preguntaban: ¿por qué lloras, mamá?’. No, por nada, les respondía”, relató ella.

     

    Así fue el primer reencuentro de los Vides

    Tenía 21 años aquel 23 de noviembre de 1989 cuando abandonó su país para que no lo reclutaran por la fuerza los militares o los guerrilleros. Su hermano Walter tenía 17 y su hermana Concepción 9. Él no sabía que desde hace más de 10 años ellos han vivido en el Valle de San Fernando, a unas 37 millas de distancia de Camarillo, donde tiene su hogar Wilfredo.

    De hecho, Walter trabajó durante cinco años a un par de millas de la residencia de su hermano. Pero jamás coincidieron en ningún lado. Paradójicamente, estando uno tan cerca del otro, Walter no dejaba de buscarlo en las redes sociales y una vez llamó a un programa de radio pidiendo ayuda al público.

    Wilfredo, por su parte, preguntaba una y otra vez en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles si podían hacer algo para localizar a sus seres queridos. “Ya pasó mucho tiempo”, le decían en la sede diplomática. Pero jamás se conformó con esa respuesta y siguió intentando.

    El pasado 6 de mayo tramitaba una identificación en el consulado y volvió a pedir que le ayudaran. Esa vez lo atendió un funcionario que aceptó entrar a la base de datos del gobierno y encontró información de sus familiares en Los Ángeles. De inmediato les llamó. Así se logró este reencuentro.

    “Este es el fruto de nuestro trabajo”, expresó el cónsul salvadoreño Alejandro Letona, quien fue clave para el encuentro de los Vides. “Qué alegría que esta familia está unida después de 30 años”, agregó este viernes, luego de presenciar el abrazo de Wilfredo y su madre.

    Unas horas después de aquella llamada desde el Consulado se vieron Wilfredo y Walter en Camarillo. Dos días después, el 8 de mayo, Concepción abrazó y besó a su hermano con el rostro empapado de lágrimas. Se tomaron varias fotos para documentar la reunión, como si temieran volverse a separar otra vez.

    Este viernes, los cuatro posaron juntos por primera vez frente a una cámara: cuando vivían en El Salvador solo tenían un par de fotos individuales. “Estoy feliz, mi madre tenía una agonía de no ver a su hijo. Gracias a Dios ya estamos los cuatro juntos de nuevo”, dijo Concepción.

    Curiosamente, los Vides se volvieron a ver en la víspera de los festejos del Día de la Madre. La visita de su madre ocurre poco antes del Día del Padre. Este fin de semana les sobrarán motivos para celebrar.

    “Quiero pasear, llévenme al bufet”, pidió la señora Olga con una gran sonrisa.

    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

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