Indianapolis, Indiana. .
August 16, 2018

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Colombia inicia una nueva etapa este martes tras los ocho años en el poder de Juan Manuel Santos, que consiguió poner fin a una guerra de más de medio siglo gracias al histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Su sustituto, Iván Duque, hereda un país con grandes retos en materia de seguridad, corrupción y desigualdad.

JOSÉ FAJARDO

 

BOGOTÁ, Colombia. 7 de agosto del 2018- El cambio que vivirá Colombia a partir de este 7 de agosto va a ser drástico, no sólo por el bando político que representan el gobernante saliente Juan Manuel Santos y su sustituto Iván Duque, sino por sus posiciones discrepantes en temas prioritarios en la agenda de la nación, principalmente los surgidos del histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, como la reincorporación de los guerrilleros desmovilizados, los cultivos ilícitos, la estrategia de seguridad y los derechos sociales.

Santos practicó un liberalismo pragmático con acento en las libertades. Su lema preferido desde el Palacio de Nariño fue "el mercado hasta donde sea posible, el Estado donde sea necesario". Duque, que llega al poder como delfín del uribismo (el movimiento conservador en torno al partido Centro Democrático de Álvaro Uribe), pretende apuntarse a la nueva derecha que ha cosechado triunfos en países como Francia con Emmanuel Macron.

 

El legado de Santos: luces y sombras

Hace unos días The Economist publicó un análisis sobre la herencia del presidente saliente de Colombia acompañado de una fotografía muy elocuente: una paloma de la paz reposa sobre la cabeza de Santos, quien aguanta estoico las cagarrutas del gigantesco pájaro que se derraman por toda su figura.

"Es una metáfora eficaz de la imagen que se tiene del líder en el extranjero: alguien que se jugó todo por la paz hasta el punto de arriesgar y perder su capital político, pero al que la Historia juzgará bien por su empeño en poner fin a una guerra que parecía interminable", dice a Univision Noticias el sociólogo Jorge Galindo, miembro de Politikon, una asociación independiente que analiza la política internacional.

También concuerda con esta idea Jorge A. Restrepo, una de las personas que ha monitoreado con más atención el conflicto armado en Colombia como director de Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos). "Santos ha logrado lavar la cara que el país proyecta hacia el exterior. Colombia hoy es una nación diferente a la que él heredó en 2010 no sólo en términos de imagen, sino en cuestiones esenciales como el acceso a los recursos, el liderazgo intelectual y los acuerdos de libre comercio".

El analista explica a Univision Noticias que las cifras avalan los beneficios del acuerdo de paz, que ha supuesto "una transformación completa de la sociedad". En esa misma línea, Ariel Ávila, el subdirector de Pares (Fundación Paz y Reconciliación), sostiene que con el fin de la guerra " se han reducido índices de violencia hasta en un 90% en apartados como los accidentes con minas explosivas, las desapariciones forzadas y los desplazamientos de población".

En este lado favorable de la balanza, los expertos sitúan los avances alcanzados en derechos humanos (en especial, en materia de aborto, comunidad LGBTI, indígenas y afro, además de la legalización de la marihuana medicinal) y en infraestructura, donde ha logrado modernizar la red de autopistas y aeropuertos. "Cada cual ve lo que quiere ver y siempre habrá quien hable muy bien y muy mal de Santos, pese al paso del tiempo. El suyo ha sido un gobierno liberal en todo el sentido de la palabra en un ambiente mundial dominado por los populismos de derecha e izquierda", reflexiona en una conversación con Univision Noticias Ariel Ávila.

"Un presidente saliente siempre sube en su aprobación, incluido Santos, quien llegó a tener uno de los índices de popularidad más bajos de la región, en torno al 20%. Como ya no está en la batalla pública se mira con otros ojos lo que ha hecho", sostiene por su parte Galindo.

Entre los puntos donde los expertos discrepan u opinan que Santos logró avances, pero podría haber hecho más están la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la educación, la reducción de la inseguridad y la economía.

"Es un logro extraordinario que haya conseguido capear ese difícil temporal que significó la bajada de los precios del petróleo sin caer en la recesión. En el resto de países productores y exportadores se presentaron problemas graves en la economía, algo que aquí no sucedió", opina Restrepo.

Esa estabilidad en la economía se ha visto lastrada por el fantasma de la corrupción, según Galindo. "Si bien ha sido una cuestión regional por escándalos transnacionales como Odebrecht, también ha sido su responsabilidad. Persiste la sombra de la duda sobre su victoria en la campaña de 2014, cuando se acuñó un concepto, el de la mermelada, que ha venido para quedarse y ayuda a entender las artimañas políticas para ganar votos e influencia en unas elecciones".

La corrupción y el clientelismo político (como se conoce en Colombia al pago de favores a cambio de apoyos) son, junto a el desarrollo rural, la reforma de las pensiones ("tenía que haberse abordado hace 15 años y seguimos igual", lamenta Restrepo) y la polarización, las principales sombras de los dos mandatos del líder del Partido de la U, una alianza de formaciones que le valió para sacar adelante el proceso de paz pese a la férrea oposición del uribismo.

 

El gran reto de Duque: dejar atrás el pasado

Hay muchas razones por las que Iván Duque desea mirar hacia el futuro sin asomarse atrás. Entre ellas, una guerra interminable que causó tanto dolor, una división social que se retroalimenta tras el plebiscito sobre el acuerdo de paz en 2016 y una imagen internacional estigmatizada por los años de violencia del narcotráfico.

Sin embargo, para Jorge Galindo, el principal enemigo de Iván Duque como presidente, es el líder de su propio partido, Álvaro Uribe. "Se va a encontrar en la tesitura de defender a su bancada política o defender las instituciones. Esto es lo último que quería Duque, cuyo proyecto de gobierno era representar una derecha más moderada y cosmopolita, llevar al Centro Democrático hacia la modernización".

La justicia colombiana ha llamado a declarar a Uribe por presuntos sobornos a testigos en una batalla legal con Iván Cepeda, defensor de derechos humanos y senador por el izquierdista Polo Democrático Alternativo. La discusión viene de antiguo y está relacionada con sus supuestos vínculos con los paramilitares en los 90, el mismo tema por el que su hermano

 

Santiago Uribe está siendo juzgado.

Más allá de la indudable influencia que Uribe -quien antecedió a Santos en la Presidencia entre 2002 y 2010- tiene entre el sector conservador de la sociedad colombiana (entre un 20 y un 25% de la población con derecho a voto), su peso en las decisiones nacionales sigue siendo inmenso y lo será más ahora que Iván Duque está en el poder.

Ahí es donde este deberá mostrar su habilidad para pactar con sus rivales políticos y para negociar en un ambiente hostil. "Su gran reto será la gobernabilidad: conformar una coalición que le permita gobernar con un Congreso tan fragmentado y diverso en el que no hay mayorías. Tendrá que saber obtener apoyos. La gran incógnita es: ¿cómo va a lograr tramitar las reformas que necesita el país en materias como la lucha contra el crimen organizado?", explica el director de Cerac.

"Necesita convencer a los sectores más radicales e intransigentes de su partido y a las voces influyentes de la sociedad que se posicionaron contra el acuerdo con las FARC. El uribismo pensaba que la paz era sólo un discurso, pero ahora que está en el poder se va a dar cuenta de la complejidad del asunto y su importancia para el país", defiende Ariel Ávila, para quien todavía persisten problemas de violencia preocupantes como la guerrilla del ELN, otros grupos que controlan el tráfico de drogas y el asesinato de líderes sociales.

 

Las identidades de los sospechosos y las circunstancias en las que se produjeron los arrestos no han sido reveladas. El grupo es señalado por utilizar "dos drones con explosivos" contra el presidente. La oposición dice que el gobierno usa el confuso incidente para aumentar la represión contra los críticos.

UNIVISION Y AGENCIAS

 

5 de agosto del 2018- Seis personas fueron detenidas y señaladas de intentar asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con drones cargados de explosivos, según informó este domingo el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. El ministo no reveló las identidades de los sospechosos, ni las circunstancias en las que fueron arrestados.

"Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados. Se han practicado varios allanamientos a hoteles en la capital, donde se han recabado importantísimas evidencias", señaló el ministro durante un discurso en la televisora estatal.

Reverol se refirió al incidente ocurrido el sábado por la tarde durante un acto militar en Caracas como un intento de "magnicidio" y sostiene que la acción contra Maduro se ejecutó con dos drones controlados a distancia y cargados cada uno con un kilogramo de explosivo C4, "capaz de hacer daño efectivo en un radio de aproximadamente 50 metros".

Hay múltiples preguntas y versiones contradictorias sobre lo ocurrido: Maduro daba un discurso cuando una explosión se escuchó en el fondo. El acto se interrumpió, hubo perplejidad en la tarima presidencial y una estampida de la parada militar.

Rápidamente el gobierno chavista acusó "a la extrema derecha" de Venezuela y de Colombia de ser responsables del atentado, mientras que bomberos y policías aseguraban que lo que pasó fue un un accidente doméstico en un edificio cercano.

En su discurso del domingo, el ministro habló de los dos supuestos aparatos con explosivos: "Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva (...), pero con la instalación de equipos inhibidores de señales se logró desorientar al dron, activándose fuera del perímetro planificado por los sicarios".

La segunda aeronave –según el funcionario– perdió el control, cayó y detonó en un edificio cercano. Imágenes de la agencia de noticias AP mostraron un apartamento quemado y con humo, que se encuentra a unas dos cuadras de distancia de la avenida donde se celebraba el acto militar presidido por Maduro.

"Están identificados plenamente los autores materiales e intelectuales dentro y fuera del país, no se descarta en las próximas horas otras detenciones", dijo también el ministro, que reiteró que hay siete militares lesionados, "tres de ellos con pronóstico reservado".

Reverol aseguró que sobre uno de los detenidos pesaba una orden de captura por el ataque el 6 de agosto de 2017 al fuerte militar de Paramacay, en la ciudad de Valencia, al norte del país, donde una veintena de hombres se enfrentaron durante horas con los custodios de las instalaciones. Dos de los atacantes fueron abatidos, ocho detenidos y el resto escapó con armas. El grupo estaba comandado por el excapitán de la Fuerza Armada Juan Carlos Caguaripano, detenido junto con uno de sus compañeros el 11 de agosto.

Otro de los detenidos, indicó el ministro, había sido apresado durante las protestas que exigían la salida de Maduro en el poder en 2014 y luego había recibido un beneficio procesal.

El Frente Amplio, que une varios grupos críticos con el chavismo, acusó al gobierno de Maduro difundir conjeturas y acusaciones "irresponsables" al culpar a la oposición sin pruebas.

"Alertamos que este confuso evento pueda ser utilizado como excusa para suprimir el derecho constitucional que tiene el pueblo a seguir protestando por defensa de sus derechos", escribieron en un comunicado los opositores, a menudo acusados por el gobierno de intentos de ataque contra Maduro.

 

Sin heridas visibles, varios pasajeros que viajaban en el vuelo 2431 contaron cómo fueron los últimos minutos dentro del avión: "Nos pusimos a orar mientras veíamos cómo el avión se estaba incendiando”.

UNIVISION

31 DE JULIO DEL 2018- Tres de los 99 pasajeros que viajaban en el vuelo 2431 de Aeroméxico, que se accidentó la tarde de este martes en Durango sin víctimas fatales que lamentar, relataron a periodistas mexicanos cómo fueron los últimos minutos a bordo del avión y la angustia que sintieron por lo ocurrido.

“Estuvo muy, muy feo”, señaló Lorenzo Núñez, un pasajero de Chicago que escapó del avión con sus dos hijos y su esposa. “Se incendió en cuestión de segundos”, dijo a reporteros, chasqueando sus dedos para darle énfasis a sus palabras.

"El avión tardó un ratito en despegar, el aire lo traía a favor, todo bien, pero no alcanzó a despegar. Como que lo agarró una corriente muy fuerte y cruzó. Debe haber caminado como unos dos, tres kilómetros todavía, ya en tierra", contó el pasajero a los medios, desde el propio lugar del accidente.

El desplome del vuelo 2431 de Aeroméxico, que se dirigía a la Ciudad de México, se produjo alrededor de las 3:40 de la tarde, unos cinco minutos después de que la nave intentara despegar del aeropuerto Guadalupe Victoria, ubicado a unos 40 minutos de la capital de Durango. 
El avión accidentado tenía como destino la capital del país, Ciudad de México. La nave tuvo que aterrizar forzosamente en medio de un fuerte chubasco.

De acuerdo con la versión del viajero, una vez que el avión se detuvo, tripulantes y pasajeros tuvieron tiempo suficiente de salir: "Sí estaba saliendo la gente. Tardó un buen rato, como unos tres o cuatro minutos, en empezar a explotar". El hombre, de mediana edad, viajaba en clase ejecutiva junto con otras dos personas, y su nombre no fue revelado durante la emisión.

Los pasajeros dijeron que escucharon un fuerte ruido cuando el ala izquierda del avión golpeó el suelo y ambos motores se desprendieron. El aparato quedó erguido y las rampas de emergencia se activaron, informó AP.

Otra de las personas que viajaba en el avión declaró a medios locales que el avión se desplomó apenas tomó altura. La pasajera, quien se identificó como Jaqueline Flores, viajaba en la parte delantera y relató que inmediatamente después del impacto comenzaron a aparecer las primeras llamas.

“La gente estaba en pánico, iba otra familia con sus tres niños y otro señor que iba todo ensangrentado de la cabeza”, dijo Flores.

Según esta pasajera, unos 20 minutos después del impacto llegaron las autoridades a auxiliarlos.

“Caminamos, llegamos a una casetita blanca y ahí esperamos a que pasara la lluvia y que alguien nos ayudara. Nos pusimos a orar mientras veíamos cómo el avión se estaba incendiando”, dijo.

La Cruz Roja mexicana dijo que 27 heridos se trasladaron a diferentes centros hospitalarios públicos y privados de la zona. La mayoría al Hospital General 450 de la capital del estado, según la Secretaría de Salud de Durango.

Rómulo Campuzano, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Durango, también se encontraba a bordo del avión y en entrevista telefónica para un medio local, dijo que el avión ya había tomado velocidad y había despegado de la pista, pero repentinamente cayó.

“Yo sentí dos golpes muy fuertes y luego el avión se iba sacudiendo de forma muy violenta. Hasta que se detuvo entre arbustos. Cuando el avión paró, ya estaban incendiadas las dos alas. Fui de los que más rápido pudo correr, entonces me recogió una camioneta del aeropuerto y me llevaron a un hospital municipal”, agregó Campuzano.

La nave intentó despegar en medio de un fuerte chubasco con granizo, pero no logró la maniobra y tuvo que descender forzosamente fuera de la pista en un terreno con maleza, a unos 10 kilómetros del aeropuerto.

"El fuego comenzó después del aterrizaje forzoso que realizan los pilotos, al parecer y afortunadamente no hay personas con quemaduras", dijo Alejandro Cardoza, vocero de Protección Civil de Durango, a Milenio TV.

El funcionario aseguró que las lesiones que presentan la mayoría de los pasajeros son "muy leves, es decir, nada más algunos golpes”. Pero añadió que “algunas otras personas que sí llevaban lesiones de consideración".

Hasta ahora, se desconocen las causas concretas del accidente.

Por NICOLE WINFIELD, Associated Press 

CIUDAD DEL VATICANO (AP). 28 de julio del 2018 — Una monja ya no se confiesa tan seguido como antes, luego de que un sacerdote italiano se aprovechó de ella cuando se encontraba en su momento más vulnerable y le contaba sus pecados en un salón de clases de la universidad hace casi 20 años.

En ese tiempo, la monja solo le contó lo sucedido a su superior y a su director espiritual y fue silenciada por la cultura de secreto de la iglesia católica, por sus votos de obediencia y por su propio miedo, repulsión y vergüenza.

“Abrió una gran herida en mi interior”, comentó a The Associated Press. “Fingí que no había sucedido”.

Tras décadas de silencio, la monja es una de muchas religiosas que han hecho público un asunto que la iglesia católica no ha aceptado: el abuso sexual de monjas por parte de sacerdotes y obispos.

Una investigación de la AP encontró que han surgido casos en Europa, África, América del Sur y Asia, lo que demuestra que el problema es global y extenso, debido en gran parte a una tradición en la que las mujeres son vistas como personas de segunda clase en la iglesia y a su arraigada subordinación a los hombres que la dirigen.

Algunas monjas han dado la cara, impulsadas por el movimiento #MeToo (A mí también) y por el creciente reconocimiento de que los adultos pueden ser víctimas de abuso sexual cuando hay un desequilibrio de poder en una relación. Las monjas han hecho públicos sus casos en parte debido a los años de inacción por parte de los jerarcas eclesiásticos, incluso cuando estudios importantes sobre el problema en África fueron informados al Vaticano en la década de 1990.

El tema cobró prominencia en el marco de escándalos en torno al abuso sexual de menores y más recientemente de adultos, incluidas revelaciones de que uno de los cardenales más prominentes de Estados Unidos, Theodore McCarrick, abusaba sexualmente y hostigaba a seminaristas.

La magnitud de los abusos no está clara, al menos afuera del Vaticano. Las víctimas son reacias a reportar el abuso por temores fundados de que no les van a creer, comentaron varios expertos a la AP. Los jefes de la iglesia son renuentes a reconocer que algunos sacerdotes y obispos simplemente ignoran sus votos de celibato, sabiendo que sus secretos no serán revelados.

Sin embargo, esta semana cerca de media docena de monjas en una pequeña congregación religiosa de Chile hicieron públicas sus historias de abuso por parte de los sacerdotes y de otras monjas en televisión nacional. Relataron que sus superiores no hicieron nada para detenerlo.

Una monja en la India recientemente interpuso una demanda a la policía en la que acusó a un obispo de violación, algo que hace un año era impensable.

En África surgen casos periódicamente. En el 2013, por ejemplo, un renombrado cura ugandés escribió una carta a sus superiores en la que habló de "sacerdotes que tienen relaciones románticas con monjas” y fue suspendido hasta que ofreció una disculpa en mayo. La monja europea habló con la AP para ayudar a arrojar luz sobre el tema.

“Me entristece que haya tomado tanto tiempo el que esto salga a la luz, porque hay denuncias desde hace tiempo”, expresó a la AP Karlijn Demasure, uno de los principales expertos de la iglesia en abusos sexuales y abusos de poder. “Espero que ahora se tomen medidas para atender a las víctimas y se ponga fin a estos abusos”.

El Vaticano declinó comentar sobre qué medidas ha tomado, si es que tomó alguna, para abordar el alcance del problema a nivel internacional, y de lo que ha hecho para castigar a los infractores y cuidar a las víctimas. Un funcionario del Vaticano dijo que los dirigentes de las iglesias locales son los responsables de castigar a los sacerdotes que abusen sexualmente de las monjas, pero que a menudo esos crímenes quedan impunes en las cortes civiles y canónicas. El funcionario habló bajo la condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a hablar del asunto públicamente.

El principal obstáculo que enfrentan las monjas que han sido víctimas de abusos es ser tomadas en serio, según Demasure, quien hasta hace poco fue director ejecutivo del Centro de Protección del Menor de la Pontificia Universidad Gregoriana, la principal organización eclesiástica que lidia con este tema.

“(Los sacerdotes) Siempre dicen que ‘ellas querían hacerlo´”, manifestó Demasure. “Y cuesta hacer a un lado la impresión de que es siempre la mujer la que seduce al hombre, y no al revés”.

La monja que habló con la AP sobre su incidente del 2000 durante su confesión en una universidad de Bolonia aferró su rosario mientras contaba los detalles.

Cuenta que ella y el cura estaban sentados uno frente al otro en un aula de la universidad. En determinado momento, el sacerdote se levantó y trató de violarla. Pequeña pero fuerte, ella lo empujó y se lo sacó de encima.

Luego continuó la confesión. Pero el incidente, y otro episodio en el que otro cura le hizo insinuaciones sexuales un año después, la impulsaron a no volver a confesarse con ningún otro cura que no fuese su padre espiritual, quien vive en otro país.

“El sitio de la confesión debería ser un sitio de salvación, libertad y misericordia”, dijo la monja. “Por esta experiencia, la confesión pasó a ser un sitio del pecado y de abusos de poder”.

Indicó que en una ocasión un cura al que le contó lo sucedido le ofreció disculpas “en nombre de la iglesia”. Pero dijo que no se tomaron medidas contra su agresor, quien era un prominente profesor universitario.

La mujer contó su historia a la AP sin saber que en ese mismo momento se realizaba el funeral del cura que intentó abusar de ella 18 años atrás.

La monja dijo que la muerte del cura combinada con su decisión de dar la cara le sacaron un gran peso de encima.

“Me libero por partida doble: Me saco de encima el peso de la víctima y me libero de una mentira y de una violación de un cura”, expresó. “Espero que esto ayude a que otras monjas se liberen y se saque este peso”.

Muhumuza informó desde Kampala, Uganda.

 

Our correspondent went to the deserts of Patagonia to examine how China secured its new base, a symbol of its growing clout in the region.

By Ernesto Londoño

QUINTUCO, Argentina. July 28, 2018 — The giant antenna rises from the desert floor like an apparition, a gleaming metal tower jutting 16 stories above an endless wind-whipped stretch of Patagonia.

The 450-ton device, with its hulking dish embracing the open skies, is the centerpiece of a $50 million satellite and space mission control station built by the Chinese military.

The isolated base is one of the most striking symbols of Beijing’s long push to transform Latin America and shape its future for generations to come — often in ways that directly undermine the United States’ political, economic and strategic power in the region.

The station began operating in March, playing a pivotal role in China’s audacious expedition to the far side of the moon — an endeavor that Argentine officials say they are elated to support.

But the way the base was negotiated — in secret, at a time when Argentina desperately needed investment — and concerns that it could enhance China’s intelligence gathering capabilities in the hemisphere have set off a debate in Argentina about the risks and benefits of being pulled into China’s orbit.

“Beijing has transformed the dynamics of the region, from the agendas of its leaders and businessmen to the structure of its economies, the content of its politics and even its security dynamics,” said R. Evan Ellis, a professor of Latin American studies at the United States Army War College.

For much of the past decade, the United States has paid little attention to its backyard in the Americas. Instead, it declared a pivot toward Asia, hoping to strengthen economic, military and diplomatic ties as part of the Obama administration’s strategy to constrain China.

Since taking office, the Trump administration has retreated from that approach in some fundamental ways, walking away from a free trade pact with Pacific nations, launching a global trade war and complaining about the burden of Washington’s security commitments to its closest allies in Asia and other parts of the world.

All the while, China has been discreetly carrying out a far-reaching plan of its own across Latin America. It has vastly expanded trade, bailed out governments, built enormous infrastructure projects, strengthened military ties and locked up tremendous amounts of resources, hitching the fate of several countries in the region to its own.

China made its intentions clear enough back in 2008. In a first-of-its-kind policy paper that drew relatively little notice at the time, Beijing argued that nations in Latin America were “at a similar stage of development” as China, with much to gain on both sides.

Leaders in the region were more than receptive. The primacy over Latin America that Washington had largely taken for granted since the end of the Cold War was being challenged by a cadre of leftist presidents who governed much of the region — including Brazil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay and Bolivia — and wanted a more autonomous region.

Beijing’s invitation came at a fortuitous time: during the height of the financial crisis. Latching onto China’s voracious appetite for the region’s oil, iron, soybeans and copper ended up shielding Latin America from the worst of the global economic damage.

Then, as the price of oil and other commodities tanked in 2011, several countries in the region suddenly found themselves on shaky ground. Once again, China came to their aid, striking deals that further cemented its role as a central player in Latin America for decades.

Even with parts of Latin America shifting to the right politically in recent years, its leaders have tailored their policies to fulfill China’s demand. Now Beijing’s dominance in much of the region — and what it means for America’s waning stature — is starting to come into sharp focus.

“It’s a fait accompli,” said Diego Guelar, Argentina’s ambassador to China.

Back in 2013, he published a book with an alarming-sounding title: “The Silent Invasion: The Chinese Landing in South America.”

“It’s no longer silent,” Mr. Guelar said of China’s incursion in the region.

Trade between China and countries in Latin America and the Caribbean reached $244 billion last year, more than twice what it was a decade earlier, according to Boston University’s Global Development Policy Center. Since 2015, China has been South America’s top trading partner, eclipsing the United States.

Perhaps more significantly, China has issued tens of billions of dollars in commodities-backed loans across the Americas, giving it claim over a large share of the region’s oil — including nearly 90 percent of Ecuador’s reserves — for years.

China has also made itself indispensable by rescuing embattled governments and vital state-controlled companies in countries like Venezuela and Brazil, willing to make big bets to secure its place in the region.

Here in Argentina, a nation that had been shut out of international credit markets for defaulting on about $100 billion in bonds, China became a godsend for then-President Cristina Fernández de Kirchner.

And while it was extending a helping hand, China began the secret negotiations that led to the satellite and space control station here in Patagonia.

Argentine officials say the Chinese have agreed not to use the base for military purposes. But experts contend that the technology on it has many strategic uses.

Frank A. Rose, an assistant secretary of state for arms control during the Obama administration, said he spent much of his time worrying about China’s budding space program. American intelligence and defense officials watched with alarm as China developed sophisticated technology to jam, disrupt and destroy satellites in recent years, he said.

“They are deploying these capabilities to blunt American military advantages, which are in many ways derived from space,” Mr. Rose said.

China is not alone in regarding space as a critical battlespace for future wars. Last month, the Trump administration announced it would create a sixth military branch devoted to space.

Antennas and other equipment that support space missions, like the kind China now has here in Patagonia, can increase China’s intelligence-gathering capabilities, experts say.

“A giant antenna is like a giant vacuum cleaner,” said Dean Cheng, a former congressional investigator who studies China’s national security policy. “What you are sucking up is signals, data, all sorts of things.”

Lt. Col. Christopher Logan, a Pentagon spokesman, said American military officials were assessing the implications of the Chinese monitoring station. Chinese officials declined requests for interviews about the base and their space program.

Beyond any strategic contest with the United States, some leaders in Latin America are now having doubts and regrets about their ties to China, worried that past governments have saddled their nations with enormous debt and effectively sold out their futures.

But Mr. Guelar argued that hitting the brakes on engagement with China would be shortsighted, particularly at a time when Washington has given up its longstanding role as the region’s political and economic anchor.

“There has been an abdication” of leadership by the United States, he said. “It surrendered that role not because it lost it, but because it doesn’t wish to take it on.”

LA NACION, lanacion.com 

29 de julio del 2018- La noticia data de 2012. Entonces, la expresidente Cristina Kirchner viajó a Beijing con el objetivo de cerrar varios acuerdos con el gobierno de China (un canje de monedas por 10 mil millones de dólares, inversiones por 10 mil millones de dólares para el sistema ferroviario) y entre ellos suscribió uno para la construcción de una base de apoyo a las misiones espaciales del Partido Comunista en un predio de unas 200 hectáreas en Bajada del Agrio, Neuquén .

Las voces en contra no tardaron en pronunciarse. Desde la oposición alertaron sobre su posible uso con fines militares e hicieron hincapié en que pese a que estará operada por una entidad con objetivos científicos, se trata de una parte integral de las fuerzas armadas chinas.

Ahora, a cuatro meses de su entrada en funcionamiento (y pese a que la administración de Mauricio Macri agregó un complemento y aclaró que la base sólo se utilizará para fines científicos y pacíficos, excluyendo cualquier tipo de uso militar), el diario The New York Times se pregunta sobre las actividades de esa antena de unas 500 toneladas de peso y treinta y cinco metros de diámetro que se destaca en la zona, que preocupa al mundo en general y a Estados Unidos en particular.

"La base solitaria es uno de los símbolos más impactantes de la estrategia que Pekín lleva implementando desde hace tiempo para transformar Latinoamérica y dar forma al futuro de la región, a menudo a través de maniobras que socavan directamente el poder político, económico y estratégico de Estados Unidos en esta", advierte la nota que ayer fue publicada en la tapa de la edición papel del periódico.

Asimismo, resalta el viraje continental de EE.UU. respecto del continente y la intención china de potenciar cada vez más su presencia: "En la última década, Estados Unidos ha puesto poca atención en el hemisferio; en su lugar anunció un giro hacia Asia, con la esperanza de fortalecer las relaciones económicas, militares y diplomáticas como parte de la estrategia del gobierno de Obama para coartar el poderío chino. Mientras tanto, China ha llevado a cabo discretamente un plan de gran alcance en Latinoamérica. Ha expandido el comercio de manera considerable, ha rescatado gobiernos, construido enormes proyectos de infraestructura, fortalecido los lazos militares y ha asegurado inmensas cantidades de recursos, así, ha enlazado su destino al de varios países de la región y viceversa".

El diario también describe la conexión que se dio entre varios mandatarios latinoamericanos, más propensos a las políticas de izquierda que de derecha, y el Partido Comunista, que en tiempos de crisis fue pieza clave: "Cuando el precio del petróleo y de otros productos básicos se desplomó en 2011, varios países de la región se encontraron de pronto en un terreno inestable. Una vez más, China acudió en su ayuda y, por medio de una serie de acuerdos, consolidó aún más su papel de actor central en América Latina por décadas".

El año pasado, el comercio entre China y los países de América Latina y el Caribe alcanzó los 244.000 millones de dólares. Esa cifra representa más del doble de lo generado una década antes, según información del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston.

Desconfianza

Son varios los expertos que entienden que la tecnología con la que cuenta la estación tiene muchos usos estratégicos.

Frank A. Rose, exsubsecretario de Estado para el control de armas durante el gobierno de Barack Obama, indicó que "China ha desarrollado tecnología sofisticada para interferir, alterar y destruir satélites". Asimismo, otros investigadores sostienen que "las antenas y otros equipos que se utilizan de respaldo en misiones espaciales, similares a las que tienen los chinos en la Patagonia" pueden aumentar la capacidad de Partido Comunista de recabar información, de acuerdo al medio.

"Una antena gigante es como una enorme aspiradora. Succiona señales, información, todo tipo de cosas", dijo Dean Cheng, exinvestigador en el Congreso estadounidense y quien ahora estudia la política de seguridad nacional de China.

El intendente de Bajada del Agrio, Ricardo Fabián Esparza, habló al respecto y contó que los chinos habían sido amigables, que lo habían invitado a ver las imágenes que había tomado la antena pero que eso no alcanzaba para que se quedara tranquilo: "Desde ese telescopio, es probable que puedan ver hasta qué calzones estamos usando".

 

Enrique Pérez Quintana

26 de julio del 2018- En los más de 40 años que tiene la Reforma Política en México ha sido constante el encarecimiento de los procesos electorales por dos motivos, el primero es el financiamiento del sistema electoral integrado por el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder del Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la segunda causa es el
financiamiento que reciben los partidos; ambos factores hicieron del proceso electoral el más costoso del mundo.

Los procedimientos diseñados para dirimir las controversias y la preocupación del Estado porque no intervenga dinero privado en los partidos, ocasionaron que estos organismos disfrutaran de recursos, en ocasiones de miles de millones de pesos, que los convirtieron en fuente de corrupción de sus dirigentes.

El resultado de las pasadas elecciones tiene entre sus efectos el reacomodo de las fuerzas políticas y en este proceso, los que antes eran relevantes pasaron a segundo, tercer o cuarto lugar.

Morena es el nuevo partido dominante al tener la mayoría en el Congreso de la Unión y de las gubernaturas, con lo que podrá modificar las leyes, de acuerdo a su conveniencia e interés, que de inmediato sucederá con el financiamiento para los partidos y la previsible disminución de los recursos que se destinen al INE.

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, comentó que su partido renunciará a la mitad del total de financiamiento que recibirán el próximo año que es superior a los mil 500 millones de pesos, como lo instruyó el virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De inmediato los legisladores de Morena actuaron para reducir 50 por ciento el financiamiento destinado a los partidos. La propuesta será impulsada en septiembre y tiene previsto que para 2019 los recursos para la operación regular de los institutos políticos, estimados en 4 mil 713 millones de pesos, se reduzcan a 2 mil 356 millones de pesos, con lo que se lograría un ahorro de 2 mil 350 millones de pesos. (Reforma, 26 de julio de 2018)

La diputada por Morena, Alicia Barrientos Pantoja, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente un proyecto de decreto para modificar el Artículo 41 de la Constitución a fin de reducir los recursos a los partidos.

Por su parte la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, afirmó que se aprobará la reforma para reducir el financiamiento, aunque los demás partidos no lo quieran. “Vamos a utilizar la mayoría para lograr votaciones a favor del país”.

Comentó que, así como habrá un gobierno federal austero, se buscaran partidos austeros y un Congreso de la Unión con reducción de gastos.

En la exposición de motivos, de la iniciativa de Morena se dice que el “objetivo de esta reforma es recomponer el sistema de financiamiento público de la democracia electoral y esto pasa necesariamente por reducir los montos de los gastos permanentes de los partidos políticos, disminuyendo a su vez el costo excesivo de las campañas”. (La Crónica, 26 de julio de 2018)

La reforma de Morena no solo afectará el financiamiento para los partidos, también va a revisar el funcionamiento de los órganos electorales en los estados, llamados Oples. Yeidckol Polevnsky comentó: “Los Oples son controlados por los gobernadores, no puede seguir esto. El INE no hace caso sobre ese control. Vamos a ver qué se hace con ellos, será una siguiente reforma, luego de la reducción de prerrogativas”.

 

Por JORGE RUEDA

Associated Press•25 de julio de 2018

 

CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro anunció el miércoles la entrada en vigencia de una reforma monetaria que contempla la eliminación de cinco ceros al bolívar, parte de los esfuerzos de su gobierno para combatir la inflación y la escasez de billetes en Venezuela.

Maduro dijo que la nueva unidad monetaria, denominada "bolívar soberano", entrará en circulación a partir del 20 de agosto como parte de un "programa de recuperación" para enfrentar la severa crisis económica que azota al país.

Durante un discurso transmitido en cadena de radio y televisión, el gobernante indicó que la nueva unidad monetaria implica la eliminación de las actuales denominaciones de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 bolívares, que el propio Maduro puso en circulación entre 2016 y 2017 para paliar en parte el incremento exponencial de los precios.

Ahora se usará una moneda de 50 céntimos y una de 1 bolívar, además de ocho billetes distintos para cada una de las siguientes denominaciones: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares, informó.

La medida, que originalmente contemplaba la eliminación de tres ceros a partir de junio y que ya había sido postergada para el 4 de agosto por solicitud del sector bancario, forma parte de un “programa de recuperación” más amplio, indicó.

Maduro busca impulsar las actividades económicas, las cuales se han visto afectadas por la severa escasez de billetes en un escenario de hiperinflación y creciente escasez de productos básicos.

El mandatario se mostró optimista, pese a reconocer que los revolucionarios _como se denominan a sí mismo los seguidores del proyecto del ahora fallecido presidente Hugo Chávez_ “hemos fallado”, en buena medida por la aplicación de “un falso modelo productivo estatista que pretende ser socialista, no lo ha sido, ni lo es", según evidencian los resultados. Agregó que espera que la reconversión, entre otras medidas, permita “grandes cambios revolucionarios en la economía que Venezuela exige de manera extraordinaria y necesaria”.

El Fondo Monetario Internacional estimó el lunes que la inflación venezolana alcanzará un millón por ciento a fines de este año, comparable a la experimentada en Alemania a principios del siglo XX y en Zimbabwe a comienzos de la década pasada.

El gobierno de Venezuela dejó de publicar periódicamente cifras oficiales en 2004. Desde hace una década tampoco autoriza a que el FMI haga la revisión anual de sus indicadores económicos, a la que están obligados todos sus países miembros.

Maduro, que es señalado en las encuestas como el principal responsable de la crisis, atribuye los elevados precios y la escasez de productos básicos a una "guerra económica" promovida por adversarios políticos y empresarios para desestabilizar su gobierno.

Sin embargo, los críticos del mandatario sostienen que la crisis económica es en esencia producto del agotamiento de los sistemas de control de cambio y de precios, que han estado vigentes desde 2003, entre otras medidas restrictivas que han acabado por socavar las actividades productivas y comerciales del país.

Maduro, sin dar detalles, señaló además que envió a la oficialista Asamblea Constituyente un proyecto de ley para que el "bolívar soberano" sea vinculado a la moneda digital respaldada por su gobierno, llamada petro, cuyo precio se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana.

En marzo, el presidente estadounidense Donald Trump promulgó una orden ejecutiva en la que prohibió a los estadounidenses hacer cualquier trato financiero con el petro.

Esa y otras sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno de Trump _en especial después de los comicios presidenciales venezolanos en los que Maduro fue reelegido por seis años más, y que en general se consideran una farsa_ incluyen una prohibición a los estadounidenses de prestar dinero al gobierno de Maduro, lo que ha restringido drásticamente las fuentes de financiamiento del país.

El cardenal de Nicaragua, el nuncio papal y un obispo prominente fueron algunos de los atacados por policías y paramilitares sandinistas en la basílica San Sebastián de Diriamba. Esto representa el quiebre total de Ortega con la iglesia católica, con la que había mantenido una relación tensa pero cercana.

WILFREDO MIRANDA ABURTO

MANAGUA, Nicaragua. 9 de julio del 2018- Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua partieron la mañana de este lunes a la ciudad de Diriamba, ubicada a 40 kilómetros al sur de Managua, a intentar pacificar la ciudad, agobiada desde el día anterior por las balas de la Policía Nacional y paramilitares asociados al gobierno de Daniel Ortega. Los ataques del domingo dejaron once muertes confirmadas, decenas de heridos y desaparecidos.

La misión religiosa era encabezada por el nuncio vaticano Waldemar Stanilaw Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio José Báez. La autoridad moral que imponen sus sotanas en este país fue irrespetada por las turbas sandinistas, quienes los asediaron e hirieron a Báez con una cuchilla en su brazo derecho.

Monseñor Báez es una de las voces más críticas contra el gobierno de Ortega en la Conferencia Episcopal, pionero del uso de las redes sociales entre los religiosos, y un referente nacional en medio de esta crisis socio política que suma más de 320 muertos, según organismos de derechos humanos.

Los paramilitares —armados con pistolas— y las turbas mantenían sitiada la basílica de San Sebastián, en Diriamba. Adentro del templo yacían heridos producto de la represión, curas y médicos voluntarios que, básicamente, estaban secuestrados. Los obispos anunciaron su gira a Diriamba para mediar entre las partes, como lo hicieron el pasado 21 de junio de forma exitosa en la ciudad de Masaya.

Sin embargo, esta vez los paramilitares y las turbas no se escondieron como en Masaya. Algo había cambiado. El presidente Ortega amenazó indirectamente a los obispos católicos el pasado sábado, cuando radicalizó su posición frente a la crisis: el mandatario no adelantará elecciones al primer trimestre de 2019, como piden los sacerdotes, y dejó claro su aferramiento al poder.

“Cristo nunca dijo: 'mata a tu hermano'. (...) Cristo dijo ama a tu hermano como a ti mismo, y eso es lo que tenemos que practicar los nicaragüenses, y eso es lo que deben de practicar todos sin excepción, incluso aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas. ¡Incluso ellos!”, amenazó el mandatario.

La declaración fue asimilada al pie de la letra por las turbas sandinistas. Este lunes por la mañana arremetieron especialmente contra el obispo Báez. “¡Asesino, asesino, asesino!”, le vociferaban. Las turbas acusaban a los religiosos de ser “malditos mentirosos” y “cómplices de los vándalos (ciudadanos en rebelión)”.

Agresión y robo a periodistas

Los obispos se refugiaron en la sacristía basílica de San Sebastián, pero fue en vano. Las turbas arremetieron contra ellos incluso dentro del templo. Al ataque se unieron los paramilitares quienes agredieron y robaron a varios periodistas independientes. El reportero Jackson Orozco, de 100% Noticias, fue golpeado brutalmente en la nariz. Quedó ensangrentado.

El camarógrafo del prestigioso programa Esta Semana, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, fue golpeado para despojarlo de la cámara. Igual fueron saqueados equipos del diario La Prensa, Canal 12, Canal 23, y al equipo de AFP.

“Me amenazaron y me golpearon. Estaba a la par de monseñor Báez y busqué refugio en él, pero también lo estaban golpeando”, relató Orozco a Univision Noticias. El reportero señaló que las turbas lo acosaron desde antes del inicio del ataque, ya que su estación televisiva ha sido blanco recurrente del gobierno al transmitir en vivo la represión durante estos meses.

El obispo Báez denunció la herida sufrida desde Diriamba y, de inmediato, regresaron a Managua. Los religiosos arribaron a la catedral metropolitana y se dirigieron a orar ante el altar del Santísimo. Báez lloraba y el resto del clero estaba visiblemente conmocionada.

“Logramos sacar a quienes estaban como rehenes en Diriamba para que puedan recibir atención médica de forma justa. Lo que hemos sufrido los obispos es nada comparado a lo que sufre Nicaragua”, dijo Báez. “Fui víctima de una agresión física y verbal. Es lamentable”.

Repensarán si seguirán como mediadores

La Conferencia Episcopal, a través de monseñor Báez, había expresado que repensarían si seguirán como mediadores del diálogo nacional ante la falta de voluntad política de Ortega para discutir el adelanto de elecciones y la democratización de Nicaragua. Con la agresión de este lunes, la postura de la iglesia católica podría variar. Después de rezarle al Santísimo, los obispos sostuvieron una reunión en catedral aún con las sotanas manchadas de sangre y mugre.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia, dijo que tras la radicalización de Ortega y el ataque contra los obispos, esperarán a ver la postura de los religiosos de continuar o no el diálogo con el gobierno.

Mientras los obispos llegaban a Managua, la basílica de San Sebastián y la iglesia de Jinotepe, ciudad vecina a Diriamba, fueron saqueadas por las turbas sandinistas.

“El señor Ortega puede decir cualquier cosa, nosotros estamos con el pueblo. Ortega desde la década de los ochenta ha sido perseguidor de la iglesia”, dijo a Univision Noticias Edwin Román, el sacerdote de la iglesia San Miguel de Masaya, quien ha tomado relevancia al estar en medio de la represión ayudando a los heridos. Román estuvo presente este lunes en Diriamba y lamentó que en las agresiones haya estado involucrado “el ministro de Dios en la tierra, el representante del papa Francisco en Nicaragua, el nuncio Waldemar”.

Este ataque directo a los obispos “nunca había sucedido en Nicaragua”, señaló el cardenal Leopoldo Brenes. El único episodio parecido fue la afrenta sandinista a San Juan Pablo Segundo en marzo de 1983, cuando los sandinistas interrumpieron la misa del pontífice en plaza pública, en medio del conflicto de la guerra fría. Los sandinistas gritaron aquella vez “queremos la paz” al fallecido Papa polaco. 35 años después, los partidarios de Ortega volvieron a gritarles a los obispos católicos la misma consigna mientras los paramilitares mantenían sus fusiles alzados.

Esto representa el quiebre total del gobierno de Ortega con la iglesia católica, institución con la que había mantenido una relación tensa pero cercana a través del recién fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo. La postura de la iglesia demandando a Ortega el anticipo de elecciones y la condena de la violencia paramilitar y policial ha fracturado la relación, pese a que el gobierno sandinista actual se define como “cristiano” y recurre en su narrativa a la religiosidad católica.

“Hemos ido a las parroquias no para hacer violencia, no sino para consolar a nuestros sacerdotes. Para acompañarlos en el sufrimiento”, reclamó el cardenal Brenes. “Sin embargo, hemos recibido esa agresión. Y todo lo sufrimos por Cristo, que bien nos dice hoy que la fuerza se realiza en la debilidad. Verdaderamente nos sentíamos débiles frente aquella agresión, pero allí está la palabra del señor: Te basta mi gracia, te basta mi fuerza”.

Por JORGE BARRERA, Associated Press

TULTEPEC, México (AP). 6 de julio del 2018— El personal de emergencia de la localidad de Tultepec cargaba el viernes los ataúdes de cuatro compañeros a través de las calles del municipio, mientras las autoridades investigaban si un intento para apagar las explosiones de pirotecnia con agua había provocado otras detonaciones que ocasionaron la muerte de 24 personas.

Los cuatro estaban entre los siete bomberos, agentes de la policía y trabajadores de protección civil que fallecieron cuando acudieron a socorrer tras la primera explosión y fueron víctimas de las otras tres explosiones. Cincuenta y cuatro personas resultaron heridas, de las cuales 41 continúan hospitalizadas.

El municipio de Tultepec, ubicado al norte de la Ciudad de México, es un lugar conocido por otros letales accidentes pirotécnicos en los que han muerto al menos 70 personas en menos de dos años.

“Es la vida de un pirotécnico”, dijo Ángel Guerrero, un habitante de la localidad que tiene familiares que trabajan en el peligroso comercio. “De ahí viven, de la pirotecnia. Explosión tras explosión, ellos seguirán en lo mismo”.

Un funcionario estatal comentó a los medios locales que los investigadores están revisando si los socorristas pudieron haber contribuido a la segunda serie de explosiones al tratar de extinguir el primer fuego con agua, la cual reacciona con algunas sustancias químicas que se utilizan en la pirotecnia.

En la escena de la explosión se encontró un camión de bomberos dañado por las explosiones.

Lo que sea que haya ocurrido, era claro que los socorristas intentaron extinguir el fuego e hicieron un enorme sacrificio.

"Querían salvar vidas sin saber que a ellos les iba a ocurrir lo mismo”, dijo Teresa González, quien oyó de cerca las explosiones que comenzaron a las 9:40 de la mañana.

Tultepec, una municipalidad de unos 130.000 habitantes, es famosa por sus pequeños talleres donde se producen gran parte de los fuegos artificiales que se usan en toda la región.

Guadalupe Romero, otra vecina de la localidad, no pidió el cierre de la industria porque sabe que muchas familias de la zona dependen de ella, pero resaltó el peligro de vivir cerca de la planta de gas propano y de la producción pirotécnica.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dijo que los talleres afectados eran “clandestinos”. Pero estaban ubicados dentro de una zona delimitada específicamente para la producción de artículos pirotécnicos. Tras desastres anteriores, funcionarios estatales y federales prometieron imponer restricciones de seguridad en estas zonas.

A lo largo de la carretera había edificios pintados de colores vivos con la advertencia “peligro”. Había una garita con guardias detrás de una débil cerca con cadenas.

Al parecer, el primer negocio que estalló no tenía los permisos emitidos por el ejército de México para almacenar explosivos, algo que ocurre en muchas otras empresas familiares de la zona.

Imágenes de video mostraron una enorme columna de humo que salía de la zona de los estallidos. Los reporteros que llegaron más tarde se encontraron con restos de edificios y tierra chamuscada en medio de un núcleo de sencillas viviendas rurales y pequeños cultivos.

Los heridos fueron trasladados a varios hospitales locales en helicóptero y más de 300 policías fueron movilizados a la zona.

Extremadamente protectores con su industria artesanal, los residentes se resisten a aceptar la regulación y el jueves algunos de ellos atacaron a periodistas que grababan imágenes en la zona y destruyeron las tarjetas de memoria en las que se tomaba video.

Las medidas de seguridad de este tipo en talleres y en los mercados pirotécnicos han sido objeto de debate constante en México, donde los festivales incluyen pequeños cohetes, a menudo lanzados a poca distancia de los espectadores, y donde cualquier persona puede encender petardos en la calle.

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  • Encuesta revela que beneficiarios de DACA continúan haciendo significativos aportes a la economía de EEUU

    Estudio asoma en el 6to aniversario del programa creado bajo el gobierno de Barack Obama. Seis años después de ser implementado, el 96% de los destinatarios estudia o tiene empleo, y más del 70% de los soñadores tiene miedo a ser detenido o deportado de Estados Unidos.

    JORGE CANCINO

     

    15 de agosto del 2018- Seis años después de entrar en vigor la Acción Diferida de 2012 (DACA), los dreamers “siguen aportando haciendo contribuciones positivas y significativas a la economía” de Estados Unidos, revela una encuesta publicada este miércoles en Washington DC.

    Elaborada por Tom K. Wong, del Centro para el Progreso Americano (CAP), conjuntamente con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y United We Dream (UWD), la principal organización de soñadores del país, el estudio muestra que los casi 700,000 dreamers amparados bajo el programa consiguen mejores trabajos, ganan salarios más altos, han logrado iniciar negocios, aumentaron su poder adquisitivo y lograron mejores oportunidades educativas desde que el programa fue puesto en marcha el 15 de agosto de 2012.

    La encuesta se traduce en uno de los primeros estudios en mostrar “cuán grave es la incertidumbre que rodea a DACA en las mentes de los destinatarios del programa, así como también mide cómo los destinatarios de DACA muestran una tremenda determinación en medio de esta incertidumbre”, dijo Rafael Medina, director de comunicaciones del CAP.

    DACA fue cancelado por el gobierno de Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. Pero el 9 de enero una corte federal de California ordeno restituirlo en su totalidad, excepto para soñadores que antes no se habían registrado.

    El 13 de febrero y el 24 de abril, otras dos cortes fallaron en la misma dirección a favor de restablecer el programa que ampara de la deportación y concede una autorización de empleo renovable cada dos años.

     

    Qué muestra la encuesta

    El estudio revela lo siguiente:

     

    -El 96% de los destinatarios de DACA están actualmente en la escuela o están trabajando.

    -El salario promedio por hora de los encuestados aumentó en un 78% desde la recepción de DACA, de $10.32 p/hora a $18.42 p/hora (97% entre los encuestados de 25 años en adelante).

    -El 89% de los encuestados actualmente tienen empleo.

    -El 92% de los encuestados mayores de 25 años tienen empleo.

    -Después de recibir DACA, el 54% reportó mudarse a un trabajo con mejor salario.

    -El 46% se mudó a un trabajo con mejores condiciones de trabajo, mientras el 45% se mudó a un trabajo que se ajusta mejor a su educación y capacitación.

    -El 45 por ciento se mudó a un trabajo que se ajusta mejor a sus objetivos profesionales a largo plazo.

     

    Otros logros

    La encuesta del CAP, el NILC y UWD muestra además que:

     

    -El 6% de los encuestados comenzó su propio negocio después de recibir DACA.

    -El 8% entre los encuestados de 25 años o más, ha superado a la población general en términos de creación de negocios.

    -También revela que el poder adquisitivo de los destinatarios de DACA continúa aumentando:

    -El 62% de los encuestados informaron que compraron su primer automóvil, lo cual es importante no solo en términos de ingresos estatales sino también en cuanto a los beneficios de seguridad de tener más conductores con licencia y asegurados en las carreteras.

    -El 14% de los encuestados compró su primera casa después de recibir DACA (20 por ciento entre los encuestados mayores de 25 años), que produce efectos económicos más amplios, incluida la creación de empleos y nuevos gastos en las economías locales.

     

    Clima de nervios

    El estudio refleja además el nerviosismo entre la comunidad dreamers por la fragilidad en la que se encuentra el programa. Luego de su reinstauración en enero y los otros dos fallos judiciales favorables en febrero y abril, el 1 de mayo un grupo de estados encabezados por Texas demandaron ante una corte de Houston la cancelación del programa bajo el argumento que viola la ley federal.

    “La incertidumbre creada por la decisión del gobierno de rescindir DACA está afectando el bienestar de sus destinatarios”, indica el informe.

    Agrega que “el 45% de los encuestados informaron que piensan en ser detenidos en un centro de detención de inmigrantes al menos una vez al día, mientras que el 55% dijo que piensa en ser deportado al menos una vez al día, y el 64% cree que en un miembro de la familia será deportado”.

    Entre los padres, la muestra halló que el 76% piensa en separarse de sus hijos debido a la deportación, y 74% piensa por lo menos una vez al día que no ver a sus hijos crecer debido a la deportación.

    “A pesar de la incertidumbre, los destinatarios de DACA siguen siendo cívicamente comprometidos. Desde que recibieron DACA, el 49% de los encuestados informaron que se han vuelto más activos políticamente”, indica la encuesta.

     

    Logros a toda vista

    Medina dijo Univision Noticias que la encuesta revela logros conseguidos con esfuerzo y dedicación, los que están “a toda vista”.

    “La encuesta muestra consistentemente que, los resultados para los beneficiarios de DACA no solo han mejorado sus vidas, sino que han impactado de manera positiva a sus familias y comunidades donde viven”, indicó.

    Señaló que, al igual que en encuestas pasadas, “sin las ganancias a través de empleo, salarios más altos al empezar sus propios negocios, estudios que antes no podían alcanzar, hubiera sido imposible conseguir estos resultados”.

    Ante la posibilidad de un fallo judicial adverso que frene la implementación del programa, Medina dijo que “seria cruel y anti productivo”, una decisión que “disminuiría las ganancias que han hecho los beneficiarios desde un principio”.

    Señaló que el CAP no cifra demasiadas esperanzas en lo que vaya a decidir la corte de Houston donde se ventila la demanda entablada por un grupo de estados encabezados por Texas. “No hay mucha esperanza, dado quién es el que juez que está fallando en esta causa”, dijo. “Tenemos presente lo que ha hecho en el pasado”, agregó.

     

    El juez Andrew Hanen

    Andrew S. Hanen, el juez que preside la corte federal de Houston, el 16 de febrero de 2015 frenó la implementación de una ampliación de DACA que aumentaba de dos a tres años la vigencia de los permisos de trabajo.

    También impidió la entrada en vigor de DAPA, programa que amparaba de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.

    “Los estados que demandaron al gobierno de Donald Trump por la legalidad de DACA se buscaron un juez antiinmigrante para que ponga fin de una vez por todas al programa”, dijo Medina. “Nosotros estamos pidiendo que las tres decisiones precedentes que tienen vivo el programa se mantengan vigentes, sean respetadas. Pero como conocemos los antecedentes del juez Hanen, estimamos que el caso terminará en manos de la Corte Suprema de Justicia. Aunque con dudas, porque el máximo tribunal tiene solo ocho miembros y es probable que decida no revisar el caso hasta que llegue el noveno magistrado”.

    El 6 de agosto, tras el fallo de una corte del Distrito de Columbia reiterando la restitución de DACA, el fiscal general Jeff Sessions aseguró que la intención del presidente Donald Trump de terminar con el programa de Acción Diferida (DACA) se mantiene.

    “Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del tribunal de Distrito de Columbia en el caso de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El Departamento de Justicia tomará todas las medidas legales para justificar la rescisión legal de DACA”, dijo Sessions en un comunicado.

     

  • Qué es y dónde se encuentra la tóxica marea roja que está afectando las costas de Florida

    La temporada de la marea roja generalmente dura de octubre a febrero, pero la actual se ha extendido alrededor de 10 meses, y ha ocasionado la muerte de miles de peces, tortugas marinas, manatíes y al menos un tiburón ballena en la zona de Sanibel.

    UNIVISION

     

    MIAMI, Florida. 8 de agosto del 2018- Tony Marino y sus amigos llevaban un mes planeando sus vacaciones en las playas de Naples, la popular ciudad de Florida en el Golfo de México. Pero al llegar, se encontraron con un aviso de marea roja que prácticamente arruinó su viaje. "Es un sitio muy bonito, sí, pero hemos decidido no meternos al agua", contó a Univision.

    Naples queda en Collier, uno de los siete condados que el gobernador Rick Scott declaró en emergencia por el brote de la marea roja en Florida. Esta declaración proporcionará fondos y recursos estatales a los territorios afectados.

    Aunque los habitantes de estas costas están acostumbrados a ver el fenómeno una vez al año, esta ha sido una de las temporadas más largas y mortíferas para la vida silvestre en la historia reciente del estado del sol.

    La marea roja se produce cuando hay en las aguas una concentración más alta de lo normal de un alga microscópica. En Florida y el Golfo de México, la especie que causa la mayoría de las mareas rojas es la Karenia brevis, conocida como K.brevis.

    En las últimas semanas la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre respiratorios.

    (FWC, por sus siglas en inglés) confirmó que hallaron concentraciones de la bacteria K.brevis en los condados de Pinellas, Manatee, Sarasota, Charlotte, Lee y Collier. En los últimos cuatro, las muestras recogidas tenían mayor contaminación. 

     

    Seis condados de Florida afectados por la marea roja

    La concentración de una bacteria en las aguas de las costas de Pinellas, Charlotte, Collier, Lee, Sarasota y Manatee puede causar problemas

    La temporada de la marea roja de Florida generalmente dura de octubre a febrero, pero la actual se ha mantenido por alrededor de 10 meses, y ha ocasionado la muerte de miles de peces, así como tortugas marinas, manatíes y al menos un tiburón ballena en la zona de Sanibel.

     

    La peor en años

    Con la llegada de la marea roja, cada año se registran las muertes de cientos de animales marinos. Según FWC, las muertes de peces cerca de Tampa Bay incluso fueron mencionadas en los registros de los exploradores españoles cuando llegaron a América.

    "También en 2005, 2013 y 2016 hubo largas floraciones de algas, por lo que no es raro que ocurra, desafortunadamente", dijo Stephen Leatherman, investigador del departamento de tierra, medio ambiente e investigación costera de Florida International University (FIU).

    Sin embargo, la longevidad de esta temporada ha sorprendido a los expertos, así las cifras de muertes de especies marinas. FWC ha contabilizado que al menos 300 tortugas marinas han muerto, así como cientos de peces que han sido arrastrados a las playas afectadas por la K.brevis.

    La veterinaria Heather Barron de Sanibel, Florida, es una de las encargadas de rescatar tortugas en las áreas afectadas. "Es la peor marea roja que he visto para las tortugas marinas adultas", aseguró.

    Para Leatherman el cambio climático sí está contribuyendo al problema de la marea roja.

    Susan Glickman, directora de la Alianza Sur para Energías Limpias en Florida, cree que aunque este fenómeno no es una consecuencia directa del calentamiento global, sí ayuda a empeorar el problema.

    "El clima más cálido y húmedo empeora la situación. El agua más cálida crea condiciones que aceleran el crecimiento de las bacterias que causan las mareas rojas", explicó.

    Glickman insiste que el aumento de las temperaturas es determinante. "Debido a que el aire más caliente contiene más humedad, el cambio climático intensifica la lluvia y aumenta el vertido de nutrientes a las vías fluviales".

     

    El riesgo para los humanos

    La actual temporada de marea roja que afecta las costas del golfo de Florida no solo amenaza la vida marina, sino que puede también causar problemas respiratorios e irritación ocular a los bañistas.

    Tony Reyes, meteorólogo del Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que las personas que sufren de problemas respiratorios pueden verse especialmente afectadas.

    "Cuando el alga se reproduce cerca de la orilla, emite esporas que pueden causar efectos similares a los que vemos en las personas sensibles a las alergias de temporadas, como en primavera", explicó.

    Los expertos explican que la floración de K.brevis no siempre pinta el agua de rojo como su nombre lo indica. Si la concentración del alga es muy alta, la marea roja de Florida puede decolorar el agua con un tono rojizo.

    "Las mareas rojas causadas por otras especies de algas pueden ser rojas, marrones, verdes o incluso moradas. Sin embargo, el color normal del agua no es indicativo de que esté a salvo de la floración de este alga tóxica", explica la FWC en su portal.

    Autoridades han dicho que los asmáticos deben evitar las playas donde la marea roja está presente. Además, las mascotas también pueden sufrir las consecuencias en caso de que ingieran el alga en la playa.

     

    Alerta insuficiente

    Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el mensaje no ha llegado a todos lo que disfrutan del verano en las playas del centro de Florida.

    En una playa de Naples, el único aviso que hay es un pequeño cartel en una de las entradas a la playa, que indica la la presencia de las algas peligrosas, y los potenciales efectos.

    En esa playa, la turista Elizabeth Hernández dijo que no se había enterado de la contaminación.

    “Me da temor por mis hijos porque han estado bañándose todo este rato. Deberían ponerlo en toda la playa, en los baños, para que sea más visto. Nosotros no lo vimos, ni nos alertaron ni nada”, indicó.

    Sin embargo, agregó que no dejarían de meterse en el agua “por eso”.

    Los expertos creen que es difícil calcular cuándo terminará esta temporada de marea roja. 
    "No hay un final definido a la vista, pero se espera que termine a fines del otoño", indicó Stephen Leatherman.

    Por su parte, Susan Glickman, cree que la temporada puede intensificarse. "Si continuamos elevando el calentamiento global y acelerando el ciclo hidrológico, entonces tenemos las condiciones ideales para la proliferación persistente y dañina de algas y la resultante marea roja y la baba tóxica".

    Si planea viajar a alguna playa de esta cosa, puede revisar aquí las alertas y avisos de las autoridades.

  • ACLU acusa a ICE y al servicio de inmigración de engañar a inmigrantes para arrestarlos y deportarlos

    La demanda indica que ambas oficinas coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin un estatus legal de permanencia en regla y se aprovecharon de sus anhelos para regularizar su situación migratoria.

    UNIVISION Y EFE

     

    14 de agosto del 2018- Dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron acusadas de trabajar juntas para engañar a inmigrantes con el objetivo de arrestarlos y deportados de Estados Unidos.

    Una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), indica que las dos dependencias atrajeron a inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses a entrevistas para conseguir la residencia (green card). Durante el proceso fueron apresados, privados de libertad y puestos en proceso para ser expulsados del país.

    ACLU demandó por este acto a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dependencia encargada de gestionar y otorgar las residencias, y a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la policía federal a cargo de las deportaciones.

    La demanda indica que ambas oficinas coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin un estatus legal de permanencia en regla y se aprovecharon de sus anhelos para regularizar su situación migratoria.

     

    Detalles de la demanda

    Los documentos obtenidos por varios medios luego desvelan correos electrónicos intercambiados entre miembros de la USCIS e ICE, en los que se evidencia una planificación detallada de estos planes de arresto.

    La USCIS planificó y programó las entrevistas a determinadas horas a petición de agentes de ICE que participaron en la operación.

    También muestran que las entrevistas fueron programadas de tal manera que hubiera suficiente tiempo entre las citas para que los medios de comunicación tuvieran "menos opciones" de descubrir esta táctica, según explica ACLU.

    En uno de estos correos, Andrew Graham, un agente de ICE, reclamó tiempo suficiente entre las entrevistas a un trabajador de la USCIS de manera explícita, con el fin de arrestar a personas indocumentadas que son parejas de ciudadanos estadounidenses al finalizar las vistas, obligatorias durante un proceso de residencia para verificar datos.

    "En lo que se refiere a los horarios, preferiría que no hagan (las entrevistas) todas al mismo tiempo, ya que no solo afecta nuestra capacidad de transportar y procesar varios arrestos, sino que también tiene el potencial de atraer los intereses negativos de los medios, cómo hemos visto en el pasado", escribió Graham.

     

    Datos compartidos

    A pesar de que la USCIS ha señalado en varias ocasiones que los datos recabados de sus clientes con propósitos migratorios no son compartidos con otras agencias para fines distintos, como deportación, la demanda indica que el servicio de inmigración facilitó al ICE una lista de gente que había llenado y enviado un formulario I-130, petición de residencia basado en familia firmado por un ciudadano estadounidense.

    ICE entonces revisó el listado enviado por la USCIS para encontrar cualquier "factor significativo" que influyera en su decisión de detener a una persona para luego deportarla, según los correos que aparecen en la denuncia. La agencia de deportaciones identificó a varios candidatos, agrega Efe.

    Una vez el beneficiario de la I-130 llegó junto con el peticionario a la entrevista, la USCIS notificó a ICE la presencia xde ambos en sus oficinas. ICE entonces envió a agentes para llevar a cabo el arresto del peticionario al finalizar la cita.

    Una de las personas identificadas y afectada por estos procedimientos fue la inmigrante guatemalteca Lilian Calderón, de 30 años y madre de dos niños, que llegó a los Estados Unidos cuando tenía tres años.

    Calderón fue arrestara en enero cuando acudió a la cita de USCIS en sus oficinas de Rhode Island, junto a su esposo, un ciudadano estadounidense.

     

    El caso Calderón

    El 5 de febrero la ACLU demandó en un tribunal federal la liberación inmediata de Calderón, quien tras su arresto fue enviada a un centro de detención de ICE en Boston.

    Tras la presentación del recurso un juez federal detuvo la deportación de la inmigrante guatemalteca.

    Adriana Lafaille, abogada de ACLU, dijo en un comunicado que Calderón estaba siguiendo el debido proceso establecido para conseguir la residencia legal permanente (LPR), y que no había justificación alguna para que permaneciera detenida.

    “Ella no tiene inclinación de irse del país, ni presenta amenaza alguna a la comunidad”, aseguró. “Tenerla encerrada es arbitrario, ilegal e inhumano”, apuntó.

    Calderón fue luego liberada y regresó con su familia.

     

    El caso Sandro de Souza

    La demanda de ACLU en contra de la USCIS e ICE incluye el arresto del inmigrante brasileño Sandro de Souza, que lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

    Souza fue arrestado bajo el mismo procedimiento, pero terminó siendo deportado en marzo, dejando en Estados Unidos a su esposa, una ciudadana, y a su hijo.

    “El señor de Souza, un inmigrante brasileño que ha vivido en los Estados Unidos durante más de 20 años, recibió la orden de abandonar el país el 24 de abril, a pesar del progreso en su proceso de solicitud pendiente a través de USCIS y pese a su historial de haberse registrado regularmente con ICE”, explica la ACLU en una de sus páginas de internet.

    El grupo de derechos civiles incluye en la demanda a otras tres familias afectadas por el mismo procedimiento. El diario The Boston Globe dijo que en al menos 17 ocasiones ambas dependencias han llevado a cabo este tipo de operativos que finalizan con un arresto bajo engaño.

    Calderón tiene fijada una audiencia para el 20 de agosto en una corte de distrito en Boston, Massachusetts.

    Un vocero de la USCIS dijo a Univision Noticias que, por política de la agencia, "no puede hacer comentarios sobre asuntos relacionados con litigios pendientes".

  • Un reciente fallo de la Corte Suprema genera caos en los tribunales e incertidumbre en los inmigrantes

    Algunos jueces están cerrando casos y los inmigrantes quedan como si nunca les hubiesen iniciado un proceso de deportación. No les dan la residencia, sino que quedan en el mismo estado migratorio en el que se encontraban antes del proceso, con excepción de algunos que por vías legales disponibles consiguen regularizar sus permanencias.

    JORGE CANCINO

     

    14 de agosto del 2018- Un fallo emitido en junio por la Corte Suprema de Justicia anuló los citatorios a las cortes de inmigración (Notificaciones de Comparecencia, NTA por su sigla en inglés) que fueron emitidas sin fecha, ni hora, ni dirección de dónde presentarse, y ahora está causando caos en los tribunales e incertidumbre en la comunidad inmigrante, sobre todo entre aquellos que tienen pendiente casos de deportación.

    La orden del máximo tribunal de justicia impacta a miles de expedientes de inmigrantes que están luchando por permanecer en el país, y entorpece aquellos que por sus méritos pueden ser cerrados para asó desaparecer el fantasma de la deportación, según lo señala la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

    “Estamos hablando de mucha gente que, de una u otra manera, se verán beneficiadas por esta decisión, pero también otros que pudieran no recibir una segunda oportunidad”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

     

    Error humano

    Velásquez indica que “la emisión de notificaciones para presentarse ante la corte sin fecha, hora o información sobre el adonde acudir, se trató de un error humano cometido por la burocracia”.

    “Fueron varios errores juntos. Escribieron mal un domicilio, el sobre no tenía fecha, la NTA tampoco tenía fecha y, en algunos casos, ni siquiera llevaban la hora de comparecencia o la dirección de la corte donde debía asistir el inmigrante”, agregó.

    “Era imposible entonces que esa carta o cita llegara a manos del solicitante. Y si llegaba, de todas maneras, el destinatario no sabía cuándo ir, a qué hora y en qué lugar”, añadió.

    El fallo de la Corte (8 a favor y 1 en contra) “exige que se anulen las notificaciones fallidas”, dijo Velásquez. “Y las nuevas NTA y los sobres en las que se envíen deben llevar fecha, hora de la cita y los datos de la corte de inmigración que lleva el caso. El reglamento es muy especifico, el debido proceso migratorio debe estar en perfecto orden”, añadió.

     

    Qué pasa con los casos

    Los casos afectados por la anulación de NTA defectuosas “deben ser terminados, es decir, cerrados”, dice Barbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas.

    “Algunos jueces los están cerrando y los inmigrantes entonces quedan como si nunca les hubiesen iniciado un proceso de deportación. No les dan la residencia, quedan en el mismo estado migratorio en el que se encontraban antes del proceso, con excepción de algunos que por vías legales disponibles regularicen sus permanencias”, agregó.

    Pero hay inconvenientes después del fallo, advierte Hines. “El gobierno, a través de los abogados de ICE, se opone a que los jueces cierren los casos en los que hubo notificaciones de comparecencia fallidas”.

    “Eso es lo que esta sucediendo en los tribunales, lo que estamos viendo los abogados. Los Avisos de Comparecencia deben tener toda la información necesaria para que el inmigrante asista y tenga su día en corte, como manda el debido proceso”, añade.

     

    Daños irreparables

    Hines indicó que “la falta de información en las NTA anuladas por la Corte Suprema pudieron haber afectado a miles de personas que, por no tener la información sobre el día, la hora y el lugar de presentación ante un juez, no acudieron y recibieron una orden de deportación en ausencia”.

    “El fallo de la Corte Suprema quiere decir que la cita de comparecencia sin fecha nunca existió”, dice Velásquez. “No se puede argumentar que el gobierno actuó de mala fe. La burocracia a veces, o en este caso por el gran número de expedientes que existen, las personas que enviaron los citatorios se les pasó ese importante detalle”.

    Velásquez precisó que “muchos inmigrantes centroamericanos que han llegado al país desde 2014 en busca de asilo, recibieron citatorios a las coprtes sin fecha, ni hora. Y al no saber cuándo acudir ante el juez, ahora están terriblemente afectados porque les emitieron una orden de deportación en ausencia y no lo saben”.

    En cuanto a los casos ya procesados y en los cuales el inmigrante recibió un beneficio tal como la residencia al demostrar que lleva más de 10 años en Estados Unidos, tiene buen carácter moral, carece de antecedentes criminales y probó al tribunal que su deportación causaría un sufrimiento extremo a un familiar inmediato, “esos procesos ya están concluidos. No les debe afectar el fallo de la Corte Suprema”, apuntó Hines.

     

    Tribunales atascados

    La orden de la Corte Suprema causa, además, serios contratiempos en las Cortes de Inmigración, que a finales de junio tenían más de 740,000 casos acumulados.

    “Las NTA defectuosas deben ser canceladas y también los procesos. Y si los jueces no los cierran, se deben enviar nuevos citatorios, esta vez con las fechas que exige el proceso para que sea válido”, reiteró Velásquez.

    La abogada explicó además que, “el procedimiento de entrega de una NTA debe indicar los cargos presentados y las agencias de la ley deben aportar una lista de agencias de ley y abogados que pueden ayudar al inmigrante para que defienda su permanencia en el país”.

    “Así es que, no solo las notificaciones carecían de firma o fecha, sino también de este proceso escrito en la parte de abajo del documento con letra pequeña, pero muy importante dentro del debido proceso migratorio”, comentó.

    En cuanto al cierre de casos, un recurso que los jueces de inmigración pueden emplear en el caso notificaciones anuladas por la Corte Suprema, se trata de una herramienta que el fiscal general Sessions ha intentado disminuir en medio de las preocupaciones de los jueces de inmigración.

    “La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada por la decisión del fiscal general de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes”, dijo en mayo a Univision Noticias la honorable jueza Dana Marks, presidenta emérita de la NAIJ. “Hemos aconsejado sobre ese asunto con el punto de vista de las cortes explicando de que “administrative closure” (el cierre administrativo) es un método muy útil para que nosotros podamos arreglar nuestros expedientes de una manera más eficaz, especialmente en esta época de tantos casos atrasados. Es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve los intereses del debido proceso y administración inteligente de la ley”, agregó.

     

    Sistema fallido

    Las cortes de inmigración tienen acumulados poco más de 740,000 casos, según datos recientes del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales ( TRAC) de la Universidad de Siracuse en Nueva York.

    “Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dice Marks. “Algunos expertos señalan que para reparar el problema se requieren el doble de jueces, unos 700 para poder tener suficiente capacidad de hacer nuestros trabajos de una manera prudente en un período de tiempo aceptable”.

    Marks advierte además que sin jueces suficientes y sin tiempo adecuado “se puede perjudicar a la gente que está solicitando un remedio, un familiar extranjero, están en peligro o tal vez tienen pariente enfermo y necesitan a esa persona para calificar por un remedio dentro de la ley”.

    La portavoz de la NAIJ dijo además que, “por décadas hemos seguido el mecanismo de cerrar los casos administrativamente, no es algo nuevo, es algo que se ha usado en las cortes por décadas, y no solo de inmigración, también en los tribunales civiles y criminales”.

    “Se emplea no como una manera solo para evitar hacer el trabajo necesario, sino un mecanismo establecido para priorizar los casos que están verdaderamente listos para seguir porque la gente ha tenido el tiempo necesario para preparar y hacer los pasos fuera de la corte de inmigración para calificar por otras vías legales”, indicó.

     

  • Científicos advierten que la luz azul que emiten los teléfonos inteligentes y tabletas aumenta el riesgo de perder la visión

    Ya se sabía que era dañino para los ojos, pero no hasta qué punto, ni por qué. Un nuevo estudio comprobó que la exposición prolongada a las pantallas ‘mata’ a los fotorreceptores, lo que puede acelerar la degeneración macular, sobre todo en personas mayores.

    UNIVISION

     

    10 de agosto del 2018- No era ningún secreto que la luz de la pantalla del celular o la tableta afecta nuestros patrones de sueño y genera cansancio ocular entre otros problemas. Lo que desconocíamos era de qué modo deteriora la visión y que incluso puede ocasionar ceguera, algo que acaba de asegurar un grupo de científicos.

    Investigadores de la Universidad de Toledo (EEUU) revelaron en un artículo publicado en la revista Scientific Reports, que la exposición prolongada a la luz azul hace que algunas moléculas oculares se hagan tóxicas, lo que puede desencadenar el desarrollo de degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en el mundo.

    La degeneración macular ocurre cuando los fotorreceptores (células sensibles a la luz) de la retina mueren. Es la principal causa de ceguera en Estados Unidos y aunque ésta no llegue a ser total, puede impedir la realización de actividades diarias como leer o reconocer rostros.

    Para detectar la luz, los fotorreceptores necesitan de una molécula especial que permite que se emita la señal al cerebro y así podamos ver. Los científicos encontraron que la luz azul (no la roja, ni la verde o la amarilla) hace que esa molécula genere una serie de reacciones que “matan” a los fotorreceptores.

    “Esas células fotorreceptoras no se regeneran y cuando mueren, mueren para siempre”, explicó Ajith Karunarathne, profesor asistente del departamento de química y bioquímica de la Universidad de Toledo.

    “Estamos expuestos a la luz azul continuamente y ni la córnea ocular ni los lentes pueden bloquearla o reflejarla. La luz azul deteriora nuestra retina y el experimento que hicimos explica cómo. La idea es que esto motive a crear terapias como gotas oculares que detengan la degeneración macular”, dijo.

    Hay tener especial cuidado con los niños, pues otro estudio previamente determinó que estos absorben más luz azul de los dispositivos electrónicos, que los adultos.

     

    Cómo protegerse

    A quienes desean prevenir estos efectos, algunos expertos como Karunarathne les recomiendan usar lentes de sol que filtren no sólo los rayos UV sino también la luz azul cuanto se encuentren al aire libre, y evitar navegar en sus teléfonos o tabletas en la oscuridad.

    Hasta el momento, la Academia Estadounidense de Oftalmologíano no apoya el uso de lentes especiales para ver el celular o la computadora por falta de evidencia sobre su efectividad.

    También advierten que aunque está comprobado que la exposición directa a la luz ultravioleta del sol aumenta el riesgo de padecer cataratas, cáncer y otros problemas visuales, los efectos de la luz azul que emiten los dispositivos (y de la que el sol es la principal fuente) “todavía están siendo investigados”.

    De forma natural los ojos tienen un antioxidante llamado alpha tocopherol, capaz de detener el deceso de las células. El problema es que éste no protege a la gente de la tercera edad o que tienen un sistema inmune comprometido, por eso, estas serían más susceptibles a padecer problemas oculares como la degeneración macular.

     

  • Trump endurece las penas para los estudiantes que se queden ilegalmente

    Quienes acumulen más de 180 días (seis meses) indocumentados en Estados Unidos, les caerá encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera del país al infractor. Y es poco probable que al término de la sanción puedan regresar, porque les pueden negar una nueva visa.

    JORGE CANCINO

     

    9 de agosto del 2018- El gobierno de Donald Trump publicó este jueves un memorando con el nuevo reglamento que regula la presencia de estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio con visas F, J y M, y reitera que aquellos que pierdan su estatus y no tramiten su reinstalación acumularán tiempo de presencia ilegal y podrán ser deportados de Estados Unidos.

    La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que “la guía final revisada sobre presencia ilegal para estudiantes y visitantes de intercambio” fue elaborada y revisada “luego de considerar los comentarios recibidos durante un periodo de 30 días, que terminó el 11 de junio de 2018”.

    Las nuevas políticas entraron en vigor este 9 de agosto, añadió la agencia. Y advirtió que “los no inmigrantes con visas F y M que ya no estén bajo estatus legal y soliciten a tiempo la reinstalación de dicho estatus, se les suspenderá la acumulación de presencia ilegal mientras sus solicitudes están pendientes”.

    La acumulación de presencia ilegal está regulada por la denominada Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera de Estados Unidos si la permanencia ilegal o indocumentada pasa de 180 días, y con 10 años si el tiempo como indocumentado pasa de los 365 días (1 año).

     

    El primer aviso

    El 10 de mayo la USCIS publicó un primer memorándum de políticas para anunciar que había cambiado la manera en que la agencia calcula la presencia ilegal de aquellos extranjeros que se encuentran en el país bajo estatus de estudiante ( no inmigrante F), visitante de intercambio ( no inmigrante J), o estudiante vocacional ( no inmigrante M).

    Con la publicación del memorando se abrió un período para recibir comentarios del público, los que fueron tomados en cuenta para elaborar la versión final revisada publicada este jueves en el Registro Federal, el diario oficial estadounidense donde se publican nuevas normativas y leyes.

    El gobierno había advertido además que las nuevas regulaciones entrarían en vigor este 9 de agosto. Y que las visas tipo F, J y M estarán vigentes por un período restringido y bien determinado de tiempo para de esa manera evitar interpretaciones erróneas.

     

    Advertencia de deportación

    La USCIS dijo que el memorando del 9 de agosto reemplaza el memorando del 10 de mayo, y señala que el nuevo documento “describe las reglas para calcular la presencia ilegal de no inmigrantes con visas tipo F y M con solicitudes de reinstalación presentadas a tiempo o aprobadas, así como de no inmigrantes con visa tipo J a quienes el Departamento de Estado reinstaló su estatus”.

    “Como resultado de las opiniones del público y los grupos de interés, hemos ajustado la política de presencia ilegal a fin de abordar una preocupación expresada en los comentarios del público, que en última instancia mejora la forma que en general implementamos las causales de inadmisibilidad por presencia ilegal y reduce el número de estadías rebasadas en esas categorías de visa”, dijo Francis Cissna, director de USCIS., en un comunicado

    Cissna dijo además que la USCIS seguirá protegiendo “la integridad del sistema de inmigración” y “asegurar que nuestras leyes sean ejecutadas fielmente”.

    A su vez, precisó que “las personas que rebasen su estadía o violen los términos de sus visas no deben permanecer en Estados Unidos. Los estudiantes extranjeros que ya no están matriculados apropiadamente en escuelas están violando los términos de sus visas de estudiante y deben ser responsabilizados por ello”, puntualizó.

     

    Estadías en peligro

    El memorando del 9 de agosto es en la misma semana que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado 7 de agosto la publicación del 'Informe de Entrada/Salida y Rebaso de Estadías del año fiscal 2017'.

    El documento, agrega, mostró que “los índices estimados totales de rebaso de estadías fueron menores durante el año fiscal 2017 en las categorías de visas de no inmigrante tipo F y J, pero las categorías de visas tipo F, M y J continúan teniendo índices significativamente más altos que otras categorías de visas de inmigrante, lo que justifica la necesidad de atender el cálculo de presencia ilegal de esta población”.

    El servicio de inmigración apuntó que “para propósitos de calcular la presencia ilegal, se considera que una solicitud de reinstalación de estatus F o M presentada a tiempo es una en que los estudiantes no han estado fuera de estatus por más de cinco meses al momento de presentar su solicitud”.

    Y que “bajo el memorándum de políticas final revisado, la acumulación de presencia ilegal se suspende cuando el no inmigrante F o M presenta una solicitud de reinstalación de estatus durante el periodo de oportunidad de cinco meses, y mientras la solicitud está en proceso con USCIS”.

     

    En caso de rechazo

    La USCIS añade que, si la solicitud de reinstalación es denegada, “la acumulación de presencia ilegal se reanuda el día siguiente del rechazo de la petición”.

    Si este es el caso, agrega, “es responsabilidad del no inmigrante salir voluntariamente de Estados Unidos para evitar acumular más presencia ilegal, lo que podría resultar luego en una inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(9) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.

    Indica además que “independientemente de si la solicitud de reinstalación se presenta a tiempo, un inmigrante con una visa tipo F, J o M cuya solicitud de reinstalación de estatus es finalmente aprobada, generalmente no acumula presencia ilegal mientras está fuera de estatus”.

     

    La visa de intercambio

    En cuando a los extranjeros con una visa tipo J-1 de intercambio, la USCIS dijo que es el Departamento de Estado (DOS) la dependencia encargada de administrar este programa, “que incluye peticiones de reinstalación”.

    “Si el DOS aprueba la solicitud de reinstalación de un no inmigrante con una visa tipo J, la persona generalmente no acumulará presencia ilegal desde el momento en que el no inmigrante J rebasó el tiempo de su estatus hasta el momento en que se le aprobó su reinstalación”, aseguró.

    La agencia dijo además que la nueva guía final revisada “corrige las referencias a la Junta de Apelaciones de Inmigración emitiendo órdenes de deportación en primera instancia” a aquellos que acumulen presencia ilegal en el país.

     

    Preste atención

    El gobierno considera que un extranjero F, J o M está ilegalmente en el país si suspende sus clases o abandona la actividad autorizada por la visa. En esos casos, comenzarán a acumular presencia ilegal en Estados Unidos y se les podrá aplicar la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años, a menos que inicien un trámite de reinstalación dentro de un plazo de cinco meses.

    El nuevo reglamento también afecta a los dependientes (cónyuges e hijos) que utilizan las visas F-2, J-2 o M-2 que no mantengan su estatus en Estados Unidos.

    “Esta política está alineada con la Orden Ejecutiva del Presidente: Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de Estados Unidos, a fin de hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación”, explicó la USCIS en mayo.

    La orden citada por la agencia decretó, además, que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad y pública de Estados Unidos.

     

    No más dudas

    Antes de la implementación del nuevo reglamento para las visas F, J y M “había dudas respecto a partir de cuándo un estudiante o un académico se convertía en indocumentado y acumulaba presencia ilegal”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, cuando el gobierno anunció un nuevo reglamento en mayo. “A partir de ahora se acabaron las dudas”, indicó.

    “Había un debate respecto a estas visas, porque la interpretación no lo dejaba en claro. Pero a partir de este 9 de agosto, ya se sabe cuándo comienza a regir la cuenta de tiempo ilegal en el país. Habrá que tomar medidas urgentes para evitarlo”, precisó. “Algunas personas que saben que se quedarán irregulares, deben regresar al estatus de visa correcta para no verse afectados”.

    Barrón explicó además que, “si un estudiante F1 deja las clases, debe saber que el centro de estudios notificará de inmediato a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, debe saber que esta categoría de personas son una prioridad de deportación para el gobierno”.

     

    Quiénes las usan

    El libro “Inmigración, las nuevas reglas, lo que debes saber para vivir y permanecer legalmente en el país”, una guía de Univision, señala que la visa F es una de las categorías más populares usada por estudiantes para poder asistir a escuelas y universidades en estados Unidos. “Generalmente, esta visa tiene una duración igual al tiempo estimado que tomará el programa de estudios determinado por un formulario I-20 emitido por la institución académica”, indica.

    La visa tiene dos categorías:

     

    F1, para estudios académicos.

    F2, para cónyuges e hijos de los portadores de F1.

    La visa J, en cambio, se concede a personas que viajan a Estados Unidos con el propósito de realizar estudios académicos, como visitante de intercambio y cultural, o para adiestrarse como parte de un programa de intercambio reconocido oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. La visa J tiene también tiene dos categorías:

     

    J1, para el estudiante o visitante de intercambio.

    J2, para familiares directos (cónyuge e hijos menores de edad) de un portador de visa J1.

    En cuando a la visa M, esta es muy parecida a la F1 “porque también es para estudiantes”, explica la guía. “La diferencia es que se concede para realizar ciertos estudios específicos tales como programas vocacionales o no académicos (estudios técnicos, por ejemplo), cursos de cocina, idiomas o cursos de vuelo”.

    La visa M tiene dos categorías:

     

    M1. Los estudiantes M1 solo pueden tomar clases en el establecimiento que aprobó la solicitud. A diferencia de la F1, no se permite cambio de carrera. Y los estudiantes solo pueden trabajar dentro de las instalaciones del establecimiento educativo.

    M2. Para familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad) del portador de una visa M1. No incluye autorización de empleo.

    Durante el año fiscal 2016, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró:

    1,858,644 admisiones de extranjeros con visa F1

    505,448 admisiones de extranjeros con visa J1

    18,726 admisiones de extranjeros con visa M1

  • ICE arresta a más de 130 trabajadores y 14 propietarios de negocios en redadas en Nebraska y Minnesota

    Los agentes entraron a varios negocios locales y protagonizaron una de las mayores operaciones de la unidad de investigación de ICE en sus 15 años de historia.

    UNIVISION

     

    8 de agosto del 2018- El Servicio de Inmigracion y Aduanas ( ICE) entró este miércoles en varios negocios y plantas de Nebraska y Minnesota, donde arrestó a 133 trabajadores extranjeros y 14 propietarios de negocios, según informa la agencia de noticias AP.

    Gran parte de la operación se desarrolló en O'Neill, Nebraska, un pequeño municipio de unos 3,000 habitantes.

    Tanto ICE como vecinos de la zona explicaron a Univision Noticias que algunos de los negocios donde se produjeron las detenciones son una planta de procesamiento de tomate (Ventures Tomato Processing Plan), una de papa, una granja de vacas, una tienda de comida (El Mercadito) y un restaurante mexicano (La Herradura).

    Tracy Cormier, agente especial de ICE, dijo que se trata de una de las mayores operaciones de los 15 años de historia de la unidad de investigaciones de la agencia.

    La agente dijo que "los negocios contraban conscientemente a trabajadores ilegales para beneficiar sus propios bolsillos engañando a los trabajadores, a los contribuyentes y a los negocios competidores", dijo en un comunicado enviado a Univision Noticias.

    También hubo detenciones en otros municipios de Nebraska (Stromsburg, Ainsworth, Bartlett y Royal) y Minnesota (Appleton y Atkinson).

    La agencia migratoria dijo que algunos de los arrestados serán liberados mientras esperan su audiencia ante el juez, mientras que el resto quedará en detención. Inmigrantes que no estaban en las redadas temen ahora que el arresto de propietarios de negocios revele sus nombres, y facilite que ICE los encuentre y los detenga.

    El operativo comenzó poco antes de las 9:00 am, cuando llegaron los oficiales a la planta de tomates. La empresa es un invernadero de 10 acres que puede producir aproximadamente 250,000 libras de tomates a la semana.

    Según Staci Ramon, una testigo que vio la operación citada por el diario Omala World-Herald, en la empresa emplean aproximadamente 80 personas recogiendo y empaquetando tomates. "Pero ahora probablemente tendrán 20", añadió.

    Algunos empleados pudieron salir de la empresa mientras los agentes continuaban con la operación. Se corrió la voz y otros inmigrantes del municipio huyeron a sus casas por si ICE llegaba a sus puestos de empleo.

    "La gran mayoría de esas personas son trabajadores que solo quieren una vida mejor", indicó al diario Don Tejral, en relación a los posibles detenidos por ICE.

    "Desde que los rumores sobre ICE se han divulgado por el centro de Nebraska, hemos visto cómo el miedo a dañado las comunidades locales". dijo Darcy Tromanhauser, de la organización Nebraska Appleseed, en un comunicado. "Los padres tienen miedo de ir a trabajar o mandar sus hijos e hijas a la escuela".

    Ve el especial de Univision Noticias: America First, el legado de una redada.

    Este tipo de operaciones se enmarcan en la creciente campaña del gobierno contra aquellos empleadores que contratan a personas que residen ilegalmente en Estados Unidos.

    ICE dijo que este año fiscal 2018 quería multiplicar por cuatro o por cinco las inspecciones a lugares de trabajo. En Tennessee detuvieron a 97 inmigrantes en abril y en Ohio, a principios de junio 114 detenidos y 146 a mediados de mes. Los efectos son todavía a mayor escala cuando se vuelve a pequeñas localidades como Postville, Iowa, donde hace una década arrestaron a 389 extranjeros, y tres cuartos de ellos fueron deportados.

     

  • Agentes niegan a una mexicana el acceso a EEUU por haber usado ayudas de Medicaid

    El diario Houston Chronicle explica la historia de una madre que fue enviada de vuelta a México porque había usado ayudas públicas para dar a luz a su hijo en Maryland en 2016.

    UNIVISION

     

    8 de agosto del 2018- La mexicana Michelle Nicoll Gutiérrez llegó el pasado sábado al aeropuerto de Houston con una visa de turista y con su hijo de 20 meses, quien tiene pasaporte estadounidense. Pero funcionarios de inmigración le negaron la entrada, le revocaron su permiso de viaje, la devolvieron a México y ya no podrá volver a Estados Unidos en cinco años.

    Las autoridades, según cuenta el diario Houston Chronicle, consideran a esta mexicana "una carga pública" para Estados Unidos. En el aeropuerto internacional Bush, los agentes le preguntaron mucho sobre asuntos financieros y sobre el uso que hizo del programa de asistencia federal Medicaid para dar a luz.

    Esa explicación oficial resuena con más fuerza tras saber que la administración de Donald Trump prepara la publicación de un reglamento que hará cambios radicales al concepto de ‘carga pública’. Ese nuevo foco causaría un fuerte impacto tanto en los extranjeros que piden visas para entrar y permanecer legalmente al país, así como en aquellos inmigrantes ya establecidos con una ' green card'.

    La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo al diario texano que la mujer mexicana había usado "asistencia del gobierno durante una estancia previa en el país para pagar los gastos asociados con tener un hijo en Estados Unidos".

    La mujer visitaba frecuentemente el país de manera legal supuestamente porque su madre está casada con un miembro retirado del servicio exterior estadounidense, a quien conoció en México y con quien se mudó a Maryland. Abogados explican que la mujer alargó a veces demasiado esas estancias como turista.

    Pero fue en Maryland donde Michelle Nicoll Gutiérrez usó los servicios de Medicaid, ya que ella se habría enfermado al final de su embarazo y su hijo nació en Maryland en diciembre de 2016.

    Y fueron precisamente esas ayudas que activaron la luz roja de los agentes de CBP, quienes tienen discrecionalidad para decidir sobre las entradas de los extranjeros al país.

    Según el diario, sin embargo, una ley de 2009 permite en decenas de estados como Maryland que extranjeras embarazadas que están de manera legal en Estados Unidos y que tienen ingresos bajos usen ayudas de Medicaid.

    Esta vez, la mexicana intentaba entrar a Estados Unidos con una visa para celebrar su cumpleaños con la familia. Univision Noticias contactó sin éxito a CBP para conocer los detalles de la negación de entrada.

  • Golpe al cartel de Sinaloa en Los Ángeles: arrestan a 22 narcos en un operativo federal

    A lo largo de tres años la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos. Regresaban con los pagos en fajos de dólares.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 8 de agosto del 2018– Un operativo que involucró a múltiples agencias del orden concluyó este miércoles con el arresto de 22 miembros del cartel de Sinaloa que trajeron ocultos en sus autos grandes cargamentos de droga a Los Ángeles y regresaron a México con miles de dólares en efectivo.

    Los arrestos se realizaron esta mañana en distintas locaciones del sur de California, una región que desde hace varios años ha sido el principal centro de distribución en Estados Unidos de la organización criminal dirigida por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

    Durante tres años, la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California, ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos.

    Luego llevaban la droga a las viviendas de los miembros de la organización delictiva y la distribuían en el área metropolitana de Los Ángeles y en distintas ciudades de EEUU. Las ganancias en efectivo por dichas transacciones regresaban hasta Sinaloa.

    Como resultado de esta operación, las autoridades decomisaron unas 850 libras de metanfetamina, casi una tonelada de cocaína, 93 libras de heroína, casi 50 libras de marihuana y 1.42 millones de dólares en efectivo. Varias pagas de billetes de cien dólares fueron incautadas por los agentes del orden.

    Este fuerte golpe al cartel de 'El Chapo' lo asestó un equipo especial formado en 2014 en Los Ángeles para desmantelar las operaciones de narcos mexicanos. La unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles es dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

    Los 22 narcotraficantes detenidos en la redada este miércoles, quienes están siendo presentados ante una corte federal en Los Ángeles, se encuentran entre 57 personas citadas en tres acusaciones federales por contrabando de narcóticos.

    Los 35 restantes siguen fugitivos y la mayoría estarían en México, según un comunicado de la Fiscalía federal. Los nombres de los detenidos y los prófugos no han sido publicados.

    Si son condenados en estos casos, la mayoría estarían sujetos a sentencias mínimas de 10 años en prisión federal y posibles condenas a cadena perpetua sin libertad condicional, indicaron las autoridades.

     

    Escuchando a los jefes del narco

    "El área metropolitana de Los Ángeles es utilizada por las organizaciones criminales como un centro para el transporte y la distribución de drogas ilícitas en todo Estados Unidos", advirtió Bill Bodner, agente especial de DEA en esta región.

    "La operación conjunta de hoy envía un mensaje claro de que las fuerzas de seguridad están comprometidas a frenar el flujo de narcóticos en nuestro país y proteger a los estadounidenses de la violencia que acompaña al tráfico de drogas", agregó el funcionario.

    La DEA señala que en los últimos años el cartel de Sinaloa ha perdido presencia en el sur de California, donde ahora tiene mayor control el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este avance territorial está ligado a la guerra que enfrentan ambas organizaciones en Tijuana, uno de los principales puntos de acceso de droga hacia EEUU.

    Las tres acusaciones de tráfico de drogas buscan incautar cualquier propiedad utilizada para cometer o facilitar dicha actividad ilícita. Uno de los casos alega que hubo una conspiración para blanquear dinero y contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo.

    "Esta investigación fue responsable de eliminar más de 1,300 kilos de narcóticos de las calles de Los Ángeles y otras ciudades, y sin duda evitó la violencia en nuestras comunidades", dijo Paul Delacourt, subdirector del FBI en Los Ángeles. "Esperamos que este caso tenga un impacto significativo en las capacidades de transporte de estas organizaciones", agregó.

    Por su parte, la fiscal federal Tracy Wilkinson, detalló que la operación 'Narconetas' pudo identificar a traficantes de alto nivel que desde México dirigieron las transacciones. Sus nombres no fueron revelados por tratarse de una investigación en curso. "Pensaban que estaban utilizando dispositivos de comunicación seguros para cometer sus crímenes", dijo la funcionaria.

    "Nuestra capacidad para obtener esas comunicaciones continúa siendo una parte importante de nuestra capacidad para resolver estos crímenes. La Fuerza de Ataque de Los Ángeles se ha convertido en un líder en el uso de técnicas de investigación innovadoras para golpear a las organizaciones de tráfico de drogas con sede en México", añadió la fiscal federal.

    En las recientes acciones de esa unidad también participaron las Policías de Los Ángeles, Glendale, Fullerton, Pomona, Azusa, Torrance, así como la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los US Marshals, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

     

    Otros operativos contra el cartel

    En junio de 2017, siete supuestos operadores del cártel de Sinaloa en el sur de California fueron arrestados como resultado de una investigación de dos años en la que agentes federales en la unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles intervinieron sus comunicaciones telefónicas.

    Se trataba de una red de tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína que utilizaba a Los Ángeles como su centro de operaciones para distribuir la droga a San Francisco, Oxnard y Modesto (en California), Omaha (Nebraska) y Phoenix (Arizona).

    Esa célula usaba a mujeres para evitar el escrutinio de las autoridades en la frontera. Ellas pasaban las garitas ocultando la mercancía en compartimientos secretos de sus autos. Les pagaban hasta 6,000 dólares por cada entrega.

    Cerca de la frontera, en San Diego, también tienen en la mira a los socios de 'El Chapo'. Allí, una investigación de cinco años ha presentado cargos criminales contra más de 125 integrantes del cartel. Lo han logrado a través de más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por un juez para reunir pruebas y anticipar los movimientos de dicha organización.

    Este operativo que realizan múltiples agencias del orden en esa región, por la cual cruzan la mayoría de los narcóticos elaborados por dicho grupo criminal, "ha tenido un impacto importante en las operaciones mundiales del cartel de Sinaloa", asegura la Fiscalía federal.

    Algunos peces gordos de la organización que enfrentan cargos en un tribunal federal de San Diego son Dámaso López 'El Mini Lic', hijo de quien en un momento se dijo podía tomar las riendas del cartel tras la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán; Serafín Zambada,hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada, considerado uno de los narcos más poderosos del mundo; y Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de 'El Chapo' y líder de una célula que operaba en Guadalajara y en la Ciudad de México.

     

  • Incendio en el norte de California rompe récord: es el más grande en la historia del estado

    El Mendocino Complex, como ha sido llamado el fuego que se extiende en tres condados, ha consumido más de 283,800 acres de terreno, una superficie un poco menor a la de la ciudad de Los Ángeles. Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

    UNIVISION

     

    LOS ÁNGELES, California. 6 de agosto del 2018– Un incendio forestal que empezó el pasado 27 de julio en el condado de Mendocino es ya más grande en la historia de California tras haber arrasado más de 283,800 acres de terreno, prácticamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Desde ese día las llamas se han expandido por miles de acres cada día e incluso en las noches.

    Es conocido como Fuego Mendocino Complex por estar compuesto por dos incendios, Ranch y River, los cuales han sido contenidos en un 21% y 58% respectivamente hasta la tarde de este lunes, de acuerdo con el último informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

    Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

    Su poder destructivo ahora se extiende por tres condados: Lake, Colusa y Mendocino (donde comenzó). Las condiciones del clima y del terreno han dificultado las labores de los bomberos.

    "Estamos a merced del viento", reconoció el capitán Thanh Nguyen, portavoz de Cal Fire en el condado Lake, a medios locales. "Trágicamente, toda esta zona está realmente seca y es muy difícil extinguir las llamas".

    El tamaño de este incendio supera a del incendio Thomas que año pasado que consumió 1,140.8 kilómetros cuadrados (440,5 millas cuadradas o 281,893 acres) en el sur del estado. En ese incendio murieron dos personas, incluyendo un bombero, y más de 1,000 construcciones quedaron destruidas, antes de ser controlado en su totalidad el 12 de enero.

    El vertiginoso aumento del tamaño del incendio en los últimos días, que ha seguido creciendo incluso de noche, cuando generalmente las llamas se calman, ha sorprendido a los propios bomberos.

    "Hemos roto un récord. Este es uno de esos récords que no quisieras ver", dijo al diario local Los Angeles Times el subdirector de Cal Fire, Scott McLean.

    "Se propaga extremadamente rápido, es extremadamente agresivo y es extremadamente peligroso" , añadió McLean.

    Este incendio ha provocado numerosas evacuaciones en los condados afectados, pero no ha destruido tantas casas como otros que siguen activos en el estado, porque se ha propagado por zonas remotas.

    Un total de 432 camiones, 15 helicópteros y cerca de 4,000 bomberos combaten las llamas.

    Según los expertos, los años de sequía han creado las condiciones ideales para que los incendios forestales a gran escala se extiendan a mayor velocidad.

    De hecho, de los cinco incendios forestales más grandes en la historia del estado, cuatro han ocurrido desde 2012.

     

    Los 5 grandes

    Mendocino Complex Fire: +283,800 acres, Mendocino. 
    Thomas Fire: 281,000 acres, diciembre de 2017, Ventura. 
    Cedar Fire: 273,246 acres, octubre de 2003, San Diego. 
    Rush Fire: 271,911 acres, agosto de 2012, Lassen. 
    Rim Fire: 257,314 acres, agosto de 2013, Tuolumne.

     

    En la actualidad hay 17 incendios grandes en California, que, en total, han arrasado más de 558,000 acres. El incendio Carr, próximo a la ciudad de Redding, se ha cobrado las vidas de siete personas y ha destruido más de 1,000 viviendas.

    Los meteorólogos han lanzado para esta semana avisos de emergencia por las altas temperaturas que se van a vivir en el condado de Los Ángeles, donde se superarán los 107 grados Fahrenheit durante esta semana en áreas como Woodland Hills.

    A finales de julio, el gobernador Jerry Brown declaró el estado de emergencia para los condados de Riverside y Shasta, al igual que para el de Mariposa, debido a los incendios en estas zonas.

    Poco después Trump firmó el estado de emergencia para California, lo que supone que el gobierno federal presta asistencia adicional para combatir los fuegos.

    De acuerdo a datos de Cal Fire, la de 2017 fue una de las temporadas de incendios más devastadoras para este estado, con 46 muertos y cerca de 559,000 hectáreas consumidas a causa de unos 9,000 fuegos forestales que destruyeron 10,800 estructuras.

     

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