Indianapolis, Indiana. .
March 20, 2019

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El Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro resultó ganador con el 67.7% de los votos. Sin embargo, el presidente se reeligió con el nivel de abstención más alto de la historia democrática del país. Los candidatos opositores desconocen el resultado.

PEDRO PABLO PEÑALOZA

CARACAS, Venezuela. 20 de mayo del 2018- Nicolás Maduro resultó reelecto presidente de Venezuela, pero cayó derrotado ante su verdadero enemigo: la abstención. Con un índice de participación de 48%, el más bajo de la historia democrática de Venezuela, Maduro ganó unos comicios que diseñó a su medida y que han sido catalogados como "ilegítimos" por los candidatos de la oposición.

Con 92.6% de los votos escrutados, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que Maduro tenía 5.8 millones de votos, mientras que su contendor más cercano, el opositor disidente del chavismo Henri Falcón, consiguió 1.8 millones de votos.

Según Lucena, en el proceso de este domingo votaron 8.6 millones de venezolanos, de un padrón electoral conformado por más de 20 millones de personas, lo que arroja una participación que no alcanza al 50%. Se trata del nivel de abstención más alto no solo de la historia democrática, que comenzó en 1958, sino que también es el más bajo que ha registrado el chavismo desde que figuró en su primera elección en 1999.

La victoria tiene un sabor amargo que compromete la legitimidad de una gestión que se extenderá por seis años más. Aunque aplastó a sus contrincantes opositores Henri Falcón y Javier Bertucci, el jefe de Estado fracasó en el intento de coronar su triunfo con una movilización masiva como la que prometió. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a no sufragar en este proceso ante la ausencia de garantías, y más de la mitad del padrón electoral optó por no acudir a las urnas.

Al ver el resultado de este domingo en perspectiva: en los comicios de octubre de 2012 y abril de 2013 –convocados tras la muerte del fallecido Hugo Chávez– la participación se ubicó en 79%. La propaganda chavista recalcó este domingo que son una clara mayoría, pero menos de un tercio del padrón renovó su confianza en Maduro.

El gobernante venezolano se había propuesto alcanzar 10 millones de votos para sellar su reelección y silenciar los cuestionamientos a su gobierno desde el exterior y entre la propia oposición. Al final, apenas obtuvo poco más de la mitad y una cantidad incluso inferior a los 7.5 millones de votos que alcanzó hace cinco años y que lo convirtieron en presidente de Venezuela frente a su contendor, el exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski.

"No hubo elecciones"

Poco antes del anuncio de los resultados, Falcón rechazó el proceso y aseguró que no lo reconocía: "Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela", exigió. Propuso que se repitieran en octubre o en diciembre "sin ventajismos" y subrayó que la “perversidad” del gobierno impidió que se desarrollara un “proceso transparente y limpio”.

Junto a Falcón, el también aspirante opositor a la presidencia y pastor evangélico Javier Bertucci –que consiguió 925,000 votos– había anunciado que desconocería los resultados si quedaban "muy cerrados". "Lo más valiente que haría este gobierno sería repetir estas elecciones y él (Maduro) retirarse como candidato", dijo en una rueda de prensa.

Maduro celebró su reelección este domingo y la consideró un "récord histórico". "Nunca antes un candidato presidencial había ganado con 68% de la votación popular y nunca antes le había sacado 47% al segundo candidato", dijo ante miles de seguidores desde una tarima a las afueras del palacio presidencial de Miraflores.

El resultado de este domingo no es una sorpresa. A pesar de su baja popularidad, se daba por sentado que Maduro resultaría vencedor por la poderosa maquinaria electoral del chavismo –que utiliza los recursos del Estado para escalar– y por la ausencia en la oposición de un candidato entre los líderes más populares que se negaron a participar, están presos o tienen prohibición para postularse. Además, la coalición MUD llamó a los ciudadanos a abstenerse de votar para evitar legitimar nuevamente a un gobierno que catalogan de "dictadura".

El segundo encuentro entre los candidatos pautado para este domingo se llevará a cabo en la fronteriza ciudad de Tijuana y será el primero en la historia con presencia de público.

JANET CACELÍN

14 de mayo del 2018- CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo domingo 20 de mayo se celebrará el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de México en la ciudad de Tijuana, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y será el primero en la historia con presencia de público.

En el encuentro participarán los cuatro aspirantes a la presidencia: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición izquierdista Juntos haremos historia; José Antonio Meade, de la coalición oficialista Todos por México; Ricardo Anaya, de la coalición Por México al frente; y el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como 'El Bronco'.

Estos son los datos que necesitas saber para seguir el debate:

¿Dónde, cuándo y a qué hora?

El segundo debate se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana a las 21:30, hora del Centro (22:30 ET), del domingo 20 de mayo.

¿Quién moderará el debate?

Esta vez habrá dos moderadores en lugar de tres, como ocurrió en el primer debate. Ellos son: el periodista y conductor del noticiero de Univision en Los Ángeles, León Krauze; y la periodista de Imagen TV Yuriria Sierra.

¿Cuál será el papel de León Krauze como moderador del segundo debate presidencial en México?

Además de administrar el tiempo y ordenar las intervenciones, los moderadores podrán interactuar con los candidatos, pedirles que precisen algún punto en concreto e intervenir en el momento que consideren necesario.

¿Qué temas se abordarán?

"México en el mundo" es el tema central que deberán abordar los candidatos. En este encuentro se incluyen problemáticas sobre seguridad fronteriza, combate al crimen trasnacional, derechos de los migrantes y comercio exterior.

El Instituto Nacional Electoral (INE) seleccionó estos temas luego de realizar una encuesta entre 1,200 personas en todo México. Los habitantes de la región norte del país mostraron interés en la relación con Estados Unidos y la seguridad pública.

La participación del público, la mayor novedad

Como una forma de garantizar la participación de los ciudadanos mexicanos, el INE aprobó la presencia de 42 personas como público y será la primera ver que podrán participar de forma presencial y activa en un debate presidencial.

El INE realizó 800 encuestas telefónicas para encontrar a 42 electores: cuatro mujeres y cuatro hombres de entre 18 y 24 años; nueve mujeres y nueve hombres de entre 25 y 44 años; seis mujeres y seis hombres de entre 45 y 64 años; y dos mujeres y dos hombres de 65 años o mayores.

Con las entrevistas, el INE procuró asegurarse de que los seleccionados no tengan definida la intención de su voto, estén inscritos en la lista nominal y que tengan el objetivo de ir a votar el 1 de julio.

Este segundo debate será el único de los tres en los que la participación de los ciudadanos será directa, en el primero sólo se aplicó una encuesta de opinión sobre el ejercicio y en el tercero la participación será a través de redes sociales.

¿Cuál será la dinámica?

El debate tendrá una duración de entre 90 y 100 minutos, y estará conformado por tres bloques temáticos, cada uno de los cuales tendrá dos segmentos.

El primer bloque será sobre comercio exterior e inversión, en el segundo se debatirá sobre seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, en el tercer bloque el tema será derechos de los migrantes.

El primer segmento iniciará con una pregunta del público en 30 segundos y los candidatos deberán responder directamente a la persona que hizo la pregunta en un minuto. Al finalizar las respuestas, el moderador podrá hacer preguntas de seguimiento. Tendrán dos minutos para responder, pero su intervención no podrá exceder un minuto seguido. Durante las preguntas de seguimiento podrán ejercer réplicas o contraréplicas entre ellos de hasta 30 segundos.

El segundo segmento del primer bloque, se iniciará con una pregunta del público y seguirá con la discusión libre de los candidatos con moderación activa, en la que cada uno de los presidenciables sumarán dos minutos con intervenciones menores a un minuto.

La dinámica se repetirá en los siguientes dos bloques para que al final las intervenciones del público sumen seis.

¿Dónde se puede ver?

Podrás seguirlo en vivo por nuestro Liveblog en UnivisionNoticias.com y a través de nuestras plataformas digitales a las 22:30 pm ET/ 21:30 pm centro / 19:30 pm PT. 
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Desde el fin de semana, al menos cinco entidades financieras identificaron transferencias no autorizadas. Los medios de ese país estiman que el robo puede ser hasta por 400 millones de pesos. El Banco Central del país dijo que su sistema no sufrió.

UNIVISION

14 de mayo del 2018- Un ciberataque millonario puso en alerta a todo el sistema financiero de México en las últimas horas, informó el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León. Al menos cinco bancos resultaron afectados cuando delincuentes transfirieron cientos de millones de pesos a cuentas falsas y después los retiraran en efectivo rápidamente.

"Todo apunta a que fue un ciberataque, (a que) fue un ataque del exterior de las instituciones, que perpetraron al interior de este sistema", dijo Díaz de León en una entrevista de radio al asegurar que el robo podría no haber concluido.

Aún no está claro de cuánto se trata. Pero los medios locales dan cifras que van desde los 200 millones de pesos hasta los 800 millones de pesos (40.4 millones de dólares).

Lorenza Martínez, directora general del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos de Banxico, explicó a Radio Centro cómo hicieron el robo millonario. "Se inyectaron algunas transacciones que no fueron reconocidas por el banco emisor (...) En algunos casos estas transferencias lograron llegar a un banco destino y retirarse a través de efectivo; en otros casos se identificaron y se puso en alerta al banco emisor", dijo.

Martínez se negó a explicar qué bancos había resultado afectados por el hackeo, pero señaló a la agencia Reuters que podría tratarse de unos cinco. Dijo además que cada institución financiera analiza su sistema para detectar si pudo haber complicidad de sus empleados en el robo.

Los ataques se centraron en el sistema de pagos electrónicos entre bancos. Ella explicó que para hacer transferencias los bancos se interconectan a través de sistemas propios o de un proveedor externo. Fue justo en esta fase en la que se detectaron los ciberataques. "Algunas de esas transferencias se lograron detener y se está en proceso de poder regresar los recursos", señaló.

Los medios mencionan entre los afectados a bancos como Banorte, BBVA Bancomer o Citibanamex. Sobre este último, el domingo hubo reportes de usuarios que aseguraban no poder retirar dinero en cajeros, ni pagar con tarjeta o hacer transferencias. El banco explicó entonces en su cuenta de Twitter que atendían "intermitencias en algunos de nuestros servicios de débito".

Las transferencias entre bancos mexicanos comenzaron a tener retrasos desde finales de abril. Ya entonces se temía que las fallas en el sistema pudieran explicarse en un ataque cibernético. Díaz de León aseguró en unas tres semanas podrían tener una explicación para lo ocurrido.

Mientras tanto el Banco de México (Banxico) anunció la creación de una nueva dirección de Ciberseguridad para fortalecer la protección de los datos que maneja el instituto.

De acuerdo con el Banxico, la nueva dirección tendrá por objetivo el establecer políticas y estrategias institucionales para la seguridad de cualquier tipo de información, ya sea reservada o confidencial; además, podrá acceder a cualquier área, registro y sistema, así como a cualquier banco de información de la institución bancaria.

El banco central informó que, hasta el momento, ninguno de sus clientes se ha visto afectado por el hackeo. Lorenza Martínez explicó que las transferencias afectaron solo las cuentas de las instituciones financieras en el banco central.

 

Mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzan comunicados a través de los medios estatales en los que dicen estar dispuestos a aceptar las condiciones impuestas por la iglesia católica para sentarse a dialogar, la policía y los grupos paramilitares continúan reprimiendo a los manifestantes. Solo en la última semana han muerto al menos cuatro personas y cerca de 200 han resultado heridas.

Por: Wilfredo Miranda Aburto 

MANAGUA, Nicaragua-. Cuando la noche de este sábado el presidente Daniel Ortega pidió “la paz” a través de una llamada telefónica que fue transmitida por los medios de comunicación estatales, la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros al sur de Managua, era un polvorín. Un encarnizado enfrentamiento entre manifestantes, policías antimotines y turbas del gobierno sandinista dejó un muerto y más de un centenar de heridos, de acuerdo a organismos de derechos humanos. Sin embargo, el mandatario no ordenó el retiro de las tropas y las fuerzas de choque de las calles.

En las más de tres semanas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que han dejado más de medio centenar de muertos, esta ha sido la tónica que ha impedido la realización del dialogo nacional en Nicaragua para buscar una salida a la crisis política: una represión sostenida a contrapelo del discurso oficial de “paz y diálogo”.

La noche del viernes se repitió el guion. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el gobierno aceptaba la mediación de la iglesia católica para entablar el diálogo nacional con los universitarios que han encabezado la protesta, y en el que también participarán el sector privado y la sociedad civil. Y dijo que su gobierno estaba dispuesto a trabajar en los cuatro requeimentos que los obispos les pusieron a Ortega y Murillo para comenzar las conversaciones.

Los religiosos exigieron al gobierno “permitir en el menor tiempo posible” el ingreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las muertes de las protestas; “suprimir los cuerpos paramilitares y las fuerzas de choque”; detener “de inmediato y de modo absoluto todo tipo de represión frente a grupos civiles que protestan pacíficamente y asegurar la integridad física de los estudiantes universitarios”. Y, por último, “respetar la dignidad y la libertad” de los trabajadores del Estado, quienes son obligados a asistir a eventos partidarios y contramarchas a favor de la pareja presidencial.

En su pronunciamiento del viernes, los obispos les dieron un plazo a Ortega y Murillo para responder si aceptan los cuatro “requerimientos” para el diálogo hasta el mediodía de este lunes 14 de mayo.

Pero, mientras Murillo, en respuesta a los religiosos, clamaba en cadena nacional por “el diálogo para alcanzar la paz”, la policía y las turbas de la Juventud Sandinista iniciaron un feroz ataque contra los manifestantes en las ciudades de Chinandega y La Concepción. Hubo decenas de heridos de balas. La represión entre la noche del jueves y el viernes causó tres nuevos muertos.


“Si es verdad que Daniel Ortega entendió la carta de hoy de los obispos, le pido que dé la cara en televisión y pare inmediatamente la violencia contra los jóvenes”, expresó aquel día el obispo Silvio Báez, la voz más crítica y beligerante contra la represión del gobierno de Ortega y Murillo.

"Juegan peligrosamente al cansancio"

Desde la sociedad, la violencia con la que se frenan las protestas pacíficas es vista como una falta de voluntad por parte del gobierno para dialogar. Para Azalea Solís, abogada constitucionalista y feminista, ese es el motivo por el que la pareja presidencial es esquiva a la hora de contestar a los requerimientos que los obispos les pusieron el viernes para iniciar el diálogo.

Para la constitucionalista, que ha estado involucrada en los grupos que se preparan para el diálogo como parte de la sociedad civil, el gobierno de Ortega y Murillo juega "peligrosamente al cansancio" para que la gente se demovilice y ruegue sentarse a la mesa de conversaciones.

“Apuestan a su tónica de siempre: buscar cómo manipular las cosas, apostar a una componenda que le permita, según ellos, saltar el bache, porque ven esta crisis como algo circunstancial y no como un rechazo a su forma de gobierno”, analizó Solís.

Por el momento, el único consenso que existe actualmente en Nicaragua es que un diálogo nacional es la salida ideal a la crisis política, que deja al menos 52 muertos y centenares de heridos. Sin embargo, materializar este intercambio ha sido imposible hasta ahora en medio de un clima de represión sostenida a las constantes protestas.

"Nadie quiere una salida en la que se destruya al país"

Carlos Tünnermann, analista político y exrector de la Universidad Nacional de Nicaragua, cree que hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido ambigua: “Dicen que acogen los puntos de los obispos, pero son ambiguos. No se percibe un compromiso real”, dijo el también exembajador de Nicaragua en Washington.

Tünnermann advirtió a Univision Noticias que “la pelota” para arrancar el diálogo “está en la cancha de Ortega”. “Requiere voluntad política y él tiene que cumplirla. Porque todos queremos una salida pacifica. Nadie quiere una salida en la que se destruya el país como lo hizo Somoza”, afirmó Tünnermann.

Los universitarios y el resto de sectores han demandado al gobierno un diálogo nacional que aborde el tema de fondo que ha conducido a esta crisis política: el desmontaje del sistema autoritario para democratizar Nicaragua, cuya institucionalidad ha sufrido fuertes golpes en estos once años del régimen sandinista. Además, piden adelantar las elecciones para lograr un cambio de gobierno.

Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana (UAM), es uno de los candidatos por parte del estudiantado para participar en el diálogo. Pero su presencia ha sido rechazada por el gobierno. Medina le comentó a Univision Noticias que el régimen pretende que el diálogo se centre en temas “sectoriales” para soslayar el de la democratización del país.

 “Todos los grupos de la sociedad civil hemos acordado no discutir temas sectoriales sin antes abordar los puntos centrales del diálogo, que son las exigencias de justicia e institucionalidad”, sostuvo Medina. “La responsabilidad es del gobierno. Las cartas las tienen sobre la mesa. Se necesita una respuesta más categórica de su parte”, agregó, en referencia a los requerimientos de los obispos.

El analista Fabián Medina, quien también es jefe de redacción del diario La Prensa, enfatizó que a los Ortega-Murillo no les conviene un diálogo que “no puedan controlar y donde deban rendir cuentas”.

“Tampoco les conviene un escenario en el que organismos internacionales investiguen independientemente. A eso le tienen terror… Y las calles y la mayoría del pueblo la perdieron. Entonces su mejor escenario es uno de enfrentamiento armado”, comentó a Univision Noticias la tarde de este sábado, cuando se registraron enfrentamientos en la ciudad de Masaya.

Univision Noticias corroboró que la Policía Nacional está usando rifles de asalto para atacar a los manifestantes en conjunto con las turbas. Se reportan decenas de heridos y, hasta la publicación de artículo, se confirmó de un hombre muerto, quien recibió un disparo certero en la cabeza.

“Una minoría armada puede imponerse a una mayoría desarmada y sin entrenamiento. Por eso han empezado a sacar armas de guerra”, advirtió Medina en referencia a los antimotines y las turbas en Masaya.

 “¡Que el presidente Ortega dé la cara en televisión y explique lo que sucede en Masaya, que detenga las fuerzas represivas y muestre su voluntad de querer evitar un caos social!”, insistió por su parte el obispo Báez.

Para evitar el caos del que habla el obispos Báez, hay consenso de que la salida es el diálogo, pero que germine de manera positiva aún está por verse… Nicaragua sigue siendo un motín.

 

Por CNN

(CNN). 14 de mayo del 2018- En Jerusalén se llevó a cabo este lunes el acto de apertura de la embajada de EE.UU.. La administración Trump trasladó su sede diplomática en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo formalmente décadas de política estadounidense establecida y práctica internacional en un movimiento que, según las autoridades estadounidenses, creará una mayor estabilidad regional.
La hija del presidente Trump, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, estuvieron entre los invitados al evento. Trump envió un mensaje en video.

Los críticos dicen que la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital israelí podría hacer que una región que ya está luchando con cuatro conflictos en curso sea aún más convulsionada. Y argumentan que marca el final del papel de Estados Unidos como un "intermediario honesto" en las negociaciones entre israelíes y palestinos.

Al menos 41 personas han muerto durante las protestas en Gaza este lunes por la mudanza diplomática, dijo el Ministerio de Salud palestino.

El Ministerio dijo que más de 500 personas habían sufrido heridas.

El Ejército israelí arrojó panfletos sobre Gaza advirtiendo a las personas que no se acercaran a la valla que separa a Gaza de Israel.

Los candidatos que compiten en los comicios del próximo 1 de julio buscan seguridad adicional del Estado ante ola de violencia contra políticos.

JANET CACELÍN

CIUDAD DE MÉXICO. 8 de mayo del 2018- El cuerpo de Adiel Zermann fue encontrado sin vida en la calle el pasado fin de semana. Semidesnudo, con múltiples golpes, huellas de tortura y su propia camiseta atada al cuello. Tenía 39 años y era candidato del partido Morena a la alcaldía de Tenango del Aire, un municipio del céntrico Estado de México.

El de Zermann es el último de una larga lista de homicidios en contra de políticos, en una oleada de violencia registrada desde el pasado septiembre, cuando comenzó el periodo de precampañas electorales en México.

Los homicidios y agresiones continúan al alza, especialmente contra los candidados a cargos locales, pese a que existe un protocolo para garantizar su seguridad, implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación.

Según las cifras de la consultoría Etelekt, suman 90 políticos asesinados y más de 180 víctimas de agresiones directas, lo que ha convertido a este proceso electoral no solo como el que tiene más puestos en disputa (3,400) , sino también como el más violento en la historia del país.

En la lista se encuentran 22 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes de partidos con distintos puestos, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes partidistas, cuatro candidatos, dos exregidores, un diputado local, un representante municipal, un exsíndico y un exdiputado federal.

De acuerdo con un informe sobre violencia política publicado en el mes de abril por Etellekt, el 69% de las víctimas fueron directamente asesinadas, mientras que 12 % fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.

Un protocolo de seguridad solo para candidatos

El proceso electoral inició formalmente en septiembre de 2017 con los trabajos previos para que cada partido eligiera a sus candidatos. Pero no fue hasta el mes de abril cuando entró el vigor el Protocolo de protección personal para los candidatos.

El protocolo fue acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) para asignar seguridad adicional a cualquier candidato que lo solicite, que implica brindar vigilancia y seguridad en el domicilio, traslados y aeropuertos donde se encuentren los candidatos. El acuerdo también incluye seguridad para la familia, si se solicita.

 Sin embargo, por los tiempos en que se implementó el programa, no contempló a quienes participaron en el proceso como precandidatos, muchos de los cuales en meses pasados fueron violentados o incluso asesinados en su intento por obtener una candidatura.

El protocolo, que ya se había implementado en elecciones federales desde 2006, señala que, si el solicitante es un candidato a la presidencia, contará con seguridad adicional del Estado Mayor presidencial, así como de la Policía Federal. Por su parte, el resto de los aspirantes como aquellos que buscan alguna diputación, contarán solo con la protección de la Policía Federal y autoridades civiles.

Los aspirantes deben solicitar esta protección a través de la autoridad electoral, pero es la Segob quien autoriza o rechaza la petición. Hasta el pasado 30 de abril, el INE había recibido tan solo 17 solicitudes de protección para candidatos, de los cuales, dos aspiran a la silla presidencial.

El peligro de ser un candidato local

De los cinco candidatos a la presidencia, solo la independiente Margarita Zavala y el oficialistaJosé Antonio Meade se han apegado a este protocolo. Tanto el candidato Ricardo Anaya, como el izquierdista López Obrador y el Independiente Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ rechazaron hacer una solicitud al señalar que “no tienen nada que temer”.

Sin embargo, la realidad para los candidatos locales del país es muy diferente. Según el informe de Etellekt, el 90% de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local.

Para el experto en seguridad nacional Javier Oliva, esta cifra se debe a que en los últimos años, el crimen organizado ha tratado de corromper y vulnerar, en principio, a los gobiernos locales.

“En México lo que está pasando es que las bandas criminales controlan territorios, son espacios de control. Entonces esos atentados son una forma de amedrentar, de garantizar o de rivalizar por el control del territorio”, señaló Oliva.

Según el informe, el 66% de los asesinatos contra políticos sucedieron en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México, que son en los que, en general, presentan mayores índices de violencia.

Por esta razón, Oliva considera que el nivel de seguridad que se ha ofrecido a los candidatos presidenciales, quienes de forma independiente tienen los medios para contratar seguridad, debería ofrecerse al mismo nivel a los locales. Sin embargo, señala que si todos los que ameritan pidieran seguridad, la capacidad del estado quedaría rebasado.

Zonas de alto riesgo

De acuerdo con Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, en especial en este periodo electoral, existen zonas focalizadas de alto riesgo como Durango, Guerrero y Oaxaca, pero sobre todo en Michoacán.

“El crimen organizado, y más en un periodo electoral, se hace sentir en las diferentes zonas para querer mandar sobre los gobiernos municipales. Por eso es muy importante una colaboración con la Segob. Nosotros lo que planteamos es trabajar en un protocolo de seguridad. A nosotros lo que nos toca directamente es resguardar la seguridad de los candidatos que entran en campaña”, dijo.

Asimismo, dirigentes de partidos políticos en diversos estados han realizado una serie de pronunciamientos para exigir la intervención de fuerzas federales. En el estado de Veracruz, el oficalista PRI y Morena solicitaron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) un pronunciamiento para que sea atendida esta ola de violencia, en específico en las comunidades de Ayula de Alemán y Acayucan.

De acuerdo con el informe de Etellekt, Veracruz ha sido el tercer estado más violento para candidatos, pues entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de abril de este año, han sido asesinados ocho políticos, la mitad militantes del PRI.

Para el experto Javier Oliva, la implementación de un protocolo como el del INE y la Segob es el resultado de la ausencia de medidas preventivas suficientes para garantizar un proceso democrático sin la necesidad de incluir fuerzas de seguridad adicionales.

“En este momento estamos frente a medidas correctivas. Es decir, tratar de desmotivar a los criminales a partir de la presencia de personas armadas cerca de los candidatos, lo que da una clara idea de cómo se ha fracasado en las políticas de prevención del delito”, señaló.

 

El fiscal general, Jeff Sessions, anunció el lunes una política de "tolerancia cero" con los inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera EEUU-México en busca de asilo y advirtió que separarán a los niños de sus padres mientras son procesados.

Por: Jorge Cancino 

 

8 de mayo del 2018- El mismo día que el fiscal general, Jeff Sessions, anunció la política de “tolerancia cero” para cualquier persona que ingrese a Estados Unidos ilegalmente y que las familias podrían ser separadas mientras los padres son enjuiciados, Amnistía Internacional (AI) tildó la medida de “monstruosa”.

La organización dijo además que separar a los niños de sus familias cuando son detenidos tras cruzar la frontera, la mayoría de ellos en busca de asilo, “va en contra de los derechos humanos”.

El gobierno de Estados Unidos “debe dejar de separar a los padres de sus hijos” que huyen de sus países en busca de protección “y negarles el acceso a los procedimientos de asilo mediante detención prolongada”, dijo el grupo de derechos humanos.

Amenaza advertida

Desde marzo del año pasado el gobierno de Trump había advertido sobre esta práctica que fue rechazada en 2016 por el entonces presidente Barack Obama, quien la consideró errónea y contraria al debido proceso migratorio.

"La idea de que los niños pueden ser protegidos arrancándolos de sus familias, desafía todo sentido de lógica y humanidad", dijo Margaret Huang, directora ejecutiva Amnistía Internacional Estados Unidos. “Estos son niños que ya han sufrido el trauma de la violencia y la persecución en sus países de origen y el arduo viaje en busca de seguridad”.

“¿Por qué el gobierno de Estados Unidos instruye una política que agravaría la angustia separando niños de sus familias bajo el argumento se es por su propio bien?”, preguntó Huang.

“Esta es una política monstruosa que va en contra de los derechos humanos y debe rescindirse inmediatamente”, exigió. 

La guerra de Trump

Al explicar la nueva política, Sessions dijo el lunes durante un discurso en la conferencia de la Asociación de Agencias Estatales de Investigación Criminal, en Scottsdale, en el estado de Arizona, que “si cruzan la frontera de forma ilegal, los procesaremos. Es así de simple”.

El anuncio ocurre un mes después de que Trump amenazara en su cuenta de la red social Twitter un enconado ataque en contra de la Caravana de Migrantes que cruzó parte de México y algunos de sus integrantes anunciaran que llegarían hasta la frontera para pedir asilo.

"Daño incalculable"

“Criminalizar y estigmatizar a los padres que solo intentan salvar a sus hijos y brindarles una educación segura, causará un daño incalculable a miles de familias traumatizadas que ya han renunciado a todo para huir de terribles circunstancias en sus países de origen", dijo Erika Guevara. Rosas, directora para América de América de Amnistía Internacional.

“Sacar a los niños de los brazos de sus padres mientras buscan asilo es una violación flagrante de sus derechos humanos”, agregó. “Hacerlo para volver a colocar a los solicitantes de asilo en situaciones peligrosas donde puedan enfrentar persecución, también es una violación de las obligaciones de Estados con la ley de refugiados".

AI dijo además que ha documentado que agentes de inmigración estadounidenses “separan por la fuerza a las familias de los solicitantes de asilo, incluso cuando tienen pruebas de sus relaciones familiares y de la persecución por la que huyeron”.

“ La detención a largo plazo de los solicitantes de asilo está ampliamente documentada para afectar negativamente tanto su bienestar psicológico como su capacidad para presentar solicitudes de asilo de conformidad con la legislación de Estados Unidos”, apuntó.

El grupo de derechos humanos también fustigó la nueva política anunciada por Sessions que, dijo, “trata a todos los solicitantes de asilo como delincuentes, enjuiciándolos en una corte federal y encarcelándolos en las cárceles federales”.

Línea dura

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas también lanzó críticas a la “dura política” migratoria de Trump en la frontera.

“La amenaza explícita de separar formalmente a los niños migrantes y solicitantes de asilo de sus padres,representa un cambio de línea dura en la política de cumplimiento de inmigración de los Estados Unidos”, dijo la ACLU.

"Al anunciar esta política de tolerancia cero y la adición de fiscales federales a lo largo de Texas y la frontera suroeste, Jeff Sessions ha reafirmado su compromiso con las políticas desacreditadas de justicia penal sobre el sentido común y, lo más importante, sobre los mejores intereses de los niños que buscan refugio en este país", dijo Andre Segura, director legal de la ACLU Texas.

"Estas políticas se basan en un temor infundado sobre los inmigrantes y amenazan con separar ilegalmente a las familias y obstruir la capacidad de las familias para solicitar asilo", apuntó.

Derecho a pedir asilo

Abogados consultados por Univision Noticias reiteraron que los inmigrantes que cruzan México y llegan hasta la frontera con Estados Unidos, “tienen derecho a pedir asilo” y que un juez de inmigración decida sus futuros.

“Una vez llegan a la frontera, deben presentarse en el puesto fronterizo y solicitar asilo a un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)”, explica Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

“Si el agente determina en la entrevista que la persona tiene miedo creíble, entonces la persona tiene todo el derecho a que su petición sea procesada, agregó.

La abogada de inmigración, Rebeca Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, Florida y ejerció más de 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, recordó que “existen muchos estatutos y regulaciones, incluyendo los derechos procesales garantizados bajo la 5ta Enmienda de la Constitución, que otorgan a los no ciudadanos estadounidenses que huyen de la violencia en el extranjero el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos”.

 

Honduras se suma a países como El Salvador, Haití y Nicaragua a los que Trump les quitó ese estatus migratorio. Ahora tienen 18 meses para regularizar su estatus o abandonar el país. En total, más de 300,000 indocumentados de esos países quedarían sin protección.

Por: Patricia ClarembauxJorge Cancino

4 de mayo del 2018- El gobierno de Donald Trump puso fin este viernes al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 56,000 hondureños, quienes tendrán varios meses para que abandonen el país o regularicen su situación por otras vías, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un memorando. Ahora tendrán hasta el 5 de enero de 2020 (18 meses) para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país.

"La decisión de terminar el TPS para Honduras se tomó después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original para el TPS del país en 1999 y una evaluación de si esas condiciones continúan existiendo", dice el comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen. Asegura que las condiciones en el país tras el paso del huracán Mitch en 1998 "han mejorado notablemente".
La agencia asegura que hasta que termine el plazo de estancia que han establecido podrán seguir renovando sus permisos de trabajo.

El gobierno de Honduras lamentó la decisión en un comunicado, al asegurar que sus ciudadanos en Estados Unidos "han demostrado que son personas de bien, que se han integrado plenamente a la vida norteamericana, adoptando sus costumbres y tradiciones y contribuyendo de manera significativa a la economía y sociedad de ese país".

El 6 de noviembre del año pasado, 60 días antes del vencimiento de la última prórroga, el gobierno había anunciado una extensión automática de seis meses del amparo mientras revisaba nuevos documentos enviados por el gobierno de Honduras en los que argumentaban por qué mantener la protección para sus ciudadanos.

Pero ese plazo vence el 5 de julio y, por ley, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debía informar 60 días antes de la fecha tope su decisión de cancelar el programa o concederle una nueva extensión. Es decir, que para este viernes –a más tardar– se esperaba la noticia.

El amparo ha estado vigente desde 1999, un año después de que el país centroamericano sufrió el embate del huracán Mitch, la razón por la cual se le otorgó protección temporal a los indocumentados hondureños que vivían desde ese entonces en EEUU.

Ese año fueron protegidos un poco más de 86,000 inmigrantes sin papeles, pero esa cifra fue disminuyendo hasta los más de 56,000 que hay actualmente porque o perdieron el beneficio o legalizaron su permanencia en el país por otras vías legales. Ese mismo año, unos 6,000 nicaragüenses también recibieron el amparo por la misma razón.

Los beneficiarios de TPS de Honduras han vivido en Estados Unidos un promedio de 22 años, según datos del Center for American Progress, un instituto independiente y apolítico. Son además padres de al menos 53,500 niños nacidos en este país. De los 57,000 hondureños con TPS que hay en total, actualmente 46,700 tienen un empleo. Todos han contribuido con más de 31,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años.

Una de esa personas es Iris Acosta. Tiene 52 años y ha vivido 25 en Estados Unidos. Llegó como muchos, sin documentos. Fue arrestada y liberada en más de una ocasión. Y regresó de varias formas, incluso a bordo de una limusina en la que la montaron los coyotes. Eso hasta que aprobaron el TPS para los ciudadanos de su país –y para los nicaragüenses– el 5 de enero de 1999.

Fue el presidente demócrata Bill Clinton quien le dio el visto bueno a la decisión como una respuesta humanitaria tras el impacto del huracán Mitch en Centroamérica en octubre de 1998, que dejó más de 10,000 muertos, la mayoría en Honduras. Desde que entró en vigor, había sido renovado ininterrumpidamente más de una docena de veces y en cada ocasión, los beneficiarios fueron sometidos a rigurosos chequeos.

"¿Usted se imagina todo lo que yo he aportado a este país? Se me hace muy injusto con nosotros que nos quiten este beneficio. Yo pago impuestos, pago todo", dijo Acosta por teléfono a Univision Noticias."Yo no me veo regresando a Honduras".

Acosta es madre de tres adultos, pero los dejó en Centroamérica cuando eran apenas niños y se marchó a Estados Unidos con el objetivo firme de darles una mejor vida. Con lo que gana trabajando como empleada de limpieza en un hotel de California –poco más de 2,500 dólares al mes– los ayuda a ellos y a su madre, que se ha enfermado en varias ocasiones. Además, paga su renta de 1,000 dólares mensuales y su seguro médico, tan necesario para ella pues es sobreviviente de cáncer.

Con este panorama, Estados Unidos la obligaría a buscar otra opción para ajustar su estatus o salir del país y dejar atrás todo por lo que tanto trabajó, como ha pasado con otros más de 300,000 centroamericanos que perdieron este beneficio por decisión del gobierno de Donald Trump.

 

¿Quiénes son? ¿Qué hacen?

Ya han quedado sin TPS más de 2,500 indocumentados de Nicaragua que ahora tienen hasta el 5 de enero de 2019 para abandonar el país. Lo mismo ocurrió con casi 200,000 indocumentados de El Salvador, que tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para salir de suelo estadounidense, y con cerca de 60,000 haitianos con el 22 de julio de 2019 como fecha límite.

Según la organización sin fines de lucro American Immigration Council, el 85% de los beneficiarios de TPS de Honduras están inmersos en la fuerza laboral de Estados Unidos. En un porcentaje similar (más de 80%) se encuentran los inmigrantes indocumentados con este estatus nacionales de El Salvador y Haití.

En su mayoría, los salvadoreños y hondureños con este amparo en Estados Unidos trabajan en el sector de la construcción. Mientras, los haitianos tienen empleos en restaurantes y negocios de comida, refiere el American Immigration Council.

En promedio, sus ingresos anuales están entre los 40,000 y 50,000 dólares, por debajo de la media nacional de 57,617 dólares del país, según cifras de 2017 de la oficina del Censo.

Además, estiman que uno de cada nueve centroamericanos beneficiarios de TPS trabaja por su cuenta con negocios que fundaron (27,000 en total) y generan puestos de trabajo para más personas.

Entre los ciudadanos de El Salvador, Honduras y Haití con TPS suman cerca de 206,000 hogares, y más de 30% son dueños de sus casas y pagan hipotecas en Estados Unidos. Viven concentrados, en su mayoría, en seis estados: California, Florida, Texas, Nueva York, Virginia y Maryland.

"Como miembros de larga data en las comunidades a lo largo de Estados Unidos y una parte vital de la fuerza laboral, los beneficiarios del TPS provenientes de El Salvador, Honduras y Haití han agregado un valor a la economía de Estados Unidos", concluye el American Immigration Council.

Y más allá de los ingresos, esta organización explica el nivel de arraigo de quienes ven ahora en riesgo sus permisos de estadía y trabajo luego de al menos 20 años de haber residido y hecho vida en el país: un aproximado de 273,000 niños de estos beneficiarios nacieron en Estados Unidos.

Para Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, poner fin al TPS para los hondureños "es una sentencia de muerte para muchos de los que serían enviados de regreso a un país afectado por la represión política y la violencia".

La representante republicana Ileana Ros-Lehtinen (por Florida) pidió al Congreso aprobar la ley Esperer, cuyo proyecto de ley fue redactado por el también congresista Carlos Curbelo. Con él se podría otorgar estatus legal de permanencia a los indocumentados protegidos por el TPS y permitirles aplicar a la residencia permanente. El proyecto se encuentra estancado en la Cámara de Representantes por falta de apoyo bipartidista.

El plan de Iris Acosta

Iris Acosta ya ha comenzado a sentir los efectos del fin de su TPS.

El pasado 15 de abril, la empresa hotelera en la que trabaja le envió una "notificación de 90 días" recordándole que el próximo 4 de julio de 2018 expirará su permiso de empleo. Si no presenta una renovación antes de esa fecha será removida temporalmente de su cargo por no más de 21 días. "Si no puede proveer la documentación actualizada para cuando terminen esos 21 días usted será separada de su puesto".

Por la misma razón, el banco le negó un crédito hipotecario para comprar una vivienda.

"¿Se imagina cómo me siento? No quiero ni ir a mi casa, me la paso dando vueltas, me duele la cabeza", dice.

Por ahora, su plan A es quedarse en Estados Unidos hasta el último día que sea posible. Su plan B es irse a España, donde tiene familia. Regresar a Honduras no es una opción, dice, por los malos salarios, las inequidades y la violencia que vive el país por las pandillas, sus extorsiones y su poco respeto a la vida de nadie.

Quedarse en Estados Unidos sin documentos tampoco le agrada. "Si ya no nos quieren aquí, honestamente, ¿para qué vamos a estar?", lamenta. "Ahorita estoy como las piedras, resignada, pero aún así no deja de doler. Uno mira adelante, pero no deja de mirar a atrás, porque de un día para otro se acabará todo lo que uno ha construido".

 

En el quinto día desde su llegada a Tijuana, 70 personas más lograron pasar para exponer sus casos de asilo, sumando ya 178, más de la mitad del grupo de centroamericanos que esperaban en la frontera. Así es la vida de los que siguen en el campamento levantado afuera de la garita de San Ysidro.

Por: Isaias Alvarado 

TIJUANA, México. 3 de mayo del 2018– Huele a tamales, arroz cocido y esperanza en el campamento que la caravana de migrantes centroamericanos levantó a las puertas del cruce fronterizo más grande de Estados Unidos, la garita de San Ysidro. Este jueves, en el quinto día desde su llegada a Tijuana, lograron pasar 70 personas para exponer sus casos de asilo, sumando ya 178 o más de la mitad del contingente inicial.

Pero debajo de las carpas de colores parece que no se ha ido nadie. El lugar sigue lleno de madres, niños, hombres y jóvenes que conversan, juegan, comen y tratan de pasar el rato mientras las autoridades migratorias les permiten entrar a la garita. Pueblo Sin Fronteras, la organización que guió su viaje desde Chiapas, calcula que aún quedan unas 70 personas.
Tres niños se divierten entre la gente. Son hijos de Kenia Ávila, una mujer hondureña que salió de su tierra el pasado 24 de enero y que ahora espera su turno para presentarse ante representantes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). Ella confía en que esta misma tarde puede hacerlo. Dice que ya está harta de tantos pleitos de niños que escalan a los adultos y enrarecen el ambiente.

"Es difícil, sino estresante estar pensando si vamos a entrar, si nos van a aprobar el caso. Ya quiero salir de esto", explica con cara de enfado esta madre de 35 años. "Es una situación muy difícil".

Antes de almorzar un tamal con atole, un organizador le dijo que preparara sus pertenencias porque su familia estaba en la lista para pasar este mismo jueves por la garita. Durante la tarde, sin embargo, nadie pronunció su nombre mientras un grupo de 20 personas se dirigía hacia el cruce fronterizo.

Kenia y sus tres hijos, de entre 4 y 9 años, comparten una carpa de color azul con un muchacho. El sol eleva la temperatura adentro, aunque afuera esté frío. Sin embargo, esto no evitó que se mojaran en las recientes lloviznas que hubo en la zona. Su familia abarca la mayor parte de la carpa. En una esquina hay una pila de cobijas, en otro lado juguetes y más allá un par de tenis muy gastados y dos libros infantiles.

Dentro de un bolso de color rosa ella atesora los documentos que prueban que su vida corre peligro en Honduras: dos reportes policiales que interpuso por las golpizas que le dio su marido. Asegura que la familia de él está ligada a la violenta Mara Salvatrucha (MS-13) y teme que se la cobren.

"Si vuelvo a Honduras me mata él o me matan sus primos"

"La última vez me aventó la plancha y me abrió la cabeza. Él de gusto nos pegaba. A todos. A mis hijos también. Un día, ya separados, entró al cuarto y nos aventó a los cuatro a la cama, agarró unos fósforos y dijo que nos iba a quemar. Pero su prima lo detuvo", contó.

Miami es el destino de Kenia, pues allá vive su hermano. En su estómago alguien le escribió dos números de teléfono: el de su familiar y el de un amigo que vive en Nueva York. Al levantarse la blusa, muestra esos números que ya casi desaparecen. "Mi meta es llegar a trabajar y poner a mis hijos a estudiar, para que tengan un mejor futuro", dice.

Una de sus preocupaciones es que su hijo mayor, Emanuel, de 10 años, sea reclutado por las maras en su país. "A su edad los mandan a entregar droga, a extorsionar a los negocios y los matan sin piedad. Ese es mi miedo, aquí no me puedo quedar", comenta.

"Acuerdos comunitarios"

En este campamento no cabe otra carpa y dentro de estas las familias se apretujan sobre cobijas. El lugar incluso tiene reglas, escritas en una improvisada cartulina de color fucsia y a las que llaman "acuerdos comunitarios": respetar las pertenencias de otros, no faltar al respeto a las mujeres, niños y chicas trans, no fumar adentro, no llegar ebrio o drogado, entre otras.

Parece que los niños se han acostumbrado a vivir como gitanos: algunos llevan más de dos meses de sitio en sitio y conviven como si fueran compañeros de escuela. Para ellos cualquier rincón es bueno para jugar, una vieja pista de coches o una cascarita de fútbol.

"Aquí juego fútbol con mis amigos", dice Esteven, de 9 años, oculto entre las faldas de su madre.

De pronto ha entrado a este refugio improvisado una mujer con una bolsa de dulces y los reparte con una sonrisa: "¡Mira qué precioso!", expresa Manuela Trujillo, miembro de una iglesia cristiana en San Diego, al ver a un niño pequeño que le extiende la mano para recibir una paleta de caramelo. "Toma, papito", le dice.

Trujillo, de 77 años, también llevó tres bolsas de ropa infantil usada y otra de zapatillas deportivas. "Hemos visto lo que está pasando y tenemos compasión por toda esta necesidad. Cristo nos manda. El Señor dijo: 'dejen que los niños…'".

Después de la señora, alguien llevó cajas de pañales, que se pusieron en el acceso del campamento, donde se acumulan grandes bolsas para basura con ropa usada. Al otro lado han montado una cocina, donde este jueves dieron tamales con atole al mediodía y arroz cocido con delgadas tiras de pollo por la tarde.

La 'crisis' del gobierno Trump

Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional y observadora de derechos humanos, dijo a Univision Noticias que las difíciles condiciones en las que están estas familias son el resultado de la dura política migratoria del gobierno de Trump. "Cuestionamos la supuesta falta de capacidad del gobierno de Donald Trump sabiendo que tienen muchos recursos para procesar estas peticiones", dijo Penman, indicando que los cruces fronterizos han registrado sus niveles más bajos en años.

"La respuesta del gobierno de Trump es hacer parecer que hay una 'crisis' (pero) va a afectar la vida de familias vulnerables", dijo Penma. "Obligan a las personas que emigran a tomar rutas más peligrosas que ponen en peligro sus vidas", agregó.

Entre los que siguen esperando su turno está Wilfredo Arias Funes, de Honduras. Tiene 40 años. Cuenta que vivió unos años en San Antonio, Texas, pero en julio de 2013, 13 años después de que llegó a EEUU, tuvo que regresar a su tierra porque enfermó su madre. Allá trató de sobrevivir realizando labores agrícolas, hasta que se cansó de tanta miseria e inseguridad.

"La violencia es tremenda en nuestro país, no se puede vivir allá", dice este hombre que asegura que una vez lo robaron a punta de pistola en un autobús del transporte público.

El Pentágono se ha quejado ante Beijing por el uso de estas tácticas en Djibouti, una zona de vital importancia para Washington en la lucha contra el terrorismo.

Por: Univision

3 de mayo del 2018- Militares chinos están utilizando un potente láser contra aviones de guerra estadounidenses cerca de una base militar en África, lo que ha provocado que algunos pilotos hayan resultado heridos. Estos incidentes han provocado que el Pentágono se haya quejado formalmente ante Pekín.

Los hechos han ocurrido en los cielos Djibouti, en el este del continente africano, cerca de la base militar Camp Lemonnier en este país y donde China ha levantado su propia base.

Dana White, portavoz del Pentágono, indicó que están seguros que han sido ciudadanos chinos lo que han utilizado los láseres y sostuvo que los hechos representan una seria amenaza para los pilotos estadounidenses. Además, indicó que han pedido a las autoridades chinas que investiguen estos ataques.

"El grado de los láseres es de tipo militar", indicó Sheryll Klinkel, portavoz del Pentágono citada por el diario The Wall Street Journal. "Estos láseres pueden generar serios daños en la tripulación", añadió.

Washington ha pedido a sus pilotos que tomen las precauciones necesarias cuando sobrevuelen dicha zona ya que al menos dos han sufrido heridas menores provocadas por el láser.

"Durante un incidente, hubo dos lesiones menores en los ojos de una tripulación que volaba en un C-130 como resultado de la exposición a rayos láser de grado militar, que se informó se habían originado en la cercana base china", dijo el aviso.

El mes pasado, el ejército estadounidense se vio obligado a suspender brevemente las operaciones aéreas en la nación de Djibouti, una ubicación crítica en la lucha contra el terrorismo, luego de una serie de accidentes que involucraron a aeronaves, informó CNN. La detención de las operaciones aéreas se realizó a petición del gobierno de Djibouti.

La base militar estadounidense fue inaugurada en 2001 y supone un punto estratégico de las operaciones de Washington en el Cuerno de África debido a los países vecinos, como Somalia o Yemen, donde lleva a cabo numerosas operaciones antiterroristas.

Sin embargo, China está buscando una mayor presencia en la zona, un reflejo de su deseo de aumentar tanto su influencia militar como la económica.

"Estos incidentes no son una sorpresa", explicó al diario económico Trey Meeks, ex coronel de la Fuerza Aérea asignado al Comando del Pacífico de los Estados Unidos. "Indican una negligencia grave e intencional, así como un completo desprecio por la seguridad aérea y las normas internacionales", añadió. "Ciertamente lo veo como un acoso", concluyó.

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  • Pentágono envía al Congreso una lista de proyectos que puede paralizar para financiar el muro

    Desde obras en emplazamientos militares en casi todos los estados hasta proyectos en bases de 23 países figuran en la lista de probables recortes que elaboró la Secretaría de Defensa, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares.

    UNIVISION

     

    19 de marzo del 2019- Desde el proyecto de una torre de control aéreo en Alabama hasta tanques de combustible para una base estadounidense en Australia podrían quedar sin presupuesto debido a la prioridad que el presidente Donald Trump ha dado a la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con un documento enviado este lunes por el Pentágono al Congreso.

    El secretario de Defensa encargado, Patrick Shanahan, identificó todos los proyectos que podrían verse afectados por la decisión del presidente Trump de utilizar hasta 3,600 millones de dólares en fondos de construcción militar para su muralla.

    El documento de 20 páginas enlista cientos de proyectos planeados en Estados Unidos y el extranjero, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares. Las obras que se paralizarían se encuentran en casi todos los estados y en bases de 23 países.

    En la lista figura, por ejemplo, un hangar para aviones no tripulados en la Base Aérea de Kunsan en Corea del Sur y una planta de tratamiento de aguas residuales en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

    Honduras es el único país centroamericano que está incluido en la lista. En la base área Soto se paralizaría la construcción de un cuartel.

    La peor parte de la lleva Puerto Rico. Ahí cinco bases militares quedarían sin financiamiento para la construcción de hangares, centros de mantenimiento de vehículos y un centro de entrenamiento.

    En una carta adjunta, funcionarios del Departamento de Defensa subrayaron que muchos de los proyectos contemplados en el documento no sufrirán recortes debido a que no se afectarán proyectos cuyos fondos ya fueron destinados, así como tampoco se perjudicará a temas como la vivienda para militares, aunque no especificaron cuáles quedarían exentos.

    El Pentágono ha dicho que no cancelará ninguno de los proyectos, pero las iniciativas no podrán continuar si no son financiadas por el Congreso.

    El teniente coronel Joe Buccino, vocero de Shanahan, dijo en una declaración citada en el diario The Washington Post que si el Congreso aprueba el presupuesto del próximo año a tiempo y según lo solicitado por la administración, todos los proyectos de construcción procederán según lo previsto.

    Pero la solicitud de presupuesto del presidente ya se ha topado con la oposición en el Capitolio, y los demócratas han rechazado la idea de "rellenar" las cuentas afectadas del Pentágono en el próximo presupuesto, lo que significa que algunos de los proyectos podrían enfrentarse a retrasos.

    Los demócratas que dominan la Cámara de Representantes creen que la iniciativa del Pentágono aumenta las probabilidades de que los legisladores anulen el veto de Trump la próxima semana, aunque serían necesarias las dos terceras partes en cada una de las cámaras, lo cual luce de momento improbable.

    Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la frontera sur, recurriendo a una ley que le permitiría canalizar otras partidas del presupuesto a la construcción de barreras y cumplir con su principal promesa de campaña.

    “Lo que el presidente Trump está haciendo es una bofetada para nuestro ejército y hace que nuestra frontera y nuestro país sean menos seguros”, dijo en un comunicado el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados citado por AP.

    “Ahora que los miembros del Congreso pueden ver el potencial impacto que esta propuesta podría tener en proyectos dentro de sus estados, espero que tomen esto en consideración antes de votar para invalidar el veto del presidente”, declaró Reed.

    Una portavoz del senador James Inhofe, republicano por Oklahoma y presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo que el documento “no es una lista de proyectos que sin duda resultarán impactados. Aseguró que Inhofe seguirá trabajando con las autoridades de defensa “para determinar proyectos que permitan el uso de las fuerzas armadas sin afectar negativamente los proyectos de construcción militar”.

  • ICE desclasifica documentos que revelan cómo vigilan redes sociales y localizan autos de indocumentados

    Miles de documentos y cientos de comunicaciones internas que desclasificó la agencia migratoria revelan que la vigilancia a través de un localizador electrónico de los lugares por donde ha pasado un vehículo, así como revisar las cuentas de Facebook, se han vuelto herramientas útiles para detener a indocumentados (criminales o no) durante el gobierno de Trump.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 17 de marzo del 2019– El sueño que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) acarició desde hace varios años se hizo realidad el 22 de diciembre de 2017, cuando consiguió un contrato que permitió a más de 9,000 agentes tener acceso al sistema que registra los movimientos de cualquier vehículo en decenas de ciudades de Estados Unidos, facilitando así la búsqueda, detención y deportación de sus objetivos: indocumentados con y sin antecedentes penales.

    "¡Buenas noticias!", celebró el supervisor de detenciones y deportaciones de la oficina de ICE en San José, en el norte de California, en un memorando que envió a los agentes bajo su cargo el 8 de febrero de 2018. En ese correo electrónico les notificó que en los siguientes días recibirían códigos para entrar al polémico sistema que reúne información de placas de auto (LPR) gracias a un contrato de 6.1 millones de dólares con la empresa de seguridad tecnológica Vigilant Solutions.

    Este email y cientos más redactados por oficiales de ICE entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018 son parte de los miles de documentos que la agencia federal desclasificó y entregó a la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU) por una demanda que le exigió revelar los detalles del programa.

    Dichas comunicaciones internas revelan desde un desesperado interés por tener acceso a cientos de millones de datos que le ofrecía Vigilant Solutions, cómo sus agentes migratorios ya pedían la localización de autos de fugitivos a policías locales antes de tener tal contrato y hasta advertencias de evitar que los indocumentados supieran sobre ese método de operación.

    "Publicar que ICE está utilizando el acceso a una base de datos de Lectura de Placas de Auto (PLR), casi de inmediato disminuiría su efectividad como herramienta para el cumplimiento de la ley. Una vez que las personas que ya intentan evadir a las fuerzas del orden se dan cuenta de las capacidades de vigilancia adicionales, están mucho más dispuestas a tomar medidas proactivas para evitar la detección", alertó un jefe de unidad de ICE en un memorando con información "sensible" y con fecha del 7 de diciembre de 2017, solo dos semanas antes de firmar el acuerdo con Vigilan Solutions.

    El sistema que dicha compañía vende a las agencias del orden recopila cada día millones de registros de placas de auto a través de múltiples cámaras con lectores que ha colocado en las 50 ciudades más pobladas del país. Están en patrullas, casetas de peaje, puentes, letreros de carretera, grúas y un largo etcétera.

    Solo basta que un oficial coloque el número de placa del vehículo en una página de Internet restringida para recibir 'un mapa' de los lugares, fechas y horas por los cuales pasó ese auto en cierto período. Así los detectives obtienen información que facilita la vigilancia y el arresto del individuo en su mira.

    ICE explicaba en un email el 11 de diciembre de 2017 que esta táctica le permite rastrear los patrones de conducta del fugitivo y planificar los arrestos en lugares donde hay menos riesgos. "Por ejemplo, lejos de la casa de un sujeto si se sospecha que hay niños o armas en la vivienda", precisó.

    Este método de vigilancia que parece sacado de una película también ofrece a los agentes que buscan indocumentados la posibilidad de crear una 'Lista de Alerta' hasta con 2,500 placas que consideren una prioridad y recibir durante un año avisos a sus celulares inmediatamente después de que esos vehículos pasan frente a un lector PLR, según los emails que la dependencia le dio a ACLU.

    En ese caso, bastaría que el oficial tome su teléfono para saber dónde está la persona que busca.

     

    "Espero que puedas usar tu magia para mí"

    Entre los casi 2,000 documentos que ICE desclasificó se encuentran varias conversaciones por Internet entre uno de sus agentes y un detective de la Policía de La Habra, en el sur de California, las cuales exponen que el sistema PLR y las redes sociales se volvieron útiles en sus investigaciones.

    El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de ICE, le pidió varias veces a su amigo en el Centro de Inteligencia del condado de Orange, que le proporcionara datos sobre los movimientos de vehículos. Lo contactó unos años antes y meses después de que ICE lograra el contrato con Vigilant Solutions. Esa colaboración, valga la aclaración, violaría la ley de estado santuario SB 54.

    "Necesitamos encontrar a un pandillero registrado de la MS-13 (Mara Salvatrucha). Fue visto por última vez conduciendo un auto (se ocultó la descripción) ¿Podrías buscarlo lo antes posible?", mencionó en un correo electrónico que envió el 19 de marzo de 2018.

    Un mes después, durante dos días consecutivos, el investigador del HSI le solicitó ayuda para localizar tres automóviles más. "Hoy debe ser el día de los pedidos sobre placas", bromeó el agente federal, quien hizo decenas de solicitudes similares entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018, de acuerdo con los emails exhibidos por ACLU.

    Las comunicaciones siempre se desarrollaron en un tono de camaradería. "Espero que puedas usar tu magia para mí (otra vez) y me digas donde está este criminal :)", le escribió el 12 de abril de 2016.

    Ya el 11 de marzo de ese año le había pedido todos los detalles sobre los sitios por donde habían pasado cuatro autos compactos y tres camionetas SUV. "Estamos llevando a cabo una redada contra pandillas y la ubicación de estos vehículos nos ayudará a ubicar a los pandilleros", explicó.

     

    Hurgando en las redes sociales

    Ese policía de La Habra fue su mejor aliado: siempre le entregó la información que le pidió su amigo, respondiéndole incluso en medio de reuniones, entrenamientos o cuando ya finalizaba su turno. A veces solo le comunicó que los autos estaban estacionados o que había pocos detalles disponibles.

    "Me da gusto que tengas acceso (al sistema de Vigilant Solutions), pero me agrada que todavía me necesites de vez en cuando :))))", le respondió el policía en un email el 15 de febrero de 2018.

    "¿Por qué disculparte? No lo necesitas hacer. Todos tenemos trabajo por hacer. Estoy aquí para ti :)", le dijo en un mensaje el 10 de mayo de 2016, en el cual le envió datos sobre un par de vehículos.

    Al compartirle ciertos detalles de una investigación criminal contra un pandillero, el oficial del HSI terminó revelando cómo la dependencia revisa las redes sociales de sus objetivos.

    "He intentado, sin éxito, identificar a un nómada (como le dicen a los miembros de alguna banda de motociclistas) de los Vagos", describió el agente en un email enviado el 4 de octubre de 2017. En otro proporcionó varios datos personales del fugitivo. "Su página de Facebook no muestra mucho, pero la página de su hija tiene una foto reciente de los dos con fecha del 23 de septiembre de 2017", dijo.

    Cada vez más, ICE y otras agencias del orden revisan las redes sociales de individuos bajo su lupa y hasta obtienen órdenes judiciales para espiar sus comunicaciones privadas. Aprovechando ese método en cinco investigaciones contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en los últimos años, lograron el arresto y enjuiciamiento de 71 miembros y asociados de la banda en California, Maryland y Virginia.

     

    Más de 9,200 agentes revisando placas de autos

    Para el 22 de febrero de 2018, después de casi 20 sesiones de entrenamiento que ofreció Vigilant Solutions, 8,752 agentes de los equipos de búsqueda de fugitivos de ICE, así como investigadores de HSI, tenían acceso a la base de datos que rastrea vehículos.

    Un mes después, como resultado de sus constantes operativos, el número de usuarios subió a 9,209. Estas cifras se revelaron en una conversación por email que tuvo un empleado administrativo de ICE y un gerente de atención al cliente de Thomson Reuters Special Services, propietaria de Vigilant Solutions.

    "Yo creo que el número se ha incrementado basado en la actividad que he visto y escuchado en campo", escribió ese funcionario en un correo que envió el 29 de marzo de 2018 para pedir una cifra actualizada de los usuarios del nuevo programa. "Sé que mañana es Viernes Santo y esta solicitud no está en el espíritu de la Pascua, pero agradezco cualquier ayuda", concluyó.

    El gerente respondió enviando una lista de códigos que confirmaba que ya la gran mayoría de agentes de ICE le sacaba provecho al sistema PLR y se despidió de esta manera: "Imagina que la lista está cubierta de brillantina.

     

    ¡Felices Pascuas!".

    En otro mensaje con fecha del 10 de mayo de 2018 se compartió material de capacitación incluyendo un mapa interactivo que indica qué policías municipales usan el sistema Vigilant Solutions y hasta tiene una guía con instrucciones "paso a paso" y con fotos que explican cómo pueden solicitarles información sobre fugitivos en su mira.

    "Estamos entusiasmados con los datos adicionales que ahora pueden estar disponibles para ICE", señalan en el memorando.

    Según Vasudha Talla, la abogada de ACLU que obtuvo estos documentos, los oficiales de ICE no solo le sacan provecho a más de 5,000 millones de datos sobre ubicaciones de vehículos, los cuales se originan de lectores en las 50 ciudades más pobladas del país, sino que también recibe 1,500 millones de datos adicionales de 80 agencias del orden, algunas de las cuales patrullan en 'ciudades santuario'.

    "La gran preocupación de ACLU por los riesgos de las libertades civiles debido a los lectores de placas adquiere mayor urgencia, ya que esta información de vigilancia alimenta la máquina de deportación de ICE", advirtió Talla.

    Entre las comunicaciones internas de la dependencia también hay detalles sobre cómo manejó las solicitudes de la prensa antes y después de que obtuvo el contrato con Vigilant Solutions.

    "A pesar de mis mejores esfuerzos para disuadir a esta reportera de NPR de este artículo, ella lo está haciendo y tiene varias preguntas", escribió un vocero de ICE en un correo electrónico que envió a sus superiores el 15 de febrero de 2018, cuando ya cientos de agentes migratorios habían recibido un entrenamiento para localizar los vehículos de sus objetivos.

    "Recomiendo que respondamos las preguntas, pero rechacemos la entrevista grabada porque no veo ninguna ganancia", aconsejó el portavoz en el email.

     

    El acceso al sistema es limitado, afirma ICE

    Según ICE, es mentira que todos sus agentes tengan acceso libre al sistema de Vigilant Solutions.

    "ICE limita el número de usuarios que pueden acceder al servicio de datos LPR y garantiza que solo aquellos que necesitan datos LPR para propósitos relacionados con la investigación puedan acceder a la base de datos", afirmó la agencia en un comunicado enviado a Univision Noticias.

    "Cualquier empleado de ICE que haya accedido al sistema sin autorización o que haya utilizado la base de datos de manera inapropiada puede ser disciplinado, lo que puede incluir la revocación del acceso a la base de datos, la suspensión o el despido", agregó la dependencia.

    Por otro lado, negaron que estén elaborando su propia base de datos con la información que les vende Vigilant Solutions y aseguraron que no toman acciones contra ninguna persona basándose únicamente en la información obtenida de dicho servicio.

    "Como la mayoría de las otras agencias del orden, ICE utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para respaldar sus investigaciones", precisó.

     

  • Detalles no revelados en el juicio de 'El Chapo': brujería, memes y sobornos de la DEA

    Diez temas no fueron tocados en el mediático proceso judicial contra el líder del cartel de Sinaloa por ser ajenos al tráfico de drogas, porque la Fiscalía los consideró potencialmente dañinos para sus testigos y además porque hicieron lo posible para no ventilar las fallas y corrupción del gobierno estadounidense.

    ISAIAS ALVARADO

     

    19 de marzo del 2019- Un mes después de que el capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable de 10 cargos por narcotráfico en una corte federal en Brooklyn se ha revelado información sobre testigos clave que hasta ahora se conoce porque la Fiscalía la bloqueó para que sus declaraciones no perdieran credibilidad.

    Detalles sobre encuentros sexuales con niñas drogadas, golpizas a sus parejas, intentos de homicidio, prácticas de brujería, lecturas sobre seres extraterrestres y hasta memes que se enviaban sicarios del cartel de Sinaloa fueron publicados recientemente por el juez Brian Cogan a petición de dos medios de comunicación.

    A lo largo del mediático juicio de 'El Chapo', los fiscales impidieron también que el jurado supiera sobre un supuesto soborno que recibió en un restaurante el expresidente Enrique Peña Nieto, las fallas de la infame operación 'Rápido y Furioso' que trataba de seguir el rastro de armas compradas por carteles, así como acusaciones de corrupción contra la Administración para el Control de Drogas (DEA).

    La defensa reclamó que tantas barreras le ataron de manos, derivando en la convicción de su cliente, quien ahora enfrenta una sentencia a cadena perpetua. "Su juicio fue una inquisición diseñada para mostrarle al mundo las virtudes del sistema de justicia estadounidense", declaró Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, quien aseguró que siguen revisando cómo pedir que el jurado sea interrogado por presuntamente revisar en Internet información sobre el acusado durante el proceso judicial (lo cual no estaba permitido).

    El primer testigo estrella de la Fiscalía federal, Jesús 'El Rey' Zambada,aseguró que una de sus funciones como lugarteniente del cartel de Sinaloa hace una década era repartir sobornos a funcionarios federales en la Ciudad de México para que estos no interfirieran en las actividades de la organización.

    Según Zambada, una vez le entregó 6 millones de dólares en un restaurante al expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo mandato terminó en diciembre.

    Este alegato se mencionó en una conversación separada entre los fiscales, los abogados de Guzmán y el juez Brian Cogan el 14 de noviembre de 2018, en el segundo día del juicio. Al final, ese argumento solo quedó en las transcripciones. Habría sido la primera acusación de corrupción contra Peña Nieto en este proceso. Pero dos meses después, el capo colombiano Alex Cifuentes declaró que el mandatario recibió 100 millones de dólarespara financiar parte de su campaña electoral en 2012.

     

    La corrupción de agentes antinarcóticos

    Fiscales impidieron indagar sobre las versiones de que oficiales de la DEA recibieron pagos indebidos.

    Presidentes, gobernadores, generales y funcionarios federales latinoamericanos fueron señalados de estar en la nómina del crimen organizado. Sin embargo, cada vez que se apuntó al gobierno de EEUU apenas si se tocó el tema. Esa caja de pandora no se destapó gracias a la Fiscalía federal.

    El exjefe del cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', relató que le pagó a un equipo élite de la Policía de Colombia para sobornar a los oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que realizaban investigaciones en su país. Afirmó que les facilitó "prostitutas, apartamentos y regalos", pero no se profundizó en esa versión.

    Por su parte, el testigo Alex Cifuentes dijo que su hermano mayor Francisco Iván le entregó "una cajita de celular con unos dólares en efectivo" a oficiales de esa dependencia en un aeropuerto de Colombia. Antes de que dijera más, el asunto se vetó después de una discusión privada con el juez.

    Los fiscales también evitaron que un agente de la DEA aceptara que estuvo armado en los operativos que concluyeron con el arresto de Guzmán en un hotel de Mazatlán en febrero de 2014.

     

    El armamento que EEUU vendió a sicarios de carteles

    Tampoco se habló de la controvertida operación que entregó armas a los narcos mexicanos.

    Citando "informes negativos sobre la operación" que solo "distraerían y confundirían al jurado", el gobierno le pidió al juez Cogan que no permitiera que los abogados del líder del cartel de Sinaloa cuestionaran a los testigos sobre 'Rápido y Furioso', la fallida operación encubierta de la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) enfocada en traficantes de armamento.

    El magistrado aceptó que no se describiera cómo la ATF terminó perdiéndole el rastro a unas 2,000 armas, algunas de las cuales terminaron en manos de pistoleros del cartel de Sinaloa. En 2016, tras la recaptura de Guzmán en Los Mochis, las autoridades mexicanas confiscaron un rifle calibre 50 que tenían registrado los agentes de la ATF.

    Una investigación reveló que dos armas en la lista de 'Rápido y Furioso' fueron usadas para asesinar a un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010 y a un oficial migratorio en 2011.

     

    Brujos, platillos voladores y el fin del mundo

    Las creencias sobre asuntos paranormales de Guzmán y un testigo no se mencionaron.

    Alex Cifuentes, el narco colombiano que reveló detalles sobre la vida de 'El Chapo' cuando se ocultaba en la sierra madre occidental, creía que el fin del mundo ocurriría en 2012, como erróneamente se interpretó una predicción de los Mayas. También solía "curarse" con brujos y estaba interesado en información sobre la orden secreta 'Los Illuminati', la masonería y los seres extraterrestres.

    "Él personalmente ha acudido varias veces con brujos. En una ocasión, el testigo observó al acusado (Guzmán) consultar con un brujo sobre cómo obtener aceite de víbora", cita un documento que recién publicó la corte. La Fiscalía consideró que esta información "no es relevante" y pidió ignorarla.

    Estos "intereses no ortodoxos" de Cifuentes se descubrieron cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptó las comunicaciones de miembros de alto rango del cartel de Sinaloa. La defensa quería mencionarlo para insinuar que él tiene problemas mentales. Cuando lo interrogaron al respecto fuera del juicio, el capo declaró que leía y veía videos de ese tipo, pero "no cree que son reales o precisos".

     

    'Vicentillo' y su alegada traición a la DEA

    El hijo de 'El Mayo' Zambada no fue cuestionado sobre sus actividades ilícitas siendo informante.

    Entre los documentos que hace unos días desclasificó el juez Cogan se muestra que los fiscales trataron de impedir que Vicente Zambada alias 'Vicentillo', hijo del actual jefe del cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fuese interrogado por la defensa acerca de haber seguido traficando cocaína mientras cooperaba con la DEA.

    Sobre esta acusación, la Fiscalía señaló que "no tenían conexión con los asuntos de este juicio" y advirtió que se corría el "riesgo de prejuicios injustos y confusión de los hechos".

    'Vicentillo', en cambio, declaró en su propio proceso penal que Guzmán se benefició proporcionando información sobre sus enemigos a la DEA, a cambio de que lo dejaran operar en su territorio.

     

    El capo que quiso matar a su esposa embarazada

    Pleitos familiares, golpizas y hasta un intento de homicidio no se detallaron en el tribunal.

    Varios incidentes de violencia doméstica en los cuales estuvieron involucrados algunos testigos no se ventilaron en la corte federal de Brooklyn.

    El caso más grave revela que uno de los cooperantes del gobierno, cuyo nombre no fue mencionado, una vez le pidió a Guzmán que le prestara su pistola para matar a su esposa porque ella quería abortar. También consideró asesinarla después de que diera a luz.

    "Eventualmente, el testigo obtuvo el permiso del acusado para mudarse al lugar en México donde su esposa vivía para asegurarse de que no interrumpiera su embarazo. Su esposa dio a luz y nunca intentó hacerle daño", afirma un folio judicial.

    Otro testigo, por su parte, golpeó a sus parejas en varias ocasiones: a mediados de la década de 1990 a su esposa le fracturó la nariz de un puñetazo en una pelea y unos años después le rompió el pómulo. En 2006 a otra mujer la jaló violentamente del cabello y el brazo. Nunca enfrentó cargos por esos ataques.

     

    Niñas de 13 años a las que Guzmán llamaba "vitaminas" fueron "violadas"

    'El Chapo' habría pagado unos $5,000 para tener relaciones sexuales con menores.

    Unas horas antes de que iniciaran las deliberaciones del jurado, el mundo conoció que 'El Chapo' era además un supuesto depredador infantil. Ese alegato perturbador señala que sostuvo relaciones sexuales con niñas drogadas a las que llamaba "vitaminas" porque creía que le daban "vida".

    "Por aproximadamente 5,000 dólares, el acusado o uno de sus asociados podían pedir que la niña de su elección fuese llevada a uno de los ranchos del acusado para tener relaciones sexuales", afirmó Alex Cifuentes en folios de la corte que se publicaron el pasado 2 de febrero.

    El capo afirmó que en múltiples ocasiones Guzmán violó sexualmente a "niñas de tan solo 13 años". A las más pequeñas, dijo, les decía "vitaminas". Estos crímenes ocurrieron entre 2007 y 2008.

    Cifuentes dijo a los investigadores que alguien conocida como 'Comadre María', aparentemente su secretaria Andrea Vélez Fernández, quien luego se volvió informante del FBI, le ofrecía fotos de niñas a Guzmán para que eligiera. Vélez tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México.

     

    El artículo de Sean Penn en la revista Rolling Stone

    A los fiscales no les pareció correcto mostrar la crónica del actor que critica a los adictos de EEUU.

    Si bien los miembros del jurado vieron segmentos de un video en el que Guzmán acepta que "el día que yo no exista no va a mermar el tráfico de droga", jamás revisaron el artículo ligado a esta grabación que redactó el actor Sean Penn cuando lo visitó en Cosalá, Sinaloa, antes de su tercera captura.

    En dicha crónica que publicó la revista Rolling Stone, Penn describió su encuentro con el narcotraficante, pero los fiscales lo descartaron de las evidencias. No les gustó que la estrella de Hollywood describiera al narcotraficante como una "figura parecida a Robin Hood", ni su opinión de que los consumidores de droga en este país son de alguna manera cómplices de sus crímenes.

    En la grabación de 17 minutos, Guzmán habló sobre sus primeros años vendiendo naranjas en su comunidad natal La Tuna; su relación con su familia también involucrada en el contrabando de droga; sus días siendo un prófugo "feliz" tras escapar de una prisión de máxima seguridad en 2001; y sobre su prolífico negocio que una vez lo colocó entre los más ricos del mundo.

     

    La película y el libro 'Cartel Wives'

    La esposa de un narco vendió los derechos a una productora para llevar su vida a la pantalla grande.

    Interesada en sacar provecho económico compartiendo "sus experiencias como esposa de un narcotraficante de alto calibre", la pareja de uno de los cooperantes que hundieron a 'El Chapo' Guzmán firmó un contrato con una productora para hacer una película sobre su vida. Ella misma fue coautora de un libro titulado 'Cartel Wives' (Las esposas del cartel).

    La Fiscalía indicó que no podían indagar ese tema debido al acuerdo que contrajo la mujer, el cual protege los "detalles de esa transacción" y pidió que la defensa evitara preguntar al respecto.

    "El contrainterrogatorio podría llevar al testigo a inadvertidamente ofrecer detalles en violación del acuerdo", señalaron los fiscales. No se revelaron los nombres del capo ni de su esposa. Solo se indicó que este colaboró con Guzmán entre 2002 y 2008.

     

    Memes, bromas y porno compartido entre sicarios

    El juez desechó comunicaciones pinchadas que no estaban relacionadas al tráfico de narcóticos.

    En parte de las 1,500 comunicaciones entre miembros del cartel de Sinaloa que interceptó el FBI hay mucha información que no está relacionada con el narcotráfico, desde memes cargados de sátira, videos, caricaturas, bromas "políticamente incorrectas" y hasta material obsceno.

    Otro testigo que tenía el teléfono pinchado solía enviar "bromas" ajenas a sus negocios ilícitos, así como conversaciones sobre "sus intereses románticos", a sus amigos y socios del cartel.

    "El contrainterrogatorio sobre estos mensajes no relacionados con el tráfico de drogas debería ser considerado como no relevante y más perjudicial que probatorio", explicó la Fiscalía.

    El resto de las conversaciones entre Guzmán y alrededor de 100 asociados en el cartel se usaron como la evidencia electrónica más contundente contra el mafioso. Incluso se vinculó en sus negocios criminales a su esposa Ema Coronel Aispuro.

  • Presentan proyecto de ley para regularizar permanencias de dreamers y migrantes protegidos por TPS

    La propuesta, a la que podrían acogerse unos 4.7 millones, otorga el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales los beneficiarios podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía. Por ahora, cuenta con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, controlado por los republicanos.

    JORGE CANCINO

     

    12 DE MARZO DEL 2019- Tres legisladoras demócratas presentaron este martes una iniciativa de ley que, de ser aprobada, r egularizará la estadía de millones de dreamers, y cientos de miles de indocumentados protegidos por un Estados de Protección Temporal (TPS) y la denominada autorización de Salida Obligatoria Diferida (DED).

    Denominada ‘Ley de Sueños y Promesas’ (H.R. 6), el proyecto es patrocinado por las representantes demócratas Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York).

    La propuesta daría a los beneficiarios el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.

    Para ser aprobado, el H.R. 6 necesita 218 votos en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y 60 en el Senado, en manos de los republicanos. Mientras que el voto afirmativo está asegurado en la cámara baja, en la alta es más difícil que consiga el apoyo necesario. Tampoco está garantizado la firma del presidente Donald Trump.

    El proyecto podría beneficiar a un total aproximado de 4.7 millones de inmigrantes, ya que hay unos 500,000 protegidos por TPS y DED y más de 4.2 millones de jóvenes podrían aplicar al eliminar la edad y la fecha de entrada límite, como sí establecía DACA.

     

    Entre los requisitos mínimos exigidos por el plan para los dreamers, deberán probar:

    -Que han estado presentes físicamente en Estados Unidos en los cuatro años anteriores a la fecha de promulgación de la iniciativa de ley.

    -Que tenían menos de 17 años cuando ingresaron al país.

     

    A diferencia de otros proyectos de ley para los dreamers, esta versión no incluye un límite de edad para postular, y extiende la fecha de entrada para proteger a un mayor número de beneficiarios.
    La Acción Diferida de 2012 (DACA) ampara de la protección actualmente a unos 700,000 dreamers. El H.R. 6 podría proteger a varios millones de indocumentados.

     

    Además de presencia física, los potenciales benefactores deberán probar que:

    -Carecen de antecedentes criminales

    -No abusaron de las visas de estudiante.

    -No cometieron poligamia.

    -No han sido hallados culpables de tráfico de personas.

    -No han votado ilegalmente.

    -No renunciaron a la ciudadanía de EEUU para evitar el pago de impuestos.

     

    Otras faltas que impiden a un indocumentado acceder a la residencia condicional incluida en el H.R. 6 son:

    -Cualquier delito federal o estatal sancionable con una pena de prisión de más de 1 año.

    -Tres o más delitos federales o estatales por los cuales la persona fue condenada en diferentes fechas y encarcelada por un total de 90 días o más.

    -Un delito de violencia doméstica (a menos que el solicitante sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, maltrato o negligencia ayorsle, maltrato o negligencia contra personas ayors, o trata de personas, haya sido golpeado o sometido a crueldad extrema o haya sido víctima de actividad delictiva).

    Requisitos adicionales

    -Los dreamers deberán, además, presentar un certificado que demuestre que se graduaron de la escuela secundaria o haber obtenido un GED o credencial reconocida por el Departamento de Educación o estar en un programa para ayudar a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria.

    -Los postulantes a la green card o tarjeta verde condicionada deberán también pasar los controles de antecedentes de seguridad y cumplimiento de la ley, pagar una tarifa de solicitud razonable y registrarse para el Servicio Selectivo si es necesario.

     

    Para obtener el estatus de residente permanente legal completo (LPR), los soñadores deberán:

    -Adquirir un título de una institución de educación superior de Estados Unidos o completar al menos dos años de buena reputación en un programa de licenciatura o superior, o en una carrera del área y programa de educación técnica de nivel postsecundario en EEUU.

    -Completar por lo menos dos años de servicio militar y, de ser dado de alta, recibió una baja honorable.

    -Estar empleado por períodos de tiempo de al menos tres años y al menos el 75% del tiempo ha tenido autorización de empleo.

     

    El royecto de ley también incluye una serie de disposiciones para los dreamers, que incluyen:

    -Derogar la Sección 505 de la Reforma de Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, Ley de 1996, que penaliza a los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados sobre la base de residencia.

    -Permitir que los dreamers accedan a la ayuda financiera federal.

    -Asegurar que las personas con estatus de residente permanente condicional puedan acceder a licencias profesionales y comerciales.

    -Permitir a los dreamers elegibles y con orden de deportación que soliciten una exención.

     

    Para los TPS y DED

    La H.R. 6 permitiría a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o DED cancelar los procedimientos de remoción si demuestran:

    -Que han estado en Estados Unidos por un período de 3 años antes de la promulgación de la Ley.

    -Que eran elegibles o tenían TPS al 25 de septiembre de 2016 o tenía el estado de DED al 28 de septiembre de 2016.

     

    El plan de las congresistas Roybal-Allard, Velázquez y Clarke modifica además la ley actual de TPS para exigir que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de terminar una designación de TPS.
    También requiere que el secretario del DHS proporcione un informe tres días después de publicar un aviso de dicha terminación. Este documento debe explicar la designación original y cualquier progreso realizado por un país para resolver los problemas que conducen a la designación de TPS.

    El proyecto de ley H.R. 6 también aclara que se considerará que un inmigrante que ingresa al programa TPS ha sido inspeccionado y admitido en Estados Unidos.

    El proyecto asegura la confidencialidad de los datos recolectados por el DHS y prohíbe que ese ministerio y/o dependencias use la información proporcionada por los migrantes para otros fines que no sean la postulación al programa de obtención de una residencia condicionada.

     

  • Cien días de AMLO: la “montaña rusa” y el discurso político de la “Cuarta Transformación”

    “Momentos que incluyen emociones fuertes seguidos de momentos de incertidumbre; profundo gozo por los cambios en la comunicación política, seguido de pánico porlas decisiones que se van tomando”.

    OPINIÓN

    TANIUS KARAM

     

    12 de marzo del 2019- En los últimos días todos los medios mexicanos han estado realizando balances y análisis sobre los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cien días parece poco para hacer cualquier tipo de balance, pero gusta a las agendas mediáticas y a esa legión de comentaristas de distinto cuño, conocidos como “comentócratas”, que hacen juicios sumarios e integrales sobre el actual presidente y sus acciones.

    Una de las características de estos 100 días son sin duda los altibajos, las tensiones, que no facilitan del todo hacer un juicio sumario sobre si efectivamente estamos ante la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) en el actual gobierno, en alusión a lo que el discurso histórico del actual presidente considera será –­su gobierno– una etapa “fundacional” como lo fueron las transformaciones históricas y políticas precedentes: la lucha de independencia de España (1810-1821); las leyes de Reforma que fundan de alguna manera el estado republicado moderno (1867), y la lucha social implicada en la revolución mexicana (1910-1921).

    La analista política Denisse Dresser ha usado la metáfora de la “Montaña Rusa”: momentos que incluyen emociones fuertes seguidos de momentos de incertidumbre; profundo gozo por los cambios en la comunicación política, seguido de pánico por el tipo de decisiones que se van tomando. En todo ello el gobierno se mueve a gran velocidad –como la “montaña rusa”–: todos los días hay una propuesta, una declaración que sirve para hacer algún tipo de comentario. Pero con frecuencia resulta difícil definir y distinguir lo democrático de lo ocurrente, la gran medida de lo que será la posibilidad de su aplicación efectiva. Por ello coincidimos con quienes dicen que hasta el momento la autollamada 4T es en realidad un viaje intenso al mundo de los sentimientos encontrados, donde por momentos se pueden avizorar grandes cambios, pero donde aparecen luego claros motivos para el desaliento.

    López Obrador ha sido un “mago” hasta el momento y cuenta con una popularidad nunca antes vista, pero que puede explicarse e incluso comprenderse. AMLO ha modificado algunas inercias del viejo régimen –como la distancia abismal entre gobernantes y gobernados–, y los códigos propios de la comunicación política, que son centrales para entender su popularidad y aceptación. Como nunca antes el Estado mexicano ha pedido perdón por errores del pasado, y ha intentado paliar las ausencias y abusos del estado que se radicalizaron sobre todo en la pasada administración. Hemos visto también imágenes impensables como la de la secretaria de Gobernación marchando el pasado 8 de marzo junto a las manifestantes. Todo ello es sin duda motivo de una gran celebración y es lo más gozoso de esa “montaña rusa”.

    Pero luego vienen los problemas, y por desgracia son muchos. Las presiones al tribunal electoral para que se devuelva el registro a un partido ultra conservador como “Encuentro Social”, con el que AMLO se alió como parte de su estrategia de vincularse con cualquiera, sin importar su historia, su tradición, sus contradicciones del pasado, con tal de sumar puntos para llegar a la presidencia.

    Fuera del tema político quizá de las contradicciones más evidentes entre el “deber ser” de cualquier república y las prácticas del actual gobierno, y en particular del “estilo personal de gobernar” de AMLO, que arbitrariamente lanza a “consulta” algunos temas –lo que generalmente gusta, porque a la población le gusta ser consultada–, pero con “otros”, discrecionalmente, no lo hace. Esta modalidad de comunicación es utilizada “a modo”, y cae en algunos casos en el ostracismo, como cuando recientemente dijo que algunos derechos sociales de la mujer, ¡los sometería a consulta!

    AMLO es en realidad camaleónico, adaptativo, pero por ello es poco consistente en lo referente a sus “enemigos” principales, “los corruptos”, la “mafia del poder”.

    Y los empresarios. ¿Cómo entender los elogios desmedidos a Ricardo Salinas y su grupo Azteca, llegando al extremo de definir la suya como una empresa con compromiso social, cuando es conocida su labor de rapiña contra cuenta-habientes de bajos recursos a quienes cobra tasas altísimas; ahora su banco va ser uno de los encargados de recibir los apoyos sociales que va entregar el gobierno directamente a algunos beneficiarios.

    Uno podría pensar que un político de “izquierda” (término muy difícil de definir hoy en día) tendría ciertos aliados naturales que en el discurso de AMLO se convierten en nuevos enemigos, como es el caso de las organizaciones de la sociedad civil a las que ataca y critica de favoritismo.

    Y entramos aquí a uno de los temas centrales y más problemáticos en la comunicación política. ¿Qué sugeriríamos al ejecutivo federal? Ser más cuidadoso, articular más, matizar más, tener más cuidado y respeto por la palabra, hablar menos y focalizar más para contener las paradojas de una comunicación política que va de momentos grandilocuentes y elogiables a otros profundamente autoritarios y muy poco republicanos. Hay una muy desigual capacidad de gestión, poca claridad en las prioridades, eso sí, con símbolos y modos que ojalá puedan articularse con una gestión que refleje estos ideales comunicativos.

     

    Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

     

  • Autoridades investigan si pasajeros secuestrados en el norte de México son migrantes indocumentados

    El grupo armado obligó al conductor a detener un autobús en una carretera entre la ciudad fronteriza de Reynosa y la localidad de San Fernando. Los hombres secuestraron a las víctimas, pero permitieron que 22 de los pasajeros continuaran su viaje.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 11 de marzo del 2019-Un grupo de hombres armados secuestró el pasado jueves a 19 pasajerosde un autobús que cubría la ruta de Tampico a Reynosa, en el fronterizo estado mexicano de Tamaulipas. Las autoridades investigan si son migrantes indocumentados, según informaron el lunes las autoridades.

    El autobús de la empresa Transpaís, salió de la ciudad de Tampico con 42 pasajeros y mientras se encontraba en su recorrido fue detenido por hombres armados que circulaban en al menos cuatro vehículos, precisaron.

    Tras abordar el autobús obligaron a descender a 19 pasajeros del sexo masculino para subirlos en sus vehículos con los que llegaron al lugar y darse después a la fuga con rumbo desconocido, señalaron las autoridades.

    El presunto secuestro tuvo lugar el 7 de marzo a las 12:55 horas a la altura del kilómetro 79, en las proximidades del ejido Palo Blanco, Tamaulipas, indicaron.

    El conductor del autobús decidió continuar su recorrido con los 22 pasajeros hasta su destino final en Reynosa, ciudad en la frontera de México con Estados Unidos, donde hizo la denuncia ante las autoridades.

    Las autoridades investigan la posibilidad de que los pasajeros que presuntamente fueron secuestrados puedan ser migrantes de origen centroamericano, ya que Tamaulipas es una de la rutas más utilizadas para alcanzar la frontera estadounidense.

    "Iban precisamente sobre este grupo de personas", comentó el vocero estatal de seguridad, Luis Alberto Rodríguez, a la emisora radial MVS Noticias, quien dijo que se investigaba si las víctimas eran migrantes que se dirigían a Estados Unidos.

    La sospecha sobre el origen de los secuestrados y el hecho de que el incidente se registró en una carretera federal, llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una carpeta de investigación.

    En esta zona del país también tuvo lugar la muerte de 72 migrantes centroamericanos en una fosa en el municipio de San Fernando en el año 2010.

    El pasado 8 de marzo, 36 migrantes centroamericanos que viajaban en autobús fueron detenidos por policías federales en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

    La detención en Ciudad Victoria se realizó tras una revisión en la central de autobuses y descubrieron al grupo de hondureños y salvadoreños, la mayoría menores de edad quienes carecían de documentación que acreditara su estancia legal en el país.

     

  • 7 polémicas acciones implementadas por AMLO durante sus primeros 100 días como presidente de México

    Los 100 primeros días de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México han mezclado un abandono de las formas tradicionales de gobernar con una serie de polémicas iniciativas políticas que no han mermado su elevado índice de aprobación.

    JANET CACELÍN

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 11 de marzo del 2019- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumple 100 días en el poder, un periodo de tiempo en el que a pesar de haber realizado una serie de anuncios polémicos que han generado desconfianza de organizaciones civiles, también llega con un enorme respaldo popular de casi 80% y altas expectativas de alcanzar la transformación del país prometida en el periodo de campaña.

    Desde la noche misma de su triunfo en los comicios del 1 de julio del 2018, AMLO generó altas expectativas sobre los alcances de lo que promueve como la cuarta transformación del país y un cambio de régimen más que de gobierno, bajo la premisa de combatir la corrupción "de arriba hacia abajo".

    La cota de popularidad que alcanzó en febrero pasado se ha situado en niveles del 80%, más que cualquiera de sus antecesores en el mismo lapso y casi 30 puntos porcentuales encima del 51% de nivel de votación que lo llevó a la victoria.

    Sin embargo, en estos 100 días también ha hecho una serie de anuncios polémicos en materia de economía, seguridad y derechos humanos que han generado polémica y en algunos casos despertado la desconfianza de organizaciones civiles y empresarios:

     

    Adiós al avión oficial y a Los Pinos

    La primera de las acciones tomada en estos 100 días fue el cierre de la residencia presidencial para transformarla en un centro cultural y tomar como lugar de trabajo el Palacio Nacional.

    Además, puso en venta el avión oficial y es común verlo en aeropuertos rodeado de pasajeros, como ejemplo de la austeridad que propone. La desaparición del Estado Mayor Presidencial para integrarlo al Ejército y la subasta de vehículos de lujo oficiales completan el listado de acciones que he emprendido el mandatario en este sentido.

    Su decisión personal de bajarse su sueldo se convirtió en una ley aprobada en el Congreso para que nadie en el Gobierno tenga ingresos mayores a los del presidente, un asunto que está en la Corte por la oposición a aceptarlo de parte de senadores y organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral.

     

    Una Guardia Nacional conformada por militares

    Otra de las medidas implementadas fue la creación de una Guardia Nacional como institución policial de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal, con el objetivo de combatir la inseguridad. La ley fue aprobada el 28 de febrero por la Cámara de Diputados y ha sido avalada por más de 17 Congresos.

    De acuerdo con el dictamen “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

    Sin embargo, pese a la medida, entre los pendientes continúa la urgencia por reducir los niveles de inseguridad y violencia, que se ha recrudecido en los primeros meses de 2019, tras cerrar el año anterior con más de 24,000 asesinatos en el país.

     

    Combate contra el huachicoleo

    Una de las primeras acciones y la más emblemática de López Obrador fue implementar su plan de combate al huachicol, como se conoce al robo de combustible en México, que incluyó el cierre de ductos y la distribución mediante autotanques. En general fue bien vista salvo por el desabasto de gasolina que también provocó por algunos días.

    López Obrador ha señalado que en 2018 el huachicol costó al país 65,000 millones de pesos (unos 3,340 millones de dólares). Sin embargo, esta estrategia permitió ahorros por 5,000 millones de pesos (256 millones de dólares), y espera finalizar el año con 50,000 millones de pesos (2565 millones de dólares).

    Como un hecho colateral a esta medida, sucedió la llamada tragedia de Tlahuelilpan el pasado mes de enero, cuando un ducto clandestino explotó mientras cientos de personas recolectaban gasolina de manera ilegal. El saldo hasta ahora es de 135 personas muertas.

     

    Cierre de programas sociales

    A mediados de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, debido a que su gobierno detectó irregularidades en el manejo del presupuesto para las estancias infantiles (guarderías), el dinero asignado se reduciría y el apoyo se otorgaría directamente a las madres y padres de familia.

    El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), a cargo de la Secretaría del Bienestar, consistía en que el gobierno entregaba dinero a la guardería por cada niño que asistiera. Sin embargo, AMLO confirmó un recorte de casi el 50%.

    Aseguró que ahora el dinero se entregará a las familias para que estas paguen directamente a la persona que ellos elijan para cuidar a sus hijos. Y el anuncio ha generado una fuerte rechazo y polémica en México.

    Días después AMLO hizo un anuncio similar sobre los refugios que atienden a mujeres y niños que viven en violencia extrema. No obstante, el Ejecutivo afirma que se revisará la situación para no desproteger a las víctimas.

     

    Apoyo a Pemex pese a desconfianza de calificadoras

    En el terreno económico, ha logrado mantener la estabilidad, lo cual ha favorecido la cotización de peso y ha propuesto programas de rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no han sido bien recibidas por los mercados ni las calificadoras de riesgos.

    El pasado 1 de marzo la calificadora S&P redujo la perspectiva de calificación para México de estable a negativa, ante un posible bajo crecimiento económico, así como por la falta de confianza de inversionistas y el plan energético anunciado por el presidente.

    Ante esta decisión, López Obrador indicó que lo único que puede reprochar a las calificadoras es que “durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y CFE permanecieron callados, calificaban con 10, con excelencia… todo era MB (Muy Bien) en esos tiempos”.

    Al respecto, López Obrador señaló que su gobierno está lidiando con las consecuencias de la administración anterior.

     

    Visas para migrantes que buscan ir a EEUU

    En el plano internacional, el Gobierno de López Obrador ha estado marcado por las decisiones de facilitar la entrada de los migrantes centroamericanos luego de que a finales de 2018 el gobierno de Estados Unidos anunció una medida que fuerza a los migrantes que piden asilo en la frontera sur a quedarse en México mientras se resuelve su solicitud

    Hasta este fin de semana, el Gobierno de México ha otorgado más de 13,000 visas humanitarias a migrantes procedentes de Centroamérica.

     

    Posición neutral sobre Venezuela

    A finales de enero el líder opositor Juan Guaidó se juramentó como presidente en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".

    Una decisión que reconocieron países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Paraguay y Guatemala, entre otros. Sin embargo, México ha rechazado tomar una postura, pues asegura que en relaciones exteriores, mantendrá el principio de no intervención.

    Con base en este principio, ha mantenido con Uruguay una posición de promover una salida a la crisis venezolana mediante el diálogo político.

     

  • "Vas a morir", las amenazas al sheriff hispano de Los Ángeles por defender a los indocumentados

    Entre la avalancha de críticas por su decisión de no colaborar con las autoridades migratorias, el nuevo jefe del Sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, ha recibido fuertes mensajes advirtiéndole que sería asesinado. Mientras investigadores siguen el caso, el sheriff asegura que continuará abogando por los inmigrantes.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 6 de marzo del 2019– Detectives del Sheriff del condado de Los Ángeles colaboran con otras agencias del orden en la investigación de dos amenazas de muerte que recibió el jefe hispano de la agencia, Alex Villanueva, por limitar la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en las cárceles de esta región, las cuales conforman el sistema penitenciario más grande del país.

    "Vas a morir" y "Te veré como un hombre muerto", advirtieron en esos mensajes que Villanueva recibió en enero a través de un correo electrónico y el Messenger de Facebook.

    La pesquisa preliminar determinó que los enviaron desde Utah y otro estado. A la fecha no se han realizado arrestos. Detectives de esas jurisdicciones y agentes federales también colaboran en este caso.

    "Recibimos muchos comentarios negativos en las redes sociales, pero dos incidentes en particular que venían de Utah y de otro estado un poco más lejano eran mucho más específicos y directos, como amenazas de asesinato. Y eso lo tomamos en serio", dijo Villanueva a Univision Noticias.

    Dichas amenazas coinciden con la nueva política migratoria del Sheriff angelino, que patrulla en ciudades y áreas no incorporadas con alta población latina, como el Este de Los Ángeles, Pico Rivera y Lynwood.

    "Sucedió cuando estábamos iniciando los cambios en las cárceles para sacar a los agentes de ICE", agregó quien dirige al departamento del Sheriff más numeroso del país, con más de 8,000 oficiales.

    Villanueva, quien fue electo en noviembre pasado, cumplió su promesa de campaña de "sacar" a los agentes de ICE de las cárceles, cortes, estaciones policiales y otras instalaciones vigiladas por la dependencia. Específicamente, prohibió a los agentes de inmigración entrevistar a reclusos u otras personas que estén en custodia en las prisiones o en cualquier área de dichas instalaciones.

    Pese a las amenazas, esas modificaciones se realizaron durante los primeros días de su gestión. "Removimos a todos los agentes de ICE de las cárceles, las cortes y las estaciones del Sheriff. No se les permite entrar para tomar cualquier asunto relacionado con casos de inmigración", afirmó el jefe policial.

    Acatando la Ley de estado Santuario SB54, la dependencia solo les permite ingresar a sus cárceles para tomar custodia de los indocumentados convictos por delitos graves.

     

    Mensajes de odio y xenofobia

    Villanueva cree que las advertencias recibidas son "una extensión" de la retórica incendiaria del presidente Donald Trump, quien ha criminalizado a los migrantes. "El asunto ha causado mucho rencor en el público, en particular en los fanáticos del actual presidente, por su manera de explotar las diferentes opiniones sobre la presencia de indocumentados en el país", mencionó.

    Esta separación con las autoridades migratorias que ha marcado el Sheriff podría reducir las estadísticas de detenidos de ICE en esta metrópoli. Cada día, las cárceles de este condado albergan a unos 18,000 presos en siete prisiones. La antigua colaboración de ambas fuerzas del orden permitió la deportación de 23,000 inmigrantes de esta región en 2009 y 2010, incluso más que los expulsados esos años por el entonces polémico sheriff de Maricopa, Joe Arpaio.

    "(El hecho de) que el sheriff Villanueva brinde refugio a los migrantes criminales que evaden la justicia en su jurisdicción, solo semanas después de que se acusara a un indocumentado criminal por el asesinato del policía del norte de California Ronil Singh muestra un preocupante establecimiento de prioridades", indicó en un comunicado Thomas P. Giles, director interino de la Oficina de Campo de Remoción de ICE en Los Ángeles.

    Signh, un agente del Sheriff del condado de Stanislaus, fue baleado fatalmente a finales de diciembre por un mexicano indocumentado detenido por una infracción de tránsito. El sospechoso, Gustavo Pérez Arriaga, ha estado "varios años" en EEUU luego de cruzar ilegalmente la frontera de Arizona.

    "No se equivoquen, estas restricciones fomentan la actividad de inmigrantes criminales dentro de las fronteras del condado de Los Ángeles", advirtió el funcionario de ICE.

    Villanueva, hijo de un puertorriqueño y una estadounidense, dice que pese a la avalancha de críticas que ha recibido en las redes sociales tachándolo de "corrupto" y "vendido", él continuará defendiendo a los que no tienen papeles.

    "Ignoro esos mensajes porque hablan con una voz de odio y de xenofobia, pero no hablan con la verdad", comentó. "Vamos a seguir sirviendo a toda la comunidad, incluyendo a la migrante. A pesar de todas las amenazas no cambiaré mi rumbo".

     

    Villanueva: ha sido positivo para la comunidad

    Según este jefe policial, desde que implementó su nueva política migratoria más personas se acercan a sus agentes para colaborar en investigaciones.

    "La gente tiene más confianza en nuestro departamento, en cuanto a llamadas, reportar crímenes, ser testigos de crímenes. Se ve algo más positivo", aseguró.

    Explicó que el beneficio es que menos criminales andan sueltos: "Si los migrantes no reportan crímenes violentos, quiere decir que hay depredadores sueltos en la comunidad y habrá más víctimas".

    El sheriff dijo que su plan de trabajo incluye participar en más eventos comunitarios que fortalezcan los lazos con la comunidad migrante y dar prioridad a los aspirantes hispanos que buscan ocupar las 1,000 vacantes que hay en las filas de la dependencia. "Necesitamos más", enfatizó Villanueva.

     

     

  • El gobierno alerta sobre llamadas fraudulentas a inmigrantes para intimidar y extorsionar

    “Se trata se una epidemia nacional”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización CHIRLA. “Y ahora golpea con más fuerza debido al miedo que el gobierno de Donald Trump ha generado desde que llegó a la Casa Blanca”.

    JORGE CANCINO

     

    5 de marzo del 2019- Si usted es inmigrante, no tiene papeles de estadía legal en Estados Unidos, suena el teléfono, contesta y le dicen que lo llaman del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tenga cuidado con lo que dice porque lo más seguro es que se trate de una estafa.

    “Están utilizando nuestros números para obtener información personal y extorsionar con dinero a las víctimas”, advirtió este martes la Oficina del Inspector del DHS como parte de una campaña nacional para frenar la ola de fraudes.

    “Los números de teléfono del DHS se han utilizado recientemente como parte de una estafa de suplantación de identidad dirigida a individuos en todo el país”, agrega la advertencia.

    La treta, conocida en inglés como ‘Spoofing’, consiste en la falsificación deliberada de la información transmitida a una pantalla de identificación de llamada para disfrazar una identidad.

    “Los perpetradores de la estafa se representan a sí mismos como empleados del DHS”, dice un comunicado del DHS. También utilizan otras entidades gubernamentales, tal como agencias federales encargadas de ejecutar la ley de inmigración.

     

    “Epidemia nacional”

    “Se trata se una epidemia nacional”, dice a Univision Noticias Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Y ahora golpea con más fuerza debido al miedo que el gobierno de Donald Trump ha generado desde que llegó a la Casa Blanca en el 2017”.

    Salas señala que el discurso antiinmigrante, la amenaza de arrestos y deportaciones masivas, la construcción del muro, las severas restricciones a la legalización de las familias migrantes y los cambios en la política de asilo, “han asustado de tal manera a la comunidad inmigrante que la gente entonces desesperadamente pide ayuda y toman iniciativas para protegerse de la deportación. Pero en la prisa son víctimas de los estafadores”.

    “Por eso hay que tener mucho cuidado”, dice la activista. Y no solo que le roben la identidad uy le saquen dinero, sino también cuidarse de quienes estafan haciéndoles creer que califican para un beneficio, llenan formularios y los mandan al gobierno. Y cuando el gobierno los recibe y los revisa, acusa de estafa al inmigrante y los deporta de Estados Unidos porque no tenían derecho a ninguna clase de beneficio migratorio”.

     

    El método

    El Inspector General del DHS explica que los estafadores utilizan números de teléfonos del DHS, entre ellos el (202) 282-8000 y el (202-401-1474), este último perteneciente a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS.

    “Los estafadores también les hacen creer a las víctimas que pueden ser víctimas de robo de identidad” y los llaman haciéndoles creer que los están protegiendo, cuando en el fondo los están engañando y arrebatándoles sus datos de identificación personal.

    En otra modalidad denunciada por las autoridades, señalan que los estafadores se hacen pasar por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para amenazar a las potenciales víctimas con arrestarlas a menos que hagan pagos a los estafadores utilizando una variedad de métodos”.

    “También les envían un correo electrónico a las víctimas desde direcciones de e-mail que terminan en ‘uscis.org’” añade la advertencia.

    El DHS dijo que se toma “muy en serio este asunto” y dio a conocer una línea directa para denunciar este tipo de estafa: 1(800) 323-8603 o el 1(800) 168-5000.

     

    Más vale prevenir

    Salas dijo que uno de los mejores antídotos para prevenir el fraude “es la información” e indicó que CHIRLA permanentemente lleva a cabo seminarios y charlas para orientar a la comunidad de área de Los Angeles.

    “La gente tiene miedo y está buscando una mano de ayuda para pode salir adelante. Pero muchos que se presentan para ayudarles lo único que quieren hacer es tomar ventaja de la desesperación, ganar dinero con la desesperación y de muchas maneras poner a los inmigrantes en manos de ICE”, agrega.

    Por eso la información. Si el inmigrante sabe si puede o no optar por un beneficio, si conoce qué tipo de beneficio puede pedir, nos estamos asegurando que cuando trate de ser estafado, no caerá en la trampa, no se dejará engañar”, apunta.

    La directora ejecutiva de CHIRLA también dijo que, otro objetivo de las charlas y seminarios es decirle a la gente que no confíe en los gestores, que tenga cuidado con los notarios y con todos aquellos que, sin tener autorización o licencia, dan consejo legal.

    La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 7,000 socios a nivel nacional, tiene activa una campaña enfocada en evitar que los inmigrantes se conviertan en víctimas de “consultores de inmigración deshonestos, generalmente conocidos como notarios”, se lee en una de sus páginas digitales publicada en idioma español.

    Añade que “los consultores de inmigración, los notarios públicos y los notarios no pueden representarle en el proceso de inmigración. Estas personas, especialmente los notarios, se aprovechan de los inmigrantes, quienes muchas veces pertenecen a la misma comunidad que los mismos notarios”.

    AILA advierte además que “los notarios se llevarán su dinero y sus sueños” y que lamentablemente muchos inmigrantes descubren demasiado tarde que nunca recibirán los beneficios por los cuales pagaron porque fueron estafados.

    “Para evitar fraudes, use su sentido común. Muchas personas escuchan lo que quieren escuchar, sea inteligente. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente así sea. No confíe en una persona que le comenta acerca de una nueva ley secreta de inmigración o le asegura tener contactos o influencias especiales en algún ente u organismo gubernamental”, agregó.

    Univision Noticias se asoció con IMMI ( www.immi.org) –un proyecto creado por Immigration Advocates Network y Pro Bono Net, dos organizaciones no lucrativas dedicadas a mejorar el acceso a la justicia de los inmigrantes de bajos ingresos–, con el fin de poner a disposición de sus lectores un buscador de ayuda legal, gratuita o de bajo costo, desarrollado por ellos como parte de un proyecto más amplio de servicio a la comunidad.

  • El gobierno reconoce que separó a 471 padres sin dejarles decidir ser deportados con o sin sus hijos

    La revelación fue hecha durante la presentación de nuevos documentos en una corte federal de San Diego, California, en un juicio colectivo interpuesto en marzo del año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles.

     

    JORGE CANCINO

     

    6 de marzo del 2019- Los abogados del gobierno de Donald Trump reconocieron este miércoles que identificó a 471 inmigrantes que fueron separados de sus hijos en la frontera con México tras levantarles cargos criminales y que luego fueron deportados sin darles la oportunidad de decidir ser expulsados con o sin ellos.

    El reconocimiento evidencia que las separaciones familiares se venían dando desde antes del 5 de mayo, fecha en que el gobierno reconoció haber implementado una política de tolerancia cero en la frontera, la que fue detenida el 26 de junio por el juez federal Dana Sabraw.

    Durante ese tiempo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que había separado a 2,654 familias y de ellas más de 430 padres habían sido deportados sin sus hijos.

    La revelación fue hecha durante la presentación de nuevos documentos en una corte federal de San Diego, California, en un juicio colectivo interpuesto en marzo del año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), donde argumentó que el gobierno utilizaba la separación forzada como una práctica común y que cientos de familias a esa fecha ya habían sido afectadas.

     

    Cómo era antes

    Antes de la implementación de la política de separaciones, estrategia que el gobierno niega rotundamente que haya existido (este miércoles la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen volvió a negarla), los padres o madres y sus hijos eran procesados conjuntamente al llegar al país y ser detenidos por la Patrulla Fronteriza. Así fueron tramitados los casos de miles de familias centroamericanas en los últimos años.

    Pero ACLU advirtió en marzo del año pasado que ya no era así para muchos inmigrantes. El texto presentado en la corte advertía que los adultos y los menores eran llevados a diferentes centros de detención.

    El grupo de derechos civiles también pidió en esa ocasión a la justicia que declarara la separación familiar como una práctica "ilegal" y subrayó que se trataba de casos en los que el progenitor "no presenta un peligro para el niño".

    "Se trata de una práctica nacional", dijo en ese entonces Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en un comunicado. "Quiera o no el gobierno de Trump llamar a esto una 'política', sin ninguna duda ha llevado adelante una práctica generalizada dedicada a arrancar a los niños de las manos de sus padres".

     

    La ‘tolerancia cero’

    Dos meses después de la demanda de la ACLU, en la que se incluyó el caso de una mujer de nacionalidad congoleña que fue separada de su hija de 7 años mientras la menor "gritaba y lloraba", y donde la madre luego fue liberada pero la hija siguió detenida en un centro al que fue trasladada en Chicago, Illinois, a unas de 2,000 millas de distancia, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la puesta en vigor de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.

    La medida significó presentar cargos criminales a los adultos que entran al país por zonas no autorizadas y con ello quitarles forzosamente a sus pequeños. Una vez resueltos los casos criminales, los padres podían recuperar a sus hijos, pero para entonces las autoridades del DHS ya los habían entregado a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), quien a su vez los envió a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

    Luego de un tiempo un número no confirmado de menores fueron enviados a hogares temporales, situación que dificultó las reunificaciones una vez los padres finalizaron los procesos criminales forzados por el Departamento de Justicia.

    El dictamen del juez Sabraw del 26 de junio no solo ordenó poner fin a las separaciones, sino que le ordenó al gobierno reunificar a la totalidad de las familias afectadas.

     

    Las separaciones continuaron

    El pasado 21 de febrero Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump separó forzosamente a 249 menores en la frontera con México después de la orden emitida por el juez Sabraw en junio del año pasado.

    A su vez, en enero un documento redactado por la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de 'tolerancia cero' en la frontera.

    Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido: el informe habla de miles, aunque no da un dato preciso.

    Los nuevos antecedentes se separaciones se conocen tras una demanda entablada en febrero por abogados que representan a las nuevas familias afectadas y la ACLU.

    De acuerdo con un informe entregado por el gobierno la tercera semana de febrero, entre el 27 de junio del año pasado y el 5 de febrero de este año, la ORR recibió a 249 menores que fueron alejados de sus familiares. De ellos, 62 ya habían sido reunificados.

    En 225 casos, agrega el reporte, las separaciones ocurrieron porque el padre contaba con antecedentes criminales (entre ellos asociación a pandillas). En otros 17 casos se debió por problemas de salud de los padres y en tres casos existió dudas sobre el parentesco.

    El DHS reiteró en el escrito que las separaciones se llevan a cabo en casos en que exista historial criminal por parte de los padres, por razones de enfermedad o exista un riesgo para el menor.

     

    Lo habían advertido

    En noviembre del 2018 la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) dijo a Univision Noticias que “la separación de adultos y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad del menor cuando los siguientes factores están presentes:

     

    -El padre o tutor presenta un peligro para el niño;

    -El padre tiene antecedentes penales;

    -El padre tiene una orden penal pendiente;

    -l padre tiene una enfermedad contagiosa;

    -Reclamo fraudulento de tutela; y,

    -Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada, u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulte en que el adulto sea acusado penalmente.

     

    La ACLU dijo que, si el gobierno sigue separando familias secretamente en la frontera, sería inconstitucional y que regresarán a las cortes. “Estamos monitoreando (que el gobierno de Trump) no siga separando padres de hijos (en la frontera), dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.
    Nielsen dijo esta mañana durante la audiencia celebrada en el Congreso, que el DHS sólo separa familias cuando el menor está en riesgo, confirmando la advertencia hecha por el CBP en noviembre.

    Gelernt dijo esta tarde en su cuenta de la red social Twitter que el gobierno de Trump ha separado niños incluso cuando sus padres se entregaron a las autoridades federales y solicitaron asilo en Estados Unidos.

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