Indianapolis, Indiana. .
January 24, 2019

Tras seis años en la presidencia de México, Peña Nieto finaliza su mandato con más del 70% de desaprobación, tras escándalos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la compra de la Casa Blanca, además de la continuación de una lucha fallida contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos.

JANET CACELÍN

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor número de crímenes en la historia, el hallazgo de miles de fosas clandestinas esparcidas en todo el territorio mexicano y el país convertido en el lugar más violento del continente para las mujeres y para ejercer el periodismo. Esta es la herencia que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregará este sábado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando se formalice el traspaso de poder.

Tras seis años de gobierno, Peña Nieto terminará su mandato de presidente este sábado con más del 70% de desaprobación, según diversas encuestas) y con una larga lista de polémicas que marcaron su sexenio. La más reciente, esta semana: la condecoración de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, con la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción concedida a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la nación o a la humanidad.

Peña dejará un país con una grave deuda moral, agravada por escándalos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, por casos de ejecuciones extrajudiciales, por la continuación de una lucha fallida contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos, y por denuncias de corrupción en altas esferas del gobierno, como la compra de la Casa Blanca.

Estas son las cifras rojas del legado que deja Peña Nieto como presidente de México:

 

El sexenio más letal: 4 personas asesinadas cada hora

El último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento en México con al menos 125,000 homicidios registrados hasta septiembre de 2018, según cifras oficiales. Pero algunos expertos señalan que esta cifra ya alcanzó los 130,000 durante los últimos días de su administración.

Estos números superan el total que hubo en todo el gobierno de Felipe Calderón: 102,859, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Durante el último sexenio, en promedio, unas cuatro personas han sido asesinadas cada hora en México, un nivel que no se alcanzó ni siquiera en los años 2011 y 2012, los más violentos del sexenio anterior.

Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, estas cifran reflejan que no hubo un cambio real entre la estrategia de Peña y Calderón.

“Se siguió dando importancia preponderante a una estrategia de carácter punitivo e incluso se exacerbó sin establecer si ese tipo de óptica o perspectiva era la correcta para disminuir la violencia en el país. Hubo muchas decisiones aparentemente estratégicas, pero si no hay un cambio sustancial en las acciones importantes para combatir el crimen organizado en México y la criminalidad ordinaria en el país, evidentemente tenemos estos resultados”, señaló.

Además, Tirado dijo que durante el sexenio de Peña se abrieron espacios importantes a la impunidad en seguridad, al grado que el gobierno entrante considera que no vale la pena rescatar la función policial en el país y se apoyará del Ejército para ejercer su propio plan de seguridad.

 

El país de los desaparecidos y las fosas clandestinas

Oficialmente, en México hay 35,410 personas desaparecidas, de los cuales 21,602 se esfumaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero en ese periodo, solo 12 individuos han sido condenadas por el delito de desaparición forzada.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, del total de desaparecidos, 8,982 son mujeres y 6,290 menores de edad.

Aunado a ello, una investigación realizada por un equipo de periodistas independientes reveló que entre los años 2006 y 2016 fueron halladas en México cerca de 2,000 fosas clandestinas. Según la investigación, titulada El país de las 2,000 fosas, “las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los sexenios [de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.

 

El período más violento para la prensa: 47 periodistas asesinados

En los últimos seis años, al menos 47 periodistas fueron asesinados en México, una cifra con la que el sexenio de Peña Nieto se convirtió en el periodo más violento contra la prensa y los medios de comunicación desde 2007, cuando comenzó a hacerse un registro de los casos.

De acuerdo con el informe ‘Democracia simulada, nada que aplaudir’ publicado por la organización civil Artículo 19, entre diciembre de 2012 y el 5 de febrero de 2018 se registraron 1,986 agresiones en contra de medios de comunicación y periodistas. Tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de este año se registraron 389 más.

Se trata de la cifra más alta documentada por la organización civil Artículo 19 desde que empezó a contabilizar agresiones contra periodistas en México en el año 2007. Esta cifra representa 894 agresiones más que en el sexenio anterior con el presidente Felipe Calderón, cuando se registró un total de 1,092 agresiones.

El número de ataques contra periodistas y medios ha ido batiendo récords año tras año con Peña Nieto: en 2015, Artículo 19 registró 397 agresiones; en 2016, 426; y en 2017, 507.

El 99.2% del total de las investigaciones de la FEADLE sobre crímenes contra periodistas permanece impune.

 

Por LORENA ARROYO y ANDREA PATIÑO CONTRERAS

DESLIZA PARA CONTINUAR

Sin importar las amenazas ni el muro, un número récord de familias guatemaltecas emprendieron en el último año el camino hacia Estados Unidos para entregarse a la Patrulla Fronteriza con el objetivo de empezar una nueva vida. Un viaje al origen de la migración en Guatemala muestra por qué, si el gobierno de Donald Trump quiere frenar las olas de migrantes, debe mirar a Centroamérica.

 

Cuando un niño es una ‘visa’ para evitar la deportación

'F' nunca tuvo el ‘sueño americano’. En su aldea del oriente guatemalteco tenía su milpa de maíz y cultivos de frijol para comer y plantaciones de café para ganarse la vida. Pero el pasado mes de abril, a sus 36 años, hizo la mochila. Tras acordar un pago de 40,000 quetzales (poco más de 5,000 dólares) con un coyote, puso rumbo a Estados Unidos junto al mayor de sus tres hijos, K, de 11 años. Por temor a represalias, padre e hijo prefieren no dar su nombre completo.

 

ALMUDENA TORAL / UNIVISION

El 6 de abril, bien temprano, padre e hijo se despidieron de los suyos y comenzaron el viaje al norte: “En el camino nos habíamos quedado sin agua y había que caminar mucho, pero mi hijo me decía: ‘No te preocupes. Yo ya nací para esto’”, recuerda emocionado el padre.

Tras 17 días de viaje, llegaron a la frontera de Estados Unidos con una idea clara: no eludirían a la Patrulla Fronteriza sino que se presentarían ante ella. “(Los coyotes) nos cruzaron el río y en la frontera no duramos ni media hora y ya estábamos rodeados de migración y nos entregamos”, cuenta.

Él es uno de las decenas de miles de guatemaltecos que llegaron en el último año a Estados Unidos con un niño de la mano para entregarse a la autoridades migratorias y pedir asilo. La razón: migrar con un menor garantiza en muchas ocasiones que no los deporten de manera inmediata.

Pese al repunte en el número de grupos que llegan a EEUU con niños, principalmente desde Guatemala y Honduras, las cifras de indocumentados detenidos en la frontera sur cayó considerablemente en la última década.

Una ley de 2008 para la prevención del tráfico humano (TVPRA, por sus siglas en inglés) prohíbe la deportación inmediata de menores y ordena que sea un juez quien decida su futuro en Estados Unidos. Generalmente, si el padre no tiene crímenes o delitos, espera junto al menor la resolución de sus casos migratorios.

Además, el acuerdo judicial Flores, de 1997, prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad en centros de detención, un instrumento legal que en muchos casos se convierte en una garantía para la liberación del padre o tutor que lo acompaña hasta que se celebre la audiencia en la que un juez decidirá su futuro en el país.

El repunte en el número de grupos que llegan a EEUU con niños principalmente desde Guatemala y Honduras se produce en medio de una fuerte caída de las cifras de indocumentados detenidos en la frontera sur.

Las ruidosas amenazas de la administración de Donald Trump contra la inmigración ilegal, que tuvieron su punto más crítico a mediados de año con la separación de niños de sus padres en la frontera por la política de ‘tolerancia cero’, no han conseguido detener el flujo de grupos con niños y de menores no acompañados llegando a Estados Unidos.

Según varias fuentes consultadas por Univision Noticias, en Guatemala los coyotes llevan meses promocionando los viajes con niños y pueden llegar a cobrar hasta la mitad del precio regular a los adultos que viajen con ellos. La oferta se debe a que con niños el recorrido es más corto: en vez de arriesgarse a hacer una peligrosa travesía por el desierto con las familias, los coyotes dejan a los migrantes apenas cruzan la frontera sur de Estados Unidos, con la instrucción de que esperen a la Patrulla Fronteriza para solicitar protección.

Pese a las largas jornadas de trabajo como jardinero por el día y en un restaurante de comida rápida por la noche, el plan que trazó con su esposa está comenzando a funcionar. Ahora, su futuro en el país depende de la cita ante un juez de inmigración que tendrá en unos meses. “Muchas veces la gente critica al presidente (Trump), pero nos da al menos esperanza”, afirma. “Nos ponen grilletes, pero le dan la oportunidad a uno para ganarse la vida”.

Pero, con las cortes de migración saturadas (a comienzos de octubre había más de 780,000 casos en la lista de espera), ese proceso puede tardar meses o incluso años. Según datos oficiales, hasta el tercer trimestre del año fiscal 2018, solo el 1.4% de las familias capturadas en la frontera habían sido repatriadas a sus países de origen.

Para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el aumento de migrantes entrando de manera ilegal pero usando las puertas burocráticas para permanecer en el país “es un claro indicador de que están respondiendo a los vacíos del sistema legal de la nación”.

Y, mientras el gobierno de Donald Trump busca la manera de frenar la entrada ilegal de quienes huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica, en los países de origen de los migrantes no hay indicios de que el flujo de personas que se van al norte en busca de una vida mejor pueda detenerse por ninguna amenaza.

“A principios de este siglo, se consideraba que había un millón de guatemaltecos en EEUU. Ahora, según los datos del Ministerio de (Relaciones) Exteriores, hay tres millones de guatemaltecos allá”, apunta el abogado y analista Pedro Pablo Solares. “En los últimos años ha habido números migratorios mucho más grandes, lo cual evidencia que el temor tratado de infundir por parte del gobierno estadounidense no ha funcionado”.

La culpa no es solo de los coyotes

Un brillante autobús rojo y una lista de frases motivadoras encabezan uno de los anuncios con los que un coyote promueve sus servicios en redes sociales en el occidente de Guatemala: “Llegó el viaje que tanto has soñado; ¡¡No se pierda esta gran oportunidad!!; Pregunta por nuestros viajes financiados, asesoría profesional con muchos años de experiencia”, se puede leer en el aviso que tiene un lenguaje similar al de las agencias turísticas.

Sus potenciales clientes, las familias mayas mam y quiché que viven en comunidades remotas en las frondosas montañas de Quetzaltenango, saben que esa imagen no tiene nada que ver con los caminos polvorientos y el hacinamiento en camiones que enfrentan quienes viajan al norte.

Sus familiares y amigos, que llevan décadas migrando, les han hablado de los peligros del desierto, de las extorsiones de las mafias, del temor por conseguir pagar la deuda. También han escuchado de las masacres de migrantes en México y de los que se fueron y volvieron en caja fúnebre o simplemente desaparecieron.

Pero, para muchos guatemaltecos, llegar a Estados Unidos sigue siendo la única esperanza para salir de la pobreza y ofrecerle un futuro a sus hijos.

“Aquí hay muchas personas que han emigrado, muchos jóvenes y señoritas. Ahorita el pensamiento de cada joven que vemos aquí, aunque estén estudiando, siempre dicen que un día estarán migrando”, afirma Florida Mamecho López, una profesora de preescolar que lamenta que la migración ha dejado muchas familias divididas y desintegradas en su comunidad.

En su municipio, Cajolá, una localidad de unos 20,000 habitantes en el departamento de Quetzaltenango, solo hace falta dar un paseo por sus calles para saber quién migró: las casas construidas con los dólares de las remesas, más grandes, de cemento y bien pintadas, destacan frente a las tradicionales de adobe.

Según la Organización Internacional de Migraciones, las remesas constituyen actualmente “uno de los principales medios de financiamiento para muchas familias guatemaltecas, especialmente en el área rural del país”.

Antes de partir, el joven trabajaba sembrando papa, pero el jornal que se gana en el campo es de 50 quetzales (poco más de $6) y eso apenas le alcanzaba para vivir, así que tuvo que contraer una deuda para migrar.

Los coyotes del occidente de Guatemala pueden pedir hasta 100,000 quetzales (casi 13,000 dólares) a los migrantes. A cambio, prometen guiarlos en el camino y, en ocasiones, incluso les ofrecen varias oportunidades para intentarlo y facilidades de pago.

“El famoso coyote les dice que ahora no tienen solo una oportunidad sino tres para intentar llegar a Estados Unidos”, asegura el vicecanciller guatemalteco Pablo García Sáenz. “Pero lo más delicado es que les ofrecen una residencia inmediata si van con menores de edad. Les dicen que, al entregarse en la frontera, ellos automáticamente van a tener un estatus migratorio”.

Sin embargo, en las comunidades de donde salen los migrantes, el coyote no es visto con recelo, sino como quien suple la necesidad que tienen muchos vecinos al guiarlos en su viaje al norte.

Y mientras no se haga nada para controlar las causas de la migración, la gente se seguirá yendo. La pobreza, la falta de empleo y oportunidades continúan siendo los principales motores de los guatemaltecos para irse a Estados Unidos. También hay factores más puntuales como la violencia, la sequía, el cambio climático, los fenómenos naturales o la baja en los precios del café.

Para el analista Pedro Pablo Solares, el principal motivo por el que la migración al norte no se detiene por ninguna amenaza es por la “cultura de migración que está incrustada en la forma de pensar de las comunidades”.

“Muchos de los grupos familiares consideran la migración como una industria familiar”, explica. “El abuelo hizo el dinero para comprar su casa en Los Ángeles, el padre hizo el dinero para construir su casa en Chicago y esperan también que el hijo y los nietos hagan lo mismo cuando les llegue la edad”.

Era 1996. Guatemala estaba a punto de firmar los acuerdos de paz y en las calles de Cajolá empezaban a notarse los efectos de las remesas de los exiliados de la guerra. “La gente que se había establecido en Estados Unidos ya empezaba a tener un fruto diferente de su trabajo”, recuerda este hombre de complexión fuerte, bigote fino y sonrisa fácil.

Jiménez consiguió lo que se propuso. Primero en Los Ángeles y después en Nueva Jersey trabajó sin parar en lo que saliera, pagó la deuda con el coyote, envió dinero para ayudar a su familia y también para construirse una casa en su país.

La frustración no le hizo perder de vista su propósito y, con los ahorros que había juntado en Estados Unidos y la ayuda de una amiga estadounidense, creó el Grupo Cajolá, una organización con la que pretende ofrecer trabajo y una vida digna a sus vecinos para que no se vean obligados a irse. Hasta el momento, ya han empleado a 50 personas, la mayoría mujeres, principalmente en Tejedoras Mayaman, una cooperativa textil que crea coloridos manteles, chales, bolsos, servilletas y delantales que venden principalmente en Estados Unidos.

Ese es el caso de Blanca Huinil, la responsable del control de calidad de las tejedoras Mayamam. Si no tuviera este trabajo, la joven de 22 años no duda que estaría en Estados Unidos, como su hermano, su cuñado, algunos tíos y primos y como también hizo su padre cuando era joven para juntar dinero y construir la casa donde viven ahora.

Tras seis años en la presidencia de México, Peña Nieto finaliza su mandato con más del 70% de desaprobación, tras escándalos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la compra de la Casa Blanca, además de la continuación de una lucha fallida contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos.

JANET CACELÍN

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor número de crímenes en la historia, el hallazgo de miles de fosas clandestinas esparcidas en todo el territorio mexicano y el país convertido en el lugar más violento del continente para las mujeres y para ejercer el periodismo. Esta es la herencia que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregará este sábado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando se formalice el traspaso de poder.

Tras seis años de gobierno, Peña Nieto terminará su mandato de presidente este sábado con más del 70% de desaprobación, según diversas encuestas) y con una larga lista de polémicas que marcaron su sexenio. La más reciente, esta semana: la condecoración de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, con la Orden Mexicana del Águila Azteca, la más alta distinción concedida a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la nación o a la humanidad.

Peña dejará un país con una grave deuda moral, agravada por escándalos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, por casos de ejecuciones extrajudiciales, por la continuación de una lucha fallida contra el narcotráfico que ha dejado miles de muertos, y por denuncias de corrupción en altas esferas del gobierno, como la compra de la Casa Blanca.

Estas son las cifras rojas del legado que deja Peña Nieto como presidente de México:

 

El sexenio más letal: 4 personas asesinadas cada hora

El último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más violento en México con al menos 125,000 homicidios registrados hasta septiembre de 2018, según cifras oficiales. Pero algunos expertos señalan que esta cifra ya alcanzó los 130,000 durante los últimos días de su administración.

Estos números superan el total que hubo en todo el gobierno de Felipe Calderón: 102,859, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Durante el último sexenio, en promedio, unas cuatro personas han sido asesinadas cada hora en México, un nivel que no se alcanzó ni siquiera en los años 2011 y 2012, los más violentos del sexenio anterior.

Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, estas cifran reflejan que no hubo un cambio real entre la estrategia de Peña y Calderón.

“Se siguió dando importancia preponderante a una estrategia de carácter punitivo e incluso se exacerbó sin establecer si ese tipo de óptica o perspectiva era la correcta para disminuir la violencia en el país. Hubo muchas decisiones aparentemente estratégicas, pero si no hay un cambio sustancial en las acciones importantes para combatir el crimen organizado en México y la criminalidad ordinaria en el país, evidentemente tenemos estos resultados”, señaló.

Además, Tirado dijo que durante el sexenio de Peña se abrieron espacios importantes a la impunidad en seguridad, al grado que el gobierno entrante considera que no vale la pena rescatar la función policial en el país y se apoyará del Ejército para ejercer su propio plan de seguridad.

 

El país de los desaparecidos y las fosas clandestinas

Oficialmente, en México hay 35,410 personas desaparecidas, de los cuales 21,602 se esfumaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero en ese periodo, solo 12 individuos han sido condenadas por el delito de desaparición forzada.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, del total de desaparecidos, 8,982 son mujeres y 6,290 menores de edad.

Aunado a ello, una investigación realizada por un equipo de periodistas independientes reveló que entre los años 2006 y 2016 fueron halladas en México cerca de 2,000 fosas clandestinas. Según la investigación, titulada El país de las 2,000 fosas, “las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los sexenios [de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”.

 

El período más violento para la prensa: 47 periodistas asesinados

En los últimos seis años, al menos 47 periodistas fueron asesinados en México, una cifra con la que el sexenio de Peña Nieto se convirtió en el periodo más violento contra la prensa y los medios de comunicación desde 2007, cuando comenzó a hacerse un registro de los casos.

De acuerdo con el informe ‘Democracia simulada, nada que aplaudir’ publicado por la organización civil Artículo 19, entre diciembre de 2012 y el 5 de febrero de 2018 se registraron 1,986 agresiones en contra de medios de comunicación y periodistas. Tan sólo del 1 de enero al 31 de julio de este año se registraron 389 más.

Se trata de la cifra más alta documentada por la organización civil Artículo 19 desde que empezó a contabilizar agresiones contra periodistas en México en el año 2007. Esta cifra representa 894 agresiones más que en el sexenio anterior con el presidente Felipe Calderón, cuando se registró un total de 1,092 agresiones.

El número de ataques contra periodistas y medios ha ido batiendo récords año tras año con Peña Nieto: en 2015, Artículo 19 registró 397 agresiones; en 2016, 426; y en 2017, 507.

El 99.2% del total de las investigaciones de la FEADLE sobre crímenes contra periodistas permanece impune.

Los negocios a lado y lado de la frontera dicen estar sintiendo el impacto de la tensión provocada con la llegada de los migrantes centroamericanos que esperan para pedir asilo en EEUU. Advierten que tanto turistas como comerciantes están dejando de cruzar por miedo a quedarse 'atrapados'.

ISAIAS ALVARADO

 

TIJUANA, México. 27 de noviembre del 2018– Ni las moscas llegan a uno de los restaurantes más famosos de la popular avenida Revolución de Tijuana. 'La Placita' está vacía y su gerente, Abraham Alfaro, compara la actual notable falta de clientes con los descalabros económicos que ya ha padecido esta ciudad fronteriza en el pasado: la época posterior a los ataques terroristas de 2001 y la profunda recesión que tocó fondo en 2009.

Este nuevo golpe, asegura Alfaro, lo han sentido tan duro porque ocurrió después del Día de Acción de Gracias, que solía ser uno de los mejores fines de semana del año para los negocios de la popular Revolución. Esta fecha marca el inicio de la temporada de compras navideñas, la cual esperan con ansias miles de negocios tanto en México como en Estados Unidos.

"Para nosotros era la mejor época, pero fracasó completamente. Las ventas cayeron un 80%. Esto no es normal", lamentó Alfaro sosteniendo un menú en la entrada del restaurante. Este martes no escoltó a un solo turista hacia el interior del establecimiento, adornado con sombres de charro y vestidos típicos.

"Hoy tuviera mucha gente aquí y lo puedes ver: no hay un alma, ni un cliente, nada", dice este hombre que ha trabajado 34 años en 'La Placita', un local de dos niveles que tiene capacidad hasta para 180 comensales. "Es la avenida Revolución, la más transitada, la principal", insiste con preocupación.

Alfaro asegura que sus principales clientes, turistas asiáticos y mexicoamericanos radicados en el sur de California, han dejado de llegar por la amenaza del presidente Donald Trump de cerrar la frontera definitivamente por la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos instalada ahora en un centro deportivo de Tijuana, a solo unos pasos de la valla metálica que divide a los dos países.

"Tienen miedo de venir y que ya no los dejen regresar", menciona el gerente de este restaurante antes de contar una anécdota que ocurrió el domingo, cuando la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) dio un anticipo de la advertencia de Trump, cerrando durante cinco horas la garita de San Ysidro, después de que unos 500 migrantes intentaron cruzar a la fuerza hacia California y fueron recibidos con gases lacrimógenos.

Cuando eso ocurrió, un grupo de visitantes chinos degustaba platillos típicos mexicanos en 'La Placita'. "Se pusieron tensos, querían dejar de comer y me dijeron: 'Ya nos vamos'. Pero les expliqué que podían seguir comiendo, que podían cruzar por la garita de Otay o por la de Tecate. Ellos creían que se iban a quedar aquí, pero no fue así", contó.

"No tienen idea de cómo están afectando a la ciudad"

Varios negocios cercanos al cruce fronterizo 'El Chaparral', del lado mexicano, por el cual intentaron ingresar ilegalmente algunos miembros de la caravana, decidieron cerrar para no sufrir saqueos y daños, dijo a Univision Noticias, Raymundo Barraza, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución.

"Por cuestiones de seguridad estuvieron cerrados durante varias horas", mencionó.

Propietario de una tienda de artesanías mexicanas y recuerdos en la famosa avenida tijuanense, Barraza también cree que el "mal comportamiento" de algunos migrantes centroamericanos y la reacción del gobierno Trump ahuyentaron a los turistas.

"Era uno de los mejores fines de semana, el de Thanksgiving (Ación de Gracias), pero en esta ocasión se convirtió en uno de los peores. No estoy exagerando", dice el comerciante en la entrada de su negocio. "Los migrantes no tienen idea de cómo están afectando a la ciudad", agregó.

Barraza calcula que las ventas de su negocio han caído un 70%. Este dirigente empresarial afirma que otros negocios en la avenida Revolución están en la misma situación: "No tienes una idea de cómo nos ha afectado. Por la incertidumbre que tienen los turistas, de que les toquen largas filas y tarden en regresar (a EEUU), o que cierren la frontera mientras ellos están aquí".

Cierre de la frontera de San Ysidro produjo pérdidas de 5,3 millones de dólares

 

El golpe económico en California

El impacto económico no solo se ha sentido en este lado de la región binacional. La Cámara de Comercio de la ciudad de San Ysidro, una zona con 650 negocios en el sur de San Diego y que colinda con la barda fronteriza, estima que solo el cierre de cinco horas de este domingo representó una pérdida económica de 5.3 millones de dólares. El 93% de sus compradores es mexicano.

"He perdido a mis mejores clientes. No quisieron arriesgarse tardando mucho tiempo en el cruce y se quedaron en México", contó Manuela Rodríguez, encargada de una tienda de ropa femenina que está a unas dos cuadras de la garita peatonal. En los mejores días, este negocio se llena de mujeres que jalan carritos y que revenden las prendas en las ciudades de Tijuana y Ensenada.

Según Rodríguez, la "temporada alta" pasó desapercibida y teme que se prolongue.

Aunque todavía no hay una cifra sobre los turistas mexicanos que dejaron de cruzar hacia California, es posible que esa industria también se vea afectada. El 40% de los visitantes extranjeros en el estado proviene de México y estos dejan una contribución económica de 3,100 millones de dólares, según cifras oficiales.

"Se ve menos gente aquí", dijo Rosalía, una empleada de un restaurante de comida rápida ubicado en el corazón de la Plaza Las Américas, un elegante centro comercial en San Ysidro que inicia a unos pasos de la valla metálica. "Es por los problemas que trajeron los de la caravana", expresó un tanto enfadada.

"No todos somos delincuentes" asegura uno de los migrantes que permanece en un albergue de México

 

Varados en las garitas

En un día normal pasar la garita fronteriza de San Ysidro, la más transitada del hemisferio occidental, es de valientes. Quienes no tienen un permiso especial para cruzar hacia California pueden tardar hasta tres horas o incluso más. Cada día, ese punto de acceso es usado por alrededor de 70,000 automovilistas y por unos 250,000 peatones. Pero esos tiempos han empeorado y algunos culpan a la caravana migrante.

Yazmín Román dice que desde que miles de centroamericanos llegaron a Tijuana tarda más tiempo en la garita peatonal. "Duré 20 minutos", dice ella al salir del punto de acceso Ped West, en San Ysidro. "Antes llegaba y directo con el agente de aduanas, máximo tardaba uno o dos minutos", cuenta.

Ella tiene que cruzar la frontera todos los días para que su hija Dayarci Sánchez, de 4 años, estudie en un kínder de San Ysidro. Su esposo pasa en auto: es constructor en San Diego. Ella dice que ya ha faltado al trabajo unos días por los sorpresivos cierres de la garita. Para no quedarse varado ahora sale más temprano de su casa y regresa más tarde. Se va a trabajar a las 2:00 am y vuelve a las 4:00 pm.

"Es muy difícil porque casi no duerme, casi no lo vemos", asegura Román, quien tiene 25 años.

Si las cosas se complican aún más, dice esta mujer, su familia tendría que mudarse a San Diego. En Tijuana se han beneficiado de un alquiler de vivienda más bajo, pagando 300 dólares cada mes, pero en California tendrían que desembolsar unos 1,200 dólares como mínimo, lo cual es bastante complicado con el sueldo de su marido que es de apenas 15 dólares por hora.

"Tendría que quitarles la comida a mis hijos de la boca, para poder pagar la renta", advirtió.

Román no para de quejarse de los migrantes centroamericanos: que si se han portado peor comparado con otras caravanas, que algunos supuestamente asaltaron a su amiga, que ensucian su ciudad, que son "prepotentes" y quieren imponer sus reglas en un país ajeno. "Necesitaba desahogarme", justifica al terminar.

 

Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, llamó a "prepararse para asumir que van a estar una parte de los migrantes en territorio mexicano en esa zona durante los próximos meses”, para lo cual "hay que apoyar a las autoridades municipales” en lo que respecta al alojamiento y alimentación de los centroamericanos.

UNIVISION

 

28 de noviembre del 2018- Aproximadamente 50 miembros de la comunidad LGBTQ e integrantes del éxodo masivo llegaron a esta zona fronteriza y se espera que el fin de semana lleguen más migrantes con el objetivo de solicitar asilo.

En Arizona las medidas de seguridad se han incrementado, tanques con soldados recorren la franja limítrofe y uniformados aceleran el paso para terminar de instalar alambres de púas en el muro.

Autoridades refuerzan la seguridad en la frontera sur de Arizona ante la llegada de migrantes de la caravana

Llegan a Tijuana los migrantes de la caravana que estaban en Mexicali con la esperanza de obtener asilo en EEUU

Se unieron al grupo del éxodo masivo instalado en el Centro Deportivo Benito Juárez, el cual ya está en su máxima capacidad.

La cifra de centroamericanos en este albergue supera las 6,000 personas y se espera la llegada de más migrantes que se quedaron atrás en pequeños grupos.

Futuro gobierno de López Obrador se prepara para asumir la presencia de migrantes durante los próximos meses

Marcelo Ebrard, quien se perfila como el futuro secretario de Relaciones Exteriores de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró en una conferencia de prensa que habrá que asumir que por largo tiempo los centroamericanos que integran la caravana permanecerán en territorio mexicano mientras tramitan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

El gobierno de estadounidense dijo el sábado que había conseguido un acuerdo con el gobierno entrante de López Obrador para que los migrantes permanezcan en México hasta que se resuelvan sus casos, según publicó el diario The Washington Post, pero la senadora Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación de Obrador, negó dicha información en un comunicado enviado a Univision Noticias.

En aquel comunicado, el equipo de López Obrador subrayó que "el futuro gobierno no considera en sus planes que México asuma la condición de 'tercer país seguro' para la atención de los migrantes centroamericanos, o de otros países, que se encuentran en territorio de Mexico, o para los que lo hagan en el futuro".

“Nosotros no podemos determinar, para un país, el ritmo en el cual son entrevistados” los migrantes por las autoridades estadounidenses, declaró Ebrard.

“Entonces, ¿qué hay qué hacer?”, preguntó Ebrard. “Pues prepararse para asumir que van a estar una parte de ellos en territorio mexicano en esa zona durante los próximos meses”.

Los inspectores fronterizos estadounidenses tramitan cerca de 100 solicitudes de asilo al día en el principal cruce fronterizo de Tijuana a San Diego, lo que causa una acumulación y retraso de miles de peticiones.

Justo en Tijuana hay más de 5,000 centroamericanos que acampan al aire libre en un complejo deportivo. Ebrard señaló: “Hay que apoyarlos, a las autoridades municipales” en lo que respecta al alojamiento y alimentación de los migrantes, afirmó. “Eso no es negociación bilateral, eso hay que hacerlo”.

Ebrard señaló que el equipo que acompaña del presidente electo conversa con autoridades estadounidenses y canadienses para llevar a cabo un plan de apoyo al sur de México y a países centroamericanos por 20,000 millones de dólares, con el fin de generar condiciones de empleo y estabilidad que reduzcan el flujo migratorio hacia el norteamérica.

 

Un total de 73 centroamericanos que este domingo intentaron ingresar ilegalmente a territorio estadounidense fueron detenidos, esposados y llevados en camionetas por elementos de la Patrulla Fronteriza. La policía de Tijuana, por su parte, anunció que fueron arrestados 39 integrantes de la caravana migrante quienes serían deportados automáticamente.

MANUEL AYALA

 

TIJUANA, México. 26 de noviembre del 2018- Una manta colgada en una de las bardas perimetrales del albergue temporal instalado en la unidad deportiva Benito Juárez en la Zona Norte de Tijuana anunciaba concentración y marcha pacífica a la garita de El Chaparral, a partir de las cinco de la mañana, pero a esa hora, todavía con el fuerte frío de la madrugada, la gran mayoría de los integrantes de la caravana migrante dormía dentro de la instalación.

Afuera, algunos reporteros, fotógrafos y sobre todo elementos de la Policía Municipal montaban guardia por lo que se veía venir: una concentración masiva que se dirigiría a la zona del cruce fronterizo más grande entre México y Estados Unidos, situación que mantenía todas las expectativas puestas en lo que podría pasar luego de las amenazas que había lanzado el presidente estadounidense Donald Trump en sus redes sociales.

La espera se hizo cada vez más larga y no fue sino cuatro horas más tarde cuando comenzaron a salir los primeros migrantes a comprar un pan, hacerse de un café y esperar a las personas que les llevan algo de comida y tortillas para el almuerzo, lo que provocó que se hicieran dos largas filas en la calle aledaña al albergue.

Minutos después, las primeras banderas hondureñas y una de El Salvador, que habían sido pintadas a mano por los propios migrantes, comenzaron a ser ondeadas en señal de aliento para comenzar a concentrarse en la calle y caminar por su objetivo de ser escuchados por las autoridades en Estados Unidos para que les brinden el asilo y puedan ayudarlos.

 

“No somos delincuentes”

Al grito de “No somos delincuentes, somos trabajadores internacionales”, un grupo de alrededor de 500 personas integrantes de esta caravana –que desde el pasado 11 de noviembre se encuentran en Tijuana-, salieron con rumbo a El Chaparral, gritando también palabras gritos de aliento tanto para México, los mexicanos y Tijuana, por todo el apoyo que recibieron de su gente.

Una oración al cielo antes de continuar el camino y la bendición echada entre todos, fueron los elementos motivantes para que los migrantes se encaminaran por la calle Ingeniero Fernando Sánchez Ayala, agradeciendo a la gente durante todo el camino.

A pesar de que se trataba de un nutrido grupo de migrantes, se tenía el control de todos durante el trayecto que continuó hasta llegar al Puente El Chaparral, en donde inesperadamente los migrantes se encontraron con una barricada de puros elementos de la Policía Federal, quienes se encontraban resguardando el acceso que lleva a la zona de cruce de las garitas.

Sin aspavientos, sin imprudencias y sobre todo guardando la calma, el grupo de migrantes fue paciente durante largos minutos que posteriormente se les hicieron eternos. El hecho de que no los dejaran pasar para continuar con su marcha comenzó a acrecentar los ánimos entre los manifestantes, quienes aprovecharon un descuido de los elementos federales para colarse entre ellos.

Esto generó un poco de caos y descontrol de la propia caravana, quienes eufóricos comenzaron a internarse por los diversos puntos que ocupan las instalaciones de la garita de El Chaparral, luego de algunos de ellos haberse enfrentado a golpes con la policía, lo que provocó que varios comercios aledaños cerraran sus puertas inmediatamente y que personas se apresuraran a salir o entrar a la misma garita.

Por un momento algunos de los migrantes ingresaron al cruce a contraflujo, pero sin éxito regresaron a la explanada, estaban desorientados porque realmente no sabían hacia dónde tenían qué dirigirse o cuál era la puerta de acceso hacia Estados Unidos, situación que complicó aún más la labor de los policías por la gran dispersión de personas que se encontraban en toda la zona.

Sin embargo, los migrantes lograron dar con la garita de San Ysidro, ubicada a un costado de El Chaparral, por donde suele cruzar la gran mayoría de las personas a nivel mundial, y a donde se comenzaron a dirigir los migrantes que andaban totalmente desorientados.

 

Cierran cruce en garitas

En ese momento, a través de un altavoz que salía desde las instalaciones de la garita pero del lado estadunidense, autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), advirtió a las personas que tanto el cruce vehicular como el peatonal serían cerrados totalmente y de manera indefinida, por lo que pidió regresaran a sus casas.

La colaboraciones de las autoridades federales se hizo presente de inmediato y fueron los propios elementos de la Policía Federal quienes auxiliaron a los automovilistas para que pudieran despejar la zona en donde al final se levantó un ilustrativo muro mexicano para evitar el cruce de los centroamericanos.

“Vamos, vamos, al cruce peatonal”, alentaban unos cuantos personajes que se iban rezagando para alentar a los que se quedaban atrás, pero nuevamente sin éxito, derribaron unas mallas de triplay que se habían puesto en la zona donde se encuentra el ferrocarril de carga, sobre la misma zona federal, por donde comenzaron a internarse también los migrantes hacia territorio estadunidense y donde ya los esperaban una buena cantidad de agentes fronterizos y elementos del CBP.

Ahí se presentaron algunos hechos y confrontaciones en las que se vieron involucradas autoridades estadounidenses lanzando gases lacrimógenos hacia los migrantes, sin importar que hubiera niños pequeños entre ellos. Helicópteros del CBP y el Ejército estuvieron sobrevolando todo el tiempo en el área.

 

Cruzan el muro y Patrulla Fronteriza dispara balas de goma

Para desviarse de la confrontación, hubo quienes desde ahí se fueron caminando por la orilla de todo el muro fronterizo en dirección hacia el aeropuerto Internacional de Tijuana, principalmente del lado mexicano, pero unos cuantos también por el lado estadounidense.

A la altura de la colonia Libertad, parte alta, a unos cuantos metros de distancia de las garitas, el grupo fue interceptado por elementos de las policías Federal y Municipal de Tijuana, quienes pidieron insistentemente a los migrantes que se regresaran porque podía ser peligroso para ellos.

"Te van a chingar", "Te van a regresar a tu país", "No te arriesgues", "Lo vas a perder todo", "Amigo, no te expongas", fueron algunas de las frases que los elementos policiacos les dijeron incluso con cierta preocupación, luego de ver cómo elementos de seguridad de Estados Unidos les disparaban con balas de goma.

Pero no desistieron de su camino y unos metros más adelante fueron detenidos, esposados y llevados en camionetas por elementos de la Patrulla Fronteriza, quienes al final informaron que fueron 73 los detenidos por haber cometido la misma falta.

De regreso a la zona de cruce, el gran grueso de los manifestantes comenzó a concentrarse en el área de la canalización del río Tijuana, en donde se volvió a presentar un enfrentamiento en el que elementos de la policía estadounidense comenzaron a lanzar nuevamente bombas de gas lacrimógeno, acción que migrantes repelieron lanzando piedras hacia el lado donde se encontraban los agentes.

En medio del cansancio y la falta de alimento, migrantes de la caravana continúan su recorrido de Mexicali a Tijuana

Ahí fue donde comenzaron a dispersarse nuevamente los migrantes, ante el inclemente malestar provocado por el gas y la presencia también de elementos de la Policía federal, quienes instaron a los migrantes a que regresaran al albergue o que se replegaran en otro sitio pero ya de manera calmada y sin aspavientos.

Algunas personas mujeres, madres y padres comenzaron a abandonar al contingente para regresar a la Zona Norte, luego de su infructuoso plan de cruzar a como diera lugar hacia territorio de Estados Unidos.

Durante este trayecto, algunos migrantes hondureños fueron agredidos por vendedores ambulantes que suelen ubicarse en los alrededores de la garita de San Ysidro, lo que generó una trifulca en la que incluso mexicanos entraron a defender a los centroamericanos, sin que pasara a mayores.

La policía de Tijuana anunció luego a través de un comunicado, que fueron detenidos 39 integrantes de la caravana migrante por causar disturbios, riñas, alterar el orden público y agredir a ciudadanos.

Un poco afligidos y consternados por toda la situación, el último grupo del contingente que había salido para manifestarse de forma pacífica, pero que después buscó cruzar hacia Estados Unidos a como diera lugar, decidieron regresar al albergue.

Durante el trayecto a las instalaciones, uno de los jóvenes dijo: “Gracias por todo México, gracias a todos los mexicanos que nos han ayudado, y discúlpenos, pero ahora nos toca intentar llegar a Estados Unidos y queremos lograrlo”.

Más tarde, el gobierno de México informó que deportará de manera rápida a los migrantes que lograron identificar de los que intentaron cruzar el muro con Estados Unidos por varios puntos de Tijuana.

El uso del discurso político para ganar adeptos también llegó a esa ciudad fronteriza con el arribo de miles de migrantes centroamericanos que buscan pedir asilo en EEUU. Una larga espera significa una bomba de tiempo para una ciudad que no está preparada.

MANUEL AYALA

 

TIJUANA, México. 18 de noviembre del 2018- “No me atrevo a calificar a esas personas como migrantes, dentro de este grupo de personas se ha colado una serie de viciosos… son una bola de vagos y marihuanos”. Fueron las palabras con las que se refirió el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, a los integrantes de la caravana migrante que desde el pasado domingo 11 de noviembre arribaron a la ciudad.

En palabras dichas para Milenio, diario de la Ciudad de México, el pasado jueves 15 de noviembre, el alcalde representante del conservador Partido Acción Nacional (PAN) además pidió que se les aplique de inmediato el Artículo 33 Constitucional por “indeseables” y porque “no queremos que estén molestando a Tijuana”.

También compartió que realizará una consulta para ver si los ciudadanos quieren que “sigamos recibiendo a estas personas” y de resultar a su favor buscaría la manera de sacarlos de la ciudad o incluso poner retenes en Tecate para que no sigan entrando porque este “es un tema que nos ha venido aquejando”.

Ciudadanos que están en contra de la intolerancia y activistas promigrantes como el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria y Ángeles de la Frontera, además de los propios migrantes, consideran que Juan Manuel Gastélum se ha convertido en el Donald Trump de la caravana, porque sus palabras no distan mucho de cuando el mandatario estadounidense señaló que "cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores…".

Palabras que recalaron de manera sensible entre los mexicanos y la clase política del país, por considerar las expresiones como xenófobas y racistas, algo que ahora los ciudadanos ven en el alcalde de Tijuana, a quien consideran que pasará a la historia como el funcionario que “no quiere a los migrantes” en una ciudad construida y forjada por propios migrantes.

Lo preocupante que ven activistas como Jorge Luis Villa, de Diversidad Migrante, sobre este discurso, además de lo xenófobo, es que las dijera un día después de que un pequeño grupo de personas agrediera verbalmente y con piedras a los integrantes de la caravana que se habían instalado al pie del faro de Playas de Tijuana.

Agresiones bajo el argumento de que “son vagos y delincuentes que solamente le hacen daño a la ciudad”, como lo hizo saber una de las manifestantes que en el altercado también golpeó a una reportera del Semanario Zeta de Tijuana.

Discurso que pareciera ser validado y respaldado por el alcalde, como lo aseguran también algunos personajes de la clase política de Tijuana, quienes opinan que son igual de racistas sus declaraciones a las que ha hecho Donald Trump.

Leonel Godoy Rangel, delegado especial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Baja California, es uno de los que ya salió a decir que lo dicho por el alcalde del PAN es “la típica de un racista, y no vale ningún otro comentario”.

Aunado a ello, señalan que esta situación está siendo politizada por Gastélum Buenrostro no solamente por hacerse de recursos federales para “tratar de atender” a los migrantes, sino porque el próximo año vienen las elecciones a gobernador y alcaldes en el estado de Baja California y esta puede ser una forma de ganarse adeptos y levantar la “pésima” imagen que ya tiene y así buscar la reelección.

Algo similar con Donald Trump y que especialistas han venido señalando, el hecho de que esté utilizando nuevamente el tema con fines políticos y electorales, al considerar también que entre la caravana vienen “criminales e infiltrados del Medio Oriente”.

Discurso que se asemeja al utilizado por Gastélum Buenrostro, quien aseguró que la seguridad y la tranquilidad de los tijuanenses “está en riesgo” ante la llegada de los migrantes, porque “llegan con un plan agresivo y grosero”.

 

Prohibió el primer asentamiento de haitianos en Tijuana

El alcalde también destacó en dicha entrevista que con los haitianos fue distinto, porque ellos traían sus papeles y venían en orden para hacer su trámite ante Estados Unidos.

Sin embargo, activistas recordaron que en aquella ocasión fue el propio Juan Manuel Gastélum quien clausuró las obras de la 'Little Haiti' por considerar que había “supuestos apoyadores” que solamente se estaban “aprovechando” de la indigencia de los haitianos.

El proyecto había sido impulsado por el pastor Gustavo Banda Aceves, coordinador de la iglesia y albergue Embajadores de Jesús, ubicado en la zona del Cañón de los Alacranes, quien en aras de contribuir a la problemática y de apoyar a los migrantes haitianos, pretendía construir alrededor de 100 casas pequeñas para ellos, en un territorio del propio pastor.

De esa situación, a Juan Manuel Gastélum se le conoce también por ser el presidente municipal que obstaculizó el primer asentamiento haitiano en la ciudad y por haber dicho en su momento que a los haitianos se les veía como “pobrecitos”, cuando en realidad muchas de estas personas tenían recursos y no habían llegado aquí “a pie".

 

Hasta cuatro meses podría prolongarse la espera

Alejandro Salinas, coordinador del Grupo BETA del Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó que la espera de los migrantes en Tijuana para poder ser atendidos por el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) podría prolongarse hasta cuatro meses.

Lo cual abre una serie de posibles escenarios bajo el entendido de que la ciudad no está preparada para atender a los más de 3 mil migrantes que se espere terminen de arribar en próximos días y que no se hicieron las previsiones necesarias antes de que arribaran los primeros.

Tanto el Gobierno del Estado, como el del Municipio, están abogando y esperando a recibir un apoyo de 80 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, con el cual pretenden resarcir la situación.

Sin embargo, el secretario de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, también compartió que ante las dificultades que tendrá el estado durante este tiempo, se les conminará a los migrantes para que se desplacen a otros estados fronterizos y realicen sus trámites de asilo en otros lugares, para así aligerar el cuello de botella que ya existe en Tijuana.

Migrantes que fueron cuestionados por este medio, aseguran que seguirán firmes con la intención del asilo en esta ciudad porque ya vieron que la caravana pasada, que arribó en mayo de este mismo año, tuvo éxito al arribar por esta frontera y esperan que pase lo mismo con ellos.

Pocos son los que han manifestado el pretender quedarse en esta ciudad en caso de que les sea negado el asilo o se desista de solicitarlo, puesto que no ven como opción el estar en la ciudad por siempre, como lo hizo saber Sandy Carolina Estrada, quien desea poder ingresar a Estados Unidos porque allá se encuentra su madre y una de sus hermanas.

Panorama que se torna complicado para el municipio, como lo ha hecho saber Hugo Castro, activista pro migrante de Ángeles de la Frontera Tijuana, dado que el refugio temporal que instalaron en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” en la Zona Norte –una de las más violentas y conflictivas de la ciudad- no tiene cabida para albergar a tantos migrantes.

Por lo que asegura que muy probablemente muchos acamparán en espacios públicos y a la intemperie, como ya sucedió en Playas de Tijuana, lo cual podría acrecentar el descontento de la población y las agresiones a los propios migrantes.

 

Por CNN Español

 

La noche de este sábado, en Veracruz, más de 5.500 migrantes se dispersaron y tomaron diferentes rutas

Muchos aseguran que no han definido si elegirán la costa este u oeste para cruzar la frontera con Estados Unidos

El Gobierno mexicano estima que unas 3.600 personas se dirigen al norte

(CNN Español). 4 de noviembre del 2018- La caravana de inmigrantes centroamericanos sigue su camino con dirección a la frontera de México con Estados Unidos y sus primeros integrantes llegaron este fin de semana a Ciudad de México, según información reportada por Foro TV.

Asimismo, la noche de este sábado, en Veracruz, más de 5,500 migrantes se dispersaron y tomaron diferentes rutas.

Unos 200 se encuentran todavía en Ciudad Isla, a fin de llegar hasta Córdoba.

En Córdoba hay albergues con varios migrantes. En este lugar, muchos de ellos aseguran que no han definido si elegirán  la costa este u oeste para cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Según autoridades mexicanas, son 1.200 migrantes los que llegaron a Puebla la noche del sábado. Desde esta ciudad, parte de ese grupo continuó su camino hasta llegar a la Ciudad de México. Muchos de ellos se instalan en albergues de la Magdalena Mixhuca.

Previamente, las autoridades de Ciudad de Mexico habilitaron albergues para recibir más de 5.000 inmigrantes que, se espera, continuarán llegando en los próximos días.

Por otro lado en Tapachula, Chiapas está la caravana conformada, en su mayoría, por ciudadanos de El Salvador. Unos 1,500 ingresaron este viernes a México por esta zona.

En días anteriores, los migrantes en la caravana le han dicho a CNN que están huyendo de la pobreza y la violencia, y que no están disuadidos por los planes del gobierno de Trump de desplegar tropas en la frontera.

La caravana ha viajado alrededor de 30 a 50 kilómetros por día, en gran parte a pie y también se montan en vehículos cuando es posible.

El Gobierno mexicano estima que unas 3,600 personas se dirigen al norte. Los organizadores de la caravana y los grupos de ayuda internacional, incluído ACNUR, han dicho que más de 7,000 personas conforman el grupo.

Las autoridades mexicanas dicen que han comenzado a procesar solicitudes de asilo para más de 2.700 centroamericanos que llegaron con esta caravana. Y cerca de 500 hondureños más han aceptado voluntariamente regresar a su país de origen, dijeron las autoridades mexicanas.

 

Los migrantes hondureños que participan en una caravana que se dirige a Estados Unidos se ubican en la carretera que une Ciudad Hidalgo y Tapachula, estado de Chiapas, en México. (Crédito: PEDRO PARDO / AFP / Getty Images)

 

Por Pedro Brieger

 

Nota del Editor: Pedro Brieger es un periodista y sociólogo argentino, autor de más de siete libros y colaborador en publicaciones sobre temas internacionales. Actualmente se desempeña como director de NODAL, un portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Colaboró con diferentes medios argentinos como Clarín, El Cronista, La Nación, Página/12, Perfil y para revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique y Panorama. A lo largo de su trayectoria Brieger ganó importantes premios por su labor informativa en la radio y televisión de Argentina.

 

(CNN Español). 26 de octubre del 2018- La llamada “caravana migrante” que partió de Honduras hacia Estados Unidos atravesando Guatemala y México pone nuevamente sobre el tapete una cuestión humana básica: la solidaridad.

Desde ya que para cualquier gobierno es difícil aceptar que miles de personas entren en su territorio, sea en Turquía, Alemania, EE.UU. o México, solo para mencionar algunos países que han recibido flujo de personas de otras nacionalidades. La política de puertas abiertas, por lo general, se suele implementar cuando se necesita mano de obra -especialmente la “barata”- como fue el caso de Alemania que recibió a miles de turcos en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado. Claro que un país económicamente poderoso tiene muchas más posibilidades de recibir gente que un país con altos niveles de pobreza.

Sin embargo, lo que parece una obviedad en política no lo es. El presidente Donald Trump ha dicho que evalúa utilizar el aparato militar para cerrar su frontera e impedir que ingresen los de la caravana al territorio estadounidense. En plena campaña electoral para la renovación de todos los representantes y un tercio de los senadores, las posturas antimigratorias de Trump están dirigidas a su electorado, aunque llamó la atención que en un discurso de campaña en Texas se definiera a sí mismo como “nacionalista”, palabra que utilizó para diferenciarse claramente de los demócratas que serían -según el presidente- los que dejan entrar a extranjeros indocumentados y criminales.

Una visión diametralmente opuesta a la del presidente de EE.UU. respecto de la “caravana migrante” se pudo ver en Chiapas, donde Manuel Velasco —gobernador desde 2012— planteó la necesidad de ayudar a los migrantes que pasan por su territorio. Sus dichos están en sintonía con lo aprobado en 2014 por el Congreso de Chiapas de incrementar la ayuda a los migrantes “sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia o situación migratoria”.

La contraposición de actitudes es notable. El país más poderoso del planeta le cierra sus puertas a gente muy pobre mientras que Chiapas, con niveles de pobreza cercanos al 80% —según los últimos datos oficiales— decide ayudar a la gente necesitada que viene desde Honduras.

Cabe preguntarse cómo y porqué el mundo gira al revés….

Mariángela Velásquez,Yahoo Noticias 

 

La Tumba es un “manicomio futurista” diseñado para aplastar y aniquilar la voluntad de los presos políticos en Venezuela.

 

Frío glacial, luz blanca, silencio absoluto, aislamiento, ausencia de color son algunos de los elementos descritos por el activista de derechos humanos Lorent Saleh para explicar el sufrimiento y las vejaciones que vivió durante los 26 meses que estuvo en el centro de detención construido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a unos 15 metros bajo tierra en una céntrica zona de Caracas, la capital de Venezuela.

El escalofriante testimonio de Saleh no describe las acciones de un pequeño grupo de funcionarios desalmados. Confirma las declaraciones de otros presos menos prominentes y apunta hacia una política de estado para neutralizar a los líderes opositores, sembrar miedo en la población y reforzar la idea de que los problemas de la Revolución Bolivariana no son causados por su propia ineficiencia sino por la influencia maligna de la derecha internacional.

Sus palabras también son relevantes porque Saleh permaneció 4 años secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro sin haber sido presentado ante los tribunales. Más que un detenido, el activista fue un rehén y sus denuncias concretas pudieran poner en el banquillo de los acusados a altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional de la Haya por delitos de lesa humanidad.

La actuación de los organismos de seguridad del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro ha acaparado la atención mundial desde la muerte en extrañas circunstancias de Fernando Albán, un concejal opositor que fue detenido por el Sebin cuando regresaba de reunirse con líderes políticos que se encuentran en el exilio. Las autoridades venezolanas dijeron que Albán se suicidó al lanzarse de un piso 10, donde se encuentran las oficinas de la Contrainteligencia del Sebin. Pero la ONU y el Parlamento Europeo han reclamado una investigación independiente para esclarecer los hechos.

 

El horror de la tortura blanca

La crueldad y la eficacia de la tortura blanca explicada por Saleh ha sobrecogido a la opinión pública venezolana, acostumbrada a la tortura clásica de palizas, ahogamientos y descargas eléctricas relatadas por sobrevivientes de los servicios de inteligencia de las dictaduras del siglo XX.

“La sensación de haber sido aplastado por el Estado en su mayor expresión de violencia y terror. Literal y figuradamente. Escuché el ruido del Metro sobre mi cabeza. Pensé en toda esa gente, esos viajeros más o menos despreocupados. Me dije a mí mismo: “Ninguno de ellos sabe que yo estoy aquí, debajo, enterrado en un sarcófago blanco“. Y también: “Jamás saldré vivo de este agujero”. En un lugar así, ni siquiera hace falta que te pongan un dedo encima. Tú deseas que te golpeen”, dijo Saleh en una entrevista publicada por el diario El Mundo.

Saleh ya había advertido días antes, en su primera aparición pública en el auditorio de la Asociación de Prensa de Madrid, las claras diferencias entre La Tumba y otros centros de detención de presos políticos como el Helicoide.

No tiene la menor duda de que en la creación y dirección de La Tumba está la mano extranjera de Rusia y Cuba.

“El Helicoide es lo criollo. Es la tortura física, es el golpe, es la corriente, es el bastón, es la madera. La tumba es el aislamiento absoluto y el silencio. El Helicoide es el hacinamiento y la descomposición. En la Tumba estás tú con tus temores. En el Helicoide estás tú con los banqueros, con los narcos, con los ‘picagente’, con cientos de inocentes”.

La similitud entre los relatos de los presos del gobierno venezolano y los métodos de tortura usados en Irán durante el mandato del Mohammad Reza Shah Pahlavi son inquietantes.

“Las torturas en mi país son para obligarte a decir algo que no hiciste, para obligarte a declarar algo que es mentira, es para someterte para ser parte de la simulación de un hecho punible. Por eso esa necesidad de agarrarte, golpearte, aplastarte, encerrarte, burlarse de todo, pasar por encima de la justicia, de los abogados, de todo, hacerte sentir como la cosa más inferior del planeta, no dejarte ver a la familia, a tus abogados, demostrarte todo el peso del estado”, dijo Saleh conmovido junto a su madre.

“Los prisioneros son detenidos en bloques de celdas aisladas, muchos en centros de detención secretos, generalmente bajo tierra, con luz artificial las 24 horas. No se les permite comunicarse con otros detenidos ni acceso a sus abogados, a familiares ni a profesionales de la salud”, dijo un informe de  Human Rights Watch (HRW) publicado en 2004 sobre las condiciones de confinamiento en solitario de activistas escritores e intelectuales en Irán conocido como enferadi.

Al igual que Saleh, los torturados que fueron entrevistados por HRW, aseguraron que ese tipo de confinamiento era mucho peor que el abuso físico y verbal. Todos temían a la locura.

En el caso del activista de 30 años casi lo logran. Durante su cautiverio en La Tumba intentó suicidarse 4 veces.

LEER MÁS: Condenan a 20 años de cárcel por violación de DD.HH. a exagentes de Pinochet

La tortura blanca venezolana también se asemeja a los métodos usados por la policía de la República Democrática Alemana, conocida como Stasi a los desertores del pensamiento comunista, antes del desmembramiento del Bloque Soviético y la caída del Muro de Berlín.

Jorge García Vázquez, traductor cubano que estuvo preso en Hohenschönhausen, uno de los 17 centros de tortura blanca que existían en Alemania Oriental, dijo a National Geographic que la “tortura blanca” no golpeaba sus cuerpos sino sus mentes. “Amenazas, insomnio forzoso con ruidos, música a todo volumen, largos interrogatorios. También llamadas falsas que los presos recibían y en las que se anunciaba la muerte de sus seres queridos”. dijo a García Vásquez a National Geographic.

Saleh aseguró que el Sebin tiene otros centros de detención y tortura en el país donde permanecen al menos 300 presos políticos.

La publicación digital venezolana La Vida de Nos recogió varios testimonios de tortura en una galardonada serie sobre los familiares de los presos políticos en Venezuela.

 

El Tigrito

Una de esos centros funciona en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela. Allí permaneció a Eduardo García durante casi tres años por una larga lista de delitos como intimidación pública con artefacto explosivo, agavillamiento e instigación al odio. Los siete meses en aislamiento absoluto lo afectaron de tal manera que dijo a sus familiares que deseaba acabar con su vida.

 

Fénix

El diputado Gilber Caro declaró que los 17 meses que permaneció como preso político fueron mucho más duros que los 10 años que estuvo tras las rejas cuando era joven por un delito común.

“Fueron días muy duros. Me daban dos cubetas de agua a la semana para mi aseo personal y para lavar el uniforme y tenía 30 días sin recibir luz solar hasta hoy”, declaró Caro a la publicación Caraota Digital al momento de su liberación en junio de 2018

 

Con presos comunes

A Efraín Ortega lo acusaron de asociación para delinquir y fabricación de explosivos en diciembre de 2015 y lo enviaron al Internado Judicial de El Rodeo, una cárcel de presos comunes donde sus familiares deben llevar alimentos y agua potable para que permanezca con vida. Pero en los días siguientes de su detención fue torturado en la división de terrorismo de Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde permaneció vendado, encadenado y mojado en pestilentes aguas de cañería.

 

A oscuras

Andrea González y Dany Abreu permanecieron 10 días encerrados a oscuras en una oficina luego de su detención en 2015 por planificar un atentado contra la hija de Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes de la Revolución Bolivariana.

La abuela de Andrea, Alexandra Jukisz, relató en una premiada crónica de La Vida de Nos, que tuvo que comprarle tapones para los oídos que pudiera conciliar el sueño porque las torturas nocturnas no la dejaban dormir. También afirmó que su nieta escuchó una violación desde su celda en el Helicoide.

“No estoy segura de que nos les hayan hecho nada. Esto es un infierno, y uno no puede hacer nada. Solo rezar para que sea Dios quien la ayude. ¿Cuándo va a salir la chiquita de ahí?”, dijo Jukisz desde la isla canaria de Tenerife antes de la liberación de la pareja en diciembre de 2017.

 

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  • Venezuela captura soldados amotinados después de que robaron armas y vehículos

    Por CNN

     

    (CNN). 21 de enero del 2019 — Las autoridades venezolanas han detenido a un grupo de soldados amotinados por robar armas de un puesto de avanzada de la Guardia Nacional, según un comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
    “Las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales informan al pueblo de Venezuela que, en la mañana del 21 de enero, aproximadamente a las 2:50 am (1: 50aET), un pequeño grupo de asaltantes asignados a la 43a Zona de Mando de la Guardia Nacional Bolivariana violó su juramento de lealtad al país y sus instituciones”.

    “Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad, están motivados por oscuros intereses de extrema derecha y son contrarios a las leyes elementales de disciplina militar, honor y tradiciones de nuestra institución”, añadió Padrino.

    La declaración continuó: “Los “delincuentes” robaron dos vehículos militares, robaron armas de fuego y secuestraron, bajo amenaza de muerte, a oficiales y dos miembros de la Guardia Nacional”.

    “Los delincuentes se rindieron y fueron capturados en la sede de la unidad de seguridad especial en Cotiza, en el municipio de Libertador”, agrega el comunicado. “Durante su detención, pudimos recuperar las armas robadas y en este momento, están brindando testimonio a los organismos nacionales de inteligencia”.

    “Aplicaremos todo el peso de la ley a estas personas”, concluye.

    La declaración dijo que el levantamiento había sido sofocado y que las instalaciones militares del país seguían funcionando como de costumbre, “todas nuestras unidades operativas, dependencias administrativas e institutos de educación están funcionando con una normalidad completa y absoluta”.

     

    Lo que sabemos de lo sucedido en Cotiza

    Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Venezuela el lunes acordonaron varias calles alrededor del comando de la Guardia Nacional, en Caracas, según Simón Rodríguez, periodista fotográfico de CNN en Español que está en la escena.

    Las autoridades están reaccionando ante varios manifestantes que tomaron las calles mostrando su solidaridad con un hombre que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional venezolana en un puesto de avanzada en Caracas que pidió la destitución del presidente Nicolás Maduro, en un video que ha circulado este lunes en las redes sociales.

    Las fuerzas de seguridad están tratando de controlar las protestas con gas lacrimógeno, pero más personas continúan uniéndose a ellas, informa Rodríguez.

  • La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

    La Acción Diferida de 2012 (DACA) se encuentra vigente por orden de los tribunales de justicia, quienes anularon la cancelación del programa ordenada por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. El beneficio protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.

    JORGE CANCINO

     

    22 de enero del 2019- La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

    Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

    Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

     

    Los dreamers aplauden

    “Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

    “Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

    Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

    “Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

    El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

    El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

    Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

    El plan de Trump para reabrir el gobierno: extender DACA y TPS (programas que él canceló)

    El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

    Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

    El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

    A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El fallo le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

    La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.

     

  • Trump dispuesto a legalizar a dreamers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    JORGE CANCINO

     

    Durante la alocución prevista para este sábado en la tarde, el presidente Donald Trump ofrecerá aceptar un plan para legalizar a los dreamers protegidos por DACA y restablecer los Estatus de Protección Temporal (TPS) eliminados durante su mandato, a cambio de que el Congreso le autorice los $5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.

    La información fue confirmada a Univision Noticias por fuentes familiarizadas con la oferta, que no estaban autorizadas para hacer una declaración pública y que conversaron bajo condición de anonimato.

    Se prevé que los fondos formarán parte del paquete de presupuesto de gastos de lo que resta del año fiscal 2019, un debate que fue suspendido el pasado 21 de diciembre y que provocó un cierre parcial del gobierno, dejando a más de 800,000 trabajadores federales sin salario.

    Trump argumenta el pedido de fondos y la construcción del muro a una situación de emergencia nacional en la frontera, donde miles de inmigrantes han llegado en los últimos años tratando de ingresar de manera indocumentada al país.

    Los demócratas, por su parte, responden que el mandatario fabricó la crisis para exigir fondos que le permitan cumplir con sus electores, y que el muro se ha convertido en su principal plataforma de campaña de reelección del 2020.

    Agregan que las oleadas de migrantes datan desde por lo menos 2014. Se trata de personas que huyen de sus países (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y se presentan en la frontera en busca de asilo.

    Las explicaciones, sin embargo, no son aceptadas por el mandatario, quien insiste en que los migrantes constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que la única manera de detenerlos es construyendo un muro. Y exige al gobierno de México que los contenga y evite que lleguen a la frontera.

    “México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México, pero ellos no pueden atravesar nuestro Muro, pero se necesitan muchos agentes de la frontera si no hay un Muro. ¡No es fácil!”, escribió esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    Al ser consultada por Univision sobre este escenario, Cristina Jiménez, la directora ejecutiva de la principal organización de dreamers, United We Dream, señaló: “Desconfiamos de lo que él (Donald Trump) ofrezca. Él ha causado mucho sufrimiento a nuestra comunidad. No podemos confiar en sus promesas y negociaciones. Tenemos mucho escepticismo porque ha creado mucho dolor en nuestra comunidad”.

     

    Qué dicen los demócratas

    La oposición demócrata fue sorprendida este sábado con la propuesta de Trump. A medida que se ha ido conociendo parte de la propuesta del mandatario, convocaron a reuniones a puertas cerradas para debatir una estrategia y encarar dos temas clave:

    Aprobar el presupuesto, incluyendo los $5,700 millones que exige el presidente, y reabrir inmediatamente el gobierno tras el cierre parcial que comenzó a primera hora del pasado 22 de diciembre.

    Darle a Trump el dinero para que levante el muro y cumpla su principal promesa de campaña, tema central de su reelección para el 2020.

    “No tenemos una postura a este momento”, dijo una fuente demócrata conocedora de las reuniones poco antes del anuncio del mandatario. “Queremos ver un compromiso de que el Presidente aceptará lo que el Congreso le envíe a su escritorio, no queremos que el Congreso debata lo que él quiere”.

    Otra fuente, que también pidió el anonimato, dijo que en el debate por el tema migratorio “no solo deberían estar los dreamers y los migrantes con TPS”, en referencia a los otros 9 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace varias décadas.

    Fuentes de la Casa Blanca dijeron que la propuesta del presidente sólo incluye DACA y “algo sobre el TPS”. No mencionaron al resto de indocumentados.

     

    La oferta no es nueva

    En enero del año pasado Trump utilizó la misma oferta para conseguir dinero para el muro, durante el debate del presupuesto de gastos del 2018. Pero en aquella ocasión los republicanos, que controlaban ambas cámaras del Congreso, no le dieron el dinero y los dreamers se quedaron sin estatus legal de permanencia.

    Los dreamers, sin embargo, advirtieron que el plan del Presidente es usarlos a ellos como moneda de cambio para construir el muro y fortalecer su política de tolerancia cero, incluida la fuerza nacional de deportaciones.

    Entre las medidas que temen los soñadores se cuenta la deportación de millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.

    “Quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a los otros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares, en el banquillo de las deportaciones”, dijo en aquella oportunidad Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

     

    La historia de DACA

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. El programa ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El 5 de septiembre de 2017 Trump ordenó la cancelación del programa y le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para aprobar una legislación que regularizara la permanencia de hasta 1.8 millones de dreamers.

    La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por el estado de Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno de Trump si no procedía a eliminar el programa.

    El 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco anuló la orden y dispuso el restablecimiento del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre, dictamen que le quitó la presión al Congreso para legislar sobre el tema.

    Otras tres cortes emitieron dictámenes similares, por lo que el programa sigue vigente. En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise las sentencias y decida sobre la legalidad de DACA, fallo que podría ser anunciado en el verano.

     

    Historia de los TPS

    En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

    La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

    La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

    Pasaron los meses y el 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

    El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

    El pasado 3 de octubre, un juez federal de San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de acabar con los TPS, y aseguró que la decisión del gobierno podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

     

  • Las bacanales de 'El Chapo' Guzmán

    Modelos colombianas, actrices y hasta una experta en rejuvenecimiento visitaban asiduamente al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus campamentos para realizar lo que una fuente describió a Univision como "brigadas de sexo y salud".

    GERARDO REYES

     

    18 de enero del 2019- Todo el mundo quedaba contento. 'El Chapo', porque se había acostado con una mujer bella. La mujer, porque ganaba buen dinero y el intermediario entre los narcos y la mujer porque se quedaba con un porcentaje no despreciable.

    Así resume Carlos el ciclo de un negocio del que fue un feliz beneficiario: la contratación de mujeres hermosas que una o dos veces al mes viajaban a los campamentos de Guzmán para satisfacer su desaforado apetito sexual.

    "Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente", relató. "Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera’".

    Carlos es el nombre ficticio de un hombre que estuvo en las entrañas de los carteles de la droga y que relató esta historia con la condición de no revelar su verdadera identidad. Univision confirmó con otras fuentes su participación en los carteles mexicanos y las conexiones con los colombianos. Carlos colaboró con el gobierno de Estados Unidos.

    Mientras recordaba con los reporteros de Univision sus años de aventuras con droga, dinero y mujeres, pasaba con su índice cientos de fotografías en su teléfono celular. Al encontrar las imágenes de las jóvenes, conocidas en Colombia como 'prepagos', celebraba con una sonrisa.

    "Esta estuvo allá, es modelo", comentó. "Esta es actriz", dijo al reconocer a una trigueña que trabajó en una narconovela.

    'El Chapo' las prefería colombianas, según él, no solo por su belleza sino por su dulzura y simpatía. La mayoría de las veces Guzmán no escogía la modelo con quien quería pasar la noche. Las deficientes comunicaciones en las áreas remotas donde se movía, dificultaban el envío de fotografías.

    Así que un grupo de mujeres y hombres proxenetas colombianos que se presentan como sofisticados 'mánagers' de la farándula y que son expertos en manejar los gustos de los narcos de su país, explicó la fuente, se encargaban de escoger a las acompañantes de Guzmán y de sus hombres de confianza.

    Según Carlos, el promedio que se le pagaba a cada visitante era de unos 10,000 dólares más los gastos de transporte desde Colombia hasta Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

    "Aunque había casos especiales de modelos muy costosas a quienes les pagan 20 o 25 mil", agregó.

    Sostuvo que los ayudantes de 'El Chapo' llevaban a las jóvenes a un rancho de maizales situado a unos 30 minutos de Culiacán. Allí las muchachas debían entregar sus teléfonos celulares y sus iPads antes de abordar las avionetas que las llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental, el inmenso refugio montañoso que Guzmán usaba con más frecuencia para esconderse.

    Todas pasaban por la prueba de nervios del vuelo de las avionetas de Guzmán a ras de los picos de los cerros y el espantoso aterrizaje en pistas de tierra muy cortas que terminaban en un pronunciado ascenso construido para desacelerar la avioneta.

    Guzmán tenía más de una docena de campamentos en la sierra. Los testigos los describen como construcciones sencillas que se mimetizan en sitios con abundante vegetación en medio del paisaje árido de la cadena montañosa.

    Los refugios, equipados con luz eléctrica, aire acondicionado, cocinas y cuartos muy austeros para huéspedes, señaló Carlos, estaban situados a una media hora o 45 minutos de las pistas de aterrizaje en cuatrimoto. Según lo han descrito testigos en el juicio que se realiza en contra de Guzmán en una corte de Brooklyn, estos escondites de paso estaban vigilados por un primer círculo de unos 200 hombres mientras que en el entorno cercano al capo se apostaban de 20 a 30.

    Las visitantes eran llevadas en cuatrimotos a los campamentos donde las esperaba una febril jornada de música, licor y sexo que podría extenderse durante dos o tres días, afirma Carlos.

    "Las muchachas se entretenían además disparando armas y manejando las cuatrimotos", dijo.

    El baile se hacía en palapas o kioscos abiertos, unas veces animado por bandas que tocaban los corridos preferidos de Guzmán y otra con equipos de sonido, agregó.

    Las modelos comentaban que 'El Chapo' sacaba provecho hasta el último minuto de sus encuentros sexuales, sostuvo Carlos. "Decían que no paraba en toda la noche".

    Al final de la jornada la advertencia a las mujeres era intimidante, recuerda Carlos: "Ustedes no vieron nada, no escucharon nada, esto nunca ocurrió en sus vidas", les decían.

     

    Las aventuras de 'Avatar'

    En los últimos ocho años, los hombres más cercanos a Guzmán fueron el colombiano Alex Cifuentes y el mexicano Dámaso López, conocido como 'El Licenciado'. Cifuentes, heredero de una familia que manejó la flota mercante más grande al servicio de los carteles de la droga, fue arrestado a finales de 2013. Negoció con la Fiscalía y declaró en el juicio en Brooklyn que se convirtió en la persona más importante del acusado.

    "No solo era su mano derecha sino la izquierda", dijo.

    Con el tiempo adquirió un marcado acento mexicano que lo hacía pasar por un local, explicó Carlos. Cifuentes participaba en las bacanales de la sierra, pero sin beber licor por cuanto sufre de una enfermedad del páncreas. 
    El colombiano conoció a una modelo colombiana con quien tuvo una hija. Univision intentó hablar con la modelo.

    Una mujer que se presentó como la madre de la modelo respondió que ella estaba trabajando en el exterior y al pedirle más detalles de su relación con Cifuentes explicó en un correo electrónico: "Nosotras no sabemos absolutamente nada ni queremos saber, por seguridad sabemos que eso lo manejan en el FBI’".

    Cifuentes contaba con otra mujer colombiana que se encargaba de reclutar modelos y de sus negocios personales. Su nombre, según su testimonio en la corte es Andrea Vélez Fernández.Carlos sostiene que los apellidos fueron invertidos en la corte. En su testimonio Cifuentes se refiera a ella como "mi secretaria".

    De acuerdo con Cifuentes, como Andrea tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México, Guzmán le pidió que organizara una reunión con algunas de ellas y un general del Ejército mexicano. La orden era ofrecerle un soborno de 10 millones de dólares al militar a cambio de "dejarlo a él (Guzmán) en paz", dijo Cifuentes.

    Si Andrea lograba convencer al "cachuchón", como se referían en los correos electrónicos a los líderes narcotraficantes al militar, ella recibiría un millón de dólares. Según Cifuentes el militar se negó. "El general odiaba mucho a Joaquín", declaró.

    Guzmán no creyó en esa versión, explicó Cifuentes. Comentó que Andrea era una mentirosa y ordenó que la mataran. Cifuentes admitió que estuvo de acuerdo con la decisión y se puso en la tarea de buscar a la persona que haría el trabajo. No solo para matarla a ella sino a un ayudante en Canadá llamado Steven Tello de quien 'El Chapo' sospechaba que estaba robándose dinero de la venta de drogas.

    Cifuentes dijo que se reunió con miembros de la pandilla Hells Angels para contratar al sicario. En medio de esa búsqueda fue arrestado en Culiacán el 12 de noviembre de 2013. Andrea y Tello se salvaron.

    Alex Cifuentes declaró en una corte federal que Guzmán ordenó la muerte de su asistente Andrea Fernández, luego de que no logró sobornar a un militar.

    Conocida como 'Avatar' por su parecido a la protagonista de la película, Andrea nació en Medellín, Colombia. Fue adoptada por una pareja de colombianos que ha vivido en el sur de la Florida. 'Avatar' trabajó como agente inmobiliaria en Miami.

    Por sus gestiones como asistente de negocios y placeres del cartel ganaba unos 5,000 dólares mensuales, afirmó Carlos.

    "Es una mujer de una personalidad muy fuerte, aguerrida, echada pa' lante, mal hablada, a veces metía cocaína que inhalaba en un cuchillo", recordó.

    Alrededor de 2013, vivía en el penthouse de un edificio de Polanco, en Ciudad de México, y trabajaba en una oficina de abogados cercana a su apartamento. La oficina estaba bajo la dirección de su novio, un abogado mexicano con "buenas conexiones" con el alto gobierno de México, dijo Carlos.

    Un residente del edificio dijo a Univision que no recordaba que en el penthouse hubiera vivido una mujer colombiana.

     

    Ampollas de juventud

    Otra de las asiduas visitantes a los campamentos de Guzmán era una mujer experta en terapias de rejuvenecimiento, afirma Carlos. Había hecho cursos en Europa de tratamientos antivejez que ponía en práctica con Guzmán.

    "Le aplicaba inyecciones en la cara y le cuidaba la piel, porque la piel de 'El Chapo' estaba siempre llena de picaduras de mosquitos, raspones por todos lados de cuando andaba en el monte", dijo Carlos.

    La misma mujer hacía brigadas de vacunación de los hombres de Guzmán.

     

    La reportera de Univision Investiga Peniley Ramírez contribuyó con este reportaje

  • ¿De qué crisis en la frontera habla Trump? Informes de su gobierno ponen en duda la necesidad de un muro

    Trump ha elegido la construcción del muro como el centro de su estrategia para 2020, tratando de repetir el éxito de 2016. Pero los números parecen estar en su contra.

    Por: JORGE CANCINO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    18 de enero del 2019- Seis semanas después de las elecciones de medio término, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump radicalizó su discurso con miras a la reelección del 2020. Y tal como sucedió en la campaña anterior, el eje central de su estrategia vuelve a ser la construcción del muro en la frontera con México.

    Trump les advirtió a los líderes demócratas del Congreso que estaba dispuesto a cerrar por largo tiempo una parte del gobierno si no le aprobaban, dentro de lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal, 5,700 millones de dólares para construir el muro.

    Trump argumenta que en la frontera hay una crisis que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y asegura que, si el muro no es construido como prometió a sus electores en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el crimen, la violencia y las drogas se ensañarán con los estadounidenses.

     

    Cierre parcial

    El 22 de diciembre terminó sin ningún acuerdo el plazo para la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso y el presidente cumplió su palabra y provocó un cierre parcial del gobierno federal que dejó a más de 800,000 empleados federales sin salario.

    “La seguridad fronteriza efectiva debe reducir dramáticamente la entrada de inmigrantes ilegales, criminales y drogas”, escribió el mandatario en una carta enviada al Congreso el 4 de enero. “Debe mantener fuera a los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y a aquellos que de otro modo serían inadmisibles bajo la ley. Y debe garantizar que quienes ingresan sin permiso legal, puedan ser devueltos a sus hogares de manera rápida y segura”.

    Desde el cierre del gobierno –y con más frecuencia que antes– el presidente se dedicó a tuitear sobre el tema. Entre el 22 de diciembre y el 16 de enero tuiteó 80 veces sobre la frontera, hablando de la crisis y acusando a los demócratas de estar en contra de la seguridad fronteriza.

     

    Tema de campaña

    Ese día (16 de enero) Trump despejó las dudas sobre la importancia del tema para la campaña del año 2020. “Cada vez es más obvio que los demócratas radicales son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur. # 2020!”, escribió en su cuenta de Twitter.

    Pero no todos ven con buenos ojos la estrategia. “Seguir con la retórica del muro solo le refuerza una base electoral que es extremista y que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, advierte Roberto Izurieta, director del departamento de política latinoamericana y campañas políticas de la Universidad George Washington. “Esa base extremista y minoritaria, con sus voceros -o expresiones en algunos medios o periodistas extremos-, parece que le es muy importante, al menos emocionalmente”.

    Izurieta agrega que, con este discurso, “Trump está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le de viabilidad a su gobierno y éxito político, entendiendo que ya tiene en mira la reelección presidencial del 2020”.

     

    Los números de la frontera

    Trump convirtió el tema del muro (que fue una de sus promesas electorales en 2016), en el centro del enfrentamiento con los demócratas con miras s 2020. Pero, ¿Es tan insegura la frontera como la presenta el presidente? ¿Entran cada año tantos criminales y drogas por ella como asegura la Casa Blanca? ¿Es la frontera abierta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?

    Son varios los estudios y los datos producidos por centros académicos de reconocida credibilidad y por entidades del propio gobierno que ponen en cuestión las afirmaciones del presidente. Comenzando por el flujo de inmigrantes que entran de manera ilegal al país y alimentan la población indocumentada.

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, actualmente viven en el país unos 10.7 millones de inmigrantes indocumentados. Entre 2007 y 2008 (el pico máximo) la cifra estimada era de 12.2 millones, una baja del 13%. Por tanto, la inmigración no autorizada en vez de estar aumentando, como afirma Trump, ha descendido. 

    Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS) “Las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos ha descendido de manera dramática en los últimos años. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera sur, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones en la actualidad. 

    Se podría pensar que la cifra de aprehensiones ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades. Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.

     

    Más seguridad que nunca

    Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Interna sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

    Según el reporte, el número de cruces no detectados ha caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación). 

    “La seguridad en la frontera suroeste es mayor que nunca”, asegura un artículo de FWD.us­, una organización integrada por directivos del sector de alta tecnología, entre ellos Google y Facebook, cuya misión es educar al público sobre las políticas de inmigración y las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. “El Congreso ha invertido millones de dólares en las últimas dos décadas para desplegar infraestructura, tecnología y personal para asegurar la frontera, y esta inversión ha dado resultados”.

    Y si quedaran dudas, el mismo reporte del DHS (publicado hace menos de un año, durante la administración Trump), dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas)”.

    “Hay más infraestructura, tecnología y agentes fronterizos en la frontera suroeste que en cualquier otro momento de la historia, lo que ha dado como resultado menores intentos de cruzar ilegalmente y mayor probabilidad de que sean detectados”, dice el artículo de FWD.us. 

     

    Un coladero de drogas

    Un argumento que ha utilizado el presidente Trump (y ha vuelto a utilizar, cada vez con más fuerza) es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras, como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dice un artículo reciente de The New York Times, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.

    Datos de la Patrulla Fronteriza muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisa en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados de la Unión Americana) viene por los puertos de entrada y no por la frontera abierta. 

     

    La criminalización de los inmigrantes

    Otro argumento ­–que el presidente suele acompañar con declaraciones dramáticas de personas afectadas– es que por la frontera entran todos los días cientos de criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses: lo que se ha dado en llamar la “criminalización de los inmigrantes”.

    En este aspecto, las cifras del gobierno también son muy dicientes. En el año fiscal 2018 (faltando solamente el mes de septiembre para consolidar las cifras), la Patrulla Fronteriza aprehendió un total de 361,993 migrantes que pretendían ingresar de manera ilegal al país. De ese total, solamente 6,259 (1.7%) tenían antecedentes criminales, y el delito que habían cometido era un ingreso ilegal al país o un DUI. Solo 3 habían sido convictos por homicidio, y solo 78 por agresión sexual.

    La Oficina de Operaciones de Campo (otra rama del CBP) detectó otros 10,572 migrantes con antecedentes criminales, que hacían parte de un grupo de 204,288 personas que trataron de entrar legalmente al país por los puertos de entrada (no por la frontera abierta) y fueron declaradas inadmisibles. Un caso más en el que funcionaron muy bien los controles existentes. 

    La “criminalización” que ha hecho el presidente no cobija solo a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, sino a todos los indocumentados (incluidos los que llevan años viviendo en el país). Si los indocumentados delinquen más que los nativos es un tema difícil de medir, como lo dice el artículo de The New York Times. Pero un estudio que cita el mismo diario, hecho por el Instituto Cato (de tendencia conservadora), muestra que en el caso de Texas (un estado con un número alto de inmigrantes), la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados es menor que la de los nativos estadounidenses.

     

    ¿Para qué sirve el muro?

    En un informe de marzo de 2018, la GAO (la Oficina de Contabilidad del Gobierno) fue muy crítica con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), porque según ella “no ha desarrollado métricas que sistemáticamente usen los datos que recopila para evaluar las contribuciones de las vallas fronterizas a su misión, tal y como lo recomendó la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) en su momento”.

    Y en uno más reciente, de julio de 2018 (producto de una auditoría realizada entre octubre de 2017 y junio de 2018),la misma GAO, refiriéndose a las obras realizadas en la administración Trump, dice que “procediendo sin una información adecuada sobre costos, bases de adquisición, y aportes de las vallas y la tecnología desplegadas anteriormente, el DHS enfrenta un gran riesgo de que el programa relacionado con el muro fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado, o no dé los resultdos esperados”.

    Esa puede ser una explicación del giro que ha dado el presidente en cuanto a la naturaleza del muro. De hablar de un gran muro de concreto –del que se hicieron varios prototipos–, el presidente a pasado a hablar de una barrera metálica, menos ambiciosa pero, según él, igual de efectiva. El cambio dio lugar a la aparición de lo que parecían ser memes que mostraban perforaciones en la barrera, por donde podrían colarse los indocumentados.

    En realidad, no se trataba de memes. Era un recordatorio de la inutilidad de una barrera ante la voluntad inquebrantable de muchos migrantes de entrar a este país. Y tiene sustento, de nuevo, en los informes de la GAO. En el ya mencionado de marzo de 2018, hablando de los altos costos de mantenimiento que tiene el muro fronterizo, la oficina dice que entre tales costos el mismo CBP incluye la reparación de las brechas en muros y puertas que “aumentan la posibilidad de los migrantes de entrar al país sin impedimento”. Entre 2010 y 2015 “el CBP reportó un total de 9,287 brechas en barreras pedestres”.

     

    ¿Y por qué lo apoyan?

    Además de su base, el presidente ha contado hasta ahora con el apoyo irrestricto de los republicanos en su idea de construir el muro. Una fuente republicana conocedora de las discusiones a puertas cerradas en el Congreso para presionar a la Casa Blanca a que acepte un presupuesto con una cantidad menor a los $5,700 millones que exige Trump, dijo a Univision Noticias, bajo condición de anonimato, que “los miembros del partido en la Cámara apoyarán al mandatario tanto como puedan y sus votantes no los presionen”.

    Agregó que en el lado demócrata “también hay divisiones”, y que hasta ahora las posiciones se mantienen “porque el pueblo, los votantes, se han mantenido en silencio y no están presionando lo suficiente”.

    El cierre del gobierno, sin embargo, puede cambiar todo. “Viene la temporada de impuestos y los aeropuertos todavía están funcionando. Pero cuando todo se afecte y tan pronto el público presione a sus congresistas, ahí vamos a ver un aumento de exigencias a la Casa Blanca. Ese será el punto de inflexión en esta crisis. Todos saben que esto no puede seguir para siempre”.

    A la pregunta respecto a si los republicanos apoyarían una declaración de emergencia del presidente para conseguir de esa manera los fondos para construir el muro en la frontera con México, la fuente dijo que “si bien se reconoce que Trump tiene el poder y la opción de declarar un estado de emergencia, muchos republicanos en ambas cámaras y fuera del Congreso no quieren eso, porque se puede tomar como un abuso de poder”.

     

  • Sube a 66 el saldo mortal de la explosión de un ducto de gasolina en México

    Otras 76 personas resultaron heridas, señaló este sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El incidente ocurrió en una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan en la que más de 600 personas se encontraban en los alrededores del ducto, de acuerdo con la secretaría de Defensa.

    UNIVISION

     

    19 de enero del 2019- Al menos 66 personas murieron tras la explosión de un ducto en una toma ilegal de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México.

    El hecho ocurrido en la tarde del viernes también dejó a 76 personas heridas, entre ellos un niño de 12 años, señaló el sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en una rueda de prensa.

    Entre 600 y 800 personas personas robaban con cubetas y bidones el combustible de un ducto perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ocurrió el siniestro, señaló el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Las autoridades tardaron horas en contener el incendio.

    Testigos citados por medios indicaron que tras la explosión, las llamas se elevaban a más de 20 metros de altura y que la onda expansiva afectó a decenas de personas que estaban recogiendo gasolina muy cerca de la vía que conecta a Teltipan con Tlahuelilpan.

     

    Mantendrán estrategia ante del 'huachicoleo'

    En las últimas semanas el gobierno mexicano lanzó una estrategia para frenar el robo de combustibles y desplegó a 3,200 agentes para proteger ductos y refinerías. También ordenó el cierre temporal de ductos, lo que generó problemas en la distribución del combustible y, en consecuencia, escasez.

    La toma ilegal de combustible, conocida como "huachicoleo", es una vieja práctica que le ha costado a Pemex miles de millones en pérdidas anuales.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el sábado en que seguirán evitando que haya una confrontación entre los miles de militares desplegados y los pobladores que buscan el combustible.

    "Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, creo en la gente y se que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va a también alejarse de estas prácticas", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

    El secretario de la Defensa Nacional relató que en el momento de la explosión había un equipo de 25 agentes en el área, pero habían decidido no intervenir en la toma ilegal de combustible porque se vieron rebasados por la multitud.

    “Es muy difícil detener 25 hombres a 600, 800 personas”, dijo Sandoval. “Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por esa cantidad de gente que está en frente de ellos. Es lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones".

    Durante la rueda de prensa matutina, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que "no cabe duda" que el incendio es la consecuencia de la toma ilegal de combustible.

    Desde hace al menos 10 años las autoridades mexicanas catalogaron el robo de combustible como una de las actividades ilícitas que ocasionaba más pérdidas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108,000 investigaciones por este delito, pero fue creciendo de forma exponencial pues en 2006 se abrieron 394 investigaciones y en 2018 aumentó hasta 31,000, según cifras del gobierno.

    Este problema generó pérdidas de 66,300 millones de pesos ($3,400 millones) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país.

    El presidente López Obrador ha señalado que estas prácticas se realizaban en complicidad u omisión de autoridades locales, por lo que grupos criminales podían perforar las tuberías que transportan cerca del 20% del crudo nacional. Este combustible robado es adquirido por diversas empresas e incluso gasolinerías, según reveló el propio gobierno.

    Esta actividad ilegal se inició en el llamado Triángulo Rojo, en el céntrico estado mexicano de Puebla, pero con el tiempo la práctica se extendió a otros estados. Actualmente los que lideran el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco e Hidalgo -donde justamente ocurrió la tragedia este viernes- de acuerdo el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

     

  • México les ofrece visas para transitar y trabajar, pero cientos de migrantes de la nueva caravana decidieron cruzar clandestinamente

    Es una imagen que dista considerablemente de cómo recibieron a los centroamericanos que llegaron en caravana hace apenas tres meses. Si en aquella ocasión estaba la policía en la frontera con escudos y gases lacrimógenos, ahora las autoridades mexicanas llevan a cabo un proceso ordenado. Sin embargo, cientos de migrantes decidieron saltarse el proceso y cruzar la frontera irregularmente por la noche.

    UNIVISION

     

    17 de enero del 2019- Cientos de migrantes del grupo de hondureños que salió a principios de semana de San Pedro Sula en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México, país al que cruzaron a través del paso de Tecún Umán.

    A diferencia del trato que recibieron los centroamericanos de la caravana que llegó a México a través de esa frontera en octubre de 2018 y que fueron recibidos con retenes y gases lacrimógenos y entraron a ese país entre empujones, en esta ocasión los migrantes pudieron acceder de manera segura y ordenada.

    El hambre y el cansancio impactan a los migrantes de la nueva caravana en su intento por llegar a EEUU

    El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en la noche del jueves que había registrado a 969 adultos migrantes y a 145 niños y adolescentes procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua como solicitantes de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

    Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cientos de migrantes del grupo que salió en caravana decidieron cruzar de manera clandestina a México ya que son escépticos con el plan que les ofrece el gobierno de esa nación, según informó la periodista Maya Averbuch desde esa frontera.

    Al cruzar en la oscuridad, los migrantes pretendían no tener que pasar el proceso establecido por México. Pero por el momento se desconoce si las autoridades mexicanas los obligarán a pasar el proceso del resto de migrantes o si los deportará de encontrarlos a lo largo del camino.

    La imagen distó considerablemente de la de la jornada del jueves cuando se procesó a los migrantes que ya llevaban un registro migratorio de su entrada a Guatemala. A ellos se les permitió cruzar a través del puente fronterizo y se les ofreció un brazalete que les permitirá el libre tránsito por territorio mexicano.

    En el municipio de Suchiate (México), las autoridades migratorias mexicanas los recibieron con agua y los registraron en el sistema y les dieron la pulsera con un código de barras que tiene la información de sus casos.

    Los migrantes tendrán que esperar cinco días para recibir la 'Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias' con la que podrán trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud. Según informó el INM, su objetivo es rebajar el tiempo de espera de los migrantes para conseguir ese documento que antes solía demorarse hasta 30 días.

    Mientras consiguen esa tarjeta, los centroamericanos podrán permanecer en el lado mexicano o guatemalteco de la frontera.

    Este jueves, muchos centroamericanos ya registrados por las autoridades mexicanas decidieron regresar a Guatemala puesto que el albergue del lado mexicano aún no estaba listo.

    Antonio, de 28 años, uno de los migrantes que consiguió este jueves el brazalete con el que le registaron en México fue uno de los que decidió regresar a Tecún Umán. Según le dijo a la agencia EFE, con esa pulsera podrá volver en cinco días para seguir con un proceso "humanitario" que le permitirá acceder a empleo y servicios de salud básicos en territorio mexicano.

  • Así es como militares y funcionarios de alto rango contribuían al robo de combustible en México

    De acuerdo con una investigación que realiza la fiscalía, al menos cinco funcionarios élite del gobierno ordenaban a sus agentes no informar al Ministerio Público de las tomas clandestinas que encontraban y además reportar el hallazgo de puntos falsos.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 16 de enero del 2019- La Procuraduría General de la República (fiscalía) inició una investigación contra cinco funcionarios de alto rango en el gobierno de México, dos de los cuales son generales que se desempeñaron como responsables de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente ordenar a sus agentes sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de los hallazgos que hacían.

    La existencia de esta investigación sale a la luz en medio de una serie de anuncios que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó para combatir el millonario robo de combustible en el paí s, un delito que se practicaba desde hace años con la complicidad de los propios funcionarios del gobierno, según señaló el mandatario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, en poder del diario Milenio los implicados son Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.

    También están sujetos a investigación el exgerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el exgerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva. De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.

    Pese a que existía una denuncia realizada por varios trabajadores de Pemex ante la fiscalía en marzo de 2017, los documentos no fueron tomados en cuenta para hacer una investigación hasta que inició la nueva administración del gobierno y su combate contra el robo de combustible.

    La denuncia fue presentada por el abogado Jorge García Andriano, en la que además se implica a funcionarios regionales de Pemex y militares pertenecientes a la comisión de seguridad de la paraestatal.

    En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado señala los delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas y encubrimiento por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física alterar el lugar e impedir que se averigüe la conducta delictiva de ciertas personas, con el argumento de que sí no hacían caso omiso, serían despedidos.

    Uno de los casos que conforma la carpeta de investigación es el del trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, quien solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado. También llegaron a ordenarle que sembrar tomas clandestinas en otros lugares.

    "Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informar a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

    Aunque la denuncia fue presentada en 2017, no fue hasta finales de 2018, luego del cambio de gobierno, cuando la fiscalía inició una investigación contra las personas presuntamente implicadas.

    Menos de un mes después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció la implementación de medidas para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, que ha derivado en una crisis de abastecimiento de gasolina en el país, pero también ha destapado los problemas de corrupción en Petróleos Mexicanos.

    En diversas ocasiones, A MLO ha señalado que se combatirá la corrupción en todos los niveles, incluido el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero que no habrá “show” ni se fabricarán delitos.

    “No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos, a todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos”, aseguró.

    De acuerdo con cifras del gobierno de México, el problema del huachicoleo ha generado pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018.

     

  • Avanza el nuevo grupo de migrantes camino a EEUU: cerca de 700 llegaron ya a Guatemala

    Según autoridades de Honduras, unos 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    UNIVISION Y AGENCIAS

     

    16 de enero del 2019- Un total de 709 hondureños que salieron el lunes de su país cruzaron ya la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

    El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.

    Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.

    Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente después de que la mujer no dispusiera de la documentación necesaria para que sus sobrinos pudiesen salir del país.

    Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.

    Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de los migrantes.

    La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.

    Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

    Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".

    Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a Estados Unidos "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".

    Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con cifras oficiales.

     

  • De padrino de bodas de Ortega a denunciar un "estado de terror": qué hay detrás de la renuncia del juez Rafael Solís

    Rafael Solís era magistrado judicial, comisario político y asesor partidario sandinista. Además, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con su renuncia comienza a resquebrajarse el círculo íntimo del gobierno de Ortega y Murillo que hasta ahora parecía infranqueable.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

     

    MANAGUA, Nicaragua. 14 de enero del 2019- En 2005, un año antes de asumir la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega volvió a casarse con Rosario Murillo. Renovaron sus votos matrimoniales en la iglesia católica. Fue una reunión privada; solo fueron invitados amigos cercanos. En el acta de casamiento quedó registrado como padrino de boda Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, veterano militante sandinista y “comisario político” de la pareja presidencial en el sistema judicial.

    Catorce años después, en medio de la aguda crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, Solís renunció a todos sus cargos institucionales y políticos. Una bomba inesperada para sus ahijados matrimoniales. El padrino los ha abandonado porque no está de acuerdo con “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”.

    Rafael “Payo” Solís publicó su carta de renuncia el 10 de enero. La conmoción en Nicaragua fue inmediata y sus implicaciones todavía siguen aflorando: Es la deserción política más significativa que ha sufrido el sandinismo controlado por Daniel Ortega desde principios de la década de 1990, cuando los principales intelectuales y revolucionarios rompieron con el partido para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

    El exmagistrado Solís explicó en su carta de renuncia que no está de acuerdo con el “estado de terror” instalado por la policía y paramilitares y la falta de voluntad política de la pareja presidencial para encontrarle una solución dialogada al conflicto iniciado en el abril de 2018.

    “Presento mi renuncia inmediata e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a todos los cargos políticos incluida la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, expresó Solís en la misiva.

    La militancia sandinista de Solís superaba las cuatro décadas. Aparte de ejercer su cargo como magistrado y operador político en el sistema de justicia, era una voz pragmática y beligerante en las decisiones del Frente Sandinista. Era uno de los hombres indispensables de Daniel Ortega. La imprevista renuncia de un personaje de tan alto perfil evidencia el resquebrajamiento que ha comenzado a causar la crisis sociopolítica en el círculo íntimo del poder.

    “Es la deserción más importante en los últimos 20 años de vida política de Daniel Ortega”, le dijo a Univision Noticias Eliseo Núñez, exdiputado y jurista. “Es llamativo que Solís no solo renuncia como magistrado y a los cargos políticos, sino que también a la militancia sandinista. Es un reconocimiento de que el partido no es capaz de contener el capricho de dos personas por aferrarse al poder”.

     

    Artífice de la reelección de Ortega

    Entre los 16 magistrados de Poder Judicial, Solís era el más influyente pese a que la presidencia del tribunal mayor lo ocupa su correligionaria Alba Luz Ramos. Solís estuvo detrás de dos fallos judiciales que delinearon buena parte del presente político de este país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia liberó en 2009 al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control del Parlamento.

    Meses después y más controvertido aún, Solís fue parte del diseño del fallo que le permitió a Ortega reelegirse como presidente de la República, pese a que la reelección consecutiva estaba vetada por la Constitución Política. Solís se “arrepintió” por esta maniobra y aseguró “que fue un error haber permitido” la reelección de su ahijado de boda.

    “Es un golpe político ante todo. Y muy fuerte”, explicó a Univision Noticias Vilma Núñez, expresidenta del Poder Judicial y exmilitante sandinista. “Su declaración sale del seno, de las entrañas del poder, y contradice la versión oficial de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado”, aseveró.

     

    No es una renuncia cualquiera

    Solís lamentó que Ortega y Murillo no hayan tenido “sensatez y cordura” para proceder a una negociación política que derivara en el adelanto de elecciones como la mejor manera de superar la crisis pacíficamente.

    “Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, insistió el exmagistrado.

    Son palabras fuertes que no solo provienen de un leal, de un operador político y de un prominente funcionario público. Son las del Rafael Solís, padrino de bodas. Estos vínculos explican por qué la carta del exmagistrado ha causado un terremoto político en el aparentemente impermeable Frente Sandinista. Hasta ahora, la pareja presidencial no se ha referido a la dimisión de su padrino de bodas.

    “No es una renuncia cualquiera. No es lo mismo que renuncie alguno de los otros magistrados a que renuncie Rafael Solís. No es un disidente cualquiera. Se trata del asesor más importante y fundamental en las políticas del Frente Sandinista. Un hombre que estaba en el mero centro del poder”, aseguró a Univision Noticias el exvicencanciller de Nicaragua, José Pallais. “Esta renuncia genera dudas en la estructura del poder. Los desmoraliza. Los hace preguntarse si hay futuro”.

    Aunque el orteguismo sufre en silencio esta bomba política, algunos voceros oficiosos del gobierno han comenzado a tildar al exmagistrado de “traidor”. De hecho, la “purga” se ha extendido a jueces cercanos a Solís, quienes también son señalados de “cómplices de traición”.

     

    Poder Judicial sometido

    Solís hizo énfasis en la represión policial y paramilitar que ha dejado 325 muertos, más de 2,000 heridos y 565 presos políticos. Además, cuestionó la actitud presidencial de negarse al diálogo mediado por la iglesia católica para solventar la crisis.

    Sin embargo, lo más revelador de la misiva de renuncia es la apreciación de Solís respecto a los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos. Contrario a lo que promulga el gobierno de que son “golpistas y terroristas”, el exmagistrado sostiene que son en realidad “presos políticos”. Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca y parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los crímenes cometidos cometidos entre abril y mayo, dijo que lo que más le impresionó en Nicaragua “fue la falta de independencia del Poder Judicial”.

     “Comenzaron los juicios en su gran mayoría políticos aún conforme mi criterio, a una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un Poder Judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces a quienes defiendo porque no tenían más alternativas que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”, criticó Solís por su parte.

     

    Otra renuncia: el Superintendente de Bancos

    Menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Solís, otro funcionario del gobierno dimitió. Se trata del superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo.

    Las razones exactas de la renuncia del superintendente de Bancos no han trascendido, aunque se está a la espera que el Parlamento la ratifique. Urcuyo dimite en el momento álgido de la crisis económica tras las protestas. El sistema financiero de Nicaragua ha perdido más de 1,300 millones de dólares en depósitos y los créditos están semiparalizados.

    “Estoy seguro que los funcionarios más vulnerables se van a ir. Es decir, aquellos que tienen conexiones con el sistema financiero internacional debido a las sanciones económicas que podría aplicar Estados Unidos a través de la Ley Nica Act”, sostuvo el exdiputado Eliseo Núñez. “Es una mala lectura de Ortega pretender que sus allegados van a estar con él mientras se atrinchera al poder y se cierra ante una negociación política”, finalizó.

     

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