Indianapolis, Indiana. .
January 24, 2019

Enrique Pérez Quintana

AMLO sería el próximo presidente de México… si las elecciones fueran hoy. Después del segundo debate entre los cuatro candidatos a la presidencia no se había publicado una encuesta en la que se evaluara cómo son percibidos.

Las empresas periodística Grupo Reforma y el Grupo Radio Centro, publicaron una encuesta, como lo han hecho cada mes, en la que entrevistaron a 1200 ciudadanos con credencial de elector, entre el 24 y 27 de mayo, a los que preguntaron: Si hoy fuera la elección para Presidente, ¿por quién votaría?

La encuesta reveló que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aventaja a su más cercano adversario en una proporción de dos por uno, que lo consolida como el primero en las preferencias electorales.

El resultado de la encuesta indica que AMLO avanzó cuatro puntos, respecto del resultado de la encuesta de abril, cuando obtuvo el 48% y en mayo 52 por ciento.

En tanto el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya permanece en el segundo lugar, al retroceder cuatro puntos, respecto al resultado de abril, cuando obtuvo 30% de las preferencias electorales y en mayo el 26 por ciento.

Por su parte, según la encuesta, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se mantiene en el tercer lugar, avanzando dos puntos respecto de la encuesta de abril cuando obtuvo 17% de las preferencias electorales y en mayo el 19 por ciento.

La práctica de las encuestas con propósitos políticos en México tiene poco más de veinte años y en los procesos electorales no han sido precisos sus resultados, cuando los márgenes de preferencia entre candidatos son estrechos, o como se dice en la estadística, se registra un “empate técnico” que suele ser de más menos dos puntos.

Por eso llama la atención la diferencia proporcional registrada por la encuesta del Grupo Reforma, pues la diferencia entre los dos primeros candidatos de 52% de López Obrador contra el 26% de Ricardo Anaya, en términos estadísticos estaría indicando que la tendencia es irreversible, a no ser que algún fenómeno social o político, no percibido en este momento, alterara la tendencia que indica como futuro ganador de las elecciones del 1 de julio al candidato de Morena.

Faltan 30 días de campaña, pero la encuesta indicaría que el resultado de las elecciones ya estaría definido y parece que así lo entiende, para su conveniencia, AMLO quien ya pondera en su discurso de campaña, como si hubiera conseguido el triunfo y lo hace dando seguridad a sus detractores al decir que no tengan miedo, que va a haber un cambio, pero con justicia, que va a perseguir solo a los corruptos y que no habrá venganza, pero si justicia y todas estas expresiones mantienen en tensión al alto empresariado, con el que ha mantenido controversias.

El caso del empresario Germán Larrea, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, es ejemplo de la acción que algunos llevan a cabo.

Recientemente, mediante un texto publicado en redes sociales, sin mencionar a López Obrador, advirtió a sus empleados, colaboradores y accionistas de los riesgos para el país, en caso de que gane en las próximas elecciones un modelo “populista”.

Germán Larrea en su texto aseguró que eran legales las concesiones mineras, ferroviarias y carreteras que posee. “Les puedo afirmar y garantizar personalmente que no han sido producto ni de compadrazgo ni de corrupción, como afirma injustamente el candidato de Morena en referencia al régimen concesionado”. (Animal Político, 29 de mayo de 2018)

Sobre la sucesión presidencial en México, Larrea comentó que ha escuchado con preocupación propuestas como la estatización de empresas y la derogación de las reformas energética y educativa, lo que en su criterio llevaría al país a un retroceso de décadas y el retorno a un modelo económico que no ha funcionado.

 

A sus 41 años, el candidato del Centro Democrático es el aspirante más joven a la presidencia de Colombia en las elecciones de este domingo. A su favor cuenta con el apoyo del expresidente Uribe y su fiel electorado. Pero la clave de una eventual victoria puede radicar en cómo gestione este apoyo. De ser elegido presidente, promete cambios en el acuerdo de paz con las FARC.

JOSÉ FAJARDO

 

BOGOTÁ, Colombia. 25 de mayo del 2018- "Dijeron que yo era un pollo, pero ya se dieron cuenta que lo que aquí hay es un gallo de pelea". Al micrófono está Iván Duque, candidato de la derecha y favorito en las encuestas para convertirse en el nuevo presidente de Colombia. A su lado aplaude y saluda a las masas Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático a quien muchos en el país (dentro del propio partido y entre sus rivales) señalan como el verdadero líder de la campaña.

Es el último evento público antes de las elecciones de este domingo en las que se elegirá al sucesor de Juan Manuel Santos. La escena es importante: representa la influencia del expresidente, quien lejos de retirarse de los actos electorales tras convertirse en las elecciones al Congreso de marzo en el senador más votado en la historia de Colombia, ha sido una presencia constante al lado de Duque estos últimos meses.

Familias de los estratos altos de Bogotá (los barrios que están al norte de la ciudad, los más caros) y una amplia representación de la comunidad religiosa (católicos y evangélicos) se arremolinaban este pasado fin de semana en el parque El Tunal a las afueras de la capital. Entre un bullicio ensordecedor, mezcla de música vallenata, pitos y vítores, una pancarta se repetía: "Yo voto por el que diga Uribe".

La clave de la victoria de Duque radica en cómo gestione este apoyo, que puede ser la poción mágica que le dé fuerzas para obtener los votos necesarios y ganar en la segunda vuelta del 17 de junio (una victoria en primera vuelta, para lo que necesita obtener el 50% de las votaciones más una, parece imposible) o el talón de Aquiles que movilice a la izquierda contra él.

Uribe ha demostrado que controla un electorado por encima de los seis millones de personas en un censo electoral de más de 36 millones. Son los mismos que votaron por su candidato Óscar Iván Zuluaga en la recta final de las elecciones de 2014, los mismos que acudieron a las urnas con la papeleta del 'No' en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y los mismos que participaron en la consulta conservadora de marzo, donde Iván Duque fue elegido.

En una sociedad tan polarizada como la colombiana, tener al lado a Uribe puede ser negativo: su hermano Santiago fue detenido hace dos años por vínculos con paramilitares y gran parte de los movimientos progresistas vinculan el uribismo con la extrema derecha. Por eso, Duque se presenta como "un gallo de pelea" y no como "el títere de Uribe", como le bautizó la prensa colombiana. Por eso, siempre que tiene la ocasión él se desliga con disimulo de su partido. "Voy a hablar como ciudadano, no como miembro del Centro Democrático", me decía con insistencia en una entrevista en 2016.

"Iván Duque no es ningún títere", contesta a Univision Carlos Flores, coordinador de los grupos de jóvenes que apoyan al candidato en Bogotá. "Pero que una cosa quede clara: nosotros somos orgullosamente uribistas. Tras ocho años de Gobierno (del 2002 al 2010) el presidente Uribe dejó el cargó con uno de los índices más altos de popularidad. Ahora será el consejero de Duque desde el Senado", aclara.

A la cabeza de las encuestas

Si él mismo insiste en que es mucho más que el candidato elegido a dedo por Uribe, ¿quién es realmente Iván Duque? "Es alguien muy humano, un hombre paciente y cercano, le gusta escuchar los problemas de la gente. A pesar de su juventud (41 años), está preparado intelectualmente y es capaz de construir consensos y ofrecer soluciones", responde Carlos Flores, voluntario de su campaña.

Su capacidad de diálogo es una de las claves que le ha situado a la cabeza de las encuestas. Con un 35% de los apoyos en los últimos sondeos, saca más de 10 puntos al segundo, Gustavo Petro, con el 24%. Detrás de ellos están el Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle, del Partido Liberal.

Una de las mayores fortalezas de Duque es también su rasgo más criticado: su juventud. Nacido hace 41 años en Bogotá, a Duque le acusan de ser un novato, pues más allá de sus últimos cuatro años como senador, no tiene experiencia en política. "Gracias a eso no se ha contaminado de los vicios de la vieja política: el clientelismo y la mermelada. Él jamás recibirá votos como pago de favores", dicen desde su equipo. "Como no tengo rabo de paja, me acerco a la candela", añade el candidato en referencia a su lucha contra la corrupción.

"Es una persona joven, con una carrera política reciente, un hombre sin duda capaz e inteligente. Si llega a ganar las elecciones, espero que podamos tener sorpresas y eso le permita distanciarse de las ideas más nocivas del líder de su partido", le dice a Univision Iván Cepeda, senador de la formación de izquierda Polo Democrático, quien ha protagonizado distintos enfrentamientos (incluso en los tribunales) desde hace años con Álvaro Uribe.

Para los votantes más progresistas, Iván Duque resulta la opción "menos mala" dentro del espectro conservador. Él representó el sector más dialogante del grupo del 'No' que se opuso al acuerdo con las FARC. Fue entonces, un par de meses antes de que se celebrara el plebiscito de octubre de 2016, cuando de verdad empezó la campaña presidencial de quien es hoy favorito y que ya en ese momento, hace casi dos años, era considerado por la prensa local como "el delfín de Uribe".

Promete cambios en el acuerdo con las FARC

Su discurso sonaba mucho más fresco que el que mantenía el ala dura de su partido. Y tras la victoria del 'No' fue una de las voces de su bancada más dialogantes con el Gobierno. "Hay que reconocer la potestad institucional del presidente. Él es quien tiene la autoridad para negociar directamente con las FARC", dijo antes de que se firmara el acuerdo de paz a finales de 2016.

Mientras tanto, otras voces que se oponían al acuerdo de paz como el exprocurador Alejandro Ordóñez o el que fuera presidente y actual líder del Partido Conservador, Andrés Pastrana (ambos hoy en su equipo), se negaban a negociar con Juan Manuel Santos los puntos más polémicos.

"Es necesario un gran acuerdo nacional", es el mantra que repetía entonces Duque y es el lema que se ha convertido en el símbolo de su campaña. Aspira a crear una gran convergencia, una Colombia unida donde quepan "todos". Él se presenta a sí mismo como el defensor de "la voluntad del pueblo" y pese a que se opinía al acuerdo con las FARC, ahora defiende un país "en paz, pero sin impunidad".

Hay varios puntos del acuerdo firmado por Santos con Rodrigo Londoño, el jefe de las FARC, que Duque ha prometido cambiar si llega al poder. El más importante es que no acepta que los cabecillas de la guerrilla hagan política desde el Congreso sin pagar antes por sus crímenes. Considera a la JEP (Justicia Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes durante la guerra) como "un órgano de impunidad" y se niega a que el narcotráfico forme parte de la amnistía.

"Al principio dijeron que iban a hacer trizas el acuerdo de paz. Después corrigieron y aclararon que no lo querían destrozar. Pero en la práctica, si Duque sale presidente, van a hacer todo lo posible para debilitarlo hasta hacerlo inviable", opina el senador Iván Cepeda.

El problema de fondo es el mismo que provocó la guerra en Colombia a mediados del siglo pasado: la propiedad de la tierra. Una de las políticas de Duque es erradicar a la fuerza los cultivos ilícitos (hoja de coca, marihuana), lo que desencadenará protestas entre los campesinos que carecen de títulos de explotación y acuden a este trabajo ilegal porque es su único sustento.

"Si la paz fracasa, será un retorno muy lamentable al pasado. Muchos territorios que han vivido más de medio siglo en guerra han recuperado la estabilidad, pese a los fallos del proceso la violencia se ha reducido. Si Duque cumple sus promesas, es posible que los guerrilleros desmovilizados vuelvan a las armas y las conversaciones con el ELN se paralicen. Eso sería muy peligroso", advierte Cepeda.

¿Populismo de derechas?

Igual que Gustavo Petro se niega a hablar de izquierdas, Iván Duque rechaza el término de la derecha ideológica. Cita a iconos del liberalismo tradicional como el estadounidense Bobby Kennedy y se siente cómodo cuando le comparan con nuevos líderes de su generación como el español Albert Rivera, el francés Emmanuel Macron y el canadiense Justin Trudeau.

Abogado de formación, su fuerte es la economía: trabajó más de una década en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington e incluso colaboró con el gobierno de Santos como asesor económico, una etapa por la que los sectores más radicales de su partido le critican e incluso antes de ser candidato decían de él que era "el caballo de Troya del santismo".

Hay una anécdota de su campaña que define bien su perfil. 

 en referencia a su hija, en el que usaba estrategias virales (música emocionante de fondo, imágenes positivas de Colombia) para presentarse como el candidato ideal. "El día que puedas leer esta carta espero que vivas en un país mejor, sin luchas y sin bandos", decía. Este recurso ya había sido usado antes por otros políticos jóvenes cuya campaña se basó en el cambio como Barack Obama.

Su programa sigue al dictado las nuevas políticas neoliberales. Su prioridad es recortar la influencia del Estado en la economía y bajar los impuestos para alcanzar el crecimiento. Una de sus grandes apuestas es penalizar la dosis personal de droga (hasta ahora legal en Colombia) y apostar porque los jóvenes se enganchen a la economía naranja de las industrias creativas (cine, música, gastronomía) en las que se presenta como un experto (ha publicado dos libros sobre el tema).

Desde la izquierda lamentan que en un país tan desigual como Colombia, Duque vaya a favorecer a los que más tienen. "No es ningún secreto que pretende no sólo continuar sino profundizar en el modelo económico vigente con reformas tributarias que van a benefician a las grandes empresas y a los sectores en el poder, con un modelo basado en la extracción de petróleo y carbón y privatizando la salud y la educación", dice Iván Cepeda.

Distintos analistas han comparado a Duque con Petro porque ambos utilizan tácticas populistas para atraer al mayor número de votantes. "Duque parece de una corriente tecnócrata, pero el uribismo es altamente populista en el sentido de hacer una política de nosotros contra ellos, bastante desinstitucionalizada, bastante volcada a acomodar las reglas del juego para, claramente en el caso de Álvaro Uribe, quedarse en el poder", le dijo al diario El País el sociólogo César Rodríguez Garavito.

Colombia es hoy uno de los países más avanzados en Latinoamérica en cuanto a derechos igualitarios (matrimonio y adopción para parejas del mismo género), aborto legal en varios escenarios y la aprobación del uso de la marihuana medicinal. Uno de los grandes temores de la sociedad progresista es que Duque vaya a recortar las conquistas sociales logradas en ocho años con Santos.

La presencia de líderes de la derecha en el equipo de Duque como la candidata a vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, otra de las voces del 'No' contra el acuerdo de paz y exministra de Defensa con Uribe, hace creer a parte del electorado que el propio candidato es un político de derechas. La investigadora Cristina Torres, autora del libro 'Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia', va más lejos y califica en una columna en el diario colombiano El Espectador las propuestas de Duque como "un programa de ultraderecha".

Petro ha invertido grandes energías de su campaña en ahuyentar el fantasma del "castrochavismo", Vargas Lleras bajó en las encuestas al propinar un coscorrón a uno de sus escoltas, Sergio Fajardo no ha despuntado por no implicarse en los temas polémicos en un país tan polarizado y Humberto De La Calle ha sido prácticamente borrado de la terna por la inercia descendente del Partido Liberal.

El único incidente en el que se vio envuelto Duque estuvo relacionado con un par de tiras cómicas de Matador donde aparecía caricaturizado como un cerdito. El humorista gráfico, muy popular en Colombia, recibió cientos de amenazas, incluso una denuncia de un abogado próximo al Centro Democrático. Duque aprovechó para salir reforzado, abogando por "el derecho a la libertad de expresión".

Frente al resto de candidatos, Duque cuenta con una ventaja. No es el apoyo de Uribe ni su juventud ni su formación económica. Este as en la manga es su habilidad para no molestar a nadie. Su fortaleza radica en que sabe sortear las polémicas. Pero ese rasgo también le convierte en un enigma, es el mayor misterio entre los favoritos. Los colombianos decidirán este domingo si quieren saber cómo será realmente Iván Duque de presidente.

Mientras las autoridades cubanas analizan la caja negra del Boeing 737 que se estrelló el viernes en La Habana y tratan de identificar a las 111 víctimas mortales de la tragedia aérea, surgen cuestionamientos a la empresa mexicana Damojh, a la que Cubana de Aviación rentó el avión en medio de una crisis de mantenimiento y renovación de su flota. Mexico suspendió sus operaciones mientras se realiza la investigación.

UNIVISION

21 de mayo del 2018- Las autoridades cubanas tratan de identificar a las 111 víctimas y las dos únicas sobrevivientes se mantienen hospital de La Habana en un estado crítico, el sábado se anunció el hallazgo de la caja negra con la que podrán comenzar las investigaciones en las que participarán peritos y aseguradoras internacionales, según confirmó el ministro de Transporte Abel Yzquierdo.

Mientras surgen nuevas pistas de las causas del accidente, en los últimos días todas las miradas se han puesto sobre la empresa mexicana Damojh, también conocida como Global Air, a la que Cubana de Aviación había fletado el avión y a la tripulación, todos ellos de nacionalidad mexicana, que fallecieron en el accidente.

Este mismo lunes, las autoridades mexicanas suspendieron de forma temporal las operaciones de Global Air mientras se realiza una investigación de lo sucedido, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil.

De acuerdo con Aeronáutica Civil mexicana, Global Air será sometida a una "verificación extraordinaria mayor" con el objetivo de comprobar si la empresa cumple con todas las normativas requeridas y para "recopilar información" sobre el accidente.

Estas son las cuatro denuncias e incidentes protagonizados por esta compañía de aviación en los últimos años:

  1. En 2010, la compañía estuvo suspendida por más de un mes:

La medida se tomó por un aterrizaje de emergencia de uno de sus aviones el 4 de octubre de ese año en Puerto Vallarta "por una falla del tren de aterrizaje de nariz", según informó la SCT de México. La situación de emergencia provocó un fuego que fue apagado rápidamente sin provocar heridos. Entonces, Damohj fue sujeta de una verificación extraordinaria por la que sus actividades se suspendieron entre el 11 de noviembre y el 18 de diciembre de 2010, hasta que solventó los problemas detectados.

  1. Un piloto jubilado de Cubana de Aviación dice que se había recomendado no rentar más la compañía ni su tripulación:

Ovidio Martínez López dijo en un post en su cuenta de la red social Facebook que un avión rentado por la compañía cubana a la mexicana desapareció brevemente del radar en 2010 y 2011 a su paso por Santa Clara. Eso provocó la suspensión del capitán y el copiloto por las autoridades cubanas. Según Martínez, la autoridades de seguridad aérea recomendaron entonces a Cubana de Aviación que dejara de rentar aviones y la tripulación a Damojh.

  1. Un expiloto de Damojh, Marco Aurelio Hernández, demandó a la compañía en 2013 ante la Dirección de Aeronáutica Civil por la falta de mantenimiento de sus aviones, que suspendió temporalmente una de sus aeronaves:

En declaraciones al diario Milenio, el comandante de vuelo, quien aseguró haber pilotado el avión accidentado en Cuba en más de una ocasión, afirmó que durante sus años de servicio con la compañía mexicana se vio forzado a usar aeronaves con llantas ponchadas, voló por Sudamérica sin radar y tuvo vuelos con fallas importantes desde en el motor (en una ocasión que transportaba al club de fútbol Cruz Azul) hasta en el sistema eléctrico. El piloto también afirmó en esa entrevista que un inspector chileno les prohibió volar más en ese país por las anomalías que tenía una de sus aeronaves.

La Secretaria de Transportes de México confirmó que después de que el capitán Hernández presentara su denuncia en octubre de 2013, llevaron a cabo "una verificación mayor extraordinaria del 4 al 8 de noviembre de ese año y se suspendió una de las aeronaves hasta que se presentara la documentación para atender los requerimientos de la verificación, lo que ocurrió el 10 de enero de 2014".

  1. Guyana prohibió volar al avión accidentado en 2017:

Fue después de que el gobierno de ese país descubriera que la tripulación del Boeing 737-200 permitía sobrecarga de equipajes en vuelos hacia Cuba, según le confirmó el director de aviación civil de ese país, Egbert Field, a Univision Noticias.

Según Field, el Boeing 737, que volaba operado por la aerolínea de bajo coste hondureña EasySky, había realizado cuatro rutas a la semana entre Georgetown (Guyana) y La Habana desde de octubre de 2016 hasta que fue suspendida en la primavera de 2017.

Esa decisión se tomó después que las autoridades descubrieron que la tripulación cargaba cantidades excesivas de equipaje que podían poner en peligro la seguridad del avión. En una ocasión, las autoridades guyanesas localizaron maletas almacenadas incluso en el baño del avión.

Crisis de Cubana de Aviación

El accidente del Boeing 737 se produce además en medio de una crisis de la compañía Cubana de Aviación. El ministro de Transporte cubano ha reconocido que es habitual que esa aerolínea rente aeronaves a compañías extranjeras, algo que atribuyó al embargo estadounidense que impide a la aerolínea renovar su flota o comprar partes para hacer el mantenimiento.

Según explicó, Global Air era responsable del mantenimiento de las aeronaves. "Este avión (el accidentado) lo habíamos rentado hace menos de un mes. Conservamos toda la documentación donde se refleja que la tripulación estaba certificada y apta", apuntó.

Por su parte, las autoridades mexicanas han asegurado que la compañía contaba con los permisos vigentes para rentar sus areonaves y que en noviembre de 2017 había pasado el programa de verificación de mantenimiento. Sin embargo, este lunes, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México (DGAC) anunció la suspensión temporal de la aerolínea mientras realiza una nueva auditoría a Damojh "como parte de una verificación extraordinaria" para analizar las condiciones de la aerolínea y "recopilar información para coadyuvar con la investigación del lamentable accidente", informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en un comunicado.

Por otra parte, este lunes se conoció que Meigas Aviation Services, la empresa que dio origen a Global Air cuyo propietario es el español Manuel Rodríguez Campos, tiene dos registros en paraísos fiscales en Panamá y San Cristobal y Nieves, según reportó el diario El Universal. Univision Noticias pudo comprobar que el nombre de la empresa también aparece en los Panama Papers, la mayor investigación colaborativa de periodistas que reveló cómo escondían fortunas los ricos del mundo y personas de dudosa reputación.

Pese a todas estas pistas que apuntan a fallas anteriores de la aerolínea mexicana, expertos en aviación recomiendan esperar a la investigación oficial que podría tardar más de un año. "Los investigadores analizarán los restos del avión accidentado, el trayecto, analizarán el historial de la tripulación y del avión, el tiempo en el momento del accidente, el control aéreo, la situación en el aeropuerto...", le explica a Univision Noticia Frank Jackman, vicepresidente de comunicaciones de Flight Safety Foundation

Con la temática 'México en el mundo' y desde la ciudad fronteriza de Tijuana, el segundo debate entre aspirantes a la presidencia de ese país cumplió su cometido de ser histórico al permitir por primera vez la participación del público, lo que llevó a una conversación más fluida. No faltaron las acusaciones, pero en este encuentro hubo más intercambio de propuestas.

ISAIAS ALVARADO

TIJUANA, México. 21 de mayo del 2018– Muy cerca de la frontera con Estados Unidos, a solo unas millas del otro México, el que conforman 36.3 millones de personas que viven detrás del 'muro', los cuatro políticos que buscan convertirse en el siguiente presidente mexicano propusieron en un segundo debate defender y exigir un trato digno para los inmigrantes durante el gobierno de Donald Trump, proteger a los centroamericanos en su tránsito por territorio mexicano, así como atender las causas de la migración y el crimen.

Los cuatro aspirantes (esta semana renunció la única candidata, la independiente Margarita Zavala) se vieron las caras esta vez en un foro con formato inédito donde se habló de 'México en el mundo'. En el gimnasio de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana, discutieron con mayor agilidad que en otras ocasiones temas como: comercio exterior, crimen transfronterizo y derechos de los migrantes.

Los candidatos Andrés Manuel López Obrador, de la coalición izquierdista Juntos haremos historia; José Antonio Meade, de la coalición oficialista Todos por México; Ricardo Anaya, de la coalición Por México al frente; y el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, apodado 'El Bronco', intercambiaron sus ideas y propuestas a un par de millas del lugar en San Diego, California, donde el gobierno de Trump construyó los ocho prototipos del muro que pretenden separar definitivamente a México y EEUU.

"Lo primero que tenemos que hacer es despegarnos de los gringos y ponerlos en su lugar. Hablarle al presidente americano como se le habla a un presidente", dijo Rodríguez Calderón, el primero en tomar la palabra en este foro. 'El Bronco' aseguró que, de ganar la elección de este 1 de julio, hará acuerdos con Asia y Sudamérica, invertirá en el campo, generará empleos y se enfocará en las ciudades fronterizas.

"Tenemos que hablarle claro al presidente Trump", advirtió y agregó que "tenemos la capacidad de negociar y mercadear en cualquier parte del mundo".

López Obrador, por su parte, reclamó que los gobernantes de México no han tenido la autoridad moral para enfrentar al presidente de EEUU. "Si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía para que la gente no tenga la necesidad de emigrar", expresó.

"Trump va a tener que aprender a respetarnos", agregó el candidato de izquierda.

Al respecto, Meade dijo: "Cada vez que nos insulta, nuestros migrantes, su vida y su dignidad corren peligro. En mi gobierno no permitiremos ningún acuerdo que no esté basado en el respeto".

Al candidato oficialista le cuestionaron sobre su forma de actuar siendo titular de la Cancillería durante las duras declaraciones de Trump cuando era aspirante presidencial. Este aseguró: "Fuimos claros en hablar del racismo y la ignorancia".

Anaya, por su parte, mostró una posición más dura al respecto y mencionó que la reunión que hubo entre Trump y el presidente Enrique Peña Nieto cuando el mandatario mexicano lo recibió en su país "no solo fue un error, sino una humillación al pueblo de México". Por eso afirmó que él sí "va a ser un presidente que actúe con dignidad".

Parafraseando un escrito del historiador Enrique Krauze, expresó: "A los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta".

Los cuatro aspirantes sí coincidieron en algo, criticaron la construcción del muro que dividiría a México y EEUU.

La visita de Trump a México “no solo fue un error, sino una humillación”: Anaya en el debate

Un debate distinto, pero agresivo

El debate estilo town hall, involucrando por primera vez en la historia de este país la presencia y participación del público, fue moderado por los periodistas León Krauze, conductor de los noticieros de Univision en Los Ángeles, y Yuriria Sierra, de Imagen TV. Este formato les permitió interactuar con los candidatos y pedirles que precisaran algún punto en concreto. Únicamente 42 personas acudieron al foro y seis elaboraron preguntas a los aspirantes presidenciales.

Unos 400 estudiantes de la UABC siguieron de cerca este debate desde un teatro. Afuera de la universidad, decenas de simpatizantes de las tres coaliciones políticas se congregaron en esquinas distintas apoyando a sus candidatos. Varios policías estatales y federales los observaban de cerca mientras aquellos tocaban tambores, sostenían letreros y vitoreaban a sus representantes.

El Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de las votaciones en México, seleccionó los temas relacionados con la frontera tras encuestar a 1,200 personas. Como resultado, separó este debate en tres bloques temáticos: comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, y derechos de los migrantes.

Al desarrollar sus propuestas, los cuatro candidatos le guiñaron el ojo a los mexicanos en EEUU que ya obtuvieron una credencial del INE. Aunque parece que su participación no tendrá tanto peso. Si bien más de 500,000 mexicanos que viven en EEUU tramitaron la tarjeta, el número más grande desde que se estableció en 2006 el sistema que les permite sufragar desde el extranjero, apenas alrededor del 20% había logrado inscribirse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE), requisito indispensable para poder votar.

El Consejo Nacional Electoral anunció que Maduro resultó ganador con el 67.7% de los votos. Sin embargo, el presidente se reeligió con el nivel de abstención más alto de la historia democrática del país. Los candidatos opositores desconocen el resultado.

PEDRO PABLO PEÑALOZA

CARACAS, Venezuela. 20 de mayo del 2018- Nicolás Maduro resultó reelecto presidente de Venezuela, pero cayó derrotado ante su verdadero enemigo: la abstención. Con un índice de participación de 48%, el más bajo de la historia democrática de Venezuela, Maduro ganó unos comicios que diseñó a su medida y que han sido catalogados como "ilegítimos" por los candidatos de la oposición.

Con 92.6% de los votos escrutados, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció que Maduro tenía 5.8 millones de votos, mientras que su contendor más cercano, el opositor disidente del chavismo Henri Falcón, consiguió 1.8 millones de votos.

Según Lucena, en el proceso de este domingo votaron 8.6 millones de venezolanos, de un padrón electoral conformado por más de 20 millones de personas, lo que arroja una participación que no alcanza al 50%. Se trata del nivel de abstención más alto no solo de la historia democrática, que comenzó en 1958, sino que también es el más bajo que ha registrado el chavismo desde que figuró en su primera elección en 1999.

La victoria tiene un sabor amargo que compromete la legitimidad de una gestión que se extenderá por seis años más. Aunque aplastó a sus contrincantes opositores Henri Falcón y Javier Bertucci, el jefe de Estado fracasó en el intento de coronar su triunfo con una movilización masiva como la que prometió. La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a no sufragar en este proceso ante la ausencia de garantías, y más de la mitad del padrón electoral optó por no acudir a las urnas.

Al ver el resultado de este domingo en perspectiva: en los comicios de octubre de 2012 y abril de 2013 –convocados tras la muerte del fallecido Hugo Chávez– la participación se ubicó en 79%. La propaganda chavista recalcó este domingo que son una clara mayoría, pero menos de un tercio del padrón renovó su confianza en Maduro.

El gobernante venezolano se había propuesto alcanzar 10 millones de votos para sellar su reelección y silenciar los cuestionamientos a su gobierno desde el exterior y entre la propia oposición. Al final, apenas obtuvo poco más de la mitad y una cantidad incluso inferior a los 7.5 millones de votos que alcanzó hace cinco años y que lo convirtieron en presidente de Venezuela frente a su contendor, el exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles Radonski.

"No hubo elecciones"

Poco antes del anuncio de los resultados, Falcón rechazó el proceso y aseguró que no lo reconocía: "Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela", exigió. Propuso que se repitieran en octubre o en diciembre "sin ventajismos" y subrayó que la “perversidad” del gobierno impidió que se desarrollara un “proceso transparente y limpio”.

Junto a Falcón, el también aspirante opositor a la presidencia y pastor evangélico Javier Bertucci –que consiguió 925,000 votos– había anunciado que desconocería los resultados si quedaban "muy cerrados". "Lo más valiente que haría este gobierno sería repetir estas elecciones y él (Maduro) retirarse como candidato", dijo en una rueda de prensa.

Maduro celebró su reelección este domingo y la consideró un "récord histórico". "Nunca antes un candidato presidencial había ganado con 68% de la votación popular y nunca antes le había sacado 47% al segundo candidato", dijo ante miles de seguidores desde una tarima a las afueras del palacio presidencial de Miraflores.

El resultado de este domingo no es una sorpresa. A pesar de su baja popularidad, se daba por sentado que Maduro resultaría vencedor por la poderosa maquinaria electoral del chavismo –que utiliza los recursos del Estado para escalar– y por la ausencia en la oposición de un candidato entre los líderes más populares que se negaron a participar, están presos o tienen prohibición para postularse. Además, la coalición MUD llamó a los ciudadanos a abstenerse de votar para evitar legitimar nuevamente a un gobierno que catalogan de "dictadura".

El segundo encuentro entre los candidatos pautado para este domingo se llevará a cabo en la fronteriza ciudad de Tijuana y será el primero en la historia con presencia de público.

JANET CACELÍN

14 de mayo del 2018- CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo domingo 20 de mayo se celebrará el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de México en la ciudad de Tijuana, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y será el primero en la historia con presencia de público.

En el encuentro participarán los cuatro aspirantes a la presidencia: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición izquierdista Juntos haremos historia; José Antonio Meade, de la coalición oficialista Todos por México; Ricardo Anaya, de la coalición Por México al frente; y el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como 'El Bronco'.

Estos son los datos que necesitas saber para seguir el debate:

¿Dónde, cuándo y a qué hora?

El segundo debate se realizará en la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana a las 21:30, hora del Centro (22:30 ET), del domingo 20 de mayo.

¿Quién moderará el debate?

Esta vez habrá dos moderadores en lugar de tres, como ocurrió en el primer debate. Ellos son: el periodista y conductor del noticiero de Univision en Los Ángeles, León Krauze; y la periodista de Imagen TV Yuriria Sierra.

¿Cuál será el papel de León Krauze como moderador del segundo debate presidencial en México?

Además de administrar el tiempo y ordenar las intervenciones, los moderadores podrán interactuar con los candidatos, pedirles que precisen algún punto en concreto e intervenir en el momento que consideren necesario.

¿Qué temas se abordarán?

"México en el mundo" es el tema central que deberán abordar los candidatos. En este encuentro se incluyen problemáticas sobre seguridad fronteriza, combate al crimen trasnacional, derechos de los migrantes y comercio exterior.

El Instituto Nacional Electoral (INE) seleccionó estos temas luego de realizar una encuesta entre 1,200 personas en todo México. Los habitantes de la región norte del país mostraron interés en la relación con Estados Unidos y la seguridad pública.

La participación del público, la mayor novedad

Como una forma de garantizar la participación de los ciudadanos mexicanos, el INE aprobó la presencia de 42 personas como público y será la primera ver que podrán participar de forma presencial y activa en un debate presidencial.

El INE realizó 800 encuestas telefónicas para encontrar a 42 electores: cuatro mujeres y cuatro hombres de entre 18 y 24 años; nueve mujeres y nueve hombres de entre 25 y 44 años; seis mujeres y seis hombres de entre 45 y 64 años; y dos mujeres y dos hombres de 65 años o mayores.

Con las entrevistas, el INE procuró asegurarse de que los seleccionados no tengan definida la intención de su voto, estén inscritos en la lista nominal y que tengan el objetivo de ir a votar el 1 de julio.

Este segundo debate será el único de los tres en los que la participación de los ciudadanos será directa, en el primero sólo se aplicó una encuesta de opinión sobre el ejercicio y en el tercero la participación será a través de redes sociales.

¿Cuál será la dinámica?

El debate tendrá una duración de entre 90 y 100 minutos, y estará conformado por tres bloques temáticos, cada uno de los cuales tendrá dos segmentos.

El primer bloque será sobre comercio exterior e inversión, en el segundo se debatirá sobre seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional, en el tercer bloque el tema será derechos de los migrantes.

El primer segmento iniciará con una pregunta del público en 30 segundos y los candidatos deberán responder directamente a la persona que hizo la pregunta en un minuto. Al finalizar las respuestas, el moderador podrá hacer preguntas de seguimiento. Tendrán dos minutos para responder, pero su intervención no podrá exceder un minuto seguido. Durante las preguntas de seguimiento podrán ejercer réplicas o contraréplicas entre ellos de hasta 30 segundos.

El segundo segmento del primer bloque, se iniciará con una pregunta del público y seguirá con la discusión libre de los candidatos con moderación activa, en la que cada uno de los presidenciables sumarán dos minutos con intervenciones menores a un minuto.

La dinámica se repetirá en los siguientes dos bloques para que al final las intervenciones del público sumen seis.

¿Dónde se puede ver?

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Desde el fin de semana, al menos cinco entidades financieras identificaron transferencias no autorizadas. Los medios de ese país estiman que el robo puede ser hasta por 400 millones de pesos. El Banco Central del país dijo que su sistema no sufrió.

UNIVISION

14 de mayo del 2018- Un ciberataque millonario puso en alerta a todo el sistema financiero de México en las últimas horas, informó el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León. Al menos cinco bancos resultaron afectados cuando delincuentes transfirieron cientos de millones de pesos a cuentas falsas y después los retiraran en efectivo rápidamente.

"Todo apunta a que fue un ciberataque, (a que) fue un ataque del exterior de las instituciones, que perpetraron al interior de este sistema", dijo Díaz de León en una entrevista de radio al asegurar que el robo podría no haber concluido.

Aún no está claro de cuánto se trata. Pero los medios locales dan cifras que van desde los 200 millones de pesos hasta los 800 millones de pesos (40.4 millones de dólares).

Lorenza Martínez, directora general del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos de Banxico, explicó a Radio Centro cómo hicieron el robo millonario. "Se inyectaron algunas transacciones que no fueron reconocidas por el banco emisor (...) En algunos casos estas transferencias lograron llegar a un banco destino y retirarse a través de efectivo; en otros casos se identificaron y se puso en alerta al banco emisor", dijo.

Martínez se negó a explicar qué bancos había resultado afectados por el hackeo, pero señaló a la agencia Reuters que podría tratarse de unos cinco. Dijo además que cada institución financiera analiza su sistema para detectar si pudo haber complicidad de sus empleados en el robo.

Los ataques se centraron en el sistema de pagos electrónicos entre bancos. Ella explicó que para hacer transferencias los bancos se interconectan a través de sistemas propios o de un proveedor externo. Fue justo en esta fase en la que se detectaron los ciberataques. "Algunas de esas transferencias se lograron detener y se está en proceso de poder regresar los recursos", señaló.

Los medios mencionan entre los afectados a bancos como Banorte, BBVA Bancomer o Citibanamex. Sobre este último, el domingo hubo reportes de usuarios que aseguraban no poder retirar dinero en cajeros, ni pagar con tarjeta o hacer transferencias. El banco explicó entonces en su cuenta de Twitter que atendían "intermitencias en algunos de nuestros servicios de débito".

Las transferencias entre bancos mexicanos comenzaron a tener retrasos desde finales de abril. Ya entonces se temía que las fallas en el sistema pudieran explicarse en un ataque cibernético. Díaz de León aseguró en unas tres semanas podrían tener una explicación para lo ocurrido.

Mientras tanto el Banco de México (Banxico) anunció la creación de una nueva dirección de Ciberseguridad para fortalecer la protección de los datos que maneja el instituto.

De acuerdo con el Banxico, la nueva dirección tendrá por objetivo el establecer políticas y estrategias institucionales para la seguridad de cualquier tipo de información, ya sea reservada o confidencial; además, podrá acceder a cualquier área, registro y sistema, así como a cualquier banco de información de la institución bancaria.

El banco central informó que, hasta el momento, ninguno de sus clientes se ha visto afectado por el hackeo. Lorenza Martínez explicó que las transferencias afectaron solo las cuentas de las instituciones financieras en el banco central.

 

Mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzan comunicados a través de los medios estatales en los que dicen estar dispuestos a aceptar las condiciones impuestas por la iglesia católica para sentarse a dialogar, la policía y los grupos paramilitares continúan reprimiendo a los manifestantes. Solo en la última semana han muerto al menos cuatro personas y cerca de 200 han resultado heridas.

Por: Wilfredo Miranda Aburto 

MANAGUA, Nicaragua-. Cuando la noche de este sábado el presidente Daniel Ortega pidió “la paz” a través de una llamada telefónica que fue transmitida por los medios de comunicación estatales, la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros al sur de Managua, era un polvorín. Un encarnizado enfrentamiento entre manifestantes, policías antimotines y turbas del gobierno sandinista dejó un muerto y más de un centenar de heridos, de acuerdo a organismos de derechos humanos. Sin embargo, el mandatario no ordenó el retiro de las tropas y las fuerzas de choque de las calles.

En las más de tres semanas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que han dejado más de medio centenar de muertos, esta ha sido la tónica que ha impedido la realización del dialogo nacional en Nicaragua para buscar una salida a la crisis política: una represión sostenida a contrapelo del discurso oficial de “paz y diálogo”.

La noche del viernes se repitió el guion. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el gobierno aceptaba la mediación de la iglesia católica para entablar el diálogo nacional con los universitarios que han encabezado la protesta, y en el que también participarán el sector privado y la sociedad civil. Y dijo que su gobierno estaba dispuesto a trabajar en los cuatro requeimentos que los obispos les pusieron a Ortega y Murillo para comenzar las conversaciones.

Los religiosos exigieron al gobierno “permitir en el menor tiempo posible” el ingreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las muertes de las protestas; “suprimir los cuerpos paramilitares y las fuerzas de choque”; detener “de inmediato y de modo absoluto todo tipo de represión frente a grupos civiles que protestan pacíficamente y asegurar la integridad física de los estudiantes universitarios”. Y, por último, “respetar la dignidad y la libertad” de los trabajadores del Estado, quienes son obligados a asistir a eventos partidarios y contramarchas a favor de la pareja presidencial.

En su pronunciamiento del viernes, los obispos les dieron un plazo a Ortega y Murillo para responder si aceptan los cuatro “requerimientos” para el diálogo hasta el mediodía de este lunes 14 de mayo.

Pero, mientras Murillo, en respuesta a los religiosos, clamaba en cadena nacional por “el diálogo para alcanzar la paz”, la policía y las turbas de la Juventud Sandinista iniciaron un feroz ataque contra los manifestantes en las ciudades de Chinandega y La Concepción. Hubo decenas de heridos de balas. La represión entre la noche del jueves y el viernes causó tres nuevos muertos.


“Si es verdad que Daniel Ortega entendió la carta de hoy de los obispos, le pido que dé la cara en televisión y pare inmediatamente la violencia contra los jóvenes”, expresó aquel día el obispo Silvio Báez, la voz más crítica y beligerante contra la represión del gobierno de Ortega y Murillo.

"Juegan peligrosamente al cansancio"

Desde la sociedad, la violencia con la que se frenan las protestas pacíficas es vista como una falta de voluntad por parte del gobierno para dialogar. Para Azalea Solís, abogada constitucionalista y feminista, ese es el motivo por el que la pareja presidencial es esquiva a la hora de contestar a los requerimientos que los obispos les pusieron el viernes para iniciar el diálogo.

Para la constitucionalista, que ha estado involucrada en los grupos que se preparan para el diálogo como parte de la sociedad civil, el gobierno de Ortega y Murillo juega "peligrosamente al cansancio" para que la gente se demovilice y ruegue sentarse a la mesa de conversaciones.

“Apuestan a su tónica de siempre: buscar cómo manipular las cosas, apostar a una componenda que le permita, según ellos, saltar el bache, porque ven esta crisis como algo circunstancial y no como un rechazo a su forma de gobierno”, analizó Solís.

Por el momento, el único consenso que existe actualmente en Nicaragua es que un diálogo nacional es la salida ideal a la crisis política, que deja al menos 52 muertos y centenares de heridos. Sin embargo, materializar este intercambio ha sido imposible hasta ahora en medio de un clima de represión sostenida a las constantes protestas.

"Nadie quiere una salida en la que se destruya al país"

Carlos Tünnermann, analista político y exrector de la Universidad Nacional de Nicaragua, cree que hasta ahora la respuesta del gobierno ha sido ambigua: “Dicen que acogen los puntos de los obispos, pero son ambiguos. No se percibe un compromiso real”, dijo el también exembajador de Nicaragua en Washington.

Tünnermann advirtió a Univision Noticias que “la pelota” para arrancar el diálogo “está en la cancha de Ortega”. “Requiere voluntad política y él tiene que cumplirla. Porque todos queremos una salida pacifica. Nadie quiere una salida en la que se destruya el país como lo hizo Somoza”, afirmó Tünnermann.

Los universitarios y el resto de sectores han demandado al gobierno un diálogo nacional que aborde el tema de fondo que ha conducido a esta crisis política: el desmontaje del sistema autoritario para democratizar Nicaragua, cuya institucionalidad ha sufrido fuertes golpes en estos once años del régimen sandinista. Además, piden adelantar las elecciones para lograr un cambio de gobierno.

Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana (UAM), es uno de los candidatos por parte del estudiantado para participar en el diálogo. Pero su presencia ha sido rechazada por el gobierno. Medina le comentó a Univision Noticias que el régimen pretende que el diálogo se centre en temas “sectoriales” para soslayar el de la democratización del país.

 “Todos los grupos de la sociedad civil hemos acordado no discutir temas sectoriales sin antes abordar los puntos centrales del diálogo, que son las exigencias de justicia e institucionalidad”, sostuvo Medina. “La responsabilidad es del gobierno. Las cartas las tienen sobre la mesa. Se necesita una respuesta más categórica de su parte”, agregó, en referencia a los requerimientos de los obispos.

El analista Fabián Medina, quien también es jefe de redacción del diario La Prensa, enfatizó que a los Ortega-Murillo no les conviene un diálogo que “no puedan controlar y donde deban rendir cuentas”.

“Tampoco les conviene un escenario en el que organismos internacionales investiguen independientemente. A eso le tienen terror… Y las calles y la mayoría del pueblo la perdieron. Entonces su mejor escenario es uno de enfrentamiento armado”, comentó a Univision Noticias la tarde de este sábado, cuando se registraron enfrentamientos en la ciudad de Masaya.

Univision Noticias corroboró que la Policía Nacional está usando rifles de asalto para atacar a los manifestantes en conjunto con las turbas. Se reportan decenas de heridos y, hasta la publicación de artículo, se confirmó de un hombre muerto, quien recibió un disparo certero en la cabeza.

“Una minoría armada puede imponerse a una mayoría desarmada y sin entrenamiento. Por eso han empezado a sacar armas de guerra”, advirtió Medina en referencia a los antimotines y las turbas en Masaya.

 “¡Que el presidente Ortega dé la cara en televisión y explique lo que sucede en Masaya, que detenga las fuerzas represivas y muestre su voluntad de querer evitar un caos social!”, insistió por su parte el obispo Báez.

Para evitar el caos del que habla el obispos Báez, hay consenso de que la salida es el diálogo, pero que germine de manera positiva aún está por verse… Nicaragua sigue siendo un motín.

 

Por CNN

(CNN). 14 de mayo del 2018- En Jerusalén se llevó a cabo este lunes el acto de apertura de la embajada de EE.UU.. La administración Trump trasladó su sede diplomática en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo formalmente décadas de política estadounidense establecida y práctica internacional en un movimiento que, según las autoridades estadounidenses, creará una mayor estabilidad regional.
La hija del presidente Trump, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, estuvieron entre los invitados al evento. Trump envió un mensaje en video.

Los críticos dicen que la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital israelí podría hacer que una región que ya está luchando con cuatro conflictos en curso sea aún más convulsionada. Y argumentan que marca el final del papel de Estados Unidos como un "intermediario honesto" en las negociaciones entre israelíes y palestinos.

Al menos 41 personas han muerto durante las protestas en Gaza este lunes por la mudanza diplomática, dijo el Ministerio de Salud palestino.

El Ministerio dijo que más de 500 personas habían sufrido heridas.

El Ejército israelí arrojó panfletos sobre Gaza advirtiendo a las personas que no se acercaran a la valla que separa a Gaza de Israel.

Los candidatos que compiten en los comicios del próximo 1 de julio buscan seguridad adicional del Estado ante ola de violencia contra políticos.

JANET CACELÍN

CIUDAD DE MÉXICO. 8 de mayo del 2018- El cuerpo de Adiel Zermann fue encontrado sin vida en la calle el pasado fin de semana. Semidesnudo, con múltiples golpes, huellas de tortura y su propia camiseta atada al cuello. Tenía 39 años y era candidato del partido Morena a la alcaldía de Tenango del Aire, un municipio del céntrico Estado de México.

El de Zermann es el último de una larga lista de homicidios en contra de políticos, en una oleada de violencia registrada desde el pasado septiembre, cuando comenzó el periodo de precampañas electorales en México.

Los homicidios y agresiones continúan al alza, especialmente contra los candidados a cargos locales, pese a que existe un protocolo para garantizar su seguridad, implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación.

Según las cifras de la consultoría Etelekt, suman 90 políticos asesinados y más de 180 víctimas de agresiones directas, lo que ha convertido a este proceso electoral no solo como el que tiene más puestos en disputa (3,400) , sino también como el más violento en la historia del país.

En la lista se encuentran 22 precandidatos, 15 exalcaldes, 13 regidores, 13 militantes de partidos con distintos puestos, 10 alcaldes en funciones, siete dirigentes partidistas, cuatro candidatos, dos exregidores, un diputado local, un representante municipal, un exsíndico y un exdiputado federal.

De acuerdo con un informe sobre violencia política publicado en el mes de abril por Etellekt, el 69% de las víctimas fueron directamente asesinadas, mientras que 12 % fueron secuestradas y posteriormente halladas sin vida y con señales de violencia.

Un protocolo de seguridad solo para candidatos

El proceso electoral inició formalmente en septiembre de 2017 con los trabajos previos para que cada partido eligiera a sus candidatos. Pero no fue hasta el mes de abril cuando entró el vigor el Protocolo de protección personal para los candidatos.

El protocolo fue acordado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) para asignar seguridad adicional a cualquier candidato que lo solicite, que implica brindar vigilancia y seguridad en el domicilio, traslados y aeropuertos donde se encuentren los candidatos. El acuerdo también incluye seguridad para la familia, si se solicita.

 Sin embargo, por los tiempos en que se implementó el programa, no contempló a quienes participaron en el proceso como precandidatos, muchos de los cuales en meses pasados fueron violentados o incluso asesinados en su intento por obtener una candidatura.

El protocolo, que ya se había implementado en elecciones federales desde 2006, señala que, si el solicitante es un candidato a la presidencia, contará con seguridad adicional del Estado Mayor presidencial, así como de la Policía Federal. Por su parte, el resto de los aspirantes como aquellos que buscan alguna diputación, contarán solo con la protección de la Policía Federal y autoridades civiles.

Los aspirantes deben solicitar esta protección a través de la autoridad electoral, pero es la Segob quien autoriza o rechaza la petición. Hasta el pasado 30 de abril, el INE había recibido tan solo 17 solicitudes de protección para candidatos, de los cuales, dos aspiran a la silla presidencial.

El peligro de ser un candidato local

De los cinco candidatos a la presidencia, solo la independiente Margarita Zavala y el oficialistaJosé Antonio Meade se han apegado a este protocolo. Tanto el candidato Ricardo Anaya, como el izquierdista López Obrador y el Independiente Jaime Rodríguez ‘El Bronco’ rechazaron hacer una solicitud al señalar que “no tienen nada que temer”.

Sin embargo, la realidad para los candidatos locales del país es muy diferente. Según el informe de Etellekt, el 90% de las agresiones documentadas en su informe fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local.

Para el experto en seguridad nacional Javier Oliva, esta cifra se debe a que en los últimos años, el crimen organizado ha tratado de corromper y vulnerar, en principio, a los gobiernos locales.

“En México lo que está pasando es que las bandas criminales controlan territorios, son espacios de control. Entonces esos atentados son una forma de amedrentar, de garantizar o de rivalizar por el control del territorio”, señaló Oliva.

Según el informe, el 66% de los asesinatos contra políticos sucedieron en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Estado de México, que son en los que, en general, presentan mayores índices de violencia.

Por esta razón, Oliva considera que el nivel de seguridad que se ha ofrecido a los candidatos presidenciales, quienes de forma independiente tienen los medios para contratar seguridad, debería ofrecerse al mismo nivel a los locales. Sin embargo, señala que si todos los que ameritan pidieran seguridad, la capacidad del estado quedaría rebasado.

Zonas de alto riesgo

De acuerdo con Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, en especial en este periodo electoral, existen zonas focalizadas de alto riesgo como Durango, Guerrero y Oaxaca, pero sobre todo en Michoacán.

“El crimen organizado, y más en un periodo electoral, se hace sentir en las diferentes zonas para querer mandar sobre los gobiernos municipales. Por eso es muy importante una colaboración con la Segob. Nosotros lo que planteamos es trabajar en un protocolo de seguridad. A nosotros lo que nos toca directamente es resguardar la seguridad de los candidatos que entran en campaña”, dijo.

Asimismo, dirigentes de partidos políticos en diversos estados han realizado una serie de pronunciamientos para exigir la intervención de fuerzas federales. En el estado de Veracruz, el oficalista PRI y Morena solicitaron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) un pronunciamiento para que sea atendida esta ola de violencia, en específico en las comunidades de Ayula de Alemán y Acayucan.

De acuerdo con el informe de Etellekt, Veracruz ha sido el tercer estado más violento para candidatos, pues entre el 8 de septiembre de 2017 y el 8 de abril de este año, han sido asesinados ocho políticos, la mitad militantes del PRI.

Para el experto Javier Oliva, la implementación de un protocolo como el del INE y la Segob es el resultado de la ausencia de medidas preventivas suficientes para garantizar un proceso democrático sin la necesidad de incluir fuerzas de seguridad adicionales.

“En este momento estamos frente a medidas correctivas. Es decir, tratar de desmotivar a los criminales a partir de la presencia de personas armadas cerca de los candidatos, lo que da una clara idea de cómo se ha fracasado en las políticas de prevención del delito”, señaló.

 

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Te puede interesar...

  • Venezuela captura soldados amotinados después de que robaron armas y vehículos

    Por CNN

     

    (CNN). 21 de enero del 2019 — Las autoridades venezolanas han detenido a un grupo de soldados amotinados por robar armas de un puesto de avanzada de la Guardia Nacional, según un comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
    “Las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales informan al pueblo de Venezuela que, en la mañana del 21 de enero, aproximadamente a las 2:50 am (1: 50aET), un pequeño grupo de asaltantes asignados a la 43a Zona de Mando de la Guardia Nacional Bolivariana violó su juramento de lealtad al país y sus instituciones”.

    “Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad, están motivados por oscuros intereses de extrema derecha y son contrarios a las leyes elementales de disciplina militar, honor y tradiciones de nuestra institución”, añadió Padrino.

    La declaración continuó: “Los “delincuentes” robaron dos vehículos militares, robaron armas de fuego y secuestraron, bajo amenaza de muerte, a oficiales y dos miembros de la Guardia Nacional”.

    “Los delincuentes se rindieron y fueron capturados en la sede de la unidad de seguridad especial en Cotiza, en el municipio de Libertador”, agrega el comunicado. “Durante su detención, pudimos recuperar las armas robadas y en este momento, están brindando testimonio a los organismos nacionales de inteligencia”.

    “Aplicaremos todo el peso de la ley a estas personas”, concluye.

    La declaración dijo que el levantamiento había sido sofocado y que las instalaciones militares del país seguían funcionando como de costumbre, “todas nuestras unidades operativas, dependencias administrativas e institutos de educación están funcionando con una normalidad completa y absoluta”.

     

    Lo que sabemos de lo sucedido en Cotiza

    Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Venezuela el lunes acordonaron varias calles alrededor del comando de la Guardia Nacional, en Caracas, según Simón Rodríguez, periodista fotográfico de CNN en Español que está en la escena.

    Las autoridades están reaccionando ante varios manifestantes que tomaron las calles mostrando su solidaridad con un hombre que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional venezolana en un puesto de avanzada en Caracas que pidió la destitución del presidente Nicolás Maduro, en un video que ha circulado este lunes en las redes sociales.

    Las fuerzas de seguridad están tratando de controlar las protestas con gas lacrimógeno, pero más personas continúan uniéndose a ellas, informa Rodríguez.

  • La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

    La Acción Diferida de 2012 (DACA) se encuentra vigente por orden de los tribunales de justicia, quienes anularon la cancelación del programa ordenada por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. El beneficio protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.

    JORGE CANCINO

     

    22 de enero del 2019- La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

    Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

    Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

     

    Los dreamers aplauden

    “Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

    “Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

    Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

    “Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

    El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

    El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

    Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

    El plan de Trump para reabrir el gobierno: extender DACA y TPS (programas que él canceló)

    El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

    Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

    El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

    A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El fallo le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

    La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.

     

  • Trump dispuesto a legalizar a dreamers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    JORGE CANCINO

     

    Durante la alocución prevista para este sábado en la tarde, el presidente Donald Trump ofrecerá aceptar un plan para legalizar a los dreamers protegidos por DACA y restablecer los Estatus de Protección Temporal (TPS) eliminados durante su mandato, a cambio de que el Congreso le autorice los $5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.

    La información fue confirmada a Univision Noticias por fuentes familiarizadas con la oferta, que no estaban autorizadas para hacer una declaración pública y que conversaron bajo condición de anonimato.

    Se prevé que los fondos formarán parte del paquete de presupuesto de gastos de lo que resta del año fiscal 2019, un debate que fue suspendido el pasado 21 de diciembre y que provocó un cierre parcial del gobierno, dejando a más de 800,000 trabajadores federales sin salario.

    Trump argumenta el pedido de fondos y la construcción del muro a una situación de emergencia nacional en la frontera, donde miles de inmigrantes han llegado en los últimos años tratando de ingresar de manera indocumentada al país.

    Los demócratas, por su parte, responden que el mandatario fabricó la crisis para exigir fondos que le permitan cumplir con sus electores, y que el muro se ha convertido en su principal plataforma de campaña de reelección del 2020.

    Agregan que las oleadas de migrantes datan desde por lo menos 2014. Se trata de personas que huyen de sus países (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y se presentan en la frontera en busca de asilo.

    Las explicaciones, sin embargo, no son aceptadas por el mandatario, quien insiste en que los migrantes constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que la única manera de detenerlos es construyendo un muro. Y exige al gobierno de México que los contenga y evite que lleguen a la frontera.

    “México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México, pero ellos no pueden atravesar nuestro Muro, pero se necesitan muchos agentes de la frontera si no hay un Muro. ¡No es fácil!”, escribió esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    Al ser consultada por Univision sobre este escenario, Cristina Jiménez, la directora ejecutiva de la principal organización de dreamers, United We Dream, señaló: “Desconfiamos de lo que él (Donald Trump) ofrezca. Él ha causado mucho sufrimiento a nuestra comunidad. No podemos confiar en sus promesas y negociaciones. Tenemos mucho escepticismo porque ha creado mucho dolor en nuestra comunidad”.

     

    Qué dicen los demócratas

    La oposición demócrata fue sorprendida este sábado con la propuesta de Trump. A medida que se ha ido conociendo parte de la propuesta del mandatario, convocaron a reuniones a puertas cerradas para debatir una estrategia y encarar dos temas clave:

    Aprobar el presupuesto, incluyendo los $5,700 millones que exige el presidente, y reabrir inmediatamente el gobierno tras el cierre parcial que comenzó a primera hora del pasado 22 de diciembre.

    Darle a Trump el dinero para que levante el muro y cumpla su principal promesa de campaña, tema central de su reelección para el 2020.

    “No tenemos una postura a este momento”, dijo una fuente demócrata conocedora de las reuniones poco antes del anuncio del mandatario. “Queremos ver un compromiso de que el Presidente aceptará lo que el Congreso le envíe a su escritorio, no queremos que el Congreso debata lo que él quiere”.

    Otra fuente, que también pidió el anonimato, dijo que en el debate por el tema migratorio “no solo deberían estar los dreamers y los migrantes con TPS”, en referencia a los otros 9 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace varias décadas.

    Fuentes de la Casa Blanca dijeron que la propuesta del presidente sólo incluye DACA y “algo sobre el TPS”. No mencionaron al resto de indocumentados.

     

    La oferta no es nueva

    En enero del año pasado Trump utilizó la misma oferta para conseguir dinero para el muro, durante el debate del presupuesto de gastos del 2018. Pero en aquella ocasión los republicanos, que controlaban ambas cámaras del Congreso, no le dieron el dinero y los dreamers se quedaron sin estatus legal de permanencia.

    Los dreamers, sin embargo, advirtieron que el plan del Presidente es usarlos a ellos como moneda de cambio para construir el muro y fortalecer su política de tolerancia cero, incluida la fuerza nacional de deportaciones.

    Entre las medidas que temen los soñadores se cuenta la deportación de millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.

    “Quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a los otros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares, en el banquillo de las deportaciones”, dijo en aquella oportunidad Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

     

    La historia de DACA

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. El programa ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El 5 de septiembre de 2017 Trump ordenó la cancelación del programa y le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para aprobar una legislación que regularizara la permanencia de hasta 1.8 millones de dreamers.

    La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por el estado de Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno de Trump si no procedía a eliminar el programa.

    El 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco anuló la orden y dispuso el restablecimiento del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre, dictamen que le quitó la presión al Congreso para legislar sobre el tema.

    Otras tres cortes emitieron dictámenes similares, por lo que el programa sigue vigente. En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise las sentencias y decida sobre la legalidad de DACA, fallo que podría ser anunciado en el verano.

     

    Historia de los TPS

    En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

    La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

    La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

    Pasaron los meses y el 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

    El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

    El pasado 3 de octubre, un juez federal de San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de acabar con los TPS, y aseguró que la decisión del gobierno podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

     

  • Las bacanales de 'El Chapo' Guzmán

    Modelos colombianas, actrices y hasta una experta en rejuvenecimiento visitaban asiduamente al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus campamentos para realizar lo que una fuente describió a Univision como "brigadas de sexo y salud".

    GERARDO REYES

     

    18 de enero del 2019- Todo el mundo quedaba contento. 'El Chapo', porque se había acostado con una mujer bella. La mujer, porque ganaba buen dinero y el intermediario entre los narcos y la mujer porque se quedaba con un porcentaje no despreciable.

    Así resume Carlos el ciclo de un negocio del que fue un feliz beneficiario: la contratación de mujeres hermosas que una o dos veces al mes viajaban a los campamentos de Guzmán para satisfacer su desaforado apetito sexual.

    "Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente", relató. "Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera’".

    Carlos es el nombre ficticio de un hombre que estuvo en las entrañas de los carteles de la droga y que relató esta historia con la condición de no revelar su verdadera identidad. Univision confirmó con otras fuentes su participación en los carteles mexicanos y las conexiones con los colombianos. Carlos colaboró con el gobierno de Estados Unidos.

    Mientras recordaba con los reporteros de Univision sus años de aventuras con droga, dinero y mujeres, pasaba con su índice cientos de fotografías en su teléfono celular. Al encontrar las imágenes de las jóvenes, conocidas en Colombia como 'prepagos', celebraba con una sonrisa.

    "Esta estuvo allá, es modelo", comentó. "Esta es actriz", dijo al reconocer a una trigueña que trabajó en una narconovela.

    'El Chapo' las prefería colombianas, según él, no solo por su belleza sino por su dulzura y simpatía. La mayoría de las veces Guzmán no escogía la modelo con quien quería pasar la noche. Las deficientes comunicaciones en las áreas remotas donde se movía, dificultaban el envío de fotografías.

    Así que un grupo de mujeres y hombres proxenetas colombianos que se presentan como sofisticados 'mánagers' de la farándula y que son expertos en manejar los gustos de los narcos de su país, explicó la fuente, se encargaban de escoger a las acompañantes de Guzmán y de sus hombres de confianza.

    Según Carlos, el promedio que se le pagaba a cada visitante era de unos 10,000 dólares más los gastos de transporte desde Colombia hasta Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

    "Aunque había casos especiales de modelos muy costosas a quienes les pagan 20 o 25 mil", agregó.

    Sostuvo que los ayudantes de 'El Chapo' llevaban a las jóvenes a un rancho de maizales situado a unos 30 minutos de Culiacán. Allí las muchachas debían entregar sus teléfonos celulares y sus iPads antes de abordar las avionetas que las llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental, el inmenso refugio montañoso que Guzmán usaba con más frecuencia para esconderse.

    Todas pasaban por la prueba de nervios del vuelo de las avionetas de Guzmán a ras de los picos de los cerros y el espantoso aterrizaje en pistas de tierra muy cortas que terminaban en un pronunciado ascenso construido para desacelerar la avioneta.

    Guzmán tenía más de una docena de campamentos en la sierra. Los testigos los describen como construcciones sencillas que se mimetizan en sitios con abundante vegetación en medio del paisaje árido de la cadena montañosa.

    Los refugios, equipados con luz eléctrica, aire acondicionado, cocinas y cuartos muy austeros para huéspedes, señaló Carlos, estaban situados a una media hora o 45 minutos de las pistas de aterrizaje en cuatrimoto. Según lo han descrito testigos en el juicio que se realiza en contra de Guzmán en una corte de Brooklyn, estos escondites de paso estaban vigilados por un primer círculo de unos 200 hombres mientras que en el entorno cercano al capo se apostaban de 20 a 30.

    Las visitantes eran llevadas en cuatrimotos a los campamentos donde las esperaba una febril jornada de música, licor y sexo que podría extenderse durante dos o tres días, afirma Carlos.

    "Las muchachas se entretenían además disparando armas y manejando las cuatrimotos", dijo.

    El baile se hacía en palapas o kioscos abiertos, unas veces animado por bandas que tocaban los corridos preferidos de Guzmán y otra con equipos de sonido, agregó.

    Las modelos comentaban que 'El Chapo' sacaba provecho hasta el último minuto de sus encuentros sexuales, sostuvo Carlos. "Decían que no paraba en toda la noche".

    Al final de la jornada la advertencia a las mujeres era intimidante, recuerda Carlos: "Ustedes no vieron nada, no escucharon nada, esto nunca ocurrió en sus vidas", les decían.

     

    Las aventuras de 'Avatar'

    En los últimos ocho años, los hombres más cercanos a Guzmán fueron el colombiano Alex Cifuentes y el mexicano Dámaso López, conocido como 'El Licenciado'. Cifuentes, heredero de una familia que manejó la flota mercante más grande al servicio de los carteles de la droga, fue arrestado a finales de 2013. Negoció con la Fiscalía y declaró en el juicio en Brooklyn que se convirtió en la persona más importante del acusado.

    "No solo era su mano derecha sino la izquierda", dijo.

    Con el tiempo adquirió un marcado acento mexicano que lo hacía pasar por un local, explicó Carlos. Cifuentes participaba en las bacanales de la sierra, pero sin beber licor por cuanto sufre de una enfermedad del páncreas. 
    El colombiano conoció a una modelo colombiana con quien tuvo una hija. Univision intentó hablar con la modelo.

    Una mujer que se presentó como la madre de la modelo respondió que ella estaba trabajando en el exterior y al pedirle más detalles de su relación con Cifuentes explicó en un correo electrónico: "Nosotras no sabemos absolutamente nada ni queremos saber, por seguridad sabemos que eso lo manejan en el FBI’".

    Cifuentes contaba con otra mujer colombiana que se encargaba de reclutar modelos y de sus negocios personales. Su nombre, según su testimonio en la corte es Andrea Vélez Fernández.Carlos sostiene que los apellidos fueron invertidos en la corte. En su testimonio Cifuentes se refiera a ella como "mi secretaria".

    De acuerdo con Cifuentes, como Andrea tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México, Guzmán le pidió que organizara una reunión con algunas de ellas y un general del Ejército mexicano. La orden era ofrecerle un soborno de 10 millones de dólares al militar a cambio de "dejarlo a él (Guzmán) en paz", dijo Cifuentes.

    Si Andrea lograba convencer al "cachuchón", como se referían en los correos electrónicos a los líderes narcotraficantes al militar, ella recibiría un millón de dólares. Según Cifuentes el militar se negó. "El general odiaba mucho a Joaquín", declaró.

    Guzmán no creyó en esa versión, explicó Cifuentes. Comentó que Andrea era una mentirosa y ordenó que la mataran. Cifuentes admitió que estuvo de acuerdo con la decisión y se puso en la tarea de buscar a la persona que haría el trabajo. No solo para matarla a ella sino a un ayudante en Canadá llamado Steven Tello de quien 'El Chapo' sospechaba que estaba robándose dinero de la venta de drogas.

    Cifuentes dijo que se reunió con miembros de la pandilla Hells Angels para contratar al sicario. En medio de esa búsqueda fue arrestado en Culiacán el 12 de noviembre de 2013. Andrea y Tello se salvaron.

    Alex Cifuentes declaró en una corte federal que Guzmán ordenó la muerte de su asistente Andrea Fernández, luego de que no logró sobornar a un militar.

    Conocida como 'Avatar' por su parecido a la protagonista de la película, Andrea nació en Medellín, Colombia. Fue adoptada por una pareja de colombianos que ha vivido en el sur de la Florida. 'Avatar' trabajó como agente inmobiliaria en Miami.

    Por sus gestiones como asistente de negocios y placeres del cartel ganaba unos 5,000 dólares mensuales, afirmó Carlos.

    "Es una mujer de una personalidad muy fuerte, aguerrida, echada pa' lante, mal hablada, a veces metía cocaína que inhalaba en un cuchillo", recordó.

    Alrededor de 2013, vivía en el penthouse de un edificio de Polanco, en Ciudad de México, y trabajaba en una oficina de abogados cercana a su apartamento. La oficina estaba bajo la dirección de su novio, un abogado mexicano con "buenas conexiones" con el alto gobierno de México, dijo Carlos.

    Un residente del edificio dijo a Univision que no recordaba que en el penthouse hubiera vivido una mujer colombiana.

     

    Ampollas de juventud

    Otra de las asiduas visitantes a los campamentos de Guzmán era una mujer experta en terapias de rejuvenecimiento, afirma Carlos. Había hecho cursos en Europa de tratamientos antivejez que ponía en práctica con Guzmán.

    "Le aplicaba inyecciones en la cara y le cuidaba la piel, porque la piel de 'El Chapo' estaba siempre llena de picaduras de mosquitos, raspones por todos lados de cuando andaba en el monte", dijo Carlos.

    La misma mujer hacía brigadas de vacunación de los hombres de Guzmán.

     

    La reportera de Univision Investiga Peniley Ramírez contribuyó con este reportaje

  • ¿De qué crisis en la frontera habla Trump? Informes de su gobierno ponen en duda la necesidad de un muro

    Trump ha elegido la construcción del muro como el centro de su estrategia para 2020, tratando de repetir el éxito de 2016. Pero los números parecen estar en su contra.

    Por: JORGE CANCINO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    18 de enero del 2019- Seis semanas después de las elecciones de medio término, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump radicalizó su discurso con miras a la reelección del 2020. Y tal como sucedió en la campaña anterior, el eje central de su estrategia vuelve a ser la construcción del muro en la frontera con México.

    Trump les advirtió a los líderes demócratas del Congreso que estaba dispuesto a cerrar por largo tiempo una parte del gobierno si no le aprobaban, dentro de lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal, 5,700 millones de dólares para construir el muro.

    Trump argumenta que en la frontera hay una crisis que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y asegura que, si el muro no es construido como prometió a sus electores en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el crimen, la violencia y las drogas se ensañarán con los estadounidenses.

     

    Cierre parcial

    El 22 de diciembre terminó sin ningún acuerdo el plazo para la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso y el presidente cumplió su palabra y provocó un cierre parcial del gobierno federal que dejó a más de 800,000 empleados federales sin salario.

    “La seguridad fronteriza efectiva debe reducir dramáticamente la entrada de inmigrantes ilegales, criminales y drogas”, escribió el mandatario en una carta enviada al Congreso el 4 de enero. “Debe mantener fuera a los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y a aquellos que de otro modo serían inadmisibles bajo la ley. Y debe garantizar que quienes ingresan sin permiso legal, puedan ser devueltos a sus hogares de manera rápida y segura”.

    Desde el cierre del gobierno –y con más frecuencia que antes– el presidente se dedicó a tuitear sobre el tema. Entre el 22 de diciembre y el 16 de enero tuiteó 80 veces sobre la frontera, hablando de la crisis y acusando a los demócratas de estar en contra de la seguridad fronteriza.

     

    Tema de campaña

    Ese día (16 de enero) Trump despejó las dudas sobre la importancia del tema para la campaña del año 2020. “Cada vez es más obvio que los demócratas radicales son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur. # 2020!”, escribió en su cuenta de Twitter.

    Pero no todos ven con buenos ojos la estrategia. “Seguir con la retórica del muro solo le refuerza una base electoral que es extremista y que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, advierte Roberto Izurieta, director del departamento de política latinoamericana y campañas políticas de la Universidad George Washington. “Esa base extremista y minoritaria, con sus voceros -o expresiones en algunos medios o periodistas extremos-, parece que le es muy importante, al menos emocionalmente”.

    Izurieta agrega que, con este discurso, “Trump está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le de viabilidad a su gobierno y éxito político, entendiendo que ya tiene en mira la reelección presidencial del 2020”.

     

    Los números de la frontera

    Trump convirtió el tema del muro (que fue una de sus promesas electorales en 2016), en el centro del enfrentamiento con los demócratas con miras s 2020. Pero, ¿Es tan insegura la frontera como la presenta el presidente? ¿Entran cada año tantos criminales y drogas por ella como asegura la Casa Blanca? ¿Es la frontera abierta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?

    Son varios los estudios y los datos producidos por centros académicos de reconocida credibilidad y por entidades del propio gobierno que ponen en cuestión las afirmaciones del presidente. Comenzando por el flujo de inmigrantes que entran de manera ilegal al país y alimentan la población indocumentada.

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, actualmente viven en el país unos 10.7 millones de inmigrantes indocumentados. Entre 2007 y 2008 (el pico máximo) la cifra estimada era de 12.2 millones, una baja del 13%. Por tanto, la inmigración no autorizada en vez de estar aumentando, como afirma Trump, ha descendido. 

    Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS) “Las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos ha descendido de manera dramática en los últimos años. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera sur, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones en la actualidad. 

    Se podría pensar que la cifra de aprehensiones ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades. Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.

     

    Más seguridad que nunca

    Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Interna sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

    Según el reporte, el número de cruces no detectados ha caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación). 

    “La seguridad en la frontera suroeste es mayor que nunca”, asegura un artículo de FWD.us­, una organización integrada por directivos del sector de alta tecnología, entre ellos Google y Facebook, cuya misión es educar al público sobre las políticas de inmigración y las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. “El Congreso ha invertido millones de dólares en las últimas dos décadas para desplegar infraestructura, tecnología y personal para asegurar la frontera, y esta inversión ha dado resultados”.

    Y si quedaran dudas, el mismo reporte del DHS (publicado hace menos de un año, durante la administración Trump), dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas)”.

    “Hay más infraestructura, tecnología y agentes fronterizos en la frontera suroeste que en cualquier otro momento de la historia, lo que ha dado como resultado menores intentos de cruzar ilegalmente y mayor probabilidad de que sean detectados”, dice el artículo de FWD.us. 

     

    Un coladero de drogas

    Un argumento que ha utilizado el presidente Trump (y ha vuelto a utilizar, cada vez con más fuerza) es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras, como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dice un artículo reciente de The New York Times, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.

    Datos de la Patrulla Fronteriza muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisa en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados de la Unión Americana) viene por los puertos de entrada y no por la frontera abierta. 

     

    La criminalización de los inmigrantes

    Otro argumento ­–que el presidente suele acompañar con declaraciones dramáticas de personas afectadas– es que por la frontera entran todos los días cientos de criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses: lo que se ha dado en llamar la “criminalización de los inmigrantes”.

    En este aspecto, las cifras del gobierno también son muy dicientes. En el año fiscal 2018 (faltando solamente el mes de septiembre para consolidar las cifras), la Patrulla Fronteriza aprehendió un total de 361,993 migrantes que pretendían ingresar de manera ilegal al país. De ese total, solamente 6,259 (1.7%) tenían antecedentes criminales, y el delito que habían cometido era un ingreso ilegal al país o un DUI. Solo 3 habían sido convictos por homicidio, y solo 78 por agresión sexual.

    La Oficina de Operaciones de Campo (otra rama del CBP) detectó otros 10,572 migrantes con antecedentes criminales, que hacían parte de un grupo de 204,288 personas que trataron de entrar legalmente al país por los puertos de entrada (no por la frontera abierta) y fueron declaradas inadmisibles. Un caso más en el que funcionaron muy bien los controles existentes. 

    La “criminalización” que ha hecho el presidente no cobija solo a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, sino a todos los indocumentados (incluidos los que llevan años viviendo en el país). Si los indocumentados delinquen más que los nativos es un tema difícil de medir, como lo dice el artículo de The New York Times. Pero un estudio que cita el mismo diario, hecho por el Instituto Cato (de tendencia conservadora), muestra que en el caso de Texas (un estado con un número alto de inmigrantes), la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados es menor que la de los nativos estadounidenses.

     

    ¿Para qué sirve el muro?

    En un informe de marzo de 2018, la GAO (la Oficina de Contabilidad del Gobierno) fue muy crítica con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), porque según ella “no ha desarrollado métricas que sistemáticamente usen los datos que recopila para evaluar las contribuciones de las vallas fronterizas a su misión, tal y como lo recomendó la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) en su momento”.

    Y en uno más reciente, de julio de 2018 (producto de una auditoría realizada entre octubre de 2017 y junio de 2018),la misma GAO, refiriéndose a las obras realizadas en la administración Trump, dice que “procediendo sin una información adecuada sobre costos, bases de adquisición, y aportes de las vallas y la tecnología desplegadas anteriormente, el DHS enfrenta un gran riesgo de que el programa relacionado con el muro fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado, o no dé los resultdos esperados”.

    Esa puede ser una explicación del giro que ha dado el presidente en cuanto a la naturaleza del muro. De hablar de un gran muro de concreto –del que se hicieron varios prototipos–, el presidente a pasado a hablar de una barrera metálica, menos ambiciosa pero, según él, igual de efectiva. El cambio dio lugar a la aparición de lo que parecían ser memes que mostraban perforaciones en la barrera, por donde podrían colarse los indocumentados.

    En realidad, no se trataba de memes. Era un recordatorio de la inutilidad de una barrera ante la voluntad inquebrantable de muchos migrantes de entrar a este país. Y tiene sustento, de nuevo, en los informes de la GAO. En el ya mencionado de marzo de 2018, hablando de los altos costos de mantenimiento que tiene el muro fronterizo, la oficina dice que entre tales costos el mismo CBP incluye la reparación de las brechas en muros y puertas que “aumentan la posibilidad de los migrantes de entrar al país sin impedimento”. Entre 2010 y 2015 “el CBP reportó un total de 9,287 brechas en barreras pedestres”.

     

    ¿Y por qué lo apoyan?

    Además de su base, el presidente ha contado hasta ahora con el apoyo irrestricto de los republicanos en su idea de construir el muro. Una fuente republicana conocedora de las discusiones a puertas cerradas en el Congreso para presionar a la Casa Blanca a que acepte un presupuesto con una cantidad menor a los $5,700 millones que exige Trump, dijo a Univision Noticias, bajo condición de anonimato, que “los miembros del partido en la Cámara apoyarán al mandatario tanto como puedan y sus votantes no los presionen”.

    Agregó que en el lado demócrata “también hay divisiones”, y que hasta ahora las posiciones se mantienen “porque el pueblo, los votantes, se han mantenido en silencio y no están presionando lo suficiente”.

    El cierre del gobierno, sin embargo, puede cambiar todo. “Viene la temporada de impuestos y los aeropuertos todavía están funcionando. Pero cuando todo se afecte y tan pronto el público presione a sus congresistas, ahí vamos a ver un aumento de exigencias a la Casa Blanca. Ese será el punto de inflexión en esta crisis. Todos saben que esto no puede seguir para siempre”.

    A la pregunta respecto a si los republicanos apoyarían una declaración de emergencia del presidente para conseguir de esa manera los fondos para construir el muro en la frontera con México, la fuente dijo que “si bien se reconoce que Trump tiene el poder y la opción de declarar un estado de emergencia, muchos republicanos en ambas cámaras y fuera del Congreso no quieren eso, porque se puede tomar como un abuso de poder”.

     

  • Sube a 66 el saldo mortal de la explosión de un ducto de gasolina en México

    Otras 76 personas resultaron heridas, señaló este sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El incidente ocurrió en una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan en la que más de 600 personas se encontraban en los alrededores del ducto, de acuerdo con la secretaría de Defensa.

    UNIVISION

     

    19 de enero del 2019- Al menos 66 personas murieron tras la explosión de un ducto en una toma ilegal de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México.

    El hecho ocurrido en la tarde del viernes también dejó a 76 personas heridas, entre ellos un niño de 12 años, señaló el sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en una rueda de prensa.

    Entre 600 y 800 personas personas robaban con cubetas y bidones el combustible de un ducto perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ocurrió el siniestro, señaló el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Las autoridades tardaron horas en contener el incendio.

    Testigos citados por medios indicaron que tras la explosión, las llamas se elevaban a más de 20 metros de altura y que la onda expansiva afectó a decenas de personas que estaban recogiendo gasolina muy cerca de la vía que conecta a Teltipan con Tlahuelilpan.

     

    Mantendrán estrategia ante del 'huachicoleo'

    En las últimas semanas el gobierno mexicano lanzó una estrategia para frenar el robo de combustibles y desplegó a 3,200 agentes para proteger ductos y refinerías. También ordenó el cierre temporal de ductos, lo que generó problemas en la distribución del combustible y, en consecuencia, escasez.

    La toma ilegal de combustible, conocida como "huachicoleo", es una vieja práctica que le ha costado a Pemex miles de millones en pérdidas anuales.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el sábado en que seguirán evitando que haya una confrontación entre los miles de militares desplegados y los pobladores que buscan el combustible.

    "Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, creo en la gente y se que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va a también alejarse de estas prácticas", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

    El secretario de la Defensa Nacional relató que en el momento de la explosión había un equipo de 25 agentes en el área, pero habían decidido no intervenir en la toma ilegal de combustible porque se vieron rebasados por la multitud.

    “Es muy difícil detener 25 hombres a 600, 800 personas”, dijo Sandoval. “Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por esa cantidad de gente que está en frente de ellos. Es lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones".

    Durante la rueda de prensa matutina, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que "no cabe duda" que el incendio es la consecuencia de la toma ilegal de combustible.

    Desde hace al menos 10 años las autoridades mexicanas catalogaron el robo de combustible como una de las actividades ilícitas que ocasionaba más pérdidas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108,000 investigaciones por este delito, pero fue creciendo de forma exponencial pues en 2006 se abrieron 394 investigaciones y en 2018 aumentó hasta 31,000, según cifras del gobierno.

    Este problema generó pérdidas de 66,300 millones de pesos ($3,400 millones) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país.

    El presidente López Obrador ha señalado que estas prácticas se realizaban en complicidad u omisión de autoridades locales, por lo que grupos criminales podían perforar las tuberías que transportan cerca del 20% del crudo nacional. Este combustible robado es adquirido por diversas empresas e incluso gasolinerías, según reveló el propio gobierno.

    Esta actividad ilegal se inició en el llamado Triángulo Rojo, en el céntrico estado mexicano de Puebla, pero con el tiempo la práctica se extendió a otros estados. Actualmente los que lideran el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco e Hidalgo -donde justamente ocurrió la tragedia este viernes- de acuerdo el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

     

  • México les ofrece visas para transitar y trabajar, pero cientos de migrantes de la nueva caravana decidieron cruzar clandestinamente

    Es una imagen que dista considerablemente de cómo recibieron a los centroamericanos que llegaron en caravana hace apenas tres meses. Si en aquella ocasión estaba la policía en la frontera con escudos y gases lacrimógenos, ahora las autoridades mexicanas llevan a cabo un proceso ordenado. Sin embargo, cientos de migrantes decidieron saltarse el proceso y cruzar la frontera irregularmente por la noche.

    UNIVISION

     

    17 de enero del 2019- Cientos de migrantes del grupo de hondureños que salió a principios de semana de San Pedro Sula en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México, país al que cruzaron a través del paso de Tecún Umán.

    A diferencia del trato que recibieron los centroamericanos de la caravana que llegó a México a través de esa frontera en octubre de 2018 y que fueron recibidos con retenes y gases lacrimógenos y entraron a ese país entre empujones, en esta ocasión los migrantes pudieron acceder de manera segura y ordenada.

    El hambre y el cansancio impactan a los migrantes de la nueva caravana en su intento por llegar a EEUU

    El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en la noche del jueves que había registrado a 969 adultos migrantes y a 145 niños y adolescentes procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua como solicitantes de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

    Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cientos de migrantes del grupo que salió en caravana decidieron cruzar de manera clandestina a México ya que son escépticos con el plan que les ofrece el gobierno de esa nación, según informó la periodista Maya Averbuch desde esa frontera.

    Al cruzar en la oscuridad, los migrantes pretendían no tener que pasar el proceso establecido por México. Pero por el momento se desconoce si las autoridades mexicanas los obligarán a pasar el proceso del resto de migrantes o si los deportará de encontrarlos a lo largo del camino.

    La imagen distó considerablemente de la de la jornada del jueves cuando se procesó a los migrantes que ya llevaban un registro migratorio de su entrada a Guatemala. A ellos se les permitió cruzar a través del puente fronterizo y se les ofreció un brazalete que les permitirá el libre tránsito por territorio mexicano.

    En el municipio de Suchiate (México), las autoridades migratorias mexicanas los recibieron con agua y los registraron en el sistema y les dieron la pulsera con un código de barras que tiene la información de sus casos.

    Los migrantes tendrán que esperar cinco días para recibir la 'Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias' con la que podrán trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud. Según informó el INM, su objetivo es rebajar el tiempo de espera de los migrantes para conseguir ese documento que antes solía demorarse hasta 30 días.

    Mientras consiguen esa tarjeta, los centroamericanos podrán permanecer en el lado mexicano o guatemalteco de la frontera.

    Este jueves, muchos centroamericanos ya registrados por las autoridades mexicanas decidieron regresar a Guatemala puesto que el albergue del lado mexicano aún no estaba listo.

    Antonio, de 28 años, uno de los migrantes que consiguió este jueves el brazalete con el que le registaron en México fue uno de los que decidió regresar a Tecún Umán. Según le dijo a la agencia EFE, con esa pulsera podrá volver en cinco días para seguir con un proceso "humanitario" que le permitirá acceder a empleo y servicios de salud básicos en territorio mexicano.

  • Así es como militares y funcionarios de alto rango contribuían al robo de combustible en México

    De acuerdo con una investigación que realiza la fiscalía, al menos cinco funcionarios élite del gobierno ordenaban a sus agentes no informar al Ministerio Público de las tomas clandestinas que encontraban y además reportar el hallazgo de puntos falsos.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 16 de enero del 2019- La Procuraduría General de la República (fiscalía) inició una investigación contra cinco funcionarios de alto rango en el gobierno de México, dos de los cuales son generales que se desempeñaron como responsables de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente ordenar a sus agentes sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de los hallazgos que hacían.

    La existencia de esta investigación sale a la luz en medio de una serie de anuncios que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó para combatir el millonario robo de combustible en el paí s, un delito que se practicaba desde hace años con la complicidad de los propios funcionarios del gobierno, según señaló el mandatario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, en poder del diario Milenio los implicados son Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.

    También están sujetos a investigación el exgerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el exgerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva. De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.

    Pese a que existía una denuncia realizada por varios trabajadores de Pemex ante la fiscalía en marzo de 2017, los documentos no fueron tomados en cuenta para hacer una investigación hasta que inició la nueva administración del gobierno y su combate contra el robo de combustible.

    La denuncia fue presentada por el abogado Jorge García Andriano, en la que además se implica a funcionarios regionales de Pemex y militares pertenecientes a la comisión de seguridad de la paraestatal.

    En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado señala los delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas y encubrimiento por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física alterar el lugar e impedir que se averigüe la conducta delictiva de ciertas personas, con el argumento de que sí no hacían caso omiso, serían despedidos.

    Uno de los casos que conforma la carpeta de investigación es el del trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, quien solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado. También llegaron a ordenarle que sembrar tomas clandestinas en otros lugares.

    "Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informar a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

    Aunque la denuncia fue presentada en 2017, no fue hasta finales de 2018, luego del cambio de gobierno, cuando la fiscalía inició una investigación contra las personas presuntamente implicadas.

    Menos de un mes después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció la implementación de medidas para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, que ha derivado en una crisis de abastecimiento de gasolina en el país, pero también ha destapado los problemas de corrupción en Petróleos Mexicanos.

    En diversas ocasiones, A MLO ha señalado que se combatirá la corrupción en todos los niveles, incluido el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero que no habrá “show” ni se fabricarán delitos.

    “No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos, a todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos”, aseguró.

    De acuerdo con cifras del gobierno de México, el problema del huachicoleo ha generado pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018.

     

  • Avanza el nuevo grupo de migrantes camino a EEUU: cerca de 700 llegaron ya a Guatemala

    Según autoridades de Honduras, unos 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    UNIVISION Y AGENCIAS

     

    16 de enero del 2019- Un total de 709 hondureños que salieron el lunes de su país cruzaron ya la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

    El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.

    Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.

    Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente después de que la mujer no dispusiera de la documentación necesaria para que sus sobrinos pudiesen salir del país.

    Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.

    Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de los migrantes.

    La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.

    Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

    Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".

    Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a Estados Unidos "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".

    Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con cifras oficiales.

     

  • De padrino de bodas de Ortega a denunciar un "estado de terror": qué hay detrás de la renuncia del juez Rafael Solís

    Rafael Solís era magistrado judicial, comisario político y asesor partidario sandinista. Además, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con su renuncia comienza a resquebrajarse el círculo íntimo del gobierno de Ortega y Murillo que hasta ahora parecía infranqueable.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

     

    MANAGUA, Nicaragua. 14 de enero del 2019- En 2005, un año antes de asumir la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega volvió a casarse con Rosario Murillo. Renovaron sus votos matrimoniales en la iglesia católica. Fue una reunión privada; solo fueron invitados amigos cercanos. En el acta de casamiento quedó registrado como padrino de boda Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, veterano militante sandinista y “comisario político” de la pareja presidencial en el sistema judicial.

    Catorce años después, en medio de la aguda crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, Solís renunció a todos sus cargos institucionales y políticos. Una bomba inesperada para sus ahijados matrimoniales. El padrino los ha abandonado porque no está de acuerdo con “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”.

    Rafael “Payo” Solís publicó su carta de renuncia el 10 de enero. La conmoción en Nicaragua fue inmediata y sus implicaciones todavía siguen aflorando: Es la deserción política más significativa que ha sufrido el sandinismo controlado por Daniel Ortega desde principios de la década de 1990, cuando los principales intelectuales y revolucionarios rompieron con el partido para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

    El exmagistrado Solís explicó en su carta de renuncia que no está de acuerdo con el “estado de terror” instalado por la policía y paramilitares y la falta de voluntad política de la pareja presidencial para encontrarle una solución dialogada al conflicto iniciado en el abril de 2018.

    “Presento mi renuncia inmediata e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a todos los cargos políticos incluida la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, expresó Solís en la misiva.

    La militancia sandinista de Solís superaba las cuatro décadas. Aparte de ejercer su cargo como magistrado y operador político en el sistema de justicia, era una voz pragmática y beligerante en las decisiones del Frente Sandinista. Era uno de los hombres indispensables de Daniel Ortega. La imprevista renuncia de un personaje de tan alto perfil evidencia el resquebrajamiento que ha comenzado a causar la crisis sociopolítica en el círculo íntimo del poder.

    “Es la deserción más importante en los últimos 20 años de vida política de Daniel Ortega”, le dijo a Univision Noticias Eliseo Núñez, exdiputado y jurista. “Es llamativo que Solís no solo renuncia como magistrado y a los cargos políticos, sino que también a la militancia sandinista. Es un reconocimiento de que el partido no es capaz de contener el capricho de dos personas por aferrarse al poder”.

     

    Artífice de la reelección de Ortega

    Entre los 16 magistrados de Poder Judicial, Solís era el más influyente pese a que la presidencia del tribunal mayor lo ocupa su correligionaria Alba Luz Ramos. Solís estuvo detrás de dos fallos judiciales que delinearon buena parte del presente político de este país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia liberó en 2009 al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control del Parlamento.

    Meses después y más controvertido aún, Solís fue parte del diseño del fallo que le permitió a Ortega reelegirse como presidente de la República, pese a que la reelección consecutiva estaba vetada por la Constitución Política. Solís se “arrepintió” por esta maniobra y aseguró “que fue un error haber permitido” la reelección de su ahijado de boda.

    “Es un golpe político ante todo. Y muy fuerte”, explicó a Univision Noticias Vilma Núñez, expresidenta del Poder Judicial y exmilitante sandinista. “Su declaración sale del seno, de las entrañas del poder, y contradice la versión oficial de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado”, aseveró.

     

    No es una renuncia cualquiera

    Solís lamentó que Ortega y Murillo no hayan tenido “sensatez y cordura” para proceder a una negociación política que derivara en el adelanto de elecciones como la mejor manera de superar la crisis pacíficamente.

    “Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, insistió el exmagistrado.

    Son palabras fuertes que no solo provienen de un leal, de un operador político y de un prominente funcionario público. Son las del Rafael Solís, padrino de bodas. Estos vínculos explican por qué la carta del exmagistrado ha causado un terremoto político en el aparentemente impermeable Frente Sandinista. Hasta ahora, la pareja presidencial no se ha referido a la dimisión de su padrino de bodas.

    “No es una renuncia cualquiera. No es lo mismo que renuncie alguno de los otros magistrados a que renuncie Rafael Solís. No es un disidente cualquiera. Se trata del asesor más importante y fundamental en las políticas del Frente Sandinista. Un hombre que estaba en el mero centro del poder”, aseguró a Univision Noticias el exvicencanciller de Nicaragua, José Pallais. “Esta renuncia genera dudas en la estructura del poder. Los desmoraliza. Los hace preguntarse si hay futuro”.

    Aunque el orteguismo sufre en silencio esta bomba política, algunos voceros oficiosos del gobierno han comenzado a tildar al exmagistrado de “traidor”. De hecho, la “purga” se ha extendido a jueces cercanos a Solís, quienes también son señalados de “cómplices de traición”.

     

    Poder Judicial sometido

    Solís hizo énfasis en la represión policial y paramilitar que ha dejado 325 muertos, más de 2,000 heridos y 565 presos políticos. Además, cuestionó la actitud presidencial de negarse al diálogo mediado por la iglesia católica para solventar la crisis.

    Sin embargo, lo más revelador de la misiva de renuncia es la apreciación de Solís respecto a los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos. Contrario a lo que promulga el gobierno de que son “golpistas y terroristas”, el exmagistrado sostiene que son en realidad “presos políticos”. Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca y parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los crímenes cometidos cometidos entre abril y mayo, dijo que lo que más le impresionó en Nicaragua “fue la falta de independencia del Poder Judicial”.

     “Comenzaron los juicios en su gran mayoría políticos aún conforme mi criterio, a una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un Poder Judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces a quienes defiendo porque no tenían más alternativas que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”, criticó Solís por su parte.

     

    Otra renuncia: el Superintendente de Bancos

    Menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Solís, otro funcionario del gobierno dimitió. Se trata del superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo.

    Las razones exactas de la renuncia del superintendente de Bancos no han trascendido, aunque se está a la espera que el Parlamento la ratifique. Urcuyo dimite en el momento álgido de la crisis económica tras las protestas. El sistema financiero de Nicaragua ha perdido más de 1,300 millones de dólares en depósitos y los créditos están semiparalizados.

    “Estoy seguro que los funcionarios más vulnerables se van a ir. Es decir, aquellos que tienen conexiones con el sistema financiero internacional debido a las sanciones económicas que podría aplicar Estados Unidos a través de la Ley Nica Act”, sostuvo el exdiputado Eliseo Núñez. “Es una mala lectura de Ortega pretender que sus allegados van a estar con él mientras se atrinchera al poder y se cierra ante una negociación política”, finalizó.

     

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