Indianapolis, Indiana. .
March 20, 2019

City of Indianapolis Declares April 10 Financial Center First Credit Union Day

Indianapolis, Ind. – The City of Indianapolis has honored Financial Center First Credit Union by naming April 10 ‘Financial Center First Credit Union Day’. Signed by Mayor Joe Hogsett, the proclamation recognized Financial Center for its financial literacy and community outreach that resulted in the Indianapolis-based credit union receiving four national awards by the Credit Union National Association in February of 2018.

Recognition from the proclamation came as a result of Financial Center providing free financial education to over 3,000 in Central Indiana Hoosiers in 2017 and for its exclusive partnership to serve as the financial literacy partner of the Consulate of Mexico.  

“We thank Financial Center for their years of service to Indianapolis,” Mayor Joe Hogsett stated within the proclamation, “including its members, its employees, and the community at large.”

“Financial Center has always been focused on improving the financial lives of its members and the community we serve, but it is truly an honor to be publically recognized for our efforts by Mayor Hogsett and the City of Indianapolis,” said J. Kevin Ryan, the Credit Union’s President and Chief Executive Officer.

About Financial Center: Financial Center First Credit Union has been serving consumers who live or work in Boone, Brown, Hamilton, Hancock, Hendricks, Johnson, Marion, Morgan, Putnam, and Shelby Counties as well as other special groups for 65 years. Over 55,000 members take advantage of favorable deposit and loan rates as well as reduced fees by banking with the Indianapolis-based credit union. Financial Center is a not-for-profit entity that employs 145 people. Guided by a dedicated Board of Directors, Financial Center’s mission is to ‘Improve Members’ Financial Lives’. Learn more at www.fcfcu.com.                                                                                         

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  • Pentágono envía al Congreso una lista de proyectos que puede paralizar para financiar el muro

    Desde obras en emplazamientos militares en casi todos los estados hasta proyectos en bases de 23 países figuran en la lista de probables recortes que elaboró la Secretaría de Defensa, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares.

    UNIVISION

     

    19 de marzo del 2019- Desde el proyecto de una torre de control aéreo en Alabama hasta tanques de combustible para una base estadounidense en Australia podrían quedar sin presupuesto debido a la prioridad que el presidente Donald Trump ha dado a la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con un documento enviado este lunes por el Pentágono al Congreso.

    El secretario de Defensa encargado, Patrick Shanahan, identificó todos los proyectos que podrían verse afectados por la decisión del presidente Trump de utilizar hasta 3,600 millones de dólares en fondos de construcción militar para su muralla.

    El documento de 20 páginas enlista cientos de proyectos planeados en Estados Unidos y el extranjero, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares. Las obras que se paralizarían se encuentran en casi todos los estados y en bases de 23 países.

    En la lista figura, por ejemplo, un hangar para aviones no tripulados en la Base Aérea de Kunsan en Corea del Sur y una planta de tratamiento de aguas residuales en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

    Honduras es el único país centroamericano que está incluido en la lista. En la base área Soto se paralizaría la construcción de un cuartel.

    La peor parte de la lleva Puerto Rico. Ahí cinco bases militares quedarían sin financiamiento para la construcción de hangares, centros de mantenimiento de vehículos y un centro de entrenamiento.

    En una carta adjunta, funcionarios del Departamento de Defensa subrayaron que muchos de los proyectos contemplados en el documento no sufrirán recortes debido a que no se afectarán proyectos cuyos fondos ya fueron destinados, así como tampoco se perjudicará a temas como la vivienda para militares, aunque no especificaron cuáles quedarían exentos.

    El Pentágono ha dicho que no cancelará ninguno de los proyectos, pero las iniciativas no podrán continuar si no son financiadas por el Congreso.

    El teniente coronel Joe Buccino, vocero de Shanahan, dijo en una declaración citada en el diario The Washington Post que si el Congreso aprueba el presupuesto del próximo año a tiempo y según lo solicitado por la administración, todos los proyectos de construcción procederán según lo previsto.

    Pero la solicitud de presupuesto del presidente ya se ha topado con la oposición en el Capitolio, y los demócratas han rechazado la idea de "rellenar" las cuentas afectadas del Pentágono en el próximo presupuesto, lo que significa que algunos de los proyectos podrían enfrentarse a retrasos.

    Los demócratas que dominan la Cámara de Representantes creen que la iniciativa del Pentágono aumenta las probabilidades de que los legisladores anulen el veto de Trump la próxima semana, aunque serían necesarias las dos terceras partes en cada una de las cámaras, lo cual luce de momento improbable.

    Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la frontera sur, recurriendo a una ley que le permitiría canalizar otras partidas del presupuesto a la construcción de barreras y cumplir con su principal promesa de campaña.

    “Lo que el presidente Trump está haciendo es una bofetada para nuestro ejército y hace que nuestra frontera y nuestro país sean menos seguros”, dijo en un comunicado el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados citado por AP.

    “Ahora que los miembros del Congreso pueden ver el potencial impacto que esta propuesta podría tener en proyectos dentro de sus estados, espero que tomen esto en consideración antes de votar para invalidar el veto del presidente”, declaró Reed.

    Una portavoz del senador James Inhofe, republicano por Oklahoma y presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo que el documento “no es una lista de proyectos que sin duda resultarán impactados. Aseguró que Inhofe seguirá trabajando con las autoridades de defensa “para determinar proyectos que permitan el uso de las fuerzas armadas sin afectar negativamente los proyectos de construcción militar”.

  • ICE desclasifica documentos que revelan cómo vigilan redes sociales y localizan autos de indocumentados

    Miles de documentos y cientos de comunicaciones internas que desclasificó la agencia migratoria revelan que la vigilancia a través de un localizador electrónico de los lugares por donde ha pasado un vehículo, así como revisar las cuentas de Facebook, se han vuelto herramientas útiles para detener a indocumentados (criminales o no) durante el gobierno de Trump.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 17 de marzo del 2019– El sueño que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) acarició desde hace varios años se hizo realidad el 22 de diciembre de 2017, cuando consiguió un contrato que permitió a más de 9,000 agentes tener acceso al sistema que registra los movimientos de cualquier vehículo en decenas de ciudades de Estados Unidos, facilitando así la búsqueda, detención y deportación de sus objetivos: indocumentados con y sin antecedentes penales.

    "¡Buenas noticias!", celebró el supervisor de detenciones y deportaciones de la oficina de ICE en San José, en el norte de California, en un memorando que envió a los agentes bajo su cargo el 8 de febrero de 2018. En ese correo electrónico les notificó que en los siguientes días recibirían códigos para entrar al polémico sistema que reúne información de placas de auto (LPR) gracias a un contrato de 6.1 millones de dólares con la empresa de seguridad tecnológica Vigilant Solutions.

    Este email y cientos más redactados por oficiales de ICE entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018 son parte de los miles de documentos que la agencia federal desclasificó y entregó a la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU) por una demanda que le exigió revelar los detalles del programa.

    Dichas comunicaciones internas revelan desde un desesperado interés por tener acceso a cientos de millones de datos que le ofrecía Vigilant Solutions, cómo sus agentes migratorios ya pedían la localización de autos de fugitivos a policías locales antes de tener tal contrato y hasta advertencias de evitar que los indocumentados supieran sobre ese método de operación.

    "Publicar que ICE está utilizando el acceso a una base de datos de Lectura de Placas de Auto (PLR), casi de inmediato disminuiría su efectividad como herramienta para el cumplimiento de la ley. Una vez que las personas que ya intentan evadir a las fuerzas del orden se dan cuenta de las capacidades de vigilancia adicionales, están mucho más dispuestas a tomar medidas proactivas para evitar la detección", alertó un jefe de unidad de ICE en un memorando con información "sensible" y con fecha del 7 de diciembre de 2017, solo dos semanas antes de firmar el acuerdo con Vigilan Solutions.

    El sistema que dicha compañía vende a las agencias del orden recopila cada día millones de registros de placas de auto a través de múltiples cámaras con lectores que ha colocado en las 50 ciudades más pobladas del país. Están en patrullas, casetas de peaje, puentes, letreros de carretera, grúas y un largo etcétera.

    Solo basta que un oficial coloque el número de placa del vehículo en una página de Internet restringida para recibir 'un mapa' de los lugares, fechas y horas por los cuales pasó ese auto en cierto período. Así los detectives obtienen información que facilita la vigilancia y el arresto del individuo en su mira.

    ICE explicaba en un email el 11 de diciembre de 2017 que esta táctica le permite rastrear los patrones de conducta del fugitivo y planificar los arrestos en lugares donde hay menos riesgos. "Por ejemplo, lejos de la casa de un sujeto si se sospecha que hay niños o armas en la vivienda", precisó.

    Este método de vigilancia que parece sacado de una película también ofrece a los agentes que buscan indocumentados la posibilidad de crear una 'Lista de Alerta' hasta con 2,500 placas que consideren una prioridad y recibir durante un año avisos a sus celulares inmediatamente después de que esos vehículos pasan frente a un lector PLR, según los emails que la dependencia le dio a ACLU.

    En ese caso, bastaría que el oficial tome su teléfono para saber dónde está la persona que busca.

     

    "Espero que puedas usar tu magia para mí"

    Entre los casi 2,000 documentos que ICE desclasificó se encuentran varias conversaciones por Internet entre uno de sus agentes y un detective de la Policía de La Habra, en el sur de California, las cuales exponen que el sistema PLR y las redes sociales se volvieron útiles en sus investigaciones.

    El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de ICE, le pidió varias veces a su amigo en el Centro de Inteligencia del condado de Orange, que le proporcionara datos sobre los movimientos de vehículos. Lo contactó unos años antes y meses después de que ICE lograra el contrato con Vigilant Solutions. Esa colaboración, valga la aclaración, violaría la ley de estado santuario SB 54.

    "Necesitamos encontrar a un pandillero registrado de la MS-13 (Mara Salvatrucha). Fue visto por última vez conduciendo un auto (se ocultó la descripción) ¿Podrías buscarlo lo antes posible?", mencionó en un correo electrónico que envió el 19 de marzo de 2018.

    Un mes después, durante dos días consecutivos, el investigador del HSI le solicitó ayuda para localizar tres automóviles más. "Hoy debe ser el día de los pedidos sobre placas", bromeó el agente federal, quien hizo decenas de solicitudes similares entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018, de acuerdo con los emails exhibidos por ACLU.

    Las comunicaciones siempre se desarrollaron en un tono de camaradería. "Espero que puedas usar tu magia para mí (otra vez) y me digas donde está este criminal :)", le escribió el 12 de abril de 2016.

    Ya el 11 de marzo de ese año le había pedido todos los detalles sobre los sitios por donde habían pasado cuatro autos compactos y tres camionetas SUV. "Estamos llevando a cabo una redada contra pandillas y la ubicación de estos vehículos nos ayudará a ubicar a los pandilleros", explicó.

     

    Hurgando en las redes sociales

    Ese policía de La Habra fue su mejor aliado: siempre le entregó la información que le pidió su amigo, respondiéndole incluso en medio de reuniones, entrenamientos o cuando ya finalizaba su turno. A veces solo le comunicó que los autos estaban estacionados o que había pocos detalles disponibles.

    "Me da gusto que tengas acceso (al sistema de Vigilant Solutions), pero me agrada que todavía me necesites de vez en cuando :))))", le respondió el policía en un email el 15 de febrero de 2018.

    "¿Por qué disculparte? No lo necesitas hacer. Todos tenemos trabajo por hacer. Estoy aquí para ti :)", le dijo en un mensaje el 10 de mayo de 2016, en el cual le envió datos sobre un par de vehículos.

    Al compartirle ciertos detalles de una investigación criminal contra un pandillero, el oficial del HSI terminó revelando cómo la dependencia revisa las redes sociales de sus objetivos.

    "He intentado, sin éxito, identificar a un nómada (como le dicen a los miembros de alguna banda de motociclistas) de los Vagos", describió el agente en un email enviado el 4 de octubre de 2017. En otro proporcionó varios datos personales del fugitivo. "Su página de Facebook no muestra mucho, pero la página de su hija tiene una foto reciente de los dos con fecha del 23 de septiembre de 2017", dijo.

    Cada vez más, ICE y otras agencias del orden revisan las redes sociales de individuos bajo su lupa y hasta obtienen órdenes judiciales para espiar sus comunicaciones privadas. Aprovechando ese método en cinco investigaciones contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en los últimos años, lograron el arresto y enjuiciamiento de 71 miembros y asociados de la banda en California, Maryland y Virginia.

     

    Más de 9,200 agentes revisando placas de autos

    Para el 22 de febrero de 2018, después de casi 20 sesiones de entrenamiento que ofreció Vigilant Solutions, 8,752 agentes de los equipos de búsqueda de fugitivos de ICE, así como investigadores de HSI, tenían acceso a la base de datos que rastrea vehículos.

    Un mes después, como resultado de sus constantes operativos, el número de usuarios subió a 9,209. Estas cifras se revelaron en una conversación por email que tuvo un empleado administrativo de ICE y un gerente de atención al cliente de Thomson Reuters Special Services, propietaria de Vigilant Solutions.

    "Yo creo que el número se ha incrementado basado en la actividad que he visto y escuchado en campo", escribió ese funcionario en un correo que envió el 29 de marzo de 2018 para pedir una cifra actualizada de los usuarios del nuevo programa. "Sé que mañana es Viernes Santo y esta solicitud no está en el espíritu de la Pascua, pero agradezco cualquier ayuda", concluyó.

    El gerente respondió enviando una lista de códigos que confirmaba que ya la gran mayoría de agentes de ICE le sacaba provecho al sistema PLR y se despidió de esta manera: "Imagina que la lista está cubierta de brillantina.

     

    ¡Felices Pascuas!".

    En otro mensaje con fecha del 10 de mayo de 2018 se compartió material de capacitación incluyendo un mapa interactivo que indica qué policías municipales usan el sistema Vigilant Solutions y hasta tiene una guía con instrucciones "paso a paso" y con fotos que explican cómo pueden solicitarles información sobre fugitivos en su mira.

    "Estamos entusiasmados con los datos adicionales que ahora pueden estar disponibles para ICE", señalan en el memorando.

    Según Vasudha Talla, la abogada de ACLU que obtuvo estos documentos, los oficiales de ICE no solo le sacan provecho a más de 5,000 millones de datos sobre ubicaciones de vehículos, los cuales se originan de lectores en las 50 ciudades más pobladas del país, sino que también recibe 1,500 millones de datos adicionales de 80 agencias del orden, algunas de las cuales patrullan en 'ciudades santuario'.

    "La gran preocupación de ACLU por los riesgos de las libertades civiles debido a los lectores de placas adquiere mayor urgencia, ya que esta información de vigilancia alimenta la máquina de deportación de ICE", advirtió Talla.

    Entre las comunicaciones internas de la dependencia también hay detalles sobre cómo manejó las solicitudes de la prensa antes y después de que obtuvo el contrato con Vigilant Solutions.

    "A pesar de mis mejores esfuerzos para disuadir a esta reportera de NPR de este artículo, ella lo está haciendo y tiene varias preguntas", escribió un vocero de ICE en un correo electrónico que envió a sus superiores el 15 de febrero de 2018, cuando ya cientos de agentes migratorios habían recibido un entrenamiento para localizar los vehículos de sus objetivos.

    "Recomiendo que respondamos las preguntas, pero rechacemos la entrevista grabada porque no veo ninguna ganancia", aconsejó el portavoz en el email.

     

    El acceso al sistema es limitado, afirma ICE

    Según ICE, es mentira que todos sus agentes tengan acceso libre al sistema de Vigilant Solutions.

    "ICE limita el número de usuarios que pueden acceder al servicio de datos LPR y garantiza que solo aquellos que necesitan datos LPR para propósitos relacionados con la investigación puedan acceder a la base de datos", afirmó la agencia en un comunicado enviado a Univision Noticias.

    "Cualquier empleado de ICE que haya accedido al sistema sin autorización o que haya utilizado la base de datos de manera inapropiada puede ser disciplinado, lo que puede incluir la revocación del acceso a la base de datos, la suspensión o el despido", agregó la dependencia.

    Por otro lado, negaron que estén elaborando su propia base de datos con la información que les vende Vigilant Solutions y aseguraron que no toman acciones contra ninguna persona basándose únicamente en la información obtenida de dicho servicio.

    "Como la mayoría de las otras agencias del orden, ICE utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para respaldar sus investigaciones", precisó.

     

  • Detalles no revelados en el juicio de 'El Chapo': brujería, memes y sobornos de la DEA

    Diez temas no fueron tocados en el mediático proceso judicial contra el líder del cartel de Sinaloa por ser ajenos al tráfico de drogas, porque la Fiscalía los consideró potencialmente dañinos para sus testigos y además porque hicieron lo posible para no ventilar las fallas y corrupción del gobierno estadounidense.

    ISAIAS ALVARADO

     

    19 de marzo del 2019- Un mes después de que el capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable de 10 cargos por narcotráfico en una corte federal en Brooklyn se ha revelado información sobre testigos clave que hasta ahora se conoce porque la Fiscalía la bloqueó para que sus declaraciones no perdieran credibilidad.

    Detalles sobre encuentros sexuales con niñas drogadas, golpizas a sus parejas, intentos de homicidio, prácticas de brujería, lecturas sobre seres extraterrestres y hasta memes que se enviaban sicarios del cartel de Sinaloa fueron publicados recientemente por el juez Brian Cogan a petición de dos medios de comunicación.

    A lo largo del mediático juicio de 'El Chapo', los fiscales impidieron también que el jurado supiera sobre un supuesto soborno que recibió en un restaurante el expresidente Enrique Peña Nieto, las fallas de la infame operación 'Rápido y Furioso' que trataba de seguir el rastro de armas compradas por carteles, así como acusaciones de corrupción contra la Administración para el Control de Drogas (DEA).

    La defensa reclamó que tantas barreras le ataron de manos, derivando en la convicción de su cliente, quien ahora enfrenta una sentencia a cadena perpetua. "Su juicio fue una inquisición diseñada para mostrarle al mundo las virtudes del sistema de justicia estadounidense", declaró Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, quien aseguró que siguen revisando cómo pedir que el jurado sea interrogado por presuntamente revisar en Internet información sobre el acusado durante el proceso judicial (lo cual no estaba permitido).

    El primer testigo estrella de la Fiscalía federal, Jesús 'El Rey' Zambada,aseguró que una de sus funciones como lugarteniente del cartel de Sinaloa hace una década era repartir sobornos a funcionarios federales en la Ciudad de México para que estos no interfirieran en las actividades de la organización.

    Según Zambada, una vez le entregó 6 millones de dólares en un restaurante al expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo mandato terminó en diciembre.

    Este alegato se mencionó en una conversación separada entre los fiscales, los abogados de Guzmán y el juez Brian Cogan el 14 de noviembre de 2018, en el segundo día del juicio. Al final, ese argumento solo quedó en las transcripciones. Habría sido la primera acusación de corrupción contra Peña Nieto en este proceso. Pero dos meses después, el capo colombiano Alex Cifuentes declaró que el mandatario recibió 100 millones de dólarespara financiar parte de su campaña electoral en 2012.

     

    La corrupción de agentes antinarcóticos

    Fiscales impidieron indagar sobre las versiones de que oficiales de la DEA recibieron pagos indebidos.

    Presidentes, gobernadores, generales y funcionarios federales latinoamericanos fueron señalados de estar en la nómina del crimen organizado. Sin embargo, cada vez que se apuntó al gobierno de EEUU apenas si se tocó el tema. Esa caja de pandora no se destapó gracias a la Fiscalía federal.

    El exjefe del cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', relató que le pagó a un equipo élite de la Policía de Colombia para sobornar a los oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que realizaban investigaciones en su país. Afirmó que les facilitó "prostitutas, apartamentos y regalos", pero no se profundizó en esa versión.

    Por su parte, el testigo Alex Cifuentes dijo que su hermano mayor Francisco Iván le entregó "una cajita de celular con unos dólares en efectivo" a oficiales de esa dependencia en un aeropuerto de Colombia. Antes de que dijera más, el asunto se vetó después de una discusión privada con el juez.

    Los fiscales también evitaron que un agente de la DEA aceptara que estuvo armado en los operativos que concluyeron con el arresto de Guzmán en un hotel de Mazatlán en febrero de 2014.

     

    El armamento que EEUU vendió a sicarios de carteles

    Tampoco se habló de la controvertida operación que entregó armas a los narcos mexicanos.

    Citando "informes negativos sobre la operación" que solo "distraerían y confundirían al jurado", el gobierno le pidió al juez Cogan que no permitiera que los abogados del líder del cartel de Sinaloa cuestionaran a los testigos sobre 'Rápido y Furioso', la fallida operación encubierta de la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) enfocada en traficantes de armamento.

    El magistrado aceptó que no se describiera cómo la ATF terminó perdiéndole el rastro a unas 2,000 armas, algunas de las cuales terminaron en manos de pistoleros del cartel de Sinaloa. En 2016, tras la recaptura de Guzmán en Los Mochis, las autoridades mexicanas confiscaron un rifle calibre 50 que tenían registrado los agentes de la ATF.

    Una investigación reveló que dos armas en la lista de 'Rápido y Furioso' fueron usadas para asesinar a un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010 y a un oficial migratorio en 2011.

     

    Brujos, platillos voladores y el fin del mundo

    Las creencias sobre asuntos paranormales de Guzmán y un testigo no se mencionaron.

    Alex Cifuentes, el narco colombiano que reveló detalles sobre la vida de 'El Chapo' cuando se ocultaba en la sierra madre occidental, creía que el fin del mundo ocurriría en 2012, como erróneamente se interpretó una predicción de los Mayas. También solía "curarse" con brujos y estaba interesado en información sobre la orden secreta 'Los Illuminati', la masonería y los seres extraterrestres.

    "Él personalmente ha acudido varias veces con brujos. En una ocasión, el testigo observó al acusado (Guzmán) consultar con un brujo sobre cómo obtener aceite de víbora", cita un documento que recién publicó la corte. La Fiscalía consideró que esta información "no es relevante" y pidió ignorarla.

    Estos "intereses no ortodoxos" de Cifuentes se descubrieron cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptó las comunicaciones de miembros de alto rango del cartel de Sinaloa. La defensa quería mencionarlo para insinuar que él tiene problemas mentales. Cuando lo interrogaron al respecto fuera del juicio, el capo declaró que leía y veía videos de ese tipo, pero "no cree que son reales o precisos".

     

    'Vicentillo' y su alegada traición a la DEA

    El hijo de 'El Mayo' Zambada no fue cuestionado sobre sus actividades ilícitas siendo informante.

    Entre los documentos que hace unos días desclasificó el juez Cogan se muestra que los fiscales trataron de impedir que Vicente Zambada alias 'Vicentillo', hijo del actual jefe del cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fuese interrogado por la defensa acerca de haber seguido traficando cocaína mientras cooperaba con la DEA.

    Sobre esta acusación, la Fiscalía señaló que "no tenían conexión con los asuntos de este juicio" y advirtió que se corría el "riesgo de prejuicios injustos y confusión de los hechos".

    'Vicentillo', en cambio, declaró en su propio proceso penal que Guzmán se benefició proporcionando información sobre sus enemigos a la DEA, a cambio de que lo dejaran operar en su territorio.

     

    El capo que quiso matar a su esposa embarazada

    Pleitos familiares, golpizas y hasta un intento de homicidio no se detallaron en el tribunal.

    Varios incidentes de violencia doméstica en los cuales estuvieron involucrados algunos testigos no se ventilaron en la corte federal de Brooklyn.

    El caso más grave revela que uno de los cooperantes del gobierno, cuyo nombre no fue mencionado, una vez le pidió a Guzmán que le prestara su pistola para matar a su esposa porque ella quería abortar. También consideró asesinarla después de que diera a luz.

    "Eventualmente, el testigo obtuvo el permiso del acusado para mudarse al lugar en México donde su esposa vivía para asegurarse de que no interrumpiera su embarazo. Su esposa dio a luz y nunca intentó hacerle daño", afirma un folio judicial.

    Otro testigo, por su parte, golpeó a sus parejas en varias ocasiones: a mediados de la década de 1990 a su esposa le fracturó la nariz de un puñetazo en una pelea y unos años después le rompió el pómulo. En 2006 a otra mujer la jaló violentamente del cabello y el brazo. Nunca enfrentó cargos por esos ataques.

     

    Niñas de 13 años a las que Guzmán llamaba "vitaminas" fueron "violadas"

    'El Chapo' habría pagado unos $5,000 para tener relaciones sexuales con menores.

    Unas horas antes de que iniciaran las deliberaciones del jurado, el mundo conoció que 'El Chapo' era además un supuesto depredador infantil. Ese alegato perturbador señala que sostuvo relaciones sexuales con niñas drogadas a las que llamaba "vitaminas" porque creía que le daban "vida".

    "Por aproximadamente 5,000 dólares, el acusado o uno de sus asociados podían pedir que la niña de su elección fuese llevada a uno de los ranchos del acusado para tener relaciones sexuales", afirmó Alex Cifuentes en folios de la corte que se publicaron el pasado 2 de febrero.

    El capo afirmó que en múltiples ocasiones Guzmán violó sexualmente a "niñas de tan solo 13 años". A las más pequeñas, dijo, les decía "vitaminas". Estos crímenes ocurrieron entre 2007 y 2008.

    Cifuentes dijo a los investigadores que alguien conocida como 'Comadre María', aparentemente su secretaria Andrea Vélez Fernández, quien luego se volvió informante del FBI, le ofrecía fotos de niñas a Guzmán para que eligiera. Vélez tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México.

     

    El artículo de Sean Penn en la revista Rolling Stone

    A los fiscales no les pareció correcto mostrar la crónica del actor que critica a los adictos de EEUU.

    Si bien los miembros del jurado vieron segmentos de un video en el que Guzmán acepta que "el día que yo no exista no va a mermar el tráfico de droga", jamás revisaron el artículo ligado a esta grabación que redactó el actor Sean Penn cuando lo visitó en Cosalá, Sinaloa, antes de su tercera captura.

    En dicha crónica que publicó la revista Rolling Stone, Penn describió su encuentro con el narcotraficante, pero los fiscales lo descartaron de las evidencias. No les gustó que la estrella de Hollywood describiera al narcotraficante como una "figura parecida a Robin Hood", ni su opinión de que los consumidores de droga en este país son de alguna manera cómplices de sus crímenes.

    En la grabación de 17 minutos, Guzmán habló sobre sus primeros años vendiendo naranjas en su comunidad natal La Tuna; su relación con su familia también involucrada en el contrabando de droga; sus días siendo un prófugo "feliz" tras escapar de una prisión de máxima seguridad en 2001; y sobre su prolífico negocio que una vez lo colocó entre los más ricos del mundo.

     

    La película y el libro 'Cartel Wives'

    La esposa de un narco vendió los derechos a una productora para llevar su vida a la pantalla grande.

    Interesada en sacar provecho económico compartiendo "sus experiencias como esposa de un narcotraficante de alto calibre", la pareja de uno de los cooperantes que hundieron a 'El Chapo' Guzmán firmó un contrato con una productora para hacer una película sobre su vida. Ella misma fue coautora de un libro titulado 'Cartel Wives' (Las esposas del cartel).

    La Fiscalía indicó que no podían indagar ese tema debido al acuerdo que contrajo la mujer, el cual protege los "detalles de esa transacción" y pidió que la defensa evitara preguntar al respecto.

    "El contrainterrogatorio podría llevar al testigo a inadvertidamente ofrecer detalles en violación del acuerdo", señalaron los fiscales. No se revelaron los nombres del capo ni de su esposa. Solo se indicó que este colaboró con Guzmán entre 2002 y 2008.

     

    Memes, bromas y porno compartido entre sicarios

    El juez desechó comunicaciones pinchadas que no estaban relacionadas al tráfico de narcóticos.

    En parte de las 1,500 comunicaciones entre miembros del cartel de Sinaloa que interceptó el FBI hay mucha información que no está relacionada con el narcotráfico, desde memes cargados de sátira, videos, caricaturas, bromas "políticamente incorrectas" y hasta material obsceno.

    Otro testigo que tenía el teléfono pinchado solía enviar "bromas" ajenas a sus negocios ilícitos, así como conversaciones sobre "sus intereses románticos", a sus amigos y socios del cartel.

    "El contrainterrogatorio sobre estos mensajes no relacionados con el tráfico de drogas debería ser considerado como no relevante y más perjudicial que probatorio", explicó la Fiscalía.

    El resto de las conversaciones entre Guzmán y alrededor de 100 asociados en el cartel se usaron como la evidencia electrónica más contundente contra el mafioso. Incluso se vinculó en sus negocios criminales a su esposa Ema Coronel Aispuro.

  • Presentan proyecto de ley para regularizar permanencias de dreamers y migrantes protegidos por TPS

    La propuesta, a la que podrían acogerse unos 4.7 millones, otorga el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales los beneficiarios podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía. Por ahora, cuenta con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, controlado por los republicanos.

    JORGE CANCINO

     

    12 DE MARZO DEL 2019- Tres legisladoras demócratas presentaron este martes una iniciativa de ley que, de ser aprobada, r egularizará la estadía de millones de dreamers, y cientos de miles de indocumentados protegidos por un Estados de Protección Temporal (TPS) y la denominada autorización de Salida Obligatoria Diferida (DED).

    Denominada ‘Ley de Sueños y Promesas’ (H.R. 6), el proyecto es patrocinado por las representantes demócratas Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York).

    La propuesta daría a los beneficiarios el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.

    Para ser aprobado, el H.R. 6 necesita 218 votos en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y 60 en el Senado, en manos de los republicanos. Mientras que el voto afirmativo está asegurado en la cámara baja, en la alta es más difícil que consiga el apoyo necesario. Tampoco está garantizado la firma del presidente Donald Trump.

    El proyecto podría beneficiar a un total aproximado de 4.7 millones de inmigrantes, ya que hay unos 500,000 protegidos por TPS y DED y más de 4.2 millones de jóvenes podrían aplicar al eliminar la edad y la fecha de entrada límite, como sí establecía DACA.

     

    Entre los requisitos mínimos exigidos por el plan para los dreamers, deberán probar:

    -Que han estado presentes físicamente en Estados Unidos en los cuatro años anteriores a la fecha de promulgación de la iniciativa de ley.

    -Que tenían menos de 17 años cuando ingresaron al país.

     

    A diferencia de otros proyectos de ley para los dreamers, esta versión no incluye un límite de edad para postular, y extiende la fecha de entrada para proteger a un mayor número de beneficiarios.
    La Acción Diferida de 2012 (DACA) ampara de la protección actualmente a unos 700,000 dreamers. El H.R. 6 podría proteger a varios millones de indocumentados.

     

    Además de presencia física, los potenciales benefactores deberán probar que:

    -Carecen de antecedentes criminales

    -No abusaron de las visas de estudiante.

    -No cometieron poligamia.

    -No han sido hallados culpables de tráfico de personas.

    -No han votado ilegalmente.

    -No renunciaron a la ciudadanía de EEUU para evitar el pago de impuestos.

     

    Otras faltas que impiden a un indocumentado acceder a la residencia condicional incluida en el H.R. 6 son:

    -Cualquier delito federal o estatal sancionable con una pena de prisión de más de 1 año.

    -Tres o más delitos federales o estatales por los cuales la persona fue condenada en diferentes fechas y encarcelada por un total de 90 días o más.

    -Un delito de violencia doméstica (a menos que el solicitante sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, maltrato o negligencia ayorsle, maltrato o negligencia contra personas ayors, o trata de personas, haya sido golpeado o sometido a crueldad extrema o haya sido víctima de actividad delictiva).

    Requisitos adicionales

    -Los dreamers deberán, además, presentar un certificado que demuestre que se graduaron de la escuela secundaria o haber obtenido un GED o credencial reconocida por el Departamento de Educación o estar en un programa para ayudar a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria.

    -Los postulantes a la green card o tarjeta verde condicionada deberán también pasar los controles de antecedentes de seguridad y cumplimiento de la ley, pagar una tarifa de solicitud razonable y registrarse para el Servicio Selectivo si es necesario.

     

    Para obtener el estatus de residente permanente legal completo (LPR), los soñadores deberán:

    -Adquirir un título de una institución de educación superior de Estados Unidos o completar al menos dos años de buena reputación en un programa de licenciatura o superior, o en una carrera del área y programa de educación técnica de nivel postsecundario en EEUU.

    -Completar por lo menos dos años de servicio militar y, de ser dado de alta, recibió una baja honorable.

    -Estar empleado por períodos de tiempo de al menos tres años y al menos el 75% del tiempo ha tenido autorización de empleo.

     

    El royecto de ley también incluye una serie de disposiciones para los dreamers, que incluyen:

    -Derogar la Sección 505 de la Reforma de Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, Ley de 1996, que penaliza a los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados sobre la base de residencia.

    -Permitir que los dreamers accedan a la ayuda financiera federal.

    -Asegurar que las personas con estatus de residente permanente condicional puedan acceder a licencias profesionales y comerciales.

    -Permitir a los dreamers elegibles y con orden de deportación que soliciten una exención.

     

    Para los TPS y DED

    La H.R. 6 permitiría a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o DED cancelar los procedimientos de remoción si demuestran:

    -Que han estado en Estados Unidos por un período de 3 años antes de la promulgación de la Ley.

    -Que eran elegibles o tenían TPS al 25 de septiembre de 2016 o tenía el estado de DED al 28 de septiembre de 2016.

     

    El plan de las congresistas Roybal-Allard, Velázquez y Clarke modifica además la ley actual de TPS para exigir que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de terminar una designación de TPS.
    También requiere que el secretario del DHS proporcione un informe tres días después de publicar un aviso de dicha terminación. Este documento debe explicar la designación original y cualquier progreso realizado por un país para resolver los problemas que conducen a la designación de TPS.

    El proyecto de ley H.R. 6 también aclara que se considerará que un inmigrante que ingresa al programa TPS ha sido inspeccionado y admitido en Estados Unidos.

    El proyecto asegura la confidencialidad de los datos recolectados por el DHS y prohíbe que ese ministerio y/o dependencias use la información proporcionada por los migrantes para otros fines que no sean la postulación al programa de obtención de una residencia condicionada.

     

  • Cien días de AMLO: la “montaña rusa” y el discurso político de la “Cuarta Transformación”

    “Momentos que incluyen emociones fuertes seguidos de momentos de incertidumbre; profundo gozo por los cambios en la comunicación política, seguido de pánico porlas decisiones que se van tomando”.

    OPINIÓN

    TANIUS KARAM

     

    12 de marzo del 2019- En los últimos días todos los medios mexicanos han estado realizando balances y análisis sobre los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cien días parece poco para hacer cualquier tipo de balance, pero gusta a las agendas mediáticas y a esa legión de comentaristas de distinto cuño, conocidos como “comentócratas”, que hacen juicios sumarios e integrales sobre el actual presidente y sus acciones.

    Una de las características de estos 100 días son sin duda los altibajos, las tensiones, que no facilitan del todo hacer un juicio sumario sobre si efectivamente estamos ante la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) en el actual gobierno, en alusión a lo que el discurso histórico del actual presidente considera será –­su gobierno– una etapa “fundacional” como lo fueron las transformaciones históricas y políticas precedentes: la lucha de independencia de España (1810-1821); las leyes de Reforma que fundan de alguna manera el estado republicado moderno (1867), y la lucha social implicada en la revolución mexicana (1910-1921).

    La analista política Denisse Dresser ha usado la metáfora de la “Montaña Rusa”: momentos que incluyen emociones fuertes seguidos de momentos de incertidumbre; profundo gozo por los cambios en la comunicación política, seguido de pánico por el tipo de decisiones que se van tomando. En todo ello el gobierno se mueve a gran velocidad –como la “montaña rusa”–: todos los días hay una propuesta, una declaración que sirve para hacer algún tipo de comentario. Pero con frecuencia resulta difícil definir y distinguir lo democrático de lo ocurrente, la gran medida de lo que será la posibilidad de su aplicación efectiva. Por ello coincidimos con quienes dicen que hasta el momento la autollamada 4T es en realidad un viaje intenso al mundo de los sentimientos encontrados, donde por momentos se pueden avizorar grandes cambios, pero donde aparecen luego claros motivos para el desaliento.

    López Obrador ha sido un “mago” hasta el momento y cuenta con una popularidad nunca antes vista, pero que puede explicarse e incluso comprenderse. AMLO ha modificado algunas inercias del viejo régimen –como la distancia abismal entre gobernantes y gobernados–, y los códigos propios de la comunicación política, que son centrales para entender su popularidad y aceptación. Como nunca antes el Estado mexicano ha pedido perdón por errores del pasado, y ha intentado paliar las ausencias y abusos del estado que se radicalizaron sobre todo en la pasada administración. Hemos visto también imágenes impensables como la de la secretaria de Gobernación marchando el pasado 8 de marzo junto a las manifestantes. Todo ello es sin duda motivo de una gran celebración y es lo más gozoso de esa “montaña rusa”.

    Pero luego vienen los problemas, y por desgracia son muchos. Las presiones al tribunal electoral para que se devuelva el registro a un partido ultra conservador como “Encuentro Social”, con el que AMLO se alió como parte de su estrategia de vincularse con cualquiera, sin importar su historia, su tradición, sus contradicciones del pasado, con tal de sumar puntos para llegar a la presidencia.

    Fuera del tema político quizá de las contradicciones más evidentes entre el “deber ser” de cualquier república y las prácticas del actual gobierno, y en particular del “estilo personal de gobernar” de AMLO, que arbitrariamente lanza a “consulta” algunos temas –lo que generalmente gusta, porque a la población le gusta ser consultada–, pero con “otros”, discrecionalmente, no lo hace. Esta modalidad de comunicación es utilizada “a modo”, y cae en algunos casos en el ostracismo, como cuando recientemente dijo que algunos derechos sociales de la mujer, ¡los sometería a consulta!

    AMLO es en realidad camaleónico, adaptativo, pero por ello es poco consistente en lo referente a sus “enemigos” principales, “los corruptos”, la “mafia del poder”.

    Y los empresarios. ¿Cómo entender los elogios desmedidos a Ricardo Salinas y su grupo Azteca, llegando al extremo de definir la suya como una empresa con compromiso social, cuando es conocida su labor de rapiña contra cuenta-habientes de bajos recursos a quienes cobra tasas altísimas; ahora su banco va ser uno de los encargados de recibir los apoyos sociales que va entregar el gobierno directamente a algunos beneficiarios.

    Uno podría pensar que un político de “izquierda” (término muy difícil de definir hoy en día) tendría ciertos aliados naturales que en el discurso de AMLO se convierten en nuevos enemigos, como es el caso de las organizaciones de la sociedad civil a las que ataca y critica de favoritismo.

    Y entramos aquí a uno de los temas centrales y más problemáticos en la comunicación política. ¿Qué sugeriríamos al ejecutivo federal? Ser más cuidadoso, articular más, matizar más, tener más cuidado y respeto por la palabra, hablar menos y focalizar más para contener las paradojas de una comunicación política que va de momentos grandilocuentes y elogiables a otros profundamente autoritarios y muy poco republicanos. Hay una muy desigual capacidad de gestión, poca claridad en las prioridades, eso sí, con símbolos y modos que ojalá puedan articularse con una gestión que refleje estos ideales comunicativos.

     

    Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

     

  • Autoridades investigan si pasajeros secuestrados en el norte de México son migrantes indocumentados

    El grupo armado obligó al conductor a detener un autobús en una carretera entre la ciudad fronteriza de Reynosa y la localidad de San Fernando. Los hombres secuestraron a las víctimas, pero permitieron que 22 de los pasajeros continuaran su viaje.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 11 de marzo del 2019-Un grupo de hombres armados secuestró el pasado jueves a 19 pasajerosde un autobús que cubría la ruta de Tampico a Reynosa, en el fronterizo estado mexicano de Tamaulipas. Las autoridades investigan si son migrantes indocumentados, según informaron el lunes las autoridades.

    El autobús de la empresa Transpaís, salió de la ciudad de Tampico con 42 pasajeros y mientras se encontraba en su recorrido fue detenido por hombres armados que circulaban en al menos cuatro vehículos, precisaron.

    Tras abordar el autobús obligaron a descender a 19 pasajeros del sexo masculino para subirlos en sus vehículos con los que llegaron al lugar y darse después a la fuga con rumbo desconocido, señalaron las autoridades.

    El presunto secuestro tuvo lugar el 7 de marzo a las 12:55 horas a la altura del kilómetro 79, en las proximidades del ejido Palo Blanco, Tamaulipas, indicaron.

    El conductor del autobús decidió continuar su recorrido con los 22 pasajeros hasta su destino final en Reynosa, ciudad en la frontera de México con Estados Unidos, donde hizo la denuncia ante las autoridades.

    Las autoridades investigan la posibilidad de que los pasajeros que presuntamente fueron secuestrados puedan ser migrantes de origen centroamericano, ya que Tamaulipas es una de la rutas más utilizadas para alcanzar la frontera estadounidense.

    "Iban precisamente sobre este grupo de personas", comentó el vocero estatal de seguridad, Luis Alberto Rodríguez, a la emisora radial MVS Noticias, quien dijo que se investigaba si las víctimas eran migrantes que se dirigían a Estados Unidos.

    La sospecha sobre el origen de los secuestrados y el hecho de que el incidente se registró en una carretera federal, llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una carpeta de investigación.

    En esta zona del país también tuvo lugar la muerte de 72 migrantes centroamericanos en una fosa en el municipio de San Fernando en el año 2010.

    El pasado 8 de marzo, 36 migrantes centroamericanos que viajaban en autobús fueron detenidos por policías federales en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

    La detención en Ciudad Victoria se realizó tras una revisión en la central de autobuses y descubrieron al grupo de hondureños y salvadoreños, la mayoría menores de edad quienes carecían de documentación que acreditara su estancia legal en el país.

     

  • 7 polémicas acciones implementadas por AMLO durante sus primeros 100 días como presidente de México

    Los 100 primeros días de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México han mezclado un abandono de las formas tradicionales de gobernar con una serie de polémicas iniciativas políticas que no han mermado su elevado índice de aprobación.

    JANET CACELÍN

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 11 de marzo del 2019- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumple 100 días en el poder, un periodo de tiempo en el que a pesar de haber realizado una serie de anuncios polémicos que han generado desconfianza de organizaciones civiles, también llega con un enorme respaldo popular de casi 80% y altas expectativas de alcanzar la transformación del país prometida en el periodo de campaña.

    Desde la noche misma de su triunfo en los comicios del 1 de julio del 2018, AMLO generó altas expectativas sobre los alcances de lo que promueve como la cuarta transformación del país y un cambio de régimen más que de gobierno, bajo la premisa de combatir la corrupción "de arriba hacia abajo".

    La cota de popularidad que alcanzó en febrero pasado se ha situado en niveles del 80%, más que cualquiera de sus antecesores en el mismo lapso y casi 30 puntos porcentuales encima del 51% de nivel de votación que lo llevó a la victoria.

    Sin embargo, en estos 100 días también ha hecho una serie de anuncios polémicos en materia de economía, seguridad y derechos humanos que han generado polémica y en algunos casos despertado la desconfianza de organizaciones civiles y empresarios:

     

    Adiós al avión oficial y a Los Pinos

    La primera de las acciones tomada en estos 100 días fue el cierre de la residencia presidencial para transformarla en un centro cultural y tomar como lugar de trabajo el Palacio Nacional.

    Además, puso en venta el avión oficial y es común verlo en aeropuertos rodeado de pasajeros, como ejemplo de la austeridad que propone. La desaparición del Estado Mayor Presidencial para integrarlo al Ejército y la subasta de vehículos de lujo oficiales completan el listado de acciones que he emprendido el mandatario en este sentido.

    Su decisión personal de bajarse su sueldo se convirtió en una ley aprobada en el Congreso para que nadie en el Gobierno tenga ingresos mayores a los del presidente, un asunto que está en la Corte por la oposición a aceptarlo de parte de senadores y organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral.

     

    Una Guardia Nacional conformada por militares

    Otra de las medidas implementadas fue la creación de una Guardia Nacional como institución policial de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal, con el objetivo de combatir la inseguridad. La ley fue aprobada el 28 de febrero por la Cámara de Diputados y ha sido avalada por más de 17 Congresos.

    De acuerdo con el dictamen “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

    Sin embargo, pese a la medida, entre los pendientes continúa la urgencia por reducir los niveles de inseguridad y violencia, que se ha recrudecido en los primeros meses de 2019, tras cerrar el año anterior con más de 24,000 asesinatos en el país.

     

    Combate contra el huachicoleo

    Una de las primeras acciones y la más emblemática de López Obrador fue implementar su plan de combate al huachicol, como se conoce al robo de combustible en México, que incluyó el cierre de ductos y la distribución mediante autotanques. En general fue bien vista salvo por el desabasto de gasolina que también provocó por algunos días.

    López Obrador ha señalado que en 2018 el huachicol costó al país 65,000 millones de pesos (unos 3,340 millones de dólares). Sin embargo, esta estrategia permitió ahorros por 5,000 millones de pesos (256 millones de dólares), y espera finalizar el año con 50,000 millones de pesos (2565 millones de dólares).

    Como un hecho colateral a esta medida, sucedió la llamada tragedia de Tlahuelilpan el pasado mes de enero, cuando un ducto clandestino explotó mientras cientos de personas recolectaban gasolina de manera ilegal. El saldo hasta ahora es de 135 personas muertas.

     

    Cierre de programas sociales

    A mediados de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, debido a que su gobierno detectó irregularidades en el manejo del presupuesto para las estancias infantiles (guarderías), el dinero asignado se reduciría y el apoyo se otorgaría directamente a las madres y padres de familia.

    El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), a cargo de la Secretaría del Bienestar, consistía en que el gobierno entregaba dinero a la guardería por cada niño que asistiera. Sin embargo, AMLO confirmó un recorte de casi el 50%.

    Aseguró que ahora el dinero se entregará a las familias para que estas paguen directamente a la persona que ellos elijan para cuidar a sus hijos. Y el anuncio ha generado una fuerte rechazo y polémica en México.

    Días después AMLO hizo un anuncio similar sobre los refugios que atienden a mujeres y niños que viven en violencia extrema. No obstante, el Ejecutivo afirma que se revisará la situación para no desproteger a las víctimas.

     

    Apoyo a Pemex pese a desconfianza de calificadoras

    En el terreno económico, ha logrado mantener la estabilidad, lo cual ha favorecido la cotización de peso y ha propuesto programas de rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no han sido bien recibidas por los mercados ni las calificadoras de riesgos.

    El pasado 1 de marzo la calificadora S&P redujo la perspectiva de calificación para México de estable a negativa, ante un posible bajo crecimiento económico, así como por la falta de confianza de inversionistas y el plan energético anunciado por el presidente.

    Ante esta decisión, López Obrador indicó que lo único que puede reprochar a las calificadoras es que “durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y CFE permanecieron callados, calificaban con 10, con excelencia… todo era MB (Muy Bien) en esos tiempos”.

    Al respecto, López Obrador señaló que su gobierno está lidiando con las consecuencias de la administración anterior.

     

    Visas para migrantes que buscan ir a EEUU

    En el plano internacional, el Gobierno de López Obrador ha estado marcado por las decisiones de facilitar la entrada de los migrantes centroamericanos luego de que a finales de 2018 el gobierno de Estados Unidos anunció una medida que fuerza a los migrantes que piden asilo en la frontera sur a quedarse en México mientras se resuelve su solicitud

    Hasta este fin de semana, el Gobierno de México ha otorgado más de 13,000 visas humanitarias a migrantes procedentes de Centroamérica.

     

    Posición neutral sobre Venezuela

    A finales de enero el líder opositor Juan Guaidó se juramentó como presidente en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".

    Una decisión que reconocieron países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Paraguay y Guatemala, entre otros. Sin embargo, México ha rechazado tomar una postura, pues asegura que en relaciones exteriores, mantendrá el principio de no intervención.

    Con base en este principio, ha mantenido con Uruguay una posición de promover una salida a la crisis venezolana mediante el diálogo político.

     

  • "Vas a morir", las amenazas al sheriff hispano de Los Ángeles por defender a los indocumentados

    Entre la avalancha de críticas por su decisión de no colaborar con las autoridades migratorias, el nuevo jefe del Sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, ha recibido fuertes mensajes advirtiéndole que sería asesinado. Mientras investigadores siguen el caso, el sheriff asegura que continuará abogando por los inmigrantes.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 6 de marzo del 2019– Detectives del Sheriff del condado de Los Ángeles colaboran con otras agencias del orden en la investigación de dos amenazas de muerte que recibió el jefe hispano de la agencia, Alex Villanueva, por limitar la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en las cárceles de esta región, las cuales conforman el sistema penitenciario más grande del país.

    "Vas a morir" y "Te veré como un hombre muerto", advirtieron en esos mensajes que Villanueva recibió en enero a través de un correo electrónico y el Messenger de Facebook.

    La pesquisa preliminar determinó que los enviaron desde Utah y otro estado. A la fecha no se han realizado arrestos. Detectives de esas jurisdicciones y agentes federales también colaboran en este caso.

    "Recibimos muchos comentarios negativos en las redes sociales, pero dos incidentes en particular que venían de Utah y de otro estado un poco más lejano eran mucho más específicos y directos, como amenazas de asesinato. Y eso lo tomamos en serio", dijo Villanueva a Univision Noticias.

    Dichas amenazas coinciden con la nueva política migratoria del Sheriff angelino, que patrulla en ciudades y áreas no incorporadas con alta población latina, como el Este de Los Ángeles, Pico Rivera y Lynwood.

    "Sucedió cuando estábamos iniciando los cambios en las cárceles para sacar a los agentes de ICE", agregó quien dirige al departamento del Sheriff más numeroso del país, con más de 8,000 oficiales.

    Villanueva, quien fue electo en noviembre pasado, cumplió su promesa de campaña de "sacar" a los agentes de ICE de las cárceles, cortes, estaciones policiales y otras instalaciones vigiladas por la dependencia. Específicamente, prohibió a los agentes de inmigración entrevistar a reclusos u otras personas que estén en custodia en las prisiones o en cualquier área de dichas instalaciones.

    Pese a las amenazas, esas modificaciones se realizaron durante los primeros días de su gestión. "Removimos a todos los agentes de ICE de las cárceles, las cortes y las estaciones del Sheriff. No se les permite entrar para tomar cualquier asunto relacionado con casos de inmigración", afirmó el jefe policial.

    Acatando la Ley de estado Santuario SB54, la dependencia solo les permite ingresar a sus cárceles para tomar custodia de los indocumentados convictos por delitos graves.

     

    Mensajes de odio y xenofobia

    Villanueva cree que las advertencias recibidas son "una extensión" de la retórica incendiaria del presidente Donald Trump, quien ha criminalizado a los migrantes. "El asunto ha causado mucho rencor en el público, en particular en los fanáticos del actual presidente, por su manera de explotar las diferentes opiniones sobre la presencia de indocumentados en el país", mencionó.

    Esta separación con las autoridades migratorias que ha marcado el Sheriff podría reducir las estadísticas de detenidos de ICE en esta metrópoli. Cada día, las cárceles de este condado albergan a unos 18,000 presos en siete prisiones. La antigua colaboración de ambas fuerzas del orden permitió la deportación de 23,000 inmigrantes de esta región en 2009 y 2010, incluso más que los expulsados esos años por el entonces polémico sheriff de Maricopa, Joe Arpaio.

    "(El hecho de) que el sheriff Villanueva brinde refugio a los migrantes criminales que evaden la justicia en su jurisdicción, solo semanas después de que se acusara a un indocumentado criminal por el asesinato del policía del norte de California Ronil Singh muestra un preocupante establecimiento de prioridades", indicó en un comunicado Thomas P. Giles, director interino de la Oficina de Campo de Remoción de ICE en Los Ángeles.

    Signh, un agente del Sheriff del condado de Stanislaus, fue baleado fatalmente a finales de diciembre por un mexicano indocumentado detenido por una infracción de tránsito. El sospechoso, Gustavo Pérez Arriaga, ha estado "varios años" en EEUU luego de cruzar ilegalmente la frontera de Arizona.

    "No se equivoquen, estas restricciones fomentan la actividad de inmigrantes criminales dentro de las fronteras del condado de Los Ángeles", advirtió el funcionario de ICE.

    Villanueva, hijo de un puertorriqueño y una estadounidense, dice que pese a la avalancha de críticas que ha recibido en las redes sociales tachándolo de "corrupto" y "vendido", él continuará defendiendo a los que no tienen papeles.

    "Ignoro esos mensajes porque hablan con una voz de odio y de xenofobia, pero no hablan con la verdad", comentó. "Vamos a seguir sirviendo a toda la comunidad, incluyendo a la migrante. A pesar de todas las amenazas no cambiaré mi rumbo".

     

    Villanueva: ha sido positivo para la comunidad

    Según este jefe policial, desde que implementó su nueva política migratoria más personas se acercan a sus agentes para colaborar en investigaciones.

    "La gente tiene más confianza en nuestro departamento, en cuanto a llamadas, reportar crímenes, ser testigos de crímenes. Se ve algo más positivo", aseguró.

    Explicó que el beneficio es que menos criminales andan sueltos: "Si los migrantes no reportan crímenes violentos, quiere decir que hay depredadores sueltos en la comunidad y habrá más víctimas".

    El sheriff dijo que su plan de trabajo incluye participar en más eventos comunitarios que fortalezcan los lazos con la comunidad migrante y dar prioridad a los aspirantes hispanos que buscan ocupar las 1,000 vacantes que hay en las filas de la dependencia. "Necesitamos más", enfatizó Villanueva.

     

     

  • El gobierno alerta sobre llamadas fraudulentas a inmigrantes para intimidar y extorsionar

    “Se trata se una epidemia nacional”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización CHIRLA. “Y ahora golpea con más fuerza debido al miedo que el gobierno de Donald Trump ha generado desde que llegó a la Casa Blanca”.

    JORGE CANCINO

     

    5 de marzo del 2019- Si usted es inmigrante, no tiene papeles de estadía legal en Estados Unidos, suena el teléfono, contesta y le dicen que lo llaman del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tenga cuidado con lo que dice porque lo más seguro es que se trate de una estafa.

    “Están utilizando nuestros números para obtener información personal y extorsionar con dinero a las víctimas”, advirtió este martes la Oficina del Inspector del DHS como parte de una campaña nacional para frenar la ola de fraudes.

    “Los números de teléfono del DHS se han utilizado recientemente como parte de una estafa de suplantación de identidad dirigida a individuos en todo el país”, agrega la advertencia.

    La treta, conocida en inglés como ‘Spoofing’, consiste en la falsificación deliberada de la información transmitida a una pantalla de identificación de llamada para disfrazar una identidad.

    “Los perpetradores de la estafa se representan a sí mismos como empleados del DHS”, dice un comunicado del DHS. También utilizan otras entidades gubernamentales, tal como agencias federales encargadas de ejecutar la ley de inmigración.

     

    “Epidemia nacional”

    “Se trata se una epidemia nacional”, dice a Univision Noticias Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Y ahora golpea con más fuerza debido al miedo que el gobierno de Donald Trump ha generado desde que llegó a la Casa Blanca en el 2017”.

    Salas señala que el discurso antiinmigrante, la amenaza de arrestos y deportaciones masivas, la construcción del muro, las severas restricciones a la legalización de las familias migrantes y los cambios en la política de asilo, “han asustado de tal manera a la comunidad inmigrante que la gente entonces desesperadamente pide ayuda y toman iniciativas para protegerse de la deportación. Pero en la prisa son víctimas de los estafadores”.

    “Por eso hay que tener mucho cuidado”, dice la activista. Y no solo que le roben la identidad uy le saquen dinero, sino también cuidarse de quienes estafan haciéndoles creer que califican para un beneficio, llenan formularios y los mandan al gobierno. Y cuando el gobierno los recibe y los revisa, acusa de estafa al inmigrante y los deporta de Estados Unidos porque no tenían derecho a ninguna clase de beneficio migratorio”.

     

    El método

    El Inspector General del DHS explica que los estafadores utilizan números de teléfonos del DHS, entre ellos el (202) 282-8000 y el (202-401-1474), este último perteneciente a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS.

    “Los estafadores también les hacen creer a las víctimas que pueden ser víctimas de robo de identidad” y los llaman haciéndoles creer que los están protegiendo, cuando en el fondo los están engañando y arrebatándoles sus datos de identificación personal.

    En otra modalidad denunciada por las autoridades, señalan que los estafadores se hacen pasar por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para amenazar a las potenciales víctimas con arrestarlas a menos que hagan pagos a los estafadores utilizando una variedad de métodos”.

    “También les envían un correo electrónico a las víctimas desde direcciones de e-mail que terminan en ‘uscis.org’” añade la advertencia.

    El DHS dijo que se toma “muy en serio este asunto” y dio a conocer una línea directa para denunciar este tipo de estafa: 1(800) 323-8603 o el 1(800) 168-5000.

     

    Más vale prevenir

    Salas dijo que uno de los mejores antídotos para prevenir el fraude “es la información” e indicó que CHIRLA permanentemente lleva a cabo seminarios y charlas para orientar a la comunidad de área de Los Angeles.

    “La gente tiene miedo y está buscando una mano de ayuda para pode salir adelante. Pero muchos que se presentan para ayudarles lo único que quieren hacer es tomar ventaja de la desesperación, ganar dinero con la desesperación y de muchas maneras poner a los inmigrantes en manos de ICE”, agrega.

    Por eso la información. Si el inmigrante sabe si puede o no optar por un beneficio, si conoce qué tipo de beneficio puede pedir, nos estamos asegurando que cuando trate de ser estafado, no caerá en la trampa, no se dejará engañar”, apunta.

    La directora ejecutiva de CHIRLA también dijo que, otro objetivo de las charlas y seminarios es decirle a la gente que no confíe en los gestores, que tenga cuidado con los notarios y con todos aquellos que, sin tener autorización o licencia, dan consejo legal.

    La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 7,000 socios a nivel nacional, tiene activa una campaña enfocada en evitar que los inmigrantes se conviertan en víctimas de “consultores de inmigración deshonestos, generalmente conocidos como notarios”, se lee en una de sus páginas digitales publicada en idioma español.

    Añade que “los consultores de inmigración, los notarios públicos y los notarios no pueden representarle en el proceso de inmigración. Estas personas, especialmente los notarios, se aprovechan de los inmigrantes, quienes muchas veces pertenecen a la misma comunidad que los mismos notarios”.

    AILA advierte además que “los notarios se llevarán su dinero y sus sueños” y que lamentablemente muchos inmigrantes descubren demasiado tarde que nunca recibirán los beneficios por los cuales pagaron porque fueron estafados.

    “Para evitar fraudes, use su sentido común. Muchas personas escuchan lo que quieren escuchar, sea inteligente. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente así sea. No confíe en una persona que le comenta acerca de una nueva ley secreta de inmigración o le asegura tener contactos o influencias especiales en algún ente u organismo gubernamental”, agregó.

    Univision Noticias se asoció con IMMI ( www.immi.org) –un proyecto creado por Immigration Advocates Network y Pro Bono Net, dos organizaciones no lucrativas dedicadas a mejorar el acceso a la justicia de los inmigrantes de bajos ingresos–, con el fin de poner a disposición de sus lectores un buscador de ayuda legal, gratuita o de bajo costo, desarrollado por ellos como parte de un proyecto más amplio de servicio a la comunidad.

  • El gobierno reconoce que separó a 471 padres sin dejarles decidir ser deportados con o sin sus hijos

    La revelación fue hecha durante la presentación de nuevos documentos en una corte federal de San Diego, California, en un juicio colectivo interpuesto en marzo del año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles.

     

    JORGE CANCINO

     

    6 de marzo del 2019- Los abogados del gobierno de Donald Trump reconocieron este miércoles que identificó a 471 inmigrantes que fueron separados de sus hijos en la frontera con México tras levantarles cargos criminales y que luego fueron deportados sin darles la oportunidad de decidir ser expulsados con o sin ellos.

    El reconocimiento evidencia que las separaciones familiares se venían dando desde antes del 5 de mayo, fecha en que el gobierno reconoció haber implementado una política de tolerancia cero en la frontera, la que fue detenida el 26 de junio por el juez federal Dana Sabraw.

    Durante ese tiempo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que había separado a 2,654 familias y de ellas más de 430 padres habían sido deportados sin sus hijos.

    La revelación fue hecha durante la presentación de nuevos documentos en una corte federal de San Diego, California, en un juicio colectivo interpuesto en marzo del año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), donde argumentó que el gobierno utilizaba la separación forzada como una práctica común y que cientos de familias a esa fecha ya habían sido afectadas.

     

    Cómo era antes

    Antes de la implementación de la política de separaciones, estrategia que el gobierno niega rotundamente que haya existido (este miércoles la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen volvió a negarla), los padres o madres y sus hijos eran procesados conjuntamente al llegar al país y ser detenidos por la Patrulla Fronteriza. Así fueron tramitados los casos de miles de familias centroamericanas en los últimos años.

    Pero ACLU advirtió en marzo del año pasado que ya no era así para muchos inmigrantes. El texto presentado en la corte advertía que los adultos y los menores eran llevados a diferentes centros de detención.

    El grupo de derechos civiles también pidió en esa ocasión a la justicia que declarara la separación familiar como una práctica "ilegal" y subrayó que se trataba de casos en los que el progenitor "no presenta un peligro para el niño".

    "Se trata de una práctica nacional", dijo en ese entonces Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en un comunicado. "Quiera o no el gobierno de Trump llamar a esto una 'política', sin ninguna duda ha llevado adelante una práctica generalizada dedicada a arrancar a los niños de las manos de sus padres".

     

    La ‘tolerancia cero’

    Dos meses después de la demanda de la ACLU, en la que se incluyó el caso de una mujer de nacionalidad congoleña que fue separada de su hija de 7 años mientras la menor "gritaba y lloraba", y donde la madre luego fue liberada pero la hija siguió detenida en un centro al que fue trasladada en Chicago, Illinois, a unas de 2,000 millas de distancia, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la puesta en vigor de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.

    La medida significó presentar cargos criminales a los adultos que entran al país por zonas no autorizadas y con ello quitarles forzosamente a sus pequeños. Una vez resueltos los casos criminales, los padres podían recuperar a sus hijos, pero para entonces las autoridades del DHS ya los habían entregado a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), quien a su vez los envió a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

    Luego de un tiempo un número no confirmado de menores fueron enviados a hogares temporales, situación que dificultó las reunificaciones una vez los padres finalizaron los procesos criminales forzados por el Departamento de Justicia.

    El dictamen del juez Sabraw del 26 de junio no solo ordenó poner fin a las separaciones, sino que le ordenó al gobierno reunificar a la totalidad de las familias afectadas.

     

    Las separaciones continuaron

    El pasado 21 de febrero Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump separó forzosamente a 249 menores en la frontera con México después de la orden emitida por el juez Sabraw en junio del año pasado.

    A su vez, en enero un documento redactado por la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de 'tolerancia cero' en la frontera.

    Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido: el informe habla de miles, aunque no da un dato preciso.

    Los nuevos antecedentes se separaciones se conocen tras una demanda entablada en febrero por abogados que representan a las nuevas familias afectadas y la ACLU.

    De acuerdo con un informe entregado por el gobierno la tercera semana de febrero, entre el 27 de junio del año pasado y el 5 de febrero de este año, la ORR recibió a 249 menores que fueron alejados de sus familiares. De ellos, 62 ya habían sido reunificados.

    En 225 casos, agrega el reporte, las separaciones ocurrieron porque el padre contaba con antecedentes criminales (entre ellos asociación a pandillas). En otros 17 casos se debió por problemas de salud de los padres y en tres casos existió dudas sobre el parentesco.

    El DHS reiteró en el escrito que las separaciones se llevan a cabo en casos en que exista historial criminal por parte de los padres, por razones de enfermedad o exista un riesgo para el menor.

     

    Lo habían advertido

    En noviembre del 2018 la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) dijo a Univision Noticias que “la separación de adultos y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad del menor cuando los siguientes factores están presentes:

     

    -El padre o tutor presenta un peligro para el niño;

    -El padre tiene antecedentes penales;

    -El padre tiene una orden penal pendiente;

    -l padre tiene una enfermedad contagiosa;

    -Reclamo fraudulento de tutela; y,

    -Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada, u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulte en que el adulto sea acusado penalmente.

     

    La ACLU dijo que, si el gobierno sigue separando familias secretamente en la frontera, sería inconstitucional y que regresarán a las cortes. “Estamos monitoreando (que el gobierno de Trump) no siga separando padres de hijos (en la frontera), dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.
    Nielsen dijo esta mañana durante la audiencia celebrada en el Congreso, que el DHS sólo separa familias cuando el menor está en riesgo, confirmando la advertencia hecha por el CBP en noviembre.

    Gelernt dijo esta tarde en su cuenta de la red social Twitter que el gobierno de Trump ha separado niños incluso cuando sus padres se entregaron a las autoridades federales y solicitaron asilo en Estados Unidos.

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