Indianapolis, Indiana. .
February 20, 2019

¿A USTED LE GUSTA QUE LE ENVIEN FLORES?

Nota del editor:

No solo las mujeres sufren de violencia doméstica. Segun cifras de algunas organizaciones, en 3 de cada 10 casos reportados, el hombre es la víctima.

Se cree que la cifra es mucho más alta, pero por diferentes razones no se reportan todos los casos.

A usted amigo, amiga, es que dedicamos este poema.

La violencia doméstica tiene solución. No se esperen a recibir flores. 

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  • ¿Son los indocumentados una horda de criminales, como piensa Trump? Esto es lo que dicen las cifras

    El presidente insiste en sacar provecho de las falencias del sistema migratorio -que necesita una reforma- y centrar su estrategia política de 'tolerancia cero' en la inmigración indocumentada.

    JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    19 DE FEBRERO DEL 2019- Todo empezó el 16 de junio de 2015. Ese día Donald Trump anunció que sería candidato a la presidencia de Estados Unidos y dejó entrever cuál sería su caballito de batalla : la inmigración. “Cuando México envía su gente, no envía a los mejores. Envía gente que tiene muchos problemas: traen drogas, crimen, son violadores… y supongo que algunos son buenas personas”, dijo. El discurso caló, Trump ganó la presidencia y su xenofobia se fue haciendo cada vez más radical.

    Para nadie es un secreto que el sistema migratorio de Estados Unidos está roto. Pero en lugar de tratar de arreglarlo (como lo hizo un grupo bipartidista del Senado en la fallida reforma migratoria del año 2013) Trump decidió sacar provecho de sus falencias y centrar su estrategia política en la inmigración indocumentada. La frontera, ha repetido miles de veces, es un coladero de drogas y de crimen. Por eso hay que cerrarla con un muro. Y sacar del país a todos los que entraron sin permiso, porque todos (o casi todos) son criminales. Así de simple.

    Uno de los problemas que tiene el sistema migratorio de Estados Unidos es precisamente su complejidad. Pero Trump no parece entenderlo, o no quiere entenderlo, o lo entiende pero opta por manipularlo, para alimentar a su base. Por eso suele mezclar peras con manzanas. O pasar por encima de los hechos. Como cuando ignora que más de la mitad de los indocumentados que hay en el país no entraron por la frontera que quiere cerrar con un muro. O que la mayor parte de la droga llega por los puertos de entrada.

    Como las cifras oficiales suelen contradecir buena parte de su discurso, en la presentación de la emergencia nacional que acaba de decretar para conseguir los fondos que “necesita” para construir el muro, Trump aseguró que él tenía sus propias fuentes estadísticas. Pero dado que las cifras absolutas que suele citar coinciden por lo general con las cifras oficiales, lo que el presidente parece tener es quien le haga una lectura diferente de las mismas. Una lectura “alternativa”, simplificadora y acomodada a su discurso político. Y siempre habrá alguien a quien retuitear cuando equipara el “fact checking” con el “fake news”.

    Un buen ejemplo de la lectura “alternativa” de las cifras oficiales que hace Trump es el relacionado con las tasas de criminalidad entre los inmigrantes, en especial con los datos sobre los llamados arrestos administrativos de ICE (que son arrestos que se producen por una violación civil de la ley de inmigración). En los dos últimos años fiscales (2017 y 2018) se produjeron, según ICE, 302,051 arrestos administrativos. De ellos (después de revisar los antecedentes) 210,876 correspondían a criminales convictos; 55,233 a personas que tenían cargos pendientes pero que no habían sido condenadas, y 35,942 sin cargos distintos a los que motivaron el arresto.

    Los datos de ICE incluyen también los cargos por los cuales han sido condenadas o están siendo investigadas las personas arrestadas. Con la salvedad de que una sola persona puede haber sido condenada o está siendo investigada por varios delitos. En los dos años, pesaban 740,229 cargos sobre las personas condenadas (un promedio de 3.5 cargos por persona), y 325,884 cargos sobre las personas investigadas (un promedio de 5.9 cargos por persona). Generalmente, los criminales más peligrosos son los que reinciden, y sobre ellos pueden pesar innumerables cargos. Pero no hay información detallada al respecto.

    Los informes oficiales de ICE no discriminan el origen de los arrestos, pero hay organizaciones que lo hacen (como el Trac, de la Universidad de Syracuse). De acuerdo con la información contenida en su página , poco menos del 75% de los arrestos administrativos realizados en los dos últimos años corresponden a personas detenidas en cárceles locales, estatales o federales que fueron transferidas a ICE mediante los llamados “detainers” (peticiones de ICE a las policías locales y a las autoridades carcelarias para que pongan a su disposición a las personas detenidas que han cometido faltas contra la ley de inmigración). Esas personas, en sentido estricto, no son detenidas por ICE sino por otras fuerzas del orden que colaboran con ICE (punto sobre el cual gira buena parte del debate sobre las ciudades santuario). El otro 25% corresponde a los arrestos realizados directamente por ICE en las comunidades, ya sea de manera individual o a través de redadas masivas en vecindarios urbanos o en lugares de trabajo.

    Todas estas cifras –que revelan sin duda la existencia de un problema que amerita la búsqueda de una solución–, en las manos del presidente adquieren una nueva dimensión. En su discurso sobre el Estado de la Unión, del 5 de febrero, Trump dijo: “En los últimos dos años nuestros valientes oficiales de ICE realizaron 266,000 arrestos de extranjeros criminales, incluidos los acusados o condenados por casi 100,000 asaltos, 30,000 delitos sexuales y 4,000 asesinatos”. Una frase llena de verdades a medias, sobre todo pensando en que la dijo para insistir en la necesidad de construir un muro. No todos los arrestados llegaron por la frontera –al menos se cuidó de hablar de extranjeros criminales y de no de ilegales–, no todos los arrestos fueron realizados por ICE y no todos los arrestados que mencionó son criminales, a no ser que, como se ha vuelto norma en su administración, se invierta la carga de la prueba: todos los detenidos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario.

    Una semana después, en una reunión privada con los alguaciles del país realizada en la Casa Blanca, el presidente fue menos cuidadoso que en su discurso sobre el Estado de la Unión y leyó repetidamente las cifras de ICE, hablando de personas, no de cargos criminales. “Acabo de recibir esto de Seguridad Nacional [el informe de ICE del año fiscal 2018]. Lo miras… y miles de personas. Drogas peligrosas: 76,000 personas… Asalto: 63,000 personas [aquí se equivocó y leyó la cifra de infracciones migratorias que es mayor que la de los asaltos] . Hurto: 20,000 personas. Actividades fraudulentas: 12,000 personas. Robos: 12,000 personas”. Si hubiera sumado todos los cargos, habría llegado a 523,515 personas, muchas más que las 105,140 efectivamente detenidas con cargos criminales.

    La idea de exagerar las cifras para apoyar sus puntos de vista no es nueva. El 13 de noviembre de 2016, en una entrevista para el programa ‘60 minutos’ de CBS, dijo, refiriéndose a su política migratoria: “Lo que vamos a hacer es sacar a personas que son criminales, con registros criminales, miembros de bandas, traficantes de droga, muchas de estas personas, probablemente dos millones, podrían incluso ser tres millones, los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar”. Esa entrevista puso el dedo en la llaga; ¿cuántos extranjeros criminales hay en Estados Unidos, y cuántos entraron de manera ilegal por la frontera sur?

    Oficialmente, no existe ninguna información que resuelva el interrogante. La cifra que más se aproxima a la más baja que dio Trump en la entrevista (dos millones de personas) fue mencionada por el DHS en un informe presentado al Congreso sobre su presupuesto de gastos para el año 2012/2013 (pag. 61/1092 del PDF): “ICE estima que hay 1.9 millones de criminales extranjeros deportables hoy en Estados Unidos. Esta población de criminales extranjeros representa un gran reto para la seguridad pública”.

    Pocos días después de la entrevista de Trump con CBS, el Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés), un respetado centro de estudios no partidista sobre inmigración, publicó un artículo en el que analiza las cifras del DHS. “Con base en el informe, nosotros estimamos en 2015 que aproximadamente 820,000 de los once millones de personas que viven en el país ilegalmente tienen condenas criminales. De ellos, estimamos que 300,000 tienen condenas por delitos graves [felonies] y 390,000 por delitos menores, pero serios (misdemeanors, con condenas superiores a 90 días)”.

    El artículo hace una aclaración muy importante: “Esos 820,000 inmigrantes indocumentados son un subconjunto de los 1.9 millones de no ciudadanos identificados por el DHS como extranjeros criminales deportables… Aunque el hecho parece poco conocido, una porción muy sustancial de los 1.9 millones de no ciudadanos [a los que se refiere la cifra del DHS] son personas legalmente presentes en Estados Unidos –ya sean residentes legales permanentes (también conocidos como poseedores de la llamada tarjeta verde) o no ciudadanos con visas temporales, que se han convertido en deportables como resultado de un crimen descalificador”.

    El artículo del MPI, por supuesto, no zanjó el debate. Y ante la falta de evidencia sobre el número de indocumentados con condenas por actos criminales (el mismo MPI basó sus conclusiones en el supuesto no verificable de que los indocumentados cometen crímenes a una tasa similar a la del resto de no ciudadanos, y los indocumentados representan el 43% del total de no ciudadanos), la discusión viró hacia el número de indocumentados que hay en las cárceles del país y su proporción con respecto a la población total (lo que algunos llaman tasa de encarcelamiento).

    En febrero de 2018, el abogado Peter Kirsanow, exmiembro de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, publicó un artículo en la National Review, titulado “Inmigración ilegal y crimen”, en el que –basado en un informe del año 2011 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO–, sugiere que los inmigrantes son más propensos a cometer crímenes que la población nativa.

    El artículo de Kirsanow –considerado uno de los líderes del movimiento “restriccionista”, que busca reducir al máximo la inmigración en el país – fue refutado días después por Alex Nowrasteh, analista senior de políticas migratorias en el reputado Instituto CATO.

    Según el investigador, Kirsanow también junta peras con manzanas: “Todo su caso está basado en una mala interpretación del reporte del año 2011 de la GAO sobre el Programa de Asistencia a los Estados en casos de Criminales Extranjeros (SCAAP, por sus siglas en inglés), un programa federal que reembolsa parcialmente a los estados y las localidades por el costo de encarcelar a ciertos criminales extranjeros”.

    Como en la lectura que hace Trump de los cargos criminales contemplados en los informes de ICE sobre arrestos administrativos, Kirsanow toma datos del SCAAP sobre encarcelamientos y los lee como individuos. En el año 2008, según datos del SCAAP, hubo 295,959 encarcelamientos de individuos extranjeros. “Si un criminal extranjero fue encarcelado por 10 cortas sentencias, liberado después de cada una y luego reencarcelado, entonces ese simple extranjero contaría por diez encarcelamientos en los datos del SCAAP para eso año. Pero Kirsanow lo cuenta como diez”, dice Nowrasteh. El investigador hace sus propias cuentas, basado en datos del Censo, y la cifra se reduce casi a la mitad (153,329).

    Para Nowrasteh, sin embargo, más importantes que el artículo de Kirsanow –“un individuo cuyo análisis puede darse por descontado”–, son los reportes sobre encarcelamiento de extranjeros que, siguiendo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump de enero 25 de 2017, comenzó a publicar el Departamento de Justicia a comienz