Indianapolis, Indiana. .
April 23, 2019

El futuro de Centroamérica huye a EEUU

MCALLEN, Texas.- Suany Yisel tiene ocho años, la piel clara y pecosa y el pelo castaño atado en una trenza. Sus brazos largos y delgados abrazan con fuerza la cintura de su madre mientras avanzan por la maleza. Hay un árbol caído en el camino y Yessenia Teruel, de 23 años, levanta la pierna de su hija para ayudarle a saltarlo.

Ambas acaban de cruzar en balsa el Río Grande junto a una treintena de migrantes indocumentados para entregarse a la Patrulla Fronteriza. Pero, al contrario que el resto del grupo, Suany Yisel y su mamá no sonríen pese a haber alcanzado su objetivo: “Está muy cansada. No ha querido comer en los últimos días”, cuenta la mujer mientras su hija apoya la cabeza contra su pecho como si estuviera a punto de desfallecer.

La madre tampoco luce feliz. Dice que en su comunidad de La Fortuna, en el municipio de Quimistán, tuvo que dejar a su otro hijo, un bebé de solo dos meses, pero la desesperación de no poderles ofrecer un futuro en su país la llevó a huir de Honduras con la mayor. Ahora espera que la dejen quedarse en Estados Unidos para buscar un tratamiento adecuado para la niña y también para que, a sus ocho años, la pequeña pueda ir al colegio por primera vez en su vida.

Es poco más del mediodía y el grupo donde van las hondureñas es el segundo de más de 30 personas que aparece en la zona conocida como Rincon Landing, un pasaje desolado en el centro del Valle del Río Grande, el sector donde la Patrulla Fronteriza ha registrado el mayor número de aprehensiones de indocumentados en los últimos años.

Pero lejos de ser ‘hordas de criminales’ como ha llegado a definir el presidente Donald Trump a los migrantes indocumentados para justificar su declaratoria de emergencia nacional en la frontera, la mayoría de las personas que cruzan desde México sin documentos se parecen más a Suany Yisel y su mamá: son unidades familiares, como la Patrulla Fronteriza denomina a las personas que llegan en un grupo formado por al menos un menor y un padre o tutor legal.

Solo en el mes de marzo, más de 53,000 unidades familiares entraron al país de esta manera, un máximo histórico. Y aunque la Patrulla Fronteriza le dijo a Univision Noticias no tener datos exactos de cuántos niños cruzan cada mes la frontera sur, en marzo podrían haber sido más de 35,000, asumiendo que por lo menos la mitad de las personas aprehendidas como unidades familiares sean niños, más los menores no acompañados (los que llegan solos al país).

Poco antes de las 11 de la mañana de un viernes reciente, comienzan a llegar las primeras familias del día a Rincon Landing. Del lado mexicano del Río Grande se ve un autobús, probablemente uno de los vehículos en los que los coyotes trasladan a los migrantes antes de subirlos a las balsas en las que los hacen cruzar el río después de que estos hayan pagado cientos de dólares. Desde la orilla estadounidense se puede observar una colorida hilera de personas que avanza entre la vegetación.

En la mayoría de casos la escena se repite: un papá o una mamá con un niño o una niña, aunque algunos llevan a más de un hijo y también hay menores no acompañados.

“Estamos felices porque Dios nos ha dado permiso de llegar a este lugar y venimos con un propósito. Venimos a buscar trabajo porque la familia es pobre y, usted sabe, nosotros tenemos que buscar el futuro para nuestros hijos”, explica Donato Llanes Ulloa, un hondureño que asegura que decidió salir de su país poco después de que mataran a sus hermanos.

Ulloa viene acompañado de su hijo Ever, de unos 10 años y, como la mayoría de migrantes que viajan con niños, no eluden a los agentes fronterizos sino que esperan a encontrarlos para entregarse a ellos.

La mujer, que solía trabajar indicando las rutas de autobuses a los viajeros en la estación de Tegucigalpa, dice tras encontrarse con un agente de la Patrulla Fronteriza que se fue por la falta de oportunidades y la violencia. “Si no quitan a los gobiernos que están, nos vamos a ir todos”, afirma.

Como ella, la mayoría de familias que llegan a este punto de la frontera son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Sienten que huir es la única manera de ofrecer un futuro a sus hijos ante los problemas que los agobian, que van de la violencia de las pandillas y la pobreza a los efectos que el cambio climático está teniendo en algunas zonas del corredor seco de Centroamérica.

Al final de la jornada, los oficiales procesaron a más de 1,100 personas solo en ese sector de la frontera del Valle del Río Grande, según datos de esa agencia federal. Fue un día típico, dicen, que refleja la tendencia de la llegada masiva de unidades familiares.

“En su país de origen les dicen que es mucho más fácil cruzar la frontera y poder ser quizás liberados por la Patrulla Fronteriza si vienen con un niño o menor”, asegura Carlos Ruiz, portavoz de esa agencia en el sector del Valle del Río Grande.

Migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador consultados por Univision Noticias confirman que en sus países se ha corrido la voz de que migrar con un niño es un “pasaporte” para entrar a Estados Unidos e incluso hay coyotes que reducen los precios a quienes viajan con menores porque no tienen que arriesgarse a cruzarlos de incógnito.

Lo que permite que la mayoría de migrantes que llegan a EEUU con un niño no sean deportados de manera inmediata son dos normas de protección de la infancia: una ley de 2008 para la prevención del tráfico humano (TVPRA) y el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad en centros de detención.

Gracias a estas dos normas, venir de la mano de un niño se convierte prácticamente en una garantía para la liberación del padre o tutor que lo acompaña hasta que se celebre la audiencia en la que un juez decidirá su futuro en el país; un proceso que, con las cortes de migración saturadas, puede tardar meses o incluso años.

Mientras tanto, en muchos puntos de la frontera los agentes dicen estar sobrepasados por la cantidad de migrantes que están llegando con niños y lamentan que están descuidando la entrada de “gente mala y narcóticos” que puedan estar llegando por otros puntos de Estados Unidos, como explica el agente Ruiz.

”Cuando llegan estas cantidades de migrantes en esos grupos tan grandes se requieren más agentes para poder procesarlos y prepararlos para el transporte”, afirma el portavoz de la Patrulla Fronteriza. “Esto causa que nosotros tengamos que sacar a gente de un área (...) lo cual abre las puertas en otras áreas de la frontera”.

Mientras Ruiz habla, varios agentes procesan a los recién llegados: los cuentan y les dan unas bolsas de plástico para que metan los cordones de los zapatos, cinturones, cadenas y cualquier objeto con el que se puedan hacer daño.

Entre quienes ya salieron en una camioneta están Yessenia Teruel y su hija Suany Yisel, a quien un oficial con formación en emergencias médicas tuvo que atender porque estaba deshidratada.

El agente Birmingham dice que lleva dos años y medio en esta zona y que nunca antes había visto llegar a familias en tan grandes cantidades. “Probablemente nadie ha visto nunca algo así”, asegura el oficial que recuerda una ocasión en la que le tocó atender a una madre a la que encontraron inconsciente con 107 grados de fiebre y dos niños a su cargo.

La llegada de tantos menores está generando desafíos para los que esa agencia, acostumbrada a lidiar con hombres adultos, no estaba preparada, como demostró la muerte de dos menores bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en diciembre pasado.

“Nadie está preparado para estas cantidades. No tenemos los agentes suficientes, no tenemos las facilidades (instalaciones) donde tenerlos... hasta la misma ciudad de McAllen no está preparada”, reconoce el portavoz de la Patrulla Fronteriza del sector de Río Grande, una zona que también se vio especialmente afectada por la ola de menores no acompañados. “De la manera que vamos, vamos a superar el flujo de 2014 por mucho”, adelanta.

 

Una crisis humanitaria gestionada por voluntarios

Una antigua residencia de ancianos es el primer punto de contacto para las cientos de familias centroamericanas que cada día son liberadas por la Patrulla Fronteriza en McAllen. El local, un edificio austero y de paredes desconchadas por el uso, parece un colegio a la hora en que suena la campana: mires donde mires hay niños corriendo, niños jugando, niños gritando o niños llorando.STHER POVEDA / UNIVISION

“No dejen a los niños solos”, pide por megafonía Alma Revesz, una abuela que colabora en la organización, antes de anunciar a los migrantes interesados que pronto saldrá otra camioneta con destino a la estación de autobuses. En el chaleco verde de Caridades Católicas que la distingue como voluntaria se lee ‘Emergencia de desastres’.

Voluntarias como ella están en primera línea de la crisis desatada por la llegada masiva de familias a una frontera desbordada. Una vez que las autoridades procesan a padres e hijos, estos son enviados al albergue de Caridades Católicas en McAllen que dirige la hermana Norma Pimentel. Allí llegan los migrantes con un documento que indica la fecha de su cita ante una corte de migración que se celebrará en el lugar del país donde algún familiar se ha comprometido a recibirlos y patrocinarlos ante inmigración.

“Se les da toda la atención para ayudarlos a conectarse con sus familias, para que les compren sus boletos de autobús o de avión y en el tiempo que esperan en recibir eso se les da oportunidad de bañarse, ponerse ropa limpia, comer, ver a un doctor si es necesario y esperar hasta que tengan ya su viaje e inmediatamente ponerlos en el autobús o en el avión”, explica la hermana Pimentel.

Desde la crisis de menores no acompañados de 2014, el objetivo de esta monja cada día es atender a las cientos de familias que son liberadas por la Patrulla Fronteriza, pero Pimentel dice que nunca las había visto llegar en estas cantidades. Según cuenta, últimamente están recibiendo a unas 5,000 personas a la semana, más de la mitad de ellas menores de diez años.

El desbordamiento del centro también llevó en las últimas semanas a las autoridades a liberar a los migrantes en las ciudades cercanas de Brownsville y Harlingen para quitar presión sobre la ciudad de McAllen, algo inédito hasta hace poco.

La Patrulla Fronteriza asegura que bajo su custodia las familias reciben comida y tienen acceso a duchas y tratamiento médico, pero muchos migrantes y voluntarios que los atienden aseguran que, cuando los liberan, están hambrientos, sin haberse podido bañar o cambiar de ropa y sin mucha información sobre sus procesos legales.

Algunos también llegan enfermos del camino y tras haber pasado varios días durmiendo en el suelo de las gélidas celdas de los centros de procesamiento de la Patrulla Fronteriza conocidas como hieleras.

“Vienen muy sucios, muy desnutridos, muy desesperados por llegar a su lugar de destino, donde ellos quieren ya realizarse o ver ese sueño americano que yo también busqué”, afirma una de las voluntarias, Juanita Almendarez, una mexicana de 72 años que, tras pasar buena parte de su vida en Nueva York, se mudó a McAllen al jubilarse.

Almendarez trabaja de lunes a sábado en la cocina del albergue preparando sándwiches y sopas para los migrantes durante unas seis horas al día o hasta que comienzan a dolerle las rodillas.

Cuenta que la mayoría de la comida, la ropa y las medicinas que les dan a los migrantes son donadas: “A veces faltan cosas, pero cuando ponen algún anuncio enseguida la gente es muy bondadosa y ayuda con su cooperación”, dice.

Una hondureña con una bebé en brazos se acerca a la voluntaria para preguntarle por la enfermería. Su hija está resfriada y le está saliendo una erupción en la piel. Almendarez le indica el camino a una sala en el fondo del albergue que hace las veces de clínica y farmacia, donde guardan todas las medicinas donadas: estantes con alcohol, guantes, medicinas para resfriados para niños y adultos, suero y vitaminas para embarazadas.

Una tarde reciente de domingo la clínica está llena, sobre todo de padres con niños resfriados, con fiebre y dolores estomacales. Al frente de la atención de los migrantes están Anne Leone, una joven enfermera partera originaria de Cleveland (Ohio) y residente en McAllen, y Xiomara, una voluntaria de origen mexicano que se presenta todos los fines de semana con sus dos hijos adolescentes.

Mientras Xiomara y su hija menor toman datos y atienden los casos más leves, Leone recibe a las mujeres embarazadas y a los pacientes más delicados, como Rodrigo Mancilla, un niño guatemalteco de nueve años que presenta más de 105 grados de fiebre.

Las voluntarias le dan un jarabe y le ponen una compresa fría en la frente para tratar de bajarle la temperatura y Leone llama al doctor Garza, uno de los dos pediatras cuyo teléfono está en el tablón principal de la clínica para las situaciones de emergencia.

Tras darle las medicinas para su tratamiento al niño, le recomiendan al padre quedarse unos días más en McAllen hasta que su hijo mejore, pero el hombre está preocupado porque le han puesto un grillete, tiene un largo viaje por delante hasta California, donde está el familiar que lo patrocina, y teme no llegar a tiempo para el día que tiene cita en la corte.

 

El futuro de decenas de miles de familias, en lista de espera

En la estación de autobuses de McAllen es fácil distinguir a los migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza porque llegan con un sobre del tamaño de un folio donde los voluntarios del albergue de Caridades Católicas les han escrito el itinerario de los boletos que les han comprado los familiares que los patrocinan.

“Maryland”, “Nueva York”, “Ohio”, “Florida”, se puede leer en un lado del sobre de algunos de los migrantes que esperan. Del otro, se repite un mismo mensaje en todos los casos: “Please help me. I don’t speak English. What bus do I need to take?” (“Por favor, ayúdeme. No hablo inglés. ¿Qué autobús tengo que tomar?”).

Los migrantes también llevan una bolsa de plástico negra con comida y snacks para el camino y a los que se van a lugares fríos les han dado mantas y ropa de abrigo donadas.

Luis es uno de los que espera en los bancos de la estación mientras su hija Brittany, de 4 años, duerme plácidamente tumbada sobre sus piernas con un gorro de pelo multicolor y un abrigo rosa muy grande para su tamaño.

Como muchos migrantes, Luis comienza su historia diciendo que lo que le trajo a Estados Unidos fue la situación económica, pero, poco a poco, en su relato se van sumando otros males que afectan a su país de origen y que sumen a la gente en la desesperación de pensar que allí nunca podrán ofrecerles un futuro mejor a sus hijos.

Según cuenta, antes de migrar trabajaba en San Pedro Sula y le tocó irse mudando de cuarto en cuarto porque las maras querían reclutarle: le pidieron vender droga y que les diera parte de lo que ganaba con su empleo. Por entonces, se oía hablar en las noticias de las caravanas de migrantes que iban a Estados Unidos y pensó: ¿por qué no? Él también quería intentarlo.

Así que mandó al campo a su mujer y a su hija pequeña, de un año, para que estuvieran más seguras y él emprendió el viaje con su hija mayor porque había oído que con niños era más fácil pasar.

Luis asegura que en su país también oyó hablar de los peligros del camino, pero no de lo que pasaba una vez que se entregaban a la Patrulla Fronteriza: “En la celda los niños lloraban porque tenían hambre y no nos dejaban bañarnos”, cuenta el joven hondureño. “A los que se quejaban, los agentes les decían que ellos se lo habían buscado”.

Relatos similares son compartidos por otros migrantes, algo que no sorprende al abogado Efrén Olivares de la ONG de Texas Civil Rights Project quien asegura que, con la frontera desbordada, su organización está registrando un aumento de las denuncias de abusos a las familias, así como de irregularidades y negligencias por parte del gobierno, como mayores tiempos de detención en la etapa de procesamiento.

“No hay ninguna razón por la cual un agente de la Patrulla Fronteriza no puede detener a una familia, procesarla y liberarla ese mismo día (legalmente la agencia cuenta con 72 horas para procesar a un detenido en la frontera). No hay razón para tenerlas 8 días, 10 días en un centro de procesamiento que está diseñado para que una familia esté ahí unas horas”, afirma. “Y hablando de los derechos de los niños, ahí no se les va a dar la atención médica necesaria, porque están junto con otras familias hacinados. Olvídate de los servicios psicológicos, sociales y de desarrollo que un niño de esa edad requiere”.

La Patrulla Fronteriza reconoce que, con la llegada masiva de familias, hace lo que puede “para simplemente evitar una tragedia” en sus instalaciones, como aseguró el comisionado de esa agencia Kevin K. McAleenan a finales de marzo al declarar que la frontera había alcanzado un “punto de quiebre”. Por su parte, Trump ha ido más allá al asegurar que Estados Unidos está “lleno” y que no hay más espacio para más migrantes y refugiados.

Y mientras en Washington republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo en las soluciones para arreglar un sistema migratorio sobrepasado, a la frontera sur siguen llegando cada día miles de familias que, una vez liberadas, se suman a la lista de espera de unas cortes migratorias que tienen más de 820,000 casos pendientes.

El abogado Efrén Olivares lamenta que, desde el inicio de su campaña presidencial, Trump ha demonizado a los migrantes y los ha presentado como una amenaza en lugar de tratar de facilitar los procesos a quienes tocan la puerta del país para pedir asilo.

Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente ha tratado de disuadir a toda costa a los centroamericanos de venir a EEUU con su política de ‘tolerancia cero’ que criminaliza la entrada ilegal al país y por la que miles de niños han sido separados de sus padres en la frontera . También ha tratado de endurecer los criterios para solicitar asilo y ha puesto cupos en las garitas, lo que ha generado largas listas de espera de refugiados en algunos puertos de entrada de la frontera sur. Pero lejos de ahuyentar a los migrantes, en los últimos meses se ha visto un repunte de familias que ven a los niños como su carta más segura para entrar a Estados Unidos.

os migrantes “están viniendo porque no tienen otra opción. Solo tratan de sobrevivir y cuidar a sus familias y lo más triste para mí es que, en este país (...) no sabemos cómo ayudamos a crear estos problemas y luego tienes a gente enfadada diciendo que por qué estas personas vienen”, dice Anne Leone, la enfermera voluntaria de la clínica de Caridades Católicas. Para ella, la solución a la crisis migratoria pasa por entender la verdadera magnitud de la crisis, dedicar recursos a la frontera y entender el problema “de una manera mucho más humana”.

La hermana Norma Pimentel también apela a la humanidad a la hora de esbozar soluciones: “Yo espero del gobierno que tengan conciencia de que lo que estamos tratando aquí son seres humanos, son personas, son familias, son niños y madres inocentes que están sufriendo y que cualquier proceso, cualquier solución que encontremos tomemos en cuenta esa realidad”, afirma la directora del albergue de McAllen.

Para ella, lo que vive la frontera es una “crisis humanitaria” y la única manera de evitar la “tragedia” que advertía el comisionado de la Patrulla Fronteriza es cooperar con los países de origen para tratar de frenar las causas de la migración.

“La tragedia existe cuando damos la espalda y lo hacemos como que no es mi problema y como que no queremos las personas que vengan”, afirma la hermana Pimentel. “Están aquí, necesitamos proceder, abrigarles, darles el cuidado para que sufran lo menos posible y que los departamentos que están encargados para procesar y determinar o no, el derecho de estar aquí puedan hacerlo con más facilidad”, afirma.

Una joven que ahora vive en el sur de California relata su traumática experiencia escapando de su propia familia en Centroamérica. Así evitó un matrimonio arreglado por la ambición de su padre. Ella pasó sin compañía la línea divisoria entre México y Estados Unidos, dejando atrás una vida de abusos.

ISAIAS ALVARADO

 

18 de abril del 2019- Parte de la terapia psicológica que recibe *Lucía en Los Ángeles, California, incluyó hacerle frente a uno de sus mayores miedos: tomar el teléfono y hablar con su padre en Honduras. Hace dos años, cuando tenía 17, ella escapó de su propia casa para evitar que la casaran con el anciano que la violó sexualmente.

“Me puse mal, sentía mis manos frías, no sabía qué hacer. Pero a la persona que me ha hecho tanto daño, logré decirle: ‘Te perdono por todo lo que me causaste’. Su reacción no fue la que yo esperaba: ‘Nunca te hice daño, siempre te di amor porque eras mi niña; todo lo hice para mejorar tu vida”, recuerda *Lucía (no es su nombre real) de esa breve charla telefónica. Hubo otra llamada. Fue la última.

Sigue tratando de sanar sus heridas emocionales lejos de su familia. No tiene a casi nadie en Los Ángeles, a donde llegó sin planificarlo. Se dirigía a Virginia, pero un pariente lejano en esta ciudad aceptó ser su patrocinador para tomar su custodia cuando estaba en un centro para menores en Texas.

Ella emprendió el viaje sola en enero de 2017 y llegó a esta metrópoli hasta el 24 de mayo de ese año. Pasó cuatro meses en un albergue para niños migrantes. Dice que su trayecto hasta la frontera fue ligero comparado con los de otros menores. Afirma que un poder divino la cuidó.

“Cuando llegábamos a una casa lo primero que hacía era arrodillarme y decirle a Dios: ‘Gracias por permitirme avanzar un poco más’”, cuenta esta adolescente que habla como si tuviera más edad.

Según su relato, esta joven decidió abandonar su hogar en Honduras después de que sus padres la encerraron en su cuarto y la tuvieron sin comer un tiempo, porque se comunicó con un amigo de su edad. En realidad, la estaban presionando para que aceptara su boda con un hombre rico que entonces tenía 63 años. El anciano y su padre ya habían pactado el enlace matrimonial un año antes.

“Estaban preparando la boda sin que yo estuviera de acuerdo. Obviamente, yo no quería pasar el resto de mi vida con una persona mayor y que no era de mi agrado. Mi papá no quería que me quedara con una persona de mi edad, sino con este hombre porque tenía dinero. Fue cuando empecé a buscar los medios para salir de ahí”, relata quien ahora tiene 19 años.

Dice que a su padre quería emparentar con el anciano porque es dueño de propiedades y casas en renta. Las bodas arregladas sí se llegan a realizar en su comunidad, pero raras veces, asegura ella.

Su padre insistía para que lo aceptara, a pesar de que ella le externaba que no lo quería. “Mi papá me decía que no fuera así, que fuera paciente ‘por mis estudios’”, dijo ella.

Fue tanto el acoso, que un día el anciano la violó sexualmente, aseguró la joven. “Yo no estaba de acuerdo con eso. Fue muy difícil por lo que yo tuve que pasar”, lamentó.

 

Su padre le enseñó a “sacarle provecho a mi cuerpo”

*Lucía describe a su padre como una persona ambiciosa, interesada y sin escrúpulos. De acuerdo con su testimonio, desde que tenía 15 años él la usaba para conseguir lo que quería. “Mi papá hacía amistades con personas y les decía: ‘Tengo una hija, está estudiando’. Me presentaba con ellos y si me iba a encerrar al cuarto me sacaba reclamándome: ‘Oye, no seas maleducada, que vinieron a verte’”.

En contra de su voluntad ella conversaba con aquellos hombres. En ese momento, aprovechaba para pedirles ayuda con disimulo. “Contaba sus planes para que ofrecieran su ayuda frente a mí”. Asegura que ninguno de esos hombres se sobrepasó con ella, solo le anciano con quien querían casarla.

Cuando se iban las visitas, le aconsejaba que les coqueteara. “Me decía: ‘puedes tener eso con tu belleza’. Me enseñaba a sacarle provecho a mi cuerpo. Luego supe que me estaba enseñando a cómo venderme”.

Cansada de esa vida, la adolescente intentó suicidarse. Una vez se cortó la muñeca y otra trató de envenenarse. “Tomé muchas pastillas porque quería quitarme la vida”, dijo con pesar.

Le tomó mucho tiempo decidir alejarse de sus padres. “Era una niña tonta. Me quedé porque me amenazaban: ‘No vas a vivir sin nosotros ¿Quién te va a dar de comer?’”.

La joven cree que su madre no la ayudó porque también es víctima de su padre. Con ella sigue hablando por teléfono, aunque tomando cierta distancia. “La confianza ya no es la misma después de que te enteras de que todo lo que pasaste en tu niñez no es algo normal”, comenta ella.

“Crecí con el pensamiento desde pequeña de que todo lo que mi padre me hacía era normal. Pero cuando llegué a Estados Unidos me explicaron que era un tipo de abuso”, mencionó.

 

“He aprendido a saber quién soy, lo que valgo”

Gracias a su hermano mayor, *Lucía logró llegar a la frontera entre México y EEUU en febrero de 2017.

Tratando de cruzar, la arrestaron agentes de la Patrulla Fronteriza. No tiene una sola queja sobre su estancia en un centro para menores migrantes. Aunque está lejos de los suyos, afirma que en Los Ángeles le han ayudado más de lo que esperaba. Ahora cursa el penúltimo año de la preparatoria y espera ingresar a una universidad pública el próximo verano. Creía que solo llegaría a trabajar.

“Aquí tengo buenas calificaciones, he ganado varias medallas. He logrado todo lo que no pude en mi país. Ahora puedo expresarme, sé que puedo lograr todos mis sueños y que nadie me va a imponer nada”, reflexiona.

También aquí ha encontrado apoyo emocional. Sigue yendo a consultas psicológicas para superar sus traumas. “He aprendido a saber quién soy, lo que valgo, cosas que no me enseñaron mis papás”.

En su opinión, otra “bendición” es que su proceso migratorio avanza más rápido de lo que pensaba: ya aprobaron su solicitud de asilo.

*Lucía acepta contar su dramática experiencia, pero pide ocultar su rostro. Aunque solo se le toma una fotografía a su torso, la joven implora que se distorsione la imagen para que no la reconozcan. Cuando se hace ese efecto, ella opta cambia también el color de la foto a blanco y negro tratando de cubrir lo más posible. El cambio no tapa la palabra ‘Hello’ y el dibujo de un oso de peluche en su blusa.

“Decidí compartir mi historia para cambiar vidas. Yo les diría a niños que han pasado por algo así o incluso cosas peores que no se queden callados, que van a encontrar ayuda por todas partes”.

Para lograr sus objetivos, *Lucía ha comenzado a escribir un libro para relatar con sus propias palabras todo lo que ha pasado, sigue enfoca en sus estudios para convertirse en una profesionista en el área de la salud y reza constantemente para alimentar su esperanza.

“Cada mañana digo: gracias Dios por darme este día y porque es un día menos para convertirme en una anestesióloga”, dice.

 

Por CALVIN WOODWARD

 

WASHINGTON (AP). 7 de abril del 2o19 — Cuando el presidente Donald Trump habla sobre las masas de centroamericanos que intentan ingresar a Estados Unidos, describe una horda de hombres fornidos con malas intenciones, “algunas de las personas más rudas que usted haya visto”, y se burla de ellas por actuar como bebés asustados para que los estadounidenses de corazón compasivo los acepten.

Sin embargo, las cifras de su propio gobierno presentan una historia distinta: los que están arribando son cada vez más familias y niños. Entre ellas hay miles que obtienen una oportunidad para vivir en Estados Unidos porque explican convincentemente que enfrentan persecución en sus países de origen.

Últimamente, Trump ha elegido la imagen de un combatiente de artes marciales mal encarado para que sea el rostro de esos migrantes.

“¿Qué tan estúpidos podemos ser como para aguantar esto?”, se preguntó el mandatario el sábado en un discurso ante un grupo republicano judío. “El programa de asilo es un timo”. Ese luchador apócrifo ha estado apareciendo repetidas veces en la retórica desdeñosa de Trump.

 

De sus afirmaciones del sábado:

 

TRUMP, con relación a los solicitantes de asilo: “Gente que se ve como si debiera estar luchando para la UFC (Ultimate Fighting Championship, una compañía que promueve combates de artes marciales mixtas). Leen una paginita que les dan abogados que están por todas partes”, asesorándolos para que digan “temo mucho por mi vida. Me preocupa mucho que sea acosado si me regresan a mi casa”. Luego Trump se mofó de los jueces de inmigración o de otros funcionarios: “Oh, denle asilo. Tiene miedo. Tiene miedo”. Y agregó: “No nos encanta el hecho de que tiene tatuajes en el rostro. Ése no es un buen indicio”.

LOS HECHOS: Los migrantes de los que se mofa no encajan en ese perfil. El flujo actual de inmigrantes centroamericanos que arriban a la frontera sur de Estados Unidos está formado por grandes grupos integrados por familias. Varios años antes, la mayoría de los centroamericanos que solicitaban asilo en la frontera eran niños sin acompañante.

El mes pasado, la oficina de estadísticas de inmigración de Seguridad Nacional publicó su informe anual más reciente en torno al flujo de solicitantes de asilo y de refugiados, el cual incluye el año 2017. Entre los que llegaron de Guatemala, El Salvador y Honduras y solicitaron asilo en la frontera, el 56% eran niños sin acompañante. El porcentaje fue el mismo el año anterior y más elevado en 2015.

En total, Seguridad Nacional autorizó las solicitudes de asilo de más de 26.500 personas en 2017. Aproximadamente una tercera parte eran niños, casi la mitad eran mujeres y cerca de dos terceras partes estaban casados.

Además, el Departamento de Justicia les concedió asilo a más de 10.500 personas que ya estaban en Estados Unidos y que solicitaron refugio durante sus audiencias de deportación.

China, El Salvador y Guatemala encabezaron las nacionalidades de las personas a las que se les concedió asilo.

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TRUMP: “Si ponen un pie en nuestro territorio, si empiezan a trepar una valla y están del lado de México, bienvenidos a Estados Unidos. Piensen en ello. Es una locura”.

LOS HECHOS: No es tan sencillo. Lo que le falta a la retórica de Trump es que es legal llegar a la frontera y solicitar asilo. En cuanto a los que se infiltran ilegalmente a Estados Unidos y piden asilo, también tienen derecho a hacerlo.

Como afirma el informe de Seguridad Nacional: “En general, cualquier extranjero presente en Estados Unidos o que llegue a un puerto de ingreso podría solicitar asilo sin importar cuál sea su estatus migratorio”.

Ya sea que lo pidan en la frontera o tras ser capturados dentro del país, a la mayoría no se les concede.

A la gente se le define como solicitante de asilo cuando llega a la frontera y pide ingresar o cuando hace esa solicitud estando ya dentro de Estados Unidos. A las personas que no se encuentran cerca ni en el interior del país y desean obtener su ingreso con base en argumentos humanitarios se les considera refugiados. En general son individuos que están viviendo fuera de sus países, como por ejemplo en campamentos de refugiados.

Estados Unidos autorizó el ingreso de 53.691 refugiados en 2017, un descenso del 37%, lo cual se atribuye a un incremento en las verificaciones de seguridad. Aproximadamente 43% eran niños, y había un número ligeramente superior de mujeres que de hombres. Entre los adultos, el 62% estaban casados.

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TRUMP: “Tienen una lotería de visas, a los demócratas... lo que ustedes quieran. ¿Creen ustedes que están colocando a sus mejores integrantes, creen que están poniendo a sus mejores personas allí? No”.

LOS HECHOS: Este es uno de los datos ficticios favoritos de Trump: la idea de que otros países inscriben a sus ciudadanos problemáticos en una lotería de visas de Estados Unidos con la esperanza de que obtengan una y se muden a territorio estadounidense. El mandatario incrementa la falsedad al atribuir el programa sólo a los demócratas. El presidente republicano George H.W. Bush promulgó el programa de lotería de visas con diversidad en 1990 y contó con amplio respaldo bipartidista.

En él, los ciudadanos de ciertos países elegidos por Estados Unidos pueden solicitar visas si tienen un nivel educativo suficiente o experiencia de trabajo en los campos deseados. De ese grupo de solicitantes con estudios y experiencia, el Departamento de Estado selecciona al azar a un grupo mucho más pequeño de posibles ganadores. No todos los ganadores obtendrán una visa porque aún deben competir por un número aún más pequeño de vacantes al presentar rápidamente sus solicitudes. Finalmente, a los que se les ofrezcan visas deben someterse a una revisión de antecedentes, al igual que cualquier otro inmigrante.

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La periodista de The Associated Press Colleen Long contribuyó con este despacho.

EDITOR'S NOTE _ A look at the veracity of claims by political figures

El diario The New York Post asegura que el gobierno federal trata de confirmar la participación de Emma Coronel en la fuga de 'El Chapo' Guzmán de una prisión mexicana en 2015. Así lo denunció un antiguo lugarteniente del cartel de Sinaloa.

ISAIAS ALVARADO

 

8 de abril del 2019- Desde hace al menos ocho años el gobierno federal ha tenido en el radar a Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En el juicio contra el capo en una corte federal en Brooklyn incluso se revelaron mensajes privados que la involucrarían en los negocios del cartel de Sinaloa.

Coronel, sin embargo, ya no solo es considerada la madre de las hijas gemelas de Guzmán, sino que es el objetivo de una investigación por conspiración para lograr la fuga del mafioso de una prisión mexicana de alta seguridad en 2015, según un artículo del diario The New York Post que cita a un funcionario federal.

El Post afirma que dicho funcionario mencionó: “Ella está siendo investigada por conspiración en este país (…) Está siendo considerada por su rol en el escape de 'El Chapo'".

Además, mencionó que Coronel también está en la mirilla del gobierno por supuestamente gastar grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico para mantener su lujoso estilo de vida.

Hasta ahora la esposa del exjefe del cartel de Sinaloa no ha sido acusada de ningún delito en EEUU, ni en México. Ninguna agencia gubernamental ha confirmado la versión del Post.

“No puedo confirmar ni negar la existencia de ninguna investigación”, dijo John Marzulli, vocero de la Fiscalía Federal en el distrito este de Nueva York en un email enviado a Univision Noticias. El Departamento de Justicia respondió escuetamente: “Nos negaremos a comentar”.

La revelación sobre esta investigación enfocada en Coronel ocurre dos semanas después de anunciarse que ella prepara el lanzamiento de una línea de ropa inspirada en su marido tras obtener los derechos para comercializar la imagen del capo y registrar la empresa en Nueva York.

“Estoy muy emocionada de comenzar este proyecto, que se basó en ideas y conceptos que mi esposo y yo tuvimos hace años”, dijo Coronel a la prensa sobre la compañía ‘El Chapo Guzman: JGL LLC’, que este verano sacaría al mercado playeras, gorras, jeans, protectores de celulares y sudaderas que llevan la imagen del mafioso más infame del mundo. Estos artículos se venderían en internet.

Hace unos días Coronel invitó a diseñadores de moda novatos a unirse al proyecto.

No está claro cómo se verificó que esta empresa se ha creado con dinero que no es de procedencia ilícita. Según la cadena CNN, Guzmán firmó el contrato cediendo la comercialización de su nombre e imagen a mediados de febrero, antes de que un jurado lo declarara culpable de 10 cargos de narcotráfico, lavado de dinero, porte ilegal de armas de fuego y de ser el jefe de una empresa criminal.

 

¿Cómo habría ayudado Coronel el escape de Guzmán?

En el juicio contra su marido, el instante más álgido para la esposa de ‘El Chapo’ se registró cuando fue señalada por un exlugarteniente del cartel de supuestamente haber colaborado para que Guzmán huyera de una prisión en 2015 y de tratar de que volviera a escapar antes de ser extraditado.

Dámaso López, alias ‘El Licenciado’ y quien era la mano derecha de Guzmán, testificó que ella se encargó de llevar los mensajes de su esposo encarcelado sobre la excavación de un túnel que llegó hasta el baño de su celda en el penal del Altiplano, en el centro de México. Mientras Guzmán estuvo recluido en esa prisión en 2014 y 2015, ‘El Licenciado’ planificó la fuga de su jefe con Coronel y cuatro hijos del capo.

“La madre de las gemelas”, como le decían en clave, era la mensajera de Guzmán. Para que las autoridades no se enteraran del plan, relató López, los hijos del narcotraficante compraron una parcela cerca de la prisión, la cual se convirtió en el otro extremo del túnel. Por ese pasaje escapó a bordo de una motocicleta modificada en 2015.

Guzmán fue recapturado en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, y regresado al Altiplano. Alias ‘El Licenciado’, aseguró que al mes siguiente del arresto, Coronel le dijo que Guzmán quería repetir su escape. No pudo porque fue trasladado a otra cárcel en Ciudad Juárez y porque no funcionó un soborno de dos millones de dólares que le entregaron a un funcionario federal no identificado.

A través de cartas que Guzmán le escribió a ‘El Licenciado’ desde la prisión, este le pedía que todos sus asuntos los tratara directamente con su esposa, quien lo visitaba en el Altiplano y en la cárcel de Juárez. Pero antes de volverse a escapar, las autoridades lo extraditaron a Nueva York.

 

La casa de las gemelas y el papá narco

Copias de la forma que entregó Coronel para obtener un pasaporte estadounidense (ella nació en el norte de California), de las actas de nacimiento de sus gemelas y de la aplicación para que ellas recibieran dicho documento de viaje son parte de la evidencia exhibida en el juicio a ‘El Chapo’. También hay cartas que le escribió Guzmán de su puño y letra. “Para Ema”, se lee al frente.

A principios de enero Emma Coronel recibió la primera sacudida en el tribunal. Un agente especial del FBI que investigaba las actividades del cartel en México, reveló mensajes privados entre Guzmán y ella exponiendo que estuvo involucrada de alguna manera en las actividades del cartel.

‘El Chapo’ trataba de comprar una residencia de lujo en Cabos San Lucas, valorada en un millón de dólares, y poner a sus hijas gemelas como propietarias, pero usando nombres falsos. “Para que las ‘reynitas’ tengan las propiedades a ese nombre que se va a registrar”, le escribió el capo.

También esas conversaciones escritas entre la pareja muestran que Coronel le alertaba sobre la presencia de militares en su zona, le preguntaba por sus lugartenientes y tendría en su poder un arma de fuego para protegerse de los enemigos de su esposo.

Entre el sistema de comunicaciones del cartel, Coronel se identificaba como “CharlyBlack 11” y utilizaba el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Según la evidencia obtenida por el FBI, el padre de ella, Inés Coronel, quien cumple una sentencia de 10 años por narcotráfico en una prisión mexicana, aparentemente utilizó el celular “especial” de su hija para comunicarse con su yerno.

En una de esas charlas hablan sobre el trasiego de droga a través de la frontera, desde la ciudad de Cananea, en Sonora. Su patrón y yerno también le sugirió que dejara de llamarle por radio y que usara los celulares del cartel. “No comente a otra gente para que la migra (Patrulla Fronteriza) carreree (persiga) a otra gente, ya que están escuchando todos los radios. Tenga discreción porque nadie lo está haciendo con blac (Blackberry)”, le advirtió Guzmán.

En el otoño de 2011 se supo por primera vez que el gobierno de EEUU le seguía los pasos a Coronel. Agentes encubiertos la espiaron desde que cruzó la frontera, cuando dio a luz a sus hijas gemelas en un hospital en el norte de Los Ángeles y hasta que regresó a México. En las actas de nacimiento de las niñas, ahora de siete años de edad, ella dejó en blanco el espacio para “nombre del padre”.

Abraham Monterrosas Vigueras

 

La vida cambia en un instante. En un momento, el actor Pablo Lyle se encontraba en la carretera de Miami camino al aeropuerto. Unos segundos después, le había propinado un golpe a un adulto mayor, con consecuencias fatales. Y ahora, se encuentra nuevamente en Miami… pero para enfrentar a la justicia.

El día de hoy, el actor ha comparecido ante una Corte de Miami, tras la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández. Recordemos que, el pasado 31 de marzoel hombre de 63 años fue golpeado por Lyle luego de un incidente de tránsito y posteriormente, falleció a causa de un derrame cerebral.

Las autoridades locales ya están investigando lo ocurrido. “Es un caso abierto bajo investigación. Es una investigación de homicidio de la ciudad de Miami y nosotros (la fiscalía) estamos trabajando con ellos”, mencionó Lissete Valdes Valle, portavoz de la fiscalía del condado de Miami-Dade.

Pero, ¿qué podría esperarle a este actor tras la muerte del hombre al que golpeó?

Cuando ocurrió el arresto de Lyle, el actor pagó una fianza de 5 mil dólares y le otorgaron un permiso para continuar con sus actividades de trabajo. Sin embargo, luego del fallecimiento de Juan Ricardo, las autoridades le retiraron ese permiso y su situación legal dio un giro.

 

Lo que opinan los abogados

Tras la muerte de Hernández y las pruebas presentadas, diversos abogados han hablado sobre lo que podría ocurrir con la situación legal de Pablo Lyle.

“Podría potencialmente enfrentar cargos por homicidio involuntario, debido a la muerte de la persona. Eso ocurre cuando la persona lleva a cabo una acción que causa la muerte sin necesariamente tener la intención de matar al otro”. Así lo declaró el abogado criminalista Néstor Rodríguez a ‘Despierta América’.

También hablaron de qué argumentos podría presentar la defensa del mexicano. “El riesgo que corre el actor es que las autoridades le pongan cargos de homicidio por haber causado la muerte de este señor. Pero para tener homicidio tiene que existir una intención de matar. Si tú sientes que te van a causar un daño físico a ti o a tu familia, tú puedes defenderte hasta con fuerza letal”. Así lo indicó Vance Owen a ‘El gordo y la flaca’.

Y agregó: “Se necesitan ciertos elementos. Tiene que haber una intención de matar o una intención de causar daños tan grandes que causen la muerte. Se me hace difícil pensar que un solo golpe sea fatal, a menos que seas Mike Tyson o un boxeador profesional, que obviamente este actor no lo es”.

Por supuesto, los resultados de la autopsia y las declaraciones de los testigos presenciales también jugarán un papel clave. “Desde luego, existe el riesgo fundado de que la situación jurídica del imputado cambie al existir una reclasificación del delito de agresiones al delito de homicidio. Esto depende del resultado que se obtenga de las periciales en medicina forense, mecánica de lesiones, y declaración de testigos presenciales que arrojen la responsabilidad del imputado”. Eso fue lo que comentó el abogado mexicano Víctor Manuel Reyes González, en entrevista con Las Estrellas.

A su vez, señaló que podría solicitarse una extradición y que, en caso de ser acusado de homicidio, podría pasar hasta 15 años en prisión.

 

¿Qué dicen las respectivas familias?

Los medios de comunicación han querido saber la postura de los familiares de Juan Ricardo Hernández, sobre todo después de que Hugo González, el legal manager del actor, explicara que podrían buscar un acuerdo y pagar una indemnización.

Sin embargo, la familia ha dicho públicamente su posición al respecto. “Ojalá que Pablo Lyle pase el resto de su vida en la cárcel. Pido que caiga todo el peso de la ley”. Así lo comentó Mercedes Arce, viuda de Hernández.

Por su parte, en una entrevista para ‘Despierta América’, el hijo de Juan Ricardo señaló: “Mi papá tenía problemas y una operación en la rodilla, y casi no podía caminar, fue muy duro. Él [Pablo] no tenía por qué haberle hecho eso”.

 

“Pablo es una persona que todo el mundo quiere”

“Pablo es un un gran ser humano, es un tipazo, y quienes lo conocen lo saben. Jamás ha sido agresivo ni nada. Es una persona que todo el mundo quiere. Entonces estamos muy positivos, tenemos ánimos de que todo va a salir bien”, declaró el hermano del actor al programa ‘El gordo y la flaca’.

Y agregó: “No he hablado tanto con él, le hemos dado su espacio. Somos una familia muy unida. Estamos con él en todo momento y vamos a salir adelante”.

 

¿Qué famosos lo apoyan y quiénes lo condenan?

El caso de Pablo Lyle ha dividido opiniones no solo en las redes sociales, sino también en el medio del espectáculo. Sofía Castro, hija de la ex primera dama, Angélica Rivera, es amiga cercana y madrina de uno de los hijos del actor. “Él sabe que lo amo, que lo adoro, es mi compadre, mi hermano y estoy con él por sobre todas las cosas”, comentó.

Fue el mismo caso de la actriz Regina Blandón, con quien Pablo trabajó en la película ‘Mirreyes contra Godínez’. “Le mando todo mi amor y toda mi buena vibra. Yo lo quiero muchísimo y esperemos que todo se resuelva pronto. Es algo que acaba de pasar, así que prefiero no decir nada más”, dijo en entrevista para 

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Sin embargo, también hay famosos que piden un castigo para Lyle. Uno de ellos es el actor cubano Adrián Di Monte, quien calificó a Pablo de “cobarde”. “Esto es indignante… en qué momento el pobre anciano de 63 años era una amenaza para nadie. Papi, que te caiga todo el peso de la ley, muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven, a ver si hubiera tenido el valor de bajarse del carro. Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado. Esto no es ser hombre, esto no es proteger a la familia”, publicó en su cuenta de Instagram.

Sea cual sea la decisión de la Corte, quizá habrá otra condena que a Pablo Lyle le tocará llevar: la de la opinión pública, la del juicio social, la de las opiniones en las redes sociales, la de la pregunta constante en los medios de comunicación… Sin duda, la vida cambia en un instante.

Durante cuatro años, dos policías encargados de arrestar narcotraficantes y confiscar droga se quedaron con varios cargamentos y se lo dieron a un cómplice. Ellos cumplen ahora una sentencia de cinco años de prisión.

ISAIAS ALVARADO

 

8 de abril del 2019- El escándalo sacudió al Departamento de Policía de Bakersfield, en el valle central de California. Dos detectives de su unidad antinarcóticos, uno de ellos representado en la película de Disney McFarland USA, robaron al menos 20 libras de metanfetamina y cargamentos de marihuana, y solo reportaron como evidencia una mínima parte de sus confiscaciones. Los descubrieron en el verano de 2016.

Este caso de corrupción ha vuelto a la luz porque este lunes Noel Carter, el hombre que recibía la droga para venderla por los oficiales, fue sentenciado a siete años y medio en una prisión federal, y a cinco años de libertad condicional, según informó el Distrito Este de California de la Fiscalía federal.

La condena de Carter, el último implicado en este proceso penal derivado de un operativo encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), cierra un vergonzoso capítulo de la Policía de Bakersfield.

En octubre de 2016, un juez dictó una sentencia de cinco años de cárcel a cada uno de los agentes corruptos, Damacio Díaz y Patrick Mara, ambos detectives antinarcóticos. Ellos usaban la información que recibían de fuentes confidenciales para detener a vendedores de droga. Cuando la encontraban se quedaban con la mayor parte y el resto la llevaban a la estación de policía.

Su cómplice Carter, de 45 años y vecino de Bakersfield, recibió la mercancía. Los fiscales alegan que este conspiró con los agentes entre abril de 2012 y agosto de 2015. De esta actividad ilícita, este hombre obtuvo más de 280,000 dólares, cifra que el gobierno le confiscó.

El primero en caer del trío fue Díaz, quien estuvo en el equipo estudiantil de corredores de campo traviesa que inspiró la película McFarland USA, protagonizada por Kevin Costner. Tras aceptar cooperar con el gobierno, echó de cabeza a su excompañero Mara. Ambos se declararon culpables, evitando un castigo más duro: los fiscales habían pedido para ellos condenas de alrededor de 20 años de cárcel.

Díaz también aceptó que recibió sobornos y presentó una declaración de impuestos fraudulenta.

El juez Lawrence O'Neill, quien revisó este caso, dijo al dictarle sentencia a principios de octubre de 2016 que si bien estaba obligado a considerar toda su vida, no podía pasar por alto los graves delitos que cometió. “Puede que usted no haya vendido su alma, pero ciertamente la alquiló durante los dos años de este caso”, señaló.

Afuera de la corte aquel día, Díaz agradeció por recibir un castigo sustancialmente menor al que pedía la Fiscalía federal. “Quiero comenzar dando a Dios toda la gloria. Este caso finalmente ha terminado y estamos extremadamente contentos y felices de anunciar que somos victoriosos”, expresó.

Mara sumaba 13 años en la Policía de Bakersfield cuando fue arrestado. Se unió a sus filas en enero de 2003 y estuvo en el equipo antipandillas y luego, en la unidad antinarcóticos. En 2013 fue ascendido a detective.

Durante su juicio, este contó que en 2012 se había declarado en bancarrota, su matrimonio se estaba desmoronando y estaba bebiendo mucho. En esa situación, aceptó el “dinero fácil” que le ofreció Díaz y pronto se volvió un narco con placa. “Me había convertido en un mal policía”, lamentó.

Para las 174 personas que fueron liberadas tras el operativo del miércoles comienza un nuevo proceso: el de demostrarle a un juez de inmigración por qué debe permitirles quedarse en Estados Unidos. Algunos de ellos tienen hasta 11 años viviendo y trabajando sin documentos en el país, y temen la deportación.

PATRICIA CLAREMBAUX

 

ALLEN, Texas. 6 de abril del 2019-  A Marta * y a su hermana las arrestaron el miércoles mientras reparaban teléfonos en CVE Technology Group. Se vieron allí por última vez desde la redada, aterrorizadas en medio del caos y los gritos que generó la entrada de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Pero una vez que las subieron al autobús que las llevaría al centro de detención, se perdieron la pista y eso sumó más angustia al proceso.

"Sabemos que nos espera una gran batalla legal", dijo Marta, una mexicana de 31 años, desde el estacionamiento del que fue su empleo por más de tres años y adonde fue el viernes a buscar su carro. Ella sabe que su calvario migratorio apenas comienza. "Uno escucha muchas noticias sobre redadas, pero jamás pensé que esto me iba a pasar a mí".

Entre Marta y su hermana, la familia pagó 10,000 dólares de fianza: 5,000 por cada una. Reunieron el dinero maratónicamente entre amigos, tíos, primos y sus padres. Ambas salieron el jueves, cree ella, porque ninguna tiene antecedentes penales: "Solo esta detenci´ón, que me hicieron mientras trabajaba para ganarme el pan de cada día". Por eso les sorprendió tanto —a todos— la llegada de ICE a la empresa. Creían que solo buscaban a personas con récord criminal, por su nombre y apellido.

Ambas buscan ahora a un abogado que las defienda y las ayude a acumular pruebas para convencer al juez de inmigración de que hay razones para no deportarlas. Aún no tienen fecha de corte, pero Marta ya siente los nervios de tener que dar la cara ante la ley después de 11 años sin papeles en Estados Unidos. Se frota sus manos, temblorosas: "Yo no he hecho más que trabajar y pagar impuestos. No quiero ni imaginar que me digan que debo irme de este país".

 

Un error común

"¿Alguien conoce a la peruana detenida? Parece que no han podido contactar a su familia y sigue arrestada", grita una mujer este viernes en uno de los pasillos casi vacíos de CVE Technology Group, donde mujeres liberadas recogen las cosas que dejaron botadas en sus lockers cuando ICE las marcó con un brazalete amarillo y se las llevó.

En CVE se escucha que pagaron fianzas de 2,500, 3,000, 5,000, y hasta 7,000 dólares. Las que dieron menos se sienten afortunadas. También hay quienes salieron sin poner ni un dólar, entre otras cosas, porque en los centros de detención en los que se encontraban no había camas disponibles. Sin embargo, ICE aseguró a Univision Noticias que las liberaciones se dieron exclusivamente por dos causales: por razones médicas o porque se trataba de madres solteras de menores de edad.

Casi todas las personas consultadas —una decena— coinciden en que cometieron un error: haber trabajado con números de seguro social robados e identificaciones fraudulentas. Bajo esas condiciones llevaban años contratadas por empresas temporales a las que CVE Technology Group solicitaba personal.

En todos los casos, cuentan los migrantes, estas compañías —Effex, OnTrack y Mission— no verificaron la autenticidad de los datos contenidos en esos documentos; solo los fotocopiaban, archivaban y les daban la bienvenida a las personas a su staff. Dicen que no recuerdan haber puesto huellas dactilares o haber sido sometidos a procesos de verificación de identidad adicionales.

Univision Noticias intentó entrevistar a algún directivo de estas empresas para consultarle sobre los procesos de contratación, pero no accedieron a contestar las preguntas.

Hasta este viernes, entre los indocumentados procesados y liberados por ICE no se conocen imputaciones criminales.

ICE explicó tras el operativo que habían recibido "múltiples tips de que la compañía contrataba a sabiendas a inmigrantes indocumentados, y que muchas de las personas empleadas en CVE estaban usando documentos de identificación falsos". Dijeron que fue justo en enero cuando comenzaron a auditar los formularios I-9 —donde consta la autorización de trabajo de una persona— y encontraron numerosas irregularidades en las contrataciones.

Desde entonces, una investigación criminal está en proceso y esa fue la razón por la que se llevó a cabo la megarredada.

Un operativo idéntico al del miércoles ocurrió en una fábrica de tráilers al norte de Texas hace menos de un año. Decenas de agentes de ICE y de la policía local llegaron al lugar y arrestaron a más de 150 personas. En ese momento, también había una investigación criminal en curso y dijeron que se trataba del mayor operativo de este realizado en los últimos 10 años.

 

Porque no hay camas (y otras razones)

Ana * no pagó fianza para ser liberada. Se considera afortunada.

Pero antes de que eso pasara, dijo que vivió horas de presión de los agentes de ICE para que firmara numerosos papeles. Le decían que si firmaba se iría más rápido y que, de lo contrario, pasaría tres meses encerrada mientras se resolvía su caso en una corte de inmigración. Ella igual se negó a firmar y a las 4:30 de la madrugada del jueves, cuando pensó que la presionarían de nuevo, el proceso cambió por completo.

"Se van, porque no tenemos suficientes camas. Vamos, que van a llamar a un familiar para que las venga a buscar ahorita", le dijeron a ella y a otras compañeras. A las 5:00am ya estaba fuera de la prisión de ICE en Alvarado, Texas. Y de las nueve compañeras que estaban con ella en la celda, solo tres se quedaron: dos mexicanas que entraron con visa de turista y trabajaban con papeles falsos, y una hondureña que tenía orden final de deportación.

La madre de otra joven salvadoreña entrevistada, que prefirió no dar su nombre, dijo que su hija tampoco pagó fianza y la soltaron el mismo miércoles casi a medianoche. Explicó que fue así porque no tiene antecedentes criminales y por razones humanitarias; lo mismo le pasó a otras 173 personas liberadas. En su caso, es madre soltera de dos menores de edad, uno de nueve años y otro de 15, y encima —y esto lo dice ella y no ICE— huyó de su país hace menos de un año porque las pandillas la amenazaron de muerte: "Y si a uno en ese país le dicen que lo van a matar es porque lo van a matar", asegura la mamá para reforzar las razones por las que su hija debe quedarse.

Marta recuerda haber visto de todo en las horas que estuvo encerrada: a la tía de una de sus amigas, una hondureña de la tercerda edad, los agentes de ICE le dijeron que optara por el asilo político y la liberaron; a una compañera nigeriana le cobraron 7,000 dólares de fianza que no podía pagar: "Me tocó ver cómo le ponían el uniforme de reclusa"; también hubo venezolanas que habían pedido asilo y las dejaban ir tras pagar 1,500 dólares.

Otra compañera hondureña supo que sería deportada y le tocaba dejar a su hijo de ocho años en custodia federal: "Fue muy triste verla. Nos vimos a través de una ventana y me saludó con la mano, como diciéndome 'suerte'", dice Marta.

Y en medio de todo ese caos, luego de tres traslados de una cárcel a otra, una compañera le dio la mejor noticia que había recibido en esas trágicas horas: "Asómate, ahí está tu hermana", le avisó. "Nos vimos de frente mientras a ella la trasladaban a la prisión y nos rodaron las lágrimas en la cara a las dos".

Y porque escuchaba y leía informaciones, Marta tuvo miedo de que el operativo del miércoles, en el que detuvieron a más de 280 inmigrantes indocumentados como ella, pudiera ser más violento.

Pero su experiencia —y en eso coinciden muchas mujeres consultadas— fue diferente. Ella sintió que el trato de los agentes de ICE fue "bueno", que algunos se esforzaron por hablar en español para hacerse entender y explicarle a los detenidos qué opciones tenían antes de la deportación voluntaria.

Otras contaron que a los enfermos cardíacos les midieron la presión con frecuencia y que estuvieron pendientes de que se alimentaran desde el mismo momento en que los subieron en el autobús. Algunos activistas creen que se trató de una redada inusualmente más humana.

Marta cree que a pesar de lo duro que vivieron, una cosa mantuvo la esperanza: "Hubo mucho compañerismo entre todas. Nos abrazábamos y nos decíamos que todo iba a estar bien, que Dios estaba con nosotros".

*Marta y Ana son pseudónimos. Los personajes de esta historia pidieron expresamente no revelar su nombre por temor.

Por Ana María Mejía

 

5 de abril del 2019. (CNN Español) — Este jueves falleció en el Hospital Jackson Memorial de Miami un hombre quien, luego de discutir con el actor mexicano Pablo Lyle, recibió un golpe en la cara que, según testigos, lo dejó inconsciente. El hospital confirmó que luego de 4 días en coma, la familia decidió desconectarlo del respirador artificial que lo mantenía con vida.

Los hechos que, desencadenaron después en la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, ocurrieron el domingo pasado al rededor de las 7 de la noche, según el reporte de la Policía de Miami.

El mismo informe asegura que el actor Pablo Lyle iba rumbo al Aeropuerto de Miami para tomar un vuelo a México, en el carro que conducía su cuñado, cuando este hizo un giro en U, lo que habría enojado a Juan Ricardo Hernández, quien manejaba otro automóvil por la misma avenida.

Según la policía, el cuñado de Lyle dijo que Hernández se bajó de su vehículo y empezó a golpear la ventanilla del carro en el que viajaba Lyle. Ambos, piloto y copiloto, se bajaron y empezaron a discutir con el cubano de 63 años. En ese momento, Pablo Lyle le da un golpe en la cara al hombre quien, según el reporte, cae a la calle sobre el lado derecho de su cabeza y queda inconsciente.

Lyle y su cuñado huyeron del lugar y continuaron su recorrido al aeropuerto, donde casi dos horas más tarde, y gracias a que los testigos proporcionaron la placa del carro del agresor a los agentes de policía, fue detenido y conducido para dar su declaración.

Al día siguiente, durante su declaración a los oficiales, Lyle confirmó que le había pegado a Hernández. Explicó que sintió miedo por la seguridad de su familia y que por esa razón se bajó del vehículo para confrontar al hombre. Dijo que cuando se acercó a Hernández, este puso sus manos arriba y que él inmediatamente lo golpeó porque pensó que le iba a pegar primero.

El lunes, 1 de abril, Pablo Lyle, quien fue arrestado bajo el cargo de asalto agravado, se presentó, según registros de la Corte de Miami Dade, ante la juez Lisa Walsh, quien lo autorizó a viajar a México, luego de pagar una fianza de 5.000 dólares.

En un comunicado enviado el jueves a los medios de comunicación, los representantes del actor explicaron que “al ser un caso abierto, por órdenes legales, Pablo Lyle, su familia y su equipo de trabajo tienen estrictamente prohibido otorgar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación”.

La próxima audiencia del actor mexicano será en una corte de Miami el lunes 8 de abril.

 

La muerte de Juan Ricardo Hernández y la difusión del video de una cámara de seguridad que grabó el incidente, han dado un giro importante al caso de odio en la carretera que ocurrió el pasado domingo donde está involucrado el actor méxico estadounidense Pablo Lyle. Una juez del condado Miami Dade dejó sin efecto la orden que le permitió viajar a México y le fijó una audiencia para los próximos días.

RAFAEL FUENMAYOR

 

5 de abril del 2019- El actor Pablo Lyle deberá presentarse en una corte de Miami el próximo lunes 8 de abril luego que una juez rescindiera este viernes la orden de viaje que le permitió trasladarse a México tras haber sido arrestado por estar involucrado en un incidente de odio en la carretera. La juez también informó que las circunstancias han viciado la fianza que le permitió al actor salir en libertad.

La juez Lisa Walsh, del circuito judicial 11 del condado Miami Dade, informó en la orden de la corte que "basado en el cambio de circunstancias" decidió rescindir la actuación que le permitió a Pablo Lyle viajar a México, ello debido a la muerte de "la víctima de esta agresión y que cargos mayores probablemente serán presentados".

El actor Pablo Lyle protagonizó un incidente de odio en la carretera junto a su cuñado el pasado domingo 31 de marzo, cuando confrontaron a Juan Ricardo Hernández en la intersección de la 27 avenida y la 14 calle del noroeste de Miami.

En el hecho, Hernández fue golpeado por Lyle en la cara y a consecuencia de ello estuvo recluido en la terapia intensiva del Hospital Jackson Memorial hasta este jueves, cuando falleció.

 

Fianza viciada

En la orden donde la juez Walsh rescinde el permiso de viaje de Lyle, explica que, si bien la corte que preside no tiene la autoridad legal para hacer lo mismo con la fianza sin notificar al afectado, considera que el contrato de esta se encuentra " viciado por la muerte de la víctima[que estaba viva cuando se emitió] y la posibilidad de [que se presenten] cargos mayores" en contra del actor. Por esta razón, la vigencia y condiciones de la fianza también serán discutidas en la audiencia del lunes.

Por su parte la fiscalía estatal del condado de Miami Dade informó que "está trabajando con la Policia de la Ciudad de Miami revisando toda información y evidencia" que les está llegando. La fiscal Katherine Fernandez Rundle señaló además en una declaración obtenida por Univision, que "nadie está por encima de la ley".

 

Lo que ha dicho Pablo Lyle

Hasta el momento el actor solo ha dado una corta declaración sobre el hecho negándose a ofrecer detalles por limitaciones legales, que alegó, le fueron impuestas.

Lo propio hicieron sus representantes este jueves, cuando distribuyeron un comunicado a la prensa explicando que "por órdenes legales, Pablo Lyle, su familia y equipo de trabajo, tienen estrictamente prohibido otorgar cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación" sobre el caso.

Aún no está claro si Pablo Lyle estará presente en la corte este lunes, pero de acuerdo a la naturaleza de lo que se discutirá en la audiencia y a que inicialmente el actor cooperó con las autoridades, es probable que viaje en las próximas horas para comparecer ante la juez Walsh.

 

Sin saber exactamente de qué hablaba, Trump criticó durante un discurso este viernes el Acuerdo Flores de 1997, que prohíbe al gobierno detener niños que migran sin documentos. “La decisión de Flores es un desastre. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país", dijo equivocadamente el presidente. Flores era, en realidad, una salvadoreña de 15 años detenida en la frontera en 1985.

JORGE CANCINO

 

6 de abril del 2019- El presidente Donald Trump confundió el viernes en la frontera entre Estados Unidos y México un acuerdo judicial clave (que prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores inmigrantes) con el nombre de un juez que no existe.

"Hemos tenido algunas decisiones judiciales muy malas”, dijo el mandatario durante una reunión celebrada en Calexico, donde viajó para inaugurar una vieja sección de la valla fronteriza construida a principios de los años 90 y que fue recientemente restaurada. “ La decisión de Flores es un desastre, tengo que decirles. Juez Flores, quienquiera que seas, esa decisión es un desastre para nuestro país. Y estamos trabajando en eso (para eliminarlo)”, agregó ante funcionarios fronterizos.

Ninguno de los asistentes al encuentro, ni asesores de Trump, lo interrumpieron para corregir el error.

Sin saber exactamente a qué se refería, el presidente criticó el Acuerdo Judicial Flores de 1997, alcanzado durante el gobierno de Bill Clinton que, en resumen, no permite al gobierno federal privar de libertad a menores de edad, creyendo que se trataba de la decisión de un juez de apellido Flores.

 

La historia

El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad, y que el gobierno abusara de su autoridad, y para que se respetaran sus derechos, considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil, no criminal.

 

La demanda

La demanda de ACLU de 1985 cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.

La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto administrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.

El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación.

ACLU, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hallan cometido delito alguno.

Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.

 

El acuerdo

En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la liquidación del Acuerdo, que obligó al gobierno revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.

Informes del Inspector General del Departamento de Justicia denunciaron posteriormente que el INS no cumplió de inmediato los términos del acuerdo.

Diecisiete años más tarde, en junio de 2014, Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la llegada, en lo que iba del año fiscal, de más de 40,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes habían sido detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban ingresar ilegalmente al país.

La mayoría de los migrantes, originarios del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza para buscar asilo en Estados Unidos. La oleada, que había sido advertida un año antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró la escaza capacidad de respuesta del gobierno federal para encarar la crisis y procesar a los migrantes, sobre todo a menores de edad.

El mal manejo de los procesos obligó a la ACLU a demandar al gobierno por violar los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997.

 

El error de Obama

Abrumado por la explosión de arrestos en la frontera y sin estrategias claras para contener la oleada de migrantes centroamericanos -y también mexicanos- en busca de asilo en Estados Unidos, el gobierno de Obama comenzó a detener a menores no acompañados y unidades familiares colocándolos en procesos acelerados de deportación.

Se crearon centros temporales de detención en distintos puntos del país para procesar los casos de deportación, pero el número de detenciones fue tal que colapsó las cortes de inmigración. También se abarrotaron los centros de detención, se sobrepasó la cantidad diaria de camas disponibles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), ICE y la Patrulla Fronteriza se vieron forzados a liberar indocumentados en proceso de expulsión por falta de espacios. Y forzó la detención de algunos menores y familias como estrategia para desmoralizar a los futuros migrantes, y con ello tratar de controlar la crisis.

Pero la falta de planificación y de conocimiento de las causas que generaron el éxodo migratorio trajo consigo más problemas de los que el gobierno federal podía atender en ese momento. E incluso descubrió, tarde, que una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) prohíbe la deportación inmediata o acelerada de menores de edad de países no fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien determine sus futuros en el país.

La crisis del 2014 parecía entonces un problema que recién comenzaba y no se veía una luz al final del túnel.

 

 

De nuevo en la corte

A finales de 2014 la ACLU, junto a otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, demandaron al gobierno de Obama por violar los términos del Acuerdo Judicial Flores. Siete meses más tarde, en junio de 2015, una corte de distrito de California dictaminó que ICE violaba el acuerdo al mantener encerrados a menores de edad en centros restrictivos por más tiempo del permitido.

El fallo también benefició las madres de los niños encerrados. “Se trata de un fallo muy importante”, dijo Víctor Nieblas, entonces presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “Incluye a las madres de los niños detenidos. Nosotros esperamos que el mensaje que está enviando la jueza sea contundente y que impida que ICE siga implementando sus políticas”.

En agosto de ese año la jueza Dolly Gee, quien preside la Corte Federal del Distrito Centro de California, tribunal designado para la custodia del Acuerdo Flores, ordenó al gobierno de Obama la pronta liberación de todos los menores indocumentados detenidos por ICE, fijando un plazo hasta el 23 de octubre de ese año para cumplir el dictamen.

La orden de Gee fue apelada y el debate jurídico acompañó a Obama hasta el término de su mandato. Y cuando Trump llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, implementó su política de ‘tolerancia cero’, pero se topó con los mismos frenos de Obama: el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008.

 

La guerra de Trump

A principios de julio del año pasado la jueza Gee, en respuesta a una demanda presentada por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, en contra del Acuerdo Judicial Flores para acelerar la deportación de menores migrantes arrestados en la frontera, rechazó el recurso argumentando que se trataba de "un intento cínico" de deshacer un añejo acuerdo judicial.

Gee dijo que el gobierno de Trump no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal.

El Departamento de Justicia había solicitado a la corte alterar el acuerdo después de que Trump dio marcha atrás a su orden de separar forzosamente a las familias de migrantes en la frontera, medida que causó rechazo y criticas dentro y fuera de Estados Unidos.

Gee dijo que la petición pretende endosar a la corte la responsabilidad de las "irreflexivas" acciones del presidente y la inacción del Congreso.

El Acuerdo Flores no le permite al gobierno mantener detenidos a menores de edad por más de 20 días. La política migratoria de Trump tiene a los 10.4 millones de indocumentados que viven en el país en el ojo de ICE.

Cinco días después de llegar a la Casa Blanca, el 25 de enero de 2017, el presidente decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

La visita de Trump a Calexico, el viernes, donde confundió el nombre del Acuerdo Flores con el de un juez que no existe, fue para reforzar su discurso migratorio tras una semana de amenazas de que cerraría la frontera con México si el vecino del sur no frenada la oleada migratoria.

El jueves y tras repetir insistentemente que lo haría, el mandatario dio marcha atrás y dijo a los medios de comunicación que le dará a México una advertencia "de un año" para que detenga a migrantes y "drogas" que viajan rumbo a Estados Unidos antes de tomar acción.

"Vamos a darles una advertencia de un año", dijo Trump y añadió que el país necesita "ayuda de México" para frenar el flujo de migrantes y "drogas" en la frontera porque de lo contrario "aplicaremos tarifas a los autos (fabricados en México) que ingresan a Estados Unidos", apuntó.

 

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  • El futuro de Centroamérica huye a EEUU

    MCALLEN, Texas.- Suany Yisel tiene ocho años, la piel clara y pecosa y el pelo castaño atado en una trenza. Sus brazos largos y delgados abrazan con fuerza la cintura de su madre mientras avanzan por la maleza. Hay un árbol caído en el camino y Yessenia Teruel, de 23 años, levanta la pierna de su hija para ayudarle a saltarlo.

    Ambas acaban de cruzar en balsa el Río Grande junto a una treintena de migrantes indocumentados para entregarse a la Patrulla Fronteriza. Pero, al contrario que el resto del grupo, Suany Yisel y su mamá no sonríen pese a haber alcanzado su objetivo: “Está muy cansada. No ha querido comer en los últimos días”, cuenta la mujer mientras su hija apoya la cabeza contra su pecho como si estuviera a punto de desfallecer.

    La madre tampoco luce feliz. Dice que en su comunidad de La Fortuna, en el municipio de Quimistán, tuvo que dejar a su otro hijo, un bebé de solo dos meses, pero la desesperación de no poderles ofrecer un futuro en su país la llevó a huir de Honduras con la mayor. Ahora espera que la dejen quedarse en Estados Unidos para buscar un tratamiento adecuado para la niña y también para que, a sus ocho años, la pequeña pueda ir al colegio por primera vez en su vida.

    Es poco más del mediodía y el grupo donde van las hondureñas es el segundo de más de 30 personas que aparece en la zona conocida como Rincon Landing, un pasaje desolado en el centro del Valle del Río Grande, el sector donde la Patrulla Fronteriza ha registrado el mayor número de aprehensiones de indocumentados en los últimos años.

    Pero lejos de ser ‘hordas de criminales’ como ha llegado a definir el presidente Donald Trump a los migrantes indocumentados para justificar su declaratoria de emergencia nacional en la frontera, la mayoría de las personas que cruzan desde México sin documentos se parecen más a Suany Yisel y su mamá: son unidades familiares, como la Patrulla Fronteriza denomina a las personas que llegan en un grupo formado por al menos un menor y un padre o tutor legal.

    Solo en el mes de marzo, más de 53,000 unidades familiares entraron al país de esta manera, un máximo histórico. Y aunque la Patrulla Fronteriza le dijo a Univision Noticias no tener datos exactos de cuántos niños cruzan cada mes la frontera sur, en marzo podrían haber sido más de 35,000, asumiendo que por lo menos la mitad de las personas aprehendidas como unidades familiares sean niños, más los menores no acompañados (los que llegan solos al país).

    Poco antes de las 11 de la mañana de un viernes reciente, comienzan a llegar las primeras familias del día a Rincon Landing. Del lado mexicano del Río Grande se ve un autobús, probablemente uno de los vehículos en los que los coyotes trasladan a los migrantes antes de subirlos a las balsas en las que los hacen cruzar el río después de que estos hayan pagado cientos de dólares. Desde la orilla estadounidense se puede observar una colorida hilera de personas que avanza entre la vegetación.

    En la mayoría de casos la escena se repite: un papá o una mamá con un niño o una niña, aunque algunos llevan a más de un hijo y también hay menores no acompañados.

    “Estamos felices porque Dios nos ha dado permiso de llegar a este lugar y venimos con un propósito. Venimos a buscar trabajo porque la familia es pobre y, usted sabe, nosotros tenemos que buscar el futuro para nuestros hijos”, explica Donato Llanes Ulloa, un hondureño que asegura que decidió salir de su país poco después de que mataran a sus hermanos.

    Ulloa viene acompañado de su hijo Ever, de unos 10 años y, como la mayoría de migrantes que viajan con niños, no eluden a los agentes fronterizos sino que esperan a encontrarlos para entregarse a ellos.

    La mujer, que solía trabajar indicando las rutas de autobuses a los viajeros en la estación de Tegucigalpa, dice tras encontrarse con un agente de la Patrulla Fronteriza que se fue por la falta de oportunidades y la violencia. “Si no quitan a los gobiernos que están, nos vamos a ir todos”, afirma.

    Como ella, la mayoría de familias que llegan a este punto de la frontera son de Honduras, Guatemala y El Salvador. Sienten que huir es la única manera de ofrecer un futuro a sus hijos ante los problemas que los agobian, que van de la violencia de las pandillas y la pobreza a los efectos que el cambio climático está teniendo en algunas zonas del corredor seco de Centroamérica.

    Al final de la jornada, los oficiales procesaron a más de 1,100 personas solo en ese sector de la frontera del Valle del Río Grande, según datos de esa agencia federal. Fue un día típico, dicen, que refleja la tendencia de la llegada masiva de unidades familiares.

    “En su país de origen les dicen que es mucho más fácil cruzar la frontera y poder ser quizás liberados por la Patrulla Fronteriza si vienen con un niño o menor”, asegura Carlos Ruiz, portavoz de esa agencia en el sector del Valle del Río Grande.

    Migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador consultados por Univision Noticias confirman que en sus países se ha corrido la voz de que migrar con un niño es un “pasaporte” para entrar a Estados Unidos e incluso hay coyotes que reducen los precios a quienes viajan con menores porque no tienen que arriesgarse a cruzarlos de incógnito.

    Lo que permite que la mayoría de migrantes que llegan a EEUU con un niño no sean deportados de manera inmediata son dos normas de protección de la infancia: una ley de 2008 para la prevención del tráfico humano (TVPRA) y el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad en centros de detención.

    Gracias a estas dos normas, venir de la mano de un niño se convierte prácticamente en una garantía para la liberación del padre o tutor que lo acompaña hasta que se celebre la audiencia en la que un juez decidirá su futuro en el país; un proceso que, con las cortes de migración saturadas, puede tardar meses o incluso años.

    Mientras tanto, en muchos puntos de la frontera los agentes dicen estar sobrepasados por la cantidad de migrantes que están llegando con niños y lamentan que están descuidando la entrada de “gente mala y narcóticos” que puedan estar llegando por otros puntos de Estados Unidos, como explica el agente Ruiz.

    ”Cuando llegan estas cantidades de migrantes en esos grupos tan grandes se requieren más agentes para poder procesarlos y prepararlos para el transporte”, afirma el portavoz de la Patrulla Fronteriza. “Esto causa que nosotros tengamos que sacar a gente de un área (...) lo cual abre las puertas en otras áreas de la frontera”.

    Mientras Ruiz habla, varios agentes procesan a los recién llegados: los cuentan y les dan unas bolsas de plástico para que metan los cordones de los zapatos, cinturones, cadenas y cualquier objeto con el que se puedan hacer daño.

    Entre quienes ya salieron en una camioneta están Yessenia Teruel y su hija Suany Yisel, a quien un oficial con formación en emergencias médicas tuvo que atender porque estaba deshidratada.

    El agente Birmingham dice que lleva dos años y medio en esta zona y que nunca antes había visto llegar a familias en tan grandes cantidades. “Probablemente nadie ha visto nunca algo así”, asegura el oficial que recuerda una ocasión en la que le tocó atender a una madre a la que encontraron inconsciente con 107 grados de fiebre y dos niños a su cargo.

    La llegada de tantos menores está generando desafíos para los que esa agencia, acostumbrada a lidiar con hombres adultos, no estaba preparada, como demostró la muerte de dos menores bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en diciembre pasado.

    “Nadie está preparado para estas cantidades. No tenemos los agentes suficientes, no tenemos las facilidades (instalaciones) donde tenerlos... hasta la misma ciudad de McAllen no está preparada”, reconoce el portavoz de la Patrulla Fronteriza del sector de Río Grande, una zona que también se vio especialmente afectada por la ola de menores no acompañados. “De la manera que vamos, vamos a superar el flujo de 2014 por mucho”, adelanta.

     

    Una crisis humanitaria gestionada por voluntarios

    Una antigua residencia de ancianos es el primer punto de contacto para las cientos de familias centroamericanas que cada día son liberadas por la Patrulla Fronteriza en McAllen. El local, un edificio austero y de paredes desconchadas por el uso, parece un colegio a la hora en que suena la campana: mires donde mires hay niños corriendo, niños jugando, niños gritando o niños llorando.STHER POVEDA / UNIVISION

    “No dejen a los niños solos”, pide por megafonía Alma Revesz, una abuela que colabora en la organización, antes de anunciar a los migrantes interesados que pronto saldrá otra camioneta con destino a la estación de autobuses. En el chaleco verde de Caridades Católicas que la distingue como voluntaria se lee ‘Emergencia de desastres’.

    Voluntarias como ella están en primera línea de la crisis desatada por la llegada masiva de familias a una frontera desbordada. Una vez que las autoridades procesan a padres e hijos, estos son enviados al albergue de Caridades Católicas en McAllen que dirige la hermana Norma Pimentel. Allí llegan los migrantes con un documento que indica la fecha de su cita ante una corte de migración que se celebrará en el lugar del país donde algún familiar se ha comprometido a recibirlos y patrocinarlos ante inmigración.

    “Se les da toda la atención para ayudarlos a conectarse con sus familias, para que les compren sus boletos de autobús o de avión y en el tiempo que esperan en recibir eso se les da oportunidad de bañarse, ponerse ropa limpia, comer, ver a un doctor si es necesario y esperar hasta que tengan ya su viaje e inmediatamente ponerlos en el autobús o en el avión”, explica la hermana Pimentel.

    Desde la crisis de menores no acompañados de 2014, el objetivo de esta monja cada día es atender a las cientos de familias que son liberadas por la Patrulla Fronteriza, pero Pimentel dice que nunca las había visto llegar en estas cantidades. Según cuenta, últimamente están recibiendo a unas 5,000 personas a la semana, más de la mitad de ellas menores de diez años.

    El desbordamiento del centro también llevó en las últimas semanas a las autoridades a liberar a los migrantes en las ciudades cercanas de Brownsville y Harlingen para quitar presión sobre la ciudad de McAllen, algo inédito hasta hace poco.

    La Patrulla Fronteriza asegura que bajo su custodia las familias reciben comida y tienen acceso a duchas y tratamiento médico, pero muchos migrantes y voluntarios que los atienden aseguran que, cuando los liberan, están hambrientos, sin haberse podido bañar o cambiar de ropa y sin mucha información sobre sus procesos legales.

    Algunos también llegan enfermos del camino y tras haber pasado varios días durmiendo en el suelo de las gélidas celdas de los centros de procesamiento de la Patrulla Fronteriza conocidas como hieleras.

    “Vienen muy sucios, muy desnutridos, muy desesperados por llegar a su lugar de destino, donde ellos quieren ya realizarse o ver ese sueño americano que yo también busqué”, afirma una de las voluntarias, Juanita Almendarez, una mexicana de 72 años que, tras pasar buena parte de su vida en Nueva York, se mudó a McAllen al jubilarse.

    Almendarez trabaja de lunes a sábado en la cocina del albergue preparando sándwiches y sopas para los migrantes durante unas seis horas al día o hasta que comienzan a dolerle las rodillas.

    Cuenta que la mayoría de la comida, la ropa y las medicinas que les dan a los migrantes son donadas: “A veces faltan cosas, pero cuando ponen algún anuncio enseguida la gente es muy bondadosa y ayuda con su cooperación”, dice.

    Una hondureña con una bebé en brazos se acerca a la voluntaria para preguntarle por la enfermería. Su hija está resfriada y le está saliendo una erupción en la piel. Almendarez le indica el camino a una sala en el fondo del albergue que hace las veces de clínica y farmacia, donde guardan todas las medicinas donadas: estantes con alcohol, guantes, medicinas para resfriados para niños y adultos, suero y vitaminas para embarazadas.

    Una tarde reciente de domingo la clínica está llena, sobre todo de padres con niños resfriados, con fiebre y dolores estomacales. Al frente de la atención de los migrantes están Anne Leone, una joven enfermera partera originaria de Cleveland (Ohio) y residente en McAllen, y Xiomara, una voluntaria de origen mexicano que se presenta todos los fines de semana con sus dos hijos adolescentes.

    Mientras Xiomara y su hija menor toman datos y atienden los casos más leves, Leone recibe a las mujeres embarazadas y a los pacientes más delicados, como Rodrigo Mancilla, un niño guatemalteco de nueve años que presenta más de 105 grados de fiebre.

    Las voluntarias le dan un jarabe y le ponen una compresa fría en la frente para tratar de bajarle la temperatura y Leone llama al doctor Garza, uno de los dos pediatras cuyo teléfono está en el tablón principal de la clínica para las situaciones de emergencia.

    Tras darle las medicinas para su tratamiento al niño, le recomiendan al padre quedarse unos días más en McAllen hasta que su hijo mejore, pero el hombre está preocupado porque le han puesto un grillete, tiene un largo viaje por delante hasta California, donde está el familiar que lo patrocina, y teme no llegar a tiempo para el día que tiene cita en la corte.

     

    El futuro de decenas de miles de familias, en lista de espera

    En la estación de autobuses de McAllen es fácil distinguir a los migrantes liberados por la Patrulla Fronteriza porque llegan con un sobre del tamaño de un folio donde los voluntarios del albergue de Caridades Católicas les han escrito el itinerario de los boletos que les han comprado los familiares que los patrocinan.

    “Maryland”, “Nueva York”, “Ohio”, “Florida”, se puede leer en un lado del sobre de algunos de los migrantes que esperan. Del otro, se repite un mismo mensaje en todos los casos: “Please help me. I don’t speak English. What bus do I need to take?” (“Por favor, ayúdeme. No hablo inglés. ¿Qué autobús tengo que tomar?”).

    Los migrantes también llevan una bolsa de plástico negra con comida y snacks para el camino y a los que se van a lugares fríos les han dado mantas y ropa de abrigo donadas.

    Luis es uno de los que espera en los bancos de la estación mientras su hija Brittany, de 4 años, duerme plácidamente tumbada sobre sus piernas con un gorro de pelo multicolor y un abrigo rosa muy grande para su tamaño.

    Como muchos migrantes, Luis comienza su historia diciendo que lo que le trajo a Estados Unidos fue la situación económica, pero, poco a poco, en su relato se van sumando otros males que afectan a su país de origen y que sumen a la gente en la desesperación de pensar que allí nunca podrán ofrecerles un futuro mejor a sus hijos.

    Según cuenta, antes de migrar trabajaba en San Pedro Sula y le tocó irse mudando de cuarto en cuarto porque las maras querían reclutarle: le pidieron vender droga y que les diera parte de lo que ganaba con su empleo. Por entonces, se oía hablar en las noticias de las caravanas de migrantes que iban a Estados Unidos y pensó: ¿por qué no? Él también quería intentarlo.

    Así que mandó al campo a su mujer y a su hija pequeña, de un año, para que estuvieran más seguras y él emprendió el viaje con su hija mayor porque había oído que con niños era más fácil pasar.

    Luis asegura que en su país también oyó hablar de los peligros del camino, pero no de lo que pasaba una vez que se entregaban a la Patrulla Fronteriza: “En la celda los niños lloraban porque tenían hambre y no nos dejaban bañarnos”, cuenta el joven hondureño. “A los que se quejaban, los agentes les decían que ellos se lo habían buscado”.

    Relatos similares son compartidos por otros migrantes, algo que no sorprende al abogado Efrén Olivares de la ONG de Texas Civil Rights Project quien asegura que, con la frontera desbordada, su organización está registrando un aumento de las denuncias de abusos a las familias, así como de irregularidades y negligencias por parte del gobierno, como mayores tiempos de detención en la etapa de procesamiento.

    “No hay ninguna razón por la cual un agente de la Patrulla Fronteriza no puede detener a una familia, procesarla y liberarla ese mismo día (legalmente la agencia cuenta con 72 horas para procesar a un detenido en la frontera). No hay razón para tenerlas 8 días, 10 días en un centro de procesamiento que está diseñado para que una familia esté ahí unas horas”, afirma. “Y hablando de los derechos de los niños, ahí no se les va a dar la atención médica necesaria, porque están junto con otras familias hacinados. Olvídate de los servicios psicológicos, sociales y de desarrollo que un niño de esa edad requiere”.

    La Patrulla Fronteriza reconoce que, con la llegada masiva de familias, hace lo que puede “para simplemente evitar una tragedia” en sus instalaciones, como aseguró el comisionado de esa agencia Kevin K. McAleenan a finales de marzo al declarar que la frontera había alcanzado un “punto de quiebre”. Por su parte, Trump ha ido más allá al asegurar que Estados Unidos está “lleno” y que no hay más espacio para más migrantes y refugiados.

    Y mientras en Washington republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo en las soluciones para arreglar un sistema migratorio sobrepasado, a la frontera sur siguen llegando cada día miles de familias que, una vez liberadas, se suman a la lista de espera de unas cortes migratorias que tienen más de 820,000 casos pendientes.

    El abogado Efrén Olivares lamenta que, desde el inicio de su campaña presidencial, Trump ha demonizado a los migrantes y los ha presentado como una amenaza en lugar de tratar de facilitar los procesos a quienes tocan la puerta del país para pedir asilo.

    Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente ha tratado de disuadir a toda costa a los centroamericanos de venir a EEUU con su política de ‘tolerancia cero’ que criminaliza la entrada ilegal al país y por la que miles de niños han sido separados de sus padres en la frontera . También ha tratado de endurecer los criterios para solicitar asilo y ha puesto cupos en las garitas, lo que ha generado largas listas de espera de refugiados en algunos puertos de entrada de la frontera sur. Pero lejos de ahuyentar a los migrantes, en los últimos meses se ha visto un repunte de familias que ven a los niños como su carta más segura para entrar a Estados Unidos.

    os migrantes “están viniendo porque no tienen otra opción. Solo tratan de sobrevivir y cuidar a sus familias y lo más triste para mí es que, en este país (...) no sabemos cómo ayudamos a crear estos problemas y luego tienes a gente enfadada diciendo que por qué estas personas vienen”, dice Anne Leone, la enfermera voluntaria de la clínica de Caridades Católicas. Para ella, la solución a la crisis migratoria pasa por entender la verdadera magnitud de la crisis, dedicar recursos a la frontera y entender el problema “de una manera mucho más humana”.

    La hermana Norma Pimentel también apela a la humanidad a la hora de esbozar soluciones: “Yo espero del gobierno que tengan conciencia de que lo que estamos tratando aquí son seres humanos, son personas, son familias, son niños y madres inocentes que están sufriendo y que cualquier proceso, cualquier solución que encontremos tomemos en cuenta esa realidad”, afirma la directora del albergue de McAllen.

    Para ella, lo que vive la frontera es una “crisis humanitaria” y la única manera de evitar la “tragedia” que advertía el comisionado de la Patrulla Fronteriza es cooperar con los países de origen para tratar de frenar las causas de la migración.

    “La tragedia existe cuando damos la espalda y lo hacemos como que no es mi problema y como que no queremos las personas que vengan”, afirma la hermana Pimentel. “Están aquí, necesitamos proceder, abrigarles, darles el cuidado para que sufran lo menos posible y que los departamentos que están encargados para procesar y determinar o no, el derecho de estar aquí puedan hacerlo con más facilidad”, afirma.

  • Perú despide a Alan García, el expresidente que siempre estuvo en el ojo de la tormenta

    Fue uno de los presidentes más jóvenes de Perú, sus excentricidades le valieron el apelativo de 'caballo loco' entre los ciudadanos y su vida acabó, como muchos momentos de su carrera política, con una maniobra dramática: Alan García se disparó en la sien cuando iba a ser detenido acusado del delito de lavado de activos en medio del escándalo Odebrecht.

    MÓNICA VARGAS

     

    LIMA, Perú. 18 de abril del 2019- Derrochaba encanto cuando se lo proponía, pero cuando el expresidente peruano Alan García tenía que demoler con las palabras, que tan bien manejaba, era implacable. Imposible que pasase desapercibido con sus casi dos metros de estatura y corpulencia. Su pose arrebataba miradas y provocaba murmullos entre la gente que lo veía pasar, fueran simpatizantes o no.

    A sus 36 años se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes que tuvo el país y no dudó en culpar precisamente a esa juventud por ese primer gobierno entre 1985 y 1990 que sumió a Perú casi en la bancarrota y en un descalabro social. Sus arrebatos durante esa gestión y las leyendas urbanas que se tejieron en torno a él, como el escaparse en moto y disfrazado de la casa de gobierno para no ser detectado por los periodistas, le valieron el apelativo de 'caballo loco' entre los peruanos.

    Un embajador estadounidense, de servicio en Lima la década pasada, lo describió en su momento como una persona de ego colosal, desconfiado y arrogante. Además anotó que sufría de bruscos cambios de humor.

    Durante los años 90, se asiló en Colombia y luego en Francia para estar a salvo de lo que aseguró era una persecución política en su contra emprendida por su sucesor en el cargo Alberto Fujimori,actualmente en prisión acusado de violación a los derechos humanos y corrupción.

     

    "No se decepcionarán"

    García y su partido político Apra empezaron a reconstruirse en esa casi década de autoexilio, tratando de dejar atrás la impopularidad con la que acabó su primera gestión y asegurando que había reflexionado y crecido.

    “No se decepcionarán”, era una de las frases que más repetía tras sorprender a los peruanos con su anuncio de que volvería a intentar convertirse en presidente por segunda vez cuando era considerado un cadáver político.

    Conocida su gran capacidad oratoria, el comentario jocoso durante ese periodo era: “No lo escuches o te va a convencer”. Y así fue, gran parte de los peruanos lo escuchó y quedaron convencidos.

    En el 2001 remontó rápidamente en popularidad y le faltó poco para convertirse en presidente (le ganó Alejandro Toledo, ahora prófugo de la justicia peruana que lo busca por corrupción), y en el 2006 fue reelegido nuevamente presidente.

    Su segundo gobierno tuvo buenos resultados, sobre todo en materia económica, gracias al auge de las materias primas, pero empezaron a arreciar las denuncias de malos manejos de los recursos del Estado peruano.

    Las acusaciones de corrupción fueron una constante en sus dos gobiernos, pero la justicia nunca pudo comprobarlas y sus enemigos políticos solían resaltar ese halo de impunidad que parecía tener García ante las denuncias.

    La opinión pública no era indiferente al tema. Según algunas encuestas, la población lo percibe como uno de los políticos más corruptos del país. Y también quedó en la memoria colectiva de los peruanos cuando el ex presidente venezolano Hugo Chávez lo llamó “ladrón” y “corrupto de siete suelas”, en un enfrentamiento verbal con García el 2006 que luego fue superado.

     

    El más investigado

    “Soy el hombre más investigado de Perú de los últimos 30 años y lo que tengo es producto de mi trabajo y así lo he demostrado. Confío en la historia. Soy cristiano. Creo en la vida después de la muerte”, dijo en lo que fue su última entrevista la noche del martes con el medio local RPP Noticias.

    Considerado como maestro de la política, sobreviviente de acusaciones y embates de sus rivales, García no podía salir del país. En noviembre, un juez dispuso eso en el marco de una investigación por colusión, lavado de activos y tráfico de influencias, todo dentro de una gigantesca investigación sobre la red de corrupción que tejió la constructora brasileña Odebrecht en Perú.

    Al expresidente se le estaba investigando por haber recibido un pago de 100,000 dólares de Odebrecht por una conferencia y por la concesión de obras a esa empresa para construir una de las líneas del metro de Lima.“Demuéstrenlo pues, imbéciles”, dijo ofuscado al ser consultado al respecto por periodistas aparentemente dirigiéndose a sus investigadores.

    Pocos días después y argumentando persecución política, García buscó refugio en la embajada de Uruguay en Lima, pero su pedido fue rechazado y tuvo que regresar a su casa en un barrio exclusivo de Lima.

    “Otros se venden, yo no”, se había convertido en una de las usuales frases que usaba en su cuenta de Twitter para defenderse de las acusaciones e indagaciones de los fiscales. “. “Necesitan hacer una hoguera y quemar como una vieja bruja a Alan García”, dijo recientemente.

    Pero la detención de García ya era inminente y él lo sabía. Su defensa fue intensa en sus últimos días a través de tuits y en entrevistas con medios locales.

    “Lo noté preocupado pero tranquilo, pero es cierto, ya sabía de la detención que se le venía. Dijo que iba a esperar e incluso hizo algunas bromas conmigo”, dijo a Univision Noticias Carlos Villarreal, el último periodista en entrevistarlo en vivo, pocas horas antes de que tome la decisión de quitarse la vida.

  • “Huí a EEUU porque querían casarme con un anciano”: el drama de una niña que cruzó sola la frontera

    Una joven que ahora vive en el sur de California relata su traumática experiencia escapando de su propia familia en Centroamérica. Así evitó un matrimonio arreglado por la ambición de su padre. Ella pasó sin compañía la línea divisoria entre México y Estados Unidos, dejando atrás una vida de abusos.

    ISAIAS ALVARADO

     

    18 de abril del 2019- Parte de la terapia psicológica que recibe *Lucía en Los Ángeles, California, incluyó hacerle frente a uno de sus mayores miedos: tomar el teléfono y hablar con su padre en Honduras. Hace dos años, cuando tenía 17, ella escapó de su propia casa para evitar que la casaran con el anciano que la violó sexualmente.

    “Me puse mal, sentía mis manos frías, no sabía qué hacer. Pero a la persona que me ha hecho tanto daño, logré decirle: ‘Te perdono por todo lo que me causaste’. Su reacción no fue la que yo esperaba: ‘Nunca te hice daño, siempre te di amor porque eras mi niña; todo lo hice para mejorar tu vida”, recuerda *Lucía (no es su nombre real) de esa breve charla telefónica. Hubo otra llamada. Fue la última.

    Sigue tratando de sanar sus heridas emocionales lejos de su familia. No tiene a casi nadie en Los Ángeles, a donde llegó sin planificarlo. Se dirigía a Virginia, pero un pariente lejano en esta ciudad aceptó ser su patrocinador para tomar su custodia cuando estaba en un centro para menores en Texas.

    Ella emprendió el viaje sola en enero de 2017 y llegó a esta metrópoli hasta el 24 de mayo de ese año. Pasó cuatro meses en un albergue para niños migrantes. Dice que su trayecto hasta la frontera fue ligero comparado con los de otros menores. Afirma que un poder divino la cuidó.

    “Cuando llegábamos a una casa lo primero que hacía era arrodillarme y decirle a Dios: ‘Gracias por permitirme avanzar un poco más’”, cuenta esta adolescente que habla como si tuviera más edad.

    Según su relato, esta joven decidió abandonar su hogar en Honduras después de que sus padres la encerraron en su cuarto y la tuvieron sin comer un tiempo, porque se comunicó con un amigo de su edad. En realidad, la estaban presionando para que aceptara su boda con un hombre rico que entonces tenía 63 años. El anciano y su padre ya habían pactado el enlace matrimonial un año antes.

    “Estaban preparando la boda sin que yo estuviera de acuerdo. Obviamente, yo no quería pasar el resto de mi vida con una persona mayor y que no era de mi agrado. Mi papá no quería que me quedara con una persona de mi edad, sino con este hombre porque tenía dinero. Fue cuando empecé a buscar los medios para salir de ahí”, relata quien ahora tiene 19 años.

    Dice que a su padre quería emparentar con el anciano porque es dueño de propiedades y casas en renta. Las bodas arregladas sí se llegan a realizar en su comunidad, pero raras veces, asegura ella.

    Su padre insistía para que lo aceptara, a pesar de que ella le externaba que no lo quería. “Mi papá me decía que no fuera así, que fuera paciente ‘por mis estudios’”, dijo ella.

    Fue tanto el acoso, que un día el anciano la violó sexualmente, aseguró la joven. “Yo no estaba de acuerdo con eso. Fue muy difícil por lo que yo tuve que pasar”, lamentó.

     

    Su padre le enseñó a “sacarle provecho a mi cuerpo”

    *Lucía describe a su padre como una persona ambiciosa, interesada y sin escrúpulos. De acuerdo con su testimonio, desde que tenía 15 años él la usaba para conseguir lo que quería. “Mi papá hacía amistades con personas y les decía: ‘Tengo una hija, está estudiando’. Me presentaba con ellos y si me iba a encerrar al cuarto me sacaba reclamándome: ‘Oye, no seas maleducada, que vinieron a verte’”.

    En contra de su voluntad ella conversaba con aquellos hombres. En ese momento, aprovechaba para pedirles ayuda con disimulo. “Contaba sus planes para que ofrecieran su ayuda frente a mí”. Asegura que ninguno de esos hombres se sobrepasó con ella, solo le anciano con quien querían casarla.

    Cuando se iban las visitas, le aconsejaba que les coqueteara. “Me decía: ‘puedes tener eso con tu belleza’. Me enseñaba a sacarle provecho a mi cuerpo. Luego supe que me estaba enseñando a cómo venderme”.

    Cansada de esa vida, la adolescente intentó suicidarse. Una vez se cortó la muñeca y otra trató de envenenarse. “Tomé muchas pastillas porque quería quitarme la vida”, dijo con pesar.

    Le tomó mucho tiempo decidir alejarse de sus padres. “Era una niña tonta. Me quedé porque me amenazaban: ‘No vas a vivir sin nosotros ¿Quién te va a dar de comer?’”.

    La joven cree que su madre no la ayudó porque también es víctima de su padre. Con ella sigue hablando por teléfono, aunque tomando cierta distancia. “La confianza ya no es la misma después de que te enteras de que todo lo que pasaste en tu niñez no es algo normal”, comenta ella.

    “Crecí con el pensamiento desde pequeña de que todo lo que mi padre me hacía era normal. Pero cuando llegué a Estados Unidos me explicaron que era un tipo de abuso”, mencionó.

     

    “He aprendido a saber quién soy, lo que valgo”

    Gracias a su hermano mayor, *Lucía logró llegar a la frontera entre México y EEUU en febrero de 2017.

    Tratando de cruzar, la arrestaron agentes de la Patrulla Fronteriza. No tiene una sola queja sobre su estancia en un centro para menores migrantes. Aunque está lejos de los suyos, afirma que en Los Ángeles le han ayudado más de lo que esperaba. Ahora cursa el penúltimo año de la preparatoria y espera ingresar a una universidad pública el próximo verano. Creía que solo llegaría a trabajar.

    “Aquí tengo buenas calificaciones, he ganado varias medallas. He logrado todo lo que no pude en mi país. Ahora puedo expresarme, sé que puedo lograr todos mis sueños y que nadie me va a imponer nada”, reflexiona.

    También aquí ha encontrado apoyo emocional. Sigue yendo a consultas psicológicas para superar sus traumas. “He aprendido a saber quién soy, lo que valgo, cosas que no me enseñaron mis papás”.

    En su opinión, otra “bendición” es que su proceso migratorio avanza más rápido de lo que pensaba: ya aprobaron su solicitud de asilo.

    *Lucía acepta contar su dramática experiencia, pero pide ocultar su rostro. Aunque solo se le toma una fotografía a su torso, la joven implora que se distorsione la imagen para que no la reconozcan. Cuando se hace ese efecto, ella opta cambia también el color de la foto a blanco y negro tratando de cubrir lo más posible. El cambio no tapa la palabra ‘Hello’ y el dibujo de un oso de peluche en su blusa.

    “Decidí compartir mi historia para cambiar vidas. Yo les diría a niños que han pasado por algo así o incluso cosas peores que no se queden callados, que van a encontrar ayuda por todas partes”.

    Para lograr sus objetivos, *Lucía ha comenzado a escribir un libro para relatar con sus propias palabras todo lo que ha pasado, sigue enfoca en sus estudios para convertirse en una profesionista en el área de la salud y reza constantemente para alimentar su esperanza.

    “Cada mañana digo: gracias Dios por darme este día y porque es un día menos para convertirme en una anestesióloga”, dice.

     

  • 350 muertos, 760 presos políticos y 65,000 exiliados: el oscuro saldo de un año de crisis en Nicaragua

    Tres nicaragüenses cuentan, desde distintas trincheras, cómo han vivido el horror: una madre pide justicia por su hijo asesinado, un simpatizante sandinista que defiende la represión y un policía activo, que confiesa los crímenes cometidos por los paramilitares. A un año del comienzo de las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo que estallaron el 18 de abril de 2018 en Managua, el país continúa sumido en la incertidumbre y la crispación. 

    Por:WILFREDO MIRANDA ABURTO,MAYNOR SALAZARyJAVIER BAULUZ

     

    MANAGUA, Nicaragua. 18 de abril del 2019- Una madre clama justicia por el asesinato de su hijo. Un simpatizante sandinista defiende al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un policía activo confiesa los crímenes cometidos por los paramilitares. Las heridas provocadas por la peor crisis violenta que Nicaragua atraviesa desde la postguerra están lejos de sanar. Los testimonios de los protagonistas del dolor y la represión siguen chocando sin encontrar una resolución a nivel político y social. A un año del estallido social, lo único palpable en este país es una ruptura profunda.

    Lo que empezó como protestas contra reformas a la seguridad social, muy pronto mutó a una rebelión nacional exigiendo democracia y justicia al gobierno Ortega-Murillo. La “masacre” de más de 325 ciudadanos (de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) fue el parteaguas de la división, de lo irreconciliable...

    ¿Cómo podría Socorro Corrales abrazar al militante sandinista que justifica el asesinato de su hijo bajo el argumento de que en Nicaragua hubo “un intento de golpe de Estado”? Nadie tiene las respuestas pese a los amagos de un diálogo nacional que, lejos de solucionar la crisis sociopolítica, solo ha terminado socavando más la ruptura.

    Pese a las pruebas de la represión recopiladas por organismos de derechos humanos, la prensa independiente y las confesiones mismas de policías como el Capitán ‘Roberto’ citado en este artículo, el gobierno sandinista deslinda responsabilidad de la violencia. En cambio, se atornilla al poder alargando más el descalabro social, político y económico, al mismo tiempo que se declara víctima del “terrorismo”.

    350 muertos, más de dos mil de heridos, 760 presos políticos y 65,000 exiliados después, Nicaragua continúa sumida en la incertidumbre. La historia de la rebelión y la masacre en Nicaragua aún no termina de escribirse, pero con lo que ya se ha registrado en la bitácora del horror, podemos hacer un recuento de estos dos últimos doce meses de crisis, sus consecuencias, aspiraciones y dolores irresueltos: la historia de un país que, de nuevo, lucha por la libertad, y en el camino ha terminado fracturado, enlutado y agobiado por la impunidad.

    La división persiste entre quienes resisten y protestan y la policía que reprime con balas y golpes en la calle. Un relato en boca de algunos de sus protagonistas, tres personas comunes consumidas por esta vorágine.

     

    Socorro Corrales: "Me han quitado todo"

    El altar que Socorro Corrales ha montado en la pequeña casa que alquila en Texas, Estados Unidos, es tan solo un mal consuelo. En realidad, esta madre “lo que más desea en el mundo” es rendirle tributo a la memoria de su hijo en la tumba en la que lo enterró dos veces, situada en la norteña ciudad nicaragüense de Estelí. Pero el exilio que le “ha impuesto la dictadura de Daniel Ortega” se lo impide.

    “Además que me asesinan a mi hijo y me sacan de mi país, me han quitado hasta su tumba. Me han quitado todo”, reclama Corrales.

    Su hijo era el universitario Orlando Pérez Corrales, asesinado por “un francotirador” la noche del 20 de abril de 2018 en el parque central de Estelí. Este joven de 24 años fue uno de los primeros muertos en las protestas ciudadanas en contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las cuales fueron reprimidas con suma violencia policial y paramilitar.

    Desde el momento que Corrales se enteró del asesinato de su hijo, inició una demanda de justicia pionera entre los familiares de las víctimas de la masacre en Nicaragua. Esta profesora de oficio fue la primera madre que salió a las calles a exigir el esclarecimiento del crimen sin descanso. También fue una de las primeras militantes sandinistas en romper públicamente con Ortega y Murillo, y señalar a la pareja presidencial como “los principales asesinos de mi hijo”.

    “De lo único que me arrepiento que hice mal por Orlando fue haberlo obligado a ir a votar por Daniel (Ortega) y Rosario (Murillo), y que ellos mismos me lo hayan asesinado”, dijo Corrales a Univision Noticias a pocos días de ocurrido el asesinato.

    Un año después del crimen, volvimos a conversar con esta madre cuya demanda de justicia le costó exilio. Su repudio hacia el régimen sandinista solo ha aumentado. “Solo se han burlado de su dolor”, es la razón que expone. “El único daño que he hecho es pedir justicia, pedir que me den al asesino de mi hijo. ¿Y por qué no me lo han dado si tenemos un año con en este reclamo?”, preguntó Corrales.

    El caso de Orlando Pérez ha sido engavetado por la justicia sandinista. No ha avanzado un milímetro en los juzgados pese a los esfuerzos de esta madre. Ella consiguió que exhumaran el cuerpo de su hijo diez días después de la defunción para realizarle una autopsia, pues las autoridades no la practicaron pese a que es un procedimiento de rigor en toda muerte violenta en Nicaragua.

    El estudio forense confirmó que las dos balas que acabaron con la vida del joven fueron disparadas desde “posiciones privilegiadas”. Corrales creyó que con esa prueba daba un gran paso para dar con los “asesinos” y cristalizar su anhelo de justicia. Se equivocó. Sus reclamos no han sido atendidos por el sistema judicial. Lo único que consiguió fue enterrar a su hijo por segunda ocasión con mayor trauma, debido al avanzado estado de descomposición del cadáver.

     

    Sergio Mena: "Hubo un intento de golpe de Estado"

    Sergio José Mena nació hace 59 años en Nicaragua, “tierra bendita y siempre libre”, afirma con orgullo. Este taxista utiliza este eslogan del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de entrada en la entrevista con Univision Noticias para dejar en claro su “militancia sandinista”. Con aplomo y vistiendo una camisa roja y negra (los colores del sandinismo), él sostiene que “en el país hubo un intento de golpe de Estado”, y descarta de tajo las denuncias de organismos de derechos humanos internacionales que apuntan a “una masacre y crímenes de lesa humanidad”.

    Mena es parte del 22% de nicaragüenses que apoyan a Daniel Ortega como gobernante tras un año de crisis sociopolítica, de acuerdo a la última encuesta de la firma Borge y Asociados, realizada entre febrero y marzo de 2019. El apoyo popular de Ortega se desplomó en más de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, el “comandante” mantiene un reducto de fieles, entre quienes se encuentran la inflada planilla estatal y simpatizantes como Mena, quien se define “como gente de a pie”.

    Mena tampoco es parte de los siete de cada diez nicaragüenses que consideran que “Nicaragua va en la dirección equivocada”. El hombre cree más bien lo contrario: “El Gobierno anda buscando solución a la crisis que tenemos. Esto ya no es una lucha cívica, ya que ellos (la oposición) no están preocupados por el pueblo. Quieren tomar el poder”.

    El análisis del taxista sobre la crisis nicaragüense es blanco y negro: hubo una protesta por las reformas a la seguridad social que consideró “justas”, pero pronto “la reivindicación social se hizo política”.

    “A partir del 18 de abril al día de hoy, esta lucha ya no es por reivindicaciones. Es para ‘quítate tu pa ponerme yo’. Aquí ya se metieron partidos políticos que eran cadáveres y ahora andan en las calles haciendo daño a los que queremos trabajar”, asegura el hombre.

    Bajo ese argumento, Mena sostiene que el Movimiento Renovador Sandinista (un pequeño partido opositor que se deslindó del Frente Sandinista en los años noventa, y que ni siquiera goza de legalidad) instigó a la violencia en el país. El taxista afirma que el 30 de mayo de 2018 lo “quisieron matar en un tranque”, las barricadas levantadas por la población para defenderse de la represión policial y paramilitar.

    “En los tranques había personas que no estaban por intereses de la población sino que estaban para dañarnos, y en realidad había armamento. No sé cómo la oposición dice que no hubo armamento”, cuestiona Mena. El simpatizante sandinista introduce en esta parte de la conversación una palabra reiterativa en el discurso del gobierno: “Terrorismo”.

    Según Mena, la “Policía tuvo que defenderse de los terroristas” que estaban en los tranques. El taxista justifica el uso de armas de guerra por parte de los oficiales. Alega que “en todos los países del mundo y en los aeropuertos” la policía “anda cuidando para que no haya atentados”. “Entonces la policía tiene que ejercer su función y por eso está en la calle”, argumenta.

    Cuando le preguntamos por los 325 muertos que documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril de 2018, Mena vuelve a ser categórico. “La CDIH es un organismo de la OEA y se miró a todas luces que están parcializados. Ellos no vieron los muertos de la Policía”, afirma, pese a que las muertes de 22 oficiales sí están incluidas en los informes del organismo interamericano.

    “Sí, los muertos dan pesar”, repara Mena. Es un tema que lo crispa. “Pero por favor, ¿cuál fue el primer muerto que tuvimos? Un policía”, dice el simpatizante sandinista que, exultante, reitera su argumento: “La policía tenía que defenderse”. Sin embargo, el primer asesinado de las protestas en abril de 2018 no fue un policía: fueron el joven Richard Pavón Bermúdez y Darwin Manuel Urbina, un trabajador de supermercado en Managua.

    Como el resto de la base sandinista, Mena tampoco ve con buenos ojos que se liberen a los presos políticos como parte de las negociaciones en el diálogo mediado por la OEA y el nuncio apostólico en Managua. La liberación significaría para los simpatizantes gubernamentales una pesada contradicción: ¿Cómo absolver a los terroristas que intentaron un golpe de Estado? La solución para Mena es simple: “Aquí tendría que haber amnistía para todo el mundo, porque si a ellos (reos políticos) los liberan, a la Policía también deberían liberarla de esos señalamientos de que mató”.

     

    Capitán Roberto: "La policía armó a los paramilitares"

    Es Jefe de Investigación Departamental policial en una zona del pacífico de Nicaragua. Muestra a Univision Noticias su carnet policial y su número de chip (placa) que atestiguan veinte años de carrera como oficial en una institución que otrora fue considerada una de las mejores policías de América Latina, pero que hoy es un brazo represivo señalado de cometer “crímenes de lesa humanidad”.

    El capitán ‘Roberto’ (por razones de seguridad omitimos su nombre real) resiente “en lo que se convirtió la policía en Nicaragua”. Antes, él gozaba de aprecio entre la comunidad, pero desde el 18 de abril de 2018 es repudiado “en todos los lugares donde se presenta con uniforme”. Este policía activo quisiera expresarle a los ciudadanos que “no ha estado de acuerdo con la represión”, pero por miedo a perder su empleo y represalias a su familia calla. El silencio lo castiga.

    El capitán ‘Roberto’ aseguró que la “misma policía armó con fusiles” a los paramilitares que, codo a codo con los oficiales, ejecutaron “la operación limpieza”, un plan iniciado el 8 de junio de 2018 para desmontar con extremada violencia los tranques ciudadanos en distintos puntos de Nicaragua.

    El personal policial no se daba abasto para tantas zonas rebeldes y reclutaron a civiles armados, quienes ejercían el paramilitarismo escondidos tras capuchas. La “operación limpieza” provocó la mayoría de los asesinatos. Fue el periodo más violento y bárbaro desde el 18 de abril de 2018.

    Los paramilitares tenían a disposición siete tipos de fusiles de guerra: AK 47, Dragunov, ametralladoras PKM, M 16, Remington 700, Jericho 941, y Mossberg 500, según analizó Univision Noticias. En Nicaragua se ha especulado mucho sobre quién proveyó a los grupos irregulares estos fusiles de gran calibre, armamento que en teoría están bajo el control del Ejército de este país.

    “La Jefatura de la Policía ordenó usar las armas de las bodegas de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales, por sus siglas DAEM”, denunció el capitán ‘Roberto’. “De esas bodegas sacaron las armas y se las dieron a policías que andaban vestidos de civil, y también a civiles, quienes fueron reclutados por el secretario político del partido sandinista en mi departamento”. 

    El capitán ‘Roberto’ está “cansado”. Desde que los tranques fueron “limpiados”, el gobierno de Daniel Ortega ordenó instalar un estado policial en el país para impedir todo intento de protesta.

    Aparte que sus labores de patrullaje fueron incrementadas “al triple”, a este Jefe de Investigación Departamental le asignaron una nueva tarea: “Me enviaron a servir de testigo en los juicios de manifestantes que eran detenidos y juzgados por protestar”, describe el capitán ‘Roberto’. Univision Noticias tiene en su poder algunas de las citaciones judiciales que convocaban al oficial a las audiencias penales.

    “A mí me mandaron a más de diez juicios a testificar sobre hechos que no presencié. Eso no le importa a los mandos superiores, porque ellos me dan un expediente que arman en El Chipote (Dirección de Auxilio Judicial), y hacen que me lo aprenda. Allí viene escrito todo lo que debo decir en el juicio”, describe el capitán 'Roberto'.

    Los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que defienden a los presos políticos, han denunciado en reiteradas ocasiones que los testigos que presenta la Fiscalía son solo policías y ofrecen testimonios contradictorios. Además, en muchos casos los oficiales testifican con la cara cubierta.

    “El jefe de la Policía y los Fiscales, porque la Fiscalía está involucrada, nos dicen qué debemos decir en los juicios… y no podemos negarnos”, alerta el capitán ‘Roberto’. Lo que más desea este oficial activo de la policía es desertar y exiliarse en Estados Unidos. 

  • Un germen inmune a los medicamentos se esparce en silencio por el mundo

    Matt Richtel

     

    NUEVA YORK.- En mayo pasado, un anciano ingresó al Hospital Mount Sinai de Brooklyn para realizarse una cirugía abdominal. Los análisis de sangre revelaron que estaba infectado con un germen recientemente descubierto, tan mortal como misterioso. Los médicos lo aislaron inmediatamente en una unidad de terapia intensiva.

    El germen, un hongo llamado Candida auris, hace presa de personas con el sistema inmunitario debilitado y se está esparciendo silenciosamente por todo el mundo. Durante los últimos cinco años, asoló una unidad neonatal de Venezuela, hizo estragos en un hospital de España, obligó al cierre de la unidad de terapia intensiva de una prestigiosa clínica de Gran Bretaña y echó raíces en la India, Paquistán y Sudáfrica.

    Y hace poco el Candida auris también alcanzó a Nueva York, Illinois y Nueva Jersey, obligando a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) a agregarlo a su lista de gérmenes considerados una "amenaza urgente".

    El anciano ingresado en el Mount Sinai de Brooklyn murió tras 90 días en el hospital, pero el Candida auris lo sobrevivió. Los análisis demostraron que su habitación estaba totalmente invadida por el germen, hasta el punto de que el hospital debió utilizar equipamiento de limpieza especial y hasta reemplazar parte del cielo raso y de las baldosas del piso para erradicarlo.

    "Todo daba positivo: las paredes, la cama, las puertas, las cortinas, los teléfonos, el lavabo, los caños, las válvulas", dice el doctor Scott Lorin, director del hospital. "El colchón, los barrales de la cama, los recipientes, las persianas, el cielo raso, absolutamente todo lo que estaba en la habitación dio positivo".

    El Candida auris es tan difícil de erradicar porque es inmune a la mayoría de las drogas antimicóticas, lo que lo transforma en un nuevo ejemplo de las amenazas para la salud más difíciles de rastrear: el auge de las infecciones resistentes a las drogas.

    Hace décadas que los expertos en salud pública advierten que el abuso de los antibióticos está reduciendo la efectividad de las drogas que han prolongado nuestra esperanza de vida gracias a su capacidad de curar las infecciones bacterianas que antes eran mortales. Pero en los últimos tiempos también se ha producido una explosión de hongos resistentes, sumando una nueva y aterradora dimensión a un fenómeno que socava los pilares de la medicina moderna.

    "Es un problema gravísimo, porque para tratar a esos pacientes dependemos de la medicación antimicótica", dice Matthew Fisher, profesor de Epidemiología Fúngica del Imperial College de Londres, coautor de un reciente informe científico sobre el auge de hongos resistentes.

    En pocas palabras, los hongos, al igual que las bacterias, están desarrollando defensas que los vuelven inmunes a las drogas modernas.

    Tanto los antibióticos como los fungicidas son esenciales para combatir las infecciones, pero los antibióticos también son utilizados ampliamente para prevenir enfermedades en los animales de granja, y los fungicidas también se aplican para impedir que se pudran las plantas de cultivo. Algunos científicos han detectado evidencias de que el rampante aumento del uso de fungicidas en los cultivos está potenciando el auge de hongos resistentes a las drogas que afectan a los humanos.

    Y a pesar de que el problema va en aumento, es casi desconocido por la opinión pública, en parte debido a que la existencia misma de las infecciones resistentes suele ser cubierta de un manto de secreto.

    Los hospitales y gobiernos locales son reacios a revelar brotes infecciosos de bacterias y hongos por igual por temor a ser vistos como focos de enfermedades. Ni siquiera los CDC, por los términos del acuerdo que tienen con los estados norteamericanos, tienen permitido hacer públicos el nombre y la locación exacta de los hospitales donde se registran brotes infecciosos. En muchos casos, los gobiernos de los estados se niegan a compartir públicamente esa información y se ciñen a reconocer que esos casos existen.

    Mientras tanto, los gérmenes se esparcen a sus anchas: de mano en mano del personal y el equipamiento hospitalario, en los transportes de carne y vegetales provenientes del campo, en los viajeros que cruzan fronteras, en importaciones y exportaciones, y en los pacientes que ingresan y salen de los hospitales.

     

    Ejemplo

    El Candida auris es apenas un ejemplo de las decenas de hongos y bacterias peligrosos que ya han desarrollado resistencia. Sin embargo, y al igual que el resto, sigue siendo prácticamente desconocido por la opinión pública.

    Existen otras cepas conocidas del Candida -una de las causas más comunes de infecciones intrahospitalarias de la sangre- que no han desarrollado una resistencia significativa a las drogas, pero más de un 90% de las infecciones con Candida auris son resistentes a al menos una droga y un 30% son resistentes a dos o más drogas, según los CDC.

    La doctora Lynn Sosa, vicejefa de Epidemiología del estado de Connecticut, dice que actualmente el Candida auris es "la principal" amenaza entre las infecciones resistentes. "Es prácticamente imbatible y muy difícil de identificar", señala la funcionaria.

    Casi la mitad de los pacientes que contraen Candida auris mueren en el lapso de 90 días, según los CDC. Sin embargo, los expertos mundiales no han logrado detectar de dónde provino originalmente.

    "Es el monstruo de la laguna negra -dice el doctor Tom Chiller, jefe del área de enfermedades fúngicas de los CDC, quien lidera una iniciativa detectivesca a nivel mundial para encontrar un tratamiento adecuado y frenar la dispersión del hongo-. Fue creciendo y ahora estalló".

     

    ¿De dónde viene?

    Mientras los CDC trabajan para limitar el avance del Candida auris, sus investigadores intentan descular una inquietante pregunta: ¿de qué lugar del mundo proviene?

    La primera vez que los médicos se toparon con el hongo fue en el oído de una mujer en Japón, en 2009 (auris en latín significa oreja). Por entonces pareció algo inocuo, prima de alguna de las muchas infecciones micóticas fácilmente tratables.

    Tres años más tarde, reapareció en el inusual resultado de una análisis de laboratorio del doctor Jacques Meis, microbiólogo de Nijmegen, Holanda, que estaba analizando las infecciones de la sangre en 18 pacientes de cuatro hospitales de la India. Muy pronto y en pocos meses nuevas cadenas de C. auris empezaron a aparecer en diferentes partes del mundo.

    Los investigadores de los CDC tenían la teoría de que el C. auris surgió en Asia y se esparció por el planeta. Pero cuando la agencia comparó el genoma completo de las muestras de C. auris de la India, Paquistán, Venezuela, Sudáfrica y Japón, descubrió que no se había originado en un solo lugar y que no había una única cepa de C. auris. De alguna manera, dio un salto casi simultáneo, y pareció esparcirse y ahora es resistente a las drogas, algo realmente desconcertante", dice el doctor Snigdha Vallabhaneni, integrante crucial del equipo de investigadores de los CDC.

    Hay diferentes teorías sobre lo que podría haber pasado con el Candida auris. Meis, investigador holandés, cree que el hongo se volvió resistente a las drogas debido al uso intensivo de fungicidas en las cosechas.

    Meis se interesó por los hongos resistentes cuando se enteró del caso de un paciente holandés de 63 años que murió en 2005 a causa de un hongo conocido como Aspergillus, que había demostrado ser resistente a una droga antimicótica de vanguardia llamada itraconazol. La droga es básicamente una copia de los pesticidas con azoles con que se fumigan los sembrados en todo el mundo y que representan más de un tercio de las ventas totales de fungicidas.

    El doctor Chiller, de los CDC, tiene la teoría de que el C. auris puede haberse potenciado por el uso intensivo de fungicidas. Cree que el hongo existe desde hace miles de años, escondido en los recovecos del mundo, sin ser una peste particularmente agresiva. Pero cuando los fungicidas con azoles empezaron a diezmar a los hongos más comunes, el C. auris encontró su oportunidad de ganar terreno por su capacidad de resistir a los fungicidas en un mundo en el que los hongos menos resistentes están bajo ataque.

    El origen del Candida auris sigue siendo un misterio, pero por el momento eso es menos importante que frenar su avance.

  • Trump presenta imagen inexacta de los migrantes

    Por CALVIN WOODWARD

     

    WASHINGTON (AP). 7 de abril del 2o19 — Cuando el presidente Donald Trump habla sobre las masas de centroamericanos que intentan ingresar a Estados Unidos, describe una horda de hombres fornidos con malas intenciones, “algunas de las personas más rudas que usted haya visto”, y se burla de ellas por actuar como bebés asustados para que los estadounidenses de corazón compasivo los acepten.

    Sin embargo, las cifras de su propio gobierno presentan una historia distinta: los que están arribando son cada vez más familias y niños. Entre ellas hay miles que obtienen una oportunidad para vivir en Estados Unidos porque explican convincentemente que enfrentan persecución en sus países de origen.

    Últimamente, Trump ha elegido la imagen de un combatiente de artes marciales mal encarado para que sea el rostro de esos migrantes.

    “¿Qué tan estúpidos podemos ser como para aguantar esto?”, se preguntó el mandatario el sábado en un discurso ante un grupo republicano judío. “El programa de asilo es un timo”. Ese luchador apócrifo ha estado apareciendo repetidas veces en la retórica desdeñosa de Trump.

     

    De sus afirmaciones del sábado:

     

    TRUMP, con relación a los solicitantes de asilo: “Gente que se ve como si debiera estar luchando para la UFC (Ultimate Fighting Championship, una compañía que promueve combates de artes marciales mixtas). Leen una paginita que les dan abogados que están por todas partes”, asesorándolos para que digan “temo mucho por mi vida. Me preocupa mucho que sea acosado si me regresan a mi casa”. Luego Trump se mofó de los jueces de inmigración o de otros funcionarios: “Oh, denle asilo. Tiene miedo. Tiene miedo”. Y agregó: “No nos encanta el hecho de que tiene tatuajes en el rostro. Ése no es un buen indicio”.

    LOS HECHOS: Los migrantes de los que se mofa no encajan en ese perfil. El flujo actual de inmigrantes centroamericanos que arriban a la frontera sur de Estados Unidos está formado por grandes grupos integrados por familias. Varios años antes, la mayoría de los centroamericanos que solicitaban asilo en la frontera eran niños sin acompañante.

    El mes pasado, la oficina de estadísticas de inmigración de Seguridad Nacional publicó su informe anual más reciente en torno al flujo de solicitantes de asilo y de refugiados, el cual incluye el año 2017. Entre los que llegaron de Guatemala, El Salvador y Honduras y solicitaron asilo en la frontera, el 56% eran niños sin acompañante. El porcentaje fue el mismo el año anterior y más elevado en 2015.

    En total, Seguridad Nacional autorizó las solicitudes de asilo de más de 26.500 personas en 2017. Aproximadamente una tercera parte eran niños, casi la mitad eran mujeres y cerca de dos terceras partes estaban casados.

    Además, el Departamento de Justicia les concedió asilo a más de 10.500 personas que ya estaban en Estados Unidos y que solicitaron refugio durante sus audiencias de deportación.

    China, El Salvador y Guatemala encabezaron las nacionalidades de las personas a las que se les concedió asilo.

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    TRUMP: “Si ponen un pie en nuestro territorio, si empiezan a trepar una valla y están del lado de México, bienvenidos a Estados Unidos. Piensen en ello. Es una locura”.

    LOS HECHOS: No es tan sencillo. Lo que le falta a la retórica de Trump es que es legal llegar a la frontera y solicitar asilo. En cuanto a los que se infiltran ilegalmente a Estados Unidos y piden asilo, también tienen derecho a hacerlo.

    Como afirma el informe de Seguridad Nacional: “En general, cualquier extranjero presente en Estados Unidos o que llegue a un puerto de ingreso podría solicitar asilo sin importar cuál sea su estatus migratorio”.

    Ya sea que lo pidan en la frontera o tras ser capturados dentro del país, a la mayoría no se les concede.

    A la gente se le define como solicitante de asilo cuando llega a la frontera y pide ingresar o cuando hace esa solicitud estando ya dentro de Estados Unidos. A las personas que no se encuentran cerca ni en el interior del país y desean obtener su ingreso con base en argumentos humanitarios se les considera refugiados. En general son individuos que están viviendo fuera de sus países, como por ejemplo en campamentos de refugiados.

    Estados Unidos autorizó el ingreso de 53.691 refugiados en 2017, un descenso del 37%, lo cual se atribuye a un incremento en las verificaciones de seguridad. Aproximadamente 43% eran niños, y había un número ligeramente superior de mujeres que de hombres. Entre los adultos, el 62% estaban casados.

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    TRUMP: “Tienen una lotería de visas, a los demócratas... lo que ustedes quieran. ¿Creen ustedes que están colocando a sus mejores integrantes, creen que están poniendo a sus mejores personas allí? No”.

    LOS HECHOS: Este es uno de los datos ficticios favoritos de Trump: la idea de que otros países inscriben a sus ciudadanos problemáticos en una lotería de visas de Estados Unidos con la esperanza de que obtengan una y se muden a territorio estadounidense. El mandatario incrementa la falsedad al atribuir el programa sólo a los demócratas. El presidente republicano George H.W. Bush promulgó el programa de lotería de visas con diversidad en 1990 y contó con amplio respaldo bipartidista.

    En él, los ciudadanos de ciertos países elegidos por Estados Unidos pueden solicitar visas si tienen un nivel educativo suficiente o experiencia de trabajo en los campos deseados. De ese grupo de solicitantes con estudios y experiencia, el Departamento de Estado selecciona al azar a un grupo mucho más pequeño de posibles ganadores. No todos los ganadores obtendrán una visa porque aún deben competir por un número aún más pequeño de vacantes al presentar rápidamente sus solicitudes. Finalmente, a los que se les ofrezcan visas deben someterse a una revisión de antecedentes, al igual que cualquier otro inmigrante.

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    La periodista de The Associated Press Colleen Long contribuyó con este despacho.

    EDITOR'S NOTE _ A look at the veracity of claims by political figures

  • ¿Investiga EEUU a la esposa de 'El Chapo'? Esto es lo que el gobierno ha revelado sobre Emma Coronel

    El diario The New York Post asegura que el gobierno federal trata de confirmar la participación de Emma Coronel en la fuga de 'El Chapo' Guzmán de una prisión mexicana en 2015. Así lo denunció un antiguo lugarteniente del cartel de Sinaloa.

    ISAIAS ALVARADO

     

    8 de abril del 2019- Desde hace al menos ocho años el gobierno federal ha tenido en el radar a Emma Coronel, la esposa del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En el juicio contra el capo en una corte federal en Brooklyn incluso se revelaron mensajes privados que la involucrarían en los negocios del cartel de Sinaloa.

    Coronel, sin embargo, ya no solo es considerada la madre de las hijas gemelas de Guzmán, sino que es el objetivo de una investigación por conspiración para lograr la fuga del mafioso de una prisión mexicana de alta seguridad en 2015, según un artículo del diario The New York Post que cita a un funcionario federal.

    El Post afirma que dicho funcionario mencionó: “Ella está siendo investigada por conspiración en este país (…) Está siendo considerada por su rol en el escape de 'El Chapo'".

    Además, mencionó que Coronel también está en la mirilla del gobierno por supuestamente gastar grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico para mantener su lujoso estilo de vida.

    Hasta ahora la esposa del exjefe del cartel de Sinaloa no ha sido acusada de ningún delito en EEUU, ni en México. Ninguna agencia gubernamental ha confirmado la versión del Post.

    “No puedo confirmar ni negar la existencia de ninguna investigación”, dijo John Marzulli, vocero de la Fiscalía Federal en el distrito este de Nueva York en un email enviado a Univision Noticias. El Departamento de Justicia respondió escuetamente: “Nos negaremos a comentar”.

    La revelación sobre esta investigación enfocada en Coronel ocurre dos semanas después de anunciarse que ella prepara el lanzamiento de una línea de ropa inspirada en su marido tras obtener los derechos para comercializar la imagen del capo y registrar la empresa en Nueva York.

    “Estoy muy emocionada de comenzar este proyecto, que se basó en ideas y conceptos que mi esposo y yo tuvimos hace años”, dijo Coronel a la prensa sobre la compañía ‘El Chapo Guzman: JGL LLC’, que este verano sacaría al mercado playeras, gorras, jeans, protectores de celulares y sudaderas que llevan la imagen del mafioso más infame del mundo. Estos artículos se venderían en internet.

    Hace unos días Coronel invitó a diseñadores de moda novatos a unirse al proyecto.

    No está claro cómo se verificó que esta empresa se ha creado con dinero que no es de procedencia ilícita. Según la cadena CNN, Guzmán firmó el contrato cediendo la comercialización de su nombre e imagen a mediados de febrero, antes de que un jurado lo declarara culpable de 10 cargos de narcotráfico, lavado de dinero, porte ilegal de armas de fuego y de ser el jefe de una empresa criminal.

     

    ¿Cómo habría ayudado Coronel el escape de Guzmán?

    En el juicio contra su marido, el instante más álgido para la esposa de ‘El Chapo’ se registró cuando fue señalada por un exlugarteniente del cartel de supuestamente haber colaborado para que Guzmán huyera de una prisión en 2015 y de tratar de que volviera a escapar antes de ser extraditado.

    Dámaso López, alias ‘El Licenciado’ y quien era la mano derecha de Guzmán, testificó que ella se encargó de llevar los mensajes de su esposo encarcelado sobre la excavación de un túnel que llegó hasta el baño de su celda en el penal del Altiplano, en el centro de México. Mientras Guzmán estuvo recluido en esa prisión en 2014 y 2015, ‘El Licenciado’ planificó la fuga de su jefe con Coronel y cuatro hijos del capo.

    “La madre de las gemelas”, como le decían en clave, era la mensajera de Guzmán. Para que las autoridades no se enteraran del plan, relató López, los hijos del narcotraficante compraron una parcela cerca de la prisión, la cual se convirtió en el otro extremo del túnel. Por ese pasaje escapó a bordo de una motocicleta modificada en 2015.

    Guzmán fue recapturado en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, y regresado al Altiplano. Alias ‘El Licenciado’, aseguró que al mes siguiente del arresto, Coronel le dijo que Guzmán quería repetir su escape. No pudo porque fue trasladado a otra cárcel en Ciudad Juárez y porque no funcionó un soborno de dos millones de dólares que le entregaron a un funcionario federal no identificado.

    A través de cartas que Guzmán le escribió a ‘El Licenciado’ desde la prisión, este le pedía que todos sus asuntos los tratara directamente con su esposa, quien lo visitaba en el Altiplano y en la cárcel de Juárez. Pero antes de volverse a escapar, las autoridades lo extraditaron a Nueva York.

     

    La casa de las gemelas y el papá narco

    Copias de la forma que entregó Coronel para obtener un pasaporte estadounidense (ella nació en el norte de California), de las actas de nacimiento de sus gemelas y de la aplicación para que ellas recibieran dicho documento de viaje son parte de la evidencia exhibida en el juicio a ‘El Chapo’. También hay cartas que le escribió Guzmán de su puño y letra. “Para Ema”, se lee al frente.

    A principios de enero Emma Coronel recibió la primera sacudida en el tribunal. Un agente especial del FBI que investigaba las actividades del cartel en México, reveló mensajes privados entre Guzmán y ella exponiendo que estuvo involucrada de alguna manera en las actividades del cartel.

    ‘El Chapo’ trataba de comprar una residencia de lujo en Cabos San Lucas, valorada en un millón de dólares, y poner a sus hijas gemelas como propietarias, pero usando nombres falsos. “Para que las ‘reynitas’ tengan las propiedades a ese nombre que se va a registrar”, le escribió el capo.

    También esas conversaciones escritas entre la pareja muestran que Coronel le alertaba sobre la presencia de militares en su zona, le preguntaba por sus lugartenientes y tendría en su poder un arma de fuego para protegerse de los enemigos de su esposo.

    Entre el sistema de comunicaciones del cartel, Coronel se identificaba como “CharlyBlack 11” y utilizaba el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

    Según la evidencia obtenida por el FBI, el padre de ella, Inés Coronel, quien cumple una sentencia de 10 años por narcotráfico en una prisión mexicana, aparentemente utilizó el celular “especial” de su hija para comunicarse con su yerno.

    En una de esas charlas hablan sobre el trasiego de droga a través de la frontera, desde la ciudad de Cananea, en Sonora. Su patrón y yerno también le sugirió que dejara de llamarle por radio y que usara los celulares del cartel. “No comente a otra gente para que la migra (Patrulla Fronteriza) carreree (persiga) a otra gente, ya que están escuchando todos los radios. Tenga discreción porque nadie lo está haciendo con blac (Blackberry)”, le advirtió Guzmán.

    En el otoño de 2011 se supo por primera vez que el gobierno de EEUU le seguía los pasos a Coronel. Agentes encubiertos la espiaron desde que cruzó la frontera, cuando dio a luz a sus hijas gemelas en un hospital en el norte de Los Ángeles y hasta que regresó a México. En las actas de nacimiento de las niñas, ahora de siete años de edad, ella dejó en blanco el espacio para “nombre del padre”.

  • El peor momento de Pablo Lyle: podría pasar hasta 15 años en prisión

    Abraham Monterrosas Vigueras

     

    La vida cambia en un instante. En un momento, el actor Pablo Lyle se encontraba en la carretera de Miami camino al aeropuerto. Unos segundos después, le había propinado un golpe a un adulto mayor, con consecuencias fatales. Y ahora, se encuentra nuevamente en Miami… pero para enfrentar a la justicia.

    El día de hoy, el actor ha comparecido ante una Corte de Miami, tras la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández. Recordemos que, el pasado 31 de marzoel hombre de 63 años fue golpeado por Lyle luego de un incidente de tránsito y posteriormente, falleció a causa de un derrame cerebral.

    Las autoridades locales ya están investigando lo ocurrido. “Es un caso abierto bajo investigación. Es una investigación de homicidio de la ciudad de Miami y nosotros (la fiscalía) estamos trabajando con ellos”, mencionó Lissete Valdes Valle, portavoz de la fiscalía del condado de Miami-Dade.

    Pero, ¿qué podría esperarle a este actor tras la muerte del hombre al que golpeó?

    Cuando ocurrió el arresto de Lyle, el actor pagó una fianza de 5 mil dólares y le otorgaron un permiso para continuar con sus actividades de trabajo. Sin embargo, luego del fallecimiento de Juan Ricardo, las autoridades le retiraron ese permiso y su situación legal dio un giro.

     

    Lo que opinan los abogados

    Tras la muerte de Hernández y las pruebas presentadas, diversos abogados han hablado sobre lo que podría ocurrir con la situación legal de Pablo Lyle.

    “Podría potencialmente enfrentar cargos por homicidio involuntario, debido a la muerte de la persona. Eso ocurre cuando la persona lleva a cabo una acción que causa la muerte sin necesariamente tener la intención de matar al otro”. Así lo declaró el abogado criminalista Néstor Rodríguez a ‘Despierta América’.

    También hablaron de qué argumentos podría presentar la defensa del mexicano. “El riesgo que corre el actor es que las autoridades le pongan cargos de homicidio por haber causado la muerte de este señor. Pero para tener homicidio tiene que existir una intención de matar. Si tú sientes que te van a causar un daño físico a ti o a tu familia, tú puedes defenderte hasta con fuerza letal”. Así lo indicó Vance Owen a ‘El gordo y la flaca’.

    Y agregó: “Se necesitan ciertos elementos. Tiene que haber una intención de matar o una intención de causar daños tan grandes que causen la muerte. Se me hace difícil pensar que un solo golpe sea fatal, a menos que seas Mike Tyson o un boxeador profesional, que obviamente este actor no lo es”.

    Por supuesto, los resultados de la autopsia y las declaraciones de los testigos presenciales también jugarán un papel clave. “Desde luego, existe el riesgo fundado de que la situación jurídica del imputado cambie al existir una reclasificación del delito de agresiones al delito de homicidio. Esto depende del resultado que se obtenga de las periciales en medicina forense, mecánica de lesiones, y declaración de testigos presenciales que arrojen la responsabilidad del imputado”. Eso fue lo que comentó el abogado mexicano Víctor Manuel Reyes González, en entrevista con Las Estrellas.

    A su vez, señaló que podría solicitarse una extradición y que, en caso de ser acusado de homicidio, podría pasar hasta 15 años en prisión.

     

    ¿Qué dicen las respectivas familias?

    Los medios de comunicación han querido saber la postura de los familiares de Juan Ricardo Hernández, sobre todo después de que Hugo González, el legal manager del actor, explicara que podrían buscar un acuerdo y pagar una indemnización.

    Sin embargo, la familia ha dicho públicamente su posición al respecto. “Ojalá que Pablo Lyle pase el resto de su vida en la cárcel. Pido que caiga todo el peso de la ley”. Así lo comentó Mercedes Arce, viuda de Hernández.

    Por su parte, en una entrevista para ‘Despierta América’, el hijo de Juan Ricardo señaló: “Mi papá tenía problemas y una operación en la rodilla, y casi no podía caminar, fue muy duro. Él [Pablo] no tenía por qué haberle hecho eso”.

     

    “Pablo es una persona que todo el mundo quiere”

    “Pablo es un un gran ser humano, es un tipazo, y quienes lo conocen lo saben. Jamás ha sido agresivo ni nada. Es una persona que todo el mundo quiere. Entonces estamos muy positivos, tenemos ánimos de que todo va a salir bien”, declaró el hermano del actor al programa ‘El gordo y la flaca’.

    Y agregó: “No he hablado tanto con él, le hemos dado su espacio. Somos una familia muy unida. Estamos con él en todo momento y vamos a salir adelante”.

     

    ¿Qué famosos lo apoyan y quiénes lo condenan?

    El caso de Pablo Lyle ha dividido opiniones no solo en las redes sociales, sino también en el medio del espectáculo. Sofía Castro, hija de la ex primera dama, Angélica Rivera, es amiga cercana y madrina de uno de los hijos del actor. “Él sabe que lo amo, que lo adoro, es mi compadre, mi hermano y estoy con él por sobre todas las cosas”, comentó.

    Fue el mismo caso de la actriz Regina Blandón, con quien Pablo trabajó en la película ‘Mirreyes contra Godínez’. “Le mando todo mi amor y toda mi buena vibra. Yo lo quiero muchísimo y esperemos que todo se resuelva pronto. Es algo que acaba de pasar, así que prefiero no decir nada más”, dijo en entrevista para 

    .

    Sin embargo, también hay famosos que piden un castigo para Lyle. Uno de ellos es el actor cubano Adrián Di Monte, quien calificó a Pablo de “cobarde”. “Esto es indignante… en qué momento el pobre anciano de 63 años era una amenaza para nadie. Papi, que te caiga todo el peso de la ley, muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven, a ver si hubiera tenido el valor de bajarse del carro. Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado. Esto no es ser hombre, esto no es proteger a la familia”, publicó en su cuenta de Instagram.

    Sea cual sea la decisión de la Corte, quizá habrá otra condena que a Pablo Lyle le tocará llevar: la de la opinión pública, la del juicio social, la de las opiniones en las redes sociales, la de la pregunta constante en los medios de comunicación… Sin duda, la vida cambia en un instante.

  • El negocio redondo de dos policías que se quedaban con la droga decomisada

    Durante cuatro años, dos policías encargados de arrestar narcotraficantes y confiscar droga se quedaron con varios cargamentos y se lo dieron a un cómplice. Ellos cumplen ahora una sentencia de cinco años de prisión.

    ISAIAS ALVARADO

     

    8 de abril del 2019- El escándalo sacudió al Departamento de Policía de Bakersfield, en el valle central de California. Dos detectives de su unidad antinarcóticos, uno de ellos representado en la película de Disney McFarland USA, robaron al menos 20 libras de metanfetamina y cargamentos de marihuana, y solo reportaron como evidencia una mínima parte de sus confiscaciones. Los descubrieron en el verano de 2016.

    Este caso de corrupción ha vuelto a la luz porque este lunes Noel Carter, el hombre que recibía la droga para venderla por los oficiales, fue sentenciado a siete años y medio en una prisión federal, y a cinco años de libertad condicional, según informó el Distrito Este de California de la Fiscalía federal.

    La condena de Carter, el último implicado en este proceso penal derivado de un operativo encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), cierra un vergonzoso capítulo de la Policía de Bakersfield.

    En octubre de 2016, un juez dictó una sentencia de cinco años de cárcel a cada uno de los agentes corruptos, Damacio Díaz y Patrick Mara, ambos detectives antinarcóticos. Ellos usaban la información que recibían de fuentes confidenciales para detener a vendedores de droga. Cuando la encontraban se quedaban con la mayor parte y el resto la llevaban a la estación de policía.

    Su cómplice Carter, de 45 años y vecino de Bakersfield, recibió la mercancía. Los fiscales alegan que este conspiró con los agentes entre abril de 2012 y agosto de 2015. De esta actividad ilícita, este hombre obtuvo más de 280,000 dólares, cifra que el gobierno le confiscó.

    El primero en caer del trío fue Díaz, quien estuvo en el equipo estudiantil de corredores de campo traviesa que inspiró la película McFarland USA, protagonizada por Kevin Costner. Tras aceptar cooperar con el gobierno, echó de cabeza a su excompañero Mara. Ambos se declararon culpables, evitando un castigo más duro: los fiscales habían pedido para ellos condenas de alrededor de 20 años de cárcel.

    Díaz también aceptó que recibió sobornos y presentó una declaración de impuestos fraudulenta.

    El juez Lawrence O'Neill, quien revisó este caso, dijo al dictarle sentencia a principios de octubre de 2016 que si bien estaba obligado a considerar toda su vida, no podía pasar por alto los graves delitos que cometió. “Puede que usted no haya vendido su alma, pero ciertamente la alquiló durante los dos años de este caso”, señaló.

    Afuera de la corte aquel día, Díaz agradeció por recibir un castigo sustancialmente menor al que pedía la Fiscalía federal. “Quiero comenzar dando a Dios toda la gloria. Este caso finalmente ha terminado y estamos extremadamente contentos y felices de anunciar que somos victoriosos”, expresó.

    Mara sumaba 13 años en la Policía de Bakersfield cuando fue arrestado. Se unió a sus filas en enero de 2003 y estuvo en el equipo antipandillas y luego, en la unidad antinarcóticos. En 2013 fue ascendido a detective.

    Durante su juicio, este contó que en 2012 se había declarado en bancarrota, su matrimonio se estaba desmoronando y estaba bebiendo mucho. En esa situación, aceptó el “dinero fácil” que le ofreció Díaz y pronto se volvió un narco con placa. “Me había convertido en un mal policía”, lamentó.

  • Guanajuato transforma autos de lujo decomisados en patrullas

    El Universal

     

    Guanajuato. 9 de abril del2019- El gobierno de Guanajuato anunció que se incorporarán vehículos de lujo a la flotilla de patrullas de la secretaria Seguridad Pública del estado.

    Según se dio a conocer, las nuevas patrullas corresponden a vehículos incautados a la delincuencia organizada en varios operativos y son modelos como Camaro, Covertte, Mustang y Cadillacs.

    Se explicó que se busca que los modernos aditamentos que tienen, promuevan una nueva imagen, que sea de una policía confiable y que refleje respeto, admiración, fuerza con humildad, servicio y amabilidad.

    Además de las nuevas unidades, el gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, indicó que se creó la División de la Policía Rural y la Unidad de Policía Turística.

    En el caso de la Rural se orientará a los municipios de la región norte del estado y algunos del sur, en los que se presenta una mayor incidencia por robos; mientras que en el de la segunda se busca fortalecer la seguridad de las zonas donde más se reciben visitantes.

    Los elementos prestarán sus servicios primordialmente en Guanajuato y San Miguel de Allende, además de seis pueblos mágicos: Comonfort, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Mineral de Pozos en San Luis de la Paz y Yuriria.

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