Indianapolis, Indiana. .
July 19, 2018

Ahora Donald Trump quiere que el Pentágono pague el muro con México Destacado

El presidente sugiere que los militares saquen fondos del “histórico” presupuesto que obtuvieron este año, pero para no violar la ley eso llevaría a nuevas negociaciones en el Congreso en las que pocos están dispuestos a embarcarse.

Por: Univision

 

27 de marzo del 2018- El prometido muro con México que Donald Trump quiere construir no encuentra quien lo pague. Primero el presidente, cuando candidato, decía que lo pagaría el gobierno mexicano, luego que serían los contribuyentes pero que sería reembolsado por el país vecino, en un momento sugirió la ilegal medida de incautar remesas de mexicanos y ahora se le ocurre que puede pagarlo el Departamento de Defensa.

La mañana del martes, el presidente escribió un mensaje en su cuenta Twitter en el que parece sugerir que sea el Pentágono el que asuma esa factura.

“Por los $700 y $716 mil Millones de Dólares obtenidos para reconstruir nuestros Militares, se están creando muchos trabajos y nuestros Militares son ricos de nuevo. Construir un gran Muro Fronterizo, con drogas (veneno) y combatientes enemigos entrando en nuestro País, tiene que ver con Defensa Nacional. ¡Construyamos el Muro a través de M!”. (La M de tuit sería una referencia a los militares).

“No puedo entrar en especificidades sobre eso en este momento, pero les puedo decir que la construcción del muro continúa y que seguiremos avanzando en ese proceso”, dijo en la rueda de prensa del martes, la portavoz de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, al preguntársele sobre el planteamiento.

De acuerdo con una nota que publica este martes The Washington Post, el presidente considera que como el Pentágono obtuvo un presupuesto “histórico” este año de 700,000 millones de dólares bajo el argumento del “riesgo a la seguridad nacional”, puede perfectamente destinar parte de sus fondos para completar los 25,000 millones de dólares que pidió al Congreso y no obtuvo (solo le otorgaron 1,600 millones).

La seguridad fronteriza es responsabilidad del Departamento de Seguridad Nacional que es le que administra el mantenimiento de las actuales vallas a lo largo de la línea divisoria binacional y los agentes que lo patrullan para interceptar ingresos ilegales desde el sur.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo el viernes de la semana pasada, durante la firma del presupuesto (que Trump dijo haber aceptado para no bloquear los beneficios obtenidos por el sector militar, aunque no le gustaran muchas cosas del resto de la ley) que esos 1,600 millones eran un “adelanto” para el nuevo muro.

Es difícil hacer esa analogía porque los dineros autorizados por el Congreso para seguridad fronteriza quedaron específicamente atados al mantenimiento de las defensas actualmente existentes y no permite el desarrollo de nuevos diseños, como lo que el gobierno tiene en exhibición en California y que el presidente supervisó recientemente.

 

"Fantasía política presidencial"

Las fuentes consultadas por el diario capitalino indican que Trump les presentó la idea a varios asesores y hasta al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, durante una reunión que tuvieron en la Casa Blanca la semana pasada.

Aparentemente Ryan no expresó mayor reacción a la sugerencia, quizá porque el republicano sabe que no es tan sencillo como sacar fondos de los militares para asignarlos a un proyecto en la frontera simplemente porque se etiquete como “asunto de defensa”.

Lo que está asignado en el presupuesto no puede cambiarse de un destino a otro sin una autorización del Congreso. Para evitar incurrir en el delito de malversación de fondos, si la Casa Blanca quiere sacar fondos de un departamento para un proyecto que cae en la esfera de responsabilidades de otro tiene que presentar una reprogramación o corrección presupuestaria a consideración de los parlamentarios.

Esa corrección tendría que ser sometida a votación en ambas cámaras y en el Senado tendría que pasar la barrera de los 60 votos, algo para lo que con seguridad no contará con el apoyo de los 9 demócratas que necesita para complementar la mayoría de 51 votos republicanos (considerando que todos en el partido de gobierno estén de acuerdo con la medida)

“Este sería un descarado mal uso de los fondos militares y se vería bloqueado en las cortes (de justicia) por años. El secretario (de Defensa James) Mattis no debe prestar atención y en cambio usar el dinero para ayudar a nuestras tropas, en vez de estar cumpliendo con las fantasías políticas del presidente”, expresó en un comunicado el líder de la mayoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.

Algunos observadores indican que el que al presidente se le ocurra una idea políticamente tan riesgosaes indicativo de que teme que a partir del 201i se le hará más difícil obtener fondos para cumplir con lo que fue su oferta de campaña más promocionada porque calcula que los demócratas reducirán la mayoría en la Cámara de Representantes y quizá se queden con la mayoría, lo que complicará grandemente a Trump cumplir con toda su agenda.

 

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    La selección gala conquistó Rusia 2018 con una prodigiosa y letal actuación; iguala a Argentina y Uruguay con dos estrellas mundiales.

    ANDRÉS CORONA ZURITA

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  • Fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia podría cancelar miles de casos de deportación

    La anulación de Notificaciones de Comparecencia (NTA) sin fecha ni hora, ayuda a miles de inmigrantes que batallan por permanecer en EEUU, pero también pudiera anular procesos donde el inmigrante recibió la 'green card'.

    JORGE CANCINO

     

    12 de julio del 2018- Un reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia podría dar paso a dos beneficios inesperados: la cancelación de un número indeterminado de casos de deportación y permitir que los beneficiarios obtengan la tarjeta verde de residencia permanente.

    El dictamen, que contó con la aprobación de 8 de los 9 magistrados, fue dado a conocer la tercera semana de junio. Señala que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación “no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia” en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para permanecer en Estados Unidos.

    La decisión constituyó una victoria clave para miles de inmigrantes que intentan evitar sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en Estados Unidos, explicaron abogados consultados por Univision Noticias.

    Nuevas oportunidades

    Tras revisar el dictamen, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que el fallo también puede “tener implicaciones más amplias”, señalando que, de acuerdo con informes, “abogados se han movido para terminar procesos de deportación, argumentando que las Notificaciones de Comparecencia (NTA, por su sigla en inglés) defectuosas sin una fecha y hora, son inválidas para fines de iniciar un caso de expulsión del país”.

    “La decisión también podría tener implicaciones más amplias para personas a quienes se les negó la oportunidad de solicitar la cancelación cuando se consideró que una NTA defectuosa detuvo la acumulación de presencia física, así como la reapertura de órdenes de deportación emitidas en ausencia”.

    AILA señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que, en los últimos tres años previos al fallo, “no especificaron en las NTA las fechas y los tiempos de los procedimientos”.

    Un gran inconveniente

    Pero la alegría de unos podría transformarse en pesadilla para otros miles de casos donde al final del proceso de deportación “el inmigrante obtuvo la residencia legal permanente (green card)”, advirtió Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

    “Al no ser válidas las NTA emitidas sin fecha ni hora, miles de casos ya dictaminados podrían ser anulados porque, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, las Notificaciones de Comparecencia utilizadas en los procesos que concluyeron con el otorgamiento de la green card tampoco son válidos”, precisó.

    Abogados consultados sijeron que no está claro qué sucederá con las ciudadanías obtenidas a través de residencias ganadas con NTA que la Corte Suprema dijo que eran inválidas.

    Respecto a los casos de deportación todavía abiertos y donde el inmigrante tiene dificultades para demostrar tiempo de permanencia de 10 años, Hernández dijo que “deben ser cancelados, tirados a la basura y comenzar de nuevo. Pero al comenzar de nuevo el inmigrante podrá reunir nuevas evidencias para ganar su caso”.

    “Una vez se cancela el caso, el inmigrante ya no está el proceso de deportación. Pero el gobierno le iniciará otro proceso teniendo en cuenta la fecha y la hora de la nueva NTA. Estimo que son miles los casos que se pudieran ver favorecidos, pero también miles los casos que pudieran afectarse. Todo esto está siendo revisado minuciosamente”, indicó.

    Daño colateral

    Un daño colateral no advertido fue visualizado por AILA. La anulación de miles de NTA inválidas y la emisión de nuevas notificaciones de comparecencia, tendrá un doble impacto en el calendario de audiencias de las cortes de Inmigración.

    A finales de mayo los tribunales, dependientes del Departamento de Justicia (DOJ), tenían acumulados casi 700,000 casos y algunas audiencias se estaban programando para dentro de dos o tres años.

    “Muchas personas esperan años para sus audiencias”, señala AILA. Pero previene que la anulación de las NTA causará desajustes, y las nuevas notificaciones marcarán nuevas fechas de audiencia, “información podría cambiar varias veces a medida que transcurran los años y evolucione la acumulación de trabajo, presentando además una variedad de consecuencias”.

    La asociación indicó que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “ha indicado que los tribunales de inmigración que programen audiencias solo después de que el DHS les envíe las NTA”.

    “El establecimiento de nuevas fechas de comparecencia probablemente requerirá que las dos agencias mejoren significativamente la coordinación interinstitucional y las capacidades de intercambio de información”, dijo AILA.

  • Gobierno se ve obligado a retroceder política de 'tolerancia cero': liberará a familias con grilletes electrónicos para no separarlas

    La administración Trump ha tenido que volver a regañadientes a la práctica del 'catch and release' este martes para poder cumplir con la orden de un juez federal de reunificar a las familias que han sido separadas en la frontera. Al no poder retener más padres con niños en centros de detención, van a liberarlos con dispositivos en sus tobillos para poderlos monitorear.

    UNIVISION

    LOS ÁNGELES, California. 10 de julio del 2018– Cuando se cumple el plazo que un juez federal dio al gobierno de Donald Trump para la reunificación de los niños menores de 5 años que hayan sido separados en la frontera con sus padres, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se está viendo obligado a tomar decisiones que le permitan cumplir con las órdenes de los tribunales y a la vez continuar implementando su política de 'tolerancia cero'. Lo cual parece cada vez más contradictorio.

    Esto pone en aprietos a una administracón que pretende juzgar como criminales a los migrantes que entran al país sin documentos y a la vez no separar más a los padres de sus hijos, luego de la crisis que generó la práctica de detener a los adultos y enviar a los menores de edad a centros de detención aparte de sus progenitores. Para hacerlo el gobierno pretendía detener a las familias juntas, pero este lunes una jueza federal en Los Ángeles rechazó esta petición.

    La juez de distrito Dolly Gee dijo que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal.

    La pregunta era entonces cómo haría el gobierno para cumplir con las órdenes de los tribunalessin fallar a la implementación de su agresiva política migratoria. La respuesta ahora es evidente: no puede, pues al cumplir con la reunificación tendrá que liberar a cientos de familias y volver a la práctica del 'catch and release' que tanto quiso eliminar el gobierno Trump.

    Este martes se vencía el último plazo que un magistrado de Distrito de San Diego le fijó al DHS para que devuelva a más de 100 niños menores de 5 años a sus padres. Funcionarios de la administración Trump aseguraron que 38 de 102 pequeños serían reunificados, pero hasta la tarde solo se conocía de cuatro familias reunidas, de acuerdo al diario Los Angeles Times, que cita a abogados del Departamento de Justicia y de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que fue la que encabezó la demanda en este caso.

    En la ciudad de Grand Rapids, Michigan, dos niñas y un niño que habían estado bajo custodia temporal se reunieron con sus padres hondureños en un centro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tres meses después de haber sido separados, de acuerdo a un reporte de la agencia AP.

    Los tres padres estaban "abrazándolos y diciéndoles que todo estaba bien y que nunca más se volverían a separar", dijo a la misma agencia Abril Valdes, abogada de inmigración.

    Uno de los padres, Ever Reyes Mejía, salió del centro de ICE cargando a su sonriente hijo y su mochila. A bordo de un auto, padre e hijo se alejaron de la instalación.

    Funcionarios de ICE señalaron que los reencuentros se seguirían dando a lo largo del día a las afueras de los centros de detención donde están los niños.

    "Los padres con niños menores de 5 años están siendo reunidos con tus hijos y luego liberados e inscritos en un programa de detención alternativo, lo que quiere decir que se les colocará un grillete en el tobillo y serán liberados en la comunidad", dijo a varios medios Matthew Albence, el director ejecutivo de la oficina de ICE encargada de las deportaciones.

    Albence explicó que el grillete "es una herramienta que usamos para incentivar el cumplimiento"y asegurarse de que los padres asistirán a sus citas en corte. Sin embargo, el funcionario aseguró que aunque este es el procedimiento que usarán "en general", las autoridades revisarán cómo proceder caso por caso de cada familia.

    Se calcula que los procesos migratorios de estas familias liberadas pueden tardar meses o incluso años.

    Los padres que han sido detenidos por el ICE "en su mayoría" están siendo trasladados a lugares cerca de sus hijos y las familias serán dejadas en libertad, afirmó por su parte Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, quien explicó que se publicarán los lugares de los reencuentros, pero que los niños han sido llevados a refugios en distintos puntos del país.

    El juez pidió a fiscales del gobierno que provean información sobre qué niños serán devueltos a sus padres, cuáles necesitarán más tiempo y que proponga un cronograma de reunificación de los niños aún separados, pues habrá algunos a los que tomará más tiempo reunir con sus familias.

    Decenas deberán esperar por la complejidad de sus casos, especialmente porque el gobierno ya deportó a sus padres a sus países de origen y otro grupo de progenitores fue liberado tras ser arrestado por las autoridades migratorias y no ha podido ser localizado en suelo estadounidense.

    De los 102 menores, 14 no son elegibles para la reunificación porque sus padres tienen graves antecedentes penales o el ADN no probó que fueran los hijos de quienes dicen ser sus padres.

    La solución de Trump

    El presidente Donald Trump aseguró este martes que la solución para el problema de cómo el gobierno cumplirá con el plazo judicial para reunificar a familias migrantes separadas es "que no vengan a este país ilegalmente".

    Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una cumbre en Europa, Trump respondió a preguntas sobre el tema diciendo: "Esa es la solución, que no vengan a este país ilegalmente, que vengan como hacen otros, legalmente".

    El mandatario también criticó a los demócratas que han pedido eliminar ICE, afirmando que ello demuestra que "quieren fronteras totalmente abiertas y no les importa la criminalidad".

  • Sentencias exprés y entrevistas en un garaje: arrancan en California los juicios masivos de inmigrantes

    Más de una década después de su puesta en marcha, la Operación Streamline llega a las cortes fronterizas de California. Los abogados públicos y activistas alertan de los riesgos de juzgar a los inmigrantes en grupo.

    DAMIÀ S. BONMATÍ

    9 de julio del 2018- Las autoridades llevan a los inmigrantes a un antiguo garaje en un edificio federal de San Diego, allí se entrevistan brevemente con los abogados de oficio, cruzan una plaza pública encadenados, llegan a la corte federal criminal y son juzgados en grupo.

    Con escenas como esta, la Operación Streamline llega a San Diego, California, el estado donde se puso en marcha este lunes para agilizar los juicios en la frontera por entrada ilegal al país.

    Magistrados y abogados defensores se resistieron por más de una década a implantar ese sistema de procesamiento en California pero el Departamento de Justicia, liderado por Jeff Sessions, lo puso finalmente ahora en marcha.

    Bajo la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump, hay muchos más indocumentados a los que imponen cargos criminales cada día en cada zona de la frontera sur.

    Estos juicios exprés permiten a las autoridades procesar a los extranjeros más rápido, sin detenerlos en la cárcel antes de la audiencia y enviándolos antes a los centros de detención de inmigrantes. En la corte, decenas de indocumentados pueden comparecer en grupo ante el juez: les leen los derechos, les preguntan si se declaran culpables o inocentes, y les sentencian en cuestión de una o dos horas, incluso en cuestión de minutos.

    Tanto los abogados públicos como los grupos proinmigrante advirtieron de las conscuencias negativas de la llegada de la Operación Streamline a California.

    "Es un proceso increíblemente coercitivo para que los inmigrantes se declaren culpables", explicó a Univision Noticias la abogada pública Norma Aguilar, que defendió a inmigrantes en la corte de San Diego este lunes. Explica que la gran mayoría de indocumentados se declaran culpables de entrada ilegal para evitar así estar por semanas en prisión.

    En el primer día de Operación Streamline en la corte de San Diego llegaron para ser procesados conjuntamente 41 indocumentados, según la abogada Aguilar.

    En estas últimas semanas, se han presenciado juicios masivos en la frontera con unos 50, 60 y hasta 80 inmigrantes sentados en bancos, equipados con audífinos de traducción y sentenciados en cadena. Pese a que no se puede acceder con cámara ni celular a las cortes, causó impactó una imagen filtrada de una audiencia masiva en Texas.

    En San Diego, decenas de personas protestaron la semana pasada en contra de la Operación Streamline. La organización Mijente fue una de las que alzó la voz, porque considera que estas audiencias "van en contra del debido proceso de los detenidos", según dijo su directora de políticas, Tania Unzueta, a Univision Noticias.

    Para Unzueta, los inmigrantes tienen muy poco tiempo para hablar con los abogados públicos y tienden a declararse culpables para evitar la prisión.

    Este programa federal empezó el 16 de diciembre de 2005 en Del Río, Texas, y se fue extendiendo a otros sectores de la frontera bajo los gobiernos de George Bush hijo y de Barack Obama, aunque nunca llegó a la cortes de California, como contó el periodista Jorge Cancino cuando la Operación Streamline cumplió 10 años.

    Kelly Thornton, portavoz del fiscal general en el sur de California, dijo a Univision Noticias que evaluaron cómo funcionaba la operación en otros puntos de la frontera y decidieron implementarla también en el área de San Diego. Desde este lunes 9 de julio, suman a "un magistrado adicional en rotación para ocuparse de los casos de inmigración menores" y a la vez cumplir con la Operación Streamline "de manera que proteja los derechos constitucionales de los defendidos".

    Los inmigrantes que son sentenciados por entrada ilegal enfrentarán un delito grave y –muy probablemente– días de cárcel si cruzan de nuevo la frontera sin autorización.

  • Turbas del gobierno de Ortega arremeten contra la iglesia católica y hieren a un obispo

    El cardenal de Nicaragua, el nuncio papal y un obispo prominente fueron algunos de los atacados por policías y paramilitares sandinistas en la basílica San Sebastián de Diriamba. Esto representa el quiebre total de Ortega con la iglesia católica, con la que había mantenido una relación tensa pero cercana.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

    MANAGUA, Nicaragua. 9 de julio del 2018- Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua partieron la mañana de este lunes a la ciudad de Diriamba, ubicada a 40 kilómetros al sur de Managua, a intentar pacificar la ciudad, agobiada desde el día anterior por las balas de la Policía Nacional y paramilitares asociados al gobierno de Daniel Ortega. Los ataques del domingo dejaron once muertes confirmadas, decenas de heridos y desaparecidos.

    La misión religiosa era encabezada por el nuncio vaticano Waldemar Stanilaw Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio José Báez. La autoridad moral que imponen sus sotanas en este país fue irrespetada por las turbas sandinistas, quienes los asediaron e hirieron a Báez con una cuchilla en su brazo derecho.

    Monseñor Báez es una de las voces más críticas contra el gobierno de Ortega en la Conferencia Episcopal, pionero del uso de las redes sociales entre los religiosos, y un referente nacional en medio de esta crisis socio política que suma más de 320 muertos, según organismos de derechos humanos.

    Los paramilitares —armados con pistolas— y las turbas mantenían sitiada la basílica de San Sebastián, en Diriamba. Adentro del templo yacían heridos producto de la represión, curas y médicos voluntarios que, básicamente, estaban secuestrados. Los obispos anunciaron su gira a Diriamba para mediar entre las partes, como lo hicieron el pasado 21 de junio de forma exitosa en la ciudad de Masaya.

    Sin embargo, esta vez los paramilitares y las turbas no se escondieron como en Masaya. Algo había cambiado. El presidente Ortega amenazó indirectamente a los obispos católicos el pasado sábado, cuando radicalizó su posición frente a la crisis: el mandatario no adelantará elecciones al primer trimestre de 2019, como piden los sacerdotes, y dejó claro su aferramiento al poder.

    “Cristo nunca dijo: 'mata a tu hermano'. (...) Cristo dijo ama a tu hermano como a ti mismo, y eso es lo que tenemos que practicar los nicaragüenses, y eso es lo que deben de practicar todos sin excepción, incluso aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas. ¡Incluso ellos!”, amenazó el mandatario.

    La declaración fue asimilada al pie de la letra por las turbas sandinistas. Este lunes por la mañana arremetieron especialmente contra el obispo Báez. “¡Asesino, asesino, asesino!”, le vociferaban. Las turbas acusaban a los religiosos de ser “malditos mentirosos” y “cómplices de los vándalos (ciudadanos en rebelión)”.

    Agresión y robo a periodistas

    Los obispos se refugiaron en la sacristía basílica de San Sebastián, pero fue en vano. Las turbas arremetieron contra ellos incluso dentro del templo. Al ataque se unieron los paramilitares quienes agredieron y robaron a varios periodistas independientes. El reportero Jackson Orozco, de 100% Noticias, fue golpeado brutalmente en la nariz. Quedó ensangrentado.

    El camarógrafo del prestigioso programa Esta Semana, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, fue golpeado para despojarlo de la cámara. Igual fueron saqueados equipos del diario La Prensa, Canal 12, Canal 23, y al equipo de AFP.

    “Me amenazaron y me golpearon. Estaba a la par de monseñor Báez y busqué refugio en él, pero también lo estaban golpeando”, relató Orozco a Univision Noticias. El reportero señaló que las turbas lo acosaron desde antes del inicio del ataque, ya que su estación televisiva ha sido blanco recurrente del gobierno al transmitir en vivo la represión durante estos meses.

    El obispo Báez denunció la herida sufrida desde Diriamba y, de inmediato, regresaron a Managua. Los religiosos arribaron a la catedral metropolitana y se dirigieron a orar ante el altar del Santísimo. Báez lloraba y el resto del clero estaba visiblemente conmocionada.

    “Logramos sacar a quienes estaban como rehenes en Diriamba para que puedan recibir atención médica de forma justa. Lo que hemos sufrido los obispos es nada comparado a lo que sufre Nicaragua”, dijo Báez. “Fui víctima de una agresión física y verbal. Es lamentable”.

    Repensarán si seguirán como mediadores

    La Conferencia Episcopal, a través de monseñor Báez, había expresado que repensarían si seguirán como mediadores del diálogo nacional ante la falta de voluntad política de Ortega para discutir el adelanto de elecciones y la democratización de Nicaragua. Con la agresión de este lunes, la postura de la iglesia católica podría variar. Después de rezarle al Santísimo, los obispos sostuvieron una reunión en catedral aún con las sotanas manchadas de sangre y mugre.

    José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia, dijo que tras la radicalización de Ortega y el ataque contra los obispos, esperarán a ver la postura de los religiosos de continuar o no el diálogo con el gobierno.

    Mientras los obispos llegaban a Managua, la basílica de San Sebastián y la iglesia de Jinotepe, ciudad vecina a Diriamba, fueron saqueadas por las turbas sandinistas.

    “El señor Ortega puede decir cualquier cosa, nosotros estamos con el pueblo. Ortega desde la década de los ochenta ha sido perseguidor de la iglesia”, dijo a Univision Noticias Edwin Román, el sacerdote de la iglesia San Miguel de Masaya, quien ha tomado relevancia al estar en medio de la represión ayudando a los heridos. Román estuvo presente este lunes en Diriamba y lamentó que en las agresiones haya estado involucrado “el ministro de Dios en la tierra, el representante del papa Francisco en Nicaragua, el nuncio Waldemar”.

    Este ataque directo a los obispos “nunca había sucedido en Nicaragua”, señaló el cardenal Leopoldo Brenes. El único episodio parecido fue la afrenta sandinista a San Juan Pablo Segundo en marzo de 1983, cuando los sandinistas interrumpieron la misa del pontífice en plaza pública, en medio del conflicto de la guerra fría. Los sandinistas gritaron aquella vez “queremos la paz” al fallecido Papa polaco. 35 años después, los partidarios de Ortega volvieron a gritarles a los obispos católicos la misma consigna mientras los paramilitares mantenían sus fusiles alzados.

    Esto representa el quiebre total del gobierno de Ortega con la iglesia católica, institución con la que había mantenido una relación tensa pero cercana a través del recién fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo. La postura de la iglesia demandando a Ortega el anticipo de elecciones y la condena de la violencia paramilitar y policial ha fracturado la relación, pese a que el gobierno sandinista actual se define como “cristiano” y recurre en su narrativa a la religiosidad católica.

    “Hemos ido a las parroquias no para hacer violencia, no sino para consolar a nuestros sacerdotes. Para acompañarlos en el sufrimiento”, reclamó el cardenal Brenes. “Sin embargo, hemos recibido esa agresión. Y todo lo sufrimos por Cristo, que bien nos dice hoy que la fuerza se realiza en la debilidad. Verdaderamente nos sentíamos débiles frente aquella agresión, pero allí está la palabra del señor: Te basta mi gracia, te basta mi fuerza”.

  • Hambre, miedo, desesperación: lo que dejan las redadas de ICE en las familias afectadas

    La política de arrestos está dejando familias separadas en las que se ha instalado el temor y las dudas sobre cómo seguir viviendo en Estados Unidos. En algunos casos, niños estadounidenses se han quedado sin comida, ropa y sin ir al colegio tras el arresto de uno de sus padres.

    UNIVISION Y AP

    9 de juliod el 2018- Brandon Tomás Tomás tardó una década en establecerse en Estados Unidos: una esposa, un empleo estable y cinco hijos nacidos en suelo estadounidense. En solo 20 segundos, esa vida se desvaneció.

    Un agente de inmigración que esperaba a otra persona lo vio y le hizo una pregunta inofensiva: “¿Cómo estás?“. Entonces le pidió la documentación. En un instante, este guatemalteco de 33 años llevaba grilletes, estaba detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y se dirigía a prisión y a una probable deportación.

    A muchas millas de la frontera entre México y Estados Unidos, las autoridades están separando a familias en allanamientos contra inmigrantes en sus propias casas y lugares de trabajo, realizados en nombre de la seguridad nacional. La mayoría de estos cateos pasan desapercibidos fuera de las comunidades afectadas, pero son una parte crucial de la amplia represión migratoria del gobierno de Donald Trump, que está provocando un aumento de las detenciones, especialmente de gente sin antecedentes penales.

    Durante un lapso de dos días en cinco localidades en el norte de Kentucky, los agentes vigilaron las viviendas antes del amanecer, detuvieron a los hombres que se dirigían a sus trabajos y acudieron a almacenes como en el que Tomás trabajaba desde hacía más de un año. Según los datos del ICE, 20 hombres y dos mujeres fueron detenidos en este tiempo.

    De forma silenciosa, se desató una crisis.

    Las familias, que apenas llegan a final de mes, perdieron a su único sustento económico. Sus esposas no sabían cómo contratar un abogado o pagar las fianzas. Voluntarios les hicieron llegar dinero en efectivo para pagar las facturas. Los niños necesitaban comida, ropa e ir al colegio, y una consejera escolar dijo que tres alumnos acudieron a ella para hablar sobre el suicidio.

    Todavía estaba oscuro afuera el día del mes de diciembre en que un auto se paró cuando Edgar Pérez Ramírez cuando se dirigía a su trabajo. Al principio, los agentes del ICE le preguntaron por otra persona. Después se interesaron por su estatus legal, se enteraron de que no tenía permiso de residencia y lo llevaron a prisión.

    Inmediatamente después, su pareja, Carmelinda, dejó de salir del departamento para comprar comida. Su hijo de cuatro años, Franco, no acudió al jardín de infancia durante 15 días porque tenía miedo de llevarlo. En un primer momento le dijo al pequeño que su padre se había ido a trabajar, pero después el niño comenzó a preguntar por qué no regresaba.

    Seis semanas más tarde, un juez de inmigración decretó su libertad bajo fianza porque no tenía antecedentes. Sus hermanos y amigos pagaron los 2,000 dólares necesarios.

    La mayoría de los días, Carmelinda se queda encerrada en su casa con su hija de año y medio, demasiado atemorizada como para salir a comprar o tomar el autobús. Pérez encuentra trabajo donde puede, pero dice que sigue teniendo miedo.

    Operaciones como estas no son nuevas: el ICE llevó a cabo al menos cuatro operativos similares en Kentucky durante el gobierno de Barack Obama, que en sus comienzos detuvo a más personas al año que el de Trump hasta el momento. Hacia el final del mandato de Obama, el ICE recibió instrucciones para priorizar el arresto de personas que habían cometido delitos graves, que estaban consideradas amenazas para la seguridad nacional o que recibieron una orden para abandonar el país por violaciones de inmigración.

    Una orden ejecutiva firmada por Trump alteró estas prioridades, declarando que cualquier migrante que estuviese en el país de forma ilegal era objeto de arresto.

    “¿Me siento mal por la difícil situación de algunas de estas personas?”, se preguntó Thomas Homan, director interino del ICE hasta su reciente jubilación, en una entrevista con The Associated Press. “Claro que sí. Soy humano. Soy padre. Pero tengo un trabajo que hacer”.

    Pero incluso los defensores de esta política se plantean si los allanamientos merecen la pena dado el sufrimiento que se ve incluso ahora.

    “Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque seguimos lidiando con cuatro o cinco familias que realmente no tienen una persona que lleva el pan a casa”, dijo Don Sherman, de la Coalición de la Dignidad del Inmigrante, que encuentra a abogados para llevar estos casos y entrega tarjetas regalo para comprar comida a las familias afectadas.

    Según su recuento, los detenidos en Kentucky tienen 19 hijos y la mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses.

    La mayor parte de las familias tienen pocas esperanzas de volver a encontrarse aquí, así que han comenzado a pensar en un futuro fuera de Estados Unidos.

    Alma Vázquez es la esposa de Tomás. Él es de Guatemala y ella de México y se conocieron trabajando en un restaurante brasileño.

    Sus cinco hijos nunca han estado ni en México ni en Guatemala. En cualquiera de los dos países, podrían ser objetivo de las pandillas que asumen que quieren retornan de Estados Unidos tienen dinero. Pero para Vázquez, recuperar a su esposo y mantener a su familia junta es todo lo que importa.

    “Les digo que es nuestro turno porque su padre se va irá. Si quieren estar con su padre, tienen que ir con él”, señaló.

     

  • Trump abrió la puerta para deportar a cualquier inmigrante con o sin papeles en EEUU

    A la lista de prioridades, el nuevo reglamento permite agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluye a inmigrantes legales que por alguna razón perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

    JORGE CANCINO

    7 de julio del 2018- El 25 de enero del año pasado, cinco días después de instalarse en la Casa Blanca, Donald Trumpfirmó la Orden Ejecutiva 13768 sobre las jurisdicciones o ciudades santuario. En ella, el mandatario estableció nuevas prioridades de deportación y decretó que la permanencia indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional.

    Con este paso, el gobierno colocó a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se cree viven en Estados Unidos, algunos establecidos desde hace más de dos décadas y sin antecedentes penales, en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

    Un año y medio más tarde, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció la nueva política para el envío de Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés), documento que, al ser emitido, inicia de inmediato un proceso de deportación.

    En pocas palabras, en la primera semana de julio, el gobierno de Trump abrió la puerta para deportar a cualquier inmigrante con o sin documentos de permanencia legal, incluso a aquellos con residencia legal permanente (green card) si les niegan el trámite de naturalización (ciudadanía) por no tener un “buen carácter moral”.

    La nueva política que norma la emisión de citatorios de comparecencia (NTA) fue publicada el 5 de julio y entró en efecto de inmediato. El documento, explicó la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), se convierte en la “guía” para expedir el Formulario I-862 (Notificación de Comparecencia), de acuerdo con las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fijadas el 25 de enero del año pasado.

     

    Las prioridades

    Las prioridades de deportación fijadas y ampliadas por Trump se basaron en las Secciones 212(a)(2)(a)(3), (a)(6)(C), 235, 237(a)(2) y (4), y también en las Secciones (8 U.S.C. 1182(a)(2)(a)(3), (a)(6)(C), 122, 1227(a)(2) y (4) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA).

    De esta manera, el gobierno determinó que los siguientes extranjeros integran la categoría de deportables:

    -Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;

    -Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;

    -Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;

    -Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;

    -Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;

    -Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o

    -Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

     

    Procesos de deportación

    A la lista de prioridades, el nuevo reglamento permite agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluye a inmigrantes legales que por alguna razón perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos y el gobierno estima que, al ser excluidos de un beneficio migratorio, se convierten en deportables.

    ¿Qué delitos convierten en inadmisible o deportable a un inmigrante? La Sección 212 de la INA citada en la Orden Ejecutiva 13768, incluye a cualquier extranjero que:

    - Hubiese estado presente ilegalmente en Estados Unidos por un período mayor de 180 días, pero menor de 1 año, y haya partido voluntariamente de los Estados Unidos [sea o no en conformidad con la Sección 244(e)] previo al comienzo de los procedimientos bajo la Sección 235(b)(1) o la Sección 240, y vuelva a solicitar el ingreso dentro de los 3 años de la fecha de partida o remoción; o 

    - Haya estado presente ilegalmente en los Estados Unidos por un año o más, y quien de nuevo vuelve a solicitar admisión dentro de los 10 años de la fecha de partida o remoción de los Estados Unidos de dicho extranjero, es inadmisible.

    Esta sección corresponde a la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años y afecta a la gran mayoría de los que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, excepto aquellos que llevan menos de 180 días sin papeles.

    La sección incluye a:

    -Inmigrantes que entraron sin autorización al país,

    -Inmigrantes que entraron legalmente y se quedaron en el país más allá del plazo permitido por sus visas.

     

    Las excepciones

    La Sección 212 explica que la interpretación de presencia ilegal excluye a:

    -Menores de edad (menores de 18 años)

    -Asilados que tengan una solicitud pendiente de resolución

    -Mujeres y niños maltratados

    -Víctimas de alguna forma severa de tráfico de personas

     

    Faltas imperdonables

    Otras faltas que colocan en serio riesgo a un inmigrante:

     -Tener cargos por tráfico de drogas

    -Haber sido condenado por tráfico de drogas o sustancias controladas

    -Haber sido colaborador, cómplice, asistente, conspirador o confabulador de tráfico ilícito en posesión de cualquier sustancia controlada o que se encuentre en el listado, o cualquier intento del mismo;

    -Ser esposo(a), hijo(a) de un extranjero inadmisible bajo la cláusula (i), haber obtenido, dentro de los 5 años previos algún beneficio económico o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de alguna actividad ilícita de ese extranjero, a sabiendas de que el beneficio económico o cualquier otro beneficio era producto de dicha actividad ilícita.

    Después de la NTA

    -El inmigrante recibe el Formulario I-862 en sus manos, a través de la oficina de correos o por medio de su abogado. El documento debe explicar los actos o conductas supuestamente en violación de la ley y los cargos que le formula el gobierno, indicando las leyes que está violando.

    -El extranjero puede ser representado por un abogado.

    -El gobierno debe otorgarle un período de tiempo para obtener un abogado.

    -Debe proporcionarle una lista de abogados si no tiene uno que lo represente. Pero lo paga el inmigrante.

    -Si el extranjero cambia de dirección, debe notificarlo al fiscal, así como un número de teléfono.

    -El inmigrante debe ser informado sobre el día, hora y lugar de comparecencia.

    -Cualquier cambio en la corte será notificado por escrito al inmigrante.

     

    Consejo legal

    Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que bajo la nueva política, todo inmigrante que tenga un caso de inmigración pendiente “debe asegurarse de que el gobierno tenga su dirección correcta”.

    “Si el servicio de inmigración le niega un caso y le envía una NTA y usted no se presenta a la corte, cuidado que el juez inmediatamente le emitirá una orden de deportación en ausencia”, indicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

    Guerrero dijo además que, “si recibe la orden de comparecencia, lo primero que debe hacer es buscar un abogado para estudiar las opciones que tiene y batallar por sus derechos de permanencia”.

    “No olvide que, aunque esté legal en el país, si le niegan por ejemplo la ciudadanía porque tiene una falta que lo hace deportable, pueden citarlo para iniciarle un proceso de deportación”, indicó Guerrero. “Eso obliga a todos a estar muy pendientes de sus casos”.

    En el caso de aquellos indocumentados que no tienen casos pendientes y el gobierno no sabe de ellos, Guerrero dijo que “no recibirán un citatorio para que se presenten a la corte. Pero al momento en que sean detenidos por la policía o cualquier encuentro con las autoridades y descubran que es indocumentado, en ese momento le entregarán una notificación de comparecencia para iniciar el proceso de deportación”, indicó.

     

  • El 'Penta' se topó con el ‘caballo negro’: Bélgica echó a Brasil de Rusia 2018

    Con tres auténticos demonios en la ofensiva y una contención de élite, la Bélgica de Roberto Martínez ya está en semifinales.

    UNIVISIONDEPORTES.COM

    6 de julio del 2018- Dicen que el fútbol no es de merecer y también que la justicia pocas veces aparece en el rectángulo verde. Lo cierto es que hoy, en Kazán, ambas comenzaron con razón y las dos terminaron exhibidas en el triunfo de 2-1 de Bélgica sobre Brasil.

    Neymar y compañía comenzaron a tambor batiente y cerca se quedaron de abrir el marcador en una pelota parada en la que Miranda peinó, la pelota le rebotó a Thiago Silva y luego se estrelló en el poste ante el grito ahogado de los más de 15 mil brasileños en el estadio.

    Bélgica intentó responder en la contra pero encontraría la llave en la misma pelota parada.

    Llegó un tiro de esquina por la banda derecha. Vincent Kompany anticipó y la pelota se volvió de todos y de nadie, Fernandinho la desvió y se fue al fondo para abrir el marcador antes de los 15 minutos y desatar las dudas de si era merecido o no.

    Entonces Brasil apretó pero apreció otra joya belga. Si el juego de Lukaku y Fellaini ya era sobresaliente, venía entonces Courtois. El portero belga le atajó un disparo a Marcelo, sacó otro disparo de media distancia de Coutinho y hasta tuvo reflejos para rechazar un desvío de su defensa. Una muralla llamada Thiabaut.

    Vino entonces el segundo golpe. La corpulencia de Lukaku inició un contragolpe de libro. El del Manchester United llevó la pelota con tal clase que daba gusto verlo correr y correr hasta que abrió para De Bruyne quien acarició la pelota ante la complacencia de Marcelo para mandarla al fondo y poner otro manotazo en la mesa. Era el inesperado pero ya ni tan inmerecido e injusto 2-0.

    Lo de los Diablos era contundente, incontestable y hasta admirable.

    Y sí, llegó entonces el embate de Brasil al comienzo del segundo tiempo, embate que incluyó el ingreso de Firmino por un desaparecido William y que cerca estuvo de rendir frutos aunque lejos se quedó. Si acaso una polémica jugada dentro del área que se revisó desde la cabina del VAR y nada más.

    Un cambio más con el ingreso de Douglas Costa y la salida de Gabriel Jesus que apenas tuvo una ligera aproximación en él área con un cabezazo, pero faltaba la variante que de verdad incidiría en el marcador y resultaría productivo.

    Renato Augusto entró por Paulinho y minutos después llegó el descuento, con un pase de ‘seda’ de Coutinho y un mejor cabezazo del volante de la Liga china, aunque también dejó ir la oportunidad que significó el empate y que el 8 de Brasil echó por la borda.

    Tanto Renato como Firmino y Coutinho tuvieron el empate en sus botines pero o la pelota se fue a la tribuna o Courtois seguía con su espléndida cátedra bajo los tres postes hasta que el tiempo se consumó ante una Bélgica que dejó el cuerpo y el alma en la cancha para instalarse entre los cuatro mejores del orbe.

     

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