Indianapolis, Indiana. .
August 16, 2018

Jueces de inmigración advierten que la 'tolerancia cero' en la frontera tendrá consecuencias “tremendas”

La estrategia para el manejo de la política migratoria oficializada por el gobierno en abril podría convertir en un caos el debido proceso migratorio, advierten magistrados especializados.

JORGE CANCINO

10 de junio del 2018- La dura política migratoria implementada por el presidente Donald Trump en la frontera, desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, tiene alarmados a los magistrados de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por su sigla en inglés).

Y las preocupaciones aumentaron después de la primera semana de abril cuando por el fiscal general, Jeff Sessions, anunció la puesta en marcha de una estrategia de ‘tolerancia cero’dirigida a contener y frenar la inmigración indocumentada.

“El impacto que va a tener esta estrategia puede ser tremendo”, previno a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la NAIJ.

Marks advirtió que la asociación “no puede comentar sobre decisiones tales como levantar cargos criminales (contra los indocumentados que cruzan por zonas no autorizadas de la frontera), porque se trata de política y no comentamos sobre la política (desarrollada por el gobierno federal). Pero sí sobre el impacto” que causarán estas decisiones, apuntó.

“No tenemos la capacidad para atender los casos que ya manejamos en un período apropiado”, indicó.

Un reciente reporte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), al que tuvo acceso Univision Noticias, revela que al 31 de marzo las cortes de inmigración tenían 697,777 casos acumulados.

En EOIR dijo en abril que existían unos 300 jueces activos, presupuesto para 374 y había unas 50 solicitudes en diversas etapas del proceso de contratación. En algunos casos, esta fase puede demorar hasta 12 meses.

Simultáneamente, el Departamento de Justicia impuso una cuota de 700 casos al año a cada juez.

Colapso en puertas

La política de ‘tolerancia cero’ oficializada por Sessions está dirigida a detener y formular cargos criminales a quienes sean detenidos por ingresar ilegalmente al país, complicar la entrada por las garitas fronterizas, aumentar el escrutinio a los que se entregan y vienen sin visa, eliminar la política de capturar y liberar ( catch and release) y acelerar las deportaciones.

“ Ahora imponen cargos criminales a los padres que ingresan por fuera de un puerto fronterizo. Los niños no pueden estar encarcelados con los padres mientras ellos enfrentan este proceso criminal y por eso los separan”, explica Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington.

La NAIJ advierte que el aumento en el número de arrestos recargó el trabajo acumulado en las cortes de inmigración y “no sabemos de ningún plan para acomodar tantos casos más” que nos están enviando las autoridades fronterizas.

“Desafortunadamente, muestro cuerpo de jueces es insuficiente en número, y el tiempo que toma añadir y entrenar más jueces es demasiado largo para responder a esa crisis”, apuntó Marks.

Malos presagios

Las últimas medidas tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la frontera no apacigua las preocupaciones de los jueces de inmigración.

El viernes, respondiendo a una pregunta hecha por la redacción de Univision Noticias, dijo que seguirá separando familias en la frontera, una estrategia basada en “una política de larga data del gobierno anterior”.

Agregó el DHS que las separaciones “pueden ocurrir sólo cuando no podemos determinar la relación de custodia, cuando determinamos que un niño puede estar en riesgo con el custodio o cuando el custodio es transferido a un entorno de detención criminal debido a (la formulación de) cargos criminales”.

La orden fue impartida el 4 de mayo por la secretaria Kirstjen Nielsen, quien pidió a los agentes “aumentar los referidos al Departamento de Justicia para enjuiciamientos criminales contra aquellos que violan la soberanía de nuestro país”, indicó el DHS en la respuesta enviada a Univision en un correo electrónico.

Nielsen posteriormente explicó la política de "tolerancia cero" durante una audiencia ante los miembros del subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional del Senado.

La crisis no se detiene

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump para contener la crisis en la frontera, las detenciones de inmigrantes indocumentados no cesan. Para mayo el número continuó en ascenso y alcanzó los 51,912 arrestos, según cifras de la Patrulla Fronteriza (CBP)proporcionadas el miércoles.

Las cifras oficiales de mayo marcan un incremento de 160% en relación con el mismo mes del año pasado, cuando se registró el nivel más bajo apenas meses después de la llegada de Trump a la Casa Blanca.

En abril de 2018, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por su sigla en inglés) realizó 50,925 aprehensiones. De ellas, 4,302 corresponden a niños que cruzaron sin sus familias; en mayo, la cifra alcanzó los 6,406. Mientras, las familias cayeron levemente: de 9,653 en abril a 9,485 en mayo.

La crisis de la frontera se origina “en los países de donde viven los niños y las familias (el denominado Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras). La gente, los adultos y las familias, huyen por las mismas razones que los niños y las niñas: la inseguridad y la violencia, que incluye abuso doméstico, la pobreza extrema y la reunificación familiar”, explica Elizabeth Kennedy, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara.

Kennedy advirtió la crisis en marzo de 2013, un año antes del crecimiento del flujo de inmigrantes centroamericanos indocumentados hacia la frontera con Estados la crisis, pero el gobierno federal estadounidense no tomó medidas para aumentar su capacidad de respuesta a la emergencia humanitaria.

Cinco años más tarde, las causas que originaron la emergencia no han desaparecido.

Plan demócrata

En respuesta a la formulación de cargos criminales a los inmigrantes que vienen en busca de asilo y cruzan indocumentados la frontera, y la separación de menores, un grupo de senadores demócratas presentó el viernes un proyecto de ley que, de ser aprobado por el pleno, luego por la Cámara de Representantes y finalmente promulgado por Trump, prevendría que los agentes del DHS quiten los niños a sus padres y los entreguen al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HSS), como ha venido ocurriendo desde principios de abril.

El proyecto de ley, conocido como ' Keep Families Together', es patrocinado por 30 legisladores y exige garantizar que el gobierno federal actúe “en el mejor interés de los menores”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Academia Estadounidense de Pediatría, el Kids In Need of Defense (KIND), la Coalición por los Derechos de Inmigrantes Humanitarios de Los Ángeles (CHIRLA) y el Children's Law Center y el Young Center for Immigrant Rights.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras que la administración Trump continúa buscando más formas de separar forzosamente a familias inmigrantes que buscan asilo en nuestro país. Quitarle un hijo a una madre que busca asilo es algo repugnante,” dijo el Senador Bob Menéndez (demócrata por Illinois).

Menéndez dijo además que “tenemos la responsabilidad de asegurar que los niños y sus familias puedan aplicar para recibir asilo político, protección de tráfico humano y otras formas de alivio sin el miedo de que serán separados de sus hijos y enviados a centros en diferentes lugares del país”.

La iniciativa de ley demócrata no cuenta con apoyo de republicanos. Para ser aprobada en el Senado, requiere de 60 votos y los demócratas solo cuentan con 47.

La Cámara de Representantes está controlada por los republicanos. Para aprobar una iniciativa se necesitan 218 votos y los demócratas solo cuentan con 194 de los 435 asientos del pleno.

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  • Encuesta revela que beneficiarios de DACA continúan haciendo significativos aportes a la economía de EEUU

    Estudio asoma en el 6to aniversario del programa creado bajo el gobierno de Barack Obama. Seis años después de ser implementado, el 96% de los destinatarios estudia o tiene empleo, y más del 70% de los soñadores tiene miedo a ser detenido o deportado de Estados Unidos.

    JORGE CANCINO

     

    15 de agosto del 2018- Seis años después de entrar en vigor la Acción Diferida de 2012 (DACA), los dreamers “siguen aportando haciendo contribuciones positivas y significativas a la economía” de Estados Unidos, revela una encuesta publicada este miércoles en Washington DC.

    Elaborada por Tom K. Wong, del Centro para el Progreso Americano (CAP), conjuntamente con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y United We Dream (UWD), la principal organización de soñadores del país, el estudio muestra que los casi 700,000 dreamers amparados bajo el programa consiguen mejores trabajos, ganan salarios más altos, han logrado iniciar negocios, aumentaron su poder adquisitivo y lograron mejores oportunidades educativas desde que el programa fue puesto en marcha el 15 de agosto de 2012.

    La encuesta se traduce en uno de los primeros estudios en mostrar “cuán grave es la incertidumbre que rodea a DACA en las mentes de los destinatarios del programa, así como también mide cómo los destinatarios de DACA muestran una tremenda determinación en medio de esta incertidumbre”, dijo Rafael Medina, director de comunicaciones del CAP.

    DACA fue cancelado por el gobierno de Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. Pero el 9 de enero una corte federal de California ordeno restituirlo en su totalidad, excepto para soñadores que antes no se habían registrado.

    El 13 de febrero y el 24 de abril, otras dos cortes fallaron en la misma dirección a favor de restablecer el programa que ampara de la deportación y concede una autorización de empleo renovable cada dos años.

     

    Qué muestra la encuesta

    El estudio revela lo siguiente:

     

    -El 96% de los destinatarios de DACA están actualmente en la escuela o están trabajando.

    -El salario promedio por hora de los encuestados aumentó en un 78% desde la recepción de DACA, de $10.32 p/hora a $18.42 p/hora (97% entre los encuestados de 25 años en adelante).

    -El 89% de los encuestados actualmente tienen empleo.

    -El 92% de los encuestados mayores de 25 años tienen empleo.

    -Después de recibir DACA, el 54% reportó mudarse a un trabajo con mejor salario.

    -El 46% se mudó a un trabajo con mejores condiciones de trabajo, mientras el 45% se mudó a un trabajo que se ajusta mejor a su educación y capacitación.

    -El 45 por ciento se mudó a un trabajo que se ajusta mejor a sus objetivos profesionales a largo plazo.

     

    Otros logros

    La encuesta del CAP, el NILC y UWD muestra además que:

     

    -El 6% de los encuestados comenzó su propio negocio después de recibir DACA.

    -El 8% entre los encuestados de 25 años o más, ha superado a la población general en términos de creación de negocios.

    -También revela que el poder adquisitivo de los destinatarios de DACA continúa aumentando:

    -El 62% de los encuestados informaron que compraron su primer automóvil, lo cual es importante no solo en términos de ingresos estatales sino también en cuanto a los beneficios de seguridad de tener más conductores con licencia y asegurados en las carreteras.

    -El 14% de los encuestados compró su primera casa después de recibir DACA (20 por ciento entre los encuestados mayores de 25 años), que produce efectos económicos más amplios, incluida la creación de empleos y nuevos gastos en las economías locales.

     

    Clima de nervios

    El estudio refleja además el nerviosismo entre la comunidad dreamers por la fragilidad en la que se encuentra el programa. Luego de su reinstauración en enero y los otros dos fallos judiciales favorables en febrero y abril, el 1 de mayo un grupo de estados encabezados por Texas demandaron ante una corte de Houston la cancelación del programa bajo el argumento que viola la ley federal.

    “La incertidumbre creada por la decisión del gobierno de rescindir DACA está afectando el bienestar de sus destinatarios”, indica el informe.

    Agrega que “el 45% de los encuestados informaron que piensan en ser detenidos en un centro de detención de inmigrantes al menos una vez al día, mientras que el 55% dijo que piensa en ser deportado al menos una vez al día, y el 64% cree que en un miembro de la familia será deportado”.

    Entre los padres, la muestra halló que el 76% piensa en separarse de sus hijos debido a la deportación, y 74% piensa por lo menos una vez al día que no ver a sus hijos crecer debido a la deportación.

    “A pesar de la incertidumbre, los destinatarios de DACA siguen siendo cívicamente comprometidos. Desde que recibieron DACA, el 49% de los encuestados informaron que se han vuelto más activos políticamente”, indica la encuesta.

     

    Logros a toda vista

    Medina dijo Univision Noticias que la encuesta revela logros conseguidos con esfuerzo y dedicación, los que están “a toda vista”.

    “La encuesta muestra consistentemente que, los resultados para los beneficiarios de DACA no solo han mejorado sus vidas, sino que han impactado de manera positiva a sus familias y comunidades donde viven”, indicó.

    Señaló que, al igual que en encuestas pasadas, “sin las ganancias a través de empleo, salarios más altos al empezar sus propios negocios, estudios que antes no podían alcanzar, hubiera sido imposible conseguir estos resultados”.

    Ante la posibilidad de un fallo judicial adverso que frene la implementación del programa, Medina dijo que “seria cruel y anti productivo”, una decisión que “disminuiría las ganancias que han hecho los beneficiarios desde un principio”.

    Señaló que el CAP no cifra demasiadas esperanzas en lo que vaya a decidir la corte de Houston donde se ventila la demanda entablada por un grupo de estados encabezados por Texas. “No hay mucha esperanza, dado quién es el que juez que está fallando en esta causa”, dijo. “Tenemos presente lo que ha hecho en el pasado”, agregó.

     

    El juez Andrew Hanen

    Andrew S. Hanen, el juez que preside la corte federal de Houston, el 16 de febrero de 2015 frenó la implementación de una ampliación de DACA que aumentaba de dos a tres años la vigencia de los permisos de trabajo.

    También impidió la entrada en vigor de DAPA, programa que amparaba de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.

    “Los estados que demandaron al gobierno de Donald Trump por la legalidad de DACA se buscaron un juez antiinmigrante para que ponga fin de una vez por todas al programa”, dijo Medina. “Nosotros estamos pidiendo que las tres decisiones precedentes que tienen vivo el programa se mantengan vigentes, sean respetadas. Pero como conocemos los antecedentes del juez Hanen, estimamos que el caso terminará en manos de la Corte Suprema de Justicia. Aunque con dudas, porque el máximo tribunal tiene solo ocho miembros y es probable que decida no revisar el caso hasta que llegue el noveno magistrado”.

    El 6 de agosto, tras el fallo de una corte del Distrito de Columbia reiterando la restitución de DACA, el fiscal general Jeff Sessions aseguró que la intención del presidente Donald Trump de terminar con el programa de Acción Diferida (DACA) se mantiene.

    “Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión del tribunal de Distrito de Columbia en el caso de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El Departamento de Justicia tomará todas las medidas legales para justificar la rescisión legal de DACA”, dijo Sessions en un comunicado.

     

  • Qué es y dónde se encuentra la tóxica marea roja que está afectando las costas de Florida

    La temporada de la marea roja generalmente dura de octubre a febrero, pero la actual se ha extendido alrededor de 10 meses, y ha ocasionado la muerte de miles de peces, tortugas marinas, manatíes y al menos un tiburón ballena en la zona de Sanibel.

    UNIVISION

     

    MIAMI, Florida. 8 de agosto del 2018- Tony Marino y sus amigos llevaban un mes planeando sus vacaciones en las playas de Naples, la popular ciudad de Florida en el Golfo de México. Pero al llegar, se encontraron con un aviso de marea roja que prácticamente arruinó su viaje. "Es un sitio muy bonito, sí, pero hemos decidido no meternos al agua", contó a Univision.

    Naples queda en Collier, uno de los siete condados que el gobernador Rick Scott declaró en emergencia por el brote de la marea roja en Florida. Esta declaración proporcionará fondos y recursos estatales a los territorios afectados.

    Aunque los habitantes de estas costas están acostumbrados a ver el fenómeno una vez al año, esta ha sido una de las temporadas más largas y mortíferas para la vida silvestre en la historia reciente del estado del sol.

    La marea roja se produce cuando hay en las aguas una concentración más alta de lo normal de un alga microscópica. En Florida y el Golfo de México, la especie que causa la mayoría de las mareas rojas es la Karenia brevis, conocida como K.brevis.

    En las últimas semanas la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre respiratorios.

    (FWC, por sus siglas en inglés) confirmó que hallaron concentraciones de la bacteria K.brevis en los condados de Pinellas, Manatee, Sarasota, Charlotte, Lee y Collier. En los últimos cuatro, las muestras recogidas tenían mayor contaminación. 

     

    Seis condados de Florida afectados por la marea roja

    La concentración de una bacteria en las aguas de las costas de Pinellas, Charlotte, Collier, Lee, Sarasota y Manatee puede causar problemas

    La temporada de la marea roja de Florida generalmente dura de octubre a febrero, pero la actual se ha mantenido por alrededor de 10 meses, y ha ocasionado la muerte de miles de peces, así como tortugas marinas, manatíes y al menos un tiburón ballena en la zona de Sanibel.

     

    La peor en años

    Con la llegada de la marea roja, cada año se registran las muertes de cientos de animales marinos. Según FWC, las muertes de peces cerca de Tampa Bay incluso fueron mencionadas en los registros de los exploradores españoles cuando llegaron a América.

    "También en 2005, 2013 y 2016 hubo largas floraciones de algas, por lo que no es raro que ocurra, desafortunadamente", dijo Stephen Leatherman, investigador del departamento de tierra, medio ambiente e investigación costera de Florida International University (FIU).

    Sin embargo, la longevidad de esta temporada ha sorprendido a los expertos, así las cifras de muertes de especies marinas. FWC ha contabilizado que al menos 300 tortugas marinas han muerto, así como cientos de peces que han sido arrastrados a las playas afectadas por la K.brevis.

    La veterinaria Heather Barron de Sanibel, Florida, es una de las encargadas de rescatar tortugas en las áreas afectadas. "Es la peor marea roja que he visto para las tortugas marinas adultas", aseguró.

    Para Leatherman el cambio climático sí está contribuyendo al problema de la marea roja.

    Susan Glickman, directora de la Alianza Sur para Energías Limpias en Florida, cree que aunque este fenómeno no es una consecuencia directa del calentamiento global, sí ayuda a empeorar el problema.

    "El clima más cálido y húmedo empeora la situación. El agua más cálida crea condiciones que aceleran el crecimiento de las bacterias que causan las mareas rojas", explicó.

    Glickman insiste que el aumento de las temperaturas es determinante. "Debido a que el aire más caliente contiene más humedad, el cambio climático intensifica la lluvia y aumenta el vertido de nutrientes a las vías fluviales".

     

    El riesgo para los humanos

    La actual temporada de marea roja que afecta las costas del golfo de Florida no solo amenaza la vida marina, sino que puede también causar problemas respiratorios e irritación ocular a los bañistas.

    Tony Reyes, meteorólogo del Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtió que las personas que sufren de problemas respiratorios pueden verse especialmente afectadas.

    "Cuando el alga se reproduce cerca de la orilla, emite esporas que pueden causar efectos similares a los que vemos en las personas sensibles a las alergias de temporadas, como en primavera", explicó.

    Los expertos explican que la floración de K.brevis no siempre pinta el agua de rojo como su nombre lo indica. Si la concentración del alga es muy alta, la marea roja de Florida puede decolorar el agua con un tono rojizo.

    "Las mareas rojas causadas por otras especies de algas pueden ser rojas, marrones, verdes o incluso moradas. Sin embargo, el color normal del agua no es indicativo de que esté a salvo de la floración de este alga tóxica", explica la FWC en su portal.

    Autoridades han dicho que los asmáticos deben evitar las playas donde la marea roja está presente. Además, las mascotas también pueden sufrir las consecuencias en caso de que ingieran el alga en la playa.

     

    Alerta insuficiente

    Pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades, el mensaje no ha llegado a todos lo que disfrutan del verano en las playas del centro de Florida.

    En una playa de Naples, el único aviso que hay es un pequeño cartel en una de las entradas a la playa, que indica la la presencia de las algas peligrosas, y los potenciales efectos.

    En esa playa, la turista Elizabeth Hernández dijo que no se había enterado de la contaminación.

    “Me da temor por mis hijos porque han estado bañándose todo este rato. Deberían ponerlo en toda la playa, en los baños, para que sea más visto. Nosotros no lo vimos, ni nos alertaron ni nada”, indicó.

    Sin embargo, agregó que no dejarían de meterse en el agua “por eso”.

    Los expertos creen que es difícil calcular cuándo terminará esta temporada de marea roja. 
    "No hay un final definido a la vista, pero se espera que termine a fines del otoño", indicó Stephen Leatherman.

    Por su parte, Susan Glickman, cree que la temporada puede intensificarse. "Si continuamos elevando el calentamiento global y acelerando el ciclo hidrológico, entonces tenemos las condiciones ideales para la proliferación persistente y dañina de algas y la resultante marea roja y la baba tóxica".

    Si planea viajar a alguna playa de esta cosa, puede revisar aquí las alertas y avisos de las autoridades.

  • ACLU acusa a ICE y al servicio de inmigración de engañar a inmigrantes para arrestarlos y deportarlos

    La demanda indica que ambas oficinas coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin un estatus legal de permanencia en regla y se aprovecharon de sus anhelos para regularizar su situación migratoria.

    UNIVISION Y EFE

     

    14 de agosto del 2018- Dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron acusadas de trabajar juntas para engañar a inmigrantes con el objetivo de arrestarlos y deportados de Estados Unidos.

    Una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), indica que las dos dependencias atrajeron a inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses a entrevistas para conseguir la residencia (green card). Durante el proceso fueron apresados, privados de libertad y puestos en proceso para ser expulsados del país.

    ACLU demandó por este acto a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dependencia encargada de gestionar y otorgar las residencias, y a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la policía federal a cargo de las deportaciones.

    La demanda indica que ambas oficinas coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin un estatus legal de permanencia en regla y se aprovecharon de sus anhelos para regularizar su situación migratoria.

     

    Detalles de la demanda

    Los documentos obtenidos por varios medios luego desvelan correos electrónicos intercambiados entre miembros de la USCIS e ICE, en los que se evidencia una planificación detallada de estos planes de arresto.

    La USCIS planificó y programó las entrevistas a determinadas horas a petición de agentes de ICE que participaron en la operación.

    También muestran que las entrevistas fueron programadas de tal manera que hubiera suficiente tiempo entre las citas para que los medios de comunicación tuvieran "menos opciones" de descubrir esta táctica, según explica ACLU.

    En uno de estos correos, Andrew Graham, un agente de ICE, reclamó tiempo suficiente entre las entrevistas a un trabajador de la USCIS de manera explícita, con el fin de arrestar a personas indocumentadas que son parejas de ciudadanos estadounidenses al finalizar las vistas, obligatorias durante un proceso de residencia para verificar datos.

    "En lo que se refiere a los horarios, preferiría que no hagan (las entrevistas) todas al mismo tiempo, ya que no solo afecta nuestra capacidad de transportar y procesar varios arrestos, sino que también tiene el potencial de atraer los intereses negativos de los medios, cómo hemos visto en el pasado", escribió Graham.

     

    Datos compartidos

    A pesar de que la USCIS ha señalado en varias ocasiones que los datos recabados de sus clientes con propósitos migratorios no son compartidos con otras agencias para fines distintos, como deportación, la demanda indica que el servicio de inmigración facilitó al ICE una lista de gente que había llenado y enviado un formulario I-130, petición de residencia basado en familia firmado por un ciudadano estadounidense.

    ICE entonces revisó el listado enviado por la USCIS para encontrar cualquier "factor significativo" que influyera en su decisión de detener a una persona para luego deportarla, según los correos que aparecen en la denuncia. La agencia de deportaciones identificó a varios candidatos, agrega Efe.

    Una vez el beneficiario de la I-130 llegó junto con el peticionario a la entrevista, la USCIS notificó a ICE la presencia xde ambos en sus oficinas. ICE entonces envió a agentes para llevar a cabo el arresto del peticionario al finalizar la cita.

    Una de las personas identificadas y afectada por estos procedimientos fue la inmigrante guatemalteca Lilian Calderón, de 30 años y madre de dos niños, que llegó a los Estados Unidos cuando tenía tres años.

    Calderón fue arrestara en enero cuando acudió a la cita de USCIS en sus oficinas de Rhode Island, junto a su esposo, un ciudadano estadounidense.

     

    El caso Calderón

    El 5 de febrero la ACLU demandó en un tribunal federal la liberación inmediata de Calderón, quien tras su arresto fue enviada a un centro de detención de ICE en Boston.

    Tras la presentación del recurso un juez federal detuvo la deportación de la inmigrante guatemalteca.

    Adriana Lafaille, abogada de ACLU, dijo en un comunicado que Calderón estaba siguiendo el debido proceso establecido para conseguir la residencia legal permanente (LPR), y que no había justificación alguna para que permaneciera detenida.

    “Ella no tiene inclinación de irse del país, ni presenta amenaza alguna a la comunidad”, aseguró. “Tenerla encerrada es arbitrario, ilegal e inhumano”, apuntó.

    Calderón fue luego liberada y regresó con su familia.

     

    El caso Sandro de Souza

    La demanda de ACLU en contra de la USCIS e ICE incluye el arresto del inmigrante brasileño Sandro de Souza, que lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

    Souza fue arrestado bajo el mismo procedimiento, pero terminó siendo deportado en marzo, dejando en Estados Unidos a su esposa, una ciudadana, y a su hijo.

    “El señor de Souza, un inmigrante brasileño que ha vivido en los Estados Unidos durante más de 20 años, recibió la orden de abandonar el país el 24 de abril, a pesar del progreso en su proceso de solicitud pendiente a través de USCIS y pese a su historial de haberse registrado regularmente con ICE”, explica la ACLU en una de sus páginas de internet.

    El grupo de derechos civiles incluye en la demanda a otras tres familias afectadas por el mismo procedimiento. El diario The Boston Globe dijo que en al menos 17 ocasiones ambas dependencias han llevado a cabo este tipo de operativos que finalizan con un arresto bajo engaño.

    Calderón tiene fijada una audiencia para el 20 de agosto en una corte de distrito en Boston, Massachusetts.

    Un vocero de la USCIS dijo a Univision Noticias que, por política de la agencia, "no puede hacer comentarios sobre asuntos relacionados con litigios pendientes".

  • Un reciente fallo de la Corte Suprema genera caos en los tribunales e incertidumbre en los inmigrantes

    Algunos jueces están cerrando casos y los inmigrantes quedan como si nunca les hubiesen iniciado un proceso de deportación. No les dan la residencia, sino que quedan en el mismo estado migratorio en el que se encontraban antes del proceso, con excepción de algunos que por vías legales disponibles consiguen regularizar sus permanencias.

    JORGE CANCINO

     

    14 de agosto del 2018- Un fallo emitido en junio por la Corte Suprema de Justicia anuló los citatorios a las cortes de inmigración (Notificaciones de Comparecencia, NTA por su sigla en inglés) que fueron emitidas sin fecha, ni hora, ni dirección de dónde presentarse, y ahora está causando caos en los tribunales e incertidumbre en la comunidad inmigrante, sobre todo entre aquellos que tienen pendiente casos de deportación.

    La orden del máximo tribunal de justicia impacta a miles de expedientes de inmigrantes que están luchando por permanecer en el país, y entorpece aquellos que por sus méritos pueden ser cerrados para asó desaparecer el fantasma de la deportación, según lo señala la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

    “Estamos hablando de mucha gente que, de una u otra manera, se verán beneficiadas por esta decisión, pero también otros que pudieran no recibir una segunda oportunidad”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

     

    Error humano

    Velásquez indica que “la emisión de notificaciones para presentarse ante la corte sin fecha, hora o información sobre el adonde acudir, se trató de un error humano cometido por la burocracia”.

    “Fueron varios errores juntos. Escribieron mal un domicilio, el sobre no tenía fecha, la NTA tampoco tenía fecha y, en algunos casos, ni siquiera llevaban la hora de comparecencia o la dirección de la corte donde debía asistir el inmigrante”, agregó.

    “Era imposible entonces que esa carta o cita llegara a manos del solicitante. Y si llegaba, de todas maneras, el destinatario no sabía cuándo ir, a qué hora y en qué lugar”, añadió.

    El fallo de la Corte (8 a favor y 1 en contra) “exige que se anulen las notificaciones fallidas”, dijo Velásquez. “Y las nuevas NTA y los sobres en las que se envíen deben llevar fecha, hora de la cita y los datos de la corte de inmigración que lleva el caso. El reglamento es muy especifico, el debido proceso migratorio debe estar en perfecto orden”, añadió.

     

    Qué pasa con los casos

    Los casos afectados por la anulación de NTA defectuosas “deben ser terminados, es decir, cerrados”, dice Barbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas.

    “Algunos jueces los están cerrando y los inmigrantes entonces quedan como si nunca les hubiesen iniciado un proceso de deportación. No les dan la residencia, quedan en el mismo estado migratorio en el que se encontraban antes del proceso, con excepción de algunos que por vías legales disponibles regularicen sus permanencias”, agregó.

    Pero hay inconvenientes después del fallo, advierte Hines. “El gobierno, a través de los abogados de ICE, se opone a que los jueces cierren los casos en los que hubo notificaciones de comparecencia fallidas”.

    “Eso es lo que esta sucediendo en los tribunales, lo que estamos viendo los abogados. Los Avisos de Comparecencia deben tener toda la información necesaria para que el inmigrante asista y tenga su día en corte, como manda el debido proceso”, añade.

     

    Daños irreparables

    Hines indicó que “la falta de información en las NTA anuladas por la Corte Suprema pudieron haber afectado a miles de personas que, por no tener la información sobre el día, la hora y el lugar de presentación ante un juez, no acudieron y recibieron una orden de deportación en ausencia”.

    “El fallo de la Corte Suprema quiere decir que la cita de comparecencia sin fecha nunca existió”, dice Velásquez. “No se puede argumentar que el gobierno actuó de mala fe. La burocracia a veces, o en este caso por el gran número de expedientes que existen, las personas que enviaron los citatorios se les pasó ese importante detalle”.

    Velásquez precisó que “muchos inmigrantes centroamericanos que han llegado al país desde 2014 en busca de asilo, recibieron citatorios a las coprtes sin fecha, ni hora. Y al no saber cuándo acudir ante el juez, ahora están terriblemente afectados porque les emitieron una orden de deportación en ausencia y no lo saben”.

    En cuanto a los casos ya procesados y en los cuales el inmigrante recibió un beneficio tal como la residencia al demostrar que lleva más de 10 años en Estados Unidos, tiene buen carácter moral, carece de antecedentes criminales y probó al tribunal que su deportación causaría un sufrimiento extremo a un familiar inmediato, “esos procesos ya están concluidos. No les debe afectar el fallo de la Corte Suprema”, apuntó Hines.

     

    Tribunales atascados

    La orden de la Corte Suprema causa, además, serios contratiempos en las Cortes de Inmigración, que a finales de junio tenían más de 740,000 casos acumulados.

    “Las NTA defectuosas deben ser canceladas y también los procesos. Y si los jueces no los cierran, se deben enviar nuevos citatorios, esta vez con las fechas que exige el proceso para que sea válido”, reiteró Velásquez.

    La abogada explicó además que, “el procedimiento de entrega de una NTA debe indicar los cargos presentados y las agencias de la ley deben aportar una lista de agencias de ley y abogados que pueden ayudar al inmigrante para que defienda su permanencia en el país”.

    “Así es que, no solo las notificaciones carecían de firma o fecha, sino también de este proceso escrito en la parte de abajo del documento con letra pequeña, pero muy importante dentro del debido proceso migratorio”, comentó.

    En cuanto al cierre de casos, un recurso que los jueces de inmigración pueden emplear en el caso notificaciones anuladas por la Corte Suprema, se trata de una herramienta que el fiscal general Sessions ha intentado disminuir en medio de las preocupaciones de los jueces de inmigración.

    “La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada por la decisión del fiscal general de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes”, dijo en mayo a Univision Noticias la honorable jueza Dana Marks, presidenta emérita de la NAIJ. “Hemos aconsejado sobre ese asunto con el punto de vista de las cortes explicando de que “administrative closure” (el cierre administrativo) es un método muy útil para que nosotros podamos arreglar nuestros expedientes de una manera más eficaz, especialmente en esta época de tantos casos atrasados. Es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve los intereses del debido proceso y administración inteligente de la ley”, agregó.

     

    Sistema fallido

    Las cortes de inmigración tienen acumulados poco más de 740,000 casos, según datos recientes del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales ( TRAC) de la Universidad de Siracuse en Nueva York.

    “Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dice Marks. “Algunos expertos señalan que para reparar el problema se requieren el doble de jueces, unos 700 para poder tener suficiente capacidad de hacer nuestros trabajos de una manera prudente en un período de tiempo aceptable”.

    Marks advierte además que sin jueces suficientes y sin tiempo adecuado “se puede perjudicar a la gente que está solicitando un remedio, un familiar extranjero, están en peligro o tal vez tienen pariente enfermo y necesitan a esa persona para calificar por un remedio dentro de la ley”.

    La portavoz de la NAIJ dijo además que, “por décadas hemos seguido el mecanismo de cerrar los casos administrativamente, no es algo nuevo, es algo que se ha usado en las cortes por décadas, y no solo de inmigración, también en los tribunales civiles y criminales”.

    “Se emplea no como una manera solo para evitar hacer el trabajo necesario, sino un mecanismo establecido para priorizar los casos que están verdaderamente listos para seguir porque la gente ha tenido el tiempo necesario para preparar y hacer los pasos fuera de la corte de inmigración para calificar por otras vías legales”, indicó.

     

  • Científicos advierten que la luz azul que emiten los teléfonos inteligentes y tabletas aumenta el riesgo de perder la visión

    Ya se sabía que era dañino para los ojos, pero no hasta qué punto, ni por qué. Un nuevo estudio comprobó que la exposición prolongada a las pantallas ‘mata’ a los fotorreceptores, lo que puede acelerar la degeneración macular, sobre todo en personas mayores.

    UNIVISION

     

    10 de agosto del 2018- No era ningún secreto que la luz de la pantalla del celular o la tableta afecta nuestros patrones de sueño y genera cansancio ocular entre otros problemas. Lo que desconocíamos era de qué modo deteriora la visión y que incluso puede ocasionar ceguera, algo que acaba de asegurar un grupo de científicos.

    Investigadores de la Universidad de Toledo (EEUU) revelaron en un artículo publicado en la revista Scientific Reports, que la exposición prolongada a la luz azul hace que algunas moléculas oculares se hagan tóxicas, lo que puede desencadenar el desarrollo de degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en el mundo.

    La degeneración macular ocurre cuando los fotorreceptores (células sensibles a la luz) de la retina mueren. Es la principal causa de ceguera en Estados Unidos y aunque ésta no llegue a ser total, puede impedir la realización de actividades diarias como leer o reconocer rostros.

    Para detectar la luz, los fotorreceptores necesitan de una molécula especial que permite que se emita la señal al cerebro y así podamos ver. Los científicos encontraron que la luz azul (no la roja, ni la verde o la amarilla) hace que esa molécula genere una serie de reacciones que “matan” a los fotorreceptores.

    “Esas células fotorreceptoras no se regeneran y cuando mueren, mueren para siempre”, explicó Ajith Karunarathne, profesor asistente del departamento de química y bioquímica de la Universidad de Toledo.

    “Estamos expuestos a la luz azul continuamente y ni la córnea ocular ni los lentes pueden bloquearla o reflejarla. La luz azul deteriora nuestra retina y el experimento que hicimos explica cómo. La idea es que esto motive a crear terapias como gotas oculares que detengan la degeneración macular”, dijo.

    Hay tener especial cuidado con los niños, pues otro estudio previamente determinó que estos absorben más luz azul de los dispositivos electrónicos, que los adultos.

     

    Cómo protegerse

    A quienes desean prevenir estos efectos, algunos expertos como Karunarathne les recomiendan usar lentes de sol que filtren no sólo los rayos UV sino también la luz azul cuanto se encuentren al aire libre, y evitar navegar en sus teléfonos o tabletas en la oscuridad.

    Hasta el momento, la Academia Estadounidense de Oftalmologíano no apoya el uso de lentes especiales para ver el celular o la computadora por falta de evidencia sobre su efectividad.

    También advierten que aunque está comprobado que la exposición directa a la luz ultravioleta del sol aumenta el riesgo de padecer cataratas, cáncer y otros problemas visuales, los efectos de la luz azul que emiten los dispositivos (y de la que el sol es la principal fuente) “todavía están siendo investigados”.

    De forma natural los ojos tienen un antioxidante llamado alpha tocopherol, capaz de detener el deceso de las células. El problema es que éste no protege a la gente de la tercera edad o que tienen un sistema inmune comprometido, por eso, estas serían más susceptibles a padecer problemas oculares como la degeneración macular.

     

  • Trump endurece las penas para los estudiantes que se queden ilegalmente

    Quienes acumulen más de 180 días (seis meses) indocumentados en Estados Unidos, les caerá encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera del país al infractor. Y es poco probable que al término de la sanción puedan regresar, porque les pueden negar una nueva visa.

    JORGE CANCINO

     

    9 de agosto del 2018- El gobierno de Donald Trump publicó este jueves un memorando con el nuevo reglamento que regula la presencia de estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio con visas F, J y M, y reitera que aquellos que pierdan su estatus y no tramiten su reinstalación acumularán tiempo de presencia ilegal y podrán ser deportados de Estados Unidos.

    La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que “la guía final revisada sobre presencia ilegal para estudiantes y visitantes de intercambio” fue elaborada y revisada “luego de considerar los comentarios recibidos durante un periodo de 30 días, que terminó el 11 de junio de 2018”.

    Las nuevas políticas entraron en vigor este 9 de agosto, añadió la agencia. Y advirtió que “los no inmigrantes con visas F y M que ya no estén bajo estatus legal y soliciten a tiempo la reinstalación de dicho estatus, se les suspenderá la acumulación de presencia ilegal mientras sus solicitudes están pendientes”.

    La acumulación de presencia ilegal está regulada por la denominada Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera de Estados Unidos si la permanencia ilegal o indocumentada pasa de 180 días, y con 10 años si el tiempo como indocumentado pasa de los 365 días (1 año).

     

    El primer aviso

    El 10 de mayo la USCIS publicó un primer memorándum de políticas para anunciar que había cambiado la manera en que la agencia calcula la presencia ilegal de aquellos extranjeros que se encuentran en el país bajo estatus de estudiante ( no inmigrante F), visitante de intercambio ( no inmigrante J), o estudiante vocacional ( no inmigrante M).

    Con la publicación del memorando se abrió un período para recibir comentarios del público, los que fueron tomados en cuenta para elaborar la versión final revisada publicada este jueves en el Registro Federal, el diario oficial estadounidense donde se publican nuevas normativas y leyes.

    El gobierno había advertido además que las nuevas regulaciones entrarían en vigor este 9 de agosto. Y que las visas tipo F, J y M estarán vigentes por un período restringido y bien determinado de tiempo para de esa manera evitar interpretaciones erróneas.

     

    Advertencia de deportación

    La USCIS dijo que el memorando del 9 de agosto reemplaza el memorando del 10 de mayo, y señala que el nuevo documento “describe las reglas para calcular la presencia ilegal de no inmigrantes con visas tipo F y M con solicitudes de reinstalación presentadas a tiempo o aprobadas, así como de no inmigrantes con visa tipo J a quienes el Departamento de Estado reinstaló su estatus”.

    “Como resultado de las opiniones del público y los grupos de interés, hemos ajustado la política de presencia ilegal a fin de abordar una preocupación expresada en los comentarios del público, que en última instancia mejora la forma que en general implementamos las causales de inadmisibilidad por presencia ilegal y reduce el número de estadías rebasadas en esas categorías de visa”, dijo Francis Cissna, director de USCIS., en un comunicado

    Cissna dijo además que la USCIS seguirá protegiendo “la integridad del sistema de inmigración” y “asegurar que nuestras leyes sean ejecutadas fielmente”.

    A su vez, precisó que “las personas que rebasen su estadía o violen los términos de sus visas no deben permanecer en Estados Unidos. Los estudiantes extranjeros que ya no están matriculados apropiadamente en escuelas están violando los términos de sus visas de estudiante y deben ser responsabilizados por ello”, puntualizó.

     

    Estadías en peligro

    El memorando del 9 de agosto es en la misma semana que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado 7 de agosto la publicación del 'Informe de Entrada/Salida y Rebaso de Estadías del año fiscal 2017'.

    El documento, agrega, mostró que “los índices estimados totales de rebaso de estadías fueron menores durante el año fiscal 2017 en las categorías de visas de no inmigrante tipo F y J, pero las categorías de visas tipo F, M y J continúan teniendo índices significativamente más altos que otras categorías de visas de inmigrante, lo que justifica la necesidad de atender el cálculo de presencia ilegal de esta población”.

    El servicio de inmigración apuntó que “para propósitos de calcular la presencia ilegal, se considera que una solicitud de reinstalación de estatus F o M presentada a tiempo es una en que los estudiantes no han estado fuera de estatus por más de cinco meses al momento de presentar su solicitud”.

    Y que “bajo el memorándum de políticas final revisado, la acumulación de presencia ilegal se suspende cuando el no inmigrante F o M presenta una solicitud de reinstalación de estatus durante el periodo de oportunidad de cinco meses, y mientras la solicitud está en proceso con USCIS”.

     

    En caso de rechazo

    La USCIS añade que, si la solicitud de reinstalación es denegada, “la acumulación de presencia ilegal se reanuda el día siguiente del rechazo de la petición”.

    Si este es el caso, agrega, “es responsabilidad del no inmigrante salir voluntariamente de Estados Unidos para evitar acumular más presencia ilegal, lo que podría resultar luego en una inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(9) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.

    Indica además que “independientemente de si la solicitud de reinstalación se presenta a tiempo, un inmigrante con una visa tipo F, J o M cuya solicitud de reinstalación de estatus es finalmente aprobada, generalmente no acumula presencia ilegal mientras está fuera de estatus”.

     

    La visa de intercambio

    En cuando a los extranjeros con una visa tipo J-1 de intercambio, la USCIS dijo que es el Departamento de Estado (DOS) la dependencia encargada de administrar este programa, “que incluye peticiones de reinstalación”.

    “Si el DOS aprueba la solicitud de reinstalación de un no inmigrante con una visa tipo J, la persona generalmente no acumulará presencia ilegal desde el momento en que el no inmigrante J rebasó el tiempo de su estatus hasta el momento en que se le aprobó su reinstalación”, aseguró.

    La agencia dijo además que la nueva guía final revisada “corrige las referencias a la Junta de Apelaciones de Inmigración emitiendo órdenes de deportación en primera instancia” a aquellos que acumulen presencia ilegal en el país.

     

    Preste atención

    El gobierno considera que un extranjero F, J o M está ilegalmente en el país si suspende sus clases o abandona la actividad autorizada por la visa. En esos casos, comenzarán a acumular presencia ilegal en Estados Unidos y se les podrá aplicar la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años, a menos que inicien un trámite de reinstalación dentro de un plazo de cinco meses.

    El nuevo reglamento también afecta a los dependientes (cónyuges e hijos) que utilizan las visas F-2, J-2 o M-2 que no mantengan su estatus en Estados Unidos.

    “Esta política está alineada con la Orden Ejecutiva del Presidente: Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de Estados Unidos, a fin de hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación”, explicó la USCIS en mayo.

    La orden citada por la agencia decretó, además, que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad y pública de Estados Unidos.

     

    No más dudas

    Antes de la implementación del nuevo reglamento para las visas F, J y M “había dudas respecto a partir de cuándo un estudiante o un académico se convertía en indocumentado y acumulaba presencia ilegal”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, cuando el gobierno anunció un nuevo reglamento en mayo. “A partir de ahora se acabaron las dudas”, indicó.

    “Había un debate respecto a estas visas, porque la interpretación no lo dejaba en claro. Pero a partir de este 9 de agosto, ya se sabe cuándo comienza a regir la cuenta de tiempo ilegal en el país. Habrá que tomar medidas urgentes para evitarlo”, precisó. “Algunas personas que saben que se quedarán irregulares, deben regresar al estatus de visa correcta para no verse afectados”.

    Barrón explicó además que, “si un estudiante F1 deja las clases, debe saber que el centro de estudios notificará de inmediato a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, debe saber que esta categoría de personas son una prioridad de deportación para el gobierno”.

     

    Quiénes las usan

    El libro “Inmigración, las nuevas reglas, lo que debes saber para vivir y permanecer legalmente en el país”, una guía de Univision, señala que la visa F es una de las categorías más populares usada por estudiantes para poder asistir a escuelas y universidades en estados Unidos. “Generalmente, esta visa tiene una duración igual al tiempo estimado que tomará el programa de estudios determinado por un formulario I-20 emitido por la institución académica”, indica.

    La visa tiene dos categorías:

     

    F1, para estudios académicos.

    F2, para cónyuges e hijos de los portadores de F1.

    La visa J, en cambio, se concede a personas que viajan a Estados Unidos con el propósito de realizar estudios académicos, como visitante de intercambio y cultural, o para adiestrarse como parte de un programa de intercambio reconocido oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. La visa J tiene también tiene dos categorías:

     

    J1, para el estudiante o visitante de intercambio.

    J2, para familiares directos (cónyuge e hijos menores de edad) de un portador de visa J1.

    En cuando a la visa M, esta es muy parecida a la F1 “porque también es para estudiantes”, explica la guía. “La diferencia es que se concede para realizar ciertos estudios específicos tales como programas vocacionales o no académicos (estudios técnicos, por ejemplo), cursos de cocina, idiomas o cursos de vuelo”.

    La visa M tiene dos categorías:

     

    M1. Los estudiantes M1 solo pueden tomar clases en el establecimiento que aprobó la solicitud. A diferencia de la F1, no se permite cambio de carrera. Y los estudiantes solo pueden trabajar dentro de las instalaciones del establecimiento educativo.

    M2. Para familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad) del portador de una visa M1. No incluye autorización de empleo.

    Durante el año fiscal 2016, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró:

    1,858,644 admisiones de extranjeros con visa F1

    505,448 admisiones de extranjeros con visa J1

    18,726 admisiones de extranjeros con visa M1

  • ICE arresta a más de 130 trabajadores y 14 propietarios de negocios en redadas en Nebraska y Minnesota

    Los agentes entraron a varios negocios locales y protagonizaron una de las mayores operaciones de la unidad de investigación de ICE en sus 15 años de historia.

    UNIVISION

     

    8 de agosto del 2018- El Servicio de Inmigracion y Aduanas ( ICE) entró este miércoles en varios negocios y plantas de Nebraska y Minnesota, donde arrestó a 133 trabajadores extranjeros y 14 propietarios de negocios, según informa la agencia de noticias AP.

    Gran parte de la operación se desarrolló en O'Neill, Nebraska, un pequeño municipio de unos 3,000 habitantes.

    Tanto ICE como vecinos de la zona explicaron a Univision Noticias que algunos de los negocios donde se produjeron las detenciones son una planta de procesamiento de tomate (Ventures Tomato Processing Plan), una de papa, una granja de vacas, una tienda de comida (El Mercadito) y un restaurante mexicano (La Herradura).

    Tracy Cormier, agente especial de ICE, dijo que se trata de una de las mayores operaciones de los 15 años de historia de la unidad de investigaciones de la agencia.

    La agente dijo que "los negocios contraban conscientemente a trabajadores ilegales para beneficiar sus propios bolsillos engañando a los trabajadores, a los contribuyentes y a los negocios competidores", dijo en un comunicado enviado a Univision Noticias.

    También hubo detenciones en otros municipios de Nebraska (Stromsburg, Ainsworth, Bartlett y Royal) y Minnesota (Appleton y Atkinson).

    La agencia migratoria dijo que algunos de los arrestados serán liberados mientras esperan su audiencia ante el juez, mientras que el resto quedará en detención. Inmigrantes que no estaban en las redadas temen ahora que el arresto de propietarios de negocios revele sus nombres, y facilite que ICE los encuentre y los detenga.

    El operativo comenzó poco antes de las 9:00 am, cuando llegaron los oficiales a la planta de tomates. La empresa es un invernadero de 10 acres que puede producir aproximadamente 250,000 libras de tomates a la semana.

    Según Staci Ramon, una testigo que vio la operación citada por el diario Omala World-Herald, en la empresa emplean aproximadamente 80 personas recogiendo y empaquetando tomates. "Pero ahora probablemente tendrán 20", añadió.

    Algunos empleados pudieron salir de la empresa mientras los agentes continuaban con la operación. Se corrió la voz y otros inmigrantes del municipio huyeron a sus casas por si ICE llegaba a sus puestos de empleo.

    "La gran mayoría de esas personas son trabajadores que solo quieren una vida mejor", indicó al diario Don Tejral, en relación a los posibles detenidos por ICE.

    "Desde que los rumores sobre ICE se han divulgado por el centro de Nebraska, hemos visto cómo el miedo a dañado las comunidades locales". dijo Darcy Tromanhauser, de la organización Nebraska Appleseed, en un comunicado. "Los padres tienen miedo de ir a trabajar o mandar sus hijos e hijas a la escuela".

    Ve el especial de Univision Noticias: America First, el legado de una redada.

    Este tipo de operaciones se enmarcan en la creciente campaña del gobierno contra aquellos empleadores que contratan a personas que residen ilegalmente en Estados Unidos.

    ICE dijo que este año fiscal 2018 quería multiplicar por cuatro o por cinco las inspecciones a lugares de trabajo. En Tennessee detuvieron a 97 inmigrantes en abril y en Ohio, a principios de junio 114 detenidos y 146 a mediados de mes. Los efectos son todavía a mayor escala cuando se vuelve a pequeñas localidades como Postville, Iowa, donde hace una década arrestaron a 389 extranjeros, y tres cuartos de ellos fueron deportados.

     

  • Agentes niegan a una mexicana el acceso a EEUU por haber usado ayudas de Medicaid

    El diario Houston Chronicle explica la historia de una madre que fue enviada de vuelta a México porque había usado ayudas públicas para dar a luz a su hijo en Maryland en 2016.

    UNIVISION

     

    8 de agosto del 2018- La mexicana Michelle Nicoll Gutiérrez llegó el pasado sábado al aeropuerto de Houston con una visa de turista y con su hijo de 20 meses, quien tiene pasaporte estadounidense. Pero funcionarios de inmigración le negaron la entrada, le revocaron su permiso de viaje, la devolvieron a México y ya no podrá volver a Estados Unidos en cinco años.

    Las autoridades, según cuenta el diario Houston Chronicle, consideran a esta mexicana "una carga pública" para Estados Unidos. En el aeropuerto internacional Bush, los agentes le preguntaron mucho sobre asuntos financieros y sobre el uso que hizo del programa de asistencia federal Medicaid para dar a luz.

    Esa explicación oficial resuena con más fuerza tras saber que la administración de Donald Trump prepara la publicación de un reglamento que hará cambios radicales al concepto de ‘carga pública’. Ese nuevo foco causaría un fuerte impacto tanto en los extranjeros que piden visas para entrar y permanecer legalmente al país, así como en aquellos inmigrantes ya establecidos con una ' green card'.

    La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo al diario texano que la mujer mexicana había usado "asistencia del gobierno durante una estancia previa en el país para pagar los gastos asociados con tener un hijo en Estados Unidos".

    La mujer visitaba frecuentemente el país de manera legal supuestamente porque su madre está casada con un miembro retirado del servicio exterior estadounidense, a quien conoció en México y con quien se mudó a Maryland. Abogados explican que la mujer alargó a veces demasiado esas estancias como turista.

    Pero fue en Maryland donde Michelle Nicoll Gutiérrez usó los servicios de Medicaid, ya que ella se habría enfermado al final de su embarazo y su hijo nació en Maryland en diciembre de 2016.

    Y fueron precisamente esas ayudas que activaron la luz roja de los agentes de CBP, quienes tienen discrecionalidad para decidir sobre las entradas de los extranjeros al país.

    Según el diario, sin embargo, una ley de 2009 permite en decenas de estados como Maryland que extranjeras embarazadas que están de manera legal en Estados Unidos y que tienen ingresos bajos usen ayudas de Medicaid.

    Esta vez, la mexicana intentaba entrar a Estados Unidos con una visa para celebrar su cumpleaños con la familia. Univision Noticias contactó sin éxito a CBP para conocer los detalles de la negación de entrada.

  • Golpe al cartel de Sinaloa en Los Ángeles: arrestan a 22 narcos en un operativo federal

    A lo largo de tres años la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos. Regresaban con los pagos en fajos de dólares.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 8 de agosto del 2018– Un operativo que involucró a múltiples agencias del orden concluyó este miércoles con el arresto de 22 miembros del cartel de Sinaloa que trajeron ocultos en sus autos grandes cargamentos de droga a Los Ángeles y regresaron a México con miles de dólares en efectivo.

    Los arrestos se realizaron esta mañana en distintas locaciones del sur de California, una región que desde hace varios años ha sido el principal centro de distribución en Estados Unidos de la organización criminal dirigida por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

    Durante tres años, la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California, ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos.

    Luego llevaban la droga a las viviendas de los miembros de la organización delictiva y la distribuían en el área metropolitana de Los Ángeles y en distintas ciudades de EEUU. Las ganancias en efectivo por dichas transacciones regresaban hasta Sinaloa.

    Como resultado de esta operación, las autoridades decomisaron unas 850 libras de metanfetamina, casi una tonelada de cocaína, 93 libras de heroína, casi 50 libras de marihuana y 1.42 millones de dólares en efectivo. Varias pagas de billetes de cien dólares fueron incautadas por los agentes del orden.

    Este fuerte golpe al cartel de 'El Chapo' lo asestó un equipo especial formado en 2014 en Los Ángeles para desmantelar las operaciones de narcos mexicanos. La unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles es dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

    Los 22 narcotraficantes detenidos en la redada este miércoles, quienes están siendo presentados ante una corte federal en Los Ángeles, se encuentran entre 57 personas citadas en tres acusaciones federales por contrabando de narcóticos.

    Los 35 restantes siguen fugitivos y la mayoría estarían en México, según un comunicado de la Fiscalía federal. Los nombres de los detenidos y los prófugos no han sido publicados.

    Si son condenados en estos casos, la mayoría estarían sujetos a sentencias mínimas de 10 años en prisión federal y posibles condenas a cadena perpetua sin libertad condicional, indicaron las autoridades.

     

    Escuchando a los jefes del narco

    "El área metropolitana de Los Ángeles es utilizada por las organizaciones criminales como un centro para el transporte y la distribución de drogas ilícitas en todo Estados Unidos", advirtió Bill Bodner, agente especial de DEA en esta región.

    "La operación conjunta de hoy envía un mensaje claro de que las fuerzas de seguridad están comprometidas a frenar el flujo de narcóticos en nuestro país y proteger a los estadounidenses de la violencia que acompaña al tráfico de drogas", agregó el funcionario.

    La DEA señala que en los últimos años el cartel de Sinaloa ha perdido presencia en el sur de California, donde ahora tiene mayor control el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este avance territorial está ligado a la guerra que enfrentan ambas organizaciones en Tijuana, uno de los principales puntos de acceso de droga hacia EEUU.

    Las tres acusaciones de tráfico de drogas buscan incautar cualquier propiedad utilizada para cometer o facilitar dicha actividad ilícita. Uno de los casos alega que hubo una conspiración para blanquear dinero y contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo.

    "Esta investigación fue responsable de eliminar más de 1,300 kilos de narcóticos de las calles de Los Ángeles y otras ciudades, y sin duda evitó la violencia en nuestras comunidades", dijo Paul Delacourt, subdirector del FBI en Los Ángeles. "Esperamos que este caso tenga un impacto significativo en las capacidades de transporte de estas organizaciones", agregó.

    Por su parte, la fiscal federal Tracy Wilkinson, detalló que la operación 'Narconetas' pudo identificar a traficantes de alto nivel que desde México dirigieron las transacciones. Sus nombres no fueron revelados por tratarse de una investigación en curso. "Pensaban que estaban utilizando dispositivos de comunicación seguros para cometer sus crímenes", dijo la funcionaria.

    "Nuestra capacidad para obtener esas comunicaciones continúa siendo una parte importante de nuestra capacidad para resolver estos crímenes. La Fuerza de Ataque de Los Ángeles se ha convertido en un líder en el uso de técnicas de investigación innovadoras para golpear a las organizaciones de tráfico de drogas con sede en México", añadió la fiscal federal.

    En las recientes acciones de esa unidad también participaron las Policías de Los Ángeles, Glendale, Fullerton, Pomona, Azusa, Torrance, así como la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los US Marshals, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

     

    Otros operativos contra el cartel

    En junio de 2017, siete supuestos operadores del cártel de Sinaloa en el sur de California fueron arrestados como resultado de una investigación de dos años en la que agentes federales en la unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles intervinieron sus comunicaciones telefónicas.

    Se trataba de una red de tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína que utilizaba a Los Ángeles como su centro de operaciones para distribuir la droga a San Francisco, Oxnard y Modesto (en California), Omaha (Nebraska) y Phoenix (Arizona).

    Esa célula usaba a mujeres para evitar el escrutinio de las autoridades en la frontera. Ellas pasaban las garitas ocultando la mercancía en compartimientos secretos de sus autos. Les pagaban hasta 6,000 dólares por cada entrega.

    Cerca de la frontera, en San Diego, también tienen en la mira a los socios de 'El Chapo'. Allí, una investigación de cinco años ha presentado cargos criminales contra más de 125 integrantes del cartel. Lo han logrado a través de más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por un juez para reunir pruebas y anticipar los movimientos de dicha organización.

    Este operativo que realizan múltiples agencias del orden en esa región, por la cual cruzan la mayoría de los narcóticos elaborados por dicho grupo criminal, "ha tenido un impacto importante en las operaciones mundiales del cartel de Sinaloa", asegura la Fiscalía federal.

    Algunos peces gordos de la organización que enfrentan cargos en un tribunal federal de San Diego son Dámaso López 'El Mini Lic', hijo de quien en un momento se dijo podía tomar las riendas del cartel tras la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán; Serafín Zambada,hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada, considerado uno de los narcos más poderosos del mundo; y Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de 'El Chapo' y líder de una célula que operaba en Guadalajara y en la Ciudad de México.

     

  • Incendio en el norte de California rompe récord: es el más grande en la historia del estado

    El Mendocino Complex, como ha sido llamado el fuego que se extiende en tres condados, ha consumido más de 283,800 acres de terreno, una superficie un poco menor a la de la ciudad de Los Ángeles. Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

    UNIVISION

     

    LOS ÁNGELES, California. 6 de agosto del 2018– Un incendio forestal que empezó el pasado 27 de julio en el condado de Mendocino es ya más grande en la historia de California tras haber arrasado más de 283,800 acres de terreno, prácticamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Desde ese día las llamas se han expandido por miles de acres cada día e incluso en las noches.

    Es conocido como Fuego Mendocino Complex por estar compuesto por dos incendios, Ranch y River, los cuales han sido contenidos en un 21% y 58% respectivamente hasta la tarde de este lunes, de acuerdo con el último informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

    Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

    Su poder destructivo ahora se extiende por tres condados: Lake, Colusa y Mendocino (donde comenzó). Las condiciones del clima y del terreno han dificultado las labores de los bomberos.

    "Estamos a merced del viento", reconoció el capitán Thanh Nguyen, portavoz de Cal Fire en el condado Lake, a medios locales. "Trágicamente, toda esta zona está realmente seca y es muy difícil extinguir las llamas".

    El tamaño de este incendio supera a del incendio Thomas que año pasado que consumió 1,140.8 kilómetros cuadrados (440,5 millas cuadradas o 281,893 acres) en el sur del estado. En ese incendio murieron dos personas, incluyendo un bombero, y más de 1,000 construcciones quedaron destruidas, antes de ser controlado en su totalidad el 12 de enero.

    El vertiginoso aumento del tamaño del incendio en los últimos días, que ha seguido creciendo incluso de noche, cuando generalmente las llamas se calman, ha sorprendido a los propios bomberos.

    "Hemos roto un récord. Este es uno de esos récords que no quisieras ver", dijo al diario local Los Angeles Times el subdirector de Cal Fire, Scott McLean.

    "Se propaga extremadamente rápido, es extremadamente agresivo y es extremadamente peligroso" , añadió McLean.

    Este incendio ha provocado numerosas evacuaciones en los condados afectados, pero no ha destruido tantas casas como otros que siguen activos en el estado, porque se ha propagado por zonas remotas.

    Un total de 432 camiones, 15 helicópteros y cerca de 4,000 bomberos combaten las llamas.

    Según los expertos, los años de sequía han creado las condiciones ideales para que los incendios forestales a gran escala se extiendan a mayor velocidad.

    De hecho, de los cinco incendios forestales más grandes en la historia del estado, cuatro han ocurrido desde 2012.

     

    Los 5 grandes

    Mendocino Complex Fire: +283,800 acres, Mendocino. 
    Thomas Fire: 281,000 acres, diciembre de 2017, Ventura. 
    Cedar Fire: 273,246 acres, octubre de 2003, San Diego. 
    Rush Fire: 271,911 acres, agosto de 2012, Lassen. 
    Rim Fire: 257,314 acres, agosto de 2013, Tuolumne.

     

    En la actualidad hay 17 incendios grandes en California, que, en total, han arrasado más de 558,000 acres. El incendio Carr, próximo a la ciudad de Redding, se ha cobrado las vidas de siete personas y ha destruido más de 1,000 viviendas.

    Los meteorólogos han lanzado para esta semana avisos de emergencia por las altas temperaturas que se van a vivir en el condado de Los Ángeles, donde se superarán los 107 grados Fahrenheit durante esta semana en áreas como Woodland Hills.

    A finales de julio, el gobernador Jerry Brown declaró el estado de emergencia para los condados de Riverside y Shasta, al igual que para el de Mariposa, debido a los incendios en estas zonas.

    Poco después Trump firmó el estado de emergencia para California, lo que supone que el gobierno federal presta asistencia adicional para combatir los fuegos.

    De acuerdo a datos de Cal Fire, la de 2017 fue una de las temporadas de incendios más devastadoras para este estado, con 46 muertos y cerca de 559,000 hectáreas consumidas a causa de unos 9,000 fuegos forestales que destruyeron 10,800 estructuras.

     

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