Indianapolis, Indiana. .
March 22, 2019

"Los niños lloraban": por segunda vez migrantes son repelidos con gases en la frontera

Mientras la mayoría celebraba la llegada del Año Nuevo en casa, en Tijuana se vivía de nuevo una escena de caos cuando decenas de migrantes intentaron escalar el cerco de metal. Es la segunda ocasión en poco más de un mes en que las autoridades estadounidenses responden con gases lacrimógenos para disuadir la entrada a la fuerza de indocumentados.

UNIVISION Y AP

 

2 de enero del 2019- Poco después de que las personas levantaron sus copas para brindar por el Año Nuevo, unos 150 migrantes se reunieron en Tijuana frente a la barda fronteriza para intentar cruzar hacia Estados Unidos, muchos de los cuales eran solicitantes de asilo cansados de esperar tanto tiempo a que se procesen sus solicitudes.

Del otro lado, agentes de la Patrulla Fronteriza con uniformes camuflados, lentes de visión nocturna y fusiles de asalto les gritaban en español: "¡No Salten. Es Peligroso. Échense atrás!". Los activistas estadounidenses que acompañaban a los migrantes les respondieron en inglés a los agentes que no arrojaran gases lacrimógenos porque había niños presentes.

Varios migrantes intentaron escalar el cerco de metal, lo que provocó que los agentes dispararan las primeras rondas de gases lacrimógenos. Después de que las personas se acercaron nuevamente al muro, las autoridades dispararon una segunda ronda... luego otra más.

Los migrantes huyeron gritando, llorando y tosiendo. Una madre estaba actuando de forma frenética después de perder por un instante a sus hijos entre el humo denso y la oscuridad.

"Los niños lloraban", dijo José Fajardo Anariba, de 16 años, originario de Tegucigalpa, Honduras. "No iban a aguantar".

La confrontación del martes fue la segunda ocasión en poco más de un mes en que las autoridades estadounidenses arrojan gases lacrimógenos hacia territorio mexicano. Los actos provocaron fuertes críticas de políticos y activistas en ambos lados de la frontera y plantearon de nuevo preguntas sobre el uso de la fuerza contra migrantes.

"Utilizar gas lacrimógeno en contra de hombres, mujeres y niños que buscan protección es cruel e inhumano", dijo Justin Mazzola, de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Durante una reunión de gabinete este miércoles en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dijo que el enfrentamiento demostró que "las personas intentaron arremeter contra la frontera y no pudieron". Con un muro completo, nadie podría ingresar a menos que fuera un "campeón de salto con pértiga".

Trump aseguró que la frontera actual es "como un colador" y destacó que el gas lacrimógeno estuvo "volando" durante la noche para disuadir a los migrantes. También agregó que es "muy difícil” mantener fuera a los migrantes.

El mandatario exponía sus argumentos para recibir del Congreso 5,600 millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera y prometió que el cierre parcial de gobierno, en su doceavo día, durará "lo que sea necesario" hasta que obtenga los fondos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que se utilizó gas lacrimógeno, gas pimienta y bombas de humo en contra personas que arrojaban piedras y no contra los migrantes que intentaban cruzar. La agencia señaló que no pudo evitar que los niños que eran pasados por encima del alambre de púas salieran lastimados, debido a que les estaban arrojando piedras.

Varios adolescentes, envueltos en chaquetas gruesas, cobertores y colchonetas, también cruzaron el alambre de púas.

Un fotógrafo de la agencia de noticias The Associated Press (AP) vio que se lanzaron rocas solo después de que los agentes estadounidenses arrojaron el gas lacrimógeno. La CBP informó que revisaría el incidente para garantizar apego a las políticas de uso de fuerza de la agencia.

CBP informó que 25 migrantes fueron detenidos, mientras que otros regresaron a México a través de un hoyo en la cerca fronteriza. El fotógrafo de AP vio a los migrantes levantar las manos o colocarlas detrás de la cabeza después de cruzar el muro a la espera de la llegada de los agentes.

Uno de los migrantes presentes en el incidente, Fajardo Anariba, dijo que intentará cruzar la frontera otra vez. Su madre fue asesinada en Honduras y no tiene nada en su país natal, afirmó.

Desde que una caravana de migrantes centroamericanos llegó a Tijuana el mes pasado después de recorrer el resto del territorio mexicano a pie, las detenciones fronterizas diarias en el sector de San Diego se han incrementado en casi 45%. Actualmente los agentes detienen a unos 150 migrantes al día, en comparación con los 105 diarios que se registraron en 2018, indicaron las autoridades.

Muchos de los migrantes esperan en Tijuana para solicitar asilo en Estados Unidos, pero existe un rezago de casi 3,000 casos en el procesamiento de las peticiones en el cruce de San Diegodesde antes de que la caravana llegara.

Algunos cuantos han hallado empleo en México y han tratado de asentarse. Pero miles de ellos aún permanecen en un campamento de Tijuana y están cada vez más frustrados por los tiempos de espera para solicitar asilo.

En un incidente anterior, los agentes fronterizos lanzaron gas lacrimógeno hacia territorio mexicano después que algunos migrantes trataron de cruzar la frontera tras una marcha pacífica organizada en Tijuana el 26 de noviembre. La manifestación fue para exigir a las autoridades estadounidenses que aceleraran el proceso de las solicitudes de asilo en los cruces fronterizos oficiales.

Las autoridades estadounidenses procesan menos de 100 solicitudes al día en el cruce de San Ysidro en San Diego, el más ajetreado del país.

El uso de la fuerza por parte de la CBP ha ido en declive desde que alcanzó su punto más alto durante el año fiscal 2013, en el que se utilizaron armas de fuego en 45 ocasiones en comparación con los 14 casos durante los primeros 11 meses de 2018, según estadísticas del gobierno. Desde entonces, los agentes han sido entrenados para utilizar métodos mucho menos letales como gas lacrimógeno y gas pimienta.

Los datos incluyen tanto a agentes de la Patrulla Fronteriza desplegados entre los puertos de ingreso como a los responsables de los cruces fronterizos. Las cifras más recientes, que no incluyen los incidentes de este mes, también muestran un importante descenso en el uso de métodos menos letales, en comparación con 2013.

 

Comparte este artículo

K2_AUTHOR

Super User
Inicia sesión para enviar comentarios

Te puede interesar...

  • "Me quitaron 10,000 libras de mi espalda", dice un mexicano que descubrió que podía hacerse ciudadano tras ser deportado tres veces

    Pese a que el papá de Esequiel Uribes nació en Texas, este mexicano de 39 años no sabía que tenía derecho a la ciudadanía y ha estado prácticamente toda su vida pensando que era indocumentado. Pero, cuando estaban a punto de deportarlo por cuarta vez, un compañero de celda le advirtió de sus derechos y por fin ha conseguido el certificado que lo reconoce como estadounidense.

    LORENA ARROYO

     

    20 de marzo del 2019- Esequiel Uribes ha pasado la mayor parte de sus 39 años pensando que era indocumentado. El hombre nació en la fronteriza Ciudad Acuña y creció a unas seis millas de allí, en Del Río (Texas), al otro lado del Río Grande. Por eso, cuando cumplió la mayoría de edad, se casó y comenzó a tener a los primeros de sus diez hijos, empezó una vida en las sombras en la que se movió por varios estados (Texas, Arkansas y Oklahoma) para tratar de pasar desapercibido de las autoridades migratorias.

    "Iba de pueblo en pueblo con temor de que me fueran a pescar. No podía agarrar un trabajo fijo porque todo el tiempo tenía miedo de que fuera a llegar Migración y me fuera a llevar. Ese era mi temor", le cuenta a Univision Noticias vía telefónica. "Mis hijos estaban fastidiados: de escuela en escuela, de pueblo en pueblo. Me decían que mejor los sacara de la escuela. No es una vida bonita".

    Pero no fue hasta después de ser deportado tres veces y cuando estaba a punto de ser enviado de vuelta a México nuevamente que descubrió que tenía derecho a la ciudadanía estadounidense, algo que finalmente consiguió a finales del mes pasado cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en Fort Smith (Arkansas) le reconoció como tal.

    "Hágale cuenta que me quitaron 10,000 libras de mi espalda. Me siento libre, no me siento apresado y con temor de qué va a ser el día de mañana", cuenta. " Cuando salí de Homeland Security (el Departamento de Seguridad Nacional) me aventé un brinco de alegría. Ahora sí soy libre. Ahora soy feliz".

     

    Ciudadanía por padre

    La clave de la ciudadanía de Uribes la tiene su padre, nacido en Texas, pero que no logró arreglar los papeles de algunos de sus hijos que habían nacido al otro lado de la frontera, en México, pese a que tenía derecho a pasarles la nacionalidad.

    En 2004, cuando tenía 24 años y vivía en Fort Worth (Texas), un conflicto doméstico metió a Uribes en problemas con la ley que lo llevaron a su primera deportación. Según cuenta, una vecina le denunció después de que oyó una pelea en su casa. Él asegura que fue solo una discusión de pareja con su esposa, pero tras ser liberado por la policía, lo entregaron a las autoridades de migración que lo enviaron a México.

    Como buen conocedor de la frontera, al hombre no le costó volver a cruzar a Estados Unidos, pero a esa deportación le siguieron otras dos: en 2009 y 2010.

    "En 2012 me volvieron a pescar. Me mandaron a detención de migración y un compañero me explicó mi caso y me recomendó demandar a Migración para que me dejaran libre", recuerda. Así, alentado por un compañero de celda que le abrió los ojos sobre sus derechos, Uribes envío una carta al servicio de migración en el que demandaba que se cumpliera su derecho de solicitar la ciudadanía estadounidense, el país en el que nació su padre.

    Después de estudiar su caso, las autoridades migratorias dejaron en libertad a Uribes y le recomendaron solicitar su certificado de ciudadanía pero el hombre asegura que era algo que le daba miedo hacer.

    "¿Cómo lo voy a hacer? Me van a mandar a México y ahora está más difícil", recuerda que pensó. Pero después entró a Facebook y encontró a Aaron Cash, un abogado de Arkansas que decidió tomar su caso.

     

    "Siempre fue ciudadano pero no tenía los papeles"

    Cuando Uribes llamó a Cash era finales de 2017. “Me dijo que le habían deportado tres veces y se preguntaba si yo podía ayudarle", le contó el abogado a Univision Noticias.

    "Yo determiné que siempre había sido ciudadano, pero no tenía los papeles para confirmarlo", añade, al explicar que el hombre viene de una familia grande y de obreros que no habían tenido los recursos para cumplir con los trámites requeridos para conseguir los certificados de ciudadanía.

    Aunque la ley migratoria garantiza la ciudadanía a un hijo nacido en el extranjero de un padre estadounidense, por su año de nacimiento (1980), Uribes también debía demostrar que su padre había vivido por 10 años en el país antes de su nacimiento.

    Los trámites para conseguirlo no fueron fáciles y al abogado le tomó en torno a un año reunir los documentos necesarios.

    Antes de que Esequiel naciera, su padre había vivido en ranchos de Texas y no había ido a la escuela, así que los abogados tuvieron que ir a buscar a vecinos y conseguir testimonios jurados de esas personas que certificaran que lo conocían. También presentaron el certificado de nacimiento del papá, una tarjeta del servicio militar de la época de Vietnam y una carta de un empleador que aseguraba que lo había contratado en los años 60 y que era un buen trabajador.

    "Cuando Esequiel se puso en contacto conmigo, estaba perdido en el sistema y tenía mucho miedo de que lo deportaran otra vez. Estoy muy feliz de que por fin tenga la tranquilidad que ha merecido tener toda la vida", afirmó el abogado.

    Además, Cash cree que la experiencia de Uribes debe servir para que la gente conozca sus derechos: "Necesitamos educar a la gente que si tiene sus padres estadounideses, tiene derecho a solicitar la ciudadanía", afirmó. "Pasa más de lo que podemos imaginar".

    De hecho, ahora el abogado está ayudando a conseguir el certificado de ciudadanía a uno de los hermanos mayores de Esequiel, Tomás Alejandro, nacido en 1959, que se encuentra detenido en un centro de detención de Del Río (Texas) acusado de reingreso ilegal a Estados Unidos.

    Mientras tanto, Esequiel está tratando de recuperar el tiempo perdido y buscar un empleo en lo que sabe hacer, carpintería o mecánica, que le permita conseguir la estabilidad que no ha tenido en los últimos años porque sentía que tenía que huir de las autoridades migratorias. "Ahora pienso estar estable en un pueblo. No mudarme como debe ser", aseguró.

     

  • No hay espacio: el gobierno de Trump dejará de detener a algunas familias de migrantes en la frontera con Texas

    Las autoridades migratorias tomaron la medida, que afectará a los indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, ante la saturación de los centros de detención. Este miércoles serán liberadas 500 personas. 

    UNIVISION

     

    20 de marzo del 2019- Desde este martes, el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás y volverá a liberar a los migrantes indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, volviendo así a la práctica de 'catch and release' (capturar y liberar, en español), que tanto ha criticado el presidente.

    Las autoridades migratorias justificaron esta medida por la saturación en la que están los centros donde detienen a los indocumentados.

    "CBP está comprometido a utilizar eficazmente nuestros recursos para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza y los esfuerzos humanitarios en curso. El aumento actual en las detenciones en el Valle del Río Grande ha resultado en la disponibilidad limitada de espacio en el Centro de Procesamiento Central de esta zona y en las estaciones", indicaron fuentes de CBP a Univision Noticias.

    Por esa razón y "para mitigar los riesgos tanto para la seguridad de los oficiales como para las poblaciones vulnerables en estas circunstancias, y debido al espacio limitado de camas, CBP comenzará a liberar a las familias en el Sector de Valle del Río Grande". En todo caso, los liberados deberán aparecer en corte para seguir su caso.

    La situación en los centros de detención ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes y ha estado puesta en la mira de algunos políticos demócratas, especialmente tras la muerte de cuatro migrantes bajo custodia de CBP en solo cuatro meses. El último fallecido fue un mexicano de 40 años que estaba en El Paso, Texas.

     

    Primeras liberaciones

    Este martes ya fueron liberadas 50 personas y se espera que este miércoles lo sean 200, según fuentes del DHS confirmaron a Univision Noticias.

    El primer medio en reportar sobre este cambio fue The Wall Street Journal.

    Este cambio de política va contra una de las promesas del presidente de poner fin a la práctica. Él mismo ha dicho de manera repetida que iba a cambiar el ‘catch and release’ por el ‘catch and detain’.

    De hecho, Trump ha criticado esta práctica afirmando que a los agentes en la frontera "no se les permite hacer bien su trabajo por las estúpidas leyes liberales (demócratas) como 'catch and release'".

    La Casa Blanca, que ha criticado de manera constante esta medida, publicó un memorando en abril del pasado año para acabar con esta medida.

    “Las escandalosas leyes de 'catch and release' y los fallos judiciales (favorables), han dado lugar a una inmunidad de facto para los menores extranjeros ilegales y los adultos provenientes de Centroamérica que llegan a la frontera”, indicó la Casa Blanca en octubre para justificar los arrestos.

    En noviembre, el presidente afirmó que "ya no liberamos (indocumentados)... Se van a quedar con nosotros hasta su audiencia de deportación".

    Sin embargo, el número de migrantes que han llegado en los últimos meses en la frontera ha hecho que en numerosas ocasiones las autoridades migratorias hayan liberado a los indocumentados ante la falta de espacio en las instalaciones migratorias.

    En los últimos años, el Valle del Río Grande ha sido uno de los tramos de la frontera por donde más familias han cruzado de manera ilegal a Estados Unidos. Entre el 1 de octubre, el inicio del año fiscal del gobierno federal, fines de febrero, más de 58,000 migrantes fueron arrestados en el área, aproximadamente el 42% de los más de 136,000 en todo el país.

    Los datos muestran que la mayoría de las familias son de Guatemala, Honduras y El Salvador, que afirman estar huyendo de la violencia y la pobreza de sus países.

     

  • La Corte Suprema confirma la autoridad del gobierno para detener y deportar a inmigrantes legales por delitos pasados

    "Esto aplica a los no ciudadanos que estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia", explica un abogado de inmigración. En un fallo de 5 contra 4 en donde se impusieron los conservadores, el máximo tribunal revirtió la decisión de una corte inferior en San Francisco.

    UNIVISION

     

    19 de marzo del 2019- La Corte Suprema decidió por mayoría este martes reforzar el poder del gobierno para detener a personas que enfrentan una posible deportación por tener antecedentes penales incluso si los delitos ocurrieron hace mucho tiempo, algo que apoya la postura del gobierno de Donald Trump.

    El caso Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional v. Preap se enfocó en residentes legales no ciudadanos que cumplen una sentencia penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.

    El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en Noticiero Digital de Univision que "si eres residente (y no ciudadano) y cometiste alguno de estos crímenes de torpeza moral puedes ser puesto en proceso de deportación, no es nuevo", pero "este fallo da otra herramienta a ICE para detener y deportar a personas que están legales en EEUU que cometen un crimen o que ya lo han cometido hace mucho tiempo que ahora llegue a manos de las autoridades por cualquier razón".

    El fallo de 5 votos contra 4 señala que esas personas no tienen derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de una nueva liberación mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presiona su caso para conducirlo a la deportación.

    "Esa es la base de esto, que si te detiene ICE no eres elegible para una fianza", explica Hernández. " Esto aplica a los no ciudadanos aunque estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia".

    Por otra parte, no está claro si la ley aplica una detención obligatoria si el Departamento de Seguridad Nacional no toma la custodia inmediatamente y la persona ya ha sido puesta en libertad. Muchas veces, los agentes federales no están disponibles para asumir la custodia de un inmigrante recién liberado por autoridades estatales o locales.

    El gobierno de Trump dice que el problema es especialmente grave en las llamadas ciudades santuario, que no siempre cooperan con el pedido de mantener a un inmigrante en prisión hasta que lleguen los funcionarios federales. Según indicó el especialista en Corte Suprema de Bloomberg, Greg Stohr, la administración Trump heredó el caso de la administración Obama.

    El demandante nombrado, Mony Preap, nació en un campo de refugiados después de que su familia huyó de Camboya. En 1981 arribó a EEUU y en 2006 fue condenado por posesión de marihuana en EEUU. Años después de su liberación, fue trasladado a detención por inmigración luego de una breve sentencia por una ofensa que no activa la detención obligatoria. Preap fue liberado de la custodia de inmigración, pero sigue siendo el principal demandante de otros casos con quejas similares.

    Los abogados de Preap de la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían demostrarle a un juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán confinadas a la detención igualmente.

    En el caso tratado ante el Tribunal Supremo, algunas de las personas afectadas habían estado viviendo en sus comunidades durante años antes de enfrentarse a los procedimientos de deportación.

    El fallo, que cita una disposición legal de 1996, fue defendido por el juez Samuel Alito quien dijo que tal ley exigía la detención obligatoria para los no ciudadanos que habían cometido delitos "incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos fiscales".

    Alito detalla que "estos extranjeros deben ser arrestados 'cuando [son] liberados' de la custodia por cargos criminales y deben ser detenido sin una audiencia de fianza hasta que se resuelva la cuestión de su remoción (del país)".

    Este fallo revirtió una decisión de 2016 del 9º Tribunal de Apelaciones de Circuito de EEUU con sede en San Francisco.

    Al anunciar la decisión, el juez conservador Alito dijo que el fallo del tribunal inferior "se burla" de las leyes federales de inmigración. Junto a él, los conservadores de la Corte, el presidente, John Roberts; y los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, se unieron a la mayoría.

    Los jueces del ala más liberal de la Corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron. Breyer quien escribió la opinión de disentimiento, dijo que la interpretación mayoritaria de la ley federal de inmigración "crea graves problemas constitucionales".

  • El gobierno Trump se enfoca (más que antes) en castigar a los deportados que vuelven

    Las estadísticas de la actual administración confirman que aquellos que reingresaron al país ilegalmente se han vuelto una prioridad para ICE. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de ese delito en 2018, un aumento del 38% comparado con el año anterior.

    ISAIAS ALVARADO

     

    19 de marzo del 2019- Noé Arreola no se lo esperaba. Sus tres hijos de 5, 7 y 9 años, junto a la madre de ellos, lo acompañaron a la corte de Riverside, en el sur de California, el pasado 10 de enero. Al salir, apenas subieron a su auto dentro del estacionamiento del tribunal, los rodearon varios agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que iban por Noé, quien ahora está en la cárcel para migrantes en Adelanto.

    "No les importó que estaban los niños ahí", aseguró la expareja de Arreola, Ámbar Mejía, quien cree que el operativo para detenerlo fue excesivo y hasta peligroso. "Yo estaba asustada, no sabía qué estaba pasando. Le dije a los niños: ‘córranle para en frente’. Cuando di la vuelta ya lo tenían arrestado", contó.

    Arreola es mexicano, tiene 32 años y llegó a EEUU cuando era adolescente. Se ganaba la vida pintando casas. Sus dos hijos mayores son autistas. Él estaba en la mira de ICE porque hace más de 10 años lo arrestaron por conducir bajo la influencia (DUI) y lo deportaron en diciembre de 2008. Un mes después reingresó ilegalmente al país y continuó su vida normalmente, sin anticipar que lo volverían a detener por esa falta.

    Mejía dice que ICE lo agarró totalmente desprevenido. Esta mujer, quien nació en Los Ángeles hace 35 años, cree que él merece quedarse en el país para cuidar a sus tres hijos, pues ahora los tiene que mantener ella vendiendo comida y de ahí le deposita también dinero a Arreola en su cuenta en la cárcel de Adelanto.

    "Estamos aquí para trabajar, no estamos haciendo nada malo. Están separando familias",expresó con tristeza en entrevista con Univision Noticias.

    De acuerdo con las estadísticas del gobierno, ahora los deportados que regresan están en su lista de prioridades de arresto y expulsión. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de reingreso ilegal entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, según cifras del Departamento de Justicia (DOJ). Esto es un aumento del 38% respecto al año fiscal anterior y es el número más alto desde 2012.

    La hoja de antecedentes de Noé tenía dos de los motivos más comunes citados en los operativos de ICE: conducir ebrio y regresar al país sin autorización. En el año fiscal 2018, el 15% de los 158,581 arrestos que realizó ICE se originaron por esta última razón. Por DUI fueron más de la mitad del total.

    Dependiendo del (o los) delitos que haya cometido un migrante, si vuelve a cruzar la frontera sin documentos podría enfrentar una condena de hasta 20 años en una prisión federal.

    Estos cambios obedecen a la dura política migratoria de 'tolerancia cero' de la administración de Donald Trump, que ha dejado de enfocarse solo en los criminales peligrosos y pone bajo la lupa a millones de indocumentados que viven en este país.

     

    Las graves consecuencias del reingreso sin papeles

    Al parecer parte de esa iniciativa incluye que la Fiscalía federal exponga este tipo de procesos. Ahora, a menudo publica convicciones y acusaciones contra deportados que se arriesgaron a volver a EEUU.

    Solo este martes, la dependencia publicó cinco comunicados de prensa sobre los arrestos recientes de seis migrantes que regresaron ilegalmente. Ninguno tiene antecedentes por crímenes violentos. Anecdóticamente, tal práctica no era destacada por las autoridades con esa frecuencia durante el gobierno de Barack Obama.

    Durante las últimas seis semanas el Departamento de Justicia ha publicado más de 20 comunicados citando a por lo menos 62 migrantes que ya habían sido deportados. Entre esos boletines de prensa se mencionan de manera conjunta casos contra 16 personas en el estado de Pennsylvania y otro informe cita a 15 migrantes más acusados en Carolina del Norte.

    "Siguen viniendo", reclamó el fiscal federal Mike Stuart refiriéndose a la condena a siete meses en una prisión federal impuesta al mexicano Gilberto Espino Velásquez, de 41 años, quien se encuentra bajo custodia desde el 8 de noviembre. Al concluir su sentencia lo sacarán otra vez del país.

    Espino Velásquez había sido deportado tres veces en 2003 y fue condenado por ese mismo delito el 8 de septiembre de ese año en una corte federal de Texas. Su última detención derivó de una denuncia que recibió ICE de que había indocumentados trabajando en una zona de construcción en West Virginia.

    El abogado de inmigración Raúl Saldaña explica que debido a la dura política migratoria de Trump una persona puede pasar varios meses tras las rejas si fue deportado en repetidas ocasiones. "He visto que ahora ICE va por los que regresan en cuanto sabe que están aquí, por cualquier situación menor. Se volvieron una prioridad; antes ocurría con ciertos tipos de crímenes", describió.

    "Es difícil para estas personas cuando tienen una familia aquí y quieren reingresar sin autorización. Pero muchas veces es peor", advirtió Saldaña, quien explicó que uno de los castigos a los que se exponen si vuelven en un período de cinco años es que jamás les permitan legalizarse en EEUU.

    El Departamento de Justicia compartió estadísticas sobre dicho delito, pero declinó comentar al respecto. Un portavoz explicó que si ahora están publicando más comunicados sobre estos casos es porque están recibiendo un número mayor de procesos de ese tipo.

    ICE, por su parte, advirtió que las consecuencias pueden ser graves para estos infractores, como pasar varios años en prisión. "ICE se enfoca en eliminar las amenazas a la seguridad pública y los extranjeros criminales condenados, así como a las personas que han violado las leyes migratorias de nuestro país, incluidos aquellos que volvieron a ingresar ilegalmente", dijo su vocero Matthew Bourke.

     

    El duro mensaje de la Fiscalía

    Entre las acusaciones penales que publicó el DOJ este martes se encuentran las que pesan contra el hondureño Omar Eli Pérez Murcia, de 35 años; el nicaragüense Alexander Josué Reyes Ramírez, de 33; el hondureño Elvin Francisco Álvarez Izagirrez, de 37; y el mexicano Omar Ortiz Hernández, de 26.

    A los tres primeros los detuvo ICE en Louisiana y al último en Nueva Orleans. Ninguno ha sido convicto por delitos violentos. Todos enfrentan una sentencia de hasta dos años en una prisión federal, un año bajo libertad condicional y les pueden imponer una multa de hasta 250,000 dólares.

    La Fiscalía también expuso este mes el proceso judicial contra los hermanos Carlos y Huber Rodríguez Díaz, de 26 y 24 años. Estos mexicanos fueron arrestados por oficiales de ICE el 19 de diciembre de 2018 cuando iban caminando hacia su trabajo, un restaurante en Hurricane, en West Virginia. Alguien reportó que un indocumentado estaba en la nómina del negocio, según el comunicado del DOJ.

    Al ser interrogados por los agentes migratorios ellos aceptaron que estaban en el país sin papeles. Cuando revisaron sus antecedentes penales a través de la lectura de sus huellas dactilares, ICE supo que Carlos había sido expulsado del país tres veces en 2014, 2015 y 2018. Mientras que su pariente tenía una deportación en 2014. No se proporcionaron más detales sobre su historial criminal.

    "Hay cuatro deportaciones previas entre los dos hermanos y pronto compartirán seis deportaciones entre ellos", señaló el fiscal federal Mike Stuart al reportarse que los hermanos Rodríguez Díaz se declararon culpables de dicho delito. "Espero que reciban el mensaje: si quieres venir a Estados Unidos, sigue el proceso legal si te quedarás más tiempo", agregó el funcionario.

    Una audiencia condenatoria en el caso de los hermanos Rodríguez Díaz se programó para el 8 de abril.

    "Esto es darle prioridad a la deportación de todo inmigrante, sin importar si es o no una persona que contribuye positivamente a este país", reclamó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

    "Hoy el hecho de que hayas reingresado al país ilegalmente, aunque hayas estado 25 años y tengas una familia y un trabajo aquí, para la administración federal es un crimen lo suficientemente grave para volver a deportarte. No hay manera de que eso se pueda detener", agregó Cabrera. "Eso está dando espacio a que haya miedo, confusión y que se viole el debido proceso".

     

  • Fresas, espinacas y kale: esta es la lista de los alimentos con más residuos de pesticidas (y los que menos)

    El 70% de los productos frescos que se venden en EEUU tienen residuos de pesticidas incluso después de haber sido lavados, de acuerdo con un informe difundido este miércoles.

    UNIVISION

     

    20 de marzo del 2019- De acuerdo con el informe del Environmental Working Group (EWG), que realiza un análisis anual a partir de los datos del Departamento de Agricultura, las fresas, las espinacas y el kale están entre los productos más contaminados por pesticidas, mientras que los aguacates, el maíz dulce y las piñas tienen el menor resto de residuos.

    Más del 90% de las muestras de fresas, manzanas o nectarinas contenía dos o más tipos de residuos en el análisis, que también señala que una muestra de kale cultivado de forma convencional puede contener hasta 18 tipos de pesticidas. Dacthal, el tipo de pesticida más común, detectado en cerca del 60% de las muestras, está prohibido en Europa y está clasificado como un posible carcinógeno en Estados Unidos.

    "Cerca del 70% de los productos vendidos en EEUU incluyen restos de pesticidas”, señala EWG en su Guía 2019 de los pesticidas en las frutas y verduras. Antes de proceder a los chequeos, los productos se lavan y se pelan, lo que muestra, dice el informe, que los pesticidas no se van con un simple lavado.

    Leonardo Trasande, un especialista en medicina medioambiental de la Escuela de Medicina de Nueva York, calificó el informe de EWG como "ampliamente respetado" y dijo en declaraciones al diario The Guardian que puede ser útil para ayudar a los consumidores a hacer la lista de la compra, y priorizar qué alimentos ecológicos comprar.

    A pesar de las crecientes investigaciones sobre el asunto, los científicos señalan que es difícil precisar las consecuencias de la exposición a los pesticidas. Un estudio publicado en otoño pasado encontró que las personas que eligieron alimentos cultivados orgánicamente durante más de cuatro años y medio tenían tasas ligeramente más bajas de cáncer y, en particular, linfoma y cáncer de mama posmenopáusico.

    Otro estudio elaborado por científicos de la Universidad de Harvard entre mujeres que estaban en un tratamiento para fertilidad, encontró que las que consumían más frutas y verduras con un alto contenido en pesticidas tenían menos posibilidades de dar a luz a un bebé vivo.

    Los CDC indican que "un amplio rango de efectos para la salud, crónicos y agudos, están asociados a la exposición a algunos pesticidas". Entre ellos se encuentran irritaciones en ojos y piel, cáncer y desórdenes endocrinos.

    "Los riesgos asociados a la exposición a pesticidas dependen en la toxicidad del producto, la cantidad y el tiempo a los que la persona se expone y el medio por el que lo haga", señalan los CDC, que también indican que los niños son la población más vulnerable.

    La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establece las normas para el uso de pesticidas, pero estas normas no previenen la exposición acumulada en la dieta de una persona. Por otro lado, la EPA también ha reducido los tipos de exposición que considera a la hora de evaluar los riesgos.

    La labor de este organismo es ampliamente cuestionada en este sentido, en particular desde que el presidente Donald Trump nombrase a una exejecutiva de la industria química, Nancy Beck, como directora de la unidad que evalúa la toxicidad de los químicos.

     

  • Pentágono envía al Congreso una lista de proyectos que puede paralizar para financiar el muro

    Desde obras en emplazamientos militares en casi todos los estados hasta proyectos en bases de 23 países figuran en la lista de probables recortes que elaboró la Secretaría de Defensa, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares.

    UNIVISION

     

    19 de marzo del 2019- Desde el proyecto de una torre de control aéreo en Alabama hasta tanques de combustible para una base estadounidense en Australia podrían quedar sin presupuesto debido a la prioridad que el presidente Donald Trump ha dado a la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con un documento enviado este lunes por el Pentágono al Congreso.

    El secretario de Defensa encargado, Patrick Shanahan, identificó todos los proyectos que podrían verse afectados por la decisión del presidente Trump de utilizar hasta 3,600 millones de dólares en fondos de construcción militar para su muralla.

    El documento de 20 páginas enlista cientos de proyectos planeados en Estados Unidos y el extranjero, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares. Las obras que se paralizarían se encuentran en casi todos los estados y en bases de 23 países.

    En la lista figura, por ejemplo, un hangar para aviones no tripulados en la Base Aérea de Kunsan en Corea del Sur y una planta de tratamiento de aguas residuales en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

    Honduras es el único país centroamericano que está incluido en la lista. En la base área Soto se paralizaría la construcción de un cuartel.

    La peor parte de la lleva Puerto Rico. Ahí cinco bases militares quedarían sin financiamiento para la construcción de hangares, centros de mantenimiento de vehículos y un centro de entrenamiento.

    En una carta adjunta, funcionarios del Departamento de Defensa subrayaron que muchos de los proyectos contemplados en el documento no sufrirán recortes debido a que no se afectarán proyectos cuyos fondos ya fueron destinados, así como tampoco se perjudicará a temas como la vivienda para militares, aunque no especificaron cuáles quedarían exentos.

    El Pentágono ha dicho que no cancelará ninguno de los proyectos, pero las iniciativas no podrán continuar si no son financiadas por el Congreso.

    El teniente coronel Joe Buccino, vocero de Shanahan, dijo en una declaración citada en el diario The Washington Post que si el Congreso aprueba el presupuesto del próximo año a tiempo y según lo solicitado por la administración, todos los proyectos de construcción procederán según lo previsto.

    Pero la solicitud de presupuesto del presidente ya se ha topado con la oposición en el Capitolio, y los demócratas han rechazado la idea de "rellenar" las cuentas afectadas del Pentágono en el próximo presupuesto, lo que significa que algunos de los proyectos podrían enfrentarse a retrasos.

    Los demócratas que dominan la Cámara de Representantes creen que la iniciativa del Pentágono aumenta las probabilidades de que los legisladores anulen el veto de Trump la próxima semana, aunque serían necesarias las dos terceras partes en cada una de las cámaras, lo cual luce de momento improbable.

    Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la frontera sur, recurriendo a una ley que le permitiría canalizar otras partidas del presupuesto a la construcción de barreras y cumplir con su principal promesa de campaña.

    “Lo que el presidente Trump está haciendo es una bofetada para nuestro ejército y hace que nuestra frontera y nuestro país sean menos seguros”, dijo en un comunicado el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados citado por AP.

    “Ahora que los miembros del Congreso pueden ver el potencial impacto que esta propuesta podría tener en proyectos dentro de sus estados, espero que tomen esto en consideración antes de votar para invalidar el veto del presidente”, declaró Reed.

    Una portavoz del senador James Inhofe, republicano por Oklahoma y presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo que el documento “no es una lista de proyectos que sin duda resultarán impactados. Aseguró que Inhofe seguirá trabajando con las autoridades de defensa “para determinar proyectos que permitan el uso de las fuerzas armadas sin afectar negativamente los proyectos de construcción militar”.

  • ICE desclasifica documentos que revelan cómo vigilan redes sociales y localizan autos de indocumentados

    Miles de documentos y cientos de comunicaciones internas que desclasificó la agencia migratoria revelan que la vigilancia a través de un localizador electrónico de los lugares por donde ha pasado un vehículo, así como revisar las cuentas de Facebook, se han vuelto herramientas útiles para detener a indocumentados (criminales o no) durante el gobierno de Trump.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 17 de marzo del 2019– El sueño que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) acarició desde hace varios años se hizo realidad el 22 de diciembre de 2017, cuando consiguió un contrato que permitió a más de 9,000 agentes tener acceso al sistema que registra los movimientos de cualquier vehículo en decenas de ciudades de Estados Unidos, facilitando así la búsqueda, detención y deportación de sus objetivos: indocumentados con y sin antecedentes penales.

    "¡Buenas noticias!", celebró el supervisor de detenciones y deportaciones de la oficina de ICE en San José, en el norte de California, en un memorando que envió a los agentes bajo su cargo el 8 de febrero de 2018. En ese correo electrónico les notificó que en los siguientes días recibirían códigos para entrar al polémico sistema que reúne información de placas de auto (LPR) gracias a un contrato de 6.1 millones de dólares con la empresa de seguridad tecnológica Vigilant Solutions.

    Este email y cientos más redactados por oficiales de ICE entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018 son parte de los miles de documentos que la agencia federal desclasificó y entregó a la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU) por una demanda que le exigió revelar los detalles del programa.

    Dichas comunicaciones internas revelan desde un desesperado interés por tener acceso a cientos de millones de datos que le ofrecía Vigilant Solutions, cómo sus agentes migratorios ya pedían la localización de autos de fugitivos a policías locales antes de tener tal contrato y hasta advertencias de evitar que los indocumentados supieran sobre ese método de operación.

    "Publicar que ICE está utilizando el acceso a una base de datos de Lectura de Placas de Auto (PLR), casi de inmediato disminuiría su efectividad como herramienta para el cumplimiento de la ley. Una vez que las personas que ya intentan evadir a las fuerzas del orden se dan cuenta de las capacidades de vigilancia adicionales, están mucho más dispuestas a tomar medidas proactivas para evitar la detección", alertó un jefe de unidad de ICE en un memorando con información "sensible" y con fecha del 7 de diciembre de 2017, solo dos semanas antes de firmar el acuerdo con Vigilan Solutions.

    El sistema que dicha compañía vende a las agencias del orden recopila cada día millones de registros de placas de auto a través de múltiples cámaras con lectores que ha colocado en las 50 ciudades más pobladas del país. Están en patrullas, casetas de peaje, puentes, letreros de carretera, grúas y un largo etcétera.

    Solo basta que un oficial coloque el número de placa del vehículo en una página de Internet restringida para recibir 'un mapa' de los lugares, fechas y horas por los cuales pasó ese auto en cierto período. Así los detectives obtienen información que facilita la vigilancia y el arresto del individuo en su mira.

    ICE explicaba en un email el 11 de diciembre de 2017 que esta táctica le permite rastrear los patrones de conducta del fugitivo y planificar los arrestos en lugares donde hay menos riesgos. "Por ejemplo, lejos de la casa de un sujeto si se sospecha que hay niños o armas en la vivienda", precisó.

    Este método de vigilancia que parece sacado de una película también ofrece a los agentes que buscan indocumentados la posibilidad de crear una 'Lista de Alerta' hasta con 2,500 placas que consideren una prioridad y recibir durante un año avisos a sus celulares inmediatamente después de que esos vehículos pasan frente a un lector PLR, según los emails que la dependencia le dio a ACLU.

    En ese caso, bastaría que el oficial tome su teléfono para saber dónde está la persona que busca.

     

    "Espero que puedas usar tu magia para mí"

    Entre los casi 2,000 documentos que ICE desclasificó se encuentran varias conversaciones por Internet entre uno de sus agentes y un detective de la Policía de La Habra, en el sur de California, las cuales exponen que el sistema PLR y las redes sociales se volvieron útiles en sus investigaciones.

    El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de ICE, le pidió varias veces a su amigo en el Centro de Inteligencia del condado de Orange, que le proporcionara datos sobre los movimientos de vehículos. Lo contactó unos años antes y meses después de que ICE lograra el contrato con Vigilant Solutions. Esa colaboración, valga la aclaración, violaría la ley de estado santuario SB 54.

    "Necesitamos encontrar a un pandillero registrado de la MS-13 (Mara Salvatrucha). Fue visto por última vez conduciendo un auto (se ocultó la descripción) ¿Podrías buscarlo lo antes posible?", mencionó en un correo electrónico que envió el 19 de marzo de 2018.

    Un mes después, durante dos días consecutivos, el investigador del HSI le solicitó ayuda para localizar tres automóviles más. "Hoy debe ser el día de los pedidos sobre placas", bromeó el agente federal, quien hizo decenas de solicitudes similares entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018, de acuerdo con los emails exhibidos por ACLU.

    Las comunicaciones siempre se desarrollaron en un tono de camaradería. "Espero que puedas usar tu magia para mí (otra vez) y me digas donde está este criminal :)", le escribió el 12 de abril de 2016.

    Ya el 11 de marzo de ese año le había pedido todos los detalles sobre los sitios por donde habían pasado cuatro autos compactos y tres camionetas SUV. "Estamos llevando a cabo una redada contra pandillas y la ubicación de estos vehículos nos ayudará a ubicar a los pandilleros", explicó.

     

    Hurgando en las redes sociales

    Ese policía de La Habra fue su mejor aliado: siempre le entregó la información que le pidió su amigo, respondiéndole incluso en medio de reuniones, entrenamientos o cuando ya finalizaba su turno. A veces solo le comunicó que los autos estaban estacionados o que había pocos detalles disponibles.

    "Me da gusto que tengas acceso (al sistema de Vigilant Solutions), pero me agrada que todavía me necesites de vez en cuando :))))", le respondió el policía en un email el 15 de febrero de 2018.

    "¿Por qué disculparte? No lo necesitas hacer. Todos tenemos trabajo por hacer. Estoy aquí para ti :)", le dijo en un mensaje el 10 de mayo de 2016, en el cual le envió datos sobre un par de vehículos.

    Al compartirle ciertos detalles de una investigación criminal contra un pandillero, el oficial del HSI terminó revelando cómo la dependencia revisa las redes sociales de sus objetivos.

    "He intentado, sin éxito, identificar a un nómada (como le dicen a los miembros de alguna banda de motociclistas) de los Vagos", describió el agente en un email enviado el 4 de octubre de 2017. En otro proporcionó varios datos personales del fugitivo. "Su página de Facebook no muestra mucho, pero la página de su hija tiene una foto reciente de los dos con fecha del 23 de septiembre de 2017", dijo.

    Cada vez más, ICE y otras agencias del orden revisan las redes sociales de individuos bajo su lupa y hasta obtienen órdenes judiciales para espiar sus comunicaciones privadas. Aprovechando ese método en cinco investigaciones contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en los últimos años, lograron el arresto y enjuiciamiento de 71 miembros y asociados de la banda en California, Maryland y Virginia.

     

    Más de 9,200 agentes revisando placas de autos

    Para el 22 de febrero de 2018, después de casi 20 sesiones de entrenamiento que ofreció Vigilant Solutions, 8,752 agentes de los equipos de búsqueda de fugitivos de ICE, así como investigadores de HSI, tenían acceso a la base de datos que rastrea vehículos.

    Un mes después, como resultado de sus constantes operativos, el número de usuarios subió a 9,209. Estas cifras se revelaron en una conversación por email que tuvo un empleado administrativo de ICE y un gerente de atención al cliente de Thomson Reuters Special Services, propietaria de Vigilant Solutions.

    "Yo creo que el número se ha incrementado basado en la actividad que he visto y escuchado en campo", escribió ese funcionario en un correo que envió el 29 de marzo de 2018 para pedir una cifra actualizada de los usuarios del nuevo programa. "Sé que mañana es Viernes Santo y esta solicitud no está en el espíritu de la Pascua, pero agradezco cualquier ayuda", concluyó.

    El gerente respondió enviando una lista de códigos que confirmaba que ya la gran mayoría de agentes de ICE le sacaba provecho al sistema PLR y se despidió de esta manera: "Imagina que la lista está cubierta de brillantina.

     

    ¡Felices Pascuas!".

    En otro mensaje con fecha del 10 de mayo de 2018 se compartió material de capacitación incluyendo un mapa interactivo que indica qué policías municipales usan el sistema Vigilant Solutions y hasta tiene una guía con instrucciones "paso a paso" y con fotos que explican cómo pueden solicitarles información sobre fugitivos en su mira.

    "Estamos entusiasmados con los datos adicionales que ahora pueden estar disponibles para ICE", señalan en el memorando.

    Según Vasudha Talla, la abogada de ACLU que obtuvo estos documentos, los oficiales de ICE no solo le sacan provecho a más de 5,000 millones de datos sobre ubicaciones de vehículos, los cuales se originan de lectores en las 50 ciudades más pobladas del país, sino que también recibe 1,500 millones de datos adicionales de 80 agencias del orden, algunas de las cuales patrullan en 'ciudades santuario'.

    "La gran preocupación de ACLU por los riesgos de las libertades civiles debido a los lectores de placas adquiere mayor urgencia, ya que esta información de vigilancia alimenta la máquina de deportación de ICE", advirtió Talla.

    Entre las comunicaciones internas de la dependencia también hay detalles sobre cómo manejó las solicitudes de la prensa antes y después de que obtuvo el contrato con Vigilant Solutions.

    "A pesar de mis mejores esfuerzos para disuadir a esta reportera de NPR de este artículo, ella lo está haciendo y tiene varias preguntas", escribió un vocero de ICE en un correo electrónico que envió a sus superiores el 15 de febrero de 2018, cuando ya cientos de agentes migratorios habían recibido un entrenamiento para localizar los vehículos de sus objetivos.

    "Recomiendo que respondamos las preguntas, pero rechacemos la entrevista grabada porque no veo ninguna ganancia", aconsejó el portavoz en el email.

     

    El acceso al sistema es limitado, afirma ICE

    Según ICE, es mentira que todos sus agentes tengan acceso libre al sistema de Vigilant Solutions.

    "ICE limita el número de usuarios que pueden acceder al servicio de datos LPR y garantiza que solo aquellos que necesitan datos LPR para propósitos relacionados con la investigación puedan acceder a la base de datos", afirmó la agencia en un comunicado enviado a Univision Noticias.

    "Cualquier empleado de ICE que haya accedido al sistema sin autorización o que haya utilizado la base de datos de manera inapropiada puede ser disciplinado, lo que puede incluir la revocación del acceso a la base de datos, la suspensión o el despido", agregó la dependencia.

    Por otro lado, negaron que estén elaborando su propia base de datos con la información que les vende Vigilant Solutions y aseguraron que no toman acciones contra ninguna persona basándose únicamente en la información obtenida de dicho servicio.

    "Como la mayoría de las otras agencias del orden, ICE utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para respaldar sus investigaciones", precisó.

     

  • Detalles no revelados en el juicio de 'El Chapo': brujería, memes y sobornos de la DEA

    Diez temas no fueron tocados en el mediático proceso judicial contra el líder del cartel de Sinaloa por ser ajenos al tráfico de drogas, porque la Fiscalía los consideró potencialmente dañinos para sus testigos y además porque hicieron lo posible para no ventilar las fallas y corrupción del gobierno estadounidense.

    ISAIAS ALVARADO

     

    19 de marzo del 2019- Un mes después de que el capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable de 10 cargos por narcotráfico en una corte federal en Brooklyn se ha revelado información sobre testigos clave que hasta ahora se conoce porque la Fiscalía la bloqueó para que sus declaraciones no perdieran credibilidad.

    Detalles sobre encuentros sexuales con niñas drogadas, golpizas a sus parejas, intentos de homicidio, prácticas de brujería, lecturas sobre seres extraterrestres y hasta memes que se enviaban sicarios del cartel de Sinaloa fueron publicados recientemente por el juez Brian Cogan a petición de dos medios de comunicación.

    A lo largo del mediático juicio de 'El Chapo', los fiscales impidieron también que el jurado supiera sobre un supuesto soborno que recibió en un restaurante el expresidente Enrique Peña Nieto, las fallas de la infame operación 'Rápido y Furioso' que trataba de seguir el rastro de armas compradas por carteles, así como acusaciones de corrupción contra la Administración para el Control de Drogas (DEA).

    La defensa reclamó que tantas barreras le ataron de manos, derivando en la convicción de su cliente, quien ahora enfrenta una sentencia a cadena perpetua. "Su juicio fue una inquisición diseñada para mostrarle al mundo las virtudes del sistema de justicia estadounidense", declaró Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, quien aseguró que siguen revisando cómo pedir que el jurado sea interrogado por presuntamente revisar en Internet información sobre el acusado durante el proceso judicial (lo cual no estaba permitido).

    El primer testigo estrella de la Fiscalía federal, Jesús 'El Rey' Zambada,aseguró que una de sus funciones como lugarteniente del cartel de Sinaloa hace una década era repartir sobornos a funcionarios federales en la Ciudad de México para que estos no interfirieran en las actividades de la organización.

    Según Zambada, una vez le entregó 6 millones de dólares en un restaurante al expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo mandato terminó en diciembre.

    Este alegato se mencionó en una conversación separada entre los fiscales, los abogados de Guzmán y el juez Brian Cogan el 14 de noviembre de 2018, en el segundo día del juicio. Al final, ese argumento solo quedó en las transcripciones. Habría sido la primera acusación de corrupción contra Peña Nieto en este proceso. Pero dos meses después, el capo colombiano Alex Cifuentes declaró que el mandatario recibió 100 millones de dólarespara financiar parte de su campaña electoral en 2012.

     

    La corrupción de agentes antinarcóticos

    Fiscales impidieron indagar sobre las versiones de que oficiales de la DEA recibieron pagos indebidos.

    Presidentes, gobernadores, generales y funcionarios federales latinoamericanos fueron señalados de estar en la nómina del crimen organizado. Sin embargo, cada vez que se apuntó al gobierno de EEUU apenas si se tocó el tema. Esa caja de pandora no se destapó gracias a la Fiscalía federal.

    El exjefe del cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', relató que le pagó a un equipo élite de la Policía de Colombia para sobornar a los oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que realizaban investigaciones en su país. Afirmó que les facilitó "prostitutas, apartamentos y regalos", pero no se profundizó en esa versión.

    Por su parte, el testigo Alex Cifuentes dijo que su hermano mayor Francisco Iván le entregó "una cajita de celular con unos dólares en efectivo" a oficiales de esa dependencia en un aeropuerto de Colombia. Antes de que dijera más, el asunto se vetó después de una discusión privada con el juez.

    Los fiscales también evitaron que un agente de la DEA aceptara que estuvo armado en los operativos que concluyeron con el arresto de Guzmán en un hotel de Mazatlán en febrero de 2014.

     

    El armamento que EEUU vendió a sicarios de carteles

    Tampoco se habló de la controvertida operación que entregó armas a los narcos mexicanos.

    Citando "informes negativos sobre la operación" que solo "distraerían y confundirían al jurado", el gobierno le pidió al juez Cogan que no permitiera que los abogados del líder del cartel de Sinaloa cuestionaran a los testigos sobre 'Rápido y Furioso', la fallida operación encubierta de la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) enfocada en traficantes de armamento.

    El magistrado aceptó que no se describiera cómo la ATF terminó perdiéndole el rastro a unas 2,000 armas, algunas de las cuales terminaron en manos de pistoleros del cartel de Sinaloa. En 2016, tras la recaptura de Guzmán en Los Mochis, las autoridades mexicanas confiscaron un rifle calibre 50 que tenían registrado los agentes de la ATF.

    Una investigación reveló que dos armas en la lista de 'Rápido y Furioso' fueron usadas para asesinar a un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010 y a un oficial migratorio en 2011.

     

    Brujos, platillos voladores y el fin del mundo

    Las creencias sobre asuntos paranormales de Guzmán y un testigo no se mencionaron.

    Alex Cifuentes, el narco colombiano que reveló detalles sobre la vida de 'El Chapo' cuando se ocultaba en la sierra madre occidental, creía que el fin del mundo ocurriría en 2012, como erróneamente se interpretó una predicción de los Mayas. También solía "curarse" con brujos y estaba interesado en información sobre la orden secreta 'Los Illuminati', la masonería y los seres extraterrestres.

    "Él personalmente ha acudido varias veces con brujos. En una ocasión, el testigo observó al acusado (Guzmán) consultar con un brujo sobre cómo obtener aceite de víbora", cita un documento que recién publicó la corte. La Fiscalía consideró que esta información "no es relevante" y pidió ignorarla.

    Estos "intereses no ortodoxos" de Cifuentes se descubrieron cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptó las comunicaciones de miembros de alto rango del cartel de Sinaloa. La defensa quería mencionarlo para insinuar que él tiene problemas mentales. Cuando lo interrogaron al respecto fuera del juicio, el capo declaró que leía y veía videos de ese tipo, pero "no cree que son reales o precisos".

     

    'Vicentillo' y su alegada traición a la DEA

    El hijo de 'El Mayo' Zambada no fue cuestionado sobre sus actividades ilícitas siendo informante.

    Entre los documentos que hace unos días desclasificó el juez Cogan se muestra que los fiscales trataron de impedir que Vicente Zambada alias 'Vicentillo', hijo del actual jefe del cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fuese interrogado por la defensa acerca de haber seguido traficando cocaína mientras cooperaba con la DEA.

    Sobre esta acusación, la Fiscalía señaló que "no tenían conexión con los asuntos de este juicio" y advirtió que se corría el "riesgo de prejuicios injustos y confusión de los hechos".

    'Vicentillo', en cambio, declaró en su propio proceso penal que Guzmán se benefició proporcionando información sobre sus enemigos a la DEA, a cambio de que lo dejaran operar en su territorio.

     

    El capo que quiso matar a su esposa embarazada

    Pleitos familiares, golpizas y hasta un intento de homicidio no se detallaron en el tribunal.

    Varios incidentes de violencia doméstica en los cuales estuvieron involucrados algunos testigos no se ventilaron en la corte federal de Brooklyn.

    El caso más grave revela que uno de los cooperantes del gobierno, cuyo nombre no fue mencionado, una vez le pidió a Guzmán que le prestara su pistola para matar a su esposa porque ella quería abortar. También consideró asesinarla después de que diera a luz.

    "Eventualmente, el testigo obtuvo el permiso del acusado para mudarse al lugar en México donde su esposa vivía para asegurarse de que no interrumpiera su embarazo. Su esposa dio a luz y nunca intentó hacerle daño", afirma un folio judicial.

    Otro testigo, por su parte, golpeó a sus parejas en varias ocasiones: a mediados de la década de 1990 a su esposa le fracturó la nariz de un puñetazo en una pelea y unos años después le rompió el pómulo. En 2006 a otra mujer la jaló violentamente del cabello y el brazo. Nunca enfrentó cargos por esos ataques.

     

    Niñas de 13 años a las que Guzmán llamaba "vitaminas" fueron "violadas"

    'El Chapo' habría pagado unos $5,000 para tener relaciones sexuales con menores.

    Unas horas antes de que iniciaran las deliberaciones del jurado, el mundo conoció que 'El Chapo' era además un supuesto depredador infantil. Ese alegato perturbador señala que sostuvo relaciones sexuales con niñas drogadas a las que llamaba "vitaminas" porque creía que le daban "vida".

    "Por aproximadamente 5,000 dólares, el acusado o uno de sus asociados podían pedir que la niña de su elección fuese llevada a uno de los ranchos del acusado para tener relaciones sexuales", afirmó Alex Cifuentes en folios de la corte que se publicaron el pasado 2 de febrero.

    El capo afirmó que en múltiples ocasiones Guzmán violó sexualmente a "niñas de tan solo 13 años". A las más pequeñas, dijo, les decía "vitaminas". Estos crímenes ocurrieron entre 2007 y 2008.

    Cifuentes dijo a los investigadores que alguien conocida como 'Comadre María', aparentemente su secretaria Andrea Vélez Fernández, quien luego se volvió informante del FBI, le ofrecía fotos de niñas a Guzmán para que eligiera. Vélez tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México.

     

    El artículo de Sean Penn en la revista Rolling Stone

    A los fiscales no les pareció correcto mostrar la crónica del actor que critica a los adictos de EEUU.

    Si bien los miembros del jurado vieron segmentos de un video en el que Guzmán acepta que "el día que yo no exista no va a mermar el tráfico de droga", jamás revisaron el artículo ligado a esta grabación que redactó el actor Sean Penn cuando lo visitó en Cosalá, Sinaloa, antes de su tercera captura.

    En dicha crónica que publicó la revista Rolling Stone, Penn describió su encuentro con el narcotraficante, pero los fiscales lo descartaron de las evidencias. No les gustó que la estrella de Hollywood describiera al narcotraficante como una "figura parecida a Robin Hood", ni su opinión de que los consumidores de droga en este país son de alguna manera cómplices de sus crímenes.

    En la grabación de 17 minutos, Guzmán habló sobre sus primeros años vendiendo naranjas en su comunidad natal La Tuna; su relación con su familia también involucrada en el contrabando de droga; sus días siendo un prófugo "feliz" tras escapar de una prisión de máxima seguridad en 2001; y sobre su prolífico negocio que una vez lo colocó entre los más ricos del mundo.

     

    La película y el libro 'Cartel Wives'

    La esposa de un narco vendió los derechos a una productora para llevar su vida a la pantalla grande.

    Interesada en sacar provecho económico compartiendo "sus experiencias como esposa de un narcotraficante de alto calibre", la pareja de uno de los cooperantes que hundieron a 'El Chapo' Guzmán firmó un contrato con una productora para hacer una película sobre su vida. Ella misma fue coautora de un libro titulado 'Cartel Wives' (Las esposas del cartel).

    La Fiscalía indicó que no podían indagar ese tema debido al acuerdo que contrajo la mujer, el cual protege los "detalles de esa transacción" y pidió que la defensa evitara preguntar al respecto.

    "El contrainterrogatorio podría llevar al testigo a inadvertidamente ofrecer detalles en violación del acuerdo", señalaron los fiscales. No se revelaron los nombres del capo ni de su esposa. Solo se indicó que este colaboró con Guzmán entre 2002 y 2008.

     

    Memes, bromas y porno compartido entre sicarios

    El juez desechó comunicaciones pinchadas que no estaban relacionadas al tráfico de narcóticos.

    En parte de las 1,500 comunicaciones entre miembros del cartel de Sinaloa que interceptó el FBI hay mucha información que no está relacionada con el narcotráfico, desde memes cargados de sátira, videos, caricaturas, bromas "políticamente incorrectas" y hasta material obsceno.

    Otro testigo que tenía el teléfono pinchado solía enviar "bromas" ajenas a sus negocios ilícitos, así como conversaciones sobre "sus intereses románticos", a sus amigos y socios del cartel.

    "El contrainterrogatorio sobre estos mensajes no relacionados con el tráfico de drogas debería ser considerado como no relevante y más perjudicial que probatorio", explicó la Fiscalía.

    El resto de las conversaciones entre Guzmán y alrededor de 100 asociados en el cartel se usaron como la evidencia electrónica más contundente contra el mafioso. Incluso se vinculó en sus negocios criminales a su esposa Ema Coronel Aispuro.

  • Presentan proyecto de ley para regularizar permanencias de dreamers y migrantes protegidos por TPS

    La propuesta, a la que podrían acogerse unos 4.7 millones, otorga el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales los beneficiarios podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía. Por ahora, cuenta con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, controlado por los republicanos.

    JORGE CANCINO

     

    12 DE MARZO DEL 2019- Tres legisladoras demócratas presentaron este martes una iniciativa de ley que, de ser aprobada, r egularizará la estadía de millones de dreamers, y cientos de miles de indocumentados protegidos por un Estados de Protección Temporal (TPS) y la denominada autorización de Salida Obligatoria Diferida (DED).

    Denominada ‘Ley de Sueños y Promesas’ (H.R. 6), el proyecto es patrocinado por las representantes demócratas Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York).

    La propuesta daría a los beneficiarios el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.

    Para ser aprobado, el H.R. 6 necesita 218 votos en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y 60 en el Senado, en manos de los republicanos. Mientras que el voto afirmativo está asegurado en la cámara baja, en la alta es más difícil que consiga el apoyo necesario. Tampoco está garantizado la firma del presidente Donald Trump.

    El proyecto podría beneficiar a un total aproximado de 4.7 millones de inmigrantes, ya que hay unos 500,000 protegidos por TPS y DED y más de 4.2 millones de jóvenes podrían aplicar al eliminar la edad y la fecha de entrada límite, como sí establecía DACA.

     

    Entre los requisitos mínimos exigidos por el plan para los dreamers, deberán probar:

    -Que han estado presentes físicamente en Estados Unidos en los cuatro años anteriores a la fecha de promulgación de la iniciativa de ley.

    -Que tenían menos de 17 años cuando ingresaron al país.

     

    A diferencia de otros proyectos de ley para los dreamers, esta versión no incluye un límite de edad para postular, y extiende la fecha de entrada para proteger a un mayor número de beneficiarios.
    La Acción Diferida de 2012 (DACA) ampara de la protección actualmente a unos 700,000 dreamers. El H.R. 6 podría proteger a varios millones de indocumentados.

     

    Además de presencia física, los potenciales benefactores deberán probar que:

    -Carecen de antecedentes criminales

    -No abusaron de las visas de estudiante.

    -No cometieron poligamia.

    -No han sido hallados culpables de tráfico de personas.

    -No han votado ilegalmente.

    -No renunciaron a la ciudadanía de EEUU para evitar el pago de impuestos.

     

    Otras faltas que impiden a un indocumentado acceder a la residencia condicional incluida en el H.R. 6 son:

    -Cualquier delito federal o estatal sancionable con una pena de prisión de más de 1 año.

    -Tres o más delitos federales o estatales por los cuales la persona fue condenada en diferentes fechas y encarcelada por un total de 90 días o más.

    -Un delito de violencia doméstica (a menos que el solicitante sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, maltrato o negligencia ayorsle, maltrato o negligencia contra personas ayors, o trata de personas, haya sido golpeado o sometido a crueldad extrema o haya sido víctima de actividad delictiva).

    Requisitos adicionales

    -Los dreamers deberán, además, presentar un certificado que demuestre que se graduaron de la escuela secundaria o haber obtenido un GED o credencial reconocida por el Departamento de Educación o estar en un programa para ayudar a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria.

    -Los postulantes a la green card o tarjeta verde condicionada deberán también pasar los controles de antecedentes de seguridad y cumplimiento de la ley, pagar una tarifa de solicitud razonable y registrarse para el Servicio Selectivo si es necesario.

     

    Para obtener el estatus de residente permanente legal completo (LPR), los soñadores deberán:

    -Adquirir un título de una institución de educación superior de Estados Unidos o completar al menos dos años de buena reputación en un programa de licenciatura o superior, o en una carrera del área y programa de educación técnica de nivel postsecundario en EEUU.

    -Completar por lo menos dos años de servicio militar y, de ser dado de alta, recibió una baja honorable.

    -Estar empleado por períodos de tiempo de al menos tres años y al menos el 75% del tiempo ha tenido autorización de empleo.

     

    El royecto de ley también incluye una serie de disposiciones para los dreamers, que incluyen:

    -Derogar la Sección 505 de la Reforma de Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, Ley de 1996, que penaliza a los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados sobre la base de residencia.

    -Permitir que los dreamers accedan a la ayuda financiera federal.

    -Asegurar que las personas con estatus de residente permanente condicional puedan acceder a licencias profesionales y comerciales.

    -Permitir a los dreamers elegibles y con orden de deportación que soliciten una exención.

     

    Para los TPS y DED

    La H.R. 6 permitiría a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o DED cancelar los procedimientos de remoción si demuestran:

    -Que han estado en Estados Unidos por un período de 3 años antes de la promulgación de la Ley.

    -Que eran elegibles o tenían TPS al 25 de septiembre de 2016 o tenía el estado de DED al 28 de septiembre de 2016.

     

    El plan de las congresistas Roybal-Allard, Velázquez y Clarke modifica además la ley actual de TPS para exigir que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de terminar una designación de TPS.
    También requiere que el secretario del DHS proporcione un informe tres días después de publicar un aviso de dicha terminación. Este documento debe explicar la designación original y cualquier progreso realizado por un país para resolver los problemas que conducen a la designación de TPS.

    El proyecto de ley H.R. 6 también aclara que se considerará que un inmigrante que ingresa al programa TPS ha sido inspeccionado y admitido en Estados Unidos.

    El proyecto asegura la confidencialidad de los datos recolectados por el DHS y prohíbe que ese ministerio y/o dependencias use la información proporcionada por los migrantes para otros fines que no sean la postulación al programa de obtención de una residencia condicionada.

     

Boletín

Regístrate para recibir nuestras más recientes noticias y promociones en tu correo electrónico gratis

Últimas noticias

Clima

Visitante / Visitor 22545

Kubik-Rubik Joomla! Extensions