Indianapolis, Indiana. .
July 19, 2018

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La anulación de Notificaciones de Comparecencia (NTA) sin fecha ni hora, ayuda a miles de inmigrantes que batallan por permanecer en EEUU, pero también pudiera anular procesos donde el inmigrante recibió la 'green card'.

JORGE CANCINO

 

12 de julio del 2018- Un reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia podría dar paso a dos beneficios inesperados: la cancelación de un número indeterminado de casos de deportación y permitir que los beneficiarios obtengan la tarjeta verde de residencia permanente.

El dictamen, que contó con la aprobación de 8 de los 9 magistrados, fue dado a conocer la tercera semana de junio. Señala que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación “no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia” en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para permanecer en Estados Unidos.

La decisión constituyó una victoria clave para miles de inmigrantes que intentan evitar sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en Estados Unidos, explicaron abogados consultados por Univision Noticias.

Nuevas oportunidades

Tras revisar el dictamen, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que el fallo también puede “tener implicaciones más amplias”, señalando que, de acuerdo con informes, “abogados se han movido para terminar procesos de deportación, argumentando que las Notificaciones de Comparecencia (NTA, por su sigla en inglés) defectuosas sin una fecha y hora, son inválidas para fines de iniciar un caso de expulsión del país”.

“La decisión también podría tener implicaciones más amplias para personas a quienes se les negó la oportunidad de solicitar la cancelación cuando se consideró que una NTA defectuosa detuvo la acumulación de presencia física, así como la reapertura de órdenes de deportación emitidas en ausencia”.

AILA señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que, en los últimos tres años previos al fallo, “no especificaron en las NTA las fechas y los tiempos de los procedimientos”.

Un gran inconveniente

Pero la alegría de unos podría transformarse en pesadilla para otros miles de casos donde al final del proceso de deportación “el inmigrante obtuvo la residencia legal permanente (green card)”, advirtió Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Al no ser válidas las NTA emitidas sin fecha ni hora, miles de casos ya dictaminados podrían ser anulados porque, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, las Notificaciones de Comparecencia utilizadas en los procesos que concluyeron con el otorgamiento de la green card tampoco son válidos”, precisó.

Abogados consultados sijeron que no está claro qué sucederá con las ciudadanías obtenidas a través de residencias ganadas con NTA que la Corte Suprema dijo que eran inválidas.

Respecto a los casos de deportación todavía abiertos y donde el inmigrante tiene dificultades para demostrar tiempo de permanencia de 10 años, Hernández dijo que “deben ser cancelados, tirados a la basura y comenzar de nuevo. Pero al comenzar de nuevo el inmigrante podrá reunir nuevas evidencias para ganar su caso”.

“Una vez se cancela el caso, el inmigrante ya no está el proceso de deportación. Pero el gobierno le iniciará otro proceso teniendo en cuenta la fecha y la hora de la nueva NTA. Estimo que son miles los casos que se pudieran ver favorecidos, pero también miles los casos que pudieran afectarse. Todo esto está siendo revisado minuciosamente”, indicó.

Daño colateral

Un daño colateral no advertido fue visualizado por AILA. La anulación de miles de NTA inválidas y la emisión de nuevas notificaciones de comparecencia, tendrá un doble impacto en el calendario de audiencias de las cortes de Inmigración.

A finales de mayo los tribunales, dependientes del Departamento de Justicia (DOJ), tenían acumulados casi 700,000 casos y algunas audiencias se estaban programando para dentro de dos o tres años.

“Muchas personas esperan años para sus audiencias”, señala AILA. Pero previene que la anulación de las NTA causará desajustes, y las nuevas notificaciones marcarán nuevas fechas de audiencia, “información podría cambiar varias veces a medida que transcurran los años y evolucione la acumulación de trabajo, presentando además una variedad de consecuencias”.

La asociación indicó que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “ha indicado que los tribunales de inmigración que programen audiencias solo después de que el DHS les envíe las NTA”.

“El establecimiento de nuevas fechas de comparecencia probablemente requerirá que las dos agencias mejoren significativamente la coordinación interinstitucional y las capacidades de intercambio de información”, dijo AILA.

La administración Trump ha tenido que volver a regañadientes a la práctica del 'catch and release' este martes para poder cumplir con la orden de un juez federal de reunificar a las familias que han sido separadas en la frontera. Al no poder retener más padres con niños en centros de detención, van a liberarlos con dispositivos en sus tobillos para poderlos monitorear.

UNIVISION

LOS ÁNGELES, California. 10 de julio del 2018– Cuando se cumple el plazo que un juez federal dio al gobierno de Donald Trump para la reunificación de los niños menores de 5 años que hayan sido separados en la frontera con sus padres, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se está viendo obligado a tomar decisiones que le permitan cumplir con las órdenes de los tribunales y a la vez continuar implementando su política de 'tolerancia cero'. Lo cual parece cada vez más contradictorio.

Esto pone en aprietos a una administracón que pretende juzgar como criminales a los migrantes que entran al país sin documentos y a la vez no separar más a los padres de sus hijos, luego de la crisis que generó la práctica de detener a los adultos y enviar a los menores de edad a centros de detención aparte de sus progenitores. Para hacerlo el gobierno pretendía detener a las familias juntas, pero este lunes una jueza federal en Los Ángeles rechazó esta petición.

La juez de distrito Dolly Gee dijo que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal.

La pregunta era entonces cómo haría el gobierno para cumplir con las órdenes de los tribunalessin fallar a la implementación de su agresiva política migratoria. La respuesta ahora es evidente: no puede, pues al cumplir con la reunificación tendrá que liberar a cientos de familias y volver a la práctica del 'catch and release' que tanto quiso eliminar el gobierno Trump.

Este martes se vencía el último plazo que un magistrado de Distrito de San Diego le fijó al DHS para que devuelva a más de 100 niños menores de 5 años a sus padres. Funcionarios de la administración Trump aseguraron que 38 de 102 pequeños serían reunificados, pero hasta la tarde solo se conocía de cuatro familias reunidas, de acuerdo al diario Los Angeles Times, que cita a abogados del Departamento de Justicia y de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que fue la que encabezó la demanda en este caso.

En la ciudad de Grand Rapids, Michigan, dos niñas y un niño que habían estado bajo custodia temporal se reunieron con sus padres hondureños en un centro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tres meses después de haber sido separados, de acuerdo a un reporte de la agencia AP.

Los tres padres estaban "abrazándolos y diciéndoles que todo estaba bien y que nunca más se volverían a separar", dijo a la misma agencia Abril Valdes, abogada de inmigración.

Uno de los padres, Ever Reyes Mejía, salió del centro de ICE cargando a su sonriente hijo y su mochila. A bordo de un auto, padre e hijo se alejaron de la instalación.

Funcionarios de ICE señalaron que los reencuentros se seguirían dando a lo largo del día a las afueras de los centros de detención donde están los niños.

"Los padres con niños menores de 5 años están siendo reunidos con tus hijos y luego liberados e inscritos en un programa de detención alternativo, lo que quiere decir que se les colocará un grillete en el tobillo y serán liberados en la comunidad", dijo a varios medios Matthew Albence, el director ejecutivo de la oficina de ICE encargada de las deportaciones.

Albence explicó que el grillete "es una herramienta que usamos para incentivar el cumplimiento"y asegurarse de que los padres asistirán a sus citas en corte. Sin embargo, el funcionario aseguró que aunque este es el procedimiento que usarán "en general", las autoridades revisarán cómo proceder caso por caso de cada familia.

Se calcula que los procesos migratorios de estas familias liberadas pueden tardar meses o incluso años.

Los padres que han sido detenidos por el ICE "en su mayoría" están siendo trasladados a lugares cerca de sus hijos y las familias serán dejadas en libertad, afirmó por su parte Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, quien explicó que se publicarán los lugares de los reencuentros, pero que los niños han sido llevados a refugios en distintos puntos del país.

El juez pidió a fiscales del gobierno que provean información sobre qué niños serán devueltos a sus padres, cuáles necesitarán más tiempo y que proponga un cronograma de reunificación de los niños aún separados, pues habrá algunos a los que tomará más tiempo reunir con sus familias.

Decenas deberán esperar por la complejidad de sus casos, especialmente porque el gobierno ya deportó a sus padres a sus países de origen y otro grupo de progenitores fue liberado tras ser arrestado por las autoridades migratorias y no ha podido ser localizado en suelo estadounidense.

De los 102 menores, 14 no son elegibles para la reunificación porque sus padres tienen graves antecedentes penales o el ADN no probó que fueran los hijos de quienes dicen ser sus padres.

La solución de Trump

El presidente Donald Trump aseguró este martes que la solución para el problema de cómo el gobierno cumplirá con el plazo judicial para reunificar a familias migrantes separadas es "que no vengan a este país ilegalmente".

Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una cumbre en Europa, Trump respondió a preguntas sobre el tema diciendo: "Esa es la solución, que no vengan a este país ilegalmente, que vengan como hacen otros, legalmente".

El mandatario también criticó a los demócratas que han pedido eliminar ICE, afirmando que ello demuestra que "quieren fronteras totalmente abiertas y no les importa la criminalidad".

Más de una década después de su puesta en marcha, la Operación Streamline llega a las cortes fronterizas de California. Los abogados públicos y activistas alertan de los riesgos de juzgar a los inmigrantes en grupo.

DAMIÀ S. BONMATÍ

9 de julio del 2018- Las autoridades llevan a los inmigrantes a un antiguo garaje en un edificio federal de San Diego, allí se entrevistan brevemente con los abogados de oficio, cruzan una plaza pública encadenados, llegan a la corte federal criminal y son juzgados en grupo.

Con escenas como esta, la Operación Streamline llega a San Diego, California, el estado donde se puso en marcha este lunes para agilizar los juicios en la frontera por entrada ilegal al país.

Magistrados y abogados defensores se resistieron por más de una década a implantar ese sistema de procesamiento en California pero el Departamento de Justicia, liderado por Jeff Sessions, lo puso finalmente ahora en marcha.

Bajo la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump, hay muchos más indocumentados a los que imponen cargos criminales cada día en cada zona de la frontera sur.

Estos juicios exprés permiten a las autoridades procesar a los extranjeros más rápido, sin detenerlos en la cárcel antes de la audiencia y enviándolos antes a los centros de detención de inmigrantes. En la corte, decenas de indocumentados pueden comparecer en grupo ante el juez: les leen los derechos, les preguntan si se declaran culpables o inocentes, y les sentencian en cuestión de una o dos horas, incluso en cuestión de minutos.

Tanto los abogados públicos como los grupos proinmigrante advirtieron de las conscuencias negativas de la llegada de la Operación Streamline a California.

"Es un proceso increíblemente coercitivo para que los inmigrantes se declaren culpables", explicó a Univision Noticias la abogada pública Norma Aguilar, que defendió a inmigrantes en la corte de San Diego este lunes. Explica que la gran mayoría de indocumentados se declaran culpables de entrada ilegal para evitar así estar por semanas en prisión.

En el primer día de Operación Streamline en la corte de San Diego llegaron para ser procesados conjuntamente 41 indocumentados, según la abogada Aguilar.

En estas últimas semanas, se han presenciado juicios masivos en la frontera con unos 50, 60 y hasta 80 inmigrantes sentados en bancos, equipados con audífinos de traducción y sentenciados en cadena. Pese a que no se puede acceder con cámara ni celular a las cortes, causó impactó una imagen filtrada de una audiencia masiva en Texas.

En San Diego, decenas de personas protestaron la semana pasada en contra de la Operación Streamline. La organización Mijente fue una de las que alzó la voz, porque considera que estas audiencias "van en contra del debido proceso de los detenidos", según dijo su directora de políticas, Tania Unzueta, a Univision Noticias.

Para Unzueta, los inmigrantes tienen muy poco tiempo para hablar con los abogados públicos y tienden a declararse culpables para evitar la prisión.

Este programa federal empezó el 16 de diciembre de 2005 en Del Río, Texas, y se fue extendiendo a otros sectores de la frontera bajo los gobiernos de George Bush hijo y de Barack Obama, aunque nunca llegó a la cortes de California, como contó el periodista Jorge Cancino cuando la Operación Streamline cumplió 10 años.

Kelly Thornton, portavoz del fiscal general en el sur de California, dijo a Univision Noticias que evaluaron cómo funcionaba la operación en otros puntos de la frontera y decidieron implementarla también en el área de San Diego. Desde este lunes 9 de julio, suman a "un magistrado adicional en rotación para ocuparse de los casos de inmigración menores" y a la vez cumplir con la Operación Streamline "de manera que proteja los derechos constitucionales de los defendidos".

Los inmigrantes que son sentenciados por entrada ilegal enfrentarán un delito grave y –muy probablemente– días de cárcel si cruzan de nuevo la frontera sin autorización.

La política de arrestos está dejando familias separadas en las que se ha instalado el temor y las dudas sobre cómo seguir viviendo en Estados Unidos. En algunos casos, niños estadounidenses se han quedado sin comida, ropa y sin ir al colegio tras el arresto de uno de sus padres.

UNIVISION Y AP

9 de juliod el 2018- Brandon Tomás Tomás tardó una década en establecerse en Estados Unidos: una esposa, un empleo estable y cinco hijos nacidos en suelo estadounidense. En solo 20 segundos, esa vida se desvaneció.

Un agente de inmigración que esperaba a otra persona lo vio y le hizo una pregunta inofensiva: “¿Cómo estás?“. Entonces le pidió la documentación. En un instante, este guatemalteco de 33 años llevaba grilletes, estaba detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y se dirigía a prisión y a una probable deportación.

A muchas millas de la frontera entre México y Estados Unidos, las autoridades están separando a familias en allanamientos contra inmigrantes en sus propias casas y lugares de trabajo, realizados en nombre de la seguridad nacional. La mayoría de estos cateos pasan desapercibidos fuera de las comunidades afectadas, pero son una parte crucial de la amplia represión migratoria del gobierno de Donald Trump, que está provocando un aumento de las detenciones, especialmente de gente sin antecedentes penales.

Durante un lapso de dos días en cinco localidades en el norte de Kentucky, los agentes vigilaron las viviendas antes del amanecer, detuvieron a los hombres que se dirigían a sus trabajos y acudieron a almacenes como en el que Tomás trabajaba desde hacía más de un año. Según los datos del ICE, 20 hombres y dos mujeres fueron detenidos en este tiempo.

De forma silenciosa, se desató una crisis.

Las familias, que apenas llegan a final de mes, perdieron a su único sustento económico. Sus esposas no sabían cómo contratar un abogado o pagar las fianzas. Voluntarios les hicieron llegar dinero en efectivo para pagar las facturas. Los niños necesitaban comida, ropa e ir al colegio, y una consejera escolar dijo que tres alumnos acudieron a ella para hablar sobre el suicidio.

Todavía estaba oscuro afuera el día del mes de diciembre en que un auto se paró cuando Edgar Pérez Ramírez cuando se dirigía a su trabajo. Al principio, los agentes del ICE le preguntaron por otra persona. Después se interesaron por su estatus legal, se enteraron de que no tenía permiso de residencia y lo llevaron a prisión.

Inmediatamente después, su pareja, Carmelinda, dejó de salir del departamento para comprar comida. Su hijo de cuatro años, Franco, no acudió al jardín de infancia durante 15 días porque tenía miedo de llevarlo. En un primer momento le dijo al pequeño que su padre se había ido a trabajar, pero después el niño comenzó a preguntar por qué no regresaba.

Seis semanas más tarde, un juez de inmigración decretó su libertad bajo fianza porque no tenía antecedentes. Sus hermanos y amigos pagaron los 2,000 dólares necesarios.

La mayoría de los días, Carmelinda se queda encerrada en su casa con su hija de año y medio, demasiado atemorizada como para salir a comprar o tomar el autobús. Pérez encuentra trabajo donde puede, pero dice que sigue teniendo miedo.

Operaciones como estas no son nuevas: el ICE llevó a cabo al menos cuatro operativos similares en Kentucky durante el gobierno de Barack Obama, que en sus comienzos detuvo a más personas al año que el de Trump hasta el momento. Hacia el final del mandato de Obama, el ICE recibió instrucciones para priorizar el arresto de personas que habían cometido delitos graves, que estaban consideradas amenazas para la seguridad nacional o que recibieron una orden para abandonar el país por violaciones de inmigración.

Una orden ejecutiva firmada por Trump alteró estas prioridades, declarando que cualquier migrante que estuviese en el país de forma ilegal era objeto de arresto.

“¿Me siento mal por la difícil situación de algunas de estas personas?”, se preguntó Thomas Homan, director interino del ICE hasta su reciente jubilación, en una entrevista con The Associated Press. “Claro que sí. Soy humano. Soy padre. Pero tengo un trabajo que hacer”.

Pero incluso los defensores de esta política se plantean si los allanamientos merecen la pena dado el sufrimiento que se ve incluso ahora.

“Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque seguimos lidiando con cuatro o cinco familias que realmente no tienen una persona que lleva el pan a casa”, dijo Don Sherman, de la Coalición de la Dignidad del Inmigrante, que encuentra a abogados para llevar estos casos y entrega tarjetas regalo para comprar comida a las familias afectadas.

Según su recuento, los detenidos en Kentucky tienen 19 hijos y la mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses.

La mayor parte de las familias tienen pocas esperanzas de volver a encontrarse aquí, así que han comenzado a pensar en un futuro fuera de Estados Unidos.

Alma Vázquez es la esposa de Tomás. Él es de Guatemala y ella de México y se conocieron trabajando en un restaurante brasileño.

Sus cinco hijos nunca han estado ni en México ni en Guatemala. En cualquiera de los dos países, podrían ser objetivo de las pandillas que asumen que quieren retornan de Estados Unidos tienen dinero. Pero para Vázquez, recuperar a su esposo y mantener a su familia junta es todo lo que importa.

“Les digo que es nuestro turno porque su padre se va irá. Si quieren estar con su padre, tienen que ir con él”, señaló.

 

A la lista de prioridades, el nuevo reglamento permite agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluye a inmigrantes legales que por alguna razón perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

JORGE CANCINO

7 de julio del 2018- El 25 de enero del año pasado, cinco días después de instalarse en la Casa Blanca, Donald Trumpfirmó la Orden Ejecutiva 13768 sobre las jurisdicciones o ciudades santuario. En ella, el mandatario estableció nuevas prioridades de deportación y decretó que la permanencia indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional.

Con este paso, el gobierno colocó a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se cree viven en Estados Unidos, algunos establecidos desde hace más de dos décadas y sin antecedentes penales, en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Un año y medio más tarde, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció la nueva política para el envío de Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés), documento que, al ser emitido, inicia de inmediato un proceso de deportación.

En pocas palabras, en la primera semana de julio, el gobierno de Trump abrió la puerta para deportar a cualquier inmigrante con o sin documentos de permanencia legal, incluso a aquellos con residencia legal permanente (green card) si les niegan el trámite de naturalización (ciudadanía) por no tener un “buen carácter moral”.

La nueva política que norma la emisión de citatorios de comparecencia (NTA) fue publicada el 5 de julio y entró en efecto de inmediato. El documento, explicó la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), se convierte en la “guía” para expedir el Formulario I-862 (Notificación de Comparecencia), de acuerdo con las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fijadas el 25 de enero del año pasado.

 

Las prioridades

Las prioridades de deportación fijadas y ampliadas por Trump se basaron en las Secciones 212(a)(2)(a)(3), (a)(6)(C), 235, 237(a)(2) y (4), y también en las Secciones (8 U.S.C. 1182(a)(2)(a)(3), (a)(6)(C), 122, 1227(a)(2) y (4) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA).

De esta manera, el gobierno determinó que los siguientes extranjeros integran la categoría de deportables:

-Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;

-Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;

-Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;

-Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;

-Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;

-Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o

-Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

 

Procesos de deportación

A la lista de prioridades, el nuevo reglamento permite agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluye a inmigrantes legales que por alguna razón perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos y el gobierno estima que, al ser excluidos de un beneficio migratorio, se convierten en deportables.

¿Qué delitos convierten en inadmisible o deportable a un inmigrante? La Sección 212 de la INA citada en la Orden Ejecutiva 13768, incluye a cualquier extranjero que:

- Hubiese estado presente ilegalmente en Estados Unidos por un período mayor de 180 días, pero menor de 1 año, y haya partido voluntariamente de los Estados Unidos [sea o no en conformidad con la Sección 244(e)] previo al comienzo de los procedimientos bajo la Sección 235(b)(1) o la Sección 240, y vuelva a solicitar el ingreso dentro de los 3 años de la fecha de partida o remoción; o 

- Haya estado presente ilegalmente en los Estados Unidos por un año o más, y quien de nuevo vuelve a solicitar admisión dentro de los 10 años de la fecha de partida o remoción de los Estados Unidos de dicho extranjero, es inadmisible.

Esta sección corresponde a la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años y afecta a la gran mayoría de los que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, excepto aquellos que llevan menos de 180 días sin papeles.

La sección incluye a:

-Inmigrantes que entraron sin autorización al país,

-Inmigrantes que entraron legalmente y se quedaron en el país más allá del plazo permitido por sus visas.

 

Las excepciones

La Sección 212 explica que la interpretación de presencia ilegal excluye a:

-Menores de edad (menores de 18 años)

-Asilados que tengan una solicitud pendiente de resolución

-Mujeres y niños maltratados

-Víctimas de alguna forma severa de tráfico de personas

 

Faltas imperdonables

Otras faltas que colocan en serio riesgo a un inmigrante:

 -Tener cargos por tráfico de drogas

-Haber sido condenado por tráfico de drogas o sustancias controladas

-Haber sido colaborador, cómplice, asistente, conspirador o confabulador de tráfico ilícito en posesión de cualquier sustancia controlada o que se encuentre en el listado, o cualquier intento del mismo;

-Ser esposo(a), hijo(a) de un extranjero inadmisible bajo la cláusula (i), haber obtenido, dentro de los 5 años previos algún beneficio económico o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de alguna actividad ilícita de ese extranjero, a sabiendas de que el beneficio económico o cualquier otro beneficio era producto de dicha actividad ilícita.

Después de la NTA

-El inmigrante recibe el Formulario I-862 en sus manos, a través de la oficina de correos o por medio de su abogado. El documento debe explicar los actos o conductas supuestamente en violación de la ley y los cargos que le formula el gobierno, indicando las leyes que está violando.

-El extranjero puede ser representado por un abogado.

-El gobierno debe otorgarle un período de tiempo para obtener un abogado.

-Debe proporcionarle una lista de abogados si no tiene uno que lo represente. Pero lo paga el inmigrante.

-Si el extranjero cambia de dirección, debe notificarlo al fiscal, así como un número de teléfono.

-El inmigrante debe ser informado sobre el día, hora y lugar de comparecencia.

-Cualquier cambio en la corte será notificado por escrito al inmigrante.

 

Consejo legal

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que bajo la nueva política, todo inmigrante que tenga un caso de inmigración pendiente “debe asegurarse de que el gobierno tenga su dirección correcta”.

“Si el servicio de inmigración le niega un caso y le envía una NTA y usted no se presenta a la corte, cuidado que el juez inmediatamente le emitirá una orden de deportación en ausencia”, indicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Guerrero dijo además que, “si recibe la orden de comparecencia, lo primero que debe hacer es buscar un abogado para estudiar las opciones que tiene y batallar por sus derechos de permanencia”.

“No olvide que, aunque esté legal en el país, si le niegan por ejemplo la ciudadanía porque tiene una falta que lo hace deportable, pueden citarlo para iniciarle un proceso de deportación”, indicó Guerrero. “Eso obliga a todos a estar muy pendientes de sus casos”.

En el caso de aquellos indocumentados que no tienen casos pendientes y el gobierno no sabe de ellos, Guerrero dijo que “no recibirán un citatorio para que se presenten a la corte. Pero al momento en que sean detenidos por la policía o cualquier encuentro con las autoridades y descubran que es indocumentado, en ese momento le entregarán una notificación de comparecencia para iniciar el proceso de deportación”, indicó.

 

Dos sospechosos más han sido detenidos por el asesinato de Lesandro 'Junior' Guzmán-Feliz, de 15 años, el mes pasado. Uno de ellos ha sido identificado como un miembro de alto rango de la banda callejera de la ciudad de Nueva York, dijo la policía.

UNIVISION

4 de julio del 2018- Diez presuntos miembros de la pandilla 'Los Trinitarios' ya están bajo arresto por la muerte de Lesandro "Junior" Guzmán-Feliz. Están acusados de arrastrar al joven desde una bodega en la calle 183 Este en la noche del 20 de junio y matarlo a golpes con un machete.

Seis de los pandilleros, con edades entre los 19 y 29 años fueron extraditados a Nueva York desde el vecino estado de Nueva Jersey- y acusados de asesinato en primer y segundo grado, homicidio no premeditado y agresión en pandilla, cargos de los que se declararon no culpables.

Dos miembros de la banda fueron detenidos este pasado martes. Uno de ellos, Diego Suero, de 29 años, es un reconocido líder de la pandilla y fue quien presuntamente ordenó el ataque contra Guzmán-Feliz. El pandillero enfrenta cargos de asesinato, homicidio involuntario, asalto a pandillas y posesión criminal de un arma. Suero también fue acusado de conspiración. El otro es Gabriel Ramirez Concepcion, de 26 años de edad.

Los otros ocho sospechosos, que se han declarado inocentes, son: José 'Canelito' Muniz, 21, Elvin García, 23, José Taverez, 21, Manuel Rivera, 18, Danel Fernández, 21, Joniki Martínez, 24, Santiago Rodríguez, 24, y Kevin Alvarez, 19.

'Los Trinitarios' son una peligrosa pandilla nacida a finales de los años ochenta en las cárceles de Nueva York. En el último mes han adquirido notoriedad por estar vinculados a tres ataques a adolescentes que han ocurrido en el Bronx en solo dos semanas.

"Ha habido varios incidentes por la ciudad que involucran a 'Los Trinitarios'", sostuvo el jefe de la policía de Nueva York, James O'Neill, en CBS News. Se refería al ataque con machetes que acabó con la vida del dominicano Lesandro 'Junior' Guzmán-Feliz y de otro joven de 14 años que está en estado crítico.

A Guzmán-Feliz lo asesinaron al confundirlo con otro joven, según trascendió a los medios, que recogen el mensaje de un presunto líder de 'Los Trinitarios' a la familia disculpándose por el error.

La segunda víctima es un joven de 14 años que se encuentra en estado crítico tras sobrevivir a una agresión con machete por parte de un grupo de más de 10 jóvenes, también en El Bronx. El menor, de origen puertorriqueño, fue apuñalado once veces y perdió un riñón. El ataque se produjo dos días antes del de 'Junior'.

Otro joven fue apuñalado en El Bronx antes que el dominicano Jr, la policía cree que fue la misma banda

En otro incidente separado, la policía arrestó la semana pasada a Missael Alvarez, de 16 años, a quien identifica como miembro de la misma pandilla, y quien fue acusado de agresión e intento de robo, según publicó este viernes New York Post.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) les pide tomar la decisión de ser deportados solos o quedar detenidos mientras continúan los procesos de deportación de los menores.

JORGE CANCINO

4 de julio del 2018- El gobierno del presidente Donald Trump ofrece dos caminos a los padres separados de sus hijos en la frontera y que tienen orden final de deportación: ser reunificados y expulsados juntos del país o ser reunificados y esperar hasta que ellos concluyan sus procesos migratorios.

Las alternativas aparecen en un documento de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) titulado Formulario de Deportación para Padres Separados ( Separated Parent’s Removal Form), elaborado en base a la orden emitida por un juez federal del sur de California el pasado 26 de junio.

El dictamen dio un plazo de 14 días (hasta el 10 de julio) para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reunifique a los padres con sus hijos menores de cinco años que fueron separados en la frontera tras formularles cargos criminales por ingreso ilegal al país.

El fallo también otorgó un plazo de 30 días (hasta el 26 de julio) para reunificar a los padres de hijos mayores de cinco años.

Las separaciones se registraron en cumplimiento de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump en la frontera, ocurridas entre el 9 de mayo y el 19 de junio. El gobierno reconoció haber separado a 2,575 menores.

Paso clave

ICE dijo a Univision Noticias que en el proceso de reunificación, conforme el mandato emitido por la corte, “se les pide a los padres bajo custodia de la agencia y que están sujetos a una orden final de deportación, que tomen una decisión sobre sus deportaciones con o sin sus hijos”.

“El formulario explica claramente que los padres tienen la opción de reunirse con sus hijos en el momento de la deportación o pueden elegir, en el momento del traslado, no reunirse con ellos”, indicó Jennifer D. Elzea, vocera de ICE.

La funcionaria agregó que “en caso de que un padre tenga una orden final de deportación y cuyo hijo (o hijos) aún no ha recibido una orden final de deportación, serán los padres quienes decidan si regresa con o sin él” a su país de origen, agregó.

Elzea señaló que, de acuerdo con registros de la agencia, “no es raro que los padres tomen la decisión de partir sin su hijo”.

Solo o acompañado

El protocolo elaborado por el gobierno para cumplir con el mandato de la corte señala además que, si un padre decide regresar a su país de origen con el niño, “ICE trabajará para lograr este resultado”.

Elzea indicó que, “cuando un niño está bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), “ICE, junto con la ORR trabajarán para reunir al padre y al niño, y también con el consulado para ayudar al padre a obtener un documento de viaje para el menor”.

En caso que un padre que elige no ser deportado con su hijo, “puede optar porque la ORR gestione la liberación del menor y lo entregue al otro padre (o madre), tutor o patrocinador que haya sido aprobado por la ORR”, precisa la agencia.

La vocera aseguró que “ICE no interfiere en la decisión de los padres de permitir que el niño permanezca en Estados Unidos para continuar con su reclamo legal” dentro del debido proceso migratorio.

Pedido de asilo

En cuanto al derecho a solicitar asilo, un camino no esclarecido en el protocolo de reunificaciónde familias fechado el 23 de junio publicado en respuesta a la orden ejecutiva de Trump que puso fin a las separaciones en la frontera, ICE dijo que, si bien “los padres con orden de deportación final pueden elegir ser deportados con o sin sus hijos, ninguna de estas opciones influye en la elegibilidad del extranjero para solicitar protecciones disponibles bajo la ley”.

"A una persona que ha recibido una orden final de deportación, ya se le ha otorgado la oportunidad de mostrar o expresar miedo de regresar a su país de origen”, dijo Elzea.

El factor miedo es clave para iniciar un proceso de asilo. “La ‘entrevista de miedo creíble’, que la realiza un agente de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), consiste en una especie de interrogatorio de lo que le ha sucedido a la persona en su país y si ha sido perseguido, torturado, etc.”, explica Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que fue fiscal de inmigración durante más de 15 años.

“Si el agente de asilo determina que la persona tiene miedo creíble, entonces recibe una audiencia ante un juez de inmigración, donde podrá solicitar asilo en Estados Unidos”, agrega.

“’La entrevista de miedo creíble’ con el agente de la USCIS es clave y, quizás, el momento determinante sobre su futuro inmediato en Estados Unidos”, explica el libro ‘Inmigración: las nuevas reglas, una gruía de Univision’.

“Decisión difícil”

El formulario de ICE “demuestra que el gobierno está acatando la orden de la corte federal del distrito sur de California”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami, Florida. “ Se trata de una decisión difícil, muy personal en que los padres tienen que evaluar cuidadosamente”, agregó.

Guerrero dijo además que “estar con los hijos es bueno para el bienestar de los niños, pero estos permanecerán detenidos hasta que se termine el proceso migratorio de los pequeños”.

El protocolo de ICE “habla solo de la liberación de los niños y no de los padres”, advierte. “De lo contrario, todos los padres elegirían quedarse a ver si los liberan junto con sus hijos. Pero eso no es posible, porque los padres tienen una orden final de deportación”.

El lunes el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), urgió en Texas, tras una visita a un centro de detención de menores junto a otros cinco religiosos, para que avance en los pasos que “ya ha comenzado a dar” hacia la reunificación familiar. “ Los niños necesitan ser reunidos con sus padres, es urgente; debe hacerse, se está haciendo, pero hay complicaciones”, apuntó.

Trump apura el paso

Además del formulario, el DHS trabaja a marcha forzada para cumplir con la orden de tribunal y llevar a cabo las reunificaciones.

Univision Noticias conoció que el fin de semana ICE trasladó varios padres separados de hijos menores de cinco años, luego que sus casos de asilo fueron rechazados por los jueces de inmigración.

Cuando una petición de asilo es negada, el solicitante recibe una orden de deportación.

En principio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iba a reunificar a los menores en las ciudades donde permanecían los padres bajo la custodia de ICE, pero debido a la negativa de las líneas aéreas de llevar niños separados en la frontera, en protesta por la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump, optó por trasladar a los padres a las ciudades donde fueron enviados los niños luego de serle quitados a sus progenitores y entregados al cuidado del HHS.

De los 2,575 menores que el DHS reconoció haber separado, no se sabe cuántos de ellos tienen menos de cinco años. El lunes, la embajada de El Salvador dijo a Univision Noticias que, de acuerdo con sus indagatorias, 145 de esos menores son ciudadanos de ese país centroamericano.

El juez federal Dana Sabraw, que ordenó la reunificación de los niños con sus padres el 26 de junio, determinó que las separaciones, parte de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera ordenada por Trump, había generado una “situación que llegó a un nivel crítico” y describió la separación de familias como una “circunstancia caótica generada por el propio gobierno”.

En un informe bipartidista de siete páginas, los senadores respaldaron las conclusiones de la comunidad de inteligencia y concluyeron que el presidente ruso sí ordenó influir en las elecciones en las que resultó electo Trump. Sin embargo, el Comité sigue investigando la interferencia.

UNIVISION

3 de julio del 2018- El Comité de Inteligencia del Senado dio a conocer este martes un informe bipartidista de siete páginas con conclusiones preliminares que demuestran que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sí ordenó interferir en las elecciones presidenciales de 2016, en las que resultó electo Donald Trump. A pesar de haber divulgado este documento, las investigaciones de este organismo continúan.

"Las metas de Rusia eran debilitar la confianza pública en el proceso democrático en Estados Unidos, denigrar a la secretaria (Hillary) Clinton y dañar su potencial elección y presidencia. Evaluamos más a Putin y el gobierno ruso desarrolló una clara preferencia por el presidente electo Trump", se lee en el documento.

También determinaron que Putin y su gobierno buscaban ayudar a Trump "al desacreditar a la secretaria Clinton y compararla desfavorablemente frente a él".

Aunque el documento fue dado a conocer, en sus primeras líneas asegura que la investigación bipartidista sobre la interferencia rusa en las presidenciales sigue en curso con información que fue producida por la comunidad de inteligencia –conformada por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI)– bajo las órdenes del entonces presidente Barack Obama. Estuvo listo a principios de enero de 2017, poco antes de que Trump entrara en la Casa Blanca.

Explica que quienes elaboraron el documento solicitado por el expresidente son analistas que "no estuvieron bajo presión política para llegar a esas conclusiones".

El Comité de Inteligencia señala además que Rusia llevó a cabo operaciones cibernéticas contra personas específicas de ambos partidos y grupos de lobistas. Confirman que en julio de 2015 la inteligencia del Kremlin tuvo acceso a las redes y servidores del Comité Nacional Demócrata (DNC) y que el gobierno de Putin utilizó su "aparato de propaganda" para influenciar en el proceso y en audiencias internacionales.

Los hallazgos se dan a conocer apenas días después de que el presidente Trump reiterara que el Kremlin no interfirió en las elecciones. "Rusia continúa diciendo que no tuvo nada que ver con la interferencia en nuestras elecciones!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El Comité de Inteligencia del Senado es una de las instancias del Capitolio que más reflejan la composición bipartidista del sistema de gobierno en Estados Unidos.

En junio de 2017 interrogaron al exjefe del FBI James Comey para determinar la verdadera dimensión del posible nexo de figuras destacadas del entorno de Trump (incluido el propio mandatario) en los esfuerzos rusos para modificar el resultado de los comicios presidenciales.

Y aunque el Senado asegura que hubo interferencia, recién en marzo y tras 14 meses de investigación, la mayoría republicana del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes decidió en una votación secreta cerrar definitivamente sus indagaciones sobre la interferencia del Kremlin en las presidenciales de 2016 al considerar que no había evidencias de colusión entre la campaña de Donald Trump y los rusos.

Los estadounidenses salen a las calles de distintos estados para mostrar la indignación que les ha generado la política de 'tolerancia cero', que ha ocasionado la separación de niños de sus padres en la frontera sur.

UNIVISION

30 de junio del 2018- Al grito de "¡vergüenza!", una multitud desafió el calor intenso de este sábado en Nueva York para marchar desde un parque en Manhattan a la corte federal en Brooklyn en contra de l a política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump que ha separado a miles de niños de sus padres en la frontera sur.

En Washington, miles de estadounidenses se vistieron de blanco y se reunieron bajo el calor abrasador en el parque Lafayette frente a la Casa Blanca. Se prevé que miles de estadounidenses más salgan a las calles de localidades ubicadas en los 50 estados del país para manifestar su indignación. Bajo el lema "Mantengan a las familias unidas" quienes protestan cuestionan la llamada política de 'tolerancia cero'.

También hay manifestaciones en Los Ángeles, Houston, Atlanta y Chicago, entre otras ciudades y localidades como El Paso, Texas, muy cerca de la frontera con Juárez, México.

Aunque hay niños que ya han conseguido reunificarse con alguno de sus padres, aún hay 2047 menores que permanecen en custodia del gobierno. La mayor preocupación es que no existe un plan claro para reunirlos y que muchos padres ya han sido deportados de vuelta a Centroamérica, dejando a sus pequeños atrás.

En Boston, miles se congregaron desde la alcaldía hasta el parque Boston Common. Allí se prevé la asistencia de la senadora Elizabeth Warren y el representante Joe Kennedy III, ambos demócratas.

Janira Merino nacida en El Salvador lleva más de 30 años en EEUU. Trabaja para un sindicato de la construcción. Piensa que EEUU pierde con estas políticas inhumanas.

En el centro de Dallas, cientos de manifestantes enarbolando pancartas con leyendas como "Compasión, no crueldad" y "Noviembre se acerca", ésta en alusión a las elecciones, se concentraron en la zona céntrica frente a la alcaldía. Poco a poco, cesaron las conversaciones personales y comenzaron los cánticos de “¡Nos importa!”.

"Yo llegué a los Estados Unidos con mi hijo en agosto de 2017 buscando seguridad. Estuve detenida en Texas durante dos meses. Y durante nueve meses no supe donde estaba mi hijo. Mi defensor público me dijo que él estaba en Chicago", declaró al inicio de la protesta en Washington, Joselin, una inmigrante brasileña que es defendida por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

“Honestamente, estoy sorprendido. Literalmente nunca he visto a tantos estadounidenses presentarse a favor de los inmigrantes de esta forma”, dijo Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que representa a niñeras, sirvientas y cuidadoras, muchas de ellas inmigrantes. “Escuchamos una y otra vez, si fuera mi hijo, quisiera que alguien hiciera algo”.

Las protestas son organizadas precisamente por esa unión, con el apoyo de MoveOn.org, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y la Conferencia de Liderazgo. También se suman movimientos locales y ciudadanos sin filiación política indignados por la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera.

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  • ¡Francia es campeona del mundo tras golear 4-2 a Croacia!

    La selección gala conquistó Rusia 2018 con una prodigiosa y letal actuación; iguala a Argentina y Uruguay con dos estrellas mundiales.

    ANDRÉS CORONA ZURITA

    15 de julio del 2018- Fue Francia. El planeta hoy se ha pintado de azul mientras 'La Marsellesa' retumbó en cada rincón de Rusia y del mundo. Es Francia, el ahora dos veces campeón del mundo. Con un puñado de extraordinarios futbolistas, la mayoría muy jóvenes, una pizca de suerte y de fútbol conservador, los galos se impusieron a la heroica Croacia que bien vale decirlo, fue mucho más que su rival, al menos en el trámite de partido.

    No hay escenarios perfectos, se sueñan, se trabajan y al final, se logran. La consagración de un futbolista de élite debe estar siempre enfocado en una Copa del Mundo. Nada se compara con ella, ni la Champions League, ni el Mundial de Clubes, la Eurocopa o la Copa América, un Mundial es simple y sencillamente el “pensemos cosas chingonas” traducido a la realidad.

    La historia está para desmitificarla, y en Rusia, la pelota nos enseñó que nada está escrito. Croacia borró el mito que la final de un Mundial solo la disputan las selecciones históricas; Francia, borró de tajo que los jóvenes no pueden con la presión. Lamentablemente en el fútbol siempre debe haber un ganador y un perdedor.

    Ahí, Francia conquistó Rusia. Lo hizo por su poder, su pegada y sus individualidades. Lo hizo gracias a la suerte que se busca y a la tecnología que llegó para quedarse. Los galos son los campeones del mundo, son bicampeones del torneo más hermoso y más lindo, el de mayor grandeza.

    Deschamps lo volvió a hacer. Hace 20 años conquistó el primer Mundial de Francia como jugador, y hoy, como técnico, le da el segundo título a su nación. Ya no hay Zidanes, Djorkaeffs, Blancs o Barthez; hoy Francia celebra a los Griezmann, Mbappé, Pogba o Lloris.

    Croacia fue mejor en la gran final, pero no tuvo ni suerte ni pegada. Eso sí, el mérito a este equipo nunca se olvidará por lo hecho en el terreno de juego. Hoy, arrinconó, dominó y le quitó la pelota a Francia. Esa cenicienta se puso la etiqueta de histórica, un equipo que nunca se va a olvidar con un impresionante Luka Modric, un todoterreno Rakitic y un poderoso Ivan Perisic que hoy, lamentablemente para su figura, pasó de héroe a villano.

    Francia se fue adelante en el Luzhniki gracias a un autogol de Mario Mandzukic tras un cobro de Antoine Griezmann. La suerte que el pasado miércoles le sonrió a Super Mario, hoy le devolvió la cara al vencer a Subotic.

    Croacia dominaba y enamoraba. Con la pelota y sin ella. Mientras tanto, Francia, mucho más conservadora, esperaba a algún latigazo que encontrara la potencia de Griezmann y de Mbappé.

    Tras el 1-0, llegó el concierto del nuevo ‘Mozart’ del fútbol, Luka Modric. El jugador del Real Madrid metió un gran centro, y como si fuera un concierto de piano, los jugadores croatas fueron tocando suavemente la pelota hasta que esta encontró la pierna izquierda de Ivan Perisic quien, con un zurdazo endiablado, mandó la pelota a guardar.

    Había justicia en el partido. Y tras unos minutos, la tecnología dictó aún más justicia. Tras un centro de Griezmann, la pelota tocó la mano de Perisic. En un inicio el argentino Néstor Pitana, de buen trabajo, no silbó nada; entonces entró por vez primera el uso del VAR en una final para confirmar una pena máxima que el propio Griezmann se encargó de marcar.

    Y en el segundo tiempo, el alirón comenzó a sonar gracias a Paul Pogba. La pegada letal de Francia llegó de la pierna izquierda del siempre polémico futbolista del Manchester United. Mbappé construyó la jugada por derecha, Griezmann le dio el timing necesario y Paul Pogba la mandó guardar para el 3-1.

    Pero había más. Francia no se conformó y dándole el mayor respeto posible al rival, lo siguipo atacando. La fiesta la terminó la nueva joya del balompié mundial, el hombre que durante la próxima década dará mucho de qué hablar: Kylian Mbappé.

    Si alguien le puede quitar el Balón de Oro a Luka Modric, ese era Mbappé. Hoy, con un imponente derechazo, que dejó estático a Subotic.

    Al final, llegó el descuento y el marcador definitivo gracias a la anotación de Mario Mandzukic –primer jugador en anotar un autogol y un gol en una final de un Mundial- tras un espantoso error de Hugo Lloris cuando intentaba salir jugando con la pelota dominada.

    El marcador no se movió más y Francia conquistó el balón, al planeta y al fútbol. Letales, acumularon su segundo título igualando a Argentina y a Uruguay con dos estrellas. Será Catar 2022 la oportunidad de ver quién le quita la corona a los galos. Será Catar 2022 cuando nos reencontremos con este especáculo inigualable llamada Copa del Mundo. Hasta ese momento.

     

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  • Fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia podría cancelar miles de casos de deportación

    La anulación de Notificaciones de Comparecencia (NTA) sin fecha ni hora, ayuda a miles de inmigrantes que batallan por permanecer en EEUU, pero también pudiera anular procesos donde el inmigrante recibió la 'green card'.

    JORGE CANCINO

     

    12 de julio del 2018- Un reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia podría dar paso a dos beneficios inesperados: la cancelación de un número indeterminado de casos de deportación y permitir que los beneficiarios obtengan la tarjeta verde de residencia permanente.

    El dictamen, que contó con la aprobación de 8 de los 9 magistrados, fue dado a conocer la tercera semana de junio. Señala que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación “no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia” en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para permanecer en Estados Unidos.

    La decisión constituyó una victoria clave para miles de inmigrantes que intentan evitar sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en Estados Unidos, explicaron abogados consultados por Univision Noticias.

    Nuevas oportunidades

    Tras revisar el dictamen, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que el fallo también puede “tener implicaciones más amplias”, señalando que, de acuerdo con informes, “abogados se han movido para terminar procesos de deportación, argumentando que las Notificaciones de Comparecencia (NTA, por su sigla en inglés) defectuosas sin una fecha y hora, son inválidas para fines de iniciar un caso de expulsión del país”.

    “La decisión también podría tener implicaciones más amplias para personas a quienes se les negó la oportunidad de solicitar la cancelación cuando se consideró que una NTA defectuosa detuvo la acumulación de presencia física, así como la reapertura de órdenes de deportación emitidas en ausencia”.

    AILA señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que, en los últimos tres años previos al fallo, “no especificaron en las NTA las fechas y los tiempos de los procedimientos”.

    Un gran inconveniente

    Pero la alegría de unos podría transformarse en pesadilla para otros miles de casos donde al final del proceso de deportación “el inmigrante obtuvo la residencia legal permanente (green card)”, advirtió Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

    “Al no ser válidas las NTA emitidas sin fecha ni hora, miles de casos ya dictaminados podrían ser anulados porque, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, las Notificaciones de Comparecencia utilizadas en los procesos que concluyeron con el otorgamiento de la green card tampoco son válidos”, precisó.

    Abogados consultados sijeron que no está claro qué sucederá con las ciudadanías obtenidas a través de residencias ganadas con NTA que la Corte Suprema dijo que eran inválidas.

    Respecto a los casos de deportación todavía abiertos y donde el inmigrante tiene dificultades para demostrar tiempo de permanencia de 10 años, Hernández dijo que “deben ser cancelados, tirados a la basura y comenzar de nuevo. Pero al comenzar de nuevo el inmigrante podrá reunir nuevas evidencias para ganar su caso”.

    “Una vez se cancela el caso, el inmigrante ya no está el proceso de deportación. Pero el gobierno le iniciará otro proceso teniendo en cuenta la fecha y la hora de la nueva NTA. Estimo que son miles los casos que se pudieran ver favorecidos, pero también miles los casos que pudieran afectarse. Todo esto está siendo revisado minuciosamente”, indicó.

    Daño colateral

    Un daño colateral no advertido fue visualizado por AILA. La anulación de miles de NTA inválidas y la emisión de nuevas notificaciones de comparecencia, tendrá un doble impacto en el calendario de audiencias de las cortes de Inmigración.

    A finales de mayo los tribunales, dependientes del Departamento de Justicia (DOJ), tenían acumulados casi 700,000 casos y algunas audiencias se estaban programando para dentro de dos o tres años.

    “Muchas personas esperan años para sus audiencias”, señala AILA. Pero previene que la anulación de las NTA causará desajustes, y las nuevas notificaciones marcarán nuevas fechas de audiencia, “información podría cambiar varias veces a medida que transcurran los años y evolucione la acumulación de trabajo, presentando además una variedad de consecuencias”.

    La asociación indicó que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “ha indicado que los tribunales de inmigración que programen audiencias solo después de que el DHS les envíe las NTA”.

    “El establecimiento de nuevas fechas de comparecencia probablemente requerirá que las dos agencias mejoren significativamente la coordinación interinstitucional y las capacidades de intercambio de información”, dijo AILA.

  • Gobierno se ve obligado a retroceder política de 'tolerancia cero': liberará a familias con grilletes electrónicos para no separarlas

    La administración Trump ha tenido que volver a regañadientes a la práctica del 'catch and release' este martes para poder cumplir con la orden de un juez federal de reunificar a las familias que han sido separadas en la frontera. Al no poder retener más padres con niños en centros de detención, van a liberarlos con dispositivos en sus tobillos para poderlos monitorear.

    UNIVISION

    LOS ÁNGELES, California. 10 de julio del 2018– Cuando se cumple el plazo que un juez federal dio al gobierno de Donald Trump para la reunificación de los niños menores de 5 años que hayan sido separados en la frontera con sus padres, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se está viendo obligado a tomar decisiones que le permitan cumplir con las órdenes de los tribunales y a la vez continuar implementando su política de 'tolerancia cero'. Lo cual parece cada vez más contradictorio.

    Esto pone en aprietos a una administracón que pretende juzgar como criminales a los migrantes que entran al país sin documentos y a la vez no separar más a los padres de sus hijos, luego de la crisis que generó la práctica de detener a los adultos y enviar a los menores de edad a centros de detención aparte de sus progenitores. Para hacerlo el gobierno pretendía detener a las familias juntas, pero este lunes una jueza federal en Los Ángeles rechazó esta petición.

    La juez de distrito Dolly Gee dijo que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal.

    La pregunta era entonces cómo haría el gobierno para cumplir con las órdenes de los tribunalessin fallar a la implementación de su agresiva política migratoria. La respuesta ahora es evidente: no puede, pues al cumplir con la reunificación tendrá que liberar a cientos de familias y volver a la práctica del 'catch and release' que tanto quiso eliminar el gobierno Trump.

    Este martes se vencía el último plazo que un magistrado de Distrito de San Diego le fijó al DHS para que devuelva a más de 100 niños menores de 5 años a sus padres. Funcionarios de la administración Trump aseguraron que 38 de 102 pequeños serían reunificados, pero hasta la tarde solo se conocía de cuatro familias reunidas, de acuerdo al diario Los Angeles Times, que cita a abogados del Departamento de Justicia y de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que fue la que encabezó la demanda en este caso.

    En la ciudad de Grand Rapids, Michigan, dos niñas y un niño que habían estado bajo custodia temporal se reunieron con sus padres hondureños en un centro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tres meses después de haber sido separados, de acuerdo a un reporte de la agencia AP.

    Los tres padres estaban "abrazándolos y diciéndoles que todo estaba bien y que nunca más se volverían a separar", dijo a la misma agencia Abril Valdes, abogada de inmigración.

    Uno de los padres, Ever Reyes Mejía, salió del centro de ICE cargando a su sonriente hijo y su mochila. A bordo de un auto, padre e hijo se alejaron de la instalación.

    Funcionarios de ICE señalaron que los reencuentros se seguirían dando a lo largo del día a las afueras de los centros de detención donde están los niños.

    "Los padres con niños menores de 5 años están siendo reunidos con tus hijos y luego liberados e inscritos en un programa de detención alternativo, lo que quiere decir que se les colocará un grillete en el tobillo y serán liberados en la comunidad", dijo a varios medios Matthew Albence, el director ejecutivo de la oficina de ICE encargada de las deportaciones.

    Albence explicó que el grillete "es una herramienta que usamos para incentivar el cumplimiento"y asegurarse de que los padres asistirán a sus citas en corte. Sin embargo, el funcionario aseguró que aunque este es el procedimiento que usarán "en general", las autoridades revisarán cómo proceder caso por caso de cada familia.

    Se calcula que los procesos migratorios de estas familias liberadas pueden tardar meses o incluso años.

    Los padres que han sido detenidos por el ICE "en su mayoría" están siendo trasladados a lugares cerca de sus hijos y las familias serán dejadas en libertad, afirmó por su parte Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, quien explicó que se publicarán los lugares de los reencuentros, pero que los niños han sido llevados a refugios en distintos puntos del país.

    El juez pidió a fiscales del gobierno que provean información sobre qué niños serán devueltos a sus padres, cuáles necesitarán más tiempo y que proponga un cronograma de reunificación de los niños aún separados, pues habrá algunos a los que tomará más tiempo reunir con sus familias.

    Decenas deberán esperar por la complejidad de sus casos, especialmente porque el gobierno ya deportó a sus padres a sus países de origen y otro grupo de progenitores fue liberado tras ser arrestado por las autoridades migratorias y no ha podido ser localizado en suelo estadounidense.

    De los 102 menores, 14 no son elegibles para la reunificación porque sus padres tienen graves antecedentes penales o el ADN no probó que fueran los hijos de quienes dicen ser sus padres.

    La solución de Trump

    El presidente Donald Trump aseguró este martes que la solución para el problema de cómo el gobierno cumplirá con el plazo judicial para reunificar a familias migrantes separadas es "que no vengan a este país ilegalmente".

    Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una cumbre en Europa, Trump respondió a preguntas sobre el tema diciendo: "Esa es la solución, que no vengan a este país ilegalmente, que vengan como hacen otros, legalmente".

    El mandatario también criticó a los demócratas que han pedido eliminar ICE, afirmando que ello demuestra que "quieren fronteras totalmente abiertas y no les importa la criminalidad".

  • Sentencias exprés y entrevistas en un garaje: arrancan en California los juicios masivos de inmigrantes

    Más de una década después de su puesta en marcha, la Operación Streamline llega a las cortes fronterizas de California. Los abogados públicos y activistas alertan de los riesgos de juzgar a los inmigrantes en grupo.

    DAMIÀ S. BONMATÍ

    9 de julio del 2018- Las autoridades llevan a los inmigrantes a un antiguo garaje en un edificio federal de San Diego, allí se entrevistan brevemente con los abogados de oficio, cruzan una plaza pública encadenados, llegan a la corte federal criminal y son juzgados en grupo.

    Con escenas como esta, la Operación Streamline llega a San Diego, California, el estado donde se puso en marcha este lunes para agilizar los juicios en la frontera por entrada ilegal al país.

    Magistrados y abogados defensores se resistieron por más de una década a implantar ese sistema de procesamiento en California pero el Departamento de Justicia, liderado por Jeff Sessions, lo puso finalmente ahora en marcha.

    Bajo la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump, hay muchos más indocumentados a los que imponen cargos criminales cada día en cada zona de la frontera sur.

    Estos juicios exprés permiten a las autoridades procesar a los extranjeros más rápido, sin detenerlos en la cárcel antes de la audiencia y enviándolos antes a los centros de detención de inmigrantes. En la corte, decenas de indocumentados pueden comparecer en grupo ante el juez: les leen los derechos, les preguntan si se declaran culpables o inocentes, y les sentencian en cuestión de una o dos horas, incluso en cuestión de minutos.

    Tanto los abogados públicos como los grupos proinmigrante advirtieron de las conscuencias negativas de la llegada de la Operación Streamline a California.

    "Es un proceso increíblemente coercitivo para que los inmigrantes se declaren culpables", explicó a Univision Noticias la abogada pública Norma Aguilar, que defendió a inmigrantes en la corte de San Diego este lunes. Explica que la gran mayoría de indocumentados se declaran culpables de entrada ilegal para evitar así estar por semanas en prisión.

    En el primer día de Operación Streamline en la corte de San Diego llegaron para ser procesados conjuntamente 41 indocumentados, según la abogada Aguilar.

    En estas últimas semanas, se han presenciado juicios masivos en la frontera con unos 50, 60 y hasta 80 inmigrantes sentados en bancos, equipados con audífinos de traducción y sentenciados en cadena. Pese a que no se puede acceder con cámara ni celular a las cortes, causó impactó una imagen filtrada de una audiencia masiva en Texas.

    En San Diego, decenas de personas protestaron la semana pasada en contra de la Operación Streamline. La organización Mijente fue una de las que alzó la voz, porque considera que estas audiencias "van en contra del debido proceso de los detenidos", según dijo su directora de políticas, Tania Unzueta, a Univision Noticias.

    Para Unzueta, los inmigrantes tienen muy poco tiempo para hablar con los abogados públicos y tienden a declararse culpables para evitar la prisión.

    Este programa federal empezó el 16 de diciembre de 2005 en Del Río, Texas, y se fue extendiendo a otros sectores de la frontera bajo los gobiernos de George Bush hijo y de Barack Obama, aunque nunca llegó a la cortes de California, como contó el periodista Jorge Cancino cuando la Operación Streamline cumplió 10 años.

    Kelly Thornton, portavoz del fiscal general en el sur de California, dijo a Univision Noticias que evaluaron cómo funcionaba la operación en otros puntos de la frontera y decidieron implementarla también en el área de San Diego. Desde este lunes 9 de julio, suman a "un magistrado adicional en rotación para ocuparse de los casos de inmigración menores" y a la vez cumplir con la Operación Streamline "de manera que proteja los derechos constitucionales de los defendidos".

    Los inmigrantes que son sentenciados por entrada ilegal enfrentarán un delito grave y –muy probablemente– días de cárcel si cruzan de nuevo la frontera sin autorización.

  • Turbas del gobierno de Ortega arremeten contra la iglesia católica y hieren a un obispo

    El cardenal de Nicaragua, el nuncio papal y un obispo prominente fueron algunos de los atacados por policías y paramilitares sandinistas en la basílica San Sebastián de Diriamba. Esto representa el quiebre total de Ortega con la iglesia católica, con la que había mantenido una relación tensa pero cercana.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

    MANAGUA, Nicaragua. 9 de julio del 2018- Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua partieron la mañana de este lunes a la ciudad de Diriamba, ubicada a 40 kilómetros al sur de Managua, a intentar pacificar la ciudad, agobiada desde el día anterior por las balas de la Policía Nacional y paramilitares asociados al gobierno de Daniel Ortega. Los ataques del domingo dejaron once muertes confirmadas, decenas de heridos y desaparecidos.

    La misión religiosa era encabezada por el nuncio vaticano Waldemar Stanilaw Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio José Báez. La autoridad moral que imponen sus sotanas en este país fue irrespetada por las turbas sandinistas, quienes los asediaron e hirieron a Báez con una cuchilla en su brazo derecho.

    Monseñor Báez es una de las voces más críticas contra el gobierno de Ortega en la Conferencia Episcopal, pionero del uso de las redes sociales entre los religiosos, y un referente nacional en medio de esta crisis socio política que suma más de 320 muertos, según organismos de derechos humanos.

    Los paramilitares —armados con pistolas— y las turbas mantenían sitiada la basílica de San Sebastián, en Diriamba. Adentro del templo yacían heridos producto de la represión, curas y médicos voluntarios que, básicamente, estaban secuestrados. Los obispos anunciaron su gira a Diriamba para mediar entre las partes, como lo hicieron el pasado 21 de junio de forma exitosa en la ciudad de Masaya.

    Sin embargo, esta vez los paramilitares y las turbas no se escondieron como en Masaya. Algo había cambiado. El presidente Ortega amenazó indirectamente a los obispos católicos el pasado sábado, cuando radicalizó su posición frente a la crisis: el mandatario no adelantará elecciones al primer trimestre de 2019, como piden los sacerdotes, y dejó claro su aferramiento al poder.

    “Cristo nunca dijo: 'mata a tu hermano'. (...) Cristo dijo ama a tu hermano como a ti mismo, y eso es lo que tenemos que practicar los nicaragüenses, y eso es lo que deben de practicar todos sin excepción, incluso aquellos que lanzan maldiciones y nos sentencian a muerte en nombre de instituciones religiosas. ¡Incluso ellos!”, amenazó el mandatario.

    La declaración fue asimilada al pie de la letra por las turbas sandinistas. Este lunes por la mañana arremetieron especialmente contra el obispo Báez. “¡Asesino, asesino, asesino!”, le vociferaban. Las turbas acusaban a los religiosos de ser “malditos mentirosos” y “cómplices de los vándalos (ciudadanos en rebelión)”.

    Agresión y robo a periodistas

    Los obispos se refugiaron en la sacristía basílica de San Sebastián, pero fue en vano. Las turbas arremetieron contra ellos incluso dentro del templo. Al ataque se unieron los paramilitares quienes agredieron y robaron a varios periodistas independientes. El reportero Jackson Orozco, de 100% Noticias, fue golpeado brutalmente en la nariz. Quedó ensangrentado.

    El camarógrafo del prestigioso programa Esta Semana, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, fue golpeado para despojarlo de la cámara. Igual fueron saqueados equipos del diario La Prensa, Canal 12, Canal 23, y al equipo de AFP.

    “Me amenazaron y me golpearon. Estaba a la par de monseñor Báez y busqué refugio en él, pero también lo estaban golpeando”, relató Orozco a Univision Noticias. El reportero señaló que las turbas lo acosaron desde antes del inicio del ataque, ya que su estación televisiva ha sido blanco recurrente del gobierno al transmitir en vivo la represión durante estos meses.

    El obispo Báez denunció la herida sufrida desde Diriamba y, de inmediato, regresaron a Managua. Los religiosos arribaron a la catedral metropolitana y se dirigieron a orar ante el altar del Santísimo. Báez lloraba y el resto del clero estaba visiblemente conmocionada.

    “Logramos sacar a quienes estaban como rehenes en Diriamba para que puedan recibir atención médica de forma justa. Lo que hemos sufrido los obispos es nada comparado a lo que sufre Nicaragua”, dijo Báez. “Fui víctima de una agresión física y verbal. Es lamentable”.

    Repensarán si seguirán como mediadores

    La Conferencia Episcopal, a través de monseñor Báez, había expresado que repensarían si seguirán como mediadores del diálogo nacional ante la falta de voluntad política de Ortega para discutir el adelanto de elecciones y la democratización de Nicaragua. Con la agresión de este lunes, la postura de la iglesia católica podría variar. Después de rezarle al Santísimo, los obispos sostuvieron una reunión en catedral aún con las sotanas manchadas de sangre y mugre.

    José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia, dijo que tras la radicalización de Ortega y el ataque contra los obispos, esperarán a ver la postura de los religiosos de continuar o no el diálogo con el gobierno.

    Mientras los obispos llegaban a Managua, la basílica de San Sebastián y la iglesia de Jinotepe, ciudad vecina a Diriamba, fueron saqueadas por las turbas sandinistas.

    “El señor Ortega puede decir cualquier cosa, nosotros estamos con el pueblo. Ortega desde la década de los ochenta ha sido perseguidor de la iglesia”, dijo a Univision Noticias Edwin Román, el sacerdote de la iglesia San Miguel de Masaya, quien ha tomado relevancia al estar en medio de la represión ayudando a los heridos. Román estuvo presente este lunes en Diriamba y lamentó que en las agresiones haya estado involucrado “el ministro de Dios en la tierra, el representante del papa Francisco en Nicaragua, el nuncio Waldemar”.

    Este ataque directo a los obispos “nunca había sucedido en Nicaragua”, señaló el cardenal Leopoldo Brenes. El único episodio parecido fue la afrenta sandinista a San Juan Pablo Segundo en marzo de 1983, cuando los sandinistas interrumpieron la misa del pontífice en plaza pública, en medio del conflicto de la guerra fría. Los sandinistas gritaron aquella vez “queremos la paz” al fallecido Papa polaco. 35 años después, los partidarios de Ortega volvieron a gritarles a los obispos católicos la misma consigna mientras los paramilitares mantenían sus fusiles alzados.

    Esto representa el quiebre total del gobierno de Ortega con la iglesia católica, institución con la que había mantenido una relación tensa pero cercana a través del recién fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo. La postura de la iglesia demandando a Ortega el anticipo de elecciones y la condena de la violencia paramilitar y policial ha fracturado la relación, pese a que el gobierno sandinista actual se define como “cristiano” y recurre en su narrativa a la religiosidad católica.

    “Hemos ido a las parroquias no para hacer violencia, no sino para consolar a nuestros sacerdotes. Para acompañarlos en el sufrimiento”, reclamó el cardenal Brenes. “Sin embargo, hemos recibido esa agresión. Y todo lo sufrimos por Cristo, que bien nos dice hoy que la fuerza se realiza en la debilidad. Verdaderamente nos sentíamos débiles frente aquella agresión, pero allí está la palabra del señor: Te basta mi gracia, te basta mi fuerza”.

  • Hambre, miedo, desesperación: lo que dejan las redadas de ICE en las familias afectadas

    La política de arrestos está dejando familias separadas en las que se ha instalado el temor y las dudas sobre cómo seguir viviendo en Estados Unidos. En algunos casos, niños estadounidenses se han quedado sin comida, ropa y sin ir al colegio tras el arresto de uno de sus padres.

    UNIVISION Y AP

    9 de juliod el 2018- Brandon Tomás Tomás tardó una década en establecerse en Estados Unidos: una esposa, un empleo estable y cinco hijos nacidos en suelo estadounidense. En solo 20 segundos, esa vida se desvaneció.

    Un agente de inmigración que esperaba a otra persona lo vio y le hizo una pregunta inofensiva: “¿Cómo estás?“. Entonces le pidió la documentación. En un instante, este guatemalteco de 33 años llevaba grilletes, estaba detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y se dirigía a prisión y a una probable deportación.

    A muchas millas de la frontera entre México y Estados Unidos, las autoridades están separando a familias en allanamientos contra inmigrantes en sus propias casas y lugares de trabajo, realizados en nombre de la seguridad nacional. La mayoría de estos cateos pasan desapercibidos fuera de las comunidades afectadas, pero son una parte crucial de la amplia represión migratoria del gobierno de Donald Trump, que está provocando un aumento de las detenciones, especialmente de gente sin antecedentes penales.

    Durante un lapso de dos días en cinco localidades en el norte de Kentucky, los agentes vigilaron las viviendas antes del amanecer, detuvieron a los hombres que se dirigían a sus trabajos y acudieron a almacenes como en el que Tomás trabajaba desde hacía más de un año. Según los datos del ICE, 20 hombres y dos mujeres fueron detenidos en este tiempo.

    De forma silenciosa, se desató una crisis.

    Las familias, que apenas llegan a final de mes, perdieron a su único sustento económico. Sus esposas no sabían cómo contratar un abogado o pagar las fianzas. Voluntarios les hicieron llegar dinero en efectivo para pagar las facturas. Los niños necesitaban comida, ropa e ir al colegio, y una consejera escolar dijo que tres alumnos acudieron a ella para hablar sobre el suicidio.

    Todavía estaba oscuro afuera el día del mes de diciembre en que un auto se paró cuando Edgar Pérez Ramírez cuando se dirigía a su trabajo. Al principio, los agentes del ICE le preguntaron por otra persona. Después se interesaron por su estatus legal, se enteraron de que no tenía permiso de residencia y lo llevaron a prisión.

    Inmediatamente después, su pareja, Carmelinda, dejó de salir del departamento para comprar comida. Su hijo de cuatro años, Franco, no acudió al jardín de infancia durante 15 días porque tenía miedo de llevarlo. En un primer momento le dijo al pequeño que su padre se había ido a trabajar, pero después el niño comenzó a preguntar por qué no regresaba.

    Seis semanas más tarde, un juez de inmigración decretó su libertad bajo fianza porque no tenía antecedentes. Sus hermanos y amigos pagaron los 2,000 dólares necesarios.

    La mayoría de los días, Carmelinda se queda encerrada en su casa con su hija de año y medio, demasiado atemorizada como para salir a comprar o tomar el autobús. Pérez encuentra trabajo donde puede, pero dice que sigue teniendo miedo.

    Operaciones como estas no son nuevas: el ICE llevó a cabo al menos cuatro operativos similares en Kentucky durante el gobierno de Barack Obama, que en sus comienzos detuvo a más personas al año que el de Trump hasta el momento. Hacia el final del mandato de Obama, el ICE recibió instrucciones para priorizar el arresto de personas que habían cometido delitos graves, que estaban consideradas amenazas para la seguridad nacional o que recibieron una orden para abandonar el país por violaciones de inmigración.

    Una orden ejecutiva firmada por Trump alteró estas prioridades, declarando que cualquier migrante que estuviese en el país de forma ilegal era objeto de arresto.

    “¿Me siento mal por la difícil situación de algunas de estas personas?”, se preguntó Thomas Homan, director interino del ICE hasta su reciente jubilación, en una entrevista con The Associated Press. “Claro que sí. Soy humano. Soy padre. Pero tengo un trabajo que hacer”.

    Pero incluso los defensores de esta política se plantean si los allanamientos merecen la pena dado el sufrimiento que se ve incluso ahora.

    “Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque seguimos lidiando con cuatro o cinco familias que realmente no tienen una persona que lleva el pan a casa”, dijo Don Sherman, de la Coalición de la Dignidad del Inmigrante, que encuentra a abogados para llevar estos casos y entrega tarjetas regalo para comprar comida a las familias afectadas.

    Según su recuento, los detenidos en Kentucky tienen 19 hijos y la mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses.

    La mayor parte de las familias tienen pocas esperanzas de volver a encontrarse aquí, así que han comenzado a pensar en un futuro fuera de Estados Unidos.

    Alma Vázquez es la esposa de Tomás. Él es de Guatemala y ella de México y se conocieron trabajando en un restaurante brasileño.

    Sus cinco hijos nunca han estado ni en México ni en Guatemala. En cualquiera de los dos países, podrían ser objetivo de las pandillas que asumen que quieren retornan de Estados Unidos tienen dinero. Pero para Vázquez, recuperar a su esposo y mantener a su familia junta es todo lo que importa.

    “Les digo que es nuestro turno porque su padre se va irá. Si quieren estar con su padre, tienen que ir con él”, señaló.

     

  • Trump abrió la puerta para deportar a cualquier inmigrante con o sin papeles en EEUU

    A la lista de prioridades, el nuevo reglamento permite agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluye a inmigrantes legales que por alguna razón perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

    JORGE CANCINO

    7 de julio del 2018- El 25 de enero del año pasado, cinco días después de instalarse en la Casa Blanca, Donald Trumpfirmó la Orden Ejecutiva 13768 sobre las jurisdicciones o ciudades santuario. En ella, el mandatario estableció nuevas prioridades de deportación y decretó que la permanencia indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional.

    Con este paso, el gobierno colocó a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se cree viven en Estados Unidos, algunos establecidos desde hace más de dos décadas y sin antecedentes penales, en la mira de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

    Un año y medio más tarde, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) anunció la nueva política para el envío de Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés), documento que, al ser emitido, inicia de inmediato un proceso de deportación.

    En pocas palabras, en la primera semana de julio, el gobierno de Trump abrió la puerta para deportar a cualquier inmigrante con o sin documentos de permanencia legal, incluso a aquellos con residencia legal permanente (green card) si les niegan el trámite de naturalización (ciudadanía) por no tener un “buen carácter moral”.

    La nueva política que norma la emisión de citatorios de comparecencia (NTA) fue publicada el 5 de julio y entró en efecto de inmediato. El documento, explicó la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), se convierte en la “guía” para expedir el Formulario I-862 (Notificación de Comparecencia), de acuerdo con las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), fijadas el 25 de enero del año pasado.

     

    Las prioridades

    Las prioridades de deportación fijadas y ampliadas por Trump se basaron en las Secciones 212(a)(2)(a)(3), (a)(6)(C), 235, 237(a)(2) y (4), y también en las Secciones (8 U.S.C. 1182(a)(2)(a)(3), (a)(6)(C), 122, 1227(a)(2) y (4) de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA).

    De esta manera, el gobierno determinó que los siguientes extranjeros integran la categoría de deportables:

    -Quienes hayan sido condenados por cualquier delito;

    -Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto;

    -Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable;

    -Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental;

    -Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos;

    -Quienes estén sujetos a una orden final de deportación, y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o

    -Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

     

    Procesos de deportación

    A la lista de prioridades, el nuevo reglamento permite agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluye a inmigrantes legales que por alguna razón perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos y el gobierno estima que, al ser excluidos de un beneficio migratorio, se convierten en deportables.

    ¿Qué delitos convierten en inadmisible o deportable a un inmigrante? La Sección 212 de la INA citada en la Orden Ejecutiva 13768, incluye a cualquier extranjero que:

    - Hubiese estado presente ilegalmente en Estados Unidos por un período mayor de 180 días, pero menor de 1 año, y haya partido voluntariamente de los Estados Unidos [sea o no en conformidad con la Sección 244(e)] previo al comienzo de los procedimientos bajo la Sección 235(b)(1) o la Sección 240, y vuelva a solicitar el ingreso dentro de los 3 años de la fecha de partida o remoción; o 

    - Haya estado presente ilegalmente en los Estados Unidos por un año o más, y quien de nuevo vuelve a solicitar admisión dentro de los 10 años de la fecha de partida o remoción de los Estados Unidos de dicho extranjero, es inadmisible.

    Esta sección corresponde a la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años y afecta a la gran mayoría de los que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, excepto aquellos que llevan menos de 180 días sin papeles.

    La sección incluye a:

    -Inmigrantes que entraron sin autorización al país,

    -Inmigrantes que entraron legalmente y se quedaron en el país más allá del plazo permitido por sus visas.

     

    Las excepciones

    La Sección 212 explica que la interpretación de presencia ilegal excluye a:

    -Menores de edad (menores de 18 años)

    -Asilados que tengan una solicitud pendiente de resolución

    -Mujeres y niños maltratados

    -Víctimas de alguna forma severa de tráfico de personas

     

    Faltas imperdonables

    Otras faltas que colocan en serio riesgo a un inmigrante:

     -Tener cargos por tráfico de drogas

    -Haber sido condenado por tráfico de drogas o sustancias controladas

    -Haber sido colaborador, cómplice, asistente, conspirador o confabulador de tráfico ilícito en posesión de cualquier sustancia controlada o que se encuentre en el listado, o cualquier intento del mismo;

    -Ser esposo(a), hijo(a) de un extranjero inadmisible bajo la cláusula (i), haber obtenido, dentro de los 5 años previos algún beneficio económico o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de alguna actividad ilícita de ese extranjero, a sabiendas de que el beneficio económico o cualquier otro beneficio era producto de dicha actividad ilícita.

    Después de la NTA

    -El inmigrante recibe el Formulario I-862 en sus manos, a través de la oficina de correos o por medio de su abogado. El documento debe explicar los actos o conductas supuestamente en violación de la ley y los cargos que le formula el gobierno, indicando las leyes que está violando.

    -El extranjero puede ser representado por un abogado.

    -El gobierno debe otorgarle un período de tiempo para obtener un abogado.

    -Debe proporcionarle una lista de abogados si no tiene uno que lo represente. Pero lo paga el inmigrante.

    -Si el extranjero cambia de dirección, debe notificarlo al fiscal, así como un número de teléfono.

    -El inmigrante debe ser informado sobre el día, hora y lugar de comparecencia.

    -Cualquier cambio en la corte será notificado por escrito al inmigrante.

     

    Consejo legal

    Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que bajo la nueva política, todo inmigrante que tenga un caso de inmigración pendiente “debe asegurarse de que el gobierno tenga su dirección correcta”.

    “Si el servicio de inmigración le niega un caso y le envía una NTA y usted no se presenta a la corte, cuidado que el juez inmediatamente le emitirá una orden de deportación en ausencia”, indicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

    Guerrero dijo además que, “si recibe la orden de comparecencia, lo primero que debe hacer es buscar un abogado para estudiar las opciones que tiene y batallar por sus derechos de permanencia”.

    “No olvide que, aunque esté legal en el país, si le niegan por ejemplo la ciudadanía porque tiene una falta que lo hace deportable, pueden citarlo para iniciarle un proceso de deportación”, indicó Guerrero. “Eso obliga a todos a estar muy pendientes de sus casos”.

    En el caso de aquellos indocumentados que no tienen casos pendientes y el gobierno no sabe de ellos, Guerrero dijo que “no recibirán un citatorio para que se presenten a la corte. Pero al momento en que sean detenidos por la policía o cualquier encuentro con las autoridades y descubran que es indocumentado, en ese momento le entregarán una notificación de comparecencia para iniciar el proceso de deportación”, indicó.

     

  • El 'Penta' se topó con el ‘caballo negro’: Bélgica echó a Brasil de Rusia 2018

    Con tres auténticos demonios en la ofensiva y una contención de élite, la Bélgica de Roberto Martínez ya está en semifinales.

    UNIVISIONDEPORTES.COM

    6 de julio del 2018- Dicen que el fútbol no es de merecer y también que la justicia pocas veces aparece en el rectángulo verde. Lo cierto es que hoy, en Kazán, ambas comenzaron con razón y las dos terminaron exhibidas en el triunfo de 2-1 de Bélgica sobre Brasil.

    Neymar y compañía comenzaron a tambor batiente y cerca se quedaron de abrir el marcador en una pelota parada en la que Miranda peinó, la pelota le rebotó a Thiago Silva y luego se estrelló en el poste ante el grito ahogado de los más de 15 mil brasileños en el estadio.

    Bélgica intentó responder en la contra pero encontraría la llave en la misma pelota parada.

    Llegó un tiro de esquina por la banda derecha. Vincent Kompany anticipó y la pelota se volvió de todos y de nadie, Fernandinho la desvió y se fue al fondo para abrir el marcador antes de los 15 minutos y desatar las dudas de si era merecido o no.

    Entonces Brasil apretó pero apreció otra joya belga. Si el juego de Lukaku y Fellaini ya era sobresaliente, venía entonces Courtois. El portero belga le atajó un disparo a Marcelo, sacó otro disparo de media distancia de Coutinho y hasta tuvo reflejos para rechazar un desvío de su defensa. Una muralla llamada Thiabaut.

    Vino entonces el segundo golpe. La corpulencia de Lukaku inició un contragolpe de libro. El del Manchester United llevó la pelota con tal clase que daba gusto verlo correr y correr hasta que abrió para De Bruyne quien acarició la pelota ante la complacencia de Marcelo para mandarla al fondo y poner otro manotazo en la mesa. Era el inesperado pero ya ni tan inmerecido e injusto 2-0.

    Lo de los Diablos era contundente, incontestable y hasta admirable.

    Y sí, llegó entonces el embate de Brasil al comienzo del segundo tiempo, embate que incluyó el ingreso de Firmino por un desaparecido William y que cerca estuvo de rendir frutos aunque lejos se quedó. Si acaso una polémica jugada dentro del área que se revisó desde la cabina del VAR y nada más.

    Un cambio más con el ingreso de Douglas Costa y la salida de Gabriel Jesus que apenas tuvo una ligera aproximación en él área con un cabezazo, pero faltaba la variante que de verdad incidiría en el marcador y resultaría productivo.

    Renato Augusto entró por Paulinho y minutos después llegó el descuento, con un pase de ‘seda’ de Coutinho y un mejor cabezazo del volante de la Liga china, aunque también dejó ir la oportunidad que significó el empate y que el 8 de Brasil echó por la borda.

    Tanto Renato como Firmino y Coutinho tuvieron el empate en sus botines pero o la pelota se fue a la tribuna o Courtois seguía con su espléndida cátedra bajo los tres postes hasta que el tiempo se consumó ante una Bélgica que dejó el cuerpo y el alma en la cancha para instalarse entre los cuatro mejores del orbe.

     

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