Indianapolis, Indiana. .
January 24, 2019

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Dos sospechosos más han sido detenidos por el asesinato de Lesandro 'Junior' Guzmán-Feliz, de 15 años, el mes pasado. Uno de ellos ha sido identificado como un miembro de alto rango de la banda callejera de la ciudad de Nueva York, dijo la policía.

UNIVISION

4 de julio del 2018- Diez presuntos miembros de la pandilla 'Los Trinitarios' ya están bajo arresto por la muerte de Lesandro "Junior" Guzmán-Feliz. Están acusados de arrastrar al joven desde una bodega en la calle 183 Este en la noche del 20 de junio y matarlo a golpes con un machete.

Seis de los pandilleros, con edades entre los 19 y 29 años fueron extraditados a Nueva York desde el vecino estado de Nueva Jersey- y acusados de asesinato en primer y segundo grado, homicidio no premeditado y agresión en pandilla, cargos de los que se declararon no culpables.

Dos miembros de la banda fueron detenidos este pasado martes. Uno de ellos, Diego Suero, de 29 años, es un reconocido líder de la pandilla y fue quien presuntamente ordenó el ataque contra Guzmán-Feliz. El pandillero enfrenta cargos de asesinato, homicidio involuntario, asalto a pandillas y posesión criminal de un arma. Suero también fue acusado de conspiración. El otro es Gabriel Ramirez Concepcion, de 26 años de edad.

Los otros ocho sospechosos, que se han declarado inocentes, son: José 'Canelito' Muniz, 21, Elvin García, 23, José Taverez, 21, Manuel Rivera, 18, Danel Fernández, 21, Joniki Martínez, 24, Santiago Rodríguez, 24, y Kevin Alvarez, 19.

'Los Trinitarios' son una peligrosa pandilla nacida a finales de los años ochenta en las cárceles de Nueva York. En el último mes han adquirido notoriedad por estar vinculados a tres ataques a adolescentes que han ocurrido en el Bronx en solo dos semanas.

"Ha habido varios incidentes por la ciudad que involucran a 'Los Trinitarios'", sostuvo el jefe de la policía de Nueva York, James O'Neill, en CBS News. Se refería al ataque con machetes que acabó con la vida del dominicano Lesandro 'Junior' Guzmán-Feliz y de otro joven de 14 años que está en estado crítico.

A Guzmán-Feliz lo asesinaron al confundirlo con otro joven, según trascendió a los medios, que recogen el mensaje de un presunto líder de 'Los Trinitarios' a la familia disculpándose por el error.

La segunda víctima es un joven de 14 años que se encuentra en estado crítico tras sobrevivir a una agresión con machete por parte de un grupo de más de 10 jóvenes, también en El Bronx. El menor, de origen puertorriqueño, fue apuñalado once veces y perdió un riñón. El ataque se produjo dos días antes del de 'Junior'.

Otro joven fue apuñalado en El Bronx antes que el dominicano Jr, la policía cree que fue la misma banda

En otro incidente separado, la policía arrestó la semana pasada a Missael Alvarez, de 16 años, a quien identifica como miembro de la misma pandilla, y quien fue acusado de agresión e intento de robo, según publicó este viernes New York Post.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) les pide tomar la decisión de ser deportados solos o quedar detenidos mientras continúan los procesos de deportación de los menores.

JORGE CANCINO

4 de julio del 2018- El gobierno del presidente Donald Trump ofrece dos caminos a los padres separados de sus hijos en la frontera y que tienen orden final de deportación: ser reunificados y expulsados juntos del país o ser reunificados y esperar hasta que ellos concluyan sus procesos migratorios.

Las alternativas aparecen en un documento de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) titulado Formulario de Deportación para Padres Separados ( Separated Parent’s Removal Form), elaborado en base a la orden emitida por un juez federal del sur de California el pasado 26 de junio.

El dictamen dio un plazo de 14 días (hasta el 10 de julio) para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reunifique a los padres con sus hijos menores de cinco años que fueron separados en la frontera tras formularles cargos criminales por ingreso ilegal al país.

El fallo también otorgó un plazo de 30 días (hasta el 26 de julio) para reunificar a los padres de hijos mayores de cinco años.

Las separaciones se registraron en cumplimiento de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump en la frontera, ocurridas entre el 9 de mayo y el 19 de junio. El gobierno reconoció haber separado a 2,575 menores.

Paso clave

ICE dijo a Univision Noticias que en el proceso de reunificación, conforme el mandato emitido por la corte, “se les pide a los padres bajo custodia de la agencia y que están sujetos a una orden final de deportación, que tomen una decisión sobre sus deportaciones con o sin sus hijos”.

“El formulario explica claramente que los padres tienen la opción de reunirse con sus hijos en el momento de la deportación o pueden elegir, en el momento del traslado, no reunirse con ellos”, indicó Jennifer D. Elzea, vocera de ICE.

La funcionaria agregó que “en caso de que un padre tenga una orden final de deportación y cuyo hijo (o hijos) aún no ha recibido una orden final de deportación, serán los padres quienes decidan si regresa con o sin él” a su país de origen, agregó.

Elzea señaló que, de acuerdo con registros de la agencia, “no es raro que los padres tomen la decisión de partir sin su hijo”.

Solo o acompañado

El protocolo elaborado por el gobierno para cumplir con el mandato de la corte señala además que, si un padre decide regresar a su país de origen con el niño, “ICE trabajará para lograr este resultado”.

Elzea indicó que, “cuando un niño está bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), “ICE, junto con la ORR trabajarán para reunir al padre y al niño, y también con el consulado para ayudar al padre a obtener un documento de viaje para el menor”.

En caso que un padre que elige no ser deportado con su hijo, “puede optar porque la ORR gestione la liberación del menor y lo entregue al otro padre (o madre), tutor o patrocinador que haya sido aprobado por la ORR”, precisa la agencia.

La vocera aseguró que “ICE no interfiere en la decisión de los padres de permitir que el niño permanezca en Estados Unidos para continuar con su reclamo legal” dentro del debido proceso migratorio.

Pedido de asilo

En cuanto al derecho a solicitar asilo, un camino no esclarecido en el protocolo de reunificaciónde familias fechado el 23 de junio publicado en respuesta a la orden ejecutiva de Trump que puso fin a las separaciones en la frontera, ICE dijo que, si bien “los padres con orden de deportación final pueden elegir ser deportados con o sin sus hijos, ninguna de estas opciones influye en la elegibilidad del extranjero para solicitar protecciones disponibles bajo la ley”.

"A una persona que ha recibido una orden final de deportación, ya se le ha otorgado la oportunidad de mostrar o expresar miedo de regresar a su país de origen”, dijo Elzea.

El factor miedo es clave para iniciar un proceso de asilo. “La ‘entrevista de miedo creíble’, que la realiza un agente de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), consiste en una especie de interrogatorio de lo que le ha sucedido a la persona en su país y si ha sido perseguido, torturado, etc.”, explica Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que fue fiscal de inmigración durante más de 15 años.

“Si el agente de asilo determina que la persona tiene miedo creíble, entonces recibe una audiencia ante un juez de inmigración, donde podrá solicitar asilo en Estados Unidos”, agrega.

“’La entrevista de miedo creíble’ con el agente de la USCIS es clave y, quizás, el momento determinante sobre su futuro inmediato en Estados Unidos”, explica el libro ‘Inmigración: las nuevas reglas, una gruía de Univision’.

“Decisión difícil”

El formulario de ICE “demuestra que el gobierno está acatando la orden de la corte federal del distrito sur de California”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami, Florida. “ Se trata de una decisión difícil, muy personal en que los padres tienen que evaluar cuidadosamente”, agregó.

Guerrero dijo además que “estar con los hijos es bueno para el bienestar de los niños, pero estos permanecerán detenidos hasta que se termine el proceso migratorio de los pequeños”.

El protocolo de ICE “habla solo de la liberación de los niños y no de los padres”, advierte. “De lo contrario, todos los padres elegirían quedarse a ver si los liberan junto con sus hijos. Pero eso no es posible, porque los padres tienen una orden final de deportación”.

El lunes el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), urgió en Texas, tras una visita a un centro de detención de menores junto a otros cinco religiosos, para que avance en los pasos que “ya ha comenzado a dar” hacia la reunificación familiar. “ Los niños necesitan ser reunidos con sus padres, es urgente; debe hacerse, se está haciendo, pero hay complicaciones”, apuntó.

Trump apura el paso

Además del formulario, el DHS trabaja a marcha forzada para cumplir con la orden de tribunal y llevar a cabo las reunificaciones.

Univision Noticias conoció que el fin de semana ICE trasladó varios padres separados de hijos menores de cinco años, luego que sus casos de asilo fueron rechazados por los jueces de inmigración.

Cuando una petición de asilo es negada, el solicitante recibe una orden de deportación.

En principio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iba a reunificar a los menores en las ciudades donde permanecían los padres bajo la custodia de ICE, pero debido a la negativa de las líneas aéreas de llevar niños separados en la frontera, en protesta por la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump, optó por trasladar a los padres a las ciudades donde fueron enviados los niños luego de serle quitados a sus progenitores y entregados al cuidado del HHS.

De los 2,575 menores que el DHS reconoció haber separado, no se sabe cuántos de ellos tienen menos de cinco años. El lunes, la embajada de El Salvador dijo a Univision Noticias que, de acuerdo con sus indagatorias, 145 de esos menores son ciudadanos de ese país centroamericano.

El juez federal Dana Sabraw, que ordenó la reunificación de los niños con sus padres el 26 de junio, determinó que las separaciones, parte de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera ordenada por Trump, había generado una “situación que llegó a un nivel crítico” y describió la separación de familias como una “circunstancia caótica generada por el propio gobierno”.

En un informe bipartidista de siete páginas, los senadores respaldaron las conclusiones de la comunidad de inteligencia y concluyeron que el presidente ruso sí ordenó influir en las elecciones en las que resultó electo Trump. Sin embargo, el Comité sigue investigando la interferencia.

UNIVISION

3 de julio del 2018- El Comité de Inteligencia del Senado dio a conocer este martes un informe bipartidista de siete páginas con conclusiones preliminares que demuestran que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sí ordenó interferir en las elecciones presidenciales de 2016, en las que resultó electo Donald Trump. A pesar de haber divulgado este documento, las investigaciones de este organismo continúan.

"Las metas de Rusia eran debilitar la confianza pública en el proceso democrático en Estados Unidos, denigrar a la secretaria (Hillary) Clinton y dañar su potencial elección y presidencia. Evaluamos más a Putin y el gobierno ruso desarrolló una clara preferencia por el presidente electo Trump", se lee en el documento.

También determinaron que Putin y su gobierno buscaban ayudar a Trump "al desacreditar a la secretaria Clinton y compararla desfavorablemente frente a él".

Aunque el documento fue dado a conocer, en sus primeras líneas asegura que la investigación bipartidista sobre la interferencia rusa en las presidenciales sigue en curso con información que fue producida por la comunidad de inteligencia –conformada por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI)– bajo las órdenes del entonces presidente Barack Obama. Estuvo listo a principios de enero de 2017, poco antes de que Trump entrara en la Casa Blanca.

Explica que quienes elaboraron el documento solicitado por el expresidente son analistas que "no estuvieron bajo presión política para llegar a esas conclusiones".

El Comité de Inteligencia señala además que Rusia llevó a cabo operaciones cibernéticas contra personas específicas de ambos partidos y grupos de lobistas. Confirman que en julio de 2015 la inteligencia del Kremlin tuvo acceso a las redes y servidores del Comité Nacional Demócrata (DNC) y que el gobierno de Putin utilizó su "aparato de propaganda" para influenciar en el proceso y en audiencias internacionales.

Los hallazgos se dan a conocer apenas días después de que el presidente Trump reiterara que el Kremlin no interfirió en las elecciones. "Rusia continúa diciendo que no tuvo nada que ver con la interferencia en nuestras elecciones!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El Comité de Inteligencia del Senado es una de las instancias del Capitolio que más reflejan la composición bipartidista del sistema de gobierno en Estados Unidos.

En junio de 2017 interrogaron al exjefe del FBI James Comey para determinar la verdadera dimensión del posible nexo de figuras destacadas del entorno de Trump (incluido el propio mandatario) en los esfuerzos rusos para modificar el resultado de los comicios presidenciales.

Y aunque el Senado asegura que hubo interferencia, recién en marzo y tras 14 meses de investigación, la mayoría republicana del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes decidió en una votación secreta cerrar definitivamente sus indagaciones sobre la interferencia del Kremlin en las presidenciales de 2016 al considerar que no había evidencias de colusión entre la campaña de Donald Trump y los rusos.

Los estadounidenses salen a las calles de distintos estados para mostrar la indignación que les ha generado la política de 'tolerancia cero', que ha ocasionado la separación de niños de sus padres en la frontera sur.

UNIVISION

30 de junio del 2018- Al grito de "¡vergüenza!", una multitud desafió el calor intenso de este sábado en Nueva York para marchar desde un parque en Manhattan a la corte federal en Brooklyn en contra de l a política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump que ha separado a miles de niños de sus padres en la frontera sur.

En Washington, miles de estadounidenses se vistieron de blanco y se reunieron bajo el calor abrasador en el parque Lafayette frente a la Casa Blanca. Se prevé que miles de estadounidenses más salgan a las calles de localidades ubicadas en los 50 estados del país para manifestar su indignación. Bajo el lema "Mantengan a las familias unidas" quienes protestan cuestionan la llamada política de 'tolerancia cero'.

También hay manifestaciones en Los Ángeles, Houston, Atlanta y Chicago, entre otras ciudades y localidades como El Paso, Texas, muy cerca de la frontera con Juárez, México.

Aunque hay niños que ya han conseguido reunificarse con alguno de sus padres, aún hay 2047 menores que permanecen en custodia del gobierno. La mayor preocupación es que no existe un plan claro para reunirlos y que muchos padres ya han sido deportados de vuelta a Centroamérica, dejando a sus pequeños atrás.

En Boston, miles se congregaron desde la alcaldía hasta el parque Boston Common. Allí se prevé la asistencia de la senadora Elizabeth Warren y el representante Joe Kennedy III, ambos demócratas.

Janira Merino nacida en El Salvador lleva más de 30 años en EEUU. Trabaja para un sindicato de la construcción. Piensa que EEUU pierde con estas políticas inhumanas.

En el centro de Dallas, cientos de manifestantes enarbolando pancartas con leyendas como "Compasión, no crueldad" y "Noviembre se acerca", ésta en alusión a las elecciones, se concentraron en la zona céntrica frente a la alcaldía. Poco a poco, cesaron las conversaciones personales y comenzaron los cánticos de “¡Nos importa!”.

"Yo llegué a los Estados Unidos con mi hijo en agosto de 2017 buscando seguridad. Estuve detenida en Texas durante dos meses. Y durante nueve meses no supe donde estaba mi hijo. Mi defensor público me dijo que él estaba en Chicago", declaró al inicio de la protesta en Washington, Joselin, una inmigrante brasileña que es defendida por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

“Honestamente, estoy sorprendido. Literalmente nunca he visto a tantos estadounidenses presentarse a favor de los inmigrantes de esta forma”, dijo Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que representa a niñeras, sirvientas y cuidadoras, muchas de ellas inmigrantes. “Escuchamos una y otra vez, si fuera mi hijo, quisiera que alguien hiciera algo”.

Las protestas son organizadas precisamente por esa unión, con el apoyo de MoveOn.org, la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y la Conferencia de Liderazgo. También se suman movimientos locales y ciudadanos sin filiación política indignados por la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera.

El proyecto presentado este miércoles por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes fracasó estrepitosamente, logrando menos apoyo que el originalmente se esperaba.

JORGE CANCINO

27 de junio del 2018- El proyecto de reforma migratoria presentado este miércoles por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes fracasó estrepitosamente, logrando menos apoyo del que originalmente se esperaba.

Con 301 votos en contra y solo 121 a favor, la última iniciativa patrocinada por el representante Bob Goodlatte (Virginia) y respaldada por el presidente de la cámara, Paul Ryan (Wisconsin) y el presidente Donald Trump, sufrió una estrepitosa derrota que deja a la Casa Blanca sin fondos para implementar la dura política migratoria que el mandatario prometió a sus electores,.

Poco antes de la votación, Trump arengó a los republicanos para que apoyaran el plan que incluía la residencia provisional para los dreamers protegidos por DACA a cambio de $25,000 millones para la seguridad fronteriza.

“Los republicanos de la Casa (de Representantes) deben pasar la factura fuerte de inmigración conocida como Goodlatte II esta tarde. Voten hoy”, dijo en un tuit escrito con letras mayúsculas, advirtiendo que los demócratas no la dejarán pasar en el Senado.

Conteo de votos

La votación ocurrió un día después de que Trump se reuniera con un grupo de 18 legisladores republicanos (9 senadores y 9 representantes) para sondear terreno y contar los votosvque disponía y tomar la decisión de arriesgar capital político.

Fuentes republicanas que estuvieron presentes en el almuerzo organizado por la Casa Blanca habían advertido, después del encuentro, que la propuesta de ley no tenía asegurados los 218 votos mínimos necesarios en el pleno, donde los republicanos dominan con 243 de los 435 asientos. A pesar de ello, el mandatario dio la orden de continuar con el proceso

“No pasó. El plan que respaldaba el presidente solo recibió 121 votos a favor y 301 en contra. Es una dura derrota para la Casa Blanca”, dijo Carlos Paz, vocero del Caucus Congresional Hispano (CHC). “Y también para los dreamers”, agregó.

Paz dijo que la votación de este miércoles cumple con el pedido que Trump hizo el 5 de septiembre del año pasado "cuando canceló DACA. Le pidió al Congreso legislar sobre el tema para darle un estatus legal de permanencia a los dreamers. El punto es que tanto republicanos como demócratas sabemos que sin una propuesta bipartidista, el Congreso no aprobará ninguna ley sobre el tema", precisó.

Doble derrota

El fracaso de este miércoles es el segundo que registra Trump en una semana en el Congreso. La semana pasada el pleno de la Cámara de Representantes rechazó el proyecto de ley HR 4760 del congresista Bob Goodlatte, un proyecto apoyado por el ala ultraconservadora que le otorga a Trump los recursos necesarios para poner en marcha la reforma migratoria que le ofreció a sus votantes en 2016.

El plan, además del muro en la frontera con México, criminaliza la estadía indocumentada, restringe el asilo, aumenta las penas por presencia indocumentada, establece un sistema de visas por mérito, restringe la reunificación familiar y coloca a más de 10 millones de indocumentados al borde de la deportación de Estados Unidos.

Tras la votación, el líder Ryan, en un esfuerzo para acallar una rebelión de congresistas moderados, anunció que enviaría al pleno una versión mejorada del proyecto de Goodlatte, iniciativa que fue rechazada este miércoles.

Cambio de posturas

Tres días antes de la votación de la semana pasada, Trump le prometió al liderazgo republicano de la Cámara, durante un encuentro a puertas cerradas en el Capitolio, que apoyaría cualquiera de las dos versiones de reforma migratoria que se discutirían en el pleno, ya sea la versión de Goodlatte o la versión moderada que los demócratas bautizaron como Goddlatte versión 2.0.

Tres días más tarde de aquel compromiso y luego de la votación de desestimó el plan conservador, el presidente le pidió a los republicanos que “deberían dejar de perder su tiempo en Inmigración hasta después de que elijamos a más senadores y congresistas en noviembre”.

Y nuevamente acusó a los demócratas de estar “jugando” en ambas cámaras porque “no tienen intención de hacer nada para resolver este problema de décadas”, en relación con la presencia de 11 millones de indocumentados y una frontera, según él mismo ha dicho, que sigue permitiendo la entrada de inmigrantes indocumentados.

“¡Podemos aprobar una gran legislación después de la Ola Roja!”, escribió Trump, deseando que en los comicios de medio tiempo del primer martes de noviembre ambas cámaras se lleven representantes y senadores republicanos hasta conseguir la mayoría absoluta.

Este miércoles, cinco días después del brusco cambio de opinión, reculó para pedir votos que al final del debate se convirtió en una nueva derrota.

Por qué lo hace

A la pregunta respecto a por qué Trump pidió a los republicanos que no debatan sobre inmigración sino hasta después de las elecciones, si obedece a falta de paciencia y una simple rabieta, Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington, enfatizó que se trata de “la misma clase de comentario que (el mandatario) realizó desde el inicio de su campaña electoral” y que “lamentablemente apela el voto de un sector de la población que le encanta este tipo de comentarios”.

Izurieta dice que el lenguaje utilizado por Trump “promueve, estimula la división, el prejuicio y el miedo”, generándose el escenario ideal para este tipo de candidaturas.

Agregó que en esta batalla también gana el Partido Republicano “porque efectivamente apela a la misma base electoral” y aseguró que los electores del presidente “se encuentran motivados desde la campaña en 2016.

En cuanto al futuro de los comicios de medio tiempo de noviembre, Izurieta dice que los resultados dependerán “de cuanta gente salga a votar”. Y previene que “no debemos equivocarnos, ambas bases están motivadas y ambos partidos prometen que sacarán más vente a las urnas”.

Por ahora, dicen especialistas, nadie puede aventurar si los republicanos mantendrán el control del Congreso o los demócratas darán la sorpresa.

 

La decisión de 5-4 es una de las mayores victorias para Trump y su política para restringir la inmigración y asilos, en especial de varios países de mayoría musulmana.

UNIVISION

25 de junio del 2018- La Corte Suprema de Justicia falló este martes a favor de la tercera versión del veto migratorio del presidente Donald Trump, una polémica medida que prohíbe la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de seis países de mayoría musulmana, además de Venezuela y Corea del Norte.

Se trata de una de las mayores victorias de su presidencia y le abre las puertas para seguir empujando una dura política migratoria prometida a sus electores durante la campaña.

La decisión de 5-4, con los cinco conservadores de la corte en la mayoría, termina por ahora con una feroz lucha en los tribunales sobre si la política representaba una prohibición ilegal.

"Wow", fue la reacción del presidente Donald Trump en un breve mensaje en su cueta Twitter en el que reprodujo en letras mayúsculas el titular que están desplegando muchos medios de comunicación.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts Jr., redactó la opinión del caso.

Roberts dice en su opinión que " la proclamación está expresamente basada en legítimos fines: impedir la entrada de nacionales que no pueden ser adecuadamente investigados e induciendo a otras naciones a mejorar sus prácticas (de supervisión). El texto no dice nada sobre religión".

Los magistrados de la Corte Suprema consideraron que el veto no vulnera la 1ra Enmienda de la Constitución, que impide al Gobierno favorecer a una religión frente a otra, y además ratifica el poder ejecutivo del presidente a la hora de decidir quién entra a Estados Unidos.

"Sin embargo, los demandantes y la disidencia enfatizan que cinco de las siete naciones actualmente incluidas en la proclamación tienen poblaciones de mayoría musulmana", detalla Roberts.

De todas formas, el juez aclara que la Corte "no expresa ninguna opinión sobre la solidez de la política".

La corte escuchó en abril los argumentos de abogados defensores y detractores del veto. El Departamento de Justicia ha reiterado que la orden ejecutiva del presidente está dentro de su autoridad legal “para mantener a la nación segura y proteger a nuestras comunidades del terrorismo”.

El mandatario “no está obligado a admitir a personas de países que patrocinan o protegen el terrorismo, hasta que determine que `pueden ser debidamente investigados y no representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos”, añaden los abogados del gobierno.

La última versión del veto restringe la entrada al país de ciudadanos procedentes de Irán, Libia, Siria, Somalia y Yemen. Incluyó además restricciones para ciudadanos de Corea del Norte y Venezuela.

El debate se centra en la legalidad de la tercera versión del veto migratorio de Trump, que entró en vigor en diciembre. La orden ejecutiva obstaculizar indefinidamente la entrada al país de los ciudadanos de los siete países incluidos en la lista.

El reto legal

La batalla de Trump por prohibir la entrada de musulmanes comenzó en 2016 cuando una pareja perpetró un atentado en San Bernardino, California y el mandatario, en ese tiempo candidato a la presidencia, aprovechó la ocasión para prometer un "bloqueo completo y total" a la entrada de musulmanes a Estados Unidos con el fin de detener el terrorismo yihadista.

"Hasta que no podamos determinar y comprender este problema y la peligrosa amenaza que representa, nuestro país no puede seguir siendo víctima de los horrendos ataques de personas que solo creen en la yihad y que no razonan ni tienen respeto por la vida humana", afirmó Trump en aquel entonces.

Una semana después de instalado en la Casa Blanca, Trump firmó la orden ejecutiva titulada "Protegiendo a la Nación de la Entrada de Terroristas Extranjeros".

Mar de críticas

La orden ejecutiva entró de inmediato en vigencia desatando el caos en todo el mundo, debido a que familias enteras y familiares no pudieron embarcar en sus vuelos hacia Estados Unidos, ni entrar al país aquellos que venían en camino.

También se registraron manifestaciones masivas en los aeropuertos y abogados, junto con activistas de derechos civiles, acamparon en los puertos de entrada aéreos y terrestres para asesorar y representar a aquellos que eran retenidos en aduanas y no se les permitía el ingreso a Estados Unidos, algunos de ellos incluso residentes legales permanentes.

El veto de Trump fue frenado por una corte días después de entrar en vigor, a principios de febrero. Como resultado de esa orden ejecutiva, 700 viajeros fueron detenidos en los aeropuertos y 60,000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado (DOS).

Un mes después, el 6 de marzo, Trump firmó una segunda orden ejecutiva (llamada versión 2.0 del veto). Su gobierno aseguró entonces que el decreto había sido revisado sustancialmente para que se ajustara a la ley, y eliminó una exención que afectaba a las minorías religiosas de los países incluidos en la lista de países cuyos ciudadanos no podían ingresar a Estados Unidos.

La segunda versión del veto fijaba una restricción de 120 días para los refugiados y de 90 días para los nacionales de seis países (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).

Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.

Las restricciones eran temporales y, cuando expiraron en septiembre del año pasado, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela, donde las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su "familia inmediata".

En diciembre la Corte Suprema permitió la implementación de esa tercera versión del veto.

Guerra de posturas

El gobierno ha argumentado que la medida debe proteger al país de la entrada de islamistas radicales. Los demandantes, en cambio, consideran que la medida viola la ley migratoria y también la Constitución al priorizar unas religiones sobre otras.

"El tribunal supremo considerará la legalidad del tercer esfuerzo del presidente Trump para limitar la inmigración de varios países”, explicó Stephen W. Yale-Loehr, profesor de Práctica de Derecho de Inmigración en la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva York. 
“Los tribunales han anulado en gran medida las dos órdenes previas de prohibición de viajes del presidente", apuntó.

Yale-Loehr dijo además que “este caso lo tiene todo: problemas constitucionales de peso, cuestiones estatutarias complejas y una pelea sobre si existen límites reales al poder de un presidente para controlar la inmigración".

Venezuela y Corea del Norte están incluidos en la prohibición de viaje, pero las restricciones impuestas en diciembre no fueron desafiadas en la corte.

De las 617,752 personas que el año pasado obtuvieron visados de inmigrante en Estados Unidos, tan solo nueve, un 0,0001% eran de Corea del Norte, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento de Estado.

En el caso de Venezuela, los afectados por la medida son, según informó en su día la Casa Blanca, "funcionarios de los organismos gubernamentales de Venezuela que participan en los procedimientos de investigación y selección" para la concesión de visas.

Las dependencias sancionadas son:

-Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

-Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería

-Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas

-Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional

-Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

-La medida también afecta a los "familiares directos"de estos funcionarios, quienes por lo general utilizan visados de no inmigrante con propósitos de turismo o negocios tipo B1/B2.

 

La revista publicó este jueves su nueva portada, dedicada a un análisis sobre la política migratoria del presidente Donald Trump y analiza las consecuencias de la "tolerancia cero".

UNIVISION

21 de junio del 2018- Imagen de la portada de Time donde se analizan las consecuencias de la política migratoria del gobierno.

La revista Time ha publicado este jueves su nueva portada. En ella se puede ver al presidente Donald Trump frente a la menor inmigrante fotografiada hace varios días y que puso rostro a la política de separación de familias en la frontera. Sobre un fondo rojo, se puede leer "Welcome to America (Bienvenida a Estados Unidos, en español)". 

"Los presidentes (de Estados Unidos) tienen muchos trabajos, y no de esos es decirnos quiénes somos". Así comienza el artículo publicado en la página web y titulado "Una evaluación después de la política de separación de fronteras de Trump: ¿qué tipo de país somos?".

El autor, Karl Vick, pone de manifiesto que el actual mandatario -al contrario que sus predecesores- ha cambiado el discurso público al no utilizar en sus intervenciones de manera frecuente palabras como democracia, humanidad o igualdad.

"Trump se adhiere a otro tipo de valores", resalta Vick, quien recuerda que Trump "habla a menudo de patriotismo, aunque en el sentido estricto del deber militar, o como el tipo de prueba de lealtad que ha pedido a los jugadores de la NFL".

En el artículo, se recoge la política de "tolerancia cero" implementada por la administración y se resalta que las intenciones del presidente se han "revelado completamente" en las últimas semanas: "llevando la atención a la frontera, el tema principal de su campaña, Trump intentaba forzar una votación en su tan largamente prometido muro fronterizo antes de que las elecciones de medio término puedan acabar con la mayoría del Partido Republicano en el Congreso".

"Es posible que Trump haya retrocedido en la práctica específica de la separación familiar (al firmar una orden ejecutiva), pero la pregunta más importante aún persiste. En el equilibrio entre la integridad de la frontera de los Estados Unidos con México y el amor de un padre por un niño, ¿dónde nos posicionamos?", se cuestiona el autor.

El artículo acaba con otra interrogación. "'Sin una frontera, un país no existe', escribió el presidente el 19 de junio. Todo el mundo sabe eso. La pregunta es: ¿qué tipo de país?".

Cientos de indocumentados que llevan tiempo en EEUU y tienen familiares inmediatos residentes o ciudadanos que sufrirían extremadamente si son deportados, podrán seguir acumulando tiempo de permanencia pese a tener un proceso de deportación.

JORGE CANCINO

21 de juno del 2018- La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este jueves que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación “no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia” en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para seguir en el país.

La decisión constituye una victoria para miles de inmigrantes que luchan contra sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en EEUU, explicaron abogados consultados por Univision Noticias.

La corte señaló que, al no detenerse el reloj al momento de la presentación de cargos, los inmigrantes “podrán cumplir con el requisito de tiempo de permanencia para evitar ser deportados”.

“Generalmente cuando se inicia el proceso de deportación, una persona recibe cargos formales de deportación y en ese momento se congela el tiempo de permanencia”, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Muchas personas necesitan tiempo físico ininterrumpido de vivir en Estadios Unidos para poder calificar a beneficios que les permiten quedarse y recibir la residencia legal permanente (green card) y con ello evitar la expulsión”, agregó.

Gálvez explicó que el alivio se obtiene a través del denominado Perdón 42B, “Remoción de Deportación”, disponible para padres de residentes y/o ciudadanos estadounidenses, quienes deben demostrar que llevan más de 10 años ininterrumpidos en Estados Unidos”.

“Otro requisito fundamental es que estas personas deben demostrar al juez de inmigración que su deportación del país causaría un daño extremo al residente o al ciudadano estadounidense”, añadió.

El abogado indicó que, “para muchas personas, incluso algunos que llevaban 9 años y 11 meses en Estados Unidos y cumplían con los requisitos, la presentación de cargos les frenaba el tiempo de permanencia y perdían la oportunidad de pedirt la residencia”.

“Ahora, aunque reciba los cargos por parte del DHS, el reloj que acumula el tiempo de permanencia seguirá funcionando. Sin duda es un fallo que beneficiará a miles de inmigrantes indocumentados en proceso de deportación”, precisó Gálvez.

El perdón se solicita por medio del formulario “EOIR-42B”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Y si se aprueba la gestión, el solicitante indocumentado recibe la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde)”, apuntó.

En cuanto a los requisitos para calificar, Guerrero mencionó “tener 10 años como mínimo ininterrumpidos viviendo en Estados Unidos, no haber cometido crímenes de torpeza moral, tener un padre o un hijo menor de edad soltero residente o ciudadano y que ese familiar sufrirá un daño extremo si el solicitante del perdón es deportado”.

El perdón EOIR-42B es visto y resuelto por un juez de inmigración, autoridad que resuelve, en base a los méritos del caso, si otorga el beneficio (la residencia) o lo niega y emite una orden de deportación.

"A la cancelación de deportaciòin también se le conoce como la Ley delk Perdon de los 10 años", dice Jaiome Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. Esta decisión puede ayudar a miles de personas que llevan 10 o más años en Estados Unidos y por alguna razón acabaron con una cita ante una corte de imigración", agregó.

El dictamen de este juecves forza al gobierno a ser mas específico parta que no sea tan fácil deportar personas que tienen tiempo y familias constituídas en Estados Unidos", precisó Barrón.

 

El presidente firmó una orden ejecutiva para resolver la crisis migratoria que creó su propio gobierno a principios de mayo al establecer la llamada 'tolerancia cero', sin embargo afirma que esa política se mantendrá.

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20 de junio del 2018- El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva con la que promete poner fin a la separación de familias indocumentadas en la frontera, después de días de expresiones de indignación generada por la política de 'tolerancia cero', no solo entre la oposición al gobierno, sino también de organismos de derechos humanos y gobiernos tanto en este continente como en Europa.

Trump firmó la orden en un breve acto realizado en la Oficina Oval de la Casa Blanca, flanqueado por el vicepresidente Mike Pence y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

“No me gustaba la visión o el sentimiento de familias siendo separadas”, dijo el presidente, revirtiendo sus declaraciones de días previos en las que englobó a las familias inmigrantes como criminales afiliadas a bandas delictivas de centroamericanos y incluso dijo que “infectaban” el país.

De hecho, el presidente no había expresado ninguna empatía con el dolor de esos padres y niños -unos 2,300 de acuerdo con datos oficiales recabados desde mayo- pese a que desde su propio partido, grupos religiosos y de defensa de derechos humanos y hasta colegas mandatarios de otros países expresaron sus críticas a la nueva política de la Casa Blanca.

 “Es la política de esta Administración mantener las familias unidas, incluso deteniendo juntas a las familias inmigrantes cuando sea apropiado y consistente con la ley y los recursos disponibles”, se lee en el texto de la resolución suministrado por la Presidencia.

También indica la orden que “es desafortunado que la falla del Congreso para actuar y órdenes de las cortes han puesto a la Administración en la posición de separar a las familias extranjeras para cumplir efectivamente con la ley”, reforzando el argumento falaz que ha venido esgrimiendo el gobierno ante sus críticos de que la separación de familias era un requerimiento legal y no una política.

La sección 3 del decreto presidencial establece una “política temporal de detención de familias” que ingresen sin documentos al país, independientemente de si lo hacen por puestos de inmigración o a través de la frontera, que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional mantener a las familias bajo custodia “mientras esté pendiente cualquier procedimiento criminal o de inmigración”.

En ese punto, el gobierno reconoce que esa detención de padres e hijos está limitada por el Acuerdo Flores, que impide que las autoridades mantengan detenidos a los niños junto con sus padres (que es la razón por la cual los anteriores gobiernos han evitado presentar cargos criminales contra los indocumentados como pasó a hacerse con el anuncio de la ‘tolerancia cero’).

El presidente Trump pide a su fiscal general que solicite al Distrito Central de California la modificación del Acuerdo Flores “de manera que permita (…) detener familias inmigrantes juntas” mientras se resuelven sus casos judiciales iniciados.

La 'tolerancia cero' continúa

El presidente asegura que quiere mantener la seguridad en la frontera mientras siguen trabajando en poner fin a la separación de familias como medida de "compasión".

La más recientes presiones llegaron desde el Congreso para que hiciera algo sin la necesidad de que en el Capitolio se legisle al respecto, ya que la vía del decreto es la más expedita. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, hizo uno de los más duros llamados al presidente Trump para que acabara con la estrategia migratoria contra indocumentados en grupos familiares una vez cruzan ilegalmente la frontera sur o se presentan en un puerto de entrada a pedir asilo.

"Con un simple movimiento del bolígrafo, el presidente puede poner fin a esta política. Si el presidente quiere pedir prestado mi bolígrafo, se lo doy. Pero puede hacerlo rápido y fácilmente si lo desea. Todo depende de él", había dicho el senador.

Esta es apenas una de las presiones que recibió la Casa Blanca en las últimas horas para frenar la política que ha provocado el levantamiento improvisado de centros de detención e incluso la sobrepoblación de los centros de procesamiento de la Patrulla Fronteriza para albergar a menores de edad, creando traumas psicológicos y un impacto emocional considerable en los padres, según se desprende de los reportes periodísticos que están reseñando la crisis, especialmente el audio de Propublica donde niños lloran desesperadamente pidiendo por sus padres.

Este miércoles el papa Francisco dijo desde el Vaticano en entrevista a la agencia Reuters que apoya los comunicados recientes de obispos católicos que han calificado la separación de familias de "inmoral" y "contraria a los valores católicos".

 

Un agente de ICE que participó en la operación ejecutada en la planta de Fresh Mark, en Salem, señaló que es la mayor redada en un sitio de trabajo durante el gobierno de Trump. Los arrestados podrían enfrentar cargos federales por robo de identidad o reingreso luego de la deportación.

UNIVISION

20 de junio del 2018- Más de 100 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en una redada masiva efectuada el martes por agentes especiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la planta de suministro de carne Fresh Mark, en Salem, Ohio.

Las autoridades migratorias, citadas por CNN, dijeron que realizaron 146 arrestos en la que sería, hasta ahora, la redada más grande en un sitio de trabajo bajo la administración de Donald Trump, aseveró Steve Francis, agente especial de ICE en Michigan y Ohio.

Los funcionarios llegaron con órdenes de registro federales y delictivas para revisar documentos a más de 200 empleados. Las actuaciones policiales tuvieron lugar en en las instalaciones de Fresh Mark en Salem, Massillon y Canton, Ohio.

Funcionarios de ICE dijeron que la cantidad de trabajadores arrestados probablemente suba una vez que concluya la operación.

Los detenidos, muchos de ellos sin documentación legal, fueron trasladados en autobuses a centros de detención en Ohio y Michigan, donde esperarán su proceso de deportación. Las autoridades dijeron que algunos podrían enfrentar cargos federales por robo de identidad o reingreso luego de la deportación.

Todos los arrestados trabajan en la planta de procesamiento de carne de Fresch Mark en Salem, dijo Francis.

Veronica Dahlberg, directora ejecutiva del grupo de defensa de los latinos HOLA Ohio, dijo que la mayoría de las personas arrestadas eran ciudadanos de Guatemala.

"No dejes que nadie te diga que esto se trata de hacer cumplir la ley", se quejó Dahlberg, citada por la agencia UPI. "Esto se trata de diezmar a la comunidad latina", añadió.

La compañía, que tiene más de mil empleados a nivel nacional, distribuye tocino, jamón, salchichas y fiambres a restaurantes, tiendas y otros establecimientos en todo Estados Unidos.

A principios de este mismo mes, agentes migratorios realizaron otra gran redada en una compañía de jardinería y paisajismo de Ohio donde arrestaron a 114 trabajadores, según confirmó el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a Univision Noticias.

En abril, se efectuó otra redada masiva en una fábrica procesadora de carne de Bean Station, Tennessee, donde fueron detenidos 97 inmigrantes indocumentados, sujetos a la expulsión del país.

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  • Venezuela captura soldados amotinados después de que robaron armas y vehículos

    Por CNN

     

    (CNN). 21 de enero del 2019 — Las autoridades venezolanas han detenido a un grupo de soldados amotinados por robar armas de un puesto de avanzada de la Guardia Nacional, según un comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
    “Las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales informan al pueblo de Venezuela que, en la mañana del 21 de enero, aproximadamente a las 2:50 am (1: 50aET), un pequeño grupo de asaltantes asignados a la 43a Zona de Mando de la Guardia Nacional Bolivariana violó su juramento de lealtad al país y sus instituciones”.

    “Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad, están motivados por oscuros intereses de extrema derecha y son contrarios a las leyes elementales de disciplina militar, honor y tradiciones de nuestra institución”, añadió Padrino.

    La declaración continuó: “Los “delincuentes” robaron dos vehículos militares, robaron armas de fuego y secuestraron, bajo amenaza de muerte, a oficiales y dos miembros de la Guardia Nacional”.

    “Los delincuentes se rindieron y fueron capturados en la sede de la unidad de seguridad especial en Cotiza, en el municipio de Libertador”, agrega el comunicado. “Durante su detención, pudimos recuperar las armas robadas y en este momento, están brindando testimonio a los organismos nacionales de inteligencia”.

    “Aplicaremos todo el peso de la ley a estas personas”, concluye.

    La declaración dijo que el levantamiento había sido sofocado y que las instalaciones militares del país seguían funcionando como de costumbre, “todas nuestras unidades operativas, dependencias administrativas e institutos de educación están funcionando con una normalidad completa y absoluta”.

     

    Lo que sabemos de lo sucedido en Cotiza

    Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Venezuela el lunes acordonaron varias calles alrededor del comando de la Guardia Nacional, en Caracas, según Simón Rodríguez, periodista fotográfico de CNN en Español que está en la escena.

    Las autoridades están reaccionando ante varios manifestantes que tomaron las calles mostrando su solidaridad con un hombre que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional venezolana en un puesto de avanzada en Caracas que pidió la destitución del presidente Nicolás Maduro, en un video que ha circulado este lunes en las redes sociales.

    Las fuerzas de seguridad están tratando de controlar las protestas con gas lacrimógeno, pero más personas continúan uniéndose a ellas, informa Rodríguez.

  • La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

    La Acción Diferida de 2012 (DACA) se encuentra vigente por orden de los tribunales de justicia, quienes anularon la cancelación del programa ordenada por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. El beneficio protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.

    JORGE CANCINO

     

    22 de enero del 2019- La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

    Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

    Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

     

    Los dreamers aplauden

    “Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

    “Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

    Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

    “Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

    El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

    El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

    Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

    El plan de Trump para reabrir el gobierno: extender DACA y TPS (programas que él canceló)

    El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

    Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

    El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

    A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El fallo le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

    La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.

     

  • Trump dispuesto a legalizar a dreamers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    JORGE CANCINO

     

    Durante la alocución prevista para este sábado en la tarde, el presidente Donald Trump ofrecerá aceptar un plan para legalizar a los dreamers protegidos por DACA y restablecer los Estatus de Protección Temporal (TPS) eliminados durante su mandato, a cambio de que el Congreso le autorice los $5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.

    La información fue confirmada a Univision Noticias por fuentes familiarizadas con la oferta, que no estaban autorizadas para hacer una declaración pública y que conversaron bajo condición de anonimato.

    Se prevé que los fondos formarán parte del paquete de presupuesto de gastos de lo que resta del año fiscal 2019, un debate que fue suspendido el pasado 21 de diciembre y que provocó un cierre parcial del gobierno, dejando a más de 800,000 trabajadores federales sin salario.

    Trump argumenta el pedido de fondos y la construcción del muro a una situación de emergencia nacional en la frontera, donde miles de inmigrantes han llegado en los últimos años tratando de ingresar de manera indocumentada al país.

    Los demócratas, por su parte, responden que el mandatario fabricó la crisis para exigir fondos que le permitan cumplir con sus electores, y que el muro se ha convertido en su principal plataforma de campaña de reelección del 2020.

    Agregan que las oleadas de migrantes datan desde por lo menos 2014. Se trata de personas que huyen de sus países (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y se presentan en la frontera en busca de asilo.

    Las explicaciones, sin embargo, no son aceptadas por el mandatario, quien insiste en que los migrantes constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que la única manera de detenerlos es construyendo un muro. Y exige al gobierno de México que los contenga y evite que lleguen a la frontera.

    “México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México, pero ellos no pueden atravesar nuestro Muro, pero se necesitan muchos agentes de la frontera si no hay un Muro. ¡No es fácil!”, escribió esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    Al ser consultada por Univision sobre este escenario, Cristina Jiménez, la directora ejecutiva de la principal organización de dreamers, United We Dream, señaló: “Desconfiamos de lo que él (Donald Trump) ofrezca. Él ha causado mucho sufrimiento a nuestra comunidad. No podemos confiar en sus promesas y negociaciones. Tenemos mucho escepticismo porque ha creado mucho dolor en nuestra comunidad”.

     

    Qué dicen los demócratas

    La oposición demócrata fue sorprendida este sábado con la propuesta de Trump. A medida que se ha ido conociendo parte de la propuesta del mandatario, convocaron a reuniones a puertas cerradas para debatir una estrategia y encarar dos temas clave:

    Aprobar el presupuesto, incluyendo los $5,700 millones que exige el presidente, y reabrir inmediatamente el gobierno tras el cierre parcial que comenzó a primera hora del pasado 22 de diciembre.

    Darle a Trump el dinero para que levante el muro y cumpla su principal promesa de campaña, tema central de su reelección para el 2020.

    “No tenemos una postura a este momento”, dijo una fuente demócrata conocedora de las reuniones poco antes del anuncio del mandatario. “Queremos ver un compromiso de que el Presidente aceptará lo que el Congreso le envíe a su escritorio, no queremos que el Congreso debata lo que él quiere”.

    Otra fuente, que también pidió el anonimato, dijo que en el debate por el tema migratorio “no solo deberían estar los dreamers y los migrantes con TPS”, en referencia a los otros 9 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace varias décadas.

    Fuentes de la Casa Blanca dijeron que la propuesta del presidente sólo incluye DACA y “algo sobre el TPS”. No mencionaron al resto de indocumentados.

     

    La oferta no es nueva

    En enero del año pasado Trump utilizó la misma oferta para conseguir dinero para el muro, durante el debate del presupuesto de gastos del 2018. Pero en aquella ocasión los republicanos, que controlaban ambas cámaras del Congreso, no le dieron el dinero y los dreamers se quedaron sin estatus legal de permanencia.

    Los dreamers, sin embargo, advirtieron que el plan del Presidente es usarlos a ellos como moneda de cambio para construir el muro y fortalecer su política de tolerancia cero, incluida la fuerza nacional de deportaciones.

    Entre las medidas que temen los soñadores se cuenta la deportación de millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.

    “Quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a los otros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares, en el banquillo de las deportaciones”, dijo en aquella oportunidad Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

     

    La historia de DACA

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. El programa ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El 5 de septiembre de 2017 Trump ordenó la cancelación del programa y le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para aprobar una legislación que regularizara la permanencia de hasta 1.8 millones de dreamers.

    La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por el estado de Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno de Trump si no procedía a eliminar el programa.

    El 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco anuló la orden y dispuso el restablecimiento del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre, dictamen que le quitó la presión al Congreso para legislar sobre el tema.

    Otras tres cortes emitieron dictámenes similares, por lo que el programa sigue vigente. En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise las sentencias y decida sobre la legalidad de DACA, fallo que podría ser anunciado en el verano.

     

    Historia de los TPS

    En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

    La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

    La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

    Pasaron los meses y el 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

    El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

    El pasado 3 de octubre, un juez federal de San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de acabar con los TPS, y aseguró que la decisión del gobierno podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

     

  • Las bacanales de 'El Chapo' Guzmán

    Modelos colombianas, actrices y hasta una experta en rejuvenecimiento visitaban asiduamente al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus campamentos para realizar lo que una fuente describió a Univision como "brigadas de sexo y salud".

    GERARDO REYES

     

    18 de enero del 2019- Todo el mundo quedaba contento. 'El Chapo', porque se había acostado con una mujer bella. La mujer, porque ganaba buen dinero y el intermediario entre los narcos y la mujer porque se quedaba con un porcentaje no despreciable.

    Así resume Carlos el ciclo de un negocio del que fue un feliz beneficiario: la contratación de mujeres hermosas que una o dos veces al mes viajaban a los campamentos de Guzmán para satisfacer su desaforado apetito sexual.

    "Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente", relató. "Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera’".

    Carlos es el nombre ficticio de un hombre que estuvo en las entrañas de los carteles de la droga y que relató esta historia con la condición de no revelar su verdadera identidad. Univision confirmó con otras fuentes su participación en los carteles mexicanos y las conexiones con los colombianos. Carlos colaboró con el gobierno de Estados Unidos.

    Mientras recordaba con los reporteros de Univision sus años de aventuras con droga, dinero y mujeres, pasaba con su índice cientos de fotografías en su teléfono celular. Al encontrar las imágenes de las jóvenes, conocidas en Colombia como 'prepagos', celebraba con una sonrisa.

    "Esta estuvo allá, es modelo", comentó. "Esta es actriz", dijo al reconocer a una trigueña que trabajó en una narconovela.

    'El Chapo' las prefería colombianas, según él, no solo por su belleza sino por su dulzura y simpatía. La mayoría de las veces Guzmán no escogía la modelo con quien quería pasar la noche. Las deficientes comunicaciones en las áreas remotas donde se movía, dificultaban el envío de fotografías.

    Así que un grupo de mujeres y hombres proxenetas colombianos que se presentan como sofisticados 'mánagers' de la farándula y que son expertos en manejar los gustos de los narcos de su país, explicó la fuente, se encargaban de escoger a las acompañantes de Guzmán y de sus hombres de confianza.

    Según Carlos, el promedio que se le pagaba a cada visitante era de unos 10,000 dólares más los gastos de transporte desde Colombia hasta Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

    "Aunque había casos especiales de modelos muy costosas a quienes les pagan 20 o 25 mil", agregó.

    Sostuvo que los ayudantes de 'El Chapo' llevaban a las jóvenes a un rancho de maizales situado a unos 30 minutos de Culiacán. Allí las muchachas debían entregar sus teléfonos celulares y sus iPads antes de abordar las avionetas que las llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental, el inmenso refugio montañoso que Guzmán usaba con más frecuencia para esconderse.

    Todas pasaban por la prueba de nervios del vuelo de las avionetas de Guzmán a ras de los picos de los cerros y el espantoso aterrizaje en pistas de tierra muy cortas que terminaban en un pronunciado ascenso construido para desacelerar la avioneta.

    Guzmán tenía más de una docena de campamentos en la sierra. Los testigos los describen como construcciones sencillas que se mimetizan en sitios con abundante vegetación en medio del paisaje árido de la cadena montañosa.

    Los refugios, equipados con luz eléctrica, aire acondicionado, cocinas y cuartos muy austeros para huéspedes, señaló Carlos, estaban situados a una media hora o 45 minutos de las pistas de aterrizaje en cuatrimoto. Según lo han descrito testigos en el juicio que se realiza en contra de Guzmán en una corte de Brooklyn, estos escondites de paso estaban vigilados por un primer círculo de unos 200 hombres mientras que en el entorno cercano al capo se apostaban de 20 a 30.

    Las visitantes eran llevadas en cuatrimotos a los campamentos donde las esperaba una febril jornada de música, licor y sexo que podría extenderse durante dos o tres días, afirma Carlos.

    "Las muchachas se entretenían además disparando armas y manejando las cuatrimotos", dijo.

    El baile se hacía en palapas o kioscos abiertos, unas veces animado por bandas que tocaban los corridos preferidos de Guzmán y otra con equipos de sonido, agregó.

    Las modelos comentaban que 'El Chapo' sacaba provecho hasta el último minuto de sus encuentros sexuales, sostuvo Carlos. "Decían que no paraba en toda la noche".

    Al final de la jornada la advertencia a las mujeres era intimidante, recuerda Carlos: "Ustedes no vieron nada, no escucharon nada, esto nunca ocurrió en sus vidas", les decían.

     

    Las aventuras de 'Avatar'

    En los últimos ocho años, los hombres más cercanos a Guzmán fueron el colombiano Alex Cifuentes y el mexicano Dámaso López, conocido como 'El Licenciado'. Cifuentes, heredero de una familia que manejó la flota mercante más grande al servicio de los carteles de la droga, fue arrestado a finales de 2013. Negoció con la Fiscalía y declaró en el juicio en Brooklyn que se convirtió en la persona más importante del acusado.

    "No solo era su mano derecha sino la izquierda", dijo.

    Con el tiempo adquirió un marcado acento mexicano que lo hacía pasar por un local, explicó Carlos. Cifuentes participaba en las bacanales de la sierra, pero sin beber licor por cuanto sufre de una enfermedad del páncreas. 
    El colombiano conoció a una modelo colombiana con quien tuvo una hija. Univision intentó hablar con la modelo.

    Una mujer que se presentó como la madre de la modelo respondió que ella estaba trabajando en el exterior y al pedirle más detalles de su relación con Cifuentes explicó en un correo electrónico: "Nosotras no sabemos absolutamente nada ni queremos saber, por seguridad sabemos que eso lo manejan en el FBI’".

    Cifuentes contaba con otra mujer colombiana que se encargaba de reclutar modelos y de sus negocios personales. Su nombre, según su testimonio en la corte es Andrea Vélez Fernández.Carlos sostiene que los apellidos fueron invertidos en la corte. En su testimonio Cifuentes se refiera a ella como "mi secretaria".

    De acuerdo con Cifuentes, como Andrea tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México, Guzmán le pidió que organizara una reunión con algunas de ellas y un general del Ejército mexicano. La orden era ofrecerle un soborno de 10 millones de dólares al militar a cambio de "dejarlo a él (Guzmán) en paz", dijo Cifuentes.

    Si Andrea lograba convencer al "cachuchón", como se referían en los correos electrónicos a los líderes narcotraficantes al militar, ella recibiría un millón de dólares. Según Cifuentes el militar se negó. "El general odiaba mucho a Joaquín", declaró.

    Guzmán no creyó en esa versión, explicó Cifuentes. Comentó que Andrea era una mentirosa y ordenó que la mataran. Cifuentes admitió que estuvo de acuerdo con la decisión y se puso en la tarea de buscar a la persona que haría el trabajo. No solo para matarla a ella sino a un ayudante en Canadá llamado Steven Tello de quien 'El Chapo' sospechaba que estaba robándose dinero de la venta de drogas.

    Cifuentes dijo que se reunió con miembros de la pandilla Hells Angels para contratar al sicario. En medio de esa búsqueda fue arrestado en Culiacán el 12 de noviembre de 2013. Andrea y Tello se salvaron.

    Alex Cifuentes declaró en una corte federal que Guzmán ordenó la muerte de su asistente Andrea Fernández, luego de que no logró sobornar a un militar.

    Conocida como 'Avatar' por su parecido a la protagonista de la película, Andrea nació en Medellín, Colombia. Fue adoptada por una pareja de colombianos que ha vivido en el sur de la Florida. 'Avatar' trabajó como agente inmobiliaria en Miami.

    Por sus gestiones como asistente de negocios y placeres del cartel ganaba unos 5,000 dólares mensuales, afirmó Carlos.

    "Es una mujer de una personalidad muy fuerte, aguerrida, echada pa' lante, mal hablada, a veces metía cocaína que inhalaba en un cuchillo", recordó.

    Alrededor de 2013, vivía en el penthouse de un edificio de Polanco, en Ciudad de México, y trabajaba en una oficina de abogados cercana a su apartamento. La oficina estaba bajo la dirección de su novio, un abogado mexicano con "buenas conexiones" con el alto gobierno de México, dijo Carlos.

    Un residente del edificio dijo a Univision que no recordaba que en el penthouse hubiera vivido una mujer colombiana.

     

    Ampollas de juventud

    Otra de las asiduas visitantes a los campamentos de Guzmán era una mujer experta en terapias de rejuvenecimiento, afirma Carlos. Había hecho cursos en Europa de tratamientos antivejez que ponía en práctica con Guzmán.

    "Le aplicaba inyecciones en la cara y le cuidaba la piel, porque la piel de 'El Chapo' estaba siempre llena de picaduras de mosquitos, raspones por todos lados de cuando andaba en el monte", dijo Carlos.

    La misma mujer hacía brigadas de vacunación de los hombres de Guzmán.

     

    La reportera de Univision Investiga Peniley Ramírez contribuyó con este reportaje

  • ¿De qué crisis en la frontera habla Trump? Informes de su gobierno ponen en duda la necesidad de un muro

    Trump ha elegido la construcción del muro como el centro de su estrategia para 2020, tratando de repetir el éxito de 2016. Pero los números parecen estar en su contra.

    Por: JORGE CANCINO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    18 de enero del 2019- Seis semanas después de las elecciones de medio término, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump radicalizó su discurso con miras a la reelección del 2020. Y tal como sucedió en la campaña anterior, el eje central de su estrategia vuelve a ser la construcción del muro en la frontera con México.

    Trump les advirtió a los líderes demócratas del Congreso que estaba dispuesto a cerrar por largo tiempo una parte del gobierno si no le aprobaban, dentro de lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal, 5,700 millones de dólares para construir el muro.

    Trump argumenta que en la frontera hay una crisis que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y asegura que, si el muro no es construido como prometió a sus electores en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el crimen, la violencia y las drogas se ensañarán con los estadounidenses.

     

    Cierre parcial

    El 22 de diciembre terminó sin ningún acuerdo el plazo para la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso y el presidente cumplió su palabra y provocó un cierre parcial del gobierno federal que dejó a más de 800,000 empleados federales sin salario.

    “La seguridad fronteriza efectiva debe reducir dramáticamente la entrada de inmigrantes ilegales, criminales y drogas”, escribió el mandatario en una carta enviada al Congreso el 4 de enero. “Debe mantener fuera a los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y a aquellos que de otro modo serían inadmisibles bajo la ley. Y debe garantizar que quienes ingresan sin permiso legal, puedan ser devueltos a sus hogares de manera rápida y segura”.

    Desde el cierre del gobierno –y con más frecuencia que antes– el presidente se dedicó a tuitear sobre el tema. Entre el 22 de diciembre y el 16 de enero tuiteó 80 veces sobre la frontera, hablando de la crisis y acusando a los demócratas de estar en contra de la seguridad fronteriza.

     

    Tema de campaña

    Ese día (16 de enero) Trump despejó las dudas sobre la importancia del tema para la campaña del año 2020. “Cada vez es más obvio que los demócratas radicales son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur. # 2020!”, escribió en su cuenta de Twitter.

    Pero no todos ven con buenos ojos la estrategia. “Seguir con la retórica del muro solo le refuerza una base electoral que es extremista y que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, advierte Roberto Izurieta, director del departamento de política latinoamericana y campañas políticas de la Universidad George Washington. “Esa base extremista y minoritaria, con sus voceros -o expresiones en algunos medios o periodistas extremos-, parece que le es muy importante, al menos emocionalmente”.

    Izurieta agrega que, con este discurso, “Trump está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le de viabilidad a su gobierno y éxito político, entendiendo que ya tiene en mira la reelección presidencial del 2020”.

     

    Los números de la frontera

    Trump convirtió el tema del muro (que fue una de sus promesas electorales en 2016), en el centro del enfrentamiento con los demócratas con miras s 2020. Pero, ¿Es tan insegura la frontera como la presenta el presidente? ¿Entran cada año tantos criminales y drogas por ella como asegura la Casa Blanca? ¿Es la frontera abierta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?

    Son varios los estudios y los datos producidos por centros académicos de reconocida credibilidad y por entidades del propio gobierno que ponen en cuestión las afirmaciones del presidente. Comenzando por el flujo de inmigrantes que entran de manera ilegal al país y alimentan la población indocumentada.

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, actualmente viven en el país unos 10.7 millones de inmigrantes indocumentados. Entre 2007 y 2008 (el pico máximo) la cifra estimada era de 12.2 millones, una baja del 13%. Por tanto, la inmigración no autorizada en vez de estar aumentando, como afirma Trump, ha descendido. 

    Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS) “Las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos ha descendido de manera dramática en los últimos años. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera sur, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones en la actualidad. 

    Se podría pensar que la cifra de aprehensiones ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades. Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.

     

    Más seguridad que nunca

    Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Interna sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

    Según el reporte, el número de cruces no detectados ha caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación). 

    “La seguridad en la frontera suroeste es mayor que nunca”, asegura un artículo de FWD.us­, una organización integrada por directivos del sector de alta tecnología, entre ellos Google y Facebook, cuya misión es educar al público sobre las políticas de inmigración y las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. “El Congreso ha invertido millones de dólares en las últimas dos décadas para desplegar infraestructura, tecnología y personal para asegurar la frontera, y esta inversión ha dado resultados”.

    Y si quedaran dudas, el mismo reporte del DHS (publicado hace menos de un año, durante la administración Trump), dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas)”.

    “Hay más infraestructura, tecnología y agentes fronterizos en la frontera suroeste que en cualquier otro momento de la historia, lo que ha dado como resultado menores intentos de cruzar ilegalmente y mayor probabilidad de que sean detectados”, dice el artículo de FWD.us. 

     

    Un coladero de drogas

    Un argumento que ha utilizado el presidente Trump (y ha vuelto a utilizar, cada vez con más fuerza) es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras, como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dice un artículo reciente de The New York Times, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.

    Datos de la Patrulla Fronteriza muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisa en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados de la Unión Americana) viene por los puertos de entrada y no por la frontera abierta. 

     

    La criminalización de los inmigrantes

    Otro argumento ­–que el presidente suele acompañar con declaraciones dramáticas de personas afectadas– es que por la frontera entran todos los días cientos de criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses: lo que se ha dado en llamar la “criminalización de los inmigrantes”.

    En este aspecto, las cifras del gobierno también son muy dicientes. En el año fiscal 2018 (faltando solamente el mes de septiembre para consolidar las cifras), la Patrulla Fronteriza aprehendió un total de 361,993 migrantes que pretendían ingresar de manera ilegal al país. De ese total, solamente 6,259 (1.7%) tenían antecedentes criminales, y el delito que habían cometido era un ingreso ilegal al país o un DUI. Solo 3 habían sido convictos por homicidio, y solo 78 por agresión sexual.

    La Oficina de Operaciones de Campo (otra rama del CBP) detectó otros 10,572 migrantes con antecedentes criminales, que hacían parte de un grupo de 204,288 personas que trataron de entrar legalmente al país por los puertos de entrada (no por la frontera abierta) y fueron declaradas inadmisibles. Un caso más en el que funcionaron muy bien los controles existentes. 

    La “criminalización” que ha hecho el presidente no cobija solo a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, sino a todos los indocumentados (incluidos los que llevan años viviendo en el país). Si los indocumentados delinquen más que los nativos es un tema difícil de medir, como lo dice el artículo de The New York Times. Pero un estudio que cita el mismo diario, hecho por el Instituto Cato (de tendencia conservadora), muestra que en el caso de Texas (un estado con un número alto de inmigrantes), la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados es menor que la de los nativos estadounidenses.

     

    ¿Para qué sirve el muro?

    En un informe de marzo de 2018, la GAO (la Oficina de Contabilidad del Gobierno) fue muy crítica con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), porque según ella “no ha desarrollado métricas que sistemáticamente usen los datos que recopila para evaluar las contribuciones de las vallas fronterizas a su misión, tal y como lo recomendó la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) en su momento”.

    Y en uno más reciente, de julio de 2018 (producto de una auditoría realizada entre octubre de 2017 y junio de 2018),la misma GAO, refiriéndose a las obras realizadas en la administración Trump, dice que “procediendo sin una información adecuada sobre costos, bases de adquisición, y aportes de las vallas y la tecnología desplegadas anteriormente, el DHS enfrenta un gran riesgo de que el programa relacionado con el muro fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado, o no dé los resultdos esperados”.

    Esa puede ser una explicación del giro que ha dado el presidente en cuanto a la naturaleza del muro. De hablar de un gran muro de concreto –del que se hicieron varios prototipos–, el presidente a pasado a hablar de una barrera metálica, menos ambiciosa pero, según él, igual de efectiva. El cambio dio lugar a la aparición de lo que parecían ser memes que mostraban perforaciones en la barrera, por donde podrían colarse los indocumentados.

    En realidad, no se trataba de memes. Era un recordatorio de la inutilidad de una barrera ante la voluntad inquebrantable de muchos migrantes de entrar a este país. Y tiene sustento, de nuevo, en los informes de la GAO. En el ya mencionado de marzo de 2018, hablando de los altos costos de mantenimiento que tiene el muro fronterizo, la oficina dice que entre tales costos el mismo CBP incluye la reparación de las brechas en muros y puertas que “aumentan la posibilidad de los migrantes de entrar al país sin impedimento”. Entre 2010 y 2015 “el CBP reportó un total de 9,287 brechas en barreras pedestres”.

     

    ¿Y por qué lo apoyan?

    Además de su base, el presidente ha contado hasta ahora con el apoyo irrestricto de los republicanos en su idea de construir el muro. Una fuente republicana conocedora de las discusiones a puertas cerradas en el Congreso para presionar a la Casa Blanca a que acepte un presupuesto con una cantidad menor a los $5,700 millones que exige Trump, dijo a Univision Noticias, bajo condición de anonimato, que “los miembros del partido en la Cámara apoyarán al mandatario tanto como puedan y sus votantes no los presionen”.

    Agregó que en el lado demócrata “también hay divisiones”, y que hasta ahora las posiciones se mantienen “porque el pueblo, los votantes, se han mantenido en silencio y no están presionando lo suficiente”.

    El cierre del gobierno, sin embargo, puede cambiar todo. “Viene la temporada de impuestos y los aeropuertos todavía están funcionando. Pero cuando todo se afecte y tan pronto el público presione a sus congresistas, ahí vamos a ver un aumento de exigencias a la Casa Blanca. Ese será el punto de inflexión en esta crisis. Todos saben que esto no puede seguir para siempre”.

    A la pregunta respecto a si los republicanos apoyarían una declaración de emergencia del presidente para conseguir de esa manera los fondos para construir el muro en la frontera con México, la fuente dijo que “si bien se reconoce que Trump tiene el poder y la opción de declarar un estado de emergencia, muchos republicanos en ambas cámaras y fuera del Congreso no quieren eso, porque se puede tomar como un abuso de poder”.

     

  • Sube a 66 el saldo mortal de la explosión de un ducto de gasolina en México

    Otras 76 personas resultaron heridas, señaló este sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El incidente ocurrió en una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan en la que más de 600 personas se encontraban en los alrededores del ducto, de acuerdo con la secretaría de Defensa.

    UNIVISION

     

    19 de enero del 2019- Al menos 66 personas murieron tras la explosión de un ducto en una toma ilegal de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México.

    El hecho ocurrido en la tarde del viernes también dejó a 76 personas heridas, entre ellos un niño de 12 años, señaló el sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en una rueda de prensa.

    Entre 600 y 800 personas personas robaban con cubetas y bidones el combustible de un ducto perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ocurrió el siniestro, señaló el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Las autoridades tardaron horas en contener el incendio.

    Testigos citados por medios indicaron que tras la explosión, las llamas se elevaban a más de 20 metros de altura y que la onda expansiva afectó a decenas de personas que estaban recogiendo gasolina muy cerca de la vía que conecta a Teltipan con Tlahuelilpan.

     

    Mantendrán estrategia ante del 'huachicoleo'

    En las últimas semanas el gobierno mexicano lanzó una estrategia para frenar el robo de combustibles y desplegó a 3,200 agentes para proteger ductos y refinerías. También ordenó el cierre temporal de ductos, lo que generó problemas en la distribución del combustible y, en consecuencia, escasez.

    La toma ilegal de combustible, conocida como "huachicoleo", es una vieja práctica que le ha costado a Pemex miles de millones en pérdidas anuales.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el sábado en que seguirán evitando que haya una confrontación entre los miles de militares desplegados y los pobladores que buscan el combustible.

    "Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, creo en la gente y se que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va a también alejarse de estas prácticas", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

    El secretario de la Defensa Nacional relató que en el momento de la explosión había un equipo de 25 agentes en el área, pero habían decidido no intervenir en la toma ilegal de combustible porque se vieron rebasados por la multitud.

    “Es muy difícil detener 25 hombres a 600, 800 personas”, dijo Sandoval. “Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por esa cantidad de gente que está en frente de ellos. Es lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones".

    Durante la rueda de prensa matutina, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que "no cabe duda" que el incendio es la consecuencia de la toma ilegal de combustible.

    Desde hace al menos 10 años las autoridades mexicanas catalogaron el robo de combustible como una de las actividades ilícitas que ocasionaba más pérdidas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108,000 investigaciones por este delito, pero fue creciendo de forma exponencial pues en 2006 se abrieron 394 investigaciones y en 2018 aumentó hasta 31,000, según cifras del gobierno.

    Este problema generó pérdidas de 66,300 millones de pesos ($3,400 millones) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país.

    El presidente López Obrador ha señalado que estas prácticas se realizaban en complicidad u omisión de autoridades locales, por lo que grupos criminales podían perforar las tuberías que transportan cerca del 20% del crudo nacional. Este combustible robado es adquirido por diversas empresas e incluso gasolinerías, según reveló el propio gobierno.

    Esta actividad ilegal se inició en el llamado Triángulo Rojo, en el céntrico estado mexicano de Puebla, pero con el tiempo la práctica se extendió a otros estados. Actualmente los que lideran el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco e Hidalgo -donde justamente ocurrió la tragedia este viernes- de acuerdo el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

     

  • México les ofrece visas para transitar y trabajar, pero cientos de migrantes de la nueva caravana decidieron cruzar clandestinamente

    Es una imagen que dista considerablemente de cómo recibieron a los centroamericanos que llegaron en caravana hace apenas tres meses. Si en aquella ocasión estaba la policía en la frontera con escudos y gases lacrimógenos, ahora las autoridades mexicanas llevan a cabo un proceso ordenado. Sin embargo, cientos de migrantes decidieron saltarse el proceso y cruzar la frontera irregularmente por la noche.

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    17 de enero del 2019- Cientos de migrantes del grupo de hondureños que salió a principios de semana de San Pedro Sula en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México, país al que cruzaron a través del paso de Tecún Umán.

    A diferencia del trato que recibieron los centroamericanos de la caravana que llegó a México a través de esa frontera en octubre de 2018 y que fueron recibidos con retenes y gases lacrimógenos y entraron a ese país entre empujones, en esta ocasión los migrantes pudieron acceder de manera segura y ordenada.

    El hambre y el cansancio impactan a los migrantes de la nueva caravana en su intento por llegar a EEUU

    El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en la noche del jueves que había registrado a 969 adultos migrantes y a 145 niños y adolescentes procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua como solicitantes de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

    Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cientos de migrantes del grupo que salió en caravana decidieron cruzar de manera clandestina a México ya que son escépticos con el plan que les ofrece el gobierno de esa nación, según informó la periodista Maya Averbuch desde esa frontera.

    Al cruzar en la oscuridad, los migrantes pretendían no tener que pasar el proceso establecido por México. Pero por el momento se desconoce si las autoridades mexicanas los obligarán a pasar el proceso del resto de migrantes o si los deportará de encontrarlos a lo largo del camino.

    La imagen distó considerablemente de la de la jornada del jueves cuando se procesó a los migrantes que ya llevaban un registro migratorio de su entrada a Guatemala. A ellos se les permitió cruzar a través del puente fronterizo y se les ofreció un brazalete que les permitirá el libre tránsito por territorio mexicano.

    En el municipio de Suchiate (México), las autoridades migratorias mexicanas los recibieron con agua y los registraron en el sistema y les dieron la pulsera con un código de barras que tiene la información de sus casos.

    Los migrantes tendrán que esperar cinco días para recibir la 'Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias' con la que podrán trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud. Según informó el INM, su objetivo es rebajar el tiempo de espera de los migrantes para conseguir ese documento que antes solía demorarse hasta 30 días.

    Mientras consiguen esa tarjeta, los centroamericanos podrán permanecer en el lado mexicano o guatemalteco de la frontera.

    Este jueves, muchos centroamericanos ya registrados por las autoridades mexicanas decidieron regresar a Guatemala puesto que el albergue del lado mexicano aún no estaba listo.

    Antonio, de 28 años, uno de los migrantes que consiguió este jueves el brazalete con el que le registaron en México fue uno de los que decidió regresar a Tecún Umán. Según le dijo a la agencia EFE, con esa pulsera podrá volver en cinco días para seguir con un proceso "humanitario" que le permitirá acceder a empleo y servicios de salud básicos en territorio mexicano.

  • Así es como militares y funcionarios de alto rango contribuían al robo de combustible en México

    De acuerdo con una investigación que realiza la fiscalía, al menos cinco funcionarios élite del gobierno ordenaban a sus agentes no informar al Ministerio Público de las tomas clandestinas que encontraban y además reportar el hallazgo de puntos falsos.

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    CIUDAD DE MÉXICO. 16 de enero del 2019- La Procuraduría General de la República (fiscalía) inició una investigación contra cinco funcionarios de alto rango en el gobierno de México, dos de los cuales son generales que se desempeñaron como responsables de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente ordenar a sus agentes sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de los hallazgos que hacían.

    La existencia de esta investigación sale a la luz en medio de una serie de anuncios que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó para combatir el millonario robo de combustible en el paí s, un delito que se practicaba desde hace años con la complicidad de los propios funcionarios del gobierno, según señaló el mandatario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, en poder del diario Milenio los implicados son Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.

    También están sujetos a investigación el exgerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el exgerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva. De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.

    Pese a que existía una denuncia realizada por varios trabajadores de Pemex ante la fiscalía en marzo de 2017, los documentos no fueron tomados en cuenta para hacer una investigación hasta que inició la nueva administración del gobierno y su combate contra el robo de combustible.

    La denuncia fue presentada por el abogado Jorge García Andriano, en la que además se implica a funcionarios regionales de Pemex y militares pertenecientes a la comisión de seguridad de la paraestatal.

    En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado señala los delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas y encubrimiento por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física alterar el lugar e impedir que se averigüe la conducta delictiva de ciertas personas, con el argumento de que sí no hacían caso omiso, serían despedidos.

    Uno de los casos que conforma la carpeta de investigación es el del trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, quien solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado. También llegaron a ordenarle que sembrar tomas clandestinas en otros lugares.

    "Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informar a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

    Aunque la denuncia fue presentada en 2017, no fue hasta finales de 2018, luego del cambio de gobierno, cuando la fiscalía inició una investigación contra las personas presuntamente implicadas.

    Menos de un mes después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció la implementación de medidas para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, que ha derivado en una crisis de abastecimiento de gasolina en el país, pero también ha destapado los problemas de corrupción en Petróleos Mexicanos.

    En diversas ocasiones, A MLO ha señalado que se combatirá la corrupción en todos los niveles, incluido el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero que no habrá “show” ni se fabricarán delitos.

    “No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos, a todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos”, aseguró.

    De acuerdo con cifras del gobierno de México, el problema del huachicoleo ha generado pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018.

     

  • Avanza el nuevo grupo de migrantes camino a EEUU: cerca de 700 llegaron ya a Guatemala

    Según autoridades de Honduras, unos 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    UNIVISION Y AGENCIAS

     

    16 de enero del 2019- Un total de 709 hondureños que salieron el lunes de su país cruzaron ya la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

    El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.

    Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.

    Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente después de que la mujer no dispusiera de la documentación necesaria para que sus sobrinos pudiesen salir del país.

    Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.

    Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de los migrantes.

    La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.

    Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

    Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".

    Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a Estados Unidos "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".

    Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con cifras oficiales.

     

  • De padrino de bodas de Ortega a denunciar un "estado de terror": qué hay detrás de la renuncia del juez Rafael Solís

    Rafael Solís era magistrado judicial, comisario político y asesor partidario sandinista. Además, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con su renuncia comienza a resquebrajarse el círculo íntimo del gobierno de Ortega y Murillo que hasta ahora parecía infranqueable.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

     

    MANAGUA, Nicaragua. 14 de enero del 2019- En 2005, un año antes de asumir la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega volvió a casarse con Rosario Murillo. Renovaron sus votos matrimoniales en la iglesia católica. Fue una reunión privada; solo fueron invitados amigos cercanos. En el acta de casamiento quedó registrado como padrino de boda Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, veterano militante sandinista y “comisario político” de la pareja presidencial en el sistema judicial.

    Catorce años después, en medio de la aguda crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, Solís renunció a todos sus cargos institucionales y políticos. Una bomba inesperada para sus ahijados matrimoniales. El padrino los ha abandonado porque no está de acuerdo con “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”.

    Rafael “Payo” Solís publicó su carta de renuncia el 10 de enero. La conmoción en Nicaragua fue inmediata y sus implicaciones todavía siguen aflorando: Es la deserción política más significativa que ha sufrido el sandinismo controlado por Daniel Ortega desde principios de la década de 1990, cuando los principales intelectuales y revolucionarios rompieron con el partido para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

    El exmagistrado Solís explicó en su carta de renuncia que no está de acuerdo con el “estado de terror” instalado por la policía y paramilitares y la falta de voluntad política de la pareja presidencial para encontrarle una solución dialogada al conflicto iniciado en el abril de 2018.

    “Presento mi renuncia inmediata e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a todos los cargos políticos incluida la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, expresó Solís en la misiva.

    La militancia sandinista de Solís superaba las cuatro décadas. Aparte de ejercer su cargo como magistrado y operador político en el sistema de justicia, era una voz pragmática y beligerante en las decisiones del Frente Sandinista. Era uno de los hombres indispensables de Daniel Ortega. La imprevista renuncia de un personaje de tan alto perfil evidencia el resquebrajamiento que ha comenzado a causar la crisis sociopolítica en el círculo íntimo del poder.

    “Es la deserción más importante en los últimos 20 años de vida política de Daniel Ortega”, le dijo a Univision Noticias Eliseo Núñez, exdiputado y jurista. “Es llamativo que Solís no solo renuncia como magistrado y a los cargos políticos, sino que también a la militancia sandinista. Es un reconocimiento de que el partido no es capaz de contener el capricho de dos personas por aferrarse al poder”.

     

    Artífice de la reelección de Ortega

    Entre los 16 magistrados de Poder Judicial, Solís era el más influyente pese a que la presidencia del tribunal mayor lo ocupa su correligionaria Alba Luz Ramos. Solís estuvo detrás de dos fallos judiciales que delinearon buena parte del presente político de este país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia liberó en 2009 al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control del Parlamento.

    Meses después y más controvertido aún, Solís fue parte del diseño del fallo que le permitió a Ortega reelegirse como presidente de la República, pese a que la reelección consecutiva estaba vetada por la Constitución Política. Solís se “arrepintió” por esta maniobra y aseguró “que fue un error haber permitido” la reelección de su ahijado de boda.

    “Es un golpe político ante todo. Y muy fuerte”, explicó a Univision Noticias Vilma Núñez, expresidenta del Poder Judicial y exmilitante sandinista. “Su declaración sale del seno, de las entrañas del poder, y contradice la versión oficial de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado”, aseveró.

     

    No es una renuncia cualquiera

    Solís lamentó que Ortega y Murillo no hayan tenido “sensatez y cordura” para proceder a una negociación política que derivara en el adelanto de elecciones como la mejor manera de superar la crisis pacíficamente.

    “Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, insistió el exmagistrado.

    Son palabras fuertes que no solo provienen de un leal, de un operador político y de un prominente funcionario público. Son las del Rafael Solís, padrino de bodas. Estos vínculos explican por qué la carta del exmagistrado ha causado un terremoto político en el aparentemente impermeable Frente Sandinista. Hasta ahora, la pareja presidencial no se ha referido a la dimisión de su padrino de bodas.

    “No es una renuncia cualquiera. No es lo mismo que renuncie alguno de los otros magistrados a que renuncie Rafael Solís. No es un disidente cualquiera. Se trata del asesor más importante y fundamental en las políticas del Frente Sandinista. Un hombre que estaba en el mero centro del poder”, aseguró a Univision Noticias el exvicencanciller de Nicaragua, José Pallais. “Esta renuncia genera dudas en la estructura del poder. Los desmoraliza. Los hace preguntarse si hay futuro”.

    Aunque el orteguismo sufre en silencio esta bomba política, algunos voceros oficiosos del gobierno han comenzado a tildar al exmagistrado de “traidor”. De hecho, la “purga” se ha extendido a jueces cercanos a Solís, quienes también son señalados de “cómplices de traición”.

     

    Poder Judicial sometido

    Solís hizo énfasis en la represión policial y paramilitar que ha dejado 325 muertos, más de 2,000 heridos y 565 presos políticos. Además, cuestionó la actitud presidencial de negarse al diálogo mediado por la iglesia católica para solventar la crisis.

    Sin embargo, lo más revelador de la misiva de renuncia es la apreciación de Solís respecto a los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos. Contrario a lo que promulga el gobierno de que son “golpistas y terroristas”, el exmagistrado sostiene que son en realidad “presos políticos”. Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca y parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los crímenes cometidos cometidos entre abril y mayo, dijo que lo que más le impresionó en Nicaragua “fue la falta de independencia del Poder Judicial”.

     “Comenzaron los juicios en su gran mayoría políticos aún conforme mi criterio, a una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un Poder Judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces a quienes defiendo porque no tenían más alternativas que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”, criticó Solís por su parte.

     

    Otra renuncia: el Superintendente de Bancos

    Menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Solís, otro funcionario del gobierno dimitió. Se trata del superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo.

    Las razones exactas de la renuncia del superintendente de Bancos no han trascendido, aunque se está a la espera que el Parlamento la ratifique. Urcuyo dimite en el momento álgido de la crisis económica tras las protestas. El sistema financiero de Nicaragua ha perdido más de 1,300 millones de dólares en depósitos y los créditos están semiparalizados.

    “Estoy seguro que los funcionarios más vulnerables se van a ir. Es decir, aquellos que tienen conexiones con el sistema financiero internacional debido a las sanciones económicas que podría aplicar Estados Unidos a través de la Ley Nica Act”, sostuvo el exdiputado Eliseo Núñez. “Es una mala lectura de Ortega pretender que sus allegados van a estar con él mientras se atrinchera al poder y se cierra ante una negociación política”, finalizó.

     

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