Indianapolis, Indiana. .
March 20, 2019

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La demanda indica que ambas oficinas coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin un estatus legal de permanencia en regla y se aprovecharon de sus anhelos para regularizar su situación migratoria.

UNIVISION Y EFE

 

14 de agosto del 2018- Dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron acusadas de trabajar juntas para engañar a inmigrantes con el objetivo de arrestarlos y deportados de Estados Unidos.

Una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), indica que las dos dependencias atrajeron a inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses a entrevistas para conseguir la residencia (green card). Durante el proceso fueron apresados, privados de libertad y puestos en proceso para ser expulsados del país.

ACLU demandó por este acto a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dependencia encargada de gestionar y otorgar las residencias, y a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la policía federal a cargo de las deportaciones.

La demanda indica que ambas oficinas coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin un estatus legal de permanencia en regla y se aprovecharon de sus anhelos para regularizar su situación migratoria.

 

Detalles de la demanda

Los documentos obtenidos por varios medios luego desvelan correos electrónicos intercambiados entre miembros de la USCIS e ICE, en los que se evidencia una planificación detallada de estos planes de arresto.

La USCIS planificó y programó las entrevistas a determinadas horas a petición de agentes de ICE que participaron en la operación.

También muestran que las entrevistas fueron programadas de tal manera que hubiera suficiente tiempo entre las citas para que los medios de comunicación tuvieran "menos opciones" de descubrir esta táctica, según explica ACLU.

En uno de estos correos, Andrew Graham, un agente de ICE, reclamó tiempo suficiente entre las entrevistas a un trabajador de la USCIS de manera explícita, con el fin de arrestar a personas indocumentadas que son parejas de ciudadanos estadounidenses al finalizar las vistas, obligatorias durante un proceso de residencia para verificar datos.

"En lo que se refiere a los horarios, preferiría que no hagan (las entrevistas) todas al mismo tiempo, ya que no solo afecta nuestra capacidad de transportar y procesar varios arrestos, sino que también tiene el potencial de atraer los intereses negativos de los medios, cómo hemos visto en el pasado", escribió Graham.

 

Datos compartidos

A pesar de que la USCIS ha señalado en varias ocasiones que los datos recabados de sus clientes con propósitos migratorios no son compartidos con otras agencias para fines distintos, como deportación, la demanda indica que el servicio de inmigración facilitó al ICE una lista de gente que había llenado y enviado un formulario I-130, petición de residencia basado en familia firmado por un ciudadano estadounidense.

ICE entonces revisó el listado enviado por la USCIS para encontrar cualquier "factor significativo" que influyera en su decisión de detener a una persona para luego deportarla, según los correos que aparecen en la denuncia. La agencia de deportaciones identificó a varios candidatos, agrega Efe.

Una vez el beneficiario de la I-130 llegó junto con el peticionario a la entrevista, la USCIS notificó a ICE la presencia xde ambos en sus oficinas. ICE entonces envió a agentes para llevar a cabo el arresto del peticionario al finalizar la cita.

Una de las personas identificadas y afectada por estos procedimientos fue la inmigrante guatemalteca Lilian Calderón, de 30 años y madre de dos niños, que llegó a los Estados Unidos cuando tenía tres años.

Calderón fue arrestara en enero cuando acudió a la cita de USCIS en sus oficinas de Rhode Island, junto a su esposo, un ciudadano estadounidense.

 

El caso Calderón

El 5 de febrero la ACLU demandó en un tribunal federal la liberación inmediata de Calderón, quien tras su arresto fue enviada a un centro de detención de ICE en Boston.

Tras la presentación del recurso un juez federal detuvo la deportación de la inmigrante guatemalteca.

Adriana Lafaille, abogada de ACLU, dijo en un comunicado que Calderón estaba siguiendo el debido proceso establecido para conseguir la residencia legal permanente (LPR), y que no había justificación alguna para que permaneciera detenida.

“Ella no tiene inclinación de irse del país, ni presenta amenaza alguna a la comunidad”, aseguró. “Tenerla encerrada es arbitrario, ilegal e inhumano”, apuntó.

Calderón fue luego liberada y regresó con su familia.

 

El caso Sandro de Souza

La demanda de ACLU en contra de la USCIS e ICE incluye el arresto del inmigrante brasileño Sandro de Souza, que lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos.

Souza fue arrestado bajo el mismo procedimiento, pero terminó siendo deportado en marzo, dejando en Estados Unidos a su esposa, una ciudadana, y a su hijo.

“El señor de Souza, un inmigrante brasileño que ha vivido en los Estados Unidos durante más de 20 años, recibió la orden de abandonar el país el 24 de abril, a pesar del progreso en su proceso de solicitud pendiente a través de USCIS y pese a su historial de haberse registrado regularmente con ICE”, explica la ACLU en una de sus páginas de internet.

El grupo de derechos civiles incluye en la demanda a otras tres familias afectadas por el mismo procedimiento. El diario The Boston Globe dijo que en al menos 17 ocasiones ambas dependencias han llevado a cabo este tipo de operativos que finalizan con un arresto bajo engaño.

Calderón tiene fijada una audiencia para el 20 de agosto en una corte de distrito en Boston, Massachusetts.

Un vocero de la USCIS dijo a Univision Noticias que, por política de la agencia, "no puede hacer comentarios sobre asuntos relacionados con litigios pendientes".

Algunos jueces están cerrando casos y los inmigrantes quedan como si nunca les hubiesen iniciado un proceso de deportación. No les dan la residencia, sino que quedan en el mismo estado migratorio en el que se encontraban antes del proceso, con excepción de algunos que por vías legales disponibles consiguen regularizar sus permanencias.

JORGE CANCINO

 

14 de agosto del 2018- Un fallo emitido en junio por la Corte Suprema de Justicia anuló los citatorios a las cortes de inmigración (Notificaciones de Comparecencia, NTA por su sigla en inglés) que fueron emitidas sin fecha, ni hora, ni dirección de dónde presentarse, y ahora está causando caos en los tribunales e incertidumbre en la comunidad inmigrante, sobre todo entre aquellos que tienen pendiente casos de deportación.

La orden del máximo tribunal de justicia impacta a miles de expedientes de inmigrantes que están luchando por permanecer en el país, y entorpece aquellos que por sus méritos pueden ser cerrados para asó desaparecer el fantasma de la deportación, según lo señala la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“Estamos hablando de mucha gente que, de una u otra manera, se verán beneficiadas por esta decisión, pero también otros que pudieran no recibir una segunda oportunidad”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

 

Error humano

Velásquez indica que “la emisión de notificaciones para presentarse ante la corte sin fecha, hora o información sobre el adonde acudir, se trató de un error humano cometido por la burocracia”.

“Fueron varios errores juntos. Escribieron mal un domicilio, el sobre no tenía fecha, la NTA tampoco tenía fecha y, en algunos casos, ni siquiera llevaban la hora de comparecencia o la dirección de la corte donde debía asistir el inmigrante”, agregó.

“Era imposible entonces que esa carta o cita llegara a manos del solicitante. Y si llegaba, de todas maneras, el destinatario no sabía cuándo ir, a qué hora y en qué lugar”, añadió.

El fallo de la Corte (8 a favor y 1 en contra) “exige que se anulen las notificaciones fallidas”, dijo Velásquez. “Y las nuevas NTA y los sobres en las que se envíen deben llevar fecha, hora de la cita y los datos de la corte de inmigración que lleva el caso. El reglamento es muy especifico, el debido proceso migratorio debe estar en perfecto orden”, añadió.

 

Qué pasa con los casos

Los casos afectados por la anulación de NTA defectuosas “deben ser terminados, es decir, cerrados”, dice Barbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas.

“Algunos jueces los están cerrando y los inmigrantes entonces quedan como si nunca les hubiesen iniciado un proceso de deportación. No les dan la residencia, quedan en el mismo estado migratorio en el que se encontraban antes del proceso, con excepción de algunos que por vías legales disponibles regularicen sus permanencias”, agregó.

Pero hay inconvenientes después del fallo, advierte Hines. “El gobierno, a través de los abogados de ICE, se opone a que los jueces cierren los casos en los que hubo notificaciones de comparecencia fallidas”.

“Eso es lo que esta sucediendo en los tribunales, lo que estamos viendo los abogados. Los Avisos de Comparecencia deben tener toda la información necesaria para que el inmigrante asista y tenga su día en corte, como manda el debido proceso”, añade.

 

Daños irreparables

Hines indicó que “la falta de información en las NTA anuladas por la Corte Suprema pudieron haber afectado a miles de personas que, por no tener la información sobre el día, la hora y el lugar de presentación ante un juez, no acudieron y recibieron una orden de deportación en ausencia”.

“El fallo de la Corte Suprema quiere decir que la cita de comparecencia sin fecha nunca existió”, dice Velásquez. “No se puede argumentar que el gobierno actuó de mala fe. La burocracia a veces, o en este caso por el gran número de expedientes que existen, las personas que enviaron los citatorios se les pasó ese importante detalle”.

Velásquez precisó que “muchos inmigrantes centroamericanos que han llegado al país desde 2014 en busca de asilo, recibieron citatorios a las coprtes sin fecha, ni hora. Y al no saber cuándo acudir ante el juez, ahora están terriblemente afectados porque les emitieron una orden de deportación en ausencia y no lo saben”.

En cuanto a los casos ya procesados y en los cuales el inmigrante recibió un beneficio tal como la residencia al demostrar que lleva más de 10 años en Estados Unidos, tiene buen carácter moral, carece de antecedentes criminales y probó al tribunal que su deportación causaría un sufrimiento extremo a un familiar inmediato, “esos procesos ya están concluidos. No les debe afectar el fallo de la Corte Suprema”, apuntó Hines.

 

Tribunales atascados

La orden de la Corte Suprema causa, además, serios contratiempos en las Cortes de Inmigración, que a finales de junio tenían más de 740,000 casos acumulados.

“Las NTA defectuosas deben ser canceladas y también los procesos. Y si los jueces no los cierran, se deben enviar nuevos citatorios, esta vez con las fechas que exige el proceso para que sea válido”, reiteró Velásquez.

La abogada explicó además que, “el procedimiento de entrega de una NTA debe indicar los cargos presentados y las agencias de la ley deben aportar una lista de agencias de ley y abogados que pueden ayudar al inmigrante para que defienda su permanencia en el país”.

“Así es que, no solo las notificaciones carecían de firma o fecha, sino también de este proceso escrito en la parte de abajo del documento con letra pequeña, pero muy importante dentro del debido proceso migratorio”, comentó.

En cuanto al cierre de casos, un recurso que los jueces de inmigración pueden emplear en el caso notificaciones anuladas por la Corte Suprema, se trata de una herramienta que el fiscal general Sessions ha intentado disminuir en medio de las preocupaciones de los jueces de inmigración.

“La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada por la decisión del fiscal general de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes”, dijo en mayo a Univision Noticias la honorable jueza Dana Marks, presidenta emérita de la NAIJ. “Hemos aconsejado sobre ese asunto con el punto de vista de las cortes explicando de que “administrative closure” (el cierre administrativo) es un método muy útil para que nosotros podamos arreglar nuestros expedientes de una manera más eficaz, especialmente en esta época de tantos casos atrasados. Es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve los intereses del debido proceso y administración inteligente de la ley”, agregó.

 

Sistema fallido

Las cortes de inmigración tienen acumulados poco más de 740,000 casos, según datos recientes del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales ( TRAC) de la Universidad de Siracuse en Nueva York.

“Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dice Marks. “Algunos expertos señalan que para reparar el problema se requieren el doble de jueces, unos 700 para poder tener suficiente capacidad de hacer nuestros trabajos de una manera prudente en un período de tiempo aceptable”.

Marks advierte además que sin jueces suficientes y sin tiempo adecuado “se puede perjudicar a la gente que está solicitando un remedio, un familiar extranjero, están en peligro o tal vez tienen pariente enfermo y necesitan a esa persona para calificar por un remedio dentro de la ley”.

La portavoz de la NAIJ dijo además que, “por décadas hemos seguido el mecanismo de cerrar los casos administrativamente, no es algo nuevo, es algo que se ha usado en las cortes por décadas, y no solo de inmigración, también en los tribunales civiles y criminales”.

“Se emplea no como una manera solo para evitar hacer el trabajo necesario, sino un mecanismo establecido para priorizar los casos que están verdaderamente listos para seguir porque la gente ha tenido el tiempo necesario para preparar y hacer los pasos fuera de la corte de inmigración para calificar por otras vías legales”, indicó.

 

Ya se sabía que era dañino para los ojos, pero no hasta qué punto, ni por qué. Un nuevo estudio comprobó que la exposición prolongada a las pantallas ‘mata’ a los fotorreceptores, lo que puede acelerar la degeneración macular, sobre todo en personas mayores.

UNIVISION

 

10 de agosto del 2018- No era ningún secreto que la luz de la pantalla del celular o la tableta afecta nuestros patrones de sueño y genera cansancio ocular entre otros problemas. Lo que desconocíamos era de qué modo deteriora la visión y que incluso puede ocasionar ceguera, algo que acaba de asegurar un grupo de científicos.

Investigadores de la Universidad de Toledo (EEUU) revelaron en un artículo publicado en la revista Scientific Reports, que la exposición prolongada a la luz azul hace que algunas moléculas oculares se hagan tóxicas, lo que puede desencadenar el desarrollo de degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en el mundo.

La degeneración macular ocurre cuando los fotorreceptores (células sensibles a la luz) de la retina mueren. Es la principal causa de ceguera en Estados Unidos y aunque ésta no llegue a ser total, puede impedir la realización de actividades diarias como leer o reconocer rostros.

Para detectar la luz, los fotorreceptores necesitan de una molécula especial que permite que se emita la señal al cerebro y así podamos ver. Los científicos encontraron que la luz azul (no la roja, ni la verde o la amarilla) hace que esa molécula genere una serie de reacciones que “matan” a los fotorreceptores.

“Esas células fotorreceptoras no se regeneran y cuando mueren, mueren para siempre”, explicó Ajith Karunarathne, profesor asistente del departamento de química y bioquímica de la Universidad de Toledo.

“Estamos expuestos a la luz azul continuamente y ni la córnea ocular ni los lentes pueden bloquearla o reflejarla. La luz azul deteriora nuestra retina y el experimento que hicimos explica cómo. La idea es que esto motive a crear terapias como gotas oculares que detengan la degeneración macular”, dijo.

Hay tener especial cuidado con los niños, pues otro estudio previamente determinó que estos absorben más luz azul de los dispositivos electrónicos, que los adultos.

 

Cómo protegerse

A quienes desean prevenir estos efectos, algunos expertos como Karunarathne les recomiendan usar lentes de sol que filtren no sólo los rayos UV sino también la luz azul cuanto se encuentren al aire libre, y evitar navegar en sus teléfonos o tabletas en la oscuridad.

Hasta el momento, la Academia Estadounidense de Oftalmologíano no apoya el uso de lentes especiales para ver el celular o la computadora por falta de evidencia sobre su efectividad.

También advierten que aunque está comprobado que la exposición directa a la luz ultravioleta del sol aumenta el riesgo de padecer cataratas, cáncer y otros problemas visuales, los efectos de la luz azul que emiten los dispositivos (y de la que el sol es la principal fuente) “todavía están siendo investigados”.

De forma natural los ojos tienen un antioxidante llamado alpha tocopherol, capaz de detener el deceso de las células. El problema es que éste no protege a la gente de la tercera edad o que tienen un sistema inmune comprometido, por eso, estas serían más susceptibles a padecer problemas oculares como la degeneración macular.

 

Quienes acumulen más de 180 días (seis meses) indocumentados en Estados Unidos, les caerá encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera del país al infractor. Y es poco probable que al término de la sanción puedan regresar, porque les pueden negar una nueva visa.

JORGE CANCINO

 

9 de agosto del 2018- El gobierno de Donald Trump publicó este jueves un memorando con el nuevo reglamento que regula la presencia de estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio con visas F, J y M, y reitera que aquellos que pierdan su estatus y no tramiten su reinstalación acumularán tiempo de presencia ilegal y podrán ser deportados de Estados Unidos.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que “la guía final revisada sobre presencia ilegal para estudiantes y visitantes de intercambio” fue elaborada y revisada “luego de considerar los comentarios recibidos durante un periodo de 30 días, que terminó el 11 de junio de 2018”.

Las nuevas políticas entraron en vigor este 9 de agosto, añadió la agencia. Y advirtió que “los no inmigrantes con visas F y M que ya no estén bajo estatus legal y soliciten a tiempo la reinstalación de dicho estatus, se les suspenderá la acumulación de presencia ilegal mientras sus solicitudes están pendientes”.

La acumulación de presencia ilegal está regulada por la denominada Ley del Castigo, que sanciona con tres años fuera de Estados Unidos si la permanencia ilegal o indocumentada pasa de 180 días, y con 10 años si el tiempo como indocumentado pasa de los 365 días (1 año).

 

El primer aviso

El 10 de mayo la USCIS publicó un primer memorándum de políticas para anunciar que había cambiado la manera en que la agencia calcula la presencia ilegal de aquellos extranjeros que se encuentran en el país bajo estatus de estudiante ( no inmigrante F), visitante de intercambio ( no inmigrante J), o estudiante vocacional ( no inmigrante M).

Con la publicación del memorando se abrió un período para recibir comentarios del público, los que fueron tomados en cuenta para elaborar la versión final revisada publicada este jueves en el Registro Federal, el diario oficial estadounidense donde se publican nuevas normativas y leyes.

El gobierno había advertido además que las nuevas regulaciones entrarían en vigor este 9 de agosto. Y que las visas tipo F, J y M estarán vigentes por un período restringido y bien determinado de tiempo para de esa manera evitar interpretaciones erróneas.

 

Advertencia de deportación

La USCIS dijo que el memorando del 9 de agosto reemplaza el memorando del 10 de mayo, y señala que el nuevo documento “describe las reglas para calcular la presencia ilegal de no inmigrantes con visas tipo F y M con solicitudes de reinstalación presentadas a tiempo o aprobadas, así como de no inmigrantes con visa tipo J a quienes el Departamento de Estado reinstaló su estatus”.

“Como resultado de las opiniones del público y los grupos de interés, hemos ajustado la política de presencia ilegal a fin de abordar una preocupación expresada en los comentarios del público, que en última instancia mejora la forma que en general implementamos las causales de inadmisibilidad por presencia ilegal y reduce el número de estadías rebasadas en esas categorías de visa”, dijo Francis Cissna, director de USCIS., en un comunicado

Cissna dijo además que la USCIS seguirá protegiendo “la integridad del sistema de inmigración” y “asegurar que nuestras leyes sean ejecutadas fielmente”.

A su vez, precisó que “las personas que rebasen su estadía o violen los términos de sus visas no deben permanecer en Estados Unidos. Los estudiantes extranjeros que ya no están matriculados apropiadamente en escuelas están violando los términos de sus visas de estudiante y deben ser responsabilizados por ello”, puntualizó.

 

Estadías en peligro

El memorando del 9 de agosto es en la misma semana que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado 7 de agosto la publicación del 'Informe de Entrada/Salida y Rebaso de Estadías del año fiscal 2017'.

El documento, agrega, mostró que “los índices estimados totales de rebaso de estadías fueron menores durante el año fiscal 2017 en las categorías de visas de no inmigrante tipo F y J, pero las categorías de visas tipo F, M y J continúan teniendo índices significativamente más altos que otras categorías de visas de inmigrante, lo que justifica la necesidad de atender el cálculo de presencia ilegal de esta población”.

El servicio de inmigración apuntó que “para propósitos de calcular la presencia ilegal, se considera que una solicitud de reinstalación de estatus F o M presentada a tiempo es una en que los estudiantes no han estado fuera de estatus por más de cinco meses al momento de presentar su solicitud”.

Y que “bajo el memorándum de políticas final revisado, la acumulación de presencia ilegal se suspende cuando el no inmigrante F o M presenta una solicitud de reinstalación de estatus durante el periodo de oportunidad de cinco meses, y mientras la solicitud está en proceso con USCIS”.

 

En caso de rechazo

La USCIS añade que, si la solicitud de reinstalación es denegada, “la acumulación de presencia ilegal se reanuda el día siguiente del rechazo de la petición”.

Si este es el caso, agrega, “es responsabilidad del no inmigrante salir voluntariamente de Estados Unidos para evitar acumular más presencia ilegal, lo que podría resultar luego en una inadmisibilidad bajo la sección 212(a)(9) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.

Indica además que “independientemente de si la solicitud de reinstalación se presenta a tiempo, un inmigrante con una visa tipo F, J o M cuya solicitud de reinstalación de estatus es finalmente aprobada, generalmente no acumula presencia ilegal mientras está fuera de estatus”.

 

La visa de intercambio

En cuando a los extranjeros con una visa tipo J-1 de intercambio, la USCIS dijo que es el Departamento de Estado (DOS) la dependencia encargada de administrar este programa, “que incluye peticiones de reinstalación”.

“Si el DOS aprueba la solicitud de reinstalación de un no inmigrante con una visa tipo J, la persona generalmente no acumulará presencia ilegal desde el momento en que el no inmigrante J rebasó el tiempo de su estatus hasta el momento en que se le aprobó su reinstalación”, aseguró.

La agencia dijo además que la nueva guía final revisada “corrige las referencias a la Junta de Apelaciones de Inmigración emitiendo órdenes de deportación en primera instancia” a aquellos que acumulen presencia ilegal en el país.

 

Preste atención

El gobierno considera que un extranjero F, J o M está ilegalmente en el país si suspende sus clases o abandona la actividad autorizada por la visa. En esos casos, comenzarán a acumular presencia ilegal en Estados Unidos y se les podrá aplicar la denominada Ley del Castigo o Ley de los 10 años, a menos que inicien un trámite de reinstalación dentro de un plazo de cinco meses.

El nuevo reglamento también afecta a los dependientes (cónyuges e hijos) que utilizan las visas F-2, J-2 o M-2 que no mantengan su estatus en Estados Unidos.

“Esta política está alineada con la Orden Ejecutiva del Presidente: Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de Estados Unidos, a fin de hacer cumplir las leyes de inmigración de la nación”, explicó la USCIS en mayo.

La orden citada por la agencia decretó, además, que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad y pública de Estados Unidos.

 

No más dudas

Antes de la implementación del nuevo reglamento para las visas F, J y M “había dudas respecto a partir de cuándo un estudiante o un académico se convertía en indocumentado y acumulaba presencia ilegal”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas, cuando el gobierno anunció un nuevo reglamento en mayo. “A partir de ahora se acabaron las dudas”, indicó.

“Había un debate respecto a estas visas, porque la interpretación no lo dejaba en claro. Pero a partir de este 9 de agosto, ya se sabe cuándo comienza a regir la cuenta de tiempo ilegal en el país. Habrá que tomar medidas urgentes para evitarlo”, precisó. “Algunas personas que saben que se quedarán irregulares, deben regresar al estatus de visa correcta para no verse afectados”.

Barrón explicó además que, “si un estudiante F1 deja las clases, debe saber que el centro de estudios notificará de inmediato a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Además, debe saber que esta categoría de personas son una prioridad de deportación para el gobierno”.

 

Quiénes las usan

El libro “Inmigración, las nuevas reglas, lo que debes saber para vivir y permanecer legalmente en el país”, una guía de Univision, señala que la visa F es una de las categorías más populares usada por estudiantes para poder asistir a escuelas y universidades en estados Unidos. “Generalmente, esta visa tiene una duración igual al tiempo estimado que tomará el programa de estudios determinado por un formulario I-20 emitido por la institución académica”, indica.

La visa tiene dos categorías:

 

F1, para estudios académicos.

F2, para cónyuges e hijos de los portadores de F1.

La visa J, en cambio, se concede a personas que viajan a Estados Unidos con el propósito de realizar estudios académicos, como visitante de intercambio y cultural, o para adiestrarse como parte de un programa de intercambio reconocido oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. La visa J tiene también tiene dos categorías:

 

J1, para el estudiante o visitante de intercambio.

J2, para familiares directos (cónyuge e hijos menores de edad) de un portador de visa J1.

En cuando a la visa M, esta es muy parecida a la F1 “porque también es para estudiantes”, explica la guía. “La diferencia es que se concede para realizar ciertos estudios específicos tales como programas vocacionales o no académicos (estudios técnicos, por ejemplo), cursos de cocina, idiomas o cursos de vuelo”.

La visa M tiene dos categorías:

 

M1. Los estudiantes M1 solo pueden tomar clases en el establecimiento que aprobó la solicitud. A diferencia de la F1, no se permite cambio de carrera. Y los estudiantes solo pueden trabajar dentro de las instalaciones del establecimiento educativo.

M2. Para familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad) del portador de una visa M1. No incluye autorización de empleo.

Durante el año fiscal 2016, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registró:

1,858,644 admisiones de extranjeros con visa F1

505,448 admisiones de extranjeros con visa J1

18,726 admisiones de extranjeros con visa M1

Los agentes entraron a varios negocios locales y protagonizaron una de las mayores operaciones de la unidad de investigación de ICE en sus 15 años de historia.

UNIVISION

 

8 de agosto del 2018- El Servicio de Inmigracion y Aduanas ( ICE) entró este miércoles en varios negocios y plantas de Nebraska y Minnesota, donde arrestó a 133 trabajadores extranjeros y 14 propietarios de negocios, según informa la agencia de noticias AP.

Gran parte de la operación se desarrolló en O'Neill, Nebraska, un pequeño municipio de unos 3,000 habitantes.

Tanto ICE como vecinos de la zona explicaron a Univision Noticias que algunos de los negocios donde se produjeron las detenciones son una planta de procesamiento de tomate (Ventures Tomato Processing Plan), una de papa, una granja de vacas, una tienda de comida (El Mercadito) y un restaurante mexicano (La Herradura).

Tracy Cormier, agente especial de ICE, dijo que se trata de una de las mayores operaciones de los 15 años de historia de la unidad de investigaciones de la agencia.

La agente dijo que "los negocios contraban conscientemente a trabajadores ilegales para beneficiar sus propios bolsillos engañando a los trabajadores, a los contribuyentes y a los negocios competidores", dijo en un comunicado enviado a Univision Noticias.

También hubo detenciones en otros municipios de Nebraska (Stromsburg, Ainsworth, Bartlett y Royal) y Minnesota (Appleton y Atkinson).

La agencia migratoria dijo que algunos de los arrestados serán liberados mientras esperan su audiencia ante el juez, mientras que el resto quedará en detención. Inmigrantes que no estaban en las redadas temen ahora que el arresto de propietarios de negocios revele sus nombres, y facilite que ICE los encuentre y los detenga.

El operativo comenzó poco antes de las 9:00 am, cuando llegaron los oficiales a la planta de tomates. La empresa es un invernadero de 10 acres que puede producir aproximadamente 250,000 libras de tomates a la semana.

Según Staci Ramon, una testigo que vio la operación citada por el diario Omala World-Herald, en la empresa emplean aproximadamente 80 personas recogiendo y empaquetando tomates. "Pero ahora probablemente tendrán 20", añadió.

Algunos empleados pudieron salir de la empresa mientras los agentes continuaban con la operación. Se corrió la voz y otros inmigrantes del municipio huyeron a sus casas por si ICE llegaba a sus puestos de empleo.

"La gran mayoría de esas personas son trabajadores que solo quieren una vida mejor", indicó al diario Don Tejral, en relación a los posibles detenidos por ICE.

"Desde que los rumores sobre ICE se han divulgado por el centro de Nebraska, hemos visto cómo el miedo a dañado las comunidades locales". dijo Darcy Tromanhauser, de la organización Nebraska Appleseed, en un comunicado. "Los padres tienen miedo de ir a trabajar o mandar sus hijos e hijas a la escuela".

Ve el especial de Univision Noticias: America First, el legado de una redada.

Este tipo de operaciones se enmarcan en la creciente campaña del gobierno contra aquellos empleadores que contratan a personas que residen ilegalmente en Estados Unidos.

ICE dijo que este año fiscal 2018 quería multiplicar por cuatro o por cinco las inspecciones a lugares de trabajo. En Tennessee detuvieron a 97 inmigrantes en abril y en Ohio, a principios de junio 114 detenidos y 146 a mediados de mes. Los efectos son todavía a mayor escala cuando se vuelve a pequeñas localidades como Postville, Iowa, donde hace una década arrestaron a 389 extranjeros, y tres cuartos de ellos fueron deportados.

 

El diario Houston Chronicle explica la historia de una madre que fue enviada de vuelta a México porque había usado ayudas públicas para dar a luz a su hijo en Maryland en 2016.

UNIVISION

 

8 de agosto del 2018- La mexicana Michelle Nicoll Gutiérrez llegó el pasado sábado al aeropuerto de Houston con una visa de turista y con su hijo de 20 meses, quien tiene pasaporte estadounidense. Pero funcionarios de inmigración le negaron la entrada, le revocaron su permiso de viaje, la devolvieron a México y ya no podrá volver a Estados Unidos en cinco años.

Las autoridades, según cuenta el diario Houston Chronicle, consideran a esta mexicana "una carga pública" para Estados Unidos. En el aeropuerto internacional Bush, los agentes le preguntaron mucho sobre asuntos financieros y sobre el uso que hizo del programa de asistencia federal Medicaid para dar a luz.

Esa explicación oficial resuena con más fuerza tras saber que la administración de Donald Trump prepara la publicación de un reglamento que hará cambios radicales al concepto de ‘carga pública’. Ese nuevo foco causaría un fuerte impacto tanto en los extranjeros que piden visas para entrar y permanecer legalmente al país, así como en aquellos inmigrantes ya establecidos con una ' green card'.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo al diario texano que la mujer mexicana había usado "asistencia del gobierno durante una estancia previa en el país para pagar los gastos asociados con tener un hijo en Estados Unidos".

La mujer visitaba frecuentemente el país de manera legal supuestamente porque su madre está casada con un miembro retirado del servicio exterior estadounidense, a quien conoció en México y con quien se mudó a Maryland. Abogados explican que la mujer alargó a veces demasiado esas estancias como turista.

Pero fue en Maryland donde Michelle Nicoll Gutiérrez usó los servicios de Medicaid, ya que ella se habría enfermado al final de su embarazo y su hijo nació en Maryland en diciembre de 2016.

Y fueron precisamente esas ayudas que activaron la luz roja de los agentes de CBP, quienes tienen discrecionalidad para decidir sobre las entradas de los extranjeros al país.

Según el diario, sin embargo, una ley de 2009 permite en decenas de estados como Maryland que extranjeras embarazadas que están de manera legal en Estados Unidos y que tienen ingresos bajos usen ayudas de Medicaid.

Esta vez, la mexicana intentaba entrar a Estados Unidos con una visa para celebrar su cumpleaños con la familia. Univision Noticias contactó sin éxito a CBP para conocer los detalles de la negación de entrada.

A lo largo de tres años la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos. Regresaban con los pagos en fajos de dólares.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 8 de agosto del 2018– Un operativo que involucró a múltiples agencias del orden concluyó este miércoles con el arresto de 22 miembros del cartel de Sinaloa que trajeron ocultos en sus autos grandes cargamentos de droga a Los Ángeles y regresaron a México con miles de dólares en efectivo.

Los arrestos se realizaron esta mañana en distintas locaciones del sur de California, una región que desde hace varios años ha sido el principal centro de distribución en Estados Unidos de la organización criminal dirigida por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Durante tres años, la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California, ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos.

Luego llevaban la droga a las viviendas de los miembros de la organización delictiva y la distribuían en el área metropolitana de Los Ángeles y en distintas ciudades de EEUU. Las ganancias en efectivo por dichas transacciones regresaban hasta Sinaloa.

Como resultado de esta operación, las autoridades decomisaron unas 850 libras de metanfetamina, casi una tonelada de cocaína, 93 libras de heroína, casi 50 libras de marihuana y 1.42 millones de dólares en efectivo. Varias pagas de billetes de cien dólares fueron incautadas por los agentes del orden.

Este fuerte golpe al cartel de 'El Chapo' lo asestó un equipo especial formado en 2014 en Los Ángeles para desmantelar las operaciones de narcos mexicanos. La unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles es dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Los 22 narcotraficantes detenidos en la redada este miércoles, quienes están siendo presentados ante una corte federal en Los Ángeles, se encuentran entre 57 personas citadas en tres acusaciones federales por contrabando de narcóticos.

Los 35 restantes siguen fugitivos y la mayoría estarían en México, según un comunicado de la Fiscalía federal. Los nombres de los detenidos y los prófugos no han sido publicados.

Si son condenados en estos casos, la mayoría estarían sujetos a sentencias mínimas de 10 años en prisión federal y posibles condenas a cadena perpetua sin libertad condicional, indicaron las autoridades.

 

Escuchando a los jefes del narco

"El área metropolitana de Los Ángeles es utilizada por las organizaciones criminales como un centro para el transporte y la distribución de drogas ilícitas en todo Estados Unidos", advirtió Bill Bodner, agente especial de DEA en esta región.

"La operación conjunta de hoy envía un mensaje claro de que las fuerzas de seguridad están comprometidas a frenar el flujo de narcóticos en nuestro país y proteger a los estadounidenses de la violencia que acompaña al tráfico de drogas", agregó el funcionario.

La DEA señala que en los últimos años el cartel de Sinaloa ha perdido presencia en el sur de California, donde ahora tiene mayor control el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este avance territorial está ligado a la guerra que enfrentan ambas organizaciones en Tijuana, uno de los principales puntos de acceso de droga hacia EEUU.

Las tres acusaciones de tráfico de drogas buscan incautar cualquier propiedad utilizada para cometer o facilitar dicha actividad ilícita. Uno de los casos alega que hubo una conspiración para blanquear dinero y contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo.

"Esta investigación fue responsable de eliminar más de 1,300 kilos de narcóticos de las calles de Los Ángeles y otras ciudades, y sin duda evitó la violencia en nuestras comunidades", dijo Paul Delacourt, subdirector del FBI en Los Ángeles. "Esperamos que este caso tenga un impacto significativo en las capacidades de transporte de estas organizaciones", agregó.

Por su parte, la fiscal federal Tracy Wilkinson, detalló que la operación 'Narconetas' pudo identificar a traficantes de alto nivel que desde México dirigieron las transacciones. Sus nombres no fueron revelados por tratarse de una investigación en curso. "Pensaban que estaban utilizando dispositivos de comunicación seguros para cometer sus crímenes", dijo la funcionaria.

"Nuestra capacidad para obtener esas comunicaciones continúa siendo una parte importante de nuestra capacidad para resolver estos crímenes. La Fuerza de Ataque de Los Ángeles se ha convertido en un líder en el uso de técnicas de investigación innovadoras para golpear a las organizaciones de tráfico de drogas con sede en México", añadió la fiscal federal.

En las recientes acciones de esa unidad también participaron las Policías de Los Ángeles, Glendale, Fullerton, Pomona, Azusa, Torrance, así como la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los US Marshals, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

 

Otros operativos contra el cartel

En junio de 2017, siete supuestos operadores del cártel de Sinaloa en el sur de California fueron arrestados como resultado de una investigación de dos años en la que agentes federales en la unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles intervinieron sus comunicaciones telefónicas.

Se trataba de una red de tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína que utilizaba a Los Ángeles como su centro de operaciones para distribuir la droga a San Francisco, Oxnard y Modesto (en California), Omaha (Nebraska) y Phoenix (Arizona).

Esa célula usaba a mujeres para evitar el escrutinio de las autoridades en la frontera. Ellas pasaban las garitas ocultando la mercancía en compartimientos secretos de sus autos. Les pagaban hasta 6,000 dólares por cada entrega.

Cerca de la frontera, en San Diego, también tienen en la mira a los socios de 'El Chapo'. Allí, una investigación de cinco años ha presentado cargos criminales contra más de 125 integrantes del cartel. Lo han logrado a través de más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por un juez para reunir pruebas y anticipar los movimientos de dicha organización.

Este operativo que realizan múltiples agencias del orden en esa región, por la cual cruzan la mayoría de los narcóticos elaborados por dicho grupo criminal, "ha tenido un impacto importante en las operaciones mundiales del cartel de Sinaloa", asegura la Fiscalía federal.

Algunos peces gordos de la organización que enfrentan cargos en un tribunal federal de San Diego son Dámaso López 'El Mini Lic', hijo de quien en un momento se dijo podía tomar las riendas del cartel tras la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán; Serafín Zambada,hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada, considerado uno de los narcos más poderosos del mundo; y Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de 'El Chapo' y líder de una célula que operaba en Guadalajara y en la Ciudad de México.

 

El Mendocino Complex, como ha sido llamado el fuego que se extiende en tres condados, ha consumido más de 283,800 acres de terreno, una superficie un poco menor a la de la ciudad de Los Ángeles. Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

UNIVISION

 

LOS ÁNGELES, California. 6 de agosto del 2018– Un incendio forestal que empezó el pasado 27 de julio en el condado de Mendocino es ya más grande en la historia de California tras haber arrasado más de 283,800 acres de terreno, prácticamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Desde ese día las llamas se han expandido por miles de acres cada día e incluso en las noches.

Es conocido como Fuego Mendocino Complex por estar compuesto por dos incendios, Ranch y River, los cuales han sido contenidos en un 21% y 58% respectivamente hasta la tarde de este lunes, de acuerdo con el último informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

Su poder destructivo ahora se extiende por tres condados: Lake, Colusa y Mendocino (donde comenzó). Las condiciones del clima y del terreno han dificultado las labores de los bomberos.

"Estamos a merced del viento", reconoció el capitán Thanh Nguyen, portavoz de Cal Fire en el condado Lake, a medios locales. "Trágicamente, toda esta zona está realmente seca y es muy difícil extinguir las llamas".

El tamaño de este incendio supera a del incendio Thomas que año pasado que consumió 1,140.8 kilómetros cuadrados (440,5 millas cuadradas o 281,893 acres) en el sur del estado. En ese incendio murieron dos personas, incluyendo un bombero, y más de 1,000 construcciones quedaron destruidas, antes de ser controlado en su totalidad el 12 de enero.

El vertiginoso aumento del tamaño del incendio en los últimos días, que ha seguido creciendo incluso de noche, cuando generalmente las llamas se calman, ha sorprendido a los propios bomberos.

"Hemos roto un récord. Este es uno de esos récords que no quisieras ver", dijo al diario local Los Angeles Times el subdirector de Cal Fire, Scott McLean.

"Se propaga extremadamente rápido, es extremadamente agresivo y es extremadamente peligroso" , añadió McLean.

Este incendio ha provocado numerosas evacuaciones en los condados afectados, pero no ha destruido tantas casas como otros que siguen activos en el estado, porque se ha propagado por zonas remotas.

Un total de 432 camiones, 15 helicópteros y cerca de 4,000 bomberos combaten las llamas.

Según los expertos, los años de sequía han creado las condiciones ideales para que los incendios forestales a gran escala se extiendan a mayor velocidad.

De hecho, de los cinco incendios forestales más grandes en la historia del estado, cuatro han ocurrido desde 2012.

 

Los 5 grandes

Mendocino Complex Fire: +283,800 acres, Mendocino. 
Thomas Fire: 281,000 acres, diciembre de 2017, Ventura. 
Cedar Fire: 273,246 acres, octubre de 2003, San Diego. 
Rush Fire: 271,911 acres, agosto de 2012, Lassen. 
Rim Fire: 257,314 acres, agosto de 2013, Tuolumne.

 

En la actualidad hay 17 incendios grandes en California, que, en total, han arrasado más de 558,000 acres. El incendio Carr, próximo a la ciudad de Redding, se ha cobrado las vidas de siete personas y ha destruido más de 1,000 viviendas.

Los meteorólogos han lanzado para esta semana avisos de emergencia por las altas temperaturas que se van a vivir en el condado de Los Ángeles, donde se superarán los 107 grados Fahrenheit durante esta semana en áreas como Woodland Hills.

A finales de julio, el gobernador Jerry Brown declaró el estado de emergencia para los condados de Riverside y Shasta, al igual que para el de Mariposa, debido a los incendios en estas zonas.

Poco después Trump firmó el estado de emergencia para California, lo que supone que el gobierno federal presta asistencia adicional para combatir los fuegos.

De acuerdo a datos de Cal Fire, la de 2017 fue una de las temporadas de incendios más devastadoras para este estado, con 46 muertos y cerca de 559,000 hectáreas consumidas a causa de unos 9,000 fuegos forestales que destruyeron 10,800 estructuras.

 

Los cerca de 86,000 inmigrantes hondureños amparados por el programa deben llenar y enviar el formulario I-821 y el formulario I-765 para recibir por otros 18 meses el amparo de la deportación y un permiso de trabajo.

UNIVISION

 

6 de agosto del 2018- Este lunes 6 de agosto es el último día para que los cerca de 86,000 hondureños protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) se reinscriban en el programa y puedan permanecer legalmente en el país y mantener un permiso de trabajo.

Los procedimientos de reinscripción, que incluyen cómo renovar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), fueron publicados en el Registro Federal y en el sitio de la agencia ( uscis.gov/es/tps).

 

La reinscripción

El pasado mes de junio, la USCIS dijo que “todos los solicitantes de la reinscripción deben presentar el Formulario I-821, Solicitud al Estatus de Protección Temporal. También pueden pedir un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) por medio de la presentación del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo completado, al momento de presentar el Formulario I-821, o por separado en una fecha posterior”.

La agencia dijo además que “emitiremos nuevas tarjetas de autorización de empleo con una fecha de caducidad del 5 de enero de 2020 a los hondureños beneficiarios de TPS que los soliciten, sean elegibles y se reinscriban a tiempo”.

Sin embargo, reconoció que ,“dado el tiempo de procesamiento de las solicitudes de inscripción a TPS, no todos los reinscritos recibirán nuevos EAD antes de que caduquen los EAD actuales”.

Por lo tanto, precisó, “ hemos extendido automáticamente la validez de los EAD actuales de hondureños con TPS por 180 días, hasta el 1 de enero de 2019".

“Esta extensión automática incluye personas cuyos EAD tienen una fecha de expiración del 5 de enero de 2018, y que solicitaron un nuevo EAD durante el último periodo de reinscripción, pero no lo han recibido aún”, agregó.

 

La cancelación

El gobierno de Trump canceló el 4 de mayo el TPS de Honduras tras casi dos décadas de vigencia. Con el anuncio, el país centroamericano se sumó a países como El Salvador, Haití y Nicaragua a los que el gobernante quitó ese estatus migratorio que los protege de la deportación y les concede una autorización temporal de empleo.

Los hondureños recibieron 18 meses para regularizar su estatus por cualquier otra vía legal posible o abandonar el país.

"La decisión de terminar el TPS para Honduras se tomó después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original para el TPS del país en 1999 y una evaluación de si esas condiciones continúan existiendo", indicó un comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen. Aseguró que las condiciones en el país tras el paso del huracán Mitch en 1998 "han mejorado notablemente".

Los beneficiarios de TPS de Honduras han vivido en Estados Unidos un promedio de 22 años, según datos del Center for American Progress, un instituto independiente y apolítico. Son además padres de al menos 53,500 niños nacidos en este país.

De los 57,000 hondureños con TPS que hay en total, actualmente 46,700 tienen un empleo. Todos han contribuido con más de 31,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años.

 

Para tener en cuenta

La USCIS también dijo que los hondureños que tienen TPS “pueden consultar con abogados de inmigración o practicantes cualificados acerca de su elegibilidad para otro estatus de inmigración o beneficio, o sobre si hay alguna otra acción que puedan tomar acerca de sus circunstancias individuales de inmigración”.

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que su un beneficiario de TPS tiene antecedentes criminales o no califica para pedir la última reinscripción, “no llene documentos hasta primero consultar con un experto que lo asesore legalmente en el tema”.

“Antes de dar un paso, consulte un abogado para confirmar que el delito o la falta o la acusación del delito pudiera afectar su reinscripción”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

En caso de no reinscribirse en el tiempo señalado por la USCIS, “quedará completamente indocumentado en la fecha que expira la autorización de empleo”, advirtió Barrón.

“Muchas personas con TPS tienen orden de deportación que no fue procesada bajo la protección del beneficio. Si lo pierden por no reinscribirse, corren el riesgo que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lo busque, lo arreste y lo deporte de Estados Unidos”, concluyó.

 

Prolongados periodos de encierro dentro de sus celdas, la mala alimentación, depresiones agudas y maltratos que ni siquiera reciben los criminales convictos, son algunas de las causas que están forzando a migrantes solicitantes de asilo a firmar su deportación para poder abandonar la prisión de Victorville, de acuerdo con testimonios recopilados en una demanda federal.

ISAIAS ALVARADO

LOS ÁNGELES, California. 2 de Agosto del 2018– Todavía no le quitaban las esposas a Noé Mauricio Granados Aquino,cuando un agente le hizo saber que había llegado a una prisión federal acostumbrada a recibir y tratar con criminales. "Mientras más comida pidas, menos te daremos. Mientras más pidas que te dejemos salir, menos lo haremos", expresó el oficial sobre las reglas en la cárcel Victorville de California.

Noé, un solicitante de asilo, pisó por primera vez una penitenciaría estadounidense el 20 de julio debido a la política de 'tolerancia cero' del gobierno Trump. Alrededor de 1,000 inmigrantes han sido enviados a dicha prisión desde principios de junio como una medida provisional ante la ola de centroamericanos, incluyendo más de 2,500 menores, que se han presentado en la frontera pidiendo refugio en este país.

El testimonio de Noé y otros migrantes alojados en el Victorville Federal Correctional Complex han sido recopilados en una demanda que este miércoles interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el presidente Trump y el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) para denunciar maltrato, negligencia médica y castigos incluso más severos de los que reciben los convictos.

Esta querella interpuesta en un tribunal federal de Los Ángeles exige "poner fin inmediatamente a estas terribles injusticias" y pide que se emita una orden judicial para que los migrantes que se encuentran en esa prisión sean trasladados "lo más pronto posible" a otra instalación no especificada. Esa cárcel, de hecho, se localiza cerca del centro de detención de migrantes en Adelanto.

 "No me gusta que me traten como criminal"

Debido a que algunos de estos migrantes no soportan las condiciones en la que es considerada una de las peores prisiones federales del país, ya han pedido que los deporten, reclama ACLU.

"Muchos han expresado su deseo de ser devueltos de inmediato a sus países de origen, renunciando por completo a sus pedidos de ayuda migratoria, porque preferirían enfrentar los peligros de regresar a su país antes que ser encarcelados bajo estas terribles condiciones", cita la demanda.

Ese fue el caso de Emerson Berrios Banegas, quien planeaba pedir asilo, pero terminó aceptando que lo expulsen a su comunidad. "Firmé documentos en los que aceptaba ser deportado. No quiero regresar, pero firmé porque no me gusta que me traten como a un criminal", declaró el migrante.

Según la ACLU, los migrantes detenidos en Victorville han declarado que tienen acceso mínimo a espacios al aire libre y que incluso han pasado varios días sin pisar el patio, que la alimentación es inadecuada e insuficiente por lo cual algunos perdieron hasta 15 libras de pesoen unos días y que no les ofrecen atención médica apropiada a pesar de que han expresado tener graves dolencias.

También denunciaron que tienen poca comunicación con familiares y abogados, que no se respetan sus creencias religiosas, que algunos duraron hasta dos semanas con los mismos uniformes y que ante la falta de traductores en ocasiones los propios reos han servido de intérpretes.

"Estas personas no están siendo detenidas porque están acusadas de un delito, mucho menos han sido condenadas por uno. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales están encarcelados no son mejores que, y en algunos casos son peores, las condiciones a las que está sometida los presos", señala ACLU.

Todos estos reclamos ya los habían expresado legisladores federales, personal de esa prisión, así como organizaciones civiles pidiendo un mejor trato para esos migrantes.

 

La depresión de Noé

Desde el momento en que Noé Aquino llegó a la prisión de Victorville notificó en un formulario que se sentía deprimido, pero nadie se le acercó para realizarle una evaluación médica o para ofrecerle servicios de salud mental, según declaró el migrante a ACLU.

Debido al encarcelamiento, su condición se exacerbó al grado de gritar cada vez que los guardias lo regresaban a su celda. Les dijo que se sentía "muy solo" y en un momento le avisó a un oficial que estaba muy triste y deprimido, aunque este le respondió: "No puedo ayudarte ahora, quizás mañana".

Sobre los casos de Noé y otros, la ACLU señala que "la falta de un proceso adecuado de evaluación de la salud mental somete a los detenidos a un riesgo sustancial de sufrimiento y daño innecesarios".

La principal preocupación de Noé era que su familia no sabía nada de él. "Mi madre, que no sabe dónde estoy, y mis seres queridos, con quienes viajé y de quienes me separaron en la frontera; y sobre todo las cosas horribles que nos sucedieron y que provocaron que viniéramos a Estados Unidos", expresó.

Como muchos migrantes, Noé viajó hacia EEUU con un objeto religioso, una Biblia, la cual le fue confiscada tras ser arrestado por la Patrulla Fronteriza. Este hombre de arraigadas creencias cristianas no ha podido recuperarla: "pedí que me la devolvieran, pero me dijeron que no podían. He visto a otros detenidos pedir Biblias y les dijeron que no había ninguna en español". También le han negado orar en grupo.

El botón que no se debe presionar

Dervi García Pérez resultó gravemente herido después de caer de un camión durante su viaje a la frontera. Bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, él fue llevado a un hospital, donde le administraron analgésicos. Cuando lo entrevistó la ACLU dijo que ha tenido que soportar el dolor sin nada.

También tomaba medicamentos para la gastritis, pero mencionó que se le acabaron estando detenido y que no tenía información sobre el proceso para solicitar más o ver un médico.

En Victorville, la única vía para pedir asistencia médica es un botón en las celdas y presionarlo no es precisamente el método más efectivo para hacer una cita con una enfermera o un doctor, según la demanda federal.

Por ejemplo, Roger Padilla Flores, quien sufre de gastritis, lo presionó y un guardia le dijo que esperara hasta el día siguiente para recibir tratamiento. Cuando insistió, otro oficial lo reprendió expresando "no seas tonto" y le ordenó que nunca volviera a activar dicho botón.

Jexon Rodríguez Rivera aseguró que le indicaron que no lo apretara "a menos que se esté muriendo". Otro detenido, Oscar Colindres Velásquez, atestiguó cuando un funcionario le negó atención médica a un joven al que le sangraba la nariz y le gritó que "se ocupara de eso y dejara de hacer pendejadas".

Cuando Ankush Kumar, un solicitante de asilo que llegó a Victorville el 16 de julio, reportó a través del botón que tenía un dolor "insoportable" por un cálculo renal, un guardia le dijo que esperara hasta el día siguiente para que lo viera un médico y el único paliativo que recibió en ese momento fue una toalla con agua caliente. Varias horas después de sufrimiento, Kumar fue esposado y llevado a un hospital.

La querella señala que muchos otros detenidos reportaron casos similares. Marlon Escoto Cortez le dijo a una enfermera que tenía un fuerte dolor de estómago desde hacía varios días, ella solo le tomó la presión arterial, le palpó el estómago y bromeó diciendo que "está embarazado".

"Hombres llorando en sus camas"

A pesar de que "muchos detenidos han sufrido traumas severos en sus países de origen o en su viaje" a EEUU, les han negado tratamientos de salud mental, reclama ACLU.

Jexon Rodríguez Rivera reportó haber escuchado a "hombres llorando en sus camas" durante la noche y observado a otros en su unidad "con cicatrices por cortarse debido a la depresión y la desesperación".

El propio Jexon dijo que necesitaba hablar con un psicólogo debido a su creciente depresión y por la dificultad para enfrentar el aislamiento y la inactividad en la prisión, pero no sabía qué hacer.

Un migrante contó haber visto a un joven que se cortó los brazos y las muñecas con su navaja de afeitar.

Otro detenido identificado por su apellido, Diallo, relató que ahora padece de ansiedad, lo cual atribuye a estar encerrado en su celda sin nada más qué hacer que pensar en los suyos. Aseguró que sus ojos se enrojecieron por las noches que ha pasado en vela y reclamó que no le han brindado ayuda.

"He pasado gran parte del tiempo angustiado y preocupado por la seguridad de mi familia. Por eso, no he dormido en las últimas tres noches", contó.

Lo que dice el Buró de Prisiones

El Departamento de Justicia (DOJ) declinó comentar sobre la demanda. Por su parte, el Buró federal de Prisiones (BOP) se refirió hace unos días a las quejas contra la cárcel Victorville asegurando que ha echado mano de empleados de otras prisiones para atender la llegada de los migrantes detenidos.

También indicó que ya ha solucionado la escasez de uniformes, que ahora les ofrece ropa cada día y que cambia las sábanas de sus camas semanalmente. Así mismo, aseguró que los migrantes tienen la oportunidad de realizar actividades recreativas dentro y fuera de sus celdas.

Sobre los alimentos, solo confirmó que los sirve en el comedor de la institución.

"La afluencia de detenidos de ICE a nuestras instituciones no disminuye nuestra misión de alojar a personas en instalaciones seguras y en condiciones humanas", dijo el BOP en un comunicado enviado a Univision Noticias.

Ese panorama, sin embargo, es distinto al que relatan los migrantes, quienes aseguran que han pasado hasta cuatro días encerrados por completo en sus celdas sin siquiera poder salir a bañarse, caminar en el patio o hablar telefónicamente con sus familiares.

Debido a la mala calidad de los alimentos que les dieron, algunos perdieron entre cinco y quince libras de peso en unos días. "Puedes ver los huesos que salen de mis muñecas", expresó un migrante.

 

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  • Pentágono envía al Congreso una lista de proyectos que puede paralizar para financiar el muro

    Desde obras en emplazamientos militares en casi todos los estados hasta proyectos en bases de 23 países figuran en la lista de probables recortes que elaboró la Secretaría de Defensa, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares.

    UNIVISION

     

    19 de marzo del 2019- Desde el proyecto de una torre de control aéreo en Alabama hasta tanques de combustible para una base estadounidense en Australia podrían quedar sin presupuesto debido a la prioridad que el presidente Donald Trump ha dado a la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con un documento enviado este lunes por el Pentágono al Congreso.

    El secretario de Defensa encargado, Patrick Shanahan, identificó todos los proyectos que podrían verse afectados por la decisión del presidente Trump de utilizar hasta 3,600 millones de dólares en fondos de construcción militar para su muralla.

    El documento de 20 páginas enlista cientos de proyectos planeados en Estados Unidos y el extranjero, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares. Las obras que se paralizarían se encuentran en casi todos los estados y en bases de 23 países.

    En la lista figura, por ejemplo, un hangar para aviones no tripulados en la Base Aérea de Kunsan en Corea del Sur y una planta de tratamiento de aguas residuales en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

    Honduras es el único país centroamericano que está incluido en la lista. En la base área Soto se paralizaría la construcción de un cuartel.

    La peor parte de la lleva Puerto Rico. Ahí cinco bases militares quedarían sin financiamiento para la construcción de hangares, centros de mantenimiento de vehículos y un centro de entrenamiento.

    En una carta adjunta, funcionarios del Departamento de Defensa subrayaron que muchos de los proyectos contemplados en el documento no sufrirán recortes debido a que no se afectarán proyectos cuyos fondos ya fueron destinados, así como tampoco se perjudicará a temas como la vivienda para militares, aunque no especificaron cuáles quedarían exentos.

    El Pentágono ha dicho que no cancelará ninguno de los proyectos, pero las iniciativas no podrán continuar si no son financiadas por el Congreso.

    El teniente coronel Joe Buccino, vocero de Shanahan, dijo en una declaración citada en el diario The Washington Post que si el Congreso aprueba el presupuesto del próximo año a tiempo y según lo solicitado por la administración, todos los proyectos de construcción procederán según lo previsto.

    Pero la solicitud de presupuesto del presidente ya se ha topado con la oposición en el Capitolio, y los demócratas han rechazado la idea de "rellenar" las cuentas afectadas del Pentágono en el próximo presupuesto, lo que significa que algunos de los proyectos podrían enfrentarse a retrasos.

    Los demócratas que dominan la Cámara de Representantes creen que la iniciativa del Pentágono aumenta las probabilidades de que los legisladores anulen el veto de Trump la próxima semana, aunque serían necesarias las dos terceras partes en cada una de las cámaras, lo cual luce de momento improbable.

    Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la frontera sur, recurriendo a una ley que le permitiría canalizar otras partidas del presupuesto a la construcción de barreras y cumplir con su principal promesa de campaña.

    “Lo que el presidente Trump está haciendo es una bofetada para nuestro ejército y hace que nuestra frontera y nuestro país sean menos seguros”, dijo en un comunicado el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados citado por AP.

    “Ahora que los miembros del Congreso pueden ver el potencial impacto que esta propuesta podría tener en proyectos dentro de sus estados, espero que tomen esto en consideración antes de votar para invalidar el veto del presidente”, declaró Reed.

    Una portavoz del senador James Inhofe, republicano por Oklahoma y presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo que el documento “no es una lista de proyectos que sin duda resultarán impactados. Aseguró que Inhofe seguirá trabajando con las autoridades de defensa “para determinar proyectos que permitan el uso de las fuerzas armadas sin afectar negativamente los proyectos de construcción militar”.

  • ICE desclasifica documentos que revelan cómo vigilan redes sociales y localizan autos de indocumentados

    Miles de documentos y cientos de comunicaciones internas que desclasificó la agencia migratoria revelan que la vigilancia a través de un localizador electrónico de los lugares por donde ha pasado un vehículo, así como revisar las cuentas de Facebook, se han vuelto herramientas útiles para detener a indocumentados (criminales o no) durante el gobierno de Trump.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 17 de marzo del 2019– El sueño que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) acarició desde hace varios años se hizo realidad el 22 de diciembre de 2017, cuando consiguió un contrato que permitió a más de 9,000 agentes tener acceso al sistema que registra los movimientos de cualquier vehículo en decenas de ciudades de Estados Unidos, facilitando así la búsqueda, detención y deportación de sus objetivos: indocumentados con y sin antecedentes penales.

    "¡Buenas noticias!", celebró el supervisor de detenciones y deportaciones de la oficina de ICE en San José, en el norte de California, en un memorando que envió a los agentes bajo su cargo el 8 de febrero de 2018. En ese correo electrónico les notificó que en los siguientes días recibirían códigos para entrar al polémico sistema que reúne información de placas de auto (LPR) gracias a un contrato de 6.1 millones de dólares con la empresa de seguridad tecnológica Vigilant Solutions.

    Este email y cientos más redactados por oficiales de ICE entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018 son parte de los miles de documentos que la agencia federal desclasificó y entregó a la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU) por una demanda que le exigió revelar los detalles del programa.

    Dichas comunicaciones internas revelan desde un desesperado interés por tener acceso a cientos de millones de datos que le ofrecía Vigilant Solutions, cómo sus agentes migratorios ya pedían la localización de autos de fugitivos a policías locales antes de tener tal contrato y hasta advertencias de evitar que los indocumentados supieran sobre ese método de operación.

    "Publicar que ICE está utilizando el acceso a una base de datos de Lectura de Placas de Auto (PLR), casi de inmediato disminuiría su efectividad como herramienta para el cumplimiento de la ley. Una vez que las personas que ya intentan evadir a las fuerzas del orden se dan cuenta de las capacidades de vigilancia adicionales, están mucho más dispuestas a tomar medidas proactivas para evitar la detección", alertó un jefe de unidad de ICE en un memorando con información "sensible" y con fecha del 7 de diciembre de 2017, solo dos semanas antes de firmar el acuerdo con Vigilan Solutions.

    El sistema que dicha compañía vende a las agencias del orden recopila cada día millones de registros de placas de auto a través de múltiples cámaras con lectores que ha colocado en las 50 ciudades más pobladas del país. Están en patrullas, casetas de peaje, puentes, letreros de carretera, grúas y un largo etcétera.

    Solo basta que un oficial coloque el número de placa del vehículo en una página de Internet restringida para recibir 'un mapa' de los lugares, fechas y horas por los cuales pasó ese auto en cierto período. Así los detectives obtienen información que facilita la vigilancia y el arresto del individuo en su mira.

    ICE explicaba en un email el 11 de diciembre de 2017 que esta táctica le permite rastrear los patrones de conducta del fugitivo y planificar los arrestos en lugares donde hay menos riesgos. "Por ejemplo, lejos de la casa de un sujeto si se sospecha que hay niños o armas en la vivienda", precisó.

    Este método de vigilancia que parece sacado de una película también ofrece a los agentes que buscan indocumentados la posibilidad de crear una 'Lista de Alerta' hasta con 2,500 placas que consideren una prioridad y recibir durante un año avisos a sus celulares inmediatamente después de que esos vehículos pasan frente a un lector PLR, según los emails que la dependencia le dio a ACLU.

    En ese caso, bastaría que el oficial tome su teléfono para saber dónde está la persona que busca.

     

    "Espero que puedas usar tu magia para mí"

    Entre los casi 2,000 documentos que ICE desclasificó se encuentran varias conversaciones por Internet entre uno de sus agentes y un detective de la Policía de La Habra, en el sur de California, las cuales exponen que el sistema PLR y las redes sociales se volvieron útiles en sus investigaciones.

    El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de ICE, le pidió varias veces a su amigo en el Centro de Inteligencia del condado de Orange, que le proporcionara datos sobre los movimientos de vehículos. Lo contactó unos años antes y meses después de que ICE lograra el contrato con Vigilant Solutions. Esa colaboración, valga la aclaración, violaría la ley de estado santuario SB 54.

    "Necesitamos encontrar a un pandillero registrado de la MS-13 (Mara Salvatrucha). Fue visto por última vez conduciendo un auto (se ocultó la descripción) ¿Podrías buscarlo lo antes posible?", mencionó en un correo electrónico que envió el 19 de marzo de 2018.

    Un mes después, durante dos días consecutivos, el investigador del HSI le solicitó ayuda para localizar tres automóviles más. "Hoy debe ser el día de los pedidos sobre placas", bromeó el agente federal, quien hizo decenas de solicitudes similares entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018, de acuerdo con los emails exhibidos por ACLU.

    Las comunicaciones siempre se desarrollaron en un tono de camaradería. "Espero que puedas usar tu magia para mí (otra vez) y me digas donde está este criminal :)", le escribió el 12 de abril de 2016.

    Ya el 11 de marzo de ese año le había pedido todos los detalles sobre los sitios por donde habían pasado cuatro autos compactos y tres camionetas SUV. "Estamos llevando a cabo una redada contra pandillas y la ubicación de estos vehículos nos ayudará a ubicar a los pandilleros", explicó.

     

    Hurgando en las redes sociales

    Ese policía de La Habra fue su mejor aliado: siempre le entregó la información que le pidió su amigo, respondiéndole incluso en medio de reuniones, entrenamientos o cuando ya finalizaba su turno. A veces solo le comunicó que los autos estaban estacionados o que había pocos detalles disponibles.

    "Me da gusto que tengas acceso (al sistema de Vigilant Solutions), pero me agrada que todavía me necesites de vez en cuando :))))", le respondió el policía en un email el 15 de febrero de 2018.

    "¿Por qué disculparte? No lo necesitas hacer. Todos tenemos trabajo por hacer. Estoy aquí para ti :)", le dijo en un mensaje el 10 de mayo de 2016, en el cual le envió datos sobre un par de vehículos.

    Al compartirle ciertos detalles de una investigación criminal contra un pandillero, el oficial del HSI terminó revelando cómo la dependencia revisa las redes sociales de sus objetivos.

    "He intentado, sin éxito, identificar a un nómada (como le dicen a los miembros de alguna banda de motociclistas) de los Vagos", describió el agente en un email enviado el 4 de octubre de 2017. En otro proporcionó varios datos personales del fugitivo. "Su página de Facebook no muestra mucho, pero la página de su hija tiene una foto reciente de los dos con fecha del 23 de septiembre de 2017", dijo.

    Cada vez más, ICE y otras agencias del orden revisan las redes sociales de individuos bajo su lupa y hasta obtienen órdenes judiciales para espiar sus comunicaciones privadas. Aprovechando ese método en cinco investigaciones contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en los últimos años, lograron el arresto y enjuiciamiento de 71 miembros y asociados de la banda en California, Maryland y Virginia.

     

    Más de 9,200 agentes revisando placas de autos

    Para el 22 de febrero de 2018, después de casi 20 sesiones de entrenamiento que ofreció Vigilant Solutions, 8,752 agentes de los equipos de búsqueda de fugitivos de ICE, así como investigadores de HSI, tenían acceso a la base de datos que rastrea vehículos.

    Un mes después, como resultado de sus constantes operativos, el número de usuarios subió a 9,209. Estas cifras se revelaron en una conversación por email que tuvo un empleado administrativo de ICE y un gerente de atención al cliente de Thomson Reuters Special Services, propietaria de Vigilant Solutions.

    "Yo creo que el número se ha incrementado basado en la actividad que he visto y escuchado en campo", escribió ese funcionario en un correo que envió el 29 de marzo de 2018 para pedir una cifra actualizada de los usuarios del nuevo programa. "Sé que mañana es Viernes Santo y esta solicitud no está en el espíritu de la Pascua, pero agradezco cualquier ayuda", concluyó.

    El gerente respondió enviando una lista de códigos que confirmaba que ya la gran mayoría de agentes de ICE le sacaba provecho al sistema PLR y se despidió de esta manera: "Imagina que la lista está cubierta de brillantina.

     

    ¡Felices Pascuas!".

    En otro mensaje con fecha del 10 de mayo de 2018 se compartió material de capacitación incluyendo un mapa interactivo que indica qué policías municipales usan el sistema Vigilant Solutions y hasta tiene una guía con instrucciones "paso a paso" y con fotos que explican cómo pueden solicitarles información sobre fugitivos en su mira.

    "Estamos entusiasmados con los datos adicionales que ahora pueden estar disponibles para ICE", señalan en el memorando.

    Según Vasudha Talla, la abogada de ACLU que obtuvo estos documentos, los oficiales de ICE no solo le sacan provecho a más de 5,000 millones de datos sobre ubicaciones de vehículos, los cuales se originan de lectores en las 50 ciudades más pobladas del país, sino que también recibe 1,500 millones de datos adicionales de 80 agencias del orden, algunas de las cuales patrullan en 'ciudades santuario'.

    "La gran preocupación de ACLU por los riesgos de las libertades civiles debido a los lectores de placas adquiere mayor urgencia, ya que esta información de vigilancia alimenta la máquina de deportación de ICE", advirtió Talla.

    Entre las comunicaciones internas de la dependencia también hay detalles sobre cómo manejó las solicitudes de la prensa antes y después de que obtuvo el contrato con Vigilant Solutions.

    "A pesar de mis mejores esfuerzos para disuadir a esta reportera de NPR de este artículo, ella lo está haciendo y tiene varias preguntas", escribió un vocero de ICE en un correo electrónico que envió a sus superiores el 15 de febrero de 2018, cuando ya cientos de agentes migratorios habían recibido un entrenamiento para localizar los vehículos de sus objetivos.

    "Recomiendo que respondamos las preguntas, pero rechacemos la entrevista grabada porque no veo ninguna ganancia", aconsejó el portavoz en el email.

     

    El acceso al sistema es limitado, afirma ICE

    Según ICE, es mentira que todos sus agentes tengan acceso libre al sistema de Vigilant Solutions.

    "ICE limita el número de usuarios que pueden acceder al servicio de datos LPR y garantiza que solo aquellos que necesitan datos LPR para propósitos relacionados con la investigación puedan acceder a la base de datos", afirmó la agencia en un comunicado enviado a Univision Noticias.

    "Cualquier empleado de ICE que haya accedido al sistema sin autorización o que haya utilizado la base de datos de manera inapropiada puede ser disciplinado, lo que puede incluir la revocación del acceso a la base de datos, la suspensión o el despido", agregó la dependencia.

    Por otro lado, negaron que estén elaborando su propia base de datos con la información que les vende Vigilant Solutions y aseguraron que no toman acciones contra ninguna persona basándose únicamente en la información obtenida de dicho servicio.

    "Como la mayoría de las otras agencias del orden, ICE utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para respaldar sus investigaciones", precisó.

     

  • Detalles no revelados en el juicio de 'El Chapo': brujería, memes y sobornos de la DEA

    Diez temas no fueron tocados en el mediático proceso judicial contra el líder del cartel de Sinaloa por ser ajenos al tráfico de drogas, porque la Fiscalía los consideró potencialmente dañinos para sus testigos y además porque hicieron lo posible para no ventilar las fallas y corrupción del gobierno estadounidense.

    ISAIAS ALVARADO

     

    19 de marzo del 2019- Un mes después de que el capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable de 10 cargos por narcotráfico en una corte federal en Brooklyn se ha revelado información sobre testigos clave que hasta ahora se conoce porque la Fiscalía la bloqueó para que sus declaraciones no perdieran credibilidad.

    Detalles sobre encuentros sexuales con niñas drogadas, golpizas a sus parejas, intentos de homicidio, prácticas de brujería, lecturas sobre seres extraterrestres y hasta memes que se enviaban sicarios del cartel de Sinaloa fueron publicados recientemente por el juez Brian Cogan a petición de dos medios de comunicación.

    A lo largo del mediático juicio de 'El Chapo', los fiscales impidieron también que el jurado supiera sobre un supuesto soborno que recibió en un restaurante el expresidente Enrique Peña Nieto, las fallas de la infame operación 'Rápido y Furioso' que trataba de seguir el rastro de armas compradas por carteles, así como acusaciones de corrupción contra la Administración para el Control de Drogas (DEA).

    La defensa reclamó que tantas barreras le ataron de manos, derivando en la convicción de su cliente, quien ahora enfrenta una sentencia a cadena perpetua. "Su juicio fue una inquisición diseñada para mostrarle al mundo las virtudes del sistema de justicia estadounidense", declaró Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, quien aseguró que siguen revisando cómo pedir que el jurado sea interrogado por presuntamente revisar en Internet información sobre el acusado durante el proceso judicial (lo cual no estaba permitido).

    El primer testigo estrella de la Fiscalía federal, Jesús 'El Rey' Zambada,aseguró que una de sus funciones como lugarteniente del cartel de Sinaloa hace una década era repartir sobornos a funcionarios federales en la Ciudad de México para que estos no interfirieran en las actividades de la organización.

    Según Zambada, una vez le entregó 6 millones de dólares en un restaurante al expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo mandato terminó en diciembre.

    Este alegato se mencionó en una conversación separada entre los fiscales, los abogados de Guzmán y el juez Brian Cogan el 14 de noviembre de 2018, en el segundo día del juicio. Al final, ese argumento solo quedó en las transcripciones. Habría sido la primera acusación de corrupción contra Peña Nieto en este proceso. Pero dos meses después, el capo colombiano Alex Cifuentes declaró que el mandatario recibió 100 millones de dólarespara financiar parte de su campaña electoral en 2012.

     

    La corrupción de agentes antinarcóticos

    Fiscales impidieron indagar sobre las versiones de que oficiales de la DEA recibieron pagos indebidos.

    Presidentes, gobernadores, generales y funcionarios federales latinoamericanos fueron señalados de estar en la nómina del crimen organizado. Sin embargo, cada vez que se apuntó al gobierno de EEUU apenas si se tocó el tema. Esa caja de pandora no se destapó gracias a la Fiscalía federal.

    El exjefe del cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', relató que le pagó a un equipo élite de la Policía de Colombia para sobornar a los oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que realizaban investigaciones en su país. Afirmó que les facilitó "prostitutas, apartamentos y regalos", pero no se profundizó en esa versión.

    Por su parte, el testigo Alex Cifuentes dijo que su hermano mayor Francisco Iván le entregó "una cajita de celular con unos dólares en efectivo" a oficiales de esa dependencia en un aeropuerto de Colombia. Antes de que dijera más, el asunto se vetó después de una discusión privada con el juez.

    Los fiscales también evitaron que un agente de la DEA aceptara que estuvo armado en los operativos que concluyeron con el arresto de Guzmán en un hotel de Mazatlán en febrero de 2014.

     

    El armamento que EEUU vendió a sicarios de carteles

    Tampoco se habló de la controvertida operación que entregó armas a los narcos mexicanos.

    Citando "informes negativos sobre la operación" que solo "distraerían y confundirían al jurado", el gobierno le pidió al juez Cogan que no permitiera que los abogados del líder del cartel de Sinaloa cuestionaran a los testigos sobre 'Rápido y Furioso', la fallida operación encubierta de la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) enfocada en traficantes de armamento.

    El magistrado aceptó que no se describiera cómo la ATF terminó perdiéndole el rastro a unas 2,000 armas, algunas de las cuales terminaron en manos de pistoleros del cartel de Sinaloa. En 2016, tras la recaptura de Guzmán en Los Mochis, las autoridades mexicanas confiscaron un rifle calibre 50 que tenían registrado los agentes de la ATF.

    Una investigación reveló que dos armas en la lista de 'Rápido y Furioso' fueron usadas para asesinar a un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010 y a un oficial migratorio en 2011.

     

    Brujos, platillos voladores y el fin del mundo

    Las creencias sobre asuntos paranormales de Guzmán y un testigo no se mencionaron.

    Alex Cifuentes, el narco colombiano que reveló detalles sobre la vida de 'El Chapo' cuando se ocultaba en la sierra madre occidental, creía que el fin del mundo ocurriría en 2012, como erróneamente se interpretó una predicción de los Mayas. También solía "curarse" con brujos y estaba interesado en información sobre la orden secreta 'Los Illuminati', la masonería y los seres extraterrestres.

    "Él personalmente ha acudido varias veces con brujos. En una ocasión, el testigo observó al acusado (Guzmán) consultar con un brujo sobre cómo obtener aceite de víbora", cita un documento que recién publicó la corte. La Fiscalía consideró que esta información "no es relevante" y pidió ignorarla.

    Estos "intereses no ortodoxos" de Cifuentes se descubrieron cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptó las comunicaciones de miembros de alto rango del cartel de Sinaloa. La defensa quería mencionarlo para insinuar que él tiene problemas mentales. Cuando lo interrogaron al respecto fuera del juicio, el capo declaró que leía y veía videos de ese tipo, pero "no cree que son reales o precisos".

     

    'Vicentillo' y su alegada traición a la DEA

    El hijo de 'El Mayo' Zambada no fue cuestionado sobre sus actividades ilícitas siendo informante.

    Entre los documentos que hace unos días desclasificó el juez Cogan se muestra que los fiscales trataron de impedir que Vicente Zambada alias 'Vicentillo', hijo del actual jefe del cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fuese interrogado por la defensa acerca de haber seguido traficando cocaína mientras cooperaba con la DEA.

    Sobre esta acusación, la Fiscalía señaló que "no tenían conexión con los asuntos de este juicio" y advirtió que se corría el "riesgo de prejuicios injustos y confusión de los hechos".

    'Vicentillo', en cambio, declaró en su propio proceso penal que Guzmán se benefició proporcionando información sobre sus enemigos a la DEA, a cambio de que lo dejaran operar en su territorio.

     

    El capo que quiso matar a su esposa embarazada

    Pleitos familiares, golpizas y hasta un intento de homicidio no se detallaron en el tribunal.

    Varios incidentes de violencia doméstica en los cuales estuvieron involucrados algunos testigos no se ventilaron en la corte federal de Brooklyn.

    El caso más grave revela que uno de los cooperantes del gobierno, cuyo nombre no fue mencionado, una vez le pidió a Guzmán que le prestara su pistola para matar a su esposa porque ella quería abortar. También consideró asesinarla después de que diera a luz.

    "Eventualmente, el testigo obtuvo el permiso del acusado para mudarse al lugar en México donde su esposa vivía para asegurarse de que no interrumpiera su embarazo. Su esposa dio a luz y nunca intentó hacerle daño", afirma un folio judicial.

    Otro testigo, por su parte, golpeó a sus parejas en varias ocasiones: a mediados de la década de 1990 a su esposa le fracturó la nariz de un puñetazo en una pelea y unos años después le rompió el pómulo. En 2006 a otra mujer la jaló violentamente del cabello y el brazo. Nunca enfrentó cargos por esos ataques.

     

    Niñas de 13 años a las que Guzmán llamaba "vitaminas" fueron "violadas"

    'El Chapo' habría pagado unos $5,000 para tener relaciones sexuales con menores.

    Unas horas antes de que iniciaran las deliberaciones del jurado, el mundo conoció que 'El Chapo' era además un supuesto depredador infantil. Ese alegato perturbador señala que sostuvo relaciones sexuales con niñas drogadas a las que llamaba "vitaminas" porque creía que le daban "vida".

    "Por aproximadamente 5,000 dólares, el acusado o uno de sus asociados podían pedir que la niña de su elección fuese llevada a uno de los ranchos del acusado para tener relaciones sexuales", afirmó Alex Cifuentes en folios de la corte que se publicaron el pasado 2 de febrero.

    El capo afirmó que en múltiples ocasiones Guzmán violó sexualmente a "niñas de tan solo 13 años". A las más pequeñas, dijo, les decía "vitaminas". Estos crímenes ocurrieron entre 2007 y 2008.

    Cifuentes dijo a los investigadores que alguien conocida como 'Comadre María', aparentemente su secretaria Andrea Vélez Fernández, quien luego se volvió informante del FBI, le ofrecía fotos de niñas a Guzmán para que eligiera. Vélez tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México.

     

    El artículo de Sean Penn en la revista Rolling Stone

    A los fiscales no les pareció correcto mostrar la crónica del actor que critica a los adictos de EEUU.

    Si bien los miembros del jurado vieron segmentos de un video en el que Guzmán acepta que "el día que yo no exista no va a mermar el tráfico de droga", jamás revisaron el artículo ligado a esta grabación que redactó el actor Sean Penn cuando lo visitó en Cosalá, Sinaloa, antes de su tercera captura.

    En dicha crónica que publicó la revista Rolling Stone, Penn describió su encuentro con el narcotraficante, pero los fiscales lo descartaron de las evidencias. No les gustó que la estrella de Hollywood describiera al narcotraficante como una "figura parecida a Robin Hood", ni su opinión de que los consumidores de droga en este país son de alguna manera cómplices de sus crímenes.

    En la grabación de 17 minutos, Guzmán habló sobre sus primeros años vendiendo naranjas en su comunidad natal La Tuna; su relación con su familia también involucrada en el contrabando de droga; sus días siendo un prófugo "feliz" tras escapar de una prisión de máxima seguridad en 2001; y sobre su prolífico negocio que una vez lo colocó entre los más ricos del mundo.

     

    La película y el libro 'Cartel Wives'

    La esposa de un narco vendió los derechos a una productora para llevar su vida a la pantalla grande.

    Interesada en sacar provecho económico compartiendo "sus experiencias como esposa de un narcotraficante de alto calibre", la pareja de uno de los cooperantes que hundieron a 'El Chapo' Guzmán firmó un contrato con una productora para hacer una película sobre su vida. Ella misma fue coautora de un libro titulado 'Cartel Wives' (Las esposas del cartel).

    La Fiscalía indicó que no podían indagar ese tema debido al acuerdo que contrajo la mujer, el cual protege los "detalles de esa transacción" y pidió que la defensa evitara preguntar al respecto.

    "El contrainterrogatorio podría llevar al testigo a inadvertidamente ofrecer detalles en violación del acuerdo", señalaron los fiscales. No se revelaron los nombres del capo ni de su esposa. Solo se indicó que este colaboró con Guzmán entre 2002 y 2008.

     

    Memes, bromas y porno compartido entre sicarios

    El juez desechó comunicaciones pinchadas que no estaban relacionadas al tráfico de narcóticos.

    En parte de las 1,500 comunicaciones entre miembros del cartel de Sinaloa que interceptó el FBI hay mucha información que no está relacionada con el narcotráfico, desde memes cargados de sátira, videos, caricaturas, bromas "políticamente incorrectas" y hasta material obsceno.

    Otro testigo que tenía el teléfono pinchado solía enviar "bromas" ajenas a sus negocios ilícitos, así como conversaciones sobre "sus intereses románticos", a sus amigos y socios del cartel.

    "El contrainterrogatorio sobre estos mensajes no relacionados con el tráfico de drogas debería ser considerado como no relevante y más perjudicial que probatorio", explicó la Fiscalía.

    El resto de las conversaciones entre Guzmán y alrededor de 100 asociados en el cartel se usaron como la evidencia electrónica más contundente contra el mafioso. Incluso se vinculó en sus negocios criminales a su esposa Ema Coronel Aispuro.

  • Presentan proyecto de ley para regularizar permanencias de dreamers y migrantes protegidos por TPS

    La propuesta, a la que podrían acogerse unos 4.7 millones, otorga el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales los beneficiarios podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía. Por ahora, cuenta con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, controlado por los republicanos.

    JORGE CANCINO

     

    12 DE MARZO DEL 2019- Tres legisladoras demócratas presentaron este martes una iniciativa de ley que, de ser aprobada, r egularizará la estadía de millones de dreamers, y cientos de miles de indocumentados protegidos por un Estados de Protección Temporal (TPS) y la denominada autorización de Salida Obligatoria Diferida (DED).

    Denominada ‘Ley de Sueños y Promesas’ (H.R. 6), el proyecto es patrocinado por las representantes demócratas Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York).

    La propuesta daría a los beneficiarios el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.

    Para ser aprobado, el H.R. 6 necesita 218 votos en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y 60 en el Senado, en manos de los republicanos. Mientras que el voto afirmativo está asegurado en la cámara baja, en la alta es más difícil que consiga el apoyo necesario. Tampoco está garantizado la firma del presidente Donald Trump.

    El proyecto podría beneficiar a un total aproximado de 4.7 millones de inmigrantes, ya que hay unos 500,000 protegidos por TPS y DED y más de 4.2 millones de jóvenes podrían aplicar al eliminar la edad y la fecha de entrada límite, como sí establecía DACA.

     

    Entre los requisitos mínimos exigidos por el plan para los dreamers, deberán probar:

    -Que han estado presentes físicamente en Estados Unidos en los cuatro años anteriores a la fecha de promulgación de la iniciativa de ley.

    -Que tenían menos de 17 años cuando ingresaron al país.

     

    A diferencia de otros proyectos de ley para los dreamers, esta versión no incluye un límite de edad para postular, y extiende la fecha de entrada para proteger a un mayor número de beneficiarios.
    La Acción Diferida de 2012 (DACA) ampara de la protección actualmente a unos 700,000 dreamers. El H.R. 6 podría proteger a varios millones de indocumentados.

     

    Además de presencia física, los potenciales benefactores deberán probar que:

    -Carecen de antecedentes criminales

    -No abusaron de las visas de estudiante.

    -No cometieron poligamia.

    -No han sido hallados culpables de tráfico de personas.

    -No han votado ilegalmente.

    -No renunciaron a la ciudadanía de EEUU para evitar el pago de impuestos.

     

    Otras faltas que impiden a un indocumentado acceder a la residencia condicional incluida en el H.R. 6 son:

    -Cualquier delito federal o estatal sancionable con una pena de prisión de más de 1 año.

    -Tres o más delitos federales o estatales por los cuales la persona fue condenada en diferentes fechas y encarcelada por un total de 90 días o más.

    -Un delito de violencia doméstica (a menos que el solicitante sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, maltrato o negligencia ayorsle, maltrato o negligencia contra personas ayors, o trata de personas, haya sido golpeado o sometido a crueldad extrema o haya sido víctima de actividad delictiva).

    Requisitos adicionales

    -Los dreamers deberán, además, presentar un certificado que demuestre que se graduaron de la escuela secundaria o haber obtenido un GED o credencial reconocida por el Departamento de Educación o estar en un programa para ayudar a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria.

    -Los postulantes a la green card o tarjeta verde condicionada deberán también pasar los controles de antecedentes de seguridad y cumplimiento de la ley, pagar una tarifa de solicitud razonable y registrarse para el Servicio Selectivo si es necesario.

     

    Para obtener el estatus de residente permanente legal completo (LPR), los soñadores deberán:

    -Adquirir un título de una institución de educación superior de Estados Unidos o completar al menos dos años de buena reputación en un programa de licenciatura o superior, o en una carrera del área y programa de educación técnica de nivel postsecundario en EEUU.

    -Completar por lo menos dos años de servicio militar y, de ser dado de alta, recibió una baja honorable.

    -Estar empleado por períodos de tiempo de al menos tres años y al menos el 75% del tiempo ha tenido autorización de empleo.

     

    El royecto de ley también incluye una serie de disposiciones para los dreamers, que incluyen:

    -Derogar la Sección 505 de la Reforma de Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, Ley de 1996, que penaliza a los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados sobre la base de residencia.

    -Permitir que los dreamers accedan a la ayuda financiera federal.

    -Asegurar que las personas con estatus de residente permanente condicional puedan acceder a licencias profesionales y comerciales.

    -Permitir a los dreamers elegibles y con orden de deportación que soliciten una exención.

     

    Para los TPS y DED

    La H.R. 6 permitiría a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o DED cancelar los procedimientos de remoción si demuestran:

    -Que han estado en Estados Unidos por un período de 3 años antes de la promulgación de la Ley.

    -Que eran elegibles o tenían TPS al 25 de septiembre de 2016 o tenía el estado de DED al 28 de septiembre de 2016.

     

    El plan de las congresistas Roybal-Allard, Velázquez y Clarke modifica además la ley actual de TPS para exigir que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de terminar una designación de TPS.
    También requiere que el secretario del DHS proporcione un informe tres días después de publicar un aviso de dicha terminación. Este documento debe explicar la designación original y cualquier progreso realizado por un país para resolver los problemas que conducen a la designación de TPS.

    El proyecto de ley H.R. 6 también aclara que se considerará que un inmigrante que ingresa al programa TPS ha sido inspeccionado y admitido en Estados Unidos.

    El proyecto asegura la confidencialidad de los datos recolectados por el DHS y prohíbe que ese ministerio y/o dependencias use la información proporcionada por los migrantes para otros fines que no sean la postulación al programa de obtención de una residencia condicionada.

     

  • Cien días de AMLO: la “montaña rusa” y el discurso político de la “Cuarta Transformación”

    “Momentos que incluyen emociones fuertes seguidos de momentos de incertidumbre; profundo gozo por los cambios en la comunicación política, seguido de pánico porlas decisiones que se van tomando”.

    OPINIÓN

    TANIUS KARAM

     

    12 de marzo del 2019- En los últimos días todos los medios mexicanos han estado realizando balances y análisis sobre los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cien días parece poco para hacer cualquier tipo de balance, pero gusta a las agendas mediáticas y a esa legión de comentaristas de distinto cuño, conocidos como “comentócratas”, que hacen juicios sumarios e integrales sobre el actual presidente y sus acciones.

    Una de las características de estos 100 días son sin duda los altibajos, las tensiones, que no facilitan del todo hacer un juicio sumario sobre si efectivamente estamos ante la autodenominada “Cuarta Transformación” (4T) en el actual gobierno, en alusión a lo que el discurso histórico del actual presidente considera será –­su gobierno– una etapa “fundacional” como lo fueron las transformaciones históricas y políticas precedentes: la lucha de independencia de España (1810-1821); las leyes de Reforma que fundan de alguna manera el estado republicado moderno (1867), y la lucha social implicada en la revolución mexicana (1910-1921).

    La analista política Denisse Dresser ha usado la metáfora de la “Montaña Rusa”: momentos que incluyen emociones fuertes seguidos de momentos de incertidumbre; profundo gozo por los cambios en la comunicación política, seguido de pánico por el tipo de decisiones que se van tomando. En todo ello el gobierno se mueve a gran velocidad –como la “montaña rusa”–: todos los días hay una propuesta, una declaración que sirve para hacer algún tipo de comentario. Pero con frecuencia resulta difícil definir y distinguir lo democrático de lo ocurrente, la gran medida de lo que será la posibilidad de su aplicación efectiva. Por ello coincidimos con quienes dicen que hasta el momento la autollamada 4T es en realidad un viaje intenso al mundo de los sentimientos encontrados, donde por momentos se pueden avizorar grandes cambios, pero donde aparecen luego claros motivos para el desaliento.

    López Obrador ha sido un “mago” hasta el momento y cuenta con una popularidad nunca antes vista, pero que puede explicarse e incluso comprenderse. AMLO ha modificado algunas inercias del viejo régimen –como la distancia abismal entre gobernantes y gobernados–, y los códigos propios de la comunicación política, que son centrales para entender su popularidad y aceptación. Como nunca antes el Estado mexicano ha pedido perdón por errores del pasado, y ha intentado paliar las ausencias y abusos del estado que se radicalizaron sobre todo en la pasada administración. Hemos visto también imágenes impensables como la de la secretaria de Gobernación marchando el pasado 8 de marzo junto a las manifestantes. Todo ello es sin duda motivo de una gran celebración y es lo más gozoso de esa “montaña rusa”.

    Pero luego vienen los problemas, y por desgracia son muchos. Las presiones al tribunal electoral para que se devuelva el registro a un partido ultra conservador como “Encuentro Social”, con el que AMLO se alió como parte de su estrategia de vincularse con cualquiera, sin importar su historia, su tradición, sus contradicciones del pasado, con tal de sumar puntos para llegar a la presidencia.

    Fuera del tema político quizá de las contradicciones más evidentes entre el “deber ser” de cualquier república y las prácticas del actual gobierno, y en particular del “estilo personal de gobernar” de AMLO, que arbitrariamente lanza a “consulta” algunos temas –lo que generalmente gusta, porque a la población le gusta ser consultada–, pero con “otros”, discrecionalmente, no lo hace. Esta modalidad de comunicación es utilizada “a modo”, y cae en algunos casos en el ostracismo, como cuando recientemente dijo que algunos derechos sociales de la mujer, ¡los sometería a consulta!

    AMLO es en realidad camaleónico, adaptativo, pero por ello es poco consistente en lo referente a sus “enemigos” principales, “los corruptos”, la “mafia del poder”.

    Y los empresarios. ¿Cómo entender los elogios desmedidos a Ricardo Salinas y su grupo Azteca, llegando al extremo de definir la suya como una empresa con compromiso social, cuando es conocida su labor de rapiña contra cuenta-habientes de bajos recursos a quienes cobra tasas altísimas; ahora su banco va ser uno de los encargados de recibir los apoyos sociales que va entregar el gobierno directamente a algunos beneficiarios.

    Uno podría pensar que un político de “izquierda” (término muy difícil de definir hoy en día) tendría ciertos aliados naturales que en el discurso de AMLO se convierten en nuevos enemigos, como es el caso de las organizaciones de la sociedad civil a las que ataca y critica de favoritismo.

    Y entramos aquí a uno de los temas centrales y más problemáticos en la comunicación política. ¿Qué sugeriríamos al ejecutivo federal? Ser más cuidadoso, articular más, matizar más, tener más cuidado y respeto por la palabra, hablar menos y focalizar más para contener las paradojas de una comunicación política que va de momentos grandilocuentes y elogiables a otros profundamente autoritarios y muy poco republicanos. Hay una muy desigual capacidad de gestión, poca claridad en las prioridades, eso sí, con símbolos y modos que ojalá puedan articularse con una gestión que refleje estos ideales comunicativos.

     

    Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

     

  • Autoridades investigan si pasajeros secuestrados en el norte de México son migrantes indocumentados

    El grupo armado obligó al conductor a detener un autobús en una carretera entre la ciudad fronteriza de Reynosa y la localidad de San Fernando. Los hombres secuestraron a las víctimas, pero permitieron que 22 de los pasajeros continuaran su viaje.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 11 de marzo del 2019-Un grupo de hombres armados secuestró el pasado jueves a 19 pasajerosde un autobús que cubría la ruta de Tampico a Reynosa, en el fronterizo estado mexicano de Tamaulipas. Las autoridades investigan si son migrantes indocumentados, según informaron el lunes las autoridades.

    El autobús de la empresa Transpaís, salió de la ciudad de Tampico con 42 pasajeros y mientras se encontraba en su recorrido fue detenido por hombres armados que circulaban en al menos cuatro vehículos, precisaron.

    Tras abordar el autobús obligaron a descender a 19 pasajeros del sexo masculino para subirlos en sus vehículos con los que llegaron al lugar y darse después a la fuga con rumbo desconocido, señalaron las autoridades.

    El presunto secuestro tuvo lugar el 7 de marzo a las 12:55 horas a la altura del kilómetro 79, en las proximidades del ejido Palo Blanco, Tamaulipas, indicaron.

    El conductor del autobús decidió continuar su recorrido con los 22 pasajeros hasta su destino final en Reynosa, ciudad en la frontera de México con Estados Unidos, donde hizo la denuncia ante las autoridades.

    Las autoridades investigan la posibilidad de que los pasajeros que presuntamente fueron secuestrados puedan ser migrantes de origen centroamericano, ya que Tamaulipas es una de la rutas más utilizadas para alcanzar la frontera estadounidense.

    "Iban precisamente sobre este grupo de personas", comentó el vocero estatal de seguridad, Luis Alberto Rodríguez, a la emisora radial MVS Noticias, quien dijo que se investigaba si las víctimas eran migrantes que se dirigían a Estados Unidos.

    La sospecha sobre el origen de los secuestrados y el hecho de que el incidente se registró en una carretera federal, llevaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a abrir una carpeta de investigación.

    En esta zona del país también tuvo lugar la muerte de 72 migrantes centroamericanos en una fosa en el municipio de San Fernando en el año 2010.

    El pasado 8 de marzo, 36 migrantes centroamericanos que viajaban en autobús fueron detenidos por policías federales en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.

    La detención en Ciudad Victoria se realizó tras una revisión en la central de autobuses y descubrieron al grupo de hondureños y salvadoreños, la mayoría menores de edad quienes carecían de documentación que acreditara su estancia legal en el país.

     

  • 7 polémicas acciones implementadas por AMLO durante sus primeros 100 días como presidente de México

    Los 100 primeros días de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México han mezclado un abandono de las formas tradicionales de gobernar con una serie de polémicas iniciativas políticas que no han mermado su elevado índice de aprobación.

    JANET CACELÍN

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 11 de marzo del 2019- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cumple 100 días en el poder, un periodo de tiempo en el que a pesar de haber realizado una serie de anuncios polémicos que han generado desconfianza de organizaciones civiles, también llega con un enorme respaldo popular de casi 80% y altas expectativas de alcanzar la transformación del país prometida en el periodo de campaña.

    Desde la noche misma de su triunfo en los comicios del 1 de julio del 2018, AMLO generó altas expectativas sobre los alcances de lo que promueve como la cuarta transformación del país y un cambio de régimen más que de gobierno, bajo la premisa de combatir la corrupción "de arriba hacia abajo".

    La cota de popularidad que alcanzó en febrero pasado se ha situado en niveles del 80%, más que cualquiera de sus antecesores en el mismo lapso y casi 30 puntos porcentuales encima del 51% de nivel de votación que lo llevó a la victoria.

    Sin embargo, en estos 100 días también ha hecho una serie de anuncios polémicos en materia de economía, seguridad y derechos humanos que han generado polémica y en algunos casos despertado la desconfianza de organizaciones civiles y empresarios:

     

    Adiós al avión oficial y a Los Pinos

    La primera de las acciones tomada en estos 100 días fue el cierre de la residencia presidencial para transformarla en un centro cultural y tomar como lugar de trabajo el Palacio Nacional.

    Además, puso en venta el avión oficial y es común verlo en aeropuertos rodeado de pasajeros, como ejemplo de la austeridad que propone. La desaparición del Estado Mayor Presidencial para integrarlo al Ejército y la subasta de vehículos de lujo oficiales completan el listado de acciones que he emprendido el mandatario en este sentido.

    Su decisión personal de bajarse su sueldo se convirtió en una ley aprobada en el Congreso para que nadie en el Gobierno tenga ingresos mayores a los del presidente, un asunto que está en la Corte por la oposición a aceptarlo de parte de senadores y organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral.

     

    Una Guardia Nacional conformada por militares

    Otra de las medidas implementadas fue la creación de una Guardia Nacional como institución policial de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal, con el objetivo de combatir la inseguridad. La ley fue aprobada el 28 de febrero por la Cámara de Diputados y ha sido avalada por más de 17 Congresos.

    De acuerdo con el dictamen “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

    Sin embargo, pese a la medida, entre los pendientes continúa la urgencia por reducir los niveles de inseguridad y violencia, que se ha recrudecido en los primeros meses de 2019, tras cerrar el año anterior con más de 24,000 asesinatos en el país.

     

    Combate contra el huachicoleo

    Una de las primeras acciones y la más emblemática de López Obrador fue implementar su plan de combate al huachicol, como se conoce al robo de combustible en México, que incluyó el cierre de ductos y la distribución mediante autotanques. En general fue bien vista salvo por el desabasto de gasolina que también provocó por algunos días.

    López Obrador ha señalado que en 2018 el huachicol costó al país 65,000 millones de pesos (unos 3,340 millones de dólares). Sin embargo, esta estrategia permitió ahorros por 5,000 millones de pesos (256 millones de dólares), y espera finalizar el año con 50,000 millones de pesos (2565 millones de dólares).

    Como un hecho colateral a esta medida, sucedió la llamada tragedia de Tlahuelilpan el pasado mes de enero, cuando un ducto clandestino explotó mientras cientos de personas recolectaban gasolina de manera ilegal. El saldo hasta ahora es de 135 personas muertas.

     

    Cierre de programas sociales

    A mediados de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, debido a que su gobierno detectó irregularidades en el manejo del presupuesto para las estancias infantiles (guarderías), el dinero asignado se reduciría y el apoyo se otorgaría directamente a las madres y padres de familia.

    El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), a cargo de la Secretaría del Bienestar, consistía en que el gobierno entregaba dinero a la guardería por cada niño que asistiera. Sin embargo, AMLO confirmó un recorte de casi el 50%.

    Aseguró que ahora el dinero se entregará a las familias para que estas paguen directamente a la persona que ellos elijan para cuidar a sus hijos. Y el anuncio ha generado una fuerte rechazo y polémica en México.

    Días después AMLO hizo un anuncio similar sobre los refugios que atienden a mujeres y niños que viven en violencia extrema. No obstante, el Ejecutivo afirma que se revisará la situación para no desproteger a las víctimas.

     

    Apoyo a Pemex pese a desconfianza de calificadoras

    En el terreno económico, ha logrado mantener la estabilidad, lo cual ha favorecido la cotización de peso y ha propuesto programas de rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no han sido bien recibidas por los mercados ni las calificadoras de riesgos.

    El pasado 1 de marzo la calificadora S&P redujo la perspectiva de calificación para México de estable a negativa, ante un posible bajo crecimiento económico, así como por la falta de confianza de inversionistas y el plan energético anunciado por el presidente.

    Ante esta decisión, López Obrador indicó que lo único que puede reprochar a las calificadoras es que “durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y CFE permanecieron callados, calificaban con 10, con excelencia… todo era MB (Muy Bien) en esos tiempos”.

    Al respecto, López Obrador señaló que su gobierno está lidiando con las consecuencias de la administración anterior.

     

    Visas para migrantes que buscan ir a EEUU

    En el plano internacional, el Gobierno de López Obrador ha estado marcado por las decisiones de facilitar la entrada de los migrantes centroamericanos luego de que a finales de 2018 el gobierno de Estados Unidos anunció una medida que fuerza a los migrantes que piden asilo en la frontera sur a quedarse en México mientras se resuelve su solicitud

    Hasta este fin de semana, el Gobierno de México ha otorgado más de 13,000 visas humanitarias a migrantes procedentes de Centroamérica.

     

    Posición neutral sobre Venezuela

    A finales de enero el líder opositor Juan Guaidó se juramentó como presidente en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".

    Una decisión que reconocieron países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Paraguay y Guatemala, entre otros. Sin embargo, México ha rechazado tomar una postura, pues asegura que en relaciones exteriores, mantendrá el principio de no intervención.

    Con base en este principio, ha mantenido con Uruguay una posición de promover una salida a la crisis venezolana mediante el diálogo político.

     

  • "Vas a morir", las amenazas al sheriff hispano de Los Ángeles por defender a los indocumentados

    Entre la avalancha de críticas por su decisión de no colaborar con las autoridades migratorias, el nuevo jefe del Sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, ha recibido fuertes mensajes advirtiéndole que sería asesinado. Mientras investigadores siguen el caso, el sheriff asegura que continuará abogando por los inmigrantes.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 6 de marzo del 2019– Detectives del Sheriff del condado de Los Ángeles colaboran con otras agencias del orden en la investigación de dos amenazas de muerte que recibió el jefe hispano de la agencia, Alex Villanueva, por limitar la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en las cárceles de esta región, las cuales conforman el sistema penitenciario más grande del país.

    "Vas a morir" y "Te veré como un hombre muerto", advirtieron en esos mensajes que Villanueva recibió en enero a través de un correo electrónico y el Messenger de Facebook.

    La pesquisa preliminar determinó que los enviaron desde Utah y otro estado. A la fecha no se han realizado arrestos. Detectives de esas jurisdicciones y agentes federales también colaboran en este caso.

    "Recibimos muchos comentarios negativos en las redes sociales, pero dos incidentes en particular que venían de Utah y de otro estado un poco más lejano eran mucho más específicos y directos, como amenazas de asesinato. Y eso lo tomamos en serio", dijo Villanueva a Univision Noticias.

    Dichas amenazas coinciden con la nueva política migratoria del Sheriff angelino, que patrulla en ciudades y áreas no incorporadas con alta población latina, como el Este de Los Ángeles, Pico Rivera y Lynwood.

    "Sucedió cuando estábamos iniciando los cambios en las cárceles para sacar a los agentes de ICE", agregó quien dirige al departamento del Sheriff más numeroso del país, con más de 8,000 oficiales.

    Villanueva, quien fue electo en noviembre pasado, cumplió su promesa de campaña de "sacar" a los agentes de ICE de las cárceles, cortes, estaciones policiales y otras instalaciones vigiladas por la dependencia. Específicamente, prohibió a los agentes de inmigración entrevistar a reclusos u otras personas que estén en custodia en las prisiones o en cualquier área de dichas instalaciones.

    Pese a las amenazas, esas modificaciones se realizaron durante los primeros días de su gestión. "Removimos a todos los agentes de ICE de las cárceles, las cortes y las estaciones del Sheriff. No se les permite entrar para tomar cualquier asunto relacionado con casos de inmigración", afirmó el jefe policial.

    Acatando la Ley de estado Santuario SB54, la dependencia solo les permite ingresar a sus cárceles para tomar custodia de los indocumentados convictos por delitos graves.

     

    Mensajes de odio y xenofobia

    Villanueva cree que las advertencias recibidas son "una extensión" de la retórica incendiaria del presidente Donald Trump, quien ha criminalizado a los migrantes. "El asunto ha causado mucho rencor en el público, en particular en los fanáticos del actual presidente, por su manera de explotar las diferentes opiniones sobre la presencia de indocumentados en el país", mencionó.

    Esta separación con las autoridades migratorias que ha marcado el Sheriff podría reducir las estadísticas de detenidos de ICE en esta metrópoli. Cada día, las cárceles de este condado albergan a unos 18,000 presos en siete prisiones. La antigua colaboración de ambas fuerzas del orden permitió la deportación de 23,000 inmigrantes de esta región en 2009 y 2010, incluso más que los expulsados esos años por el entonces polémico sheriff de Maricopa, Joe Arpaio.

    "(El hecho de) que el sheriff Villanueva brinde refugio a los migrantes criminales que evaden la justicia en su jurisdicción, solo semanas después de que se acusara a un indocumentado criminal por el asesinato del policía del norte de California Ronil Singh muestra un preocupante establecimiento de prioridades", indicó en un comunicado Thomas P. Giles, director interino de la Oficina de Campo de Remoción de ICE en Los Ángeles.

    Signh, un agente del Sheriff del condado de Stanislaus, fue baleado fatalmente a finales de diciembre por un mexicano indocumentado detenido por una infracción de tránsito. El sospechoso, Gustavo Pérez Arriaga, ha estado "varios años" en EEUU luego de cruzar ilegalmente la frontera de Arizona.

    "No se equivoquen, estas restricciones fomentan la actividad de inmigrantes criminales dentro de las fronteras del condado de Los Ángeles", advirtió el funcionario de ICE.

    Villanueva, hijo de un puertorriqueño y una estadounidense, dice que pese a la avalancha de críticas que ha recibido en las redes sociales tachándolo de "corrupto" y "vendido", él continuará defendiendo a los que no tienen papeles.

    "Ignoro esos mensajes porque hablan con una voz de odio y de xenofobia, pero no hablan con la verdad", comentó. "Vamos a seguir sirviendo a toda la comunidad, incluyendo a la migrante. A pesar de todas las amenazas no cambiaré mi rumbo".

     

    Villanueva: ha sido positivo para la comunidad

    Según este jefe policial, desde que implementó su nueva política migratoria más personas se acercan a sus agentes para colaborar en investigaciones.

    "La gente tiene más confianza en nuestro departamento, en cuanto a llamadas, reportar crímenes, ser testigos de crímenes. Se ve algo más positivo", aseguró.

    Explicó que el beneficio es que menos criminales andan sueltos: "Si los migrantes no reportan crímenes violentos, quiere decir que hay depredadores sueltos en la comunidad y habrá más víctimas".

    El sheriff dijo que su plan de trabajo incluye participar en más eventos comunitarios que fortalezcan los lazos con la comunidad migrante y dar prioridad a los aspirantes hispanos que buscan ocupar las 1,000 vacantes que hay en las filas de la dependencia. "Necesitamos más", enfatizó Villanueva.

     

     

  • El gobierno alerta sobre llamadas fraudulentas a inmigrantes para intimidar y extorsionar

    “Se trata se una epidemia nacional”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización CHIRLA. “Y ahora golpea con más fuerza debido al miedo que el gobierno de Donald Trump ha generado desde que llegó a la Casa Blanca”.

    JORGE CANCINO

     

    5 de marzo del 2019- Si usted es inmigrante, no tiene papeles de estadía legal en Estados Unidos, suena el teléfono, contesta y le dicen que lo llaman del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tenga cuidado con lo que dice porque lo más seguro es que se trate de una estafa.

    “Están utilizando nuestros números para obtener información personal y extorsionar con dinero a las víctimas”, advirtió este martes la Oficina del Inspector del DHS como parte de una campaña nacional para frenar la ola de fraudes.

    “Los números de teléfono del DHS se han utilizado recientemente como parte de una estafa de suplantación de identidad dirigida a individuos en todo el país”, agrega la advertencia.

    La treta, conocida en inglés como ‘Spoofing’, consiste en la falsificación deliberada de la información transmitida a una pantalla de identificación de llamada para disfrazar una identidad.

    “Los perpetradores de la estafa se representan a sí mismos como empleados del DHS”, dice un comunicado del DHS. También utilizan otras entidades gubernamentales, tal como agencias federales encargadas de ejecutar la ley de inmigración.

     

    “Epidemia nacional”

    “Se trata se una epidemia nacional”, dice a Univision Noticias Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Y ahora golpea con más fuerza debido al miedo que el gobierno de Donald Trump ha generado desde que llegó a la Casa Blanca en el 2017”.

    Salas señala que el discurso antiinmigrante, la amenaza de arrestos y deportaciones masivas, la construcción del muro, las severas restricciones a la legalización de las familias migrantes y los cambios en la política de asilo, “han asustado de tal manera a la comunidad inmigrante que la gente entonces desesperadamente pide ayuda y toman iniciativas para protegerse de la deportación. Pero en la prisa son víctimas de los estafadores”.

    “Por eso hay que tener mucho cuidado”, dice la activista. Y no solo que le roben la identidad uy le saquen dinero, sino también cuidarse de quienes estafan haciéndoles creer que califican para un beneficio, llenan formularios y los mandan al gobierno. Y cuando el gobierno los recibe y los revisa, acusa de estafa al inmigrante y los deporta de Estados Unidos porque no tenían derecho a ninguna clase de beneficio migratorio”.

     

    El método

    El Inspector General del DHS explica que los estafadores utilizan números de teléfonos del DHS, entre ellos el (202) 282-8000 y el (202-401-1474), este último perteneciente a la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS.

    “Los estafadores también les hacen creer a las víctimas que pueden ser víctimas de robo de identidad” y los llaman haciéndoles creer que los están protegiendo, cuando en el fondo los están engañando y arrebatándoles sus datos de identificación personal.

    En otra modalidad denunciada por las autoridades, señalan que los estafadores se hacen pasar por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para amenazar a las potenciales víctimas con arrestarlas a menos que hagan pagos a los estafadores utilizando una variedad de métodos”.

    “También les envían un correo electrónico a las víctimas desde direcciones de e-mail que terminan en ‘uscis.org’” añade la advertencia.

    El DHS dijo que se toma “muy en serio este asunto” y dio a conocer una línea directa para denunciar este tipo de estafa: 1(800) 323-8603 o el 1(800) 168-5000.

     

    Más vale prevenir

    Salas dijo que uno de los mejores antídotos para prevenir el fraude “es la información” e indicó que CHIRLA permanentemente lleva a cabo seminarios y charlas para orientar a la comunidad de área de Los Angeles.

    “La gente tiene miedo y está buscando una mano de ayuda para pode salir adelante. Pero muchos que se presentan para ayudarles lo único que quieren hacer es tomar ventaja de la desesperación, ganar dinero con la desesperación y de muchas maneras poner a los inmigrantes en manos de ICE”, agrega.

    Por eso la información. Si el inmigrante sabe si puede o no optar por un beneficio, si conoce qué tipo de beneficio puede pedir, nos estamos asegurando que cuando trate de ser estafado, no caerá en la trampa, no se dejará engañar”, apunta.

    La directora ejecutiva de CHIRLA también dijo que, otro objetivo de las charlas y seminarios es decirle a la gente que no confíe en los gestores, que tenga cuidado con los notarios y con todos aquellos que, sin tener autorización o licencia, dan consejo legal.

    La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 7,000 socios a nivel nacional, tiene activa una campaña enfocada en evitar que los inmigrantes se conviertan en víctimas de “consultores de inmigración deshonestos, generalmente conocidos como notarios”, se lee en una de sus páginas digitales publicada en idioma español.

    Añade que “los consultores de inmigración, los notarios públicos y los notarios no pueden representarle en el proceso de inmigración. Estas personas, especialmente los notarios, se aprovechan de los inmigrantes, quienes muchas veces pertenecen a la misma comunidad que los mismos notarios”.

    AILA advierte además que “los notarios se llevarán su dinero y sus sueños” y que lamentablemente muchos inmigrantes descubren demasiado tarde que nunca recibirán los beneficios por los cuales pagaron porque fueron estafados.

    “Para evitar fraudes, use su sentido común. Muchas personas escuchan lo que quieren escuchar, sea inteligente. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente así sea. No confíe en una persona que le comenta acerca de una nueva ley secreta de inmigración o le asegura tener contactos o influencias especiales en algún ente u organismo gubernamental”, agregó.

    Univision Noticias se asoció con IMMI ( www.immi.org) –un proyecto creado por Immigration Advocates Network y Pro Bono Net, dos organizaciones no lucrativas dedicadas a mejorar el acceso a la justicia de los inmigrantes de bajos ingresos–, con el fin de poner a disposición de sus lectores un buscador de ayuda legal, gratuita o de bajo costo, desarrollado por ellos como parte de un proyecto más amplio de servicio a la comunidad.

  • El gobierno reconoce que separó a 471 padres sin dejarles decidir ser deportados con o sin sus hijos

    La revelación fue hecha durante la presentación de nuevos documentos en una corte federal de San Diego, California, en un juicio colectivo interpuesto en marzo del año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles.

     

    JORGE CANCINO

     

    6 de marzo del 2019- Los abogados del gobierno de Donald Trump reconocieron este miércoles que identificó a 471 inmigrantes que fueron separados de sus hijos en la frontera con México tras levantarles cargos criminales y que luego fueron deportados sin darles la oportunidad de decidir ser expulsados con o sin ellos.

    El reconocimiento evidencia que las separaciones familiares se venían dando desde antes del 5 de mayo, fecha en que el gobierno reconoció haber implementado una política de tolerancia cero en la frontera, la que fue detenida el 26 de junio por el juez federal Dana Sabraw.

    Durante ese tiempo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que había separado a 2,654 familias y de ellas más de 430 padres habían sido deportados sin sus hijos.

    La revelación fue hecha durante la presentación de nuevos documentos en una corte federal de San Diego, California, en un juicio colectivo interpuesto en marzo del año pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), donde argumentó que el gobierno utilizaba la separación forzada como una práctica común y que cientos de familias a esa fecha ya habían sido afectadas.

     

    Cómo era antes

    Antes de la implementación de la política de separaciones, estrategia que el gobierno niega rotundamente que haya existido (este miércoles la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen volvió a negarla), los padres o madres y sus hijos eran procesados conjuntamente al llegar al país y ser detenidos por la Patrulla Fronteriza. Así fueron tramitados los casos de miles de familias centroamericanas en los últimos años.

    Pero ACLU advirtió en marzo del año pasado que ya no era así para muchos inmigrantes. El texto presentado en la corte advertía que los adultos y los menores eran llevados a diferentes centros de detención.

    El grupo de derechos civiles también pidió en esa ocasión a la justicia que declarara la separación familiar como una práctica "ilegal" y subrayó que se trataba de casos en los que el progenitor "no presenta un peligro para el niño".

    "Se trata de una práctica nacional", dijo en ese entonces Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, en un comunicado. "Quiera o no el gobierno de Trump llamar a esto una 'política', sin ninguna duda ha llevado adelante una práctica generalizada dedicada a arrancar a los niños de las manos de sus padres".

     

    La ‘tolerancia cero’

    Dos meses después de la demanda de la ACLU, en la que se incluyó el caso de una mujer de nacionalidad congoleña que fue separada de su hija de 7 años mientras la menor "gritaba y lloraba", y donde la madre luego fue liberada pero la hija siguió detenida en un centro al que fue trasladada en Chicago, Illinois, a unas de 2,000 millas de distancia, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la puesta en vigor de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.

    La medida significó presentar cargos criminales a los adultos que entran al país por zonas no autorizadas y con ello quitarles forzosamente a sus pequeños. Una vez resueltos los casos criminales, los padres podían recuperar a sus hijos, pero para entonces las autoridades del DHS ya los habían entregado a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), quien a su vez los envió a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

    Luego de un tiempo un número no confirmado de menores fueron enviados a hogares temporales, situación que dificultó las reunificaciones una vez los padres finalizaron los procesos criminales forzados por el Departamento de Justicia.

    El dictamen del juez Sabraw del 26 de junio no solo ordenó poner fin a las separaciones, sino que le ordenó al gobierno reunificar a la totalidad de las familias afectadas.

     

    Las separaciones continuaron

    El pasado 21 de febrero Univision Noticias reportó que el gobierno de Trump separó forzosamente a 249 menores en la frontera con México después de la orden emitida por el juez Sabraw en junio del año pasado.

    A su vez, en enero un documento redactado por la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de 'tolerancia cero' en la frontera.

    Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido: el informe habla de miles, aunque no da un dato preciso.

    Los nuevos antecedentes se separaciones se conocen tras una demanda entablada en febrero por abogados que representan a las nuevas familias afectadas y la ACLU.

    De acuerdo con un informe entregado por el gobierno la tercera semana de febrero, entre el 27 de junio del año pasado y el 5 de febrero de este año, la ORR recibió a 249 menores que fueron alejados de sus familiares. De ellos, 62 ya habían sido reunificados.

    En 225 casos, agrega el reporte, las separaciones ocurrieron porque el padre contaba con antecedentes criminales (entre ellos asociación a pandillas). En otros 17 casos se debió por problemas de salud de los padres y en tres casos existió dudas sobre el parentesco.

    El DHS reiteró en el escrito que las separaciones se llevan a cabo en casos en que exista historial criminal por parte de los padres, por razones de enfermedad o exista un riesgo para el menor.

     

    Lo habían advertido

    En noviembre del 2018 la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) dijo a Univision Noticias que “la separación de adultos y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad del menor cuando los siguientes factores están presentes:

     

    -El padre o tutor presenta un peligro para el niño;

    -El padre tiene antecedentes penales;

    -El padre tiene una orden penal pendiente;

    -l padre tiene una enfermedad contagiosa;

    -Reclamo fraudulento de tutela; y,

    -Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada, u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulte en que el adulto sea acusado penalmente.

     

    La ACLU dijo que, si el gobierno sigue separando familias secretamente en la frontera, sería inconstitucional y que regresarán a las cortes. “Estamos monitoreando (que el gobierno de Trump) no siga separando padres de hijos (en la frontera), dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.
    Nielsen dijo esta mañana durante la audiencia celebrada en el Congreso, que el DHS sólo separa familias cuando el menor está en riesgo, confirmando la advertencia hecha por el CBP en noviembre.

    Gelernt dijo esta tarde en su cuenta de la red social Twitter que el gobierno de Trump ha separado niños incluso cuando sus padres se entregaron a las autoridades federales y solicitaron asilo en Estados Unidos.

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