Indianapolis, Indiana. .
March 22, 2019

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Según los reporteros, un grupo de hombres con acento cubano del primer círculo de seguridad del presidente Maduro jugó un papel activo durante la retención de dos horas y media en el Palacio de Miraflores el lunes.

GERARDO REYES

 

26 de febrero del 2019- Varios de los hombres de seguridad del gobernante Nicolás Maduro, que se dirigieron en forma agresiva a los periodistas de Univision retenidos este lunes en el palacio presidencial de Miraflores, eran cubanos, afirmaron los reporteros de la cadena.

Uno de los cubanos ordenó a sus subalternos “saquen a ese mari..." refiriéndose a Jorge Ramos, presentador de Univision Noticias, minutos después de que Maduro interrumpiera una entrevista protestando por el contenido de las preguntas, relataron los periodistas.

De acuerdo con los reporteros, el hombre que dio la orden de sacar a Ramos parecía el jefe del primer círculo de seguridad de Maduro.

“A diferencia de los demás no llevaba traje. Tenía una camisa y pantalón y llevaba una carpeta en la mano", explicó la productora de Univision Claudia Rondón, de origen cubano, quien estaba presente en el momento en el que Maduro suspendió la entrevista.

La cubanoamericana María Martínez-Guzmán, vicepresidenta y directora de asignaciones de Univision Noticias, a quien también se le impidió salir de la sede presidencial por dos horas, aseguró que era evidente el acento cubano de algunos de los agentes de seguridad, por lo cual los confrontó.

 

“Otros se reían", agregó.

Los cubanos tenían entre 35 a 45 años mientras que los guardias venezolanos eran muy jóvenes, explicaron los periodistas.

“Eran los más agresivos", anotó el camarógrafo colombiano Juan Carlos Guzmán quien también era parte del equipo. “Gritaban y daban órdenes".

Después de dos horas, el equipo fue liberado, pero sus cámaras y teléfonos celulares fueron confiscados, incluyendo las tarjetas de video con 17 minutos de grabación de la entrevista de Ramos.

Visiblemente molesto, Maduro abandonó la entrevista en forma abrupta luego de que Ramos le mostrara un video que tomó de unos jóvenes rescatando comida de un camión de la basura en una calle de Caracas.

La presencia de cubanos en Venezuela es amplia y conocida. El año pasado el entonces secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagró estimó que por lo menos 22,000 cubanos “se infiltraron en el régimen venezolano" para mantener el gobierno de Maduro.

 

Un inmigrante mexicano asegura que Kenia Gutiérrez falleció por un error cometido durante una cirugía que le realizaron en un centro médico del condado de Orange, California. Su partida fue agónica y en uno de los intentos por salvarle la vida, los doctores le amputaron parte de sus piernas. "Eso no tenía que haber pasado", reclama él.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 25 de febrero del 2019– La mexicana Kenia Gutiérrez tenía 33 años y era maestra de zumba. No ganaba mucho dinero, pero según su esposo, su principal satisfacción era la conexión que a través del baile tenía con las personas. Este fin de semana se acabaron las esperanzas de que regresara a sus rutinas de ejercicios: falleció después de agonizar durante más de un mes en un hospital del sur de California.

"Me la quitaron", dijo entre lágrimas su esposo, Jaime Pinzón, minutos antes de que doctores del Centro Médico de la Universidad de California en Irvine (UCI), en el condado de Orange, desconectaran a su compañera de vida.

Kenia era originaria de Acapulco, el famoso destino turístico en el sureste de México. Había llegado a Estados Unidos hace 15 años. Era indocumentada, pero eso no impidió que trabajara en este país: hace cinco años encontró en la zumba una oportunidad para apoyar económicamente a su esposo. Por una sesión de baile, cada estudiante le pagaba dos dólares y aunque con eso recogía poco, estaba orgullosa de que ese fuera su oficio.

Su sueño iba más allá de lo profesional, quería ser madre y formar un hogar en la ciudad de Santa Ana. El primer intento falló, abortó sin que se diera cuenta. La segunda vez el feto creció afuera de su matriz y por eso le extirparon una trompa de Falopio.

Cuando Jaime y Kenia pensaban que finalmente serían padres, el ginecólogo les advirtió que el embrión estaba creciendo una vez más en el lugar incorrecto. Asustada por lo que eso significaba, ella no quiso que le extirparan la otra trompa de Falopio, su última esperanza para tener un hijo, y pidió que le pusieran una inyección para provocar la expulsión natural del feto.

Jaime, de 46 años y también indocumentado, cuenta que 15 días después de que le pusieron esa inyección, su esposa comenzó a tener un sangrado. No parecía grave; sin embargo, decidieron ir al hospital de UCI para confirmar que era algo normal. Un ultrasonido en la sala de urgencias puso en alerta a los médicos y por eso le practicaron una cirugía inmediatamente.

En la sala de espera, dos horas después del ingreso de Kenia, una enfermera le dio una pésima noticia: "Me dijo que las cosas se habían complicado y que le habían cortado una arteria principal. Fue un error de la doctora", según su relato.

Hasta la madrugada siguiente su esposa fue puesta en un cuarto del hospital, donde notaron más complicaciones. "Los doctores dicen que se le paró el corazón durante 26 minutos, que eso le afectó sus pies, sus riñones y que quizás tuvo un derrame cerebral", lamenta Javier.

Cuando creía que lo peor ya había pasado, los especialistas notaron que los pies de ella estaban hinchados por mala circulación y que no reaccionaba ante los estímulos. Durante esta segunda operación se tomó una decisión difícil para salvarle la vida: le amputaron parte de ambas piernas, hasta la mitad de la pantorrilla.

"Muy feo. Eso no tenía que haber pasado", reclamó.

"Nunca abrió sus ojos"

Jaime, originario del estado mexicano de Morelo, recuerda que Kenia había dado señales de recuperación dos semanas después de su primera cirugía y continuó así cuatro días.

"Movía sus ojos. Yo le decía: ‘ahorita vengo’ y ella movía sus ojitos como enojada. Yo estaba feliz porque iba recuperándose", contó este hombre que trabaja en construcción.

La sonrisa le duró poco porque aquella mejoría se volvió un retroceso. Su estómago se inflamó y, en otra cirugía más, le cortaron una parte del intestino que no estaba funcionando, supuestamente resultado del paro al miocardio que sufrió en la primera operación el 20 de enero.

"Desde de ahí nunca abrió sus ojos, nunca se recuperó. Al contrario, fue empeorando, ella empezó a convulsionarse", dice él.

El viernes pasado, Javier seguía pidiendo un milagro. "Yo quiero esperar hasta el último minuto", dijo mientras su esposa aún permanecía conectada a las máquinas del hospital UCI. Entonces ya la habían declarado con muerte cerebral, pero él confiaba en que un "poder divino" se la regresara.

"Mi esperanza es un milagro, que Dios la ayude, porque ella ya no respira, ya no hace ningún movimiento", comentó entonces.

Finalmente, aceptó que le retiraran las máquinas ante la insistencia de "ya no la hagas sufrir porque su cerebro no tiene actividad". Eso sucedió este fin de semana.

Ahora, Jaime se aferra al argumento de que una enfermera aceptó que le habían cortado una arteria principal a su esposa por negligencia o error, lo cual condujo a su agónico fallecimiento. "Yo quiero demandar porque es una negligencia, esto no tenía que haber pasado", insiste.

El Centro Médico UCI no comentó sobre esta muerte ni sobre la posible demanda en su contra citando políticas de privacidad. "No es posible revelar información privada del paciente, de acuerdo con leyes estatales y federales", dijo en un comunicado el vocero John Murray.

Antes de comenzar los preparativos para las exequias de su mujer, Javier recordaba aquel día hace 11 años cuando se enamoró de la acapulqueña más hermosa que había visto. "Entre amigos nos conocimos y así surgió la relación", expresó con la voz cortada.

De acuerdo a estadísticas iniciales de la temporada de devolución de impuestos presentadas por IRS, el promedio de reembolso este año es de $2,640 y para esta misma fecha en 2018 fue de $3,169. Aunque los expertos advierten que esas cifras todavía pueden variar en lo que queda del período de reembolsos, la incertidumbre por los cambios a la reforma tributaria invade a los contribuyentes y esto podría afectar la economía del país.

UNIVISION

 

Los cambios a la Ley de Reforma Tributaria de la administración Trump afectan cada caso de manera diferente. Pero este año ya se percibe una tendencia, de acuerdo a datos revelados por el IRS (Servicio de Recaudación de Impuestos): los reembolsos están siendo más bajos en comparación con los de 2018.

Con la entrada en vigor de la nueva ley tributaria aprobada por el Congreso, algunos hogares se verán impactados más que otros y de maneras distintas. Sin embargo, las estadísticas iniciales muestran que las devoluciones de impuestos han bajado un 16.7% en 2019.

Las cifras corresponden a las primeras tres semanas de la temporada de reembolsos (hasta febrero 15), en las cuales se ve que para esa fecha en 2018 el promedio de devolución era de 3,169 dólares y ahora ha caído a una media de $2,640, una disminución de más de 500 dólares.

Esto quiere decir que los contribuyentes están recibiendo menos dinero en su cheque de reembolso este año, sí. Pero los expertos advierten sobre la interpretación apresurada de estos datos, que pueden cambiar drásticamente de una semana a otra.

Además, aún hay demoras en la devolución de impuestos de al menos 28 millones de hogares que tardarán por lo menos hasta febrero 27, debido a los cambios tributarios que afectan a los que ganan menos y tienen hijos.

"El lento inicio de la temporada de reembolso de impuestos podría no ser indicativa de lo que viene en las próximas semanas. Los datos del año pasado muestran que el pico más alto suele darse al final de febrero", dijo un analista financiero de Morgan Stanley a la cadena CBS.

 

Menor reembolso no significan más impuestos

Otro factor que hay que considerar, según analistas, es que los reembolsos más bajos no significan que las personas hayan pagado más impuestos el año pasado.

"El tamaño del reembolso de impuestos de alguien no dice nada acerca de si sus impuestos han subido o bajado. La información tan temprana en la temporada de devolución tiene muchas anormalidades y no es útil para dibujar conclusiones generales", aseguró el Departamento del Tesoro el viernes pasado en un comunicado.

"Los reportes de noticias sobre las reducciones en la devolución de impuestos son engañosos. Los reembolsos son consistentes con los niveles de 2017 y un han caído un poco desde 2018 basado en una pequeña muestra inicial de solo unos días de datos", había escrito días antes también el Departamento del Tesoro en su cuenta deTwitter.

Por el contrario, en muchos casos recibir menores reembolsos quiere decir que les dedujeron menos de sus cheques mensuales durante el año por los cambios a la Ley de Reforma Tributaria, según el Tax Policy Center.

Esto explica por qué algunos contribuyentes están sorprendidos con su cheque de devolución este año, pues es menos de lo que estaban acostumbrados a recibir o incluso algunos le quedaron debiendo al IRS, algo que no les había ocurrido nunca.

"El año pasado el gobierno cambió las tablas de los taxes, entonces lo que sucedió fue que le quitaron menos a la gente para que tuvieran más dinero en sus cheques, es decir, se los estuvieron dando durante el año: les redujeron los taxes. Lo que ahora está pasando es que les quitaron muchísimo menos que el año pasado y eso está causando que los reembolsos sean muy bajos o que hasta incluso haya gente que debe", señaló la especialista en impuestos Beatriz Murillo en entrevista con Univision 19.

Contribuyentes reportan reducciones en reembolsos de impuestos...

Los contadores coinciden con que esta tendencia no es indicador de que la gente esté pagando más impuestos, pues señalan que este año aunque están viendo que sus clientes reciben reembolsos menores, cuando comparan los impuestos que pagaron en 2018, muchas veces son miles de dólares menos.

El problema es la costumbre que tienen muchos de esperar este cheque cada año para cubrir deudas o gastos grandes.

"Al final de año cuando estamos esperando los impuestos tenemos planificado y destinado ese dinero paragar tarjetas de crédito, cuentas pendientes que tenemos de todo el año y por supuesto, si nos devuleven menos es un gran hueco que tenemos en nuestra economía de la casa", advirtió Natalie Suárez al Noticiero Univision.

Es la razón por la que los economistas se preocupan ahora por el efecto que los menores reembolsos puedan tener en el consumo y la economía general del país. La incertidumbre sobre la llegada de los cheques del IRS con menos dinero este año podrían debilitar el gasto porque los contribuyentes están más cautelosos con esta nueva situación: las ventas al por menor cayeron inesperadamente en diciembre, marcando la peor caída en nueve años, de acuerdo a datos del Departamento del Comercio.

 

“Hay una versión de que el expresidente Peña Nieto le pidió a ‘El Chapo’ Guzmán que matara a López Obrador (…) ‘El Chapo’ le contestó que él era agricultor, que él no era sicario y ahí quedó”, afirmó José Luis González Meza, defensor legal del capo en México, en una entrevista.

UNIVISION

 

26 de febrero del 2019- Mientras la defensa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán diseña una estrategia para que su cliente tenga otro juicio en Nueva York, su abogado en México lanzó nuevas acusaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto, asegurando que este supuestamente le pidió al capo que asesinara a Andres Manuel López Obrador, el actual ejecutivo mexicano, y que le entregó millonarios sobornos.

Se trata, sin embargo, de revelaciones que quizás jamás sean confirmadas. José Luis González Meza, representante legal del exjefe del cartel de Sinaloa en el vecino país, no ha presentado pruebas sobre las presuntas dádivas ilegales, ni sobre el alegado plan para matar a López Obrador.

“Hay una versión de que el expresidente Peña Nieto le pidió a ‘El Chapo’ Guzmán que matara a López Obrador (…) ‘El Chapo’ le contestó que él era agricultor, que él no era sicario y ahí quedó”, afirmó González Meza en una entrevista en el programa Aristegui en Vivo.

Según el relato del abogado, el capo sinaloense le entregó unos 1,800 millones de dólares a Peña Nieto desde el inicio de su campaña política. Los fajos de billetes se entregaban dentro de cartones de huevo para no despertar sospechas, aseguró el litigante.

“Estos dineros no se entregan normalmente en efectivo, no hay cheques, no hay recibos. Todos es en ‘cash’ (efectivo). Nosotros tenemos los datos específicos de los camiones, de las camionetas en los que se llevaban. Normalmente el dinero se entregaba en cajas de huevo”, detalló.

González Meza también mencionó que tiene en su poder evidencia de que Peña Nieto aceptó un soborno 100 millones de dólares para financiar su campaña electoral, como lo aseguró el capo colombiano Alex Cifuentes durante su testimonio en el juicio contra el narcotraficante.

“Ahí sí tengo pruebas. Lo dije desde aquella época. Las tengo en una caja de seguridad en Estados Unidos, tampoco soy bobo”, aseguró.

A mediados de noviembre, la administración de Peña Nieto negó una acusación similar que lanzó el abogado Jeffrey Lichtman en el inicio del proceso penal contra Guzmán. Entonces, este dijo que el capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada le había entregado “millones de dólares” a dicho político y a su antecesor Felipe Calderón. También este último se deslindó entonces de dichas acusaciones.

“El gobierno de @EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias”, respondió entonces quien era su vocero, Eduardo Sánchez.

Desde entonces, Peña Nieto ha guardado silencio. No ha respondido ni a los alegatos de Cifuentes que hizo el pasado 15 de enero, ni a esta nueva bomba mediática que lanzó el abogado González Meza.

 

Matan a hermano de ‘El Licenciado’

Otro asesinato ocurrido en situaciones misteriosas se ha sumado al juicio de Guzmán. Un hermano de Dámaso López Núñez, alias ‘El Licenciado’, uno de los testigos estrellas de la Fiscalía en el proceso penal que hundió legalmente a ‘El Chapo’. La víctima, identificado como Adolfo ‘N’, de 53 años, recibió varios disparos en el interior de su casa en Culiacán el domingo por la tarde, reportó la prensa local.

El pariente de ‘El Licenciado’, quien era operador financiero del cartel de Sinaloa, no se dedicaba al narcotráfico, indicaron los medios de comunicación.

Pocos días después del juicio a ‘El Chapo’ ocurrieron otros crímenes ligados al capo. Según el gobierno mexicano, el sábado 17 de noviembre de 2018 murió tras sufrir un paro cardiaco el narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, alias ‘El H’, quien pasó de ser socio a un acérrimo rival de su primo ‘El Chapo’.

Su hermano Alfredo, apodado ‘El Mochomo’, estuvo una vez en la lista de posibles testigos contra Guzmán, pero no se presentó en la corte.

Al día siguiente fue asesinado Luis Reyes Enríquez, ‘El Z-12’, uno de los fundadores del cartel de Los Zetas, que hace unos años protagonizó una guerra sin cuartel contra la organización de Guzmán. A ‘El Z-12’ lo apuñalaron dentro de una prisión en Tamaulipas, de acuerdo con las autoridades.

“Parece mucha casualidad que Héctor Beltrán Leyva, a quien apodan el ‘jefe de jefes’, haya muerto de un infarto”, criticaba Salvador García Soto en su columna en el periódico El Universal.

“Cualquier capo o líder importante que haya sido parte de esa organización (el cartel de Sinaloa), puede estar en medio de la guerra que se está librando en el juicio de Nueva York”, advirtió.

Un panel de tres jueces escuchará los argumentos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la Universidad de Princeton y Microsoft Corp., así como de del gobierno federal sobre la legalidad o no de la decisión de Donald Trump que puso fin al programa que beneficia a los dreamers.

JORGE CANCINO

 

22 DE FEBRERO DEL 2019- La corte de apelaciones del 6to Circuito celebra este viernes una audiencia sobre la legalidad del programa de Acción Diferida de 2012 ( DACA) , cancelado por el gobierno de Donald Trump el 5 de septiembre de 2017, pero restablecido por tres cortes de distrito.

Los fallos de las cortes inferiores, además, cuentan con el respaldo de un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9 Circuito.

Tribunales federales de distrito de San Francisco (California), Brooklyn (Nueva York) y el Distrito de Columbia (capital de Estados Unidos) calificaron de “arbitraria” y “caprichosa” la cancelación ordenada por el presidente Donald Trump y ordenaron restablecer el programa en los mismos términos que se encontraba el 4 de septiembre de 2017.

La orden de los tribunales permite a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers, seguir amparados de la deportación y solicitar una autorización de empleo renovable cada dos años, excepto para aquellos que nunca se acogieron al programa.

 

Qué escucharan los jueces

Los tres jueces del panel de la Corte de Apelaciones del 6to Circuito escucharán los argumentos de los abogados de los demandantes (la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color -NASACP-, estudiantes de la Universidad de Princeton y Microsoft Corp.) y del gobierno (Departamento de Justicia) sobre la legalidad o no de la decisión del gobierno que puso fin al programa.

DACA fue creado el 15 de junio del 2012 durante el primer gobierno de Barack Obama, en respuesta a la inacción por parte del Congreso para discutir y aprobar una reforma migratoria que legalizara a la mayoría de los 11 millones de indocumentados, una promesa de campaña del entonces mandatario.

El 9 de enero del año pasado una corte de California ordenó al gobierno de Trump restituir el programa. El 13 de febrero un segundo tribunal, de Brooklyn, emitió un dictamen similar. Y el 24 de abril un tercer juez federal, esta vez de Washington DC, falló a favor de DACA y dio un plazo al gobierno para explicar por qué no debía aceptar nuevas solicitudes.

El 17 de agosto el juez John Bates ratificó el dictamen, pero eximió al gobierno de aceptar nuevas solicitudes después que la mexicana María Perales, una dreamers de la Universidad de Princetony Microsoft, decidieron no apelar la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de oponerse a la recepción y tramitación de peticiones de DACA de soñadores que antes no habían solicitado el amparo.

 

Por  qué la audiencia

La audiencia de este viernes se lleva a cabo porque el 22 de enero la Corte Suprema de Justicia anunció que no intervendría sobre el futuro del programa hasta que resolvieran la disputa judicial los tribunales inferiores.

La decisión mantiene vivo el programa en los mismos términos ordenados por los fallos del 9 de enero, 13 de febrero y 24 de abril del año pasado, y la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Además del 6º Circuito, el gobierno también apeló en el 2do y el 4to, decisiones que todavía se encuentran pendientes. La corte de apelaciones del 2do Circuito escuchó los argumentos en enero.

Sea cual fueren las decisiones de las cortes de apelaciones, ambas partes han prometido elevar el caso a la Corte Suprema, instancia que, habiéndose agotado las disputas en los tribunales inferiores, no tendrán otra salida que aceptar la demanda y revisar la legalidad de DACA en última instancia.

El máximo tribunal de justicia, en caso de que determine revisar la legalidad del programa, tomaría una decisión probablemente en 2020. Mientras y si nada cambia, el amparo de deportación sigue vigente.

 

Ofensiva fallida

El 1 de mayo una coalición de 10 estados encabezados por Texas demandó la legalidad y vigencia de DACA ante una corte en Houston. Pero a finales de agosto el juez Andrew S. Hanen negó la petición. Los demandantes alegaban que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que solo le compete al Congreso.

Una semana antes del dictamen la Fiscalía de Texas había dicho a Univision Noticias que el desafío de los estados que participaron en la demanda era la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

“En cambio quienes lo defienden demandaron la decisión que tomó el presidente Trump de cancelar DACA. Son cosas totalmente distintas”, dijo en ese entonces Teresa Farfán, encargada de las relaciones con la prensa en español de la oficina del fiscal general Ken Paxton.

“Ese es el enfoque de nuestra demanda”, puntualizó. “Lo que se busca con nuestra acción legal es que se detenga el programa en su totalidad. No estamos pidiendo que deporten a todo el mundo o que se quiten los permisos de trabajo que ya se dieron, sino que se elimine el programa y no pueda haber nuevas renovaciones porque es ilegal”.

Sin embargo, el pasado 6 de febrero el fiscal general Paxton pidió a una corte federal de Texas anular las protecciones que permiten a los dreamers trabajar y vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportados.

 

“Estoy soñando con una forma de matar a casi todas las personas de la tierra”, redactó el acusado en una carta en la cual mencionaba que su maquiavélico plan contemplaba lanzar una plaga biológica, usando ántrax y toxinas para crear botulismo o gripe mortal.

ISAIAS ALVARADO

 

20 de febrero del 2019-Las autoridades han arrestado a un teniente de la Guardia Costera de Estados Unidos, a quien consideran un “terrorista nacional” con una remarcada ideología supremacista blanca. Él habría escrito un correo electrónico en el que mencionó realizar ataques biológicos; además fue acumulando un peligroso armamento y ya había elaborado una lista con los nombres de sus objetivos, incluyendo líderes demócratas, candidatos presidenciales y periodistas.

El sospechoso, Christopher Paul Hasson, de 49 años y quien trabaja desde 2016 en la sede de dicha corporación militar en Washington DC, pedía en sus perturbadores mensajes usar la “violencia” para “establecer una patria blanca”, según documentos judiciales presentados en una corte federal en Maryland.

“Estoy soñando con una forma de matar a casi todas las personas de la Tierra”, redactó el acusado en una carta en la cual mencionaba que su maquiavélico plan contemplaba lanzar una plaga biológica, usando ántrax y toxinas para crear botulismo o gripe mortal.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Investigaciones de la Guardia Costera decomisaron drogas y un arsenal que fue acumulando al menos desde 2017 con el propósito de realizar ataques terroristas. Tenía 15 armas de fuego, incluyendo tres rifles de asalto, varias escopetas y pistolas, así como múltiples cartuchos, más de 1,000 balas y equipo de tipo militar.

En su apartamento en Silver Spring también encontraron un contenedor con más de 30 botellas que fueron etiquetadas como hormona del crecimiento humano.

No está claro si ya contemplaba fechas y lugares específicos para sus ataques.

La acusación afirma que elaboró el 19 de enero una hoja de cálculo en la que colocó los nombres de “traidores”, en la cual destaca la legisladora federal demócrata Nancy Pelosi, la nueva presidenta de la Cámara de Representantes y quien encabeza la oposición al presidente Donald Trump.

En su mirilla también estaban el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y cuatro candidatos presidenciales demócratas: los senadores Kirsten Gillibrand, Elizabeth Warren, Cory Booker y Kamala Harris.

 

“Tiene la intención de matar civiles”

Buscó en internet información sobre “el mejor lugar en DC para ver a los congresistas” y trató de verificar si “están protegidos los jueces de la Corte Suprema”. También visitó miles de sitios web que vendían armas e investigó manuales tácticos militares sobre municiones improvisadas.

En sus planes escritos contempló lo que haría durante y después de un tiroteo masivo. "Durante los disturbios, ataca a ambos lados para aumentar la tensión", escribió en un correo electrónico citado por los fiscales. “En otras palabras, provocar que el gobierno y la policía reaccionen en exceso, lo que debería ayudar a intensificar la violencia”, escribió.

Hasson fue arrestado el pasado viernes luego de que investigadores federales descubrieron el alijo de armas, las municiones y narcóticos en su vivienda de Maryland. El gobierno, sin embargo, alertó que estos delitos son apenas la “punta del iceberg” en este caso.

“El acusado es un terrorista nacional empeñado en cometer actos peligrosos para la vida humana que están destinados a afectar al gobierno", escribieron los fiscales federales en un documento sometido a la corte y que pide mantener bajo custodia al sospechoso hasta su juicio.

“Tiene la intención de asesinar a civiles inocentes en una escala que rara vez se ve en este país”, advirtieron.

Los fiscales lo han descrito como un hombre obsesionado con los puntos de vista neofascistas y neonazis. También mencionaron que por años él ha defendido opiniones extremistas. “Por favor, envíenme su violencia para que pueda desatarla”, escribió Hasson en un borrador que los detectives encontraron en su cuenta de correo electrónico.

“Guíen mi odio para hacer una impresión duradera en este mundo”, agregaba uno de los mensajes.

También describió una “idea interesante” que incluía “ataques biológicos seguidos de ataques contra el suministro de alimentos”, así como ataques con bombas y francotiradores.

 

“Guerra civil si Trump es destituido”

Según los fiscales, Hasson se envió en septiembre de 2017 un borrador de carta que dirigía a un líder neonazi y en la cual pedía una “patria blanca”. Este “se identificó como un nacionalista blanco durante más de 30 años y abogó por la 'violencia enfocada' para establecer una patria blanca”.

El teniente de la Guardia Costera a menudo leía un manifiesto de 1,500 páginas que fue escrito por el noruego Anders Behring Breivik, un extremista de derecha que cumple una condena de 21 años por matar a 77 personas en 2011. En ese escrito se instruye sobre cómo colectar armas de fuego, alimentos, disfraces y material de supervivencia. Además, solía expresar su admiración por Rusia.

“Mirando a Rusia con ojos llenos de esperanza o cualquier tierra que desprecia el liberalismo occidental”, redactó el acusado.

Otras personalidades que pensaba atacar son John Podesta, quien fue presidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton; los legisladores demócratas Beto O'Rourke, Alexandria Ocasio-Cortez y Maxine Waters; así como los periodistas Chris Hayes y Joe Scarborough del canal MSNBC, y Chris Cuomo y Van Jones de la cadena CNN.

El sospechoso estuvo en las filas de los Marines de 1988 a 1993 y en la Guardia Nacional del Ejército durante unos años a mediados de la década de 1990. Aparentemente es adicto al analgésico opioide Tramadol y compró “orina sintética” para usarla como propia en caso de que fuera seleccionado al azar para una prueba de consumo de drogas en su trabajo.

La oficina del defensor de oficio federal de Maryland, que representa al acusado, no ha comentado sobre este caso. Mientras que un vocero de la Guardia Costera dijo a la prensa que Hasson ya no trabaja en la sede de la corporación en DC.

Los investigadores creen que a mediados de enero habría crecido el interés de Hasson por efectuar un ataque terrorista. La mañana del 17 de enero hizo varias búsquedas en internet, algunas relacionadas con el proceso para destituir al presidente Trump y defender su gestión por la violencia.

Buscó: “¿Qué pasa si Trump es destituido ilegalmente?” y “guerra civil si Trump es destituido”.

Revelan detalles sobre el tiroteo que presuntamente planeaba realizar un estudiante de preparatoria en Texas

El presidente insiste en sacar provecho de las falencias del sistema migratorio -que necesita una reforma- y centrar su estrategia política de 'tolerancia cero' en la inmigración indocumentada.

JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

 

19 DE FEBRERO DEL 2019- Todo empezó el 16 de junio de 2015. Ese día Donald Trump anunció que sería candidato a la presidencia de Estados Unidos y dejó entrever cuál sería su caballito de batalla : la inmigración. “Cuando México envía su gente, no envía a los mejores. Envía gente que tiene muchos problemas: traen drogas, crimen, son violadores… y supongo que algunos son buenas personas”, dijo. El discurso caló, Trump ganó la presidencia y su xenofobia se fue haciendo cada vez más radical.

Para nadie es un secreto que el sistema migratorio de Estados Unidos está roto. Pero en lugar de tratar de arreglarlo (como lo hizo un grupo bipartidista del Senado en la fallida reforma migratoria del año 2013) Trump decidió sacar provecho de sus falencias y centrar su estrategia política en la inmigración indocumentada. La frontera, ha repetido miles de veces, es un coladero de drogas y de crimen. Por eso hay que cerrarla con un muro. Y sacar del país a todos los que entraron sin permiso, porque todos (o casi todos) son criminales. Así de simple.

Uno de los problemas que tiene el sistema migratorio de Estados Unidos es precisamente su complejidad. Pero Trump no parece entenderlo, o no quiere entenderlo, o lo entiende pero opta por manipularlo, para alimentar a su base. Por eso suele mezclar peras con manzanas. O pasar por encima de los hechos. Como cuando ignora que más de la mitad de los indocumentados que hay en el país no entraron por la frontera que quiere cerrar con un muro. O que la mayor parte de la droga llega por los puertos de entrada.

Como las cifras oficiales suelen contradecir buena parte de su discurso, en la presentación de la emergencia nacional que acaba de decretar para conseguir los fondos que “necesita” para construir el muro, Trump aseguró que él tenía sus propias fuentes estadísticas. Pero dado que las cifras absolutas que suele citar coinciden por lo general con las cifras oficiales, lo que el presidente parece tener es quien le haga una lectura diferente de las mismas. Una lectura “alternativa”, simplificadora y acomodada a su discurso político. Y siempre habrá alguien a quien retuitear cuando equipara el “fact checking” con el “fake news”.

Un buen ejemplo de la lectura “alternativa” de las cifras oficiales que hace Trump es el relacionado con las tasas de criminalidad entre los inmigrantes, en especial con los datos sobre los llamados arrestos administrativos de ICE (que son arrestos que se producen por una violación civil de la ley de inmigración). En los dos últimos años fiscales (2017 y 2018) se produjeron, según ICE, 302,051 arrestos administrativos. De ellos (después de revisar los antecedentes) 210,876 correspondían a criminales convictos; 55,233 a personas que tenían cargos pendientes pero que no habían sido condenadas, y 35,942 sin cargos distintos a los que motivaron el arresto.

Los datos de ICE incluyen también los cargos por los cuales han sido condenadas o están siendo investigadas las personas arrestadas. Con la salvedad de que una sola persona puede haber sido condenada o está siendo investigada por varios delitos. En los dos años, pesaban 740,229 cargos sobre las personas condenadas (un promedio de 3.5 cargos por persona), y 325,884 cargos sobre las personas investigadas (un promedio de 5.9 cargos por persona). Generalmente, los criminales más peligrosos son los que reinciden, y sobre ellos pueden pesar innumerables cargos. Pero no hay información detallada al respecto.

Los informes oficiales de ICE no discriminan el origen de los arrestos, pero hay organizaciones que lo hacen (como el Trac, de la Universidad de Syracuse). De acuerdo con la información contenida en su página , poco menos del 75% de los arrestos administrativos realizados en los dos últimos años corresponden a personas detenidas en cárceles locales, estatales o federales que fueron transferidas a ICE mediante los llamados “detainers” (peticiones de ICE a las policías locales y a las autoridades carcelarias para que pongan a su disposición a las personas detenidas que han cometido faltas contra la ley de inmigración). Esas personas, en sentido estricto, no son detenidas por ICE sino por otras fuerzas del orden que colaboran con ICE (punto sobre el cual gira buena parte del debate sobre las ciudades santuario). El otro 25% corresponde a los arrestos realizados directamente por ICE en las comunidades, ya sea de manera individual o a través de redadas masivas en vecindarios urbanos o en lugares de trabajo.

Todas estas cifras –que revelan sin duda la existencia de un problema que amerita la búsqueda de una solución–, en las manos del presidente adquieren una nueva dimensión. En su discurso sobre el Estado de la Unión, del 5 de febrero, Trump dijo: “En los últimos dos años nuestros valientes oficiales de ICE realizaron 266,000 arrestos de extranjeros criminales, incluidos los acusados o condenados por casi 100,000 asaltos, 30,000 delitos sexuales y 4,000 asesinatos”. Una frase llena de verdades a medias, sobre todo pensando en que la dijo para insistir en la necesidad de construir un muro. No todos los arrestados llegaron por la frontera –al menos se cuidó de hablar de extranjeros criminales y de no de ilegales–, no todos los arrestos fueron realizados por ICE y no todos los arrestados que mencionó son criminales, a no ser que, como se ha vuelto norma en su administración, se invierta la carga de la prueba: todos los detenidos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario.

Una semana después, en una reunión privada con los alguaciles del país realizada en la Casa Blanca, el presidente fue menos cuidadoso que en su discurso sobre el Estado de la Unión y leyó repetidamente las cifras de ICE, hablando de personas, no de cargos criminales. “Acabo de recibir esto de Seguridad Nacional [el informe de ICE del año fiscal 2018]. Lo miras… y miles de personas. Drogas peligrosas: 76,000 personas… Asalto: 63,000 personas [aquí se equivocó y leyó la cifra de infracciones migratorias que es mayor que la de los asaltos] . Hurto: 20,000 personas. Actividades fraudulentas: 12,000 personas. Robos: 12,000 personas”. Si hubiera sumado todos los cargos, habría llegado a 523,515 personas, muchas más que las 105,140 efectivamente detenidas con cargos criminales.

La idea de exagerar las cifras para apoyar sus puntos de vista no es nueva. El 13 de noviembre de 2016, en una entrevista para el programa ‘60 minutos’ de CBS, dijo, refiriéndose a su política migratoria: “Lo que vamos a hacer es sacar a personas que son criminales, con registros criminales, miembros de bandas, traficantes de droga, muchas de estas personas, probablemente dos millones, podrían incluso ser tres millones, los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar”. Esa entrevista puso el dedo en la llaga; ¿cuántos extranjeros criminales hay en Estados Unidos, y cuántos entraron de manera ilegal por la frontera sur?

Oficialmente, no existe ninguna información que resuelva el interrogante. La cifra que más se aproxima a la más baja que dio Trump en la entrevista (dos millones de personas) fue mencionada por el DHS en un informe presentado al Congreso sobre su presupuesto de gastos para el año 2012/2013 (pag. 61/1092 del PDF): “ICE estima que hay 1.9 millones de criminales extranjeros deportables hoy en Estados Unidos. Esta población de criminales extranjeros representa un gran reto para la seguridad pública”.

Pocos días después de la entrevista de Trump con CBS, el Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés), un respetado centro de estudios no partidista sobre inmigración, publicó un artículo en el que analiza las cifras del DHS. “Con base en el informe, nosotros estimamos en 2015 que aproximadamente 820,000 de los once millones de personas que viven en el país ilegalmente tienen condenas criminales. De ellos, estimamos que 300,000 tienen condenas por delitos graves [felonies] y 390,000 por delitos menores, pero serios (misdemeanors, con condenas superiores a 90 días)”.

El artículo hace una aclaración muy importante: “Esos 820,000 inmigrantes indocumentados son un subconjunto de los 1.9 millones de no ciudadanos identificados por el DHS como extranjeros criminales deportables… Aunque el hecho parece poco conocido, una porción muy sustancial de los 1.9 millones de no ciudadanos [a los que se refiere la cifra del DHS] son personas legalmente presentes en Estados Unidos –ya sean residentes legales permanentes (también conocidos como poseedores de la llamada tarjeta verde) o no ciudadanos con visas temporales, que se han convertido en deportables como resultado de un crimen descalificador”.

El artículo del MPI, por supuesto, no zanjó el debate. Y ante la falta de evidencia sobre el número de indocumentados con condenas por actos criminales (el mismo MPI basó sus conclusiones en el supuesto no verificable de que los indocumentados cometen crímenes a una tasa similar a la del resto de no ciudadanos, y los indocumentados representan el 43% del total de no ciudadanos), la discusión viró hacia el número de indocumentados que hay en las cárceles del país y su proporción con respecto a la población total (lo que algunos llaman tasa de encarcelamiento).

En febrero de 2018, el abogado Peter Kirsanow, exmiembro de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, publicó un artículo en la National Review, titulado “Inmigración ilegal y crimen”, en el que –basado en un informe del año 2011 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, GAO–, sugiere que los inmigrantes son más propensos a cometer crímenes que la población nativa.

El artículo de Kirsanow –considerado uno de los líderes del movimiento “restriccionista”, que busca reducir al máximo la inmigración en el país – fue refutado días después por Alex Nowrasteh, analista senior de políticas migratorias en el reputado Instituto CATO.

Según el investigador, Kirsanow también junta peras con manzanas: “Todo su caso está basado en una mala interpretación del reporte del año 2011 de la GAO sobre el Programa de Asistencia a los Estados en casos de Criminales Extranjeros (SCAAP, por sus siglas en inglés), un programa federal que reembolsa parcialmente a los estados y las localidades por el costo de encarcelar a ciertos criminales extranjeros”.

Como en la lectura que hace Trump de los cargos criminales contemplados en los informes de ICE sobre arrestos administrativos, Kirsanow toma datos del SCAAP sobre encarcelamientos y los lee como individuos. En el año 2008, según datos del SCAAP, hubo 295,959 encarcelamientos de individuos extranjeros. “Si un criminal extranjero fue encarcelado por 10 cortas sentencias, liberado después de cada una y luego reencarcelado, entonces ese simple extranjero contaría por diez encarcelamientos en los datos del SCAAP para eso año. Pero Kirsanow lo cuenta como diez”, dice Nowrasteh. El investigador hace sus propias cuentas, basado en datos del Censo, y la cifra se reduce casi a la mitad (153,329).

Para Nowrasteh, sin embargo, más importantes que el artículo de Kirsanow –“un individuo cuyo análisis puede darse por descontado”–, son los reportes sobre encarcelamiento de extranjeros que, siguiendo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump de enero 25 de 2017, comenzó a publicar el Departamento de Justicia a comienzos del año 2018. Según el informe correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2018 , “una de cada cinco personas baja custodia de la Oficina Federal de prisiones [cárceles federales] eran nacidas en el extranjero, y el 94 por ciento de los extranjeros en custodia estaba ilegalmente en el país”.

El reporte, según Nowrasteh, podría dar la impresión de que los indocumentados, que son cerca del 4% de la población, representan el 20% de los prisioneros (y, por tanto, de los criminales) de todo el país. Pero el hecho es que las prisiones federales solo albergan el 10% del total de prisioneros, y que, según Nowrasteh, “la población de las prisiones federales no es representativa de la población encarcelada en prisiones estatales y locales. Esto se debe a que las prisiones federales albergan a los inmigrantes ilegales que comenten ofensas contra la ley de inmigración. Aquellos que cometen crímenes más serios suelen estar detenidos en correccionales estatales para adultos”. Y no está bien, según él, que los indocumentados que han violado leyes migratorias sean considerados “criminales peligrosos”, y sean más propensos a delinquir que los nativos del país.

Es más, hay muchos estudios, según él, que sugieren lo contrario. Incluido uno que él mismo realizó con Michelangelo Landgrave, estudiante de doctorado en ciencias políticas de la Universidad de California en Riverside. Los dos analizaron las cifras del año 2016 y el resultado fue un informe publicado por el Instituto CATO en junio de 2018 bajo el nombre “Inmigrantes encarcelados en 2016-Sus números, demografía y países de origen”. La conclusión es que “los datos muestran que todos los inmigrantes –legales e ilegales– son menos propensos a ser encarcelados que los nativos estadounidenses en relación con su participación en la población total”.

El meollo está en los encarcelamientos estatales y locales. Y el gobierno no tiene buenos datos sobre el encarcelamiento de inmigrantes indocumentados en ese tipo de prisiones. Los pocos que hay –los del SCAAP– no sirven para sacar conclusiones. Pero es posible muestren algunas tendencias. En julio de 2018, la GAO sacó un nuevo informe estadístico sobre criminales extranjeros. Y señala que tanto en las prisiones federales, como en las estatales y locales, el número de encarcelamientos de extranjeros criminales (no el número de individuos) ha descendido considerablemente en los últimos años. Nada concluyente. Pero nada que avale el discurso de Trump. Es muy difícil decir, con las cifras existentes, que los indocumentados son una horda de criminales, como lo hace el presidente.

 

Por Kate SullivanLaura Jarrett

 

(CNN). 20 de febrero del 2019 — El ex director interino del FBI Andrew McCabe dijo el martes que es posible que el presidente Donald Trump sea un activo ruso.

“¿Todavía cree que el presidente podría ser un activo ruso?”, preguntó Anderson Cooper de CNN durante una entrevista con McCabe en “Anderson Cooper 360”.

“Creo que es posible. Creo que esa es la razón por la que comenzamos nuestra investigación, y estoy realmente ansioso por ver a qué conclusión llega (el fiscal especial Robert) Mueller”, dijo McCabe.

Es otro comentario explosivo de McCabe, que se produce días después de que describiera el domingo en CBS las razones por las que altos funcionarios estadounidenses decidieron abrir una investigación por contrainteligencia y obstrucción de la investigación judicial del presidente.

McCabe promueve su nuevo libro, “The Threat”, que describe un retrato de su paso por la agencia durante la administración Trump y describe con gran detalle su versión de las interacciones con altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. El libro fue lanzado el martes y se convirtió en un éxito de ventas instantáneo.

La consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, respondió a los comentarios de McCabe en el programa “Cuomo Prime Time” de CNN, diciendo que el comentario de McCabe es “poco digno de una respuesta”.

“Es un mentiroso y un filtrador”, dijo Conway.

El ex director interino del FBI, durante el programa “60 Minutes”, confirmó algunos informes anteriores sobre el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein: Que planteó la idea de llevar un micrófono oculto para registrar interacciones con el presidente, y reflexionó sobre qué funcionarios del gabinete podrían apoyar un esfuerzo para invocar la Enmienda 25 para destituir a Trump de su cargo. Rosenstein ha dicho previamente que ese comentario fueron malinterpretado.

Cuando se le preguntó si creía que alguien debería usar un micrófono oculto para grabar las conversaciones con el presidente, McCabe dijo: “Absolutamente no”. Añadió que era “una cosa increíblemente invasiva y un potencial precedente”, y también dijo que no creía que fuera necesario. Dijo que solo sería necesario para conseguir evidencias de intención, y “no necesitamos hacer eso en este caso, sabíamos lo que pretendía el presidente”.

McCabe asumió como el líder del FBI cuando Trump despidió a James Comey en mayo de 2017. McCabe fue ridiculizado durante todo su tiempo al frente del departamento y finalmente fue despedido en 2018, pocos días antes de su fecha de jubilación anunciada. Está bajo investigación criminal por fiscales federales en Washington por engañar a los investigadores en su indagatoria sobre el manejo de la investigación de la Fundación Clinton por parte del FBI.

McCabe acusó que el informe del inspector general que se utilizó para justificar su despido fue el resultado de una influencia indebida del mando, ya que el presidente quería que se fuera antes de su fecha programada para la jubilación.

CNN informó anteriormente que McCabe abrió una investigación por obstrucción de la justicia contra Trump antes de que comenzara la investigación de Mueller. Era una idea previamente considerada por el FBI pero que comenzó después de la destitución del ex director del FBI James Comey en mayo de 2017. Fuentes le dijeron previamente a CNN que la decisión de iniciar la investigación incluía la conversación del presidente con Comey en el Despacho Oval pidiéndole que abandonara la investigación sobre su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

McCabe tuvo duras palabras para el presidente durante su entrevista con Cooper, acusando a Trump de socavar las principales agencias del orden público del país por lucro político.

“Este presidente está socavando el papel de la aplicación de la ley, socavando el papel de nuestra infraestructura de inteligencia y afectando negativamente a los hombres y mujeres del FBI y a las agencias de inteligencia (y su) capacidad de proteger a este país”, dijo McCabe.

Añadió que no tiene dudas de que el presidente está socavando la “efectividad y solidez” de las instituciones gubernamentales.

En la entrevista, McCabe describió los eventos que llevaron a la decisión de abrir una investigación de contrainteligencia sobre el presidente, diciendo que no está seguro si hay cosas que aún no se han hecho públicas. Dijo que después del despido de Comey y su mención de Rusia como parte del razonamiento, el FBI estaba “obligado a abrir el caso” porque había una “base articulable” para creer que se había cometido un “delito federal”.

En cuanto a por qué no habló antes, McCabe dijo que sentía que tenía que argumentar de manera reflexiva sobre cómo el presidente está socavando el sistema de justicia.

McCabe no hizo ningún comentario sobre si el FBI estaba investigando a la familia del presidente. Le dijo a Cooper que no era algo de lo que se sintiera cómodo al hablar y dijo que “podría ir a asuntos de investigación en curso”.

McCabe dijo que no siguió recibiendo actualizaciones sobre la investigación de Rusia después de que se nombró a Mueller.

El ex director interino del FBI defendió al subsecretario de Justicia Rod Rosenstein y dijo que “todo el país está en deuda con él” por el nombramiento de Mueller. “Rod hizo lo correcto al poner a la persona adecuada a cargo de esa investigación”.

McCabe dijo que no sabía si Rosenstein debería haberse excusado de la investigación sobre Rusia.

“Fue un momento increíble, el simple hecho de que el subsecretario de Justicia y el director en funciones del FBI trataban de descubrir cómo navegar en una situación en la que pensamos que el presidente de Estados Unidos podría estar involucrado en un caso de obstrucción de la justicia y podría estar haciéndolo para encubrir algún tipo de relación inapropiada con los rusos”, dijo McCabe.

“Fue un momento crucial”, agregó.

Como lo hizo en su libro, McCabe también tuvo una dura crítica para el ex secretario de Justicia Jeff Sessions.

McCabe dijo que su impresión en muchas ocasiones fue que Sessions no leía el informe diario de inteligencia del presidente y dijo que fue “algo que confirmé cuando escuché por nuestros propios hombres que las tabletas que se usan para transmitir los materiales informativos no se utilizaban regularmente”.

Tammy Kupperman y Katie Bernard de CNN contribuyeron con este informe.

Algunos contribuyentes acostumbrados a recibir un reembolso en la temporada de impuestos se enfrentan esta vez a una factura inesperada. Los cambios a la ley de impuestos impactan más a quienes no hicieron un ajuste de retenciones de su nómina. Ellos han llevado más dinero a casa cada mes, pero ahora tienen una deuda con el fisco.

AP

 

19 de febrero del 2019- Espera, ¿le debo al IRS? La primera temporada de impuestos bajo la nueva ley federal de impuestos está resultando sorpresiva, confusa y ocasionalmente espantosa para algunos estadounidenses, especialmente para aquellos que estaban acostumbrados a que el gobierno les devolviera dinero.

Pongamos el caso de Andy Kraft y Amy Elias, de Portland, Oregon. La pareja se había acostumbrado a recibir un pequeño reembolso cada año (unos pocos cientos de dólares o más). Y de pronto descubren que este año deben $10,160 dólares.

"Nunca olvidaré el momento, pensé 'parece que estamos bien' y después agregamos la siguiente W-2 y se me cayó la mandíbula al suelo," dijo Kraft. "De ninguna manera quería creer que lo que estaba viendo fuera correcto".

El presidente Trump prometió una reducción de impuestos con la nueva ley. Y en gran medida, la mayoría de los estadounidenses la verá. El Centro de Políticas de Impuestos proyectó que la ley de impuestos reduciría los impuestos de ingresos individuales aproximadamente $1,260 dólares en promedio, aunque beneficia más a quienes ganan más.

Así que no a todos les llegará una enorme factura fiscal o notarán una caída en su reembolso.

Algunas personas ya notaron el beneficio al ver crecer sus cheques de pago. Eso es porque la ley obligó a los empleadores a cambiar el monto retenido. Pero el sistema está lejos de ser perfecto y muchos trabajadores no apartaron la cantidad suficiente para el pago de impuestos. Ahora, el IRS (Internal Revenue Service) quiere ese dinero.

Además la ley también eliminó las exenciones personales, aumentó los créditos infantiles, limitó las deducciones populares y en general, terminó con muchas prácticas familiares que influyen en el pago de impuestos. Esto hace sentir a los contribuyentes un poco a la deriva.

"Nosotros estabamos muy cómodos con nuestra ley de impuestos, era la misma desde 1986, de pronto todas estas cosas que eran muy importantes para la gente cambiaron... Es todo diferente," dijo Howard Gleckman, investigador del Centro de Políticas de Impuestos (Tax Policy Center).

Kraft y Elias tienen recursos para pagar su factura fiscal, pero de cualquier forma él sigue atónito. Incluso trató de repasar el proceso en reversa para entender cuándo se equivocaron, sumergiéndose entre las páginas de reglas del IRS. Reunió meticulosamente todos los números. De últimas, la pareja le pidió a un contador que verificara los números que ellos estaban viendo en TurboTax. Eran aplastantemente correctos.

Su impuesto total estaba un poco por encima, unos $300 dólares, debido a cambios en sus finanzas. Su tasa de impuestos efectiva fue menor, pero aún así ellos le deben al gobierno.

"Me siento como si hubiera alcanzado un estado aceptación tras el duelo," dijo él. "De alguna enredada manera yo debí de haber ido pagando esto a lo largo del año y ahora es solo que tengo que pagarlo en una suma global".

Algunos expertos como Gleckman instan a los contribuyentes a que se obsesionen menos con su reembolso o con su deuda fiscal al medir el efecto de la nueva ley de impuestos, ya que éstos son una parte pequeñísima de su cuadro fiscal.

Pero lo cierto es que muchos estadounidenses confían ahora en sus reembolsos. Alrededor de tres cuartos de los contribuyentes estadounidenses obtienen uno típicamente y estos se promedian en $2,800 dólares. Para algunos hogares de bajos ingresos, este es el ingreso en efectivo más grande del año.

El IRS reportó el jueves pasado que el reembolso de impuestos promedio hacia la segunda semana de la temporada era $1,949 dólares, un 8.7%más bajo que el año pasado. El número total de reembolsos bajó un 16%.

Los expertos advierten que es demasiado pronto para tener conclusiones respecto a una temporada de impuestos que termina hasta abril. Y el número de devoluciones –27 millones se contaban hasta el 8 de febrero pasado– es 10% menor que hace un año, debido en parte al cierre parcial de gobierno. Tendremos una imagen mucho más clara mientras más declaraciones se procesen, más reembolsos se emitan y el IRS recupere su velocidad habitual.

De cualquier forma, los resultados iniciales han sorprendido a los contribuyentes tempraneros y han preocupado a aquellos que aún no hacen su declaración.

Parte del problema se centra en cómo los empleados y empleadores ajustaron (o no ajustaron) las retenciones a la nómina para explicar los cambios de la ley. El gobierno emitió directrices actualizadas sobre las retenciones, para ayudar a los empleadores a determinar la cantidad de la nómina de sus empleados tenía que apartarse para cubrir impuestos. Reteniendo mucho obtienes un reembolso tras declarar impuestos; reteniendo poco quedas a deber.

Es, en el mejor de los casos, un estimado. Pero un estimado que se volvió mucho más difícil de calcular bajo la nueva ley.

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (The Government Accountability Office) estimó en un reporte publicado el verano pasado que cerca de 30 millones de trabajadores retenían muy poco dinero de su nómina, lo cual hizo crecer la paga que se llevaban a casa, pero aumentó su deuda fiscal. Esos son como 3 millones de trabajadores más de lo normal.

Pocos contribuyentes parecen haber seguido el consejo del IRS de checar el monto de sus cheques para asegurarse de que les estaban reteniendo el monto adecuado. El procesador de pagos ADP, responsable de pagarle a uno de cada seis estadounidenses, dijo que la gran mayoría de la gente en su sistema no actualizó sus retenciones el año pasado.

Algunos contribuyentes que sí hicieron ajustes, se toparon con que no podían hacerlo correctamente.

Kevin McCreanor y su esposa son de Milton, Georgia. Ellos normalmente obtienen un reembolso considerable cada año (fue de más de $12,000 dólares el año pasado). Aunque saben que esperar un reembolso grande no es la mejor estrategia financiera, a ellos les viene bien y destinan el dinero que les devuelven a pagar la educación de su hija. Sus ingresos, provenientes en primer lugar del trabajo de su esposa en telecomunicaciones, pueden variar muchísimo, de modo que encontraban cierta comodidad en nunca lidiar con una factura.

La pareja aumentó las retenciones del cheque de pago de ella para asegurarse de que recibirían la misma cantidad, pero descubrieron que este año solo les devolverán $519. Su ingreso y tasa de impuestos aumentó, y McCreanor reconoce que quizá pudo haber hecho algo más para prepararse, pero al mismo tiempo está muy decepcionado.

Algunas sorpresas fueron bienvenidas, de cualquier forma. Brian Goodel y su esposa suelen enfrentarse cada año a una factura de impuestos que puede ir de los $10,000 a $15,000 dólares. Pero este año la pareja de Oregon va a recibir un reembolso de $15,000 dólares. Ellos creen que los benefició el aumento al crédito de impuestos infantiles. También hicieron más donaciones de caridad y aumentaron sus retenciones. Aunque Goodell no está muy seguro de qué provocó que les fuera tan bien este año, con gusto recibirá el reembolso.

Los contribuyentes pueden hacerse una mejor idea de las tarifas mirando su tasa efectiva de impuestos. La información está disponible en el resumen que envía cualquier contador o en un software de impuestos. También pueden revisar el "impuesto total" (total tax) en esos resúmenes o en el formato 1040. No son medidas perfectas tampoco, pero ofrecen perspectiva.

Hay que recordar que obtener un reembolso no es necesariamente bueno. Salir a mano es en realidad el mejor resultado desde un punto de vista económico. Si obtienes un reembolso quiere decir que el gobierno ha estado reteniendo tu dinero mientras pudiste haberlo usado.

Adicionalmente, consideren que los impuestos raramente pueden compararse de un año a otro, dijo Eric Bronnenkant, director de impuestos de Betterment y estratega financiero certificado. Las vidas de las personas cambian de maneras que pueden influenciar dramáticamente sus impuestos, como cuando se casan o se divorcian, o cuando tienen hijos, o se mudan o cambian de trabajo. El contribuyente promedio puede no darse cuenta del impacto que algunos de estos cambios pueden tener.

"No me sorprende la reacción de la gente," dijo Bronnenkant. "Pienso que en algunos casos la reacción está más justificada que en otros".

 

39 estados se van a ver afectados de alguna manera por esta nueva tormenta invernal que trae nieve, frío y lluvia helada, y que dejará su peor parte el miércoles en la noche.

UNIVISION

 

20 de febrero del 2019- Varias aerolíneas cancelaron vuelos e hicieron cambios de reservaciones este miércoles en previsión a una nueva tormenta invernal que afectará a cerca de 200 millones de personas en el centro y la costa este en los próximos días dejando frío, lluvia hielo y mucha nieve.

Más de 1,300 vuelos ya habían sido cancelados de acuerdo con la página de monitoreo de vuelo FlightAware.

Un gran número de esas cancelaciones fueron hechas por Southwest, que suspendió cerca de 256 vuelos. United Airlines también comenzó a cancelar anticipadamente los vuelos, según adelantó la portavoz Maddie King a USA TODAY.

Numerosos avisos de hielo y de tormenta invernal han sido emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología. En total, 39 estados de una manera u otra se van a ver afectados por esta nueva tormenta invernal, que dejará su peor parte el miércoles en la noche.

Cerca de 200 millones de personas en el país, muchas de ellas desde las llanuras y el medio oeste hasta el Atlántico medio y el noreste, están bajo algún tipo de vigilancia, advertencia o aviso meteorológico invernal, y cerca de 20 millones de personas han recibido avisos de atención inundación, vigilancia o vigilancia de inundación repentina en todo el sureste del país.

El lunes ya tocó algunas zonas de Arizona, Colorado y Nuevo México, donde aún este martes seguía cayendo nieve. Seguramente llegará también ya este miércoles a Texas, el oeste y el centro de Oklahoma, Kansas, Dakota del Sur y probablemente a algunas partes de Missouri y Iowa.

La nieve y el hielo podrían causar problemas en las áreas de Baltimore y Washington. Se esperan de cuatro a seis pulgadas de nieve y aguanieve en ambas ciudades, con un clima invernal que comienza durante la noche y dura hasta el jueves.

Se espera también nieve o hielo pesado desde Filadelfia hacia el norte hasta el oeste de la ciudad de Nueva York, donde pueden acumularse algunas pulgadas este miércoles por la tarde antes de que pase a llover por la noche.

"La nieve regresa esta noche al noreste, con acumulados en Pennsylvania notables. Podríamos ver más de ocho pulgadas de nieve. La lluvia llegará un poquito más al sur, en la zona de Tennessee, Georgia, Alabama, Luisiana, donde podríamos ver de 3 a 8 pulgadas de lluvia, que también afectará a la costa texana", explicó Albert Martínez, meteorólogo de Univision Noticias.

Martínez subrayó que, pese a que el grosor de hielo no sea tan espeso como el de la nieve, es extremadamente peligroso ya que puede convertir las carreteras en pistas prácticamente intransitables.

En todo caso, el meteorólogo recordó que no se volverán a ver las gélidas temperatras que azotaron gran parte del país a finales de enero, cuando se batieron récord negativos.

"No van a bajar tanto. Sensaciones de menos 40 grados no se van a vivir. No vamos a sufrir el mismo frío", tranquilizó Martínez. En todo caso, sí subrayó que en el noreste el viento soplará con fuerza, lo que hará que la sensación térmica sea baja.

La borrasca irá avanzando hacia la costa este durante tres días, permitiendo que luego vuelvan a subir las temperaturas, aunque no de manera tan considerable como ocurrió tras la última tormenta de nieve, cuando se pasó de manera abrupta del frío extremo a un clima de primavera.

Y tras esta perturbación, es mejor no guardar ni el paraguas ni las bufandas. El fin de semana llegará otro sistema al noreste. Primero afectaría el centro y el sábado llegaría al noreste, aunque aún no se puede saber con exactitud cuán intenso será y a qué zonas afectará con fuerza.

 

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  • "Me quitaron 10,000 libras de mi espalda", dice un mexicano que descubrió que podía hacerse ciudadano tras ser deportado tres veces

    Pese a que el papá de Esequiel Uribes nació en Texas, este mexicano de 39 años no sabía que tenía derecho a la ciudadanía y ha estado prácticamente toda su vida pensando que era indocumentado. Pero, cuando estaban a punto de deportarlo por cuarta vez, un compañero de celda le advirtió de sus derechos y por fin ha conseguido el certificado que lo reconoce como estadounidense.

    LORENA ARROYO

     

    20 de marzo del 2019- Esequiel Uribes ha pasado la mayor parte de sus 39 años pensando que era indocumentado. El hombre nació en la fronteriza Ciudad Acuña y creció a unas seis millas de allí, en Del Río (Texas), al otro lado del Río Grande. Por eso, cuando cumplió la mayoría de edad, se casó y comenzó a tener a los primeros de sus diez hijos, empezó una vida en las sombras en la que se movió por varios estados (Texas, Arkansas y Oklahoma) para tratar de pasar desapercibido de las autoridades migratorias.

    "Iba de pueblo en pueblo con temor de que me fueran a pescar. No podía agarrar un trabajo fijo porque todo el tiempo tenía miedo de que fuera a llegar Migración y me fuera a llevar. Ese era mi temor", le cuenta a Univision Noticias vía telefónica. "Mis hijos estaban fastidiados: de escuela en escuela, de pueblo en pueblo. Me decían que mejor los sacara de la escuela. No es una vida bonita".

    Pero no fue hasta después de ser deportado tres veces y cuando estaba a punto de ser enviado de vuelta a México nuevamente que descubrió que tenía derecho a la ciudadanía estadounidense, algo que finalmente consiguió a finales del mes pasado cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en Fort Smith (Arkansas) le reconoció como tal.

    "Hágale cuenta que me quitaron 10,000 libras de mi espalda. Me siento libre, no me siento apresado y con temor de qué va a ser el día de mañana", cuenta. " Cuando salí de Homeland Security (el Departamento de Seguridad Nacional) me aventé un brinco de alegría. Ahora sí soy libre. Ahora soy feliz".

     

    Ciudadanía por padre

    La clave de la ciudadanía de Uribes la tiene su padre, nacido en Texas, pero que no logró arreglar los papeles de algunos de sus hijos que habían nacido al otro lado de la frontera, en México, pese a que tenía derecho a pasarles la nacionalidad.

    En 2004, cuando tenía 24 años y vivía en Fort Worth (Texas), un conflicto doméstico metió a Uribes en problemas con la ley que lo llevaron a su primera deportación. Según cuenta, una vecina le denunció después de que oyó una pelea en su casa. Él asegura que fue solo una discusión de pareja con su esposa, pero tras ser liberado por la policía, lo entregaron a las autoridades de migración que lo enviaron a México.

    Como buen conocedor de la frontera, al hombre no le costó volver a cruzar a Estados Unidos, pero a esa deportación le siguieron otras dos: en 2009 y 2010.

    "En 2012 me volvieron a pescar. Me mandaron a detención de migración y un compañero me explicó mi caso y me recomendó demandar a Migración para que me dejaran libre", recuerda. Así, alentado por un compañero de celda que le abrió los ojos sobre sus derechos, Uribes envío una carta al servicio de migración en el que demandaba que se cumpliera su derecho de solicitar la ciudadanía estadounidense, el país en el que nació su padre.

    Después de estudiar su caso, las autoridades migratorias dejaron en libertad a Uribes y le recomendaron solicitar su certificado de ciudadanía pero el hombre asegura que era algo que le daba miedo hacer.

    "¿Cómo lo voy a hacer? Me van a mandar a México y ahora está más difícil", recuerda que pensó. Pero después entró a Facebook y encontró a Aaron Cash, un abogado de Arkansas que decidió tomar su caso.

     

    "Siempre fue ciudadano pero no tenía los papeles"

    Cuando Uribes llamó a Cash era finales de 2017. “Me dijo que le habían deportado tres veces y se preguntaba si yo podía ayudarle", le contó el abogado a Univision Noticias.

    "Yo determiné que siempre había sido ciudadano, pero no tenía los papeles para confirmarlo", añade, al explicar que el hombre viene de una familia grande y de obreros que no habían tenido los recursos para cumplir con los trámites requeridos para conseguir los certificados de ciudadanía.

    Aunque la ley migratoria garantiza la ciudadanía a un hijo nacido en el extranjero de un padre estadounidense, por su año de nacimiento (1980), Uribes también debía demostrar que su padre había vivido por 10 años en el país antes de su nacimiento.

    Los trámites para conseguirlo no fueron fáciles y al abogado le tomó en torno a un año reunir los documentos necesarios.

    Antes de que Esequiel naciera, su padre había vivido en ranchos de Texas y no había ido a la escuela, así que los abogados tuvieron que ir a buscar a vecinos y conseguir testimonios jurados de esas personas que certificaran que lo conocían. También presentaron el certificado de nacimiento del papá, una tarjeta del servicio militar de la época de Vietnam y una carta de un empleador que aseguraba que lo había contratado en los años 60 y que era un buen trabajador.

    "Cuando Esequiel se puso en contacto conmigo, estaba perdido en el sistema y tenía mucho miedo de que lo deportaran otra vez. Estoy muy feliz de que por fin tenga la tranquilidad que ha merecido tener toda la vida", afirmó el abogado.

    Además, Cash cree que la experiencia de Uribes debe servir para que la gente conozca sus derechos: "Necesitamos educar a la gente que si tiene sus padres estadounideses, tiene derecho a solicitar la ciudadanía", afirmó. "Pasa más de lo que podemos imaginar".

    De hecho, ahora el abogado está ayudando a conseguir el certificado de ciudadanía a uno de los hermanos mayores de Esequiel, Tomás Alejandro, nacido en 1959, que se encuentra detenido en un centro de detención de Del Río (Texas) acusado de reingreso ilegal a Estados Unidos.

    Mientras tanto, Esequiel está tratando de recuperar el tiempo perdido y buscar un empleo en lo que sabe hacer, carpintería o mecánica, que le permita conseguir la estabilidad que no ha tenido en los últimos años porque sentía que tenía que huir de las autoridades migratorias. "Ahora pienso estar estable en un pueblo. No mudarme como debe ser", aseguró.

     

  • No hay espacio: el gobierno de Trump dejará de detener a algunas familias de migrantes en la frontera con Texas

    Las autoridades migratorias tomaron la medida, que afectará a los indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, ante la saturación de los centros de detención. Este miércoles serán liberadas 500 personas. 

    UNIVISION

     

    20 de marzo del 2019- Desde este martes, el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás y volverá a liberar a los migrantes indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, volviendo así a la práctica de 'catch and release' (capturar y liberar, en español), que tanto ha criticado el presidente.

    Las autoridades migratorias justificaron esta medida por la saturación en la que están los centros donde detienen a los indocumentados.

    "CBP está comprometido a utilizar eficazmente nuestros recursos para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza y los esfuerzos humanitarios en curso. El aumento actual en las detenciones en el Valle del Río Grande ha resultado en la disponibilidad limitada de espacio en el Centro de Procesamiento Central de esta zona y en las estaciones", indicaron fuentes de CBP a Univision Noticias.

    Por esa razón y "para mitigar los riesgos tanto para la seguridad de los oficiales como para las poblaciones vulnerables en estas circunstancias, y debido al espacio limitado de camas, CBP comenzará a liberar a las familias en el Sector de Valle del Río Grande". En todo caso, los liberados deberán aparecer en corte para seguir su caso.

    La situación en los centros de detención ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes y ha estado puesta en la mira de algunos políticos demócratas, especialmente tras la muerte de cuatro migrantes bajo custodia de CBP en solo cuatro meses. El último fallecido fue un mexicano de 40 años que estaba en El Paso, Texas.

     

    Primeras liberaciones

    Este martes ya fueron liberadas 50 personas y se espera que este miércoles lo sean 200, según fuentes del DHS confirmaron a Univision Noticias.

    El primer medio en reportar sobre este cambio fue The Wall Street Journal.

    Este cambio de política va contra una de las promesas del presidente de poner fin a la práctica. Él mismo ha dicho de manera repetida que iba a cambiar el ‘catch and release’ por el ‘catch and detain’.

    De hecho, Trump ha criticado esta práctica afirmando que a los agentes en la frontera "no se les permite hacer bien su trabajo por las estúpidas leyes liberales (demócratas) como 'catch and release'".

    La Casa Blanca, que ha criticado de manera constante esta medida, publicó un memorando en abril del pasado año para acabar con esta medida.

    “Las escandalosas leyes de 'catch and release' y los fallos judiciales (favorables), han dado lugar a una inmunidad de facto para los menores extranjeros ilegales y los adultos provenientes de Centroamérica que llegan a la frontera”, indicó la Casa Blanca en octubre para justificar los arrestos.

    En noviembre, el presidente afirmó que "ya no liberamos (indocumentados)... Se van a quedar con nosotros hasta su audiencia de deportación".

    Sin embargo, el número de migrantes que han llegado en los últimos meses en la frontera ha hecho que en numerosas ocasiones las autoridades migratorias hayan liberado a los indocumentados ante la falta de espacio en las instalaciones migratorias.

    En los últimos años, el Valle del Río Grande ha sido uno de los tramos de la frontera por donde más familias han cruzado de manera ilegal a Estados Unidos. Entre el 1 de octubre, el inicio del año fiscal del gobierno federal, fines de febrero, más de 58,000 migrantes fueron arrestados en el área, aproximadamente el 42% de los más de 136,000 en todo el país.

    Los datos muestran que la mayoría de las familias son de Guatemala, Honduras y El Salvador, que afirman estar huyendo de la violencia y la pobreza de sus países.

     

  • La Corte Suprema confirma la autoridad del gobierno para detener y deportar a inmigrantes legales por delitos pasados

    "Esto aplica a los no ciudadanos que estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia", explica un abogado de inmigración. En un fallo de 5 contra 4 en donde se impusieron los conservadores, el máximo tribunal revirtió la decisión de una corte inferior en San Francisco.

    UNIVISION

     

    19 de marzo del 2019- La Corte Suprema decidió por mayoría este martes reforzar el poder del gobierno para detener a personas que enfrentan una posible deportación por tener antecedentes penales incluso si los delitos ocurrieron hace mucho tiempo, algo que apoya la postura del gobierno de Donald Trump.

    El caso Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional v. Preap se enfocó en residentes legales no ciudadanos que cumplen una sentencia penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.

    El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en Noticiero Digital de Univision que "si eres residente (y no ciudadano) y cometiste alguno de estos crímenes de torpeza moral puedes ser puesto en proceso de deportación, no es nuevo", pero "este fallo da otra herramienta a ICE para detener y deportar a personas que están legales en EEUU que cometen un crimen o que ya lo han cometido hace mucho tiempo que ahora llegue a manos de las autoridades por cualquier razón".

    El fallo de 5 votos contra 4 señala que esas personas no tienen derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de una nueva liberación mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presiona su caso para conducirlo a la deportación.

    "Esa es la base de esto, que si te detiene ICE no eres elegible para una fianza", explica Hernández. " Esto aplica a los no ciudadanos aunque estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia".

    Por otra parte, no está claro si la ley aplica una detención obligatoria si el Departamento de Seguridad Nacional no toma la custodia inmediatamente y la persona ya ha sido puesta en libertad. Muchas veces, los agentes federales no están disponibles para asumir la custodia de un inmigrante recién liberado por autoridades estatales o locales.

    El gobierno de Trump dice que el problema es especialmente grave en las llamadas ciudades santuario, que no siempre cooperan con el pedido de mantener a un inmigrante en prisión hasta que lleguen los funcionarios federales. Según indicó el especialista en Corte Suprema de Bloomberg, Greg Stohr, la administración Trump heredó el caso de la administración Obama.

    El demandante nombrado, Mony Preap, nació en un campo de refugiados después de que su familia huyó de Camboya. En 1981 arribó a EEUU y en 2006 fue condenado por posesión de marihuana en EEUU. Años después de su liberación, fue trasladado a detención por inmigración luego de una breve sentencia por una ofensa que no activa la detención obligatoria. Preap fue liberado de la custodia de inmigración, pero sigue siendo el principal demandante de otros casos con quejas similares.

    Los abogados de Preap de la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían demostrarle a un juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán confinadas a la detención igualmente.

    En el caso tratado ante el Tribunal Supremo, algunas de las personas afectadas habían estado viviendo en sus comunidades durante años antes de enfrentarse a los procedimientos de deportación.

    El fallo, que cita una disposición legal de 1996, fue defendido por el juez Samuel Alito quien dijo que tal ley exigía la detención obligatoria para los no ciudadanos que habían cometido delitos "incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos fiscales".

    Alito detalla que "estos extranjeros deben ser arrestados 'cuando [son] liberados' de la custodia por cargos criminales y deben ser detenido sin una audiencia de fianza hasta que se resuelva la cuestión de su remoción (del país)".

    Este fallo revirtió una decisión de 2016 del 9º Tribunal de Apelaciones de Circuito de EEUU con sede en San Francisco.

    Al anunciar la decisión, el juez conservador Alito dijo que el fallo del tribunal inferior "se burla" de las leyes federales de inmigración. Junto a él, los conservadores de la Corte, el presidente, John Roberts; y los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, se unieron a la mayoría.

    Los jueces del ala más liberal de la Corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron. Breyer quien escribió la opinión de disentimiento, dijo que la interpretación mayoritaria de la ley federal de inmigración "crea graves problemas constitucionales".

  • El gobierno Trump se enfoca (más que antes) en castigar a los deportados que vuelven

    Las estadísticas de la actual administración confirman que aquellos que reingresaron al país ilegalmente se han vuelto una prioridad para ICE. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de ese delito en 2018, un aumento del 38% comparado con el año anterior.

    ISAIAS ALVARADO

     

    19 de marzo del 2019- Noé Arreola no se lo esperaba. Sus tres hijos de 5, 7 y 9 años, junto a la madre de ellos, lo acompañaron a la corte de Riverside, en el sur de California, el pasado 10 de enero. Al salir, apenas subieron a su auto dentro del estacionamiento del tribunal, los rodearon varios agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que iban por Noé, quien ahora está en la cárcel para migrantes en Adelanto.

    "No les importó que estaban los niños ahí", aseguró la expareja de Arreola, Ámbar Mejía, quien cree que el operativo para detenerlo fue excesivo y hasta peligroso. "Yo estaba asustada, no sabía qué estaba pasando. Le dije a los niños: ‘córranle para en frente’. Cuando di la vuelta ya lo tenían arrestado", contó.

    Arreola es mexicano, tiene 32 años y llegó a EEUU cuando era adolescente. Se ganaba la vida pintando casas. Sus dos hijos mayores son autistas. Él estaba en la mira de ICE porque hace más de 10 años lo arrestaron por conducir bajo la influencia (DUI) y lo deportaron en diciembre de 2008. Un mes después reingresó ilegalmente al país y continuó su vida normalmente, sin anticipar que lo volverían a detener por esa falta.

    Mejía dice que ICE lo agarró totalmente desprevenido. Esta mujer, quien nació en Los Ángeles hace 35 años, cree que él merece quedarse en el país para cuidar a sus tres hijos, pues ahora los tiene que mantener ella vendiendo comida y de ahí le deposita también dinero a Arreola en su cuenta en la cárcel de Adelanto.

    "Estamos aquí para trabajar, no estamos haciendo nada malo. Están separando familias",expresó con tristeza en entrevista con Univision Noticias.

    De acuerdo con las estadísticas del gobierno, ahora los deportados que regresan están en su lista de prioridades de arresto y expulsión. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de reingreso ilegal entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, según cifras del Departamento de Justicia (DOJ). Esto es un aumento del 38% respecto al año fiscal anterior y es el número más alto desde 2012.

    La hoja de antecedentes de Noé tenía dos de los motivos más comunes citados en los operativos de ICE: conducir ebrio y regresar al país sin autorización. En el año fiscal 2018, el 15% de los 158,581 arrestos que realizó ICE se originaron por esta última razón. Por DUI fueron más de la mitad del total.

    Dependiendo del (o los) delitos que haya cometido un migrante, si vuelve a cruzar la frontera sin documentos podría enfrentar una condena de hasta 20 años en una prisión federal.

    Estos cambios obedecen a la dura política migratoria de 'tolerancia cero' de la administración de Donald Trump, que ha dejado de enfocarse solo en los criminales peligrosos y pone bajo la lupa a millones de indocumentados que viven en este país.

     

    Las graves consecuencias del reingreso sin papeles

    Al parecer parte de esa iniciativa incluye que la Fiscalía federal exponga este tipo de procesos. Ahora, a menudo publica convicciones y acusaciones contra deportados que se arriesgaron a volver a EEUU.

    Solo este martes, la dependencia publicó cinco comunicados de prensa sobre los arrestos recientes de seis migrantes que regresaron ilegalmente. Ninguno tiene antecedentes por crímenes violentos. Anecdóticamente, tal práctica no era destacada por las autoridades con esa frecuencia durante el gobierno de Barack Obama.

    Durante las últimas seis semanas el Departamento de Justicia ha publicado más de 20 comunicados citando a por lo menos 62 migrantes que ya habían sido deportados. Entre esos boletines de prensa se mencionan de manera conjunta casos contra 16 personas en el estado de Pennsylvania y otro informe cita a 15 migrantes más acusados en Carolina del Norte.

    "Siguen viniendo", reclamó el fiscal federal Mike Stuart refiriéndose a la condena a siete meses en una prisión federal impuesta al mexicano Gilberto Espino Velásquez, de 41 años, quien se encuentra bajo custodia desde el 8 de noviembre. Al concluir su sentencia lo sacarán otra vez del país.

    Espino Velásquez había sido deportado tres veces en 2003 y fue condenado por ese mismo delito el 8 de septiembre de ese año en una corte federal de Texas. Su última detención derivó de una denuncia que recibió ICE de que había indocumentados trabajando en una zona de construcción en West Virginia.

    El abogado de inmigración Raúl Saldaña explica que debido a la dura política migratoria de Trump una persona puede pasar varios meses tras las rejas si fue deportado en repetidas ocasiones. "He visto que ahora ICE va por los que regresan en cuanto sabe que están aquí, por cualquier situación menor. Se volvieron una prioridad; antes ocurría con ciertos tipos de crímenes", describió.

    "Es difícil para estas personas cuando tienen una familia aquí y quieren reingresar sin autorización. Pero muchas veces es peor", advirtió Saldaña, quien explicó que uno de los castigos a los que se exponen si vuelven en un período de cinco años es que jamás les permitan legalizarse en EEUU.

    El Departamento de Justicia compartió estadísticas sobre dicho delito, pero declinó comentar al respecto. Un portavoz explicó que si ahora están publicando más comunicados sobre estos casos es porque están recibiendo un número mayor de procesos de ese tipo.

    ICE, por su parte, advirtió que las consecuencias pueden ser graves para estos infractores, como pasar varios años en prisión. "ICE se enfoca en eliminar las amenazas a la seguridad pública y los extranjeros criminales condenados, así como a las personas que han violado las leyes migratorias de nuestro país, incluidos aquellos que volvieron a ingresar ilegalmente", dijo su vocero Matthew Bourke.

     

    El duro mensaje de la Fiscalía

    Entre las acusaciones penales que publicó el DOJ este martes se encuentran las que pesan contra el hondureño Omar Eli Pérez Murcia, de 35 años; el nicaragüense Alexander Josué Reyes Ramírez, de 33; el hondureño Elvin Francisco Álvarez Izagirrez, de 37; y el mexicano Omar Ortiz Hernández, de 26.

    A los tres primeros los detuvo ICE en Louisiana y al último en Nueva Orleans. Ninguno ha sido convicto por delitos violentos. Todos enfrentan una sentencia de hasta dos años en una prisión federal, un año bajo libertad condicional y les pueden imponer una multa de hasta 250,000 dólares.

    La Fiscalía también expuso este mes el proceso judicial contra los hermanos Carlos y Huber Rodríguez Díaz, de 26 y 24 años. Estos mexicanos fueron arrestados por oficiales de ICE el 19 de diciembre de 2018 cuando iban caminando hacia su trabajo, un restaurante en Hurricane, en West Virginia. Alguien reportó que un indocumentado estaba en la nómina del negocio, según el comunicado del DOJ.

    Al ser interrogados por los agentes migratorios ellos aceptaron que estaban en el país sin papeles. Cuando revisaron sus antecedentes penales a través de la lectura de sus huellas dactilares, ICE supo que Carlos había sido expulsado del país tres veces en 2014, 2015 y 2018. Mientras que su pariente tenía una deportación en 2014. No se proporcionaron más detales sobre su historial criminal.

    "Hay cuatro deportaciones previas entre los dos hermanos y pronto compartirán seis deportaciones entre ellos", señaló el fiscal federal Mike Stuart al reportarse que los hermanos Rodríguez Díaz se declararon culpables de dicho delito. "Espero que reciban el mensaje: si quieres venir a Estados Unidos, sigue el proceso legal si te quedarás más tiempo", agregó el funcionario.

    Una audiencia condenatoria en el caso de los hermanos Rodríguez Díaz se programó para el 8 de abril.

    "Esto es darle prioridad a la deportación de todo inmigrante, sin importar si es o no una persona que contribuye positivamente a este país", reclamó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

    "Hoy el hecho de que hayas reingresado al país ilegalmente, aunque hayas estado 25 años y tengas una familia y un trabajo aquí, para la administración federal es un crimen lo suficientemente grave para volver a deportarte. No hay manera de que eso se pueda detener", agregó Cabrera. "Eso está dando espacio a que haya miedo, confusión y que se viole el debido proceso".

     

  • Fresas, espinacas y kale: esta es la lista de los alimentos con más residuos de pesticidas (y los que menos)

    El 70% de los productos frescos que se venden en EEUU tienen residuos de pesticidas incluso después de haber sido lavados, de acuerdo con un informe difundido este miércoles.

    UNIVISION

     

    20 de marzo del 2019- De acuerdo con el informe del Environmental Working Group (EWG), que realiza un análisis anual a partir de los datos del Departamento de Agricultura, las fresas, las espinacas y el kale están entre los productos más contaminados por pesticidas, mientras que los aguacates, el maíz dulce y las piñas tienen el menor resto de residuos.

    Más del 90% de las muestras de fresas, manzanas o nectarinas contenía dos o más tipos de residuos en el análisis, que también señala que una muestra de kale cultivado de forma convencional puede contener hasta 18 tipos de pesticidas. Dacthal, el tipo de pesticida más común, detectado en cerca del 60% de las muestras, está prohibido en Europa y está clasificado como un posible carcinógeno en Estados Unidos.

    "Cerca del 70% de los productos vendidos en EEUU incluyen restos de pesticidas”, señala EWG en su Guía 2019 de los pesticidas en las frutas y verduras. Antes de proceder a los chequeos, los productos se lavan y se pelan, lo que muestra, dice el informe, que los pesticidas no se van con un simple lavado.

    Leonardo Trasande, un especialista en medicina medioambiental de la Escuela de Medicina de Nueva York, calificó el informe de EWG como "ampliamente respetado" y dijo en declaraciones al diario The Guardian que puede ser útil para ayudar a los consumidores a hacer la lista de la compra, y priorizar qué alimentos ecológicos comprar.

    A pesar de las crecientes investigaciones sobre el asunto, los científicos señalan que es difícil precisar las consecuencias de la exposición a los pesticidas. Un estudio publicado en otoño pasado encontró que las personas que eligieron alimentos cultivados orgánicamente durante más de cuatro años y medio tenían tasas ligeramente más bajas de cáncer y, en particular, linfoma y cáncer de mama posmenopáusico.

    Otro estudio elaborado por científicos de la Universidad de Harvard entre mujeres que estaban en un tratamiento para fertilidad, encontró que las que consumían más frutas y verduras con un alto contenido en pesticidas tenían menos posibilidades de dar a luz a un bebé vivo.

    Los CDC indican que "un amplio rango de efectos para la salud, crónicos y agudos, están asociados a la exposición a algunos pesticidas". Entre ellos se encuentran irritaciones en ojos y piel, cáncer y desórdenes endocrinos.

    "Los riesgos asociados a la exposición a pesticidas dependen en la toxicidad del producto, la cantidad y el tiempo a los que la persona se expone y el medio por el que lo haga", señalan los CDC, que también indican que los niños son la población más vulnerable.

    La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) establece las normas para el uso de pesticidas, pero estas normas no previenen la exposición acumulada en la dieta de una persona. Por otro lado, la EPA también ha reducido los tipos de exposición que considera a la hora de evaluar los riesgos.

    La labor de este organismo es ampliamente cuestionada en este sentido, en particular desde que el presidente Donald Trump nombrase a una exejecutiva de la industria química, Nancy Beck, como directora de la unidad que evalúa la toxicidad de los químicos.

     

  • Pentágono envía al Congreso una lista de proyectos que puede paralizar para financiar el muro

    Desde obras en emplazamientos militares en casi todos los estados hasta proyectos en bases de 23 países figuran en la lista de probables recortes que elaboró la Secretaría de Defensa, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares.

    UNIVISION

     

    19 de marzo del 2019- Desde el proyecto de una torre de control aéreo en Alabama hasta tanques de combustible para una base estadounidense en Australia podrían quedar sin presupuesto debido a la prioridad que el presidente Donald Trump ha dado a la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con un documento enviado este lunes por el Pentágono al Congreso.

    El secretario de Defensa encargado, Patrick Shanahan, identificó todos los proyectos que podrían verse afectados por la decisión del presidente Trump de utilizar hasta 3,600 millones de dólares en fondos de construcción militar para su muralla.

    El documento de 20 páginas enlista cientos de proyectos planeados en Estados Unidos y el extranjero, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares. Las obras que se paralizarían se encuentran en casi todos los estados y en bases de 23 países.

    En la lista figura, por ejemplo, un hangar para aviones no tripulados en la Base Aérea de Kunsan en Corea del Sur y una planta de tratamiento de aguas residuales en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

    Honduras es el único país centroamericano que está incluido en la lista. En la base área Soto se paralizaría la construcción de un cuartel.

    La peor parte de la lleva Puerto Rico. Ahí cinco bases militares quedarían sin financiamiento para la construcción de hangares, centros de mantenimiento de vehículos y un centro de entrenamiento.

    En una carta adjunta, funcionarios del Departamento de Defensa subrayaron que muchos de los proyectos contemplados en el documento no sufrirán recortes debido a que no se afectarán proyectos cuyos fondos ya fueron destinados, así como tampoco se perjudicará a temas como la vivienda para militares, aunque no especificaron cuáles quedarían exentos.

    El Pentágono ha dicho que no cancelará ninguno de los proyectos, pero las iniciativas no podrán continuar si no son financiadas por el Congreso.

    El teniente coronel Joe Buccino, vocero de Shanahan, dijo en una declaración citada en el diario The Washington Post que si el Congreso aprueba el presupuesto del próximo año a tiempo y según lo solicitado por la administración, todos los proyectos de construcción procederán según lo previsto.

    Pero la solicitud de presupuesto del presidente ya se ha topado con la oposición en el Capitolio, y los demócratas han rechazado la idea de "rellenar" las cuentas afectadas del Pentágono en el próximo presupuesto, lo que significa que algunos de los proyectos podrían enfrentarse a retrasos.

    Los demócratas que dominan la Cámara de Representantes creen que la iniciativa del Pentágono aumenta las probabilidades de que los legisladores anulen el veto de Trump la próxima semana, aunque serían necesarias las dos terceras partes en cada una de las cámaras, lo cual luce de momento improbable.

    Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la frontera sur, recurriendo a una ley que le permitiría canalizar otras partidas del presupuesto a la construcción de barreras y cumplir con su principal promesa de campaña.

    “Lo que el presidente Trump está haciendo es una bofetada para nuestro ejército y hace que nuestra frontera y nuestro país sean menos seguros”, dijo en un comunicado el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados citado por AP.

    “Ahora que los miembros del Congreso pueden ver el potencial impacto que esta propuesta podría tener en proyectos dentro de sus estados, espero que tomen esto en consideración antes de votar para invalidar el veto del presidente”, declaró Reed.

    Una portavoz del senador James Inhofe, republicano por Oklahoma y presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo que el documento “no es una lista de proyectos que sin duda resultarán impactados. Aseguró que Inhofe seguirá trabajando con las autoridades de defensa “para determinar proyectos que permitan el uso de las fuerzas armadas sin afectar negativamente los proyectos de construcción militar”.

  • ICE desclasifica documentos que revelan cómo vigilan redes sociales y localizan autos de indocumentados

    Miles de documentos y cientos de comunicaciones internas que desclasificó la agencia migratoria revelan que la vigilancia a través de un localizador electrónico de los lugares por donde ha pasado un vehículo, así como revisar las cuentas de Facebook, se han vuelto herramientas útiles para detener a indocumentados (criminales o no) durante el gobierno de Trump.

    ISAIAS ALVARADO

     

    LOS ÁNGELES, California. 17 de marzo del 2019– El sueño que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) acarició desde hace varios años se hizo realidad el 22 de diciembre de 2017, cuando consiguió un contrato que permitió a más de 9,000 agentes tener acceso al sistema que registra los movimientos de cualquier vehículo en decenas de ciudades de Estados Unidos, facilitando así la búsqueda, detención y deportación de sus objetivos: indocumentados con y sin antecedentes penales.

    "¡Buenas noticias!", celebró el supervisor de detenciones y deportaciones de la oficina de ICE en San José, en el norte de California, en un memorando que envió a los agentes bajo su cargo el 8 de febrero de 2018. En ese correo electrónico les notificó que en los siguientes días recibirían códigos para entrar al polémico sistema que reúne información de placas de auto (LPR) gracias a un contrato de 6.1 millones de dólares con la empresa de seguridad tecnológica Vigilant Solutions.

    Este email y cientos más redactados por oficiales de ICE entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018 son parte de los miles de documentos que la agencia federal desclasificó y entregó a la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU) por una demanda que le exigió revelar los detalles del programa.

    Dichas comunicaciones internas revelan desde un desesperado interés por tener acceso a cientos de millones de datos que le ofrecía Vigilant Solutions, cómo sus agentes migratorios ya pedían la localización de autos de fugitivos a policías locales antes de tener tal contrato y hasta advertencias de evitar que los indocumentados supieran sobre ese método de operación.

    "Publicar que ICE está utilizando el acceso a una base de datos de Lectura de Placas de Auto (PLR), casi de inmediato disminuiría su efectividad como herramienta para el cumplimiento de la ley. Una vez que las personas que ya intentan evadir a las fuerzas del orden se dan cuenta de las capacidades de vigilancia adicionales, están mucho más dispuestas a tomar medidas proactivas para evitar la detección", alertó un jefe de unidad de ICE en un memorando con información "sensible" y con fecha del 7 de diciembre de 2017, solo dos semanas antes de firmar el acuerdo con Vigilan Solutions.

    El sistema que dicha compañía vende a las agencias del orden recopila cada día millones de registros de placas de auto a través de múltiples cámaras con lectores que ha colocado en las 50 ciudades más pobladas del país. Están en patrullas, casetas de peaje, puentes, letreros de carretera, grúas y un largo etcétera.

    Solo basta que un oficial coloque el número de placa del vehículo en una página de Internet restringida para recibir 'un mapa' de los lugares, fechas y horas por los cuales pasó ese auto en cierto período. Así los detectives obtienen información que facilita la vigilancia y el arresto del individuo en su mira.

    ICE explicaba en un email el 11 de diciembre de 2017 que esta táctica le permite rastrear los patrones de conducta del fugitivo y planificar los arrestos en lugares donde hay menos riesgos. "Por ejemplo, lejos de la casa de un sujeto si se sospecha que hay niños o armas en la vivienda", precisó.

    Este método de vigilancia que parece sacado de una película también ofrece a los agentes que buscan indocumentados la posibilidad de crear una 'Lista de Alerta' hasta con 2,500 placas que consideren una prioridad y recibir durante un año avisos a sus celulares inmediatamente después de que esos vehículos pasan frente a un lector PLR, según los emails que la dependencia le dio a ACLU.

    En ese caso, bastaría que el oficial tome su teléfono para saber dónde está la persona que busca.

     

    "Espero que puedas usar tu magia para mí"

    Entre los casi 2,000 documentos que ICE desclasificó se encuentran varias conversaciones por Internet entre uno de sus agentes y un detective de la Policía de La Habra, en el sur de California, las cuales exponen que el sistema PLR y las redes sociales se volvieron útiles en sus investigaciones.

    El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de ICE, le pidió varias veces a su amigo en el Centro de Inteligencia del condado de Orange, que le proporcionara datos sobre los movimientos de vehículos. Lo contactó unos años antes y meses después de que ICE lograra el contrato con Vigilant Solutions. Esa colaboración, valga la aclaración, violaría la ley de estado santuario SB 54.

    "Necesitamos encontrar a un pandillero registrado de la MS-13 (Mara Salvatrucha). Fue visto por última vez conduciendo un auto (se ocultó la descripción) ¿Podrías buscarlo lo antes posible?", mencionó en un correo electrónico que envió el 19 de marzo de 2018.

    Un mes después, durante dos días consecutivos, el investigador del HSI le solicitó ayuda para localizar tres automóviles más. "Hoy debe ser el día de los pedidos sobre placas", bromeó el agente federal, quien hizo decenas de solicitudes similares entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018, de acuerdo con los emails exhibidos por ACLU.

    Las comunicaciones siempre se desarrollaron en un tono de camaradería. "Espero que puedas usar tu magia para mí (otra vez) y me digas donde está este criminal :)", le escribió el 12 de abril de 2016.

    Ya el 11 de marzo de ese año le había pedido todos los detalles sobre los sitios por donde habían pasado cuatro autos compactos y tres camionetas SUV. "Estamos llevando a cabo una redada contra pandillas y la ubicación de estos vehículos nos ayudará a ubicar a los pandilleros", explicó.

     

    Hurgando en las redes sociales

    Ese policía de La Habra fue su mejor aliado: siempre le entregó la información que le pidió su amigo, respondiéndole incluso en medio de reuniones, entrenamientos o cuando ya finalizaba su turno. A veces solo le comunicó que los autos estaban estacionados o que había pocos detalles disponibles.

    "Me da gusto que tengas acceso (al sistema de Vigilant Solutions), pero me agrada que todavía me necesites de vez en cuando :))))", le respondió el policía en un email el 15 de febrero de 2018.

    "¿Por qué disculparte? No lo necesitas hacer. Todos tenemos trabajo por hacer. Estoy aquí para ti :)", le dijo en un mensaje el 10 de mayo de 2016, en el cual le envió datos sobre un par de vehículos.

    Al compartirle ciertos detalles de una investigación criminal contra un pandillero, el oficial del HSI terminó revelando cómo la dependencia revisa las redes sociales de sus objetivos.

    "He intentado, sin éxito, identificar a un nómada (como le dicen a los miembros de alguna banda de motociclistas) de los Vagos", describió el agente en un email enviado el 4 de octubre de 2017. En otro proporcionó varios datos personales del fugitivo. "Su página de Facebook no muestra mucho, pero la página de su hija tiene una foto reciente de los dos con fecha del 23 de septiembre de 2017", dijo.

    Cada vez más, ICE y otras agencias del orden revisan las redes sociales de individuos bajo su lupa y hasta obtienen órdenes judiciales para espiar sus comunicaciones privadas. Aprovechando ese método en cinco investigaciones contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en los últimos años, lograron el arresto y enjuiciamiento de 71 miembros y asociados de la banda en California, Maryland y Virginia.

     

    Más de 9,200 agentes revisando placas de autos

    Para el 22 de febrero de 2018, después de casi 20 sesiones de entrenamiento que ofreció Vigilant Solutions, 8,752 agentes de los equipos de búsqueda de fugitivos de ICE, así como investigadores de HSI, tenían acceso a la base de datos que rastrea vehículos.

    Un mes después, como resultado de sus constantes operativos, el número de usuarios subió a 9,209. Estas cifras se revelaron en una conversación por email que tuvo un empleado administrativo de ICE y un gerente de atención al cliente de Thomson Reuters Special Services, propietaria de Vigilant Solutions.

    "Yo creo que el número se ha incrementado basado en la actividad que he visto y escuchado en campo", escribió ese funcionario en un correo que envió el 29 de marzo de 2018 para pedir una cifra actualizada de los usuarios del nuevo programa. "Sé que mañana es Viernes Santo y esta solicitud no está en el espíritu de la Pascua, pero agradezco cualquier ayuda", concluyó.

    El gerente respondió enviando una lista de códigos que confirmaba que ya la gran mayoría de agentes de ICE le sacaba provecho al sistema PLR y se despidió de esta manera: "Imagina que la lista está cubierta de brillantina.

     

    ¡Felices Pascuas!".

    En otro mensaje con fecha del 10 de mayo de 2018 se compartió material de capacitación incluyendo un mapa interactivo que indica qué policías municipales usan el sistema Vigilant Solutions y hasta tiene una guía con instrucciones "paso a paso" y con fotos que explican cómo pueden solicitarles información sobre fugitivos en su mira.

    "Estamos entusiasmados con los datos adicionales que ahora pueden estar disponibles para ICE", señalan en el memorando.

    Según Vasudha Talla, la abogada de ACLU que obtuvo estos documentos, los oficiales de ICE no solo le sacan provecho a más de 5,000 millones de datos sobre ubicaciones de vehículos, los cuales se originan de lectores en las 50 ciudades más pobladas del país, sino que también recibe 1,500 millones de datos adicionales de 80 agencias del orden, algunas de las cuales patrullan en 'ciudades santuario'.

    "La gran preocupación de ACLU por los riesgos de las libertades civiles debido a los lectores de placas adquiere mayor urgencia, ya que esta información de vigilancia alimenta la máquina de deportación de ICE", advirtió Talla.

    Entre las comunicaciones internas de la dependencia también hay detalles sobre cómo manejó las solicitudes de la prensa antes y después de que obtuvo el contrato con Vigilant Solutions.

    "A pesar de mis mejores esfuerzos para disuadir a esta reportera de NPR de este artículo, ella lo está haciendo y tiene varias preguntas", escribió un vocero de ICE en un correo electrónico que envió a sus superiores el 15 de febrero de 2018, cuando ya cientos de agentes migratorios habían recibido un entrenamiento para localizar los vehículos de sus objetivos.

    "Recomiendo que respondamos las preguntas, pero rechacemos la entrevista grabada porque no veo ninguna ganancia", aconsejó el portavoz en el email.

     

    El acceso al sistema es limitado, afirma ICE

    Según ICE, es mentira que todos sus agentes tengan acceso libre al sistema de Vigilant Solutions.

    "ICE limita el número de usuarios que pueden acceder al servicio de datos LPR y garantiza que solo aquellos que necesitan datos LPR para propósitos relacionados con la investigación puedan acceder a la base de datos", afirmó la agencia en un comunicado enviado a Univision Noticias.

    "Cualquier empleado de ICE que haya accedido al sistema sin autorización o que haya utilizado la base de datos de manera inapropiada puede ser disciplinado, lo que puede incluir la revocación del acceso a la base de datos, la suspensión o el despido", agregó la dependencia.

    Por otro lado, negaron que estén elaborando su propia base de datos con la información que les vende Vigilant Solutions y aseguraron que no toman acciones contra ninguna persona basándose únicamente en la información obtenida de dicho servicio.

    "Como la mayoría de las otras agencias del orden, ICE utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para respaldar sus investigaciones", precisó.

     

  • Detalles no revelados en el juicio de 'El Chapo': brujería, memes y sobornos de la DEA

    Diez temas no fueron tocados en el mediático proceso judicial contra el líder del cartel de Sinaloa por ser ajenos al tráfico de drogas, porque la Fiscalía los consideró potencialmente dañinos para sus testigos y además porque hicieron lo posible para no ventilar las fallas y corrupción del gobierno estadounidense.

    ISAIAS ALVARADO

     

    19 de marzo del 2019- Un mes después de que el capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue declarado culpable de 10 cargos por narcotráfico en una corte federal en Brooklyn se ha revelado información sobre testigos clave que hasta ahora se conoce porque la Fiscalía la bloqueó para que sus declaraciones no perdieran credibilidad.

    Detalles sobre encuentros sexuales con niñas drogadas, golpizas a sus parejas, intentos de homicidio, prácticas de brujería, lecturas sobre seres extraterrestres y hasta memes que se enviaban sicarios del cartel de Sinaloa fueron publicados recientemente por el juez Brian Cogan a petición de dos medios de comunicación.

    A lo largo del mediático juicio de 'El Chapo', los fiscales impidieron también que el jurado supiera sobre un supuesto soborno que recibió en un restaurante el expresidente Enrique Peña Nieto, las fallas de la infame operación 'Rápido y Furioso' que trataba de seguir el rastro de armas compradas por carteles, así como acusaciones de corrupción contra la Administración para el Control de Drogas (DEA).

    La defensa reclamó que tantas barreras le ataron de manos, derivando en la convicción de su cliente, quien ahora enfrenta una sentencia a cadena perpetua. "Su juicio fue una inquisición diseñada para mostrarle al mundo las virtudes del sistema de justicia estadounidense", declaró Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, quien aseguró que siguen revisando cómo pedir que el jurado sea interrogado por presuntamente revisar en Internet información sobre el acusado durante el proceso judicial (lo cual no estaba permitido).

    El primer testigo estrella de la Fiscalía federal, Jesús 'El Rey' Zambada,aseguró que una de sus funciones como lugarteniente del cartel de Sinaloa hace una década era repartir sobornos a funcionarios federales en la Ciudad de México para que estos no interfirieran en las actividades de la organización.

    Según Zambada, una vez le entregó 6 millones de dólares en un restaurante al expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo mandato terminó en diciembre.

    Este alegato se mencionó en una conversación separada entre los fiscales, los abogados de Guzmán y el juez Brian Cogan el 14 de noviembre de 2018, en el segundo día del juicio. Al final, ese argumento solo quedó en las transcripciones. Habría sido la primera acusación de corrupción contra Peña Nieto en este proceso. Pero dos meses después, el capo colombiano Alex Cifuentes declaró que el mandatario recibió 100 millones de dólarespara financiar parte de su campaña electoral en 2012.

     

    La corrupción de agentes antinarcóticos

    Fiscales impidieron indagar sobre las versiones de que oficiales de la DEA recibieron pagos indebidos.

    Presidentes, gobernadores, generales y funcionarios federales latinoamericanos fueron señalados de estar en la nómina del crimen organizado. Sin embargo, cada vez que se apuntó al gobierno de EEUU apenas si se tocó el tema. Esa caja de pandora no se destapó gracias a la Fiscalía federal.

    El exjefe del cartel del Norte del Valle, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', relató que le pagó a un equipo élite de la Policía de Colombia para sobornar a los oficiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que realizaban investigaciones en su país. Afirmó que les facilitó "prostitutas, apartamentos y regalos", pero no se profundizó en esa versión.

    Por su parte, el testigo Alex Cifuentes dijo que su hermano mayor Francisco Iván le entregó "una cajita de celular con unos dólares en efectivo" a oficiales de esa dependencia en un aeropuerto de Colombia. Antes de que dijera más, el asunto se vetó después de una discusión privada con el juez.

    Los fiscales también evitaron que un agente de la DEA aceptara que estuvo armado en los operativos que concluyeron con el arresto de Guzmán en un hotel de Mazatlán en febrero de 2014.

     

    El armamento que EEUU vendió a sicarios de carteles

    Tampoco se habló de la controvertida operación que entregó armas a los narcos mexicanos.

    Citando "informes negativos sobre la operación" que solo "distraerían y confundirían al jurado", el gobierno le pidió al juez Cogan que no permitiera que los abogados del líder del cartel de Sinaloa cuestionaran a los testigos sobre 'Rápido y Furioso', la fallida operación encubierta de la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) enfocada en traficantes de armamento.

    El magistrado aceptó que no se describiera cómo la ATF terminó perdiéndole el rastro a unas 2,000 armas, algunas de las cuales terminaron en manos de pistoleros del cartel de Sinaloa. En 2016, tras la recaptura de Guzmán en Los Mochis, las autoridades mexicanas confiscaron un rifle calibre 50 que tenían registrado los agentes de la ATF.

    Una investigación reveló que dos armas en la lista de 'Rápido y Furioso' fueron usadas para asesinar a un agente de la Patrulla Fronteriza en 2010 y a un oficial migratorio en 2011.

     

    Brujos, platillos voladores y el fin del mundo

    Las creencias sobre asuntos paranormales de Guzmán y un testigo no se mencionaron.

    Alex Cifuentes, el narco colombiano que reveló detalles sobre la vida de 'El Chapo' cuando se ocultaba en la sierra madre occidental, creía que el fin del mundo ocurriría en 2012, como erróneamente se interpretó una predicción de los Mayas. También solía "curarse" con brujos y estaba interesado en información sobre la orden secreta 'Los Illuminati', la masonería y los seres extraterrestres.

    "Él personalmente ha acudido varias veces con brujos. En una ocasión, el testigo observó al acusado (Guzmán) consultar con un brujo sobre cómo obtener aceite de víbora", cita un documento que recién publicó la corte. La Fiscalía consideró que esta información "no es relevante" y pidió ignorarla.

    Estos "intereses no ortodoxos" de Cifuentes se descubrieron cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptó las comunicaciones de miembros de alto rango del cartel de Sinaloa. La defensa quería mencionarlo para insinuar que él tiene problemas mentales. Cuando lo interrogaron al respecto fuera del juicio, el capo declaró que leía y veía videos de ese tipo, pero "no cree que son reales o precisos".

     

    'Vicentillo' y su alegada traición a la DEA

    El hijo de 'El Mayo' Zambada no fue cuestionado sobre sus actividades ilícitas siendo informante.

    Entre los documentos que hace unos días desclasificó el juez Cogan se muestra que los fiscales trataron de impedir que Vicente Zambada alias 'Vicentillo', hijo del actual jefe del cartel de Sinaloa, Ismael 'El Mayo' Zambada, fuese interrogado por la defensa acerca de haber seguido traficando cocaína mientras cooperaba con la DEA.

    Sobre esta acusación, la Fiscalía señaló que "no tenían conexión con los asuntos de este juicio" y advirtió que se corría el "riesgo de prejuicios injustos y confusión de los hechos".

    'Vicentillo', en cambio, declaró en su propio proceso penal que Guzmán se benefició proporcionando información sobre sus enemigos a la DEA, a cambio de que lo dejaran operar en su territorio.

     

    El capo que quiso matar a su esposa embarazada

    Pleitos familiares, golpizas y hasta un intento de homicidio no se detallaron en el tribunal.

    Varios incidentes de violencia doméstica en los cuales estuvieron involucrados algunos testigos no se ventilaron en la corte federal de Brooklyn.

    El caso más grave revela que uno de los cooperantes del gobierno, cuyo nombre no fue mencionado, una vez le pidió a Guzmán que le prestara su pistola para matar a su esposa porque ella quería abortar. También consideró asesinarla después de que diera a luz.

    "Eventualmente, el testigo obtuvo el permiso del acusado para mudarse al lugar en México donde su esposa vivía para asegurarse de que no interrumpiera su embarazo. Su esposa dio a luz y nunca intentó hacerle daño", afirma un folio judicial.

    Otro testigo, por su parte, golpeó a sus parejas en varias ocasiones: a mediados de la década de 1990 a su esposa le fracturó la nariz de un puñetazo en una pelea y unos años después le rompió el pómulo. En 2006 a otra mujer la jaló violentamente del cabello y el brazo. Nunca enfrentó cargos por esos ataques.

     

    Niñas de 13 años a las que Guzmán llamaba "vitaminas" fueron "violadas"

    'El Chapo' habría pagado unos $5,000 para tener relaciones sexuales con menores.

    Unas horas antes de que iniciaran las deliberaciones del jurado, el mundo conoció que 'El Chapo' era además un supuesto depredador infantil. Ese alegato perturbador señala que sostuvo relaciones sexuales con niñas drogadas a las que llamaba "vitaminas" porque creía que le daban "vida".

    "Por aproximadamente 5,000 dólares, el acusado o uno de sus asociados podían pedir que la niña de su elección fuese llevada a uno de los ranchos del acusado para tener relaciones sexuales", afirmó Alex Cifuentes en folios de la corte que se publicaron el pasado 2 de febrero.

    El capo afirmó que en múltiples ocasiones Guzmán violó sexualmente a "niñas de tan solo 13 años". A las más pequeñas, dijo, les decía "vitaminas". Estos crímenes ocurrieron entre 2007 y 2008.

    Cifuentes dijo a los investigadores que alguien conocida como 'Comadre María', aparentemente su secretaria Andrea Vélez Fernández, quien luego se volvió informante del FBI, le ofrecía fotos de niñas a Guzmán para que eligiera. Vélez tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México.

     

    El artículo de Sean Penn en la revista Rolling Stone

    A los fiscales no les pareció correcto mostrar la crónica del actor que critica a los adictos de EEUU.

    Si bien los miembros del jurado vieron segmentos de un video en el que Guzmán acepta que "el día que yo no exista no va a mermar el tráfico de droga", jamás revisaron el artículo ligado a esta grabación que redactó el actor Sean Penn cuando lo visitó en Cosalá, Sinaloa, antes de su tercera captura.

    En dicha crónica que publicó la revista Rolling Stone, Penn describió su encuentro con el narcotraficante, pero los fiscales lo descartaron de las evidencias. No les gustó que la estrella de Hollywood describiera al narcotraficante como una "figura parecida a Robin Hood", ni su opinión de que los consumidores de droga en este país son de alguna manera cómplices de sus crímenes.

    En la grabación de 17 minutos, Guzmán habló sobre sus primeros años vendiendo naranjas en su comunidad natal La Tuna; su relación con su familia también involucrada en el contrabando de droga; sus días siendo un prófugo "feliz" tras escapar de una prisión de máxima seguridad en 2001; y sobre su prolífico negocio que una vez lo colocó entre los más ricos del mundo.

     

    La película y el libro 'Cartel Wives'

    La esposa de un narco vendió los derechos a una productora para llevar su vida a la pantalla grande.

    Interesada en sacar provecho económico compartiendo "sus experiencias como esposa de un narcotraficante de alto calibre", la pareja de uno de los cooperantes que hundieron a 'El Chapo' Guzmán firmó un contrato con una productora para hacer una película sobre su vida. Ella misma fue coautora de un libro titulado 'Cartel Wives' (Las esposas del cartel).

    La Fiscalía indicó que no podían indagar ese tema debido al acuerdo que contrajo la mujer, el cual protege los "detalles de esa transacción" y pidió que la defensa evitara preguntar al respecto.

    "El contrainterrogatorio podría llevar al testigo a inadvertidamente ofrecer detalles en violación del acuerdo", señalaron los fiscales. No se revelaron los nombres del capo ni de su esposa. Solo se indicó que este colaboró con Guzmán entre 2002 y 2008.

     

    Memes, bromas y porno compartido entre sicarios

    El juez desechó comunicaciones pinchadas que no estaban relacionadas al tráfico de narcóticos.

    En parte de las 1,500 comunicaciones entre miembros del cartel de Sinaloa que interceptó el FBI hay mucha información que no está relacionada con el narcotráfico, desde memes cargados de sátira, videos, caricaturas, bromas "políticamente incorrectas" y hasta material obsceno.

    Otro testigo que tenía el teléfono pinchado solía enviar "bromas" ajenas a sus negocios ilícitos, así como conversaciones sobre "sus intereses románticos", a sus amigos y socios del cartel.

    "El contrainterrogatorio sobre estos mensajes no relacionados con el tráfico de drogas debería ser considerado como no relevante y más perjudicial que probatorio", explicó la Fiscalía.

    El resto de las conversaciones entre Guzmán y alrededor de 100 asociados en el cartel se usaron como la evidencia electrónica más contundente contra el mafioso. Incluso se vinculó en sus negocios criminales a su esposa Ema Coronel Aispuro.

  • Presentan proyecto de ley para regularizar permanencias de dreamers y migrantes protegidos por TPS

    La propuesta, a la que podrían acogerse unos 4.7 millones, otorga el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales los beneficiarios podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía. Por ahora, cuenta con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, controlado por los republicanos.

    JORGE CANCINO

     

    12 DE MARZO DEL 2019- Tres legisladoras demócratas presentaron este martes una iniciativa de ley que, de ser aprobada, r egularizará la estadía de millones de dreamers, y cientos de miles de indocumentados protegidos por un Estados de Protección Temporal (TPS) y la denominada autorización de Salida Obligatoria Diferida (DED).

    Denominada ‘Ley de Sueños y Promesas’ (H.R. 6), el proyecto es patrocinado por las representantes demócratas Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York).

    La propuesta daría a los beneficiarios el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.

    Para ser aprobado, el H.R. 6 necesita 218 votos en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y 60 en el Senado, en manos de los republicanos. Mientras que el voto afirmativo está asegurado en la cámara baja, en la alta es más difícil que consiga el apoyo necesario. Tampoco está garantizado la firma del presidente Donald Trump.

    El proyecto podría beneficiar a un total aproximado de 4.7 millones de inmigrantes, ya que hay unos 500,000 protegidos por TPS y DED y más de 4.2 millones de jóvenes podrían aplicar al eliminar la edad y la fecha de entrada límite, como sí establecía DACA.

     

    Entre los requisitos mínimos exigidos por el plan para los dreamers, deberán probar:

    -Que han estado presentes físicamente en Estados Unidos en los cuatro años anteriores a la fecha de promulgación de la iniciativa de ley.

    -Que tenían menos de 17 años cuando ingresaron al país.

     

    A diferencia de otros proyectos de ley para los dreamers, esta versión no incluye un límite de edad para postular, y extiende la fecha de entrada para proteger a un mayor número de beneficiarios.
    La Acción Diferida de 2012 (DACA) ampara de la protección actualmente a unos 700,000 dreamers. El H.R. 6 podría proteger a varios millones de indocumentados.

     

    Además de presencia física, los potenciales benefactores deberán probar que:

    -Carecen de antecedentes criminales

    -No abusaron de las visas de estudiante.

    -No cometieron poligamia.

    -No han sido hallados culpables de tráfico de personas.

    -No han votado ilegalmente.

    -No renunciaron a la ciudadanía de EEUU para evitar el pago de impuestos.

     

    Otras faltas que impiden a un indocumentado acceder a la residencia condicional incluida en el H.R. 6 son:

    -Cualquier delito federal o estatal sancionable con una pena de prisión de más de 1 año.

    -Tres o más delitos federales o estatales por los cuales la persona fue condenada en diferentes fechas y encarcelada por un total de 90 días o más.

    -Un delito de violencia doméstica (a menos que el solicitante sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, maltrato o negligencia ayorsle, maltrato o negligencia contra personas ayors, o trata de personas, haya sido golpeado o sometido a crueldad extrema o haya sido víctima de actividad delictiva).

    Requisitos adicionales

    -Los dreamers deberán, además, presentar un certificado que demuestre que se graduaron de la escuela secundaria o haber obtenido un GED o credencial reconocida por el Departamento de Educación o estar en un programa para ayudar a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria.

    -Los postulantes a la green card o tarjeta verde condicionada deberán también pasar los controles de antecedentes de seguridad y cumplimiento de la ley, pagar una tarifa de solicitud razonable y registrarse para el Servicio Selectivo si es necesario.

     

    Para obtener el estatus de residente permanente legal completo (LPR), los soñadores deberán:

    -Adquirir un título de una institución de educación superior de Estados Unidos o completar al menos dos años de buena reputación en un programa de licenciatura o superior, o en una carrera del área y programa de educación técnica de nivel postsecundario en EEUU.

    -Completar por lo menos dos años de servicio militar y, de ser dado de alta, recibió una baja honorable.

    -Estar empleado por períodos de tiempo de al menos tres años y al menos el 75% del tiempo ha tenido autorización de empleo.

     

    El royecto de ley también incluye una serie de disposiciones para los dreamers, que incluyen:

    -Derogar la Sección 505 de la Reforma de Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, Ley de 1996, que penaliza a los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados sobre la base de residencia.

    -Permitir que los dreamers accedan a la ayuda financiera federal.

    -Asegurar que las personas con estatus de residente permanente condicional puedan acceder a licencias profesionales y comerciales.

    -Permitir a los dreamers elegibles y con orden de deportación que soliciten una exención.

     

    Para los TPS y DED

    La H.R. 6 permitiría a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o DED cancelar los procedimientos de remoción si demuestran:

    -Que han estado en Estados Unidos por un período de 3 años antes de la promulgación de la Ley.

    -Que eran elegibles o tenían TPS al 25 de septiembre de 2016 o tenía el estado de DED al 28 de septiembre de 2016.

     

    El plan de las congresistas Roybal-Allard, Velázquez y Clarke modifica además la ley actual de TPS para exigir que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de terminar una designación de TPS.
    También requiere que el secretario del DHS proporcione un informe tres días después de publicar un aviso de dicha terminación. Este documento debe explicar la designación original y cualquier progreso realizado por un país para resolver los problemas que conducen a la designación de TPS.

    El proyecto de ley H.R. 6 también aclara que se considerará que un inmigrante que ingresa al programa TPS ha sido inspeccionado y admitido en Estados Unidos.

    El proyecto asegura la confidencialidad de los datos recolectados por el DHS y prohíbe que ese ministerio y/o dependencias use la información proporcionada por los migrantes para otros fines que no sean la postulación al programa de obtención de una residencia condicionada.

     

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