Indianapolis, Indiana. .
June 17, 2019

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A lo largo de tres años la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos. Regresaban con los pagos en fajos de dólares.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 8 de agosto del 2018– Un operativo que involucró a múltiples agencias del orden concluyó este miércoles con el arresto de 22 miembros del cartel de Sinaloa que trajeron ocultos en sus autos grandes cargamentos de droga a Los Ángeles y regresaron a México con miles de dólares en efectivo.

Los arrestos se realizaron esta mañana en distintas locaciones del sur de California, una región que desde hace varios años ha sido el principal centro de distribución en Estados Unidos de la organización criminal dirigida por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Durante tres años, la operación 'Narconetas' siguió los pasos a tres células del cartel que recibían la mercancía en el norte de México y la cruzaban a través de garitas fronterizas de California, ocultándola en compartimientos secretos de sus vehículos.

Luego llevaban la droga a las viviendas de los miembros de la organización delictiva y la distribuían en el área metropolitana de Los Ángeles y en distintas ciudades de EEUU. Las ganancias en efectivo por dichas transacciones regresaban hasta Sinaloa.

Como resultado de esta operación, las autoridades decomisaron unas 850 libras de metanfetamina, casi una tonelada de cocaína, 93 libras de heroína, casi 50 libras de marihuana y 1.42 millones de dólares en efectivo. Varias pagas de billetes de cien dólares fueron incautadas por los agentes del orden.

Este fuerte golpe al cartel de 'El Chapo' lo asestó un equipo especial formado en 2014 en Los Ángeles para desmantelar las operaciones de narcos mexicanos. La unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles es dirigida por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Los 22 narcotraficantes detenidos en la redada este miércoles, quienes están siendo presentados ante una corte federal en Los Ángeles, se encuentran entre 57 personas citadas en tres acusaciones federales por contrabando de narcóticos.

Los 35 restantes siguen fugitivos y la mayoría estarían en México, según un comunicado de la Fiscalía federal. Los nombres de los detenidos y los prófugos no han sido publicados.

Si son condenados en estos casos, la mayoría estarían sujetos a sentencias mínimas de 10 años en prisión federal y posibles condenas a cadena perpetua sin libertad condicional, indicaron las autoridades.

 

Escuchando a los jefes del narco

"El área metropolitana de Los Ángeles es utilizada por las organizaciones criminales como un centro para el transporte y la distribución de drogas ilícitas en todo Estados Unidos", advirtió Bill Bodner, agente especial de DEA en esta región.

"La operación conjunta de hoy envía un mensaje claro de que las fuerzas de seguridad están comprometidas a frenar el flujo de narcóticos en nuestro país y proteger a los estadounidenses de la violencia que acompaña al tráfico de drogas", agregó el funcionario.

La DEA señala que en los últimos años el cartel de Sinaloa ha perdido presencia en el sur de California, donde ahora tiene mayor control el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este avance territorial está ligado a la guerra que enfrentan ambas organizaciones en Tijuana, uno de los principales puntos de acceso de droga hacia EEUU.

Las tres acusaciones de tráfico de drogas buscan incautar cualquier propiedad utilizada para cometer o facilitar dicha actividad ilícita. Uno de los casos alega que hubo una conspiración para blanquear dinero y contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo.

"Esta investigación fue responsable de eliminar más de 1,300 kilos de narcóticos de las calles de Los Ángeles y otras ciudades, y sin duda evitó la violencia en nuestras comunidades", dijo Paul Delacourt, subdirector del FBI en Los Ángeles. "Esperamos que este caso tenga un impacto significativo en las capacidades de transporte de estas organizaciones", agregó.

Por su parte, la fiscal federal Tracy Wilkinson, detalló que la operación 'Narconetas' pudo identificar a traficantes de alto nivel que desde México dirigieron las transacciones. Sus nombres no fueron revelados por tratarse de una investigación en curso. "Pensaban que estaban utilizando dispositivos de comunicación seguros para cometer sus crímenes", dijo la funcionaria.

"Nuestra capacidad para obtener esas comunicaciones continúa siendo una parte importante de nuestra capacidad para resolver estos crímenes. La Fuerza de Ataque de Los Ángeles se ha convertido en un líder en el uso de técnicas de investigación innovadoras para golpear a las organizaciones de tráfico de drogas con sede en México", añadió la fiscal federal.

En las recientes acciones de esa unidad también participaron las Policías de Los Ángeles, Glendale, Fullerton, Pomona, Azusa, Torrance, así como la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los US Marshals, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS).

 

Otros operativos contra el cartel

En junio de 2017, siete supuestos operadores del cártel de Sinaloa en el sur de California fueron arrestados como resultado de una investigación de dos años en la que agentes federales en la unidad Fuerza de Ataque de Los Ángeles intervinieron sus comunicaciones telefónicas.

Se trataba de una red de tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína que utilizaba a Los Ángeles como su centro de operaciones para distribuir la droga a San Francisco, Oxnard y Modesto (en California), Omaha (Nebraska) y Phoenix (Arizona).

Esa célula usaba a mujeres para evitar el escrutinio de las autoridades en la frontera. Ellas pasaban las garitas ocultando la mercancía en compartimientos secretos de sus autos. Les pagaban hasta 6,000 dólares por cada entrega.

Cerca de la frontera, en San Diego, también tienen en la mira a los socios de 'El Chapo'. Allí, una investigación de cinco años ha presentado cargos criminales contra más de 125 integrantes del cartel. Lo han logrado a través de más de 250 escuchas telefónicas autorizadas por un juez para reunir pruebas y anticipar los movimientos de dicha organización.

Este operativo que realizan múltiples agencias del orden en esa región, por la cual cruzan la mayoría de los narcóticos elaborados por dicho grupo criminal, "ha tenido un impacto importante en las operaciones mundiales del cartel de Sinaloa", asegura la Fiscalía federal.

Algunos peces gordos de la organización que enfrentan cargos en un tribunal federal de San Diego son Dámaso López 'El Mini Lic', hijo de quien en un momento se dijo podía tomar las riendas del cartel tras la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán; Serafín Zambada,hijo de Ismael 'El Mayo' Zambada, considerado uno de los narcos más poderosos del mundo; y Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de 'El Chapo' y líder de una célula que operaba en Guadalajara y en la Ciudad de México.

 

El Mendocino Complex, como ha sido llamado el fuego que se extiende en tres condados, ha consumido más de 283,800 acres de terreno, una superficie un poco menor a la de la ciudad de Los Ángeles. Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

UNIVISION

 

LOS ÁNGELES, California. 6 de agosto del 2018– Un incendio forestal que empezó el pasado 27 de julio en el condado de Mendocino es ya más grande en la historia de California tras haber arrasado más de 283,800 acres de terreno, prácticamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Desde ese día las llamas se han expandido por miles de acres cada día e incluso en las noches.

Es conocido como Fuego Mendocino Complex por estar compuesto por dos incendios, Ranch y River, los cuales han sido contenidos en un 21% y 58% respectivamente hasta la tarde de este lunes, de acuerdo con el último informe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

Por ahora, ha destrozado 75 residencias y 68 otras estructuras, pero amenaza con arrasar otras 9,300.

Su poder destructivo ahora se extiende por tres condados: Lake, Colusa y Mendocino (donde comenzó). Las condiciones del clima y del terreno han dificultado las labores de los bomberos.

"Estamos a merced del viento", reconoció el capitán Thanh Nguyen, portavoz de Cal Fire en el condado Lake, a medios locales. "Trágicamente, toda esta zona está realmente seca y es muy difícil extinguir las llamas".

El tamaño de este incendio supera a del incendio Thomas que año pasado que consumió 1,140.8 kilómetros cuadrados (440,5 millas cuadradas o 281,893 acres) en el sur del estado. En ese incendio murieron dos personas, incluyendo un bombero, y más de 1,000 construcciones quedaron destruidas, antes de ser controlado en su totalidad el 12 de enero.

El vertiginoso aumento del tamaño del incendio en los últimos días, que ha seguido creciendo incluso de noche, cuando generalmente las llamas se calman, ha sorprendido a los propios bomberos.

"Hemos roto un récord. Este es uno de esos récords que no quisieras ver", dijo al diario local Los Angeles Times el subdirector de Cal Fire, Scott McLean.

"Se propaga extremadamente rápido, es extremadamente agresivo y es extremadamente peligroso" , añadió McLean.

Este incendio ha provocado numerosas evacuaciones en los condados afectados, pero no ha destruido tantas casas como otros que siguen activos en el estado, porque se ha propagado por zonas remotas.

Un total de 432 camiones, 15 helicópteros y cerca de 4,000 bomberos combaten las llamas.

Según los expertos, los años de sequía han creado las condiciones ideales para que los incendios forestales a gran escala se extiendan a mayor velocidad.

De hecho, de los cinco incendios forestales más grandes en la historia del estado, cuatro han ocurrido desde 2012.

 

Los 5 grandes

Mendocino Complex Fire: +283,800 acres, Mendocino. 
Thomas Fire: 281,000 acres, diciembre de 2017, Ventura. 
Cedar Fire: 273,246 acres, octubre de 2003, San Diego. 
Rush Fire: 271,911 acres, agosto de 2012, Lassen. 
Rim Fire: 257,314 acres, agosto de 2013, Tuolumne.

 

En la actualidad hay 17 incendios grandes en California, que, en total, han arrasado más de 558,000 acres. El incendio Carr, próximo a la ciudad de Redding, se ha cobrado las vidas de siete personas y ha destruido más de 1,000 viviendas.

Los meteorólogos han lanzado para esta semana avisos de emergencia por las altas temperaturas que se van a vivir en el condado de Los Ángeles, donde se superarán los 107 grados Fahrenheit durante esta semana en áreas como Woodland Hills.

A finales de julio, el gobernador Jerry Brown declaró el estado de emergencia para los condados de Riverside y Shasta, al igual que para el de Mariposa, debido a los incendios en estas zonas.

Poco después Trump firmó el estado de emergencia para California, lo que supone que el gobierno federal presta asistencia adicional para combatir los fuegos.

De acuerdo a datos de Cal Fire, la de 2017 fue una de las temporadas de incendios más devastadoras para este estado, con 46 muertos y cerca de 559,000 hectáreas consumidas a causa de unos 9,000 fuegos forestales que destruyeron 10,800 estructuras.

 

Los cerca de 86,000 inmigrantes hondureños amparados por el programa deben llenar y enviar el formulario I-821 y el formulario I-765 para recibir por otros 18 meses el amparo de la deportación y un permiso de trabajo.

UNIVISION

 

6 de agosto del 2018- Este lunes 6 de agosto es el último día para que los cerca de 86,000 hondureños protegidos por un Estatus de Protección Temporal (TPS) se reinscriban en el programa y puedan permanecer legalmente en el país y mantener un permiso de trabajo.

Los procedimientos de reinscripción, que incluyen cómo renovar el Documento de Autorización de Empleo (EAD), fueron publicados en el Registro Federal y en el sitio de la agencia ( uscis.gov/es/tps).

 

La reinscripción

El pasado mes de junio, la USCIS dijo que “todos los solicitantes de la reinscripción deben presentar el Formulario I-821, Solicitud al Estatus de Protección Temporal. También pueden pedir un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) por medio de la presentación del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo completado, al momento de presentar el Formulario I-821, o por separado en una fecha posterior”.

La agencia dijo además que “emitiremos nuevas tarjetas de autorización de empleo con una fecha de caducidad del 5 de enero de 2020 a los hondureños beneficiarios de TPS que los soliciten, sean elegibles y se reinscriban a tiempo”.

Sin embargo, reconoció que ,“dado el tiempo de procesamiento de las solicitudes de inscripción a TPS, no todos los reinscritos recibirán nuevos EAD antes de que caduquen los EAD actuales”.

Por lo tanto, precisó, “ hemos extendido automáticamente la validez de los EAD actuales de hondureños con TPS por 180 días, hasta el 1 de enero de 2019".

“Esta extensión automática incluye personas cuyos EAD tienen una fecha de expiración del 5 de enero de 2018, y que solicitaron un nuevo EAD durante el último periodo de reinscripción, pero no lo han recibido aún”, agregó.

 

La cancelación

El gobierno de Trump canceló el 4 de mayo el TPS de Honduras tras casi dos décadas de vigencia. Con el anuncio, el país centroamericano se sumó a países como El Salvador, Haití y Nicaragua a los que el gobernante quitó ese estatus migratorio que los protege de la deportación y les concede una autorización temporal de empleo.

Los hondureños recibieron 18 meses para regularizar su estatus por cualquier otra vía legal posible o abandonar el país.

"La decisión de terminar el TPS para Honduras se tomó después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original para el TPS del país en 1999 y una evaluación de si esas condiciones continúan existiendo", indicó un comunicado de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen. Aseguró que las condiciones en el país tras el paso del huracán Mitch en 1998 "han mejorado notablemente".

Los beneficiarios de TPS de Honduras han vivido en Estados Unidos un promedio de 22 años, según datos del Center for American Progress, un instituto independiente y apolítico. Son además padres de al menos 53,500 niños nacidos en este país.

De los 57,000 hondureños con TPS que hay en total, actualmente 46,700 tienen un empleo. Todos han contribuido con más de 31,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto en los últimos 10 años.

 

Para tener en cuenta

La USCIS también dijo que los hondureños que tienen TPS “pueden consultar con abogados de inmigración o practicantes cualificados acerca de su elegibilidad para otro estatus de inmigración o beneficio, o sobre si hay alguna otra acción que puedan tomar acerca de sus circunstancias individuales de inmigración”.

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que su un beneficiario de TPS tiene antecedentes criminales o no califica para pedir la última reinscripción, “no llene documentos hasta primero consultar con un experto que lo asesore legalmente en el tema”.

“Antes de dar un paso, consulte un abogado para confirmar que el delito o la falta o la acusación del delito pudiera afectar su reinscripción”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

En caso de no reinscribirse en el tiempo señalado por la USCIS, “quedará completamente indocumentado en la fecha que expira la autorización de empleo”, advirtió Barrón.

“Muchas personas con TPS tienen orden de deportación que no fue procesada bajo la protección del beneficio. Si lo pierden por no reinscribirse, corren el riesgo que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lo busque, lo arreste y lo deporte de Estados Unidos”, concluyó.

 

Prolongados periodos de encierro dentro de sus celdas, la mala alimentación, depresiones agudas y maltratos que ni siquiera reciben los criminales convictos, son algunas de las causas que están forzando a migrantes solicitantes de asilo a firmar su deportación para poder abandonar la prisión de Victorville, de acuerdo con testimonios recopilados en una demanda federal.

ISAIAS ALVARADO

LOS ÁNGELES, California. 2 de Agosto del 2018– Todavía no le quitaban las esposas a Noé Mauricio Granados Aquino,cuando un agente le hizo saber que había llegado a una prisión federal acostumbrada a recibir y tratar con criminales. "Mientras más comida pidas, menos te daremos. Mientras más pidas que te dejemos salir, menos lo haremos", expresó el oficial sobre las reglas en la cárcel Victorville de California.

Noé, un solicitante de asilo, pisó por primera vez una penitenciaría estadounidense el 20 de julio debido a la política de 'tolerancia cero' del gobierno Trump. Alrededor de 1,000 inmigrantes han sido enviados a dicha prisión desde principios de junio como una medida provisional ante la ola de centroamericanos, incluyendo más de 2,500 menores, que se han presentado en la frontera pidiendo refugio en este país.

El testimonio de Noé y otros migrantes alojados en el Victorville Federal Correctional Complex han sido recopilados en una demanda que este miércoles interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contra el presidente Trump y el Servicio de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) para denunciar maltrato, negligencia médica y castigos incluso más severos de los que reciben los convictos.

Esta querella interpuesta en un tribunal federal de Los Ángeles exige "poner fin inmediatamente a estas terribles injusticias" y pide que se emita una orden judicial para que los migrantes que se encuentran en esa prisión sean trasladados "lo más pronto posible" a otra instalación no especificada. Esa cárcel, de hecho, se localiza cerca del centro de detención de migrantes en Adelanto.

 "No me gusta que me traten como criminal"

Debido a que algunos de estos migrantes no soportan las condiciones en la que es considerada una de las peores prisiones federales del país, ya han pedido que los deporten, reclama ACLU.

"Muchos han expresado su deseo de ser devueltos de inmediato a sus países de origen, renunciando por completo a sus pedidos de ayuda migratoria, porque preferirían enfrentar los peligros de regresar a su país antes que ser encarcelados bajo estas terribles condiciones", cita la demanda.

Ese fue el caso de Emerson Berrios Banegas, quien planeaba pedir asilo, pero terminó aceptando que lo expulsen a su comunidad. "Firmé documentos en los que aceptaba ser deportado. No quiero regresar, pero firmé porque no me gusta que me traten como a un criminal", declaró el migrante.

Según la ACLU, los migrantes detenidos en Victorville han declarado que tienen acceso mínimo a espacios al aire libre y que incluso han pasado varios días sin pisar el patio, que la alimentación es inadecuada e insuficiente por lo cual algunos perdieron hasta 15 libras de pesoen unos días y que no les ofrecen atención médica apropiada a pesar de que han expresado tener graves dolencias.

También denunciaron que tienen poca comunicación con familiares y abogados, que no se respetan sus creencias religiosas, que algunos duraron hasta dos semanas con los mismos uniformes y que ante la falta de traductores en ocasiones los propios reos han servido de intérpretes.

"Estas personas no están siendo detenidas porque están acusadas de un delito, mucho menos han sido condenadas por uno. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales están encarcelados no son mejores que, y en algunos casos son peores, las condiciones a las que está sometida los presos", señala ACLU.

Todos estos reclamos ya los habían expresado legisladores federales, personal de esa prisión, así como organizaciones civiles pidiendo un mejor trato para esos migrantes.

 

La depresión de Noé

Desde el momento en que Noé Aquino llegó a la prisión de Victorville notificó en un formulario que se sentía deprimido, pero nadie se le acercó para realizarle una evaluación médica o para ofrecerle servicios de salud mental, según declaró el migrante a ACLU.

Debido al encarcelamiento, su condición se exacerbó al grado de gritar cada vez que los guardias lo regresaban a su celda. Les dijo que se sentía "muy solo" y en un momento le avisó a un oficial que estaba muy triste y deprimido, aunque este le respondió: "No puedo ayudarte ahora, quizás mañana".

Sobre los casos de Noé y otros, la ACLU señala que "la falta de un proceso adecuado de evaluación de la salud mental somete a los detenidos a un riesgo sustancial de sufrimiento y daño innecesarios".

La principal preocupación de Noé era que su familia no sabía nada de él. "Mi madre, que no sabe dónde estoy, y mis seres queridos, con quienes viajé y de quienes me separaron en la frontera; y sobre todo las cosas horribles que nos sucedieron y que provocaron que viniéramos a Estados Unidos", expresó.

Como muchos migrantes, Noé viajó hacia EEUU con un objeto religioso, una Biblia, la cual le fue confiscada tras ser arrestado por la Patrulla Fronteriza. Este hombre de arraigadas creencias cristianas no ha podido recuperarla: "pedí que me la devolvieran, pero me dijeron que no podían. He visto a otros detenidos pedir Biblias y les dijeron que no había ninguna en español". También le han negado orar en grupo.

El botón que no se debe presionar

Dervi García Pérez resultó gravemente herido después de caer de un camión durante su viaje a la frontera. Bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, él fue llevado a un hospital, donde le administraron analgésicos. Cuando lo entrevistó la ACLU dijo que ha tenido que soportar el dolor sin nada.

También tomaba medicamentos para la gastritis, pero mencionó que se le acabaron estando detenido y que no tenía información sobre el proceso para solicitar más o ver un médico.

En Victorville, la única vía para pedir asistencia médica es un botón en las celdas y presionarlo no es precisamente el método más efectivo para hacer una cita con una enfermera o un doctor, según la demanda federal.

Por ejemplo, Roger Padilla Flores, quien sufre de gastritis, lo presionó y un guardia le dijo que esperara hasta el día siguiente para recibir tratamiento. Cuando insistió, otro oficial lo reprendió expresando "no seas tonto" y le ordenó que nunca volviera a activar dicho botón.

Jexon Rodríguez Rivera aseguró que le indicaron que no lo apretara "a menos que se esté muriendo". Otro detenido, Oscar Colindres Velásquez, atestiguó cuando un funcionario le negó atención médica a un joven al que le sangraba la nariz y le gritó que "se ocupara de eso y dejara de hacer pendejadas".

Cuando Ankush Kumar, un solicitante de asilo que llegó a Victorville el 16 de julio, reportó a través del botón que tenía un dolor "insoportable" por un cálculo renal, un guardia le dijo que esperara hasta el día siguiente para que lo viera un médico y el único paliativo que recibió en ese momento fue una toalla con agua caliente. Varias horas después de sufrimiento, Kumar fue esposado y llevado a un hospital.

La querella señala que muchos otros detenidos reportaron casos similares. Marlon Escoto Cortez le dijo a una enfermera que tenía un fuerte dolor de estómago desde hacía varios días, ella solo le tomó la presión arterial, le palpó el estómago y bromeó diciendo que "está embarazado".

"Hombres llorando en sus camas"

A pesar de que "muchos detenidos han sufrido traumas severos en sus países de origen o en su viaje" a EEUU, les han negado tratamientos de salud mental, reclama ACLU.

Jexon Rodríguez Rivera reportó haber escuchado a "hombres llorando en sus camas" durante la noche y observado a otros en su unidad "con cicatrices por cortarse debido a la depresión y la desesperación".

El propio Jexon dijo que necesitaba hablar con un psicólogo debido a su creciente depresión y por la dificultad para enfrentar el aislamiento y la inactividad en la prisión, pero no sabía qué hacer.

Un migrante contó haber visto a un joven que se cortó los brazos y las muñecas con su navaja de afeitar.

Otro detenido identificado por su apellido, Diallo, relató que ahora padece de ansiedad, lo cual atribuye a estar encerrado en su celda sin nada más qué hacer que pensar en los suyos. Aseguró que sus ojos se enrojecieron por las noches que ha pasado en vela y reclamó que no le han brindado ayuda.

"He pasado gran parte del tiempo angustiado y preocupado por la seguridad de mi familia. Por eso, no he dormido en las últimas tres noches", contó.

Lo que dice el Buró de Prisiones

El Departamento de Justicia (DOJ) declinó comentar sobre la demanda. Por su parte, el Buró federal de Prisiones (BOP) se refirió hace unos días a las quejas contra la cárcel Victorville asegurando que ha echado mano de empleados de otras prisiones para atender la llegada de los migrantes detenidos.

También indicó que ya ha solucionado la escasez de uniformes, que ahora les ofrece ropa cada día y que cambia las sábanas de sus camas semanalmente. Así mismo, aseguró que los migrantes tienen la oportunidad de realizar actividades recreativas dentro y fuera de sus celdas.

Sobre los alimentos, solo confirmó que los sirve en el comedor de la institución.

"La afluencia de detenidos de ICE a nuestras instituciones no disminuye nuestra misión de alojar a personas en instalaciones seguras y en condiciones humanas", dijo el BOP en un comunicado enviado a Univision Noticias.

Ese panorama, sin embargo, es distinto al que relatan los migrantes, quienes aseguran que han pasado hasta cuatro días encerrados por completo en sus celdas sin siquiera poder salir a bañarse, caminar en el patio o hablar telefónicamente con sus familiares.

Debido a la mala calidad de los alimentos que les dieron, algunos perdieron entre cinco y quince libras de peso en unos días. "Puedes ver los huesos que salen de mis muñecas", expresó un migrante.

 

Tras escuchar las comparaciones, una senadora le preguntó a los altos cargos de la política migratoria de ICE: "¿Mandarían a sus hijos a estos centros de detención?". Les costó contestar.

DAMIÀ S. BONMATÍ

31 de julio del 2018- Sus palabras indignaron a varios de los senadores que lo estaban interrogando. Matthew Albence, el 'número dos' del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tenía que dar explicaciones en el Congreso por las quejas de abuso psicológico, físico e incluso sexual a inmigrantes arrestados en centros de detención familar, pero él se declaró orgulloso por "el nivel de servicio y protección" que proveen a los internos.

"Creo que la mejor manera de describirlos es más bien como un campamento de verano", dijo Albence este martes en relación a los tres centros existentes para detener a familias inmigrantes. El responsable de ICE lo justificó diciendo que en las instalaciones los menores tienen canchas de baloncesto, campos de fútbol, salones educativos y consultas médicas.

"Muchos de estos individuos ven por primera vez a un dentista cuando vienen a nuestros de centros familiares", prosiguió Albence.

Su comparación con los 'campamentos de verano' indignó a senadores como la demócrata Mazie Hirono, quien preguntó a los responsables de política migratoria de Trump si mandarían a sus propios hijos a estos centros.

Ante el comité judicial del Senado, estaban altos cargos de la Patrulla Fronteriza, de ICE, de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para hablar de la separación de niños migrantes de sus padres. Todos están involucrados en ejecutar la política de 'tolerancia cero' contra los indocumentados.

La mayoría contestó no haber visitado nunca estos centros y la pregunta de si enviarían allí a sus hijos puso en un aprieto a la directora asociada de USCIS, Jennifer Higgins:

– Yo… Ciertamente creo que en práctica general… la gente preferiría estar libre y estar en constante movimiento… Le puedo decir que los centros que vi tienen… escuelas... 
– ¿Entonces, enviaría a su hijo a estos centros? ¿Sí o no? – insistió la senadora. 
– Yo.. Yo.. Es… Es una pregunta difícil de responder… Es difícil de ponerse en la piel de un individuo que emprende un peligroso viaje… en el que su niño puede sufrir…

Por su parte, el número dos de ICE, Matthew Albence, evitó contestar: "Nos estamos yendo del punto. Estos individuos están allí porque se saltaron una ley".

Otro momento controversial de Albence fue cuando la senadora demócrata Kamala Harris le preguntó sobre el trabajo que los inmigrantes ejercen dentro de los centros a cambio de recibir un dólar al día.

"Es un programa voluntario que muchos eligen hacer para pasar el tiempo, mientras esperan su audiencia ante el juez o su deportación", dijo el directivo de ICE.

La senadora californiana respondió visiblemente enfadada: " ¿Usted cree que la gente voluntariamente elige limpiar inodoros para pasar su tiempo? ¿Es eso lo que está diciendo?".

Tanto la demócrata Kamala Harris como su compañero de partido Dick Durbin pidieron la dimisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, por la separación de familias en la frontera.

La audiencia en el Senado evidenció la falta de planificación del gobierno de Trump para reunificar los padres migrantes distanciados de sus hijos y también la falta de coordinación entre departamentos.

De hecho, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien está a cargo de la custodia de los niños, fue el más crítico. "Lo que salió mal es que los niños eran separados de sus padres y referidos como menores no acompañados cuando, en realidad, estaban acompañados", admitió Jonathan White, uno de los responsables.

 

Dos parejas latinas pasaron por la misma situación este mes: hacían fila para entrar a un parque estatal de Florida, pero ahora afrontan un proceso de deportación. La denuncia llegó a través del Reporte del Odio del que forma parte Univision.

DAMIÀ S. BONMATÍ

28 de julio del 2018- El 4 de Julio, la agente Rebecca Teems tocó la ventana del auto: "¿Carlos? ¿ID?". Y le pidió al conductor, el colombiano Carlos Rueda, que estacionara el vehículo en la entrada del parque.

El 21 de julio, la misma agente tocó la ventana de otro carro: "¿Javier?", e indicó al venezolano Javier Herrera que girara a la derecha y esperara allí.

Ni Carlos ni Javier tenían identificaciones de Estados Unidos válidas. Tampoco sus parejas, Viviana y Bárbara, que los acompañaban en los respectivos carros para entrar a un parque de Florida conocido por su playa, su rompeolas y su zona de picnics.

La funcionaria Teems no tiene funciones de agente de inmigración, trabaja en el parque para la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), pero en ambos casos hizo una llamada.

Esperaron cerca de una hora dentro del carro y llegó la Patrulla Fronteriza. Comprobaron sus nombres y se los llevaron arrestados.

Aunque nunca se habían conocido antes, tanto la pareja colombiana como la venezolana fueron trasladadas al mismo centro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida. Ahora afrontan un proceso de deportación después de más de 15 años viviendo en Estados Unidos.

"Estamos viendo muchos casos en los que los oficiales de los parques trabajan muy conjuntamente con los oficiales de inmigración", explicó el abogado migratorio Álex Gálvez a Univision Noticias. "Cada verano se oyen casos. Es un lugar donde los inmigrantes deben tener todo en regla".

El abogado subraya que los indocumentados deben evitar exponerse en los parques nacionales y estatales, sobre todo si tienen las placas del auto vencidas, si van a acampar durante la noche, si toman alcohol en áreas al aire libre donde está prohibido, o si van de cacería.

Pero, ¿por qué una funcionaria de una agencia medioambiental de Florida chequea el estatus migratorio de visitantes del parque?

¿Qué tan común es llamar a las autoridades de inmigración?

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission dijo a Univision Noticias que Rebecca Teems es una agente que juró debidamente su cargo y que cumple las leyes de Florida.

La agencia explicó que los agentes Rebecca Teems y Bret Cornell estaban haciendo una de sus funciones: chequear las placas de los carros que acceden al parque.

"Si durante una inspección o interacción legal, un individuo no puede probar la documentación verificable de su identidad, el agente de FWC podía comprobarlo con alguna agencia estatal o federal", respondió el portavoz de la institución, Rob Klepper. También explicó que, si las autoridades migratorias piden mantener detenida a esa persona, el agente estatal cumple la petición hasta que lleguen los operarios.

Y así fue. El colombiano Carlos Rueda le enseñó a la agente Teems su licencia de manejo internacional y su seguro del auto, pero eso no demostraba que estaba legalmente en Estados Unidos de ninguna manera.

FWC dijo a Univision Noticias que la licencia estadounidense del conductor colombiano llevaba más de ocho años vencida.

"Era bien racista. No me dejaba ni hablarle", contó sobre la agente Teems el colombiano por teléfono desde el Broward Transitional Center, un centro de detención de ICE que gestiona la empresa Geo Group y en el que él se encuentra detenido. Rueda cree que la funcionaria se fijó en él por ser latino y solo inspeccionó su carro entre las varias decenas de carros que intentaban entrar al parque para celebrar el 4 de Julio.

El caso de Carlos Rueda y su pareja Viviana Fernández llegó a Univision Noticias a través del Reporte del Odio, una iniciativa de varios medios liderados por ProPublica donde los usuarios pueden denunciar supuestos incidentes de odio.

Ambos siguen detenidos por ICE tras casi un mes y se ven una hora al día. "Nos sientan en una banca, podemos darnos un beso en la entrada y uno a la salida", explicó Carlos.

La otra pareja, la de los venezolanos Javier Herrera y Bárbara Machado, también fue interpelada por la agente Teems. Dos de sus tres hijos viajaban con ellos y grabaron imágenes de cuando estaban retenidos en el auto, y en ellas se ve tanto a la agente Teems como a uno de la Patrulla Fronteriza.

El matrimonio colombiano lleva desde 2000 en Estados Unidos y tienen tres hijos, uno beneficiario de DACA y dos ciudadanos estadounidenses.

FWC también detectó en este caso una licencia de manejo vencida hace más de ocho años, y varias citaciones criminales al inmigrante venezolano por esa misma razón.

Javier sigue arrestrado y Bárbara salió el pasado miércoles del centro de detención.

Univision Noticias contactó en tres ocasiones a la Patrulla Fronteriza, dijeron que estaban verificando los casos, pero no proveyeron datos concretos sobre las cuatro detenciones que se llevaron a cabo en el parque.

 

Avivado por el calor y la sequedad, el llamado incendio Carr, que avanza hacia la comunidad de Redding, aumentó su tamaño durante la noche hasta alcanzar los 44,450 acres este viernes. El fuego ha destruido al menos 125 casas y ha provocado una evacuación masiva.

UNIVISION

27 de julio del 2018- Un bombero y el operador de una excavadora han perdido la vida mientras combatían un voraz incendio que ha arrasado con 18,000 hectáreas (44,450 acres) y ha dejado al menos 125 casas destruidas en el norte de California, provocando una evacuación masiva, incluyendo a los empleados de una televisora local. El fuego, que casi duplicó su tamaño en unas horas y solo ha sido contenido un 3%, amenaza a casi 5,000 estructuras.

Las autoridades anunciaron este viernes que un bombero local murió tratando de contener el fuego Carr, cuyas llamas avivadas por el calor, ráfagas de viento y la vegetación seca se extienden sin control desde hace cinco días. El jueves por la noche se informó sobre el fallecimiento de un operador privado de excavadoras por el mismo incendio. Los nombres de las víctimas no han sido publicados.

Ambos incidentes continúan bajo investigación, indicó el Departamento de Control de Fuegos de California (Cal Fire).

El llamado incendio Carr, que el miércoles estaba controlado al 24%, triplicó su tamaño desde entonces y hasta la pasada noche alcanzando las 18,000 hectáreas el viernes. Ahora, los bomberos apenas controlan un 3%.

El fuego es combatido por alrededor de 1,748 bomberos, 10 helicópteros y 110 camiones.

Scott McLean, portavoz de los efectivos del departamento de bomberos de California, aseguró que se trata de combatir "un muro de llamas”.

Las llamas ha arrasado con cerca de una quincena de estructuras y avanza hacia l a ciudad de Redding, de más de 90,000 habitantes y ubicada 150 millas ( 240 kilómetros) al norte de la capital californiana, Sacramento.

Más al sur las condiciones tranquilas ayudaron a los bomberos a luchar contra el fuego que se sospecha fue provocado por una persona que ha sido detenida.

El sospechoso, Brandon N. McGlover, de 32 años y residente de Temecula, fue arrestado el miércoles y acusado este viernes de 15 cargos por provocar incendios en terrenos silvestres. Al acusado le fijaron una fianza de un millón de dólares.

Rachel Hines, residente de French Gulch, dijo que tuvo dos horas para salir y que otras personas en el antiguo pueblo minero tuvieron tan sólo 30 minutos. La comunidad se ha enfrentado a dos incendios en las últimas dos semanas, agregó.

"Es terrorífico. A uno le da miedo porque no sabes si vas a regresar a tu casa y el pueblo será totalmente diferente", dijo a la televisora KRCR.

Las llamas avanzaron mucho durante la noche y los bomberos en la comunidad de Old Shasta intentaban salvar las estructuras, dijo al periódico Record Searchlight Mike Hebrard, jefe de la unidad de incendios de California.

Cientos de millas al sur no hubo vientos en el incendio en las montañas de San Jacinto. Sin embargo, las temperaturas subían rápidamente y los meteorólogos decían que las máximas podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit. También advirtieron que podría haber ráfagas de viento en la tarde que crearían condiciones peligrosas.

En otras partes del estado, un enorme incendio forestal continuaba creciendo afuera del parque nacional Yosemite. Un total de 100 casas todavía están bajo amenaza en la comunidad de Clayton, aunque los bomberos contuvieron el avance de un pequeño incendio ahí luego de que se quemara una casa.

Otro fuego en las montañas de San Jacinto, el Cranston, comenzó el miércoles y rápidamente se convirtió en una pared de llamas que incineró bosques y arbustos. Unas 3,200 personas en el pueblo de Idyllwild y las comunidades cercanas recibieron la orden de desalojo. Aproximadamente 600 casas estaban bajo amenaza.

El estado sureño pidió la colaboración de ICE en una inspección sobre la normativa de alcohol, pero 12 clientes mexicanos y centroamericanos acabaron encerrados en un centro de detención y afrontando la deportación.

UNIVISION

26 de julio del 2018- Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a 12 extranjeros en situación irregular en el país durante una operación realizada en una discoteca latina de Little Rock, en Arkansas, el pasado fin de semana.

Lo que tenía que ser un chequeo para verificar el cumplimiento de las leyes de venta de alcohol en una discoteca llamada Trois, acabó siendo un operativo con diez hombres y dos mujeres inmigrantes detenidos.

Según Bryan Cox, portavoz de ICE, fue la agencia para el Control de Bebidas Alcohólicas del estado de Arkansas quien solicitó la cooperación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras haber recibido varias quejas sobre club nocturno.

La investigación se habría iniciado por la venta de alcohol a menores y también habría incluido una multa a uno de los jefes por posesión de marihuana, según indicó el diario Arkansas Online.

Pero la presencia de la división de investigaciones criminales de ICE complicó la noche del viernes al sábado para 12 inmigrantes. "Nuestra presencia en ese local fue inicialmente por una investigación criminal, no por una acción migratoria", dijo Cox a Univision Noticias este jueves.

Pero los agentes de HSI, la división criminal de ICE, tienen obviamente p oderes para verificar el estatus de extranjeros y arrestarlos si están en situación irregular.

Los detenidos –la mayoría sin antecedentes criminales– son 10 mexicanos, un guatemalteco y un hondureño, y fueron trasladados al centro de ICE en Jena, Louisiana, donde envían a la mayoría de extranjeros arrestados en la región.

Tanto un abogado de inmigración, Juan Carlos Hernández, como el consulado mexicano en el área cuestionaron en declaraciones a la prensa local por qué la agencia de Arkansas cooperó con las autoridades de federales de inmigración.

ICE, que nunca cita la palabra "redada" en sus comunicaciones, la usó esta vez para aclarar de que no se trató de una operación migratoria de este tipo.

"Los reportes sobre una redada de ICE son falsos. ICE no lleva a cabo ningún tipo de acciones aleatorias e indiscriminadas que buscan de manera indiscriminada a individuos", dijo el portavoz a Univision Noticias.

Pero, según lo informado, los detenidos no estaban en ninguna lista ni eran buscados por las autoridades migratoras, sino que resultaron estar esa noche en la discoteca donde fueron a verificar cómo vendía alcohol. ICE no puso cargos criminales contra los detenidos.

La cifra de 12 arrestados reabre la sombra de las últimas redadas en lugares de trabajo, operaciones gigantescas en fábricas donde trabajan inmigrantes sin papeles. En Tennessee detuvieron a 97 inmigrantes en una fábrica de carne en abril y en Ohio, arrestaron a 114 a principios de junio y a 146 más a mediados de mes.

 

En caso de producirse un fallo adverso este 8 de agosto y DACA sea eliminado, abogados advierten que los estados y las instancias que demandaron la cancelación y fueron amparados por los tribunales, apelarán de inmediato la decisión e incluso acudirán a la Corte Suprema de Justicia, donde el balance ideológico no favorece a los dreamers.

JORGE CANCINO

26 de julio del 2018- El futuro de la Acción Diferida (DACA) se decidirá el próximo 8 de agosto en una corte de distrito del sur de Texas, en Brownsville. Lo que el juez Andrew S. Hanen determinará es si el programa creado bajo el gobierno de Barack Obama es legal, o bien se elimina argumentando que fue ilegal desde su inicio, como sostiene el gobierno de Donald Trump.

DACA fue creado el 15 de junio de 2012 para amparar de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de cumplir 16 años y que se les conoce como dreamers. El programa también les otorga una autorización de empleo renovable cada dos años.

Todo esto está en vilo debido a que el programa está en manos del juez Hanen, quien en 2015 falló en contra de millones de indocumentados.

Y es que en febrero de 2015 Hanen falló en contra de DAPA, el programa que amparaba de la deportación a 5 millones de indocumentados que eran padres de ciudadanos y residentes permanentes, lo que en la práctica era una ampliación de la Acción Diferida DACA.

Cómo se llegó a la decisión de este 8 de agosto

El pasado 1 de mayo, siete estados encabezados por Texas demandaron en el mismo tribunal al gobierno de Trump para que elimine DACA, programa que fue cancelado el 5 de septiembre, pero restablecido en enero por un tribunal federal de California. Si lo elimina, unos 700,000 dreamers quedarán a las puertas de la deportación de Estados Unidos.

El 5 de septiembre del año pasado, el gobierno de Trump canceló el programa argumentando que es ilegal porque cambió parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, además de otorgar permisos de trabajo a extranjeros con presencia no en detrimento de los trabajadores estadounidenses. El anuncio de la eliminación del programa fue hecho por el fiscal general, Jeff Sessions.

DACA protege en la actualidad a unos 700,000 dreamers.

El 9 de enero, cuatro meses después de la cancelación de DACA, una corte federal de California ordenó el restablecimiento del programa tal y como se encontraba antes de la cancelación ordenada por Trump, pero advirtió que aquellos que nunca habían solicitado el beneficio no calificaban para el amparo de sus deportaciones o el permiso de trabajo.

Luego, el 13 de febrero, un segundo tribunal de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar y ordenó restituir el programa tal y como se encontraba vigente antes del 5 de septiembre del año pasado, pero dejó a discreción del DHS si concedía o no el beneficio a los nuevos inscritos.

Y el 24 de abril, un juez federal del Distrito de Columbia emitió un tercer fallo a favor del programa y le ordenó al gobierno que no solo continúe con el programa, sino que acepte nuevos solicitantes, pero concedió un plazo de 90 días para que de mejores argumentos sobre el fin del programa. Y señaló que, si en estos 90 días el gobierno no puede dar "razones más sólidas", deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones.

El plazo

EL plazo fijado por la corte del Distrito de Washington venció el lunes 23. Un día antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le envió al tribunal un memorando firmado por la secretaria Kirstjen Nielsen donde explica que no se opone ni interfiere con el memorando del 5 de septiembre del 2017 que ordenó la cancelación de DACA.

Nielsen también le indica a la corte que las razones de la cancelación del programa siguen siendo las mismas que señaló el gobierno en su momento y que fueron expuestas por el fiscal general Jeff Sessions en esa fecha.

La secretaria del DHS señala en el documento que “independientemente de las preocupaciones sobre la legalidad o ilegalidad del programa, existen razones sólidas para que la política de cumplimiento sea rescindida” y que la ley creada por el Congreso no permite crear nuevas categorías de extranjeros “bajo la apariencia de la discreción procesal, particularmente una clase que el Congreso ha considerado en repetidas ocasiones, pero se ha negado negó a proteger”.

Nielsen también expresó que la política de DACA fue anunciada como una medida temporal provisional, “no como una solución permanente”. Y agregó que el programa “estaba expresamente limitado a períodos de renovación de dos años, no confirió derechos sustantivos, y fue revocable en cualquier momento”.

Qué decidió la corte

Tras la presentación del memorando de Nielsen, la corte federal del Distrito de Columbia decidió extender por tiempo indefinido la espera respecto a la presentación de nuevas solicitudes de DACA. Y esperar “qué decidirá el tribunal de distrito del sur de California, en Brownsville, respecto a una demandada entablada por Texas y otros seis estados en mayo”, dijo a Univision Noticias Greisa Martínez, directora de políticas de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers de Estados Unidos.

La demanda de mayo fue presentada por Texas y otros seis estados (Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina y West Virginia), que demandaron al gobierno federal disputando la creación del programa DACA en 2012.

Los demandantes habían advertido el año pasado al gobierno de Trump que, si no cancelaba DACA, acudirían a la corte tal y como lo hicieron 26 estados en 2014 cuando demandaron la ampliación de DACA y DAPA, programa que buscaba el amparo de la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

La demanda de mayo fue presentada en el mismo tribunal, presidido por el juez Andrew S. Hanen. La batalla escaló a la Corte de Apelaciones que ratificó el fallo de Texas y luego llegó hasta las manos de la Corte Suprema de Justicia, donde el máximo tribunal no tomó decisión alguna prevaleciendo entonces el dictamen de los tribunales inferiores.

“No esperamos nada positivo de la corte de Texas”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de UWD. “Estamos muy conscientes del panorama político, Hay mucha preocupación porque detrás de la decisión de la corte hay miles de trabajos, de futuros, educación y miles de vidas de personas que tienen familias establecidas en Estados Unidos.

Para otros la decisión de la corte del Distrito de Columbia de esperar qué resuelve el tribunal de Hanes, en Texas, es preocupante. El gobierno de Trump muestra un patrón inquietante para infligir su marca antiinmigrante”, dice David Lepold, un expresidente y asesor general de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Leopold advierte que si la corte de Brownsville emite una orden que bloquee los fallos cautelares que restablecieron DACA, “se iniciará una carrera hacia la Corte Suprema donde Trump cree que tiene ventaja”.

“Trump, Nielsen, Sessions y los republicanos saben muy bien que no tienen la ley de su lado cuando se trata de DACA. Su única esperanza es usar los tribunales para avanzar en su fea agenda nativista. Durante años, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha lamentado la politización de los Tribunales. Espero que esté prestando atención a esta farsa”, agregó.

En caso de producirse un fallo adverso y DACA sea eliminado, abogados advierten que los estados y las instancias que demandaron la cancelación y fueron amparados por los tribunales, apelarán de inmediato la decisión. “Y en caso de haber decisiones distintas en distritos y circuitos, entonces será la Corte Suprema la instancia que resuelva este pleito”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante 15 años fue fiscal de inmigración en el

Departamento de Justicia.

Mientras se resuelve la batalla en los tribunales “todo dreamer que tenga la posibilidad y reúna los requisitos para renovar su permiso de trabajo, que lo haga”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami. “Y si tiene duda, ya sea por una falta o el cumplimiento de un requisito para calificar, busque asesoría legal antes de llenar y enviar los formularios”, indica.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de la administración del programa, advierte que, el trámite para la renovación de los permisos de trabajo demoran entre 4 y 5 meses (120-150 días).

 

En octubre de 2017, el Departamento de Estado advirtió al Departamento de Seguridad Nacional que los hijos de centenares de miles de hondureños y salvadoreños que se quedan sin TPS podrían pasar a engrosar las filas de la MS-13 y atraer más migración ilegal.

MAYE PRIMERA

 

25 de julio del 2018- Rex Tillerson estuvo en desacuerdo con más de una decisión del presidente Trump cuando fue su secretario de Estado.AP

El Departamento de Estado le advirtió a Donald Trump que cancelar el TPS que ampara a hondureños y salvadoreños podría exacerbar dos de los grandes problemas que su gobierno dice querer combatir: el crecimiento de las pandillas como la MS-13 en El Salvador y en Honduras, y el aumento de la inmigración ilegal en Estados Unidos de quienes buscan oportunidades económicas.

Pero el presidente ignoró esta opinión, que coincide con la de organizaciones no gubernamentales y expertos que han criticado su decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que hasta ahora había permitido que miles de ciudadanos de Honduras, El SalvadorHaití y Nicaragua permanecieran por décadas en Estados Unidos.

En octubre de 2017, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta a la secretaria encargada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, en la que le explicaba que la deportación de cientos de miles de salvadoreños y hondureños junto a sus familias, a países violentos y sin oportunidades económicas, como consecuencia de la cancelación del TPS, no haría más que sumar jóvenes soldados estadounidenses a las pandillas como la Mara Salvatrucha.

“Muchos de los deportados se irán acompañados de sus hijos nacidos en Estados Unidos, la mayoría de los cuales serán vulnerables al reclutamiento de las pandillas”, advierte el informe con recomendaciones del Departamento de Estado que acompaña la carta de Tillerson.

“Es probable que la falta de oportunidades legítimas de empleo empujen a los exbeneficiarios del TPS repatriados o a sus hijos a las pandillas u otros empleos ilícitos. Además, el retorno inmediato de un población de ciudadanos salvadoreños de tal magnitud como la que ahora reside en Estados Unidos, que El Salvador es incapaz de absober adecuadamente o emplear en este momento, puede intensificar los factores que provocan la inmigración ilegal”, continúa el documento.

Pese a esta y otras advertencias enumeradas por el secretario de Estado con base en opiniones de expertos, el gobierno de Donald Trump decidió seguir adelante con su decisión de no renovar los estatutos de protección, que fueron otorgados décadas atrás en el contexto de desastres naturales que en su momento afectaron a los cuatro países.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el 8 de enero la cancelación del TPS para 263,282 salvadoreños y el 4 de mayo, la cancelación del TPS para 86,163 hondureños. Todos ellos deberán regresar a sus países de origen, junto a las familias que formaron en Estados Unidos, o conseguir un nuevo estatus legal que les permita quedarse, en un plazo de 18 meses contados a partir del anuncio. En el caso de los salvadoreños, el plazo vence el 9 de septiembre de 2019 y en el hondureños, el 5 de enero de 2020.

En ambos casos, sus gobiernos no están preparados para recibirles, la economía nacional es precaria y las pandillas y otras organizaciones criminales dominan buena parte de su territorio.

“Tomando en cuenta que la mayoría de los hondureños migran por razones económicas, sumar decenas de miles de retornados a una economía que no está preparada para integrarlos solo exacerbará la que es la primera causa de la inmigración ilegal”, añade el informe.

En ese contexto, el Departamento de Estado advirtió también al DHS que las deportaciones masivas acabarían por traer más problemas de seguridad a Estados Unidos, y de gobernabilidad de Honduras y El Salvador. Además, echarían por tierra los esfuerzos económicos y diplomáticos que hasta ahora había hecho Washington para ayudar a fortalecer la economía y las instituciones de los dos países.

 

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    ISAIAS ALVARADO

     

    CAMARILLO, California. 14 de junio del 2019– Olga Escalante, de 77 años, se bajó lentamente de un vehículo, se secó las lágrimas con un pañuelo y caminó hacia el hijo que daba por muerto. Durante 30 años no supo dónde estaba y varias veces pensó que quizás su final había sido la fría morgue de Los Ángeles. “Tanto tiempo, Wilfredo”, exclamó ella entre sollozos mientras ambos se fundían en un abrazo este viernes en Camarillo, en el sur de California.

    “Me ha hecho llorar a mares”, expresó Escalante, quien este viernes viajó a Los Ángeles para confirmar que finalmente había localizado al mayor de sus hijos, Wilfredo Vides. Lo volvió a estrechar entre sus brazos después de aquella despedida en 1989, cuando él emigró a California. “Ese abrazo nunca se me olvidó. Todos los años me acordaba de él”, contó ella.

    A Wilfredo, de 50 años, le perdieron la pista unos meses después de que viajó a Estados Unidos hace tres décadas, huyendo de la guerra civil en su natal El Salvador.

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    Wilfredo se reencontró primero con sus hermanos el 8 de mayo en su casa en la ciudad de Camarillo. Ese día tuvieron que conformarse con una videollamada que le hicieron a su madre. Para traerla, esta familia hizo una colecta entre sus familiares y conocidos, incluyendo empleados de Univision 34.

    Hace un mes, Escalante no daba crédito cuando volvió a ver a su hijo en la pantalla de un celular.

    Este viernes, apenas se apartó de su hijo le pidió que le enseñara el dedo que le aplastó una piedra cuando era niño. “Él es, él es”, dijo ella en tono de broma apenas vio la profunda cicatriz. “Lo dudaba yo, decía: ‘hasta que mire el dedo voy a creer que es cierto’”. Wilfredo dejó de llorar y soltó una carcajada.

    ¿Por qué no supieron nada de Wilfredo por tanto tiempo? El inmigrante relata que recién llegado a Los Ángeles envió un par de cartas a su madre, pero pocos meses después perdió la comunicación con ella. No sabía que sus familiares se mudaron a otro lugar que les vendieron en El Salvador y dejaron de recibir su correspondencia. Mientras que él, por su situación migratoria, jamás regresó a su país.

    Se distanció aún más cuando él cambió de domicilio y de número telefónico. Todo empeoró porque cayó en el vicio del alcohol. Además, es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. Sus hermanos lo trataron de localizar en Facebook, pero no tiene una cuenta en esa red social.

    La señora Olga asegura que cuando anteriormente vino a visitar a sus hijos, ella sentía ganas de llorar cada que pasaba por la ciudad de Camarillo. “Decía yo: ‘aquí está mi Wil’. Lloraba. Me preguntaban: ¿por qué lloras, mamá?’. No, por nada, les respondía”, relató ella.

     

    Así fue el primer reencuentro de los Vides

    Tenía 21 años aquel 23 de noviembre de 1989 cuando abandonó su país para que no lo reclutaran por la fuerza los militares o los guerrilleros. Su hermano Walter tenía 17 y su hermana Concepción 9. Él no sabía que desde hace más de 10 años ellos han vivido en el Valle de San Fernando, a unas 37 millas de distancia de Camarillo, donde tiene su hogar Wilfredo.

    De hecho, Walter trabajó durante cinco años a un par de millas de la residencia de su hermano. Pero jamás coincidieron en ningún lado. Paradójicamente, estando uno tan cerca del otro, Walter no dejaba de buscarlo en las redes sociales y una vez llamó a un programa de radio pidiendo ayuda al público.

    Wilfredo, por su parte, preguntaba una y otra vez en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles si podían hacer algo para localizar a sus seres queridos. “Ya pasó mucho tiempo”, le decían en la sede diplomática. Pero jamás se conformó con esa respuesta y siguió intentando.

    El pasado 6 de mayo tramitaba una identificación en el consulado y volvió a pedir que le ayudaran. Esa vez lo atendió un funcionario que aceptó entrar a la base de datos del gobierno y encontró información de sus familiares en Los Ángeles. De inmediato les llamó. Así se logró este reencuentro.

    “Este es el fruto de nuestro trabajo”, expresó el cónsul salvadoreño Alejandro Letona, quien fue clave para el encuentro de los Vides. “Qué alegría que esta familia está unida después de 30 años”, agregó este viernes, luego de presenciar el abrazo de Wilfredo y su madre.

    Unas horas después de aquella llamada desde el Consulado se vieron Wilfredo y Walter en Camarillo. Dos días después, el 8 de mayo, Concepción abrazó y besó a su hermano con el rostro empapado de lágrimas. Se tomaron varias fotos para documentar la reunión, como si temieran volverse a separar otra vez.

    Este viernes, los cuatro posaron juntos por primera vez frente a una cámara: cuando vivían en El Salvador solo tenían un par de fotos individuales. “Estoy feliz, mi madre tenía una agonía de no ver a su hijo. Gracias a Dios ya estamos los cuatro juntos de nuevo”, dijo Concepción.

    Curiosamente, los Vides se volvieron a ver en la víspera de los festejos del Día de la Madre. La visita de su madre ocurre poco antes del Día del Padre. Este fin de semana les sobrarán motivos para celebrar.

    “Quiero pasear, llévenme al bufet”, pidió la señora Olga con una gran sonrisa.

    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

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    ISAIAS ALVARADO

     

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    Hace un mes, Escalante no daba crédito cuando volvió a ver a su hijo en la pantalla de un celular.

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    ¿Por qué no supieron nada de Wilfredo por tanto tiempo? El inmigrante relata que recién llegado a Los Ángeles envió un par de cartas a su madre, pero pocos meses después perdió la comunicación con ella. No sabía que sus familiares se mudaron a otro lugar que les vendieron en El Salvador y dejaron de recibir su correspondencia. Mientras que él, por su situación migratoria, jamás regresó a su país.

    Se distanció aún más cuando él cambió de domicilio y de número telefónico. Todo empeoró porque cayó en el vicio del alcohol. Además, es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. Sus hermanos lo trataron de localizar en Facebook, pero no tiene una cuenta en esa red social.

    La señora Olga asegura que cuando anteriormente vino a visitar a sus hijos, ella sentía ganas de llorar cada que pasaba por la ciudad de Camarillo. “Decía yo: ‘aquí está mi Wil’. Lloraba. Me preguntaban: ¿por qué lloras, mamá?’. No, por nada, les respondía”, relató ella.

     

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    Este viernes, los cuatro posaron juntos por primera vez frente a una cámara: cuando vivían en El Salvador solo tenían un par de fotos individuales. “Estoy feliz, mi madre tenía una agonía de no ver a su hijo. Gracias a Dios ya estamos los cuatro juntos de nuevo”, dijo Concepción.

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    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

  • “El récord migratorio no se limpia, queda para siempre”: respondemos tus preguntas de Inmigración

    Los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada deben cumplir un castigo de 3 años fuera si la presencia ilegal supera los 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días. Si regresan antes de ese tiempo sin autorización y son arrestados, enfrentan cargos criminales y luego son deportados de por vida.

    JORGE CANCINO

     

    13 de junio del 2019- El inmigrante Juan Pérez, cuyo nombre es otro y pidió mantener su identidad en el anonimato, cuenta que vivió varios años indocumentado en Estados Unidos hasta que lo agarró "la migra". Sólo me tomaron los datos y me dijeron que me vaya. Dí una dirección y me enviaron unos papeles para que me presente a corte, de lo cual hice. Asistí un par de veces, pero luego me cambié de domicilio y no supe más del caso”.

    A medida que avanza la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump, seguimos respondiendo las preguntas de usuarios que llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Pérez añade que luego de ese incidente contrajo matrimonio y su esposa le pidió la residencia. “Como el trámite siempre comienza dando el permiso de trabajo, me lo dieron. Pero cuando quise sacar el Número de Seguridad Social, apareció otra nacionalidad distinta a la mía. Y cuando fui a la cita por la green card, cuál fue mi sorpresa cuando me entero de que tenía una orden de deportación en ausencia. Ahí mismo me arrestaron y deportaron”.

    “Luego traté de ingresar ilegalmente, pero 'la migra' me agarró y no volví a intentarlo más. Tengo una hija ciudadana americana, tiene 13 años, está enferma, tiene un marcapasos. ¿Será posible limpiar mi récord con todos los años que han pasado?”, pregunta.

    “El récord migratorio no se limpia, queda para siempre”, advierte el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami Florida.

    “Lamentablemente este tipo de falta, como la orden de deportación en ausencia, no se quita. Cada vez que esa persona trate de pedir una visa o un ajuste de estatus, le dirán que no. Ya está en el expediente y es para toda la vida”.

    En cuanto al regreso no autorizado una vez que la persona fue deportada, “la persona está sujeta a una penalidad permanente por haber tratado de entrar nuevamente a Estados Unidos sin permiso del servicio de inmigración”, agrega.

    Los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada deben cumplir un castigo de 3 años fuera si la presencia ilegal supera los 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días. Si regresan antes de ese tiempo sin autorización y son arrestados, enfrentan cargos criminales y luego son deportados de por vida.

    Al respecto, el abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, indicó que el reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación “es una falta demasiado grave porque no permite a los ciudadanos o residentes hacer nada por sus familiares inmediatos”.

    “No hay nada qué hacer porque regresó sin permiso sin haber cumplido con la Ley del Castigo”, precisa.

    Durante el segundo cuarto del año fiscal 2019 (del 1 de octubre del 2018 al 30 de marzo de 2019), las cortes de inmigración emitieron 32,255 órdenes de deportación en ausencia de Unidades Familiares y Menores No acompañados, de acuerdo con datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) a los cuales tuvo acceso Univision Noticias.

    La cifra representa 44% del total de casos enviados a los tribunales tras haber sido arrestados en la frontera donde pidieron asilo.

     

    Sólo un milagro

    La usuaria identificada en el nombre de López nos escribió un correo electrónico para preguntar sobre el programa DACA, el programa de Acción Ejecutiva de 2012 que protege en la actualidad a unos 700,000 jóvenes que entraron al país siendo niños y se les conoce como dreamers.

    “Puedo renovar mi protección de deportación si tengo un DUI y otros dos cargos, uno por asalto (assault) y otro por invasión de propiedad privada”, pregunta. “Y también tengo cargos por no pagar la cuota de manutención de un hijo (child support)”, reconoce. “Debería preocuparme por esto y que me deporten”, pregunta.

    “Esta persona no necesita un abogado para que le ayude sino un mago”, responde con ironía Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

    “En estos momentos toda persona que tiene historial delictivo debe de preocuparse, porque en caso de ser detenido puede ser de mas interés para el gobierno que una persona que no tiene antecedentes criminales”, agregó.

    Barrón también recuerda la lista de prioridades de deportación anunciada por el gobierno el 25 de enero, cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva migratoria relacionada con las jurisdicciones santuario.

     

    Quienes hayan sido condenados por cualquier delito.

    Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto.

    Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable.

    Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.

    Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.

    Quienes estén sujetos a una orden final de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos.

    Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

    Además del amparo de la deportación DACA otorga una autorización de empleo renovable cada dos años. El programa fue cancelado el 5 de septiembre de 2017, pero varios fallos judiciales lo mantienen temporalmente vigente hasta que un tribunal federal o la Corte Suprema dicten lo contrario.

  • Renuncia el jefe del Instituto Nacional de Migración de México una semana después de acuerdo con EEUU

    El organismo anunció en un comunicado la renuncia del comisionado Tonatiuh Guillén López solo una semana después de que el canciller Marcelo Ebrard se comprometiera con el gobierno de Donald Trump a reducir considerablemente los flujos de migrantes centroamericanos y a recibir más solicitantes de asilo con sus procesos pendientes en Estados Unidos. 

    UNIVISION

     

    14 de junio del 2019-Tonatiuh Guillén López, el hombre designado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Instituto Nacional de Migración de México (Inami), renunció este viernes a su cargo, según informó ese organismo en un comunicado.

    Pese a que no informan del motivo de la dimisión, esta se produce solo una semana después de que una delegación encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, llegara a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para reducir considerablemente el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos.

    Posteriormente, el vocero de la secretaría de Gobernación, Héctor Gandini, aseguró a la agencia Reuters que la renuncia de Guillén López se debió a "motivos personales".

    El comunicado del Inami que anuncia la salida del funcionario se limita a decir que éste agradeció la oportunidad al presidente López Obrador y "el apoyo y la generosidad" a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

     

    Guillén López había mostrado su preocupación por los derechos de los centroamericanos

    El pasado viernes y, después de una intensa negociación que se extendió por tres días, el gobierno de México llegó a un acuerdo con el de Estados Unidos para reducir el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar que el presidente Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

    Según el acuerdo, México se comprometió a enviar a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y a acoger a más solicitantes de asilo mientras sus procesos avanzan en Estados Unidos a travé del denominado Protocolo de Protección del Migrante (PPM).

    Pese a que no se había pronunciado públicamente sobre este acuerdo, en el pasado Guillén López, había mostrado su preocupación por la capacidad de México de atender las necesidades de los migrantes centroamericanos enviados por Estados Unidos por el programa PPM y por el respeto a los derechos de quienes huyen de la pobreza y violencia de sus países.

    Antes de ser nombrado comisionado del Inami el 1 de diciembre de 2018, López Guillén había coordinado un proyecto de cooperación y desarrollo integral entre México y Guatemala.

     

    De las cárceles a la política migratoria: el nuevo titular

    Tras la renuncia de Guillén López, el presidente designó como nuevo titular del INM a Francisco Garduño Yáñez, quien hasta ahora fungía como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) federal, a cargo de las prisiones del país.

    “Ahora estoy proponiendo para que lo sustituya a Francisco Garduño, él se va a hacer cargo del Instituto Nacional de Migración. Esto tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país, y le tengo toda la confianza”, expuso López Obrador.

    Garduño Yáñez es funcionario público desde la década de 1970. Dentro de su experiencia académica, destacan sus actividades docentes, así como un doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

    Entre sus actividades políticas, participó en la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 y es fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

    En el ámbito penitenciario, fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en la Ciudad de México, para el cierre del penal de Lecumberri y el traslado de internos a los actuales penales de la capital del país y a la colonia Penal Islas Marías.

     

  • Guatemala acude a las urnas tras un proceso electoral convulso y con el voto fragmentado

    En unas elecciones en las que los residentes en el exterior podrán votar por primera vez en la historia, Guatemala acudirá este domingo a las urnas en medio de una creciente desconfianza en sus instituciones democráticas y frente a 19 candidatos presidenciales que han fragmentado el voto.

    BILL BARRETO

     

    CIUDAD DE GUATEMALA. 15 de junio del 2019- En las elecciones que se celebran este domingo en Guatemala, el voto está tan atomizado que algunos ciudadanos llegan a las urnas sin poder identificar a muchos de los 19 candidatos que se disputan la presidencia, en un proceso en el que la justicia ha sido decisiva.

    De los 24 aspirantes que se inscribieron inicialmente, cinco quedaron fuera de la contienda, incluyendo dos de las que aparecían con más posibilidades en las encuestas: Zury Ríos, hija del ex general golpista Efraín Ríos Montt, del partido Valor, quien fue inscrita pero su candidatura fue revocada por una prohibición constitucional; y la ex fiscal general, Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, actualmente con una orden de captura en Guatemala, girada tras una investigación iniciada por su sucesora en el cargo.

    A estas bajas se suma la del cacique de Jalapa, Mario Estrada, quien era candidato por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), detenido en Estados Unidos por la Administración para el Control de las Drogas (DEA) el pasado 17 de abril por sus presuntas negociaciones con el cartel de Sinaloa.

    Según el Departamento de Justicia, el político estaba entre los investigados por intentar "solicitar fondos a los carteles internacionales de la droga para apoyar" su campaña presidencial. Además, la acusación asegura que Estrada ofreció el control de puertos y aeropuertos a los representantes del cartel e intentado organizar atentados contra otros candidatos a la presidencia, sin especificar cuáles.

    También quedaron fuera los candidatos minoritarios Mauricio Radford, del Partido Fuerza, quien había sido inscrito previamente pese a tener un proceso abierto por abuso de autoridad; y Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana, a quien un tribunal le retiró la inmunidad para ser investigado por supuestas anomalías en un contrato para cobrar el impuesto a los inmuebles en el municipio del cual es alcalde.

    Las decisiones de la justicia y una amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral si no reciben una compensación que exigen caldearon el ambiente electoral en las últimas semanas de unos comicios que, según los sondeos, irán a segunda vuelta.

     

    Los guatemaltecos en el exterior podrán votar

    Las últimas encuestas coinciden en apuntar a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como líder en todos los sondeos, con entre 20.2 y 22.6% de intención de voto, seguida por Alejandro Giammattei de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) con entre 11.6 y 14.4% de los apoyos.

    Más incierto es el tercer lugar que, según los sondeos, se disputan Edmond Mulet, de Partido Humanista; Roberto Arzú de Pan-Podemos; y Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con estimaciones de voto entre el 7% y el 8%.

    En esta ocasión, la campaña electoral ha sido más corta luego de las reformas electorales de 2016: solo tres meses antes de primera vuelta y dos meses más para la segunda vuelta. Además, se permite por primera vez el voto en el extranjero y se introdujo la obligación de repetir los comicios si los votos nulos superan el 50%.

    Otra de las novedades es que se igualó el tiempo de los partidos en la pauta de medios de comunicación, lo que dio una ventaja inicial a los candidatos que ya llevaban varios procesos electorales a cuestas, como Torres o Giammattei. La norma permitió que más candidatos se dieran a conocer, mientras que los partidos con mayor organización como la UNE de Sandra Torres compensaron la relativa reducción de espacios publicitarios con una mayor campaña de tierra.

     

    Torres, la favorita en las encuestas

    El domingo previo a las elecciones, Torres realizaba mítines en tres departamentos de la provincia y en la zona metropolitana. En un mitin en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la costa sur del país, Torres descendió en un helicóptero en el estadio municipal para presidir la actividad de campaña. “Este 16 de junio defendamos el voto, defendamos los programas sociales” fue la consigna recalcada por la candidata.

    Como esposa del del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011, Torres fue la administradora de programas de asistencia social, como la entrega de bolsas de alimentos y bonos monetarios a padres de familia a cambio de la presencia de niños en las escuelas, acciones que aún hoy le representan réditos políticos.

    La candidata tampoco es desconocida para las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una oficina de Naciones Unidas que ha asistido al Ministerio Público (MP) en los principales casos de corrupción de los últimos años y que finalizará funciones en septiembre, luego de que el gobierno de Jimmy Morales no la renovara el contrato.

    La ex primera dama fue denunciada por presunto financiamiento electoral ilícito de su anterior campaña, en una investigación conjunta de MP y Cicig. Sin embargo, la acusación se llevó a los juzgados después de que Torres fue inscrita como candidata, lo cual la blindó con antejuicio.

     

    Giammattei, el segundo, según los sondeos

    La salida de Ríos y Aldana, ambas descartadas por la justicia en un movimiento que consideraron "político" dejó en el segundo lugar a Alejandro Giammattei, candidato de Vamos, quien busca por cuarta vez la presidencia.

    Giammattei obtuvo su mejor resultado electoral en 2007 cuando ocupó el tercer lugar como candidato del partido oficialista Gana. Durante el gobierno de Óscar Berger, fue director del Sistema Penitenciario, pero fue más tarde acusado de ejecuciones extrajudiciales de reclusos bajo su cargo en una investigación del Ministerio Público y la Cicig, aunque un tribunal finalmente cerró el caso en su contra.

    Giammattei no ha ganado una elección a los cargos públicos a los que se ha postulado en 20 años. Sin embargo, en este proceso electoral bajo un sistema de balotaje, de llegar a segunda vuelta sus posibilidades podrían mejorar notablemente ya que, como se mostró en los últimos comicios presidenciales, Torres enfrenta un antivoto fuerte. Los últimos sondean apuntan a que más de la mitad de los electores "difícilmente o nunca" votarían por ella.

    El presidenciable de Vamos es además fuerte en las áreas urbanas del país, zonas que históricamente tienen mayor participación de electores en la segunda vuelta, ya que las autoridades locales, como alcaldes o diputados electos el mismo día, ya ha sido votados en la primera ronda de los comicios.

     

    Los que se disputan el tercer puesto

    El tercer lugar se encuentra se encuentra más disputado, según apuntan los sondeos, que colocan a Edmond Mulet, del Partido Humanista (PM), Roberto Arzú García-Granados, de PAN-Podemos y Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

    Mulet, quien fue secretario general adjunto para Operaciones de Paz de Naciones Unidas entre 2011 y 2015 y presidente del Congreso a principios de los noventa, es un diplomático de carrera, que estuvo fuera de la política local por cerca de 20 años. En este proceso participa por el PM, de reciente creación, pero integrado con figuras del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que gobernó entre 2000 y 2004.

    Candidato emergente en esta campaña, Roberto Arzú García Granados es hijo del expresidente Álvaro Arzú, electo por el Partido de Avanzada Nacional, PAN (1996-2000) e investigado también por la Cicig en un caso de corrupción hasta su fallecimiento en 2018.

    Arzú García-Granados nunca ha ocupado un cargo público y compite con una alianza de partidos que incluye al antiguo partido de su padre, el PAN, y una nueva agrupación, Podemos, que tiene entre sus liderazgos y candidatos a figuras del cancelado Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina, procesado por varios casos de corrupción.

    El candidato de PAN-Podemos ganó notoriedad en este proceso electoral por su intenso uso de las redes sociales, y recibió una multa de US$160,000 por su uso de propaganda no regulada en estos medios. Además, enfrenta una demanda por US$6 millones presentada en Miami, Florida, por el consultor político Juan José Rendón por presuntos servicios de asesoría no cancelados.

    La tercera en disputa es Thelma Cabrera, presidenciable del MLP. Indígena maya mam, Cabrera ha sido una de las candidatas que más rápido ha crecido en popularidad en este proceso.

    El MLP, partido oficializado en 2018, es el instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) una agrupación surgida en los años noventa entorno a reivindicaciones de tierra y derechos laborales de los trabajadores en la costa sur del país.

    Dirigentes de Codeca han sido acusados en tribunales de promover conexiones ilegales a la red eléctrica y promover el impago de servicios de energía eléctrica en comunidades del interior del país. Como partido, el MLP promueve la revisión de las concesiones de recursos naturales por parte del Estado y la nacionalización del servicio de energía eléctrica, entre otras cosas.

    Su reivindicación de la nacionalización de servicios públicos tiene de fondo la propuesta de “refundación del Estado” mediante una Asamblea Constitucional Plurinacional a semejanza de modelos políticos como los emprendidos en Bolivia por Evo Morales y en Ecuador por Rafael Correa.

     

    Una probable segunda vuelta

    Los sondeos apuntan a que ningún candidato presidencial obtendría más del 50% de los votos, lo que hace predecible una segunda vuelta con Torres y Giammattei. Torres lidera las estimaciones de voto, pero enfrenta el reto de no repetir la caída del 2015, cuando obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, pero solo 1,328,000 votos en la primera vuelta frente a los 2,750,000 del actual presidente Jimmy Morales en segunda vuelta.

    El ambiente político se ha caldeado en los últimos quince días con la amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral, impidiendo el acceso a los centros de votación si no reciben una compensación por supuestos servicios prestados durante el conflicto armado interno finalizado en 1996.

    La amenaza, recurrente en otras elecciones, ha sido tomada con más seriedad luego de que este miércoles la fiscal general Consuelo Porras anunciara que el fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, ha salido del país “por amenazas tangibles” contra su vida y su familia. Esto una semana después de que Schaad confirmará que había iniciado una investigación de oficio contra los exmilitares que amenazaban con boicotear el proceso electoral.

    Al clima político enrarecido de las últimas semanas, también ha contribuido las denuncias en redes sociales del supuesto uso de recursos públicos por parte del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, para actividades de campaña. La confianza de la ciudadanía en el TSE se ha visto afectada, a su vez, con el anuncio esta semana de la entrega de Q12.9 millones (US$ 1.67 millones) por parte del tribunal al partido oficial, en aportes públicos atrasados entre los años 2016 y 2018, pese a que el partido enfrenta un proceso de cancelación por irregularidades en su manejo de recursos.

     

  • ¿En qué consiste el plan de México para bajar en 45 días la cifra de migrantes que llegan a su frontera con EEUU?

    La propuesta ha sido calificada por expertos como ambiciosa. México planea que la Guardia Nacional pueda contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y que el presupuesto para costear la estancia de estos inmigrantes provenga de la venta del avión presidencial.

    JANET CACELÍN

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 14 de junio del 2019- México tiene contado el tiempo para cumplir con las exigencias de Estados Unidos en materia migratoria y así evitar que el gobierno de Donald Trump aplique aranceles a todos los productos mexicanos y declare a la nación como "tercer país seguro".

    El reto es que en 45 días —y ya pasaron 7—, el gobierno mexicano logre contener y disminuir el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan su frontera, según informó el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

    Para cumplir con este acuerdo, calificado por expertos como ambicioso, México tiene como solución principal echar mano de la Guardia Nacional para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio, pese a que este grupo de seguridad fue creado para combatir al crimen organizado que opera en el país.

    Según explicó el canciller en una conferencia este viernes, además incluye una inversión millonaria de Estados Unidos hacia los países de Centroamérica y hacia México para combatir las causas de la migración. Mientras, el gobierno de López Obrador deberá asignar recursos para proveer servicios de salud, trabajo, educación y alimentación a los migrantes que deban esperar en su territorio una decisión de EEUU sobre sus peticiones de asilo.

    Para Arlene Ramírez Uresti, internacionalista especializada en migración y la relación México-Estados Unidos, el acuerdo completo sería sumamente ambicioso, no solamente para los primeros 45 días, sino también en el mediano y largo plazo si no se involucra en el proceso a los países de procedencia de estos migrantes.

    “Un detonante del éxito de esta estrategia será la eventual vinculación que pueda tener el gobierno de México con sus contrapartes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero hasta ahora sabemos que la estrategia se basa en el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional. También preocupa el ambiente político nacional con respecto a la creación de empleos, programas sociales, ofertas de salud y educación que se tendrá que hacer”, dijo.

    Estas son las medidas con las que el gobierno de López Obrador planea atender la crisis migratoria:

    Desde el miércoles y hasta el próximo martes, el gobierno de México comenzó a desplegar en la frontera sur a 6,000 elementos de la llamada Guardia Nacional, el grupo especializado de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó con el objetivo de combatir la violencia criminal en el país. Su principal tarea, al menos en los siguientes 45 días, será contener el flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

    Se trata de 13 coordinaciones desplegadas en los sureños estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz, cuya función, según  Ebrard, es registrar a todos los migrantes, explicarles qué opciones de regularización tienen y devolver a su país al que no quiera hacerlo.

    También resguardarán los centros de detención para evitar fugas y motines. Aunque Ebrard no ha hablado de arrestos, sí ha resaltado la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias del sur, que están rebasadas y que son centros de detención.

    De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, durante el periodo de enero a junio, 11,037 personas originarias de Centroaméricahan sido retornadas a México en espera de la resolución de su petición de asilo a Estados Unidos.

     

    Recibir a los migrantes que han pedido asilo en EEUU

    El acuerdo con Estados Unidos también incluye recibir en territorio mexicano a los centroamericanos que quieran solicitar asilo en Estados Unidos durante el proceso que tome la resolución de sus casos. Esto implica que además de permanecer en México, el gobierno debe garantizar su seguridad, alimento, educación y trabajo.

    Sin embargo, de acuerdo con Ebrard, el plan que defiende México contempla que las personas que solicitan asilo, puedan recibir el mismo tipo de protección también en otros países considerados seguros para los migrantes.

    Según cifras de la Secretaría de Gobernación, tan solo en lo que va de enero al pasado mes de abril, las autoridades mexicanas han deportado a casi 37,000 extranjeros originarios de América Central y el Caribe. Una cifra que, de seguir la tendencia, superaría las 109,000 deportaciones que se registraron en todo el 2018.

    Esta resolución no es muy alentadora para los migrantes, pues activistas y abogados de inmigración advirtieron que generará más problemas legalespara preparar sus casos, obtener asistencia legal e incluso para apelar fallos adversos.

     

    Dialogar con los países de Centroamérica

    El canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró el viernes que en el acuerdo Estados Unidos se comprometió a invertir 7,800 millones de dólares en Centroamérica y México: 5,800 millones de dólares para la primera y los 2,000 restantes para el segundo.

    Ebrard aseguró que la inversión acordada de este acuerdo comenzó en El Salvador hace apenas 15 días, sin dar más detalles.

    El canciller mexicano destacó que a cambio de esta inversión, México ayudará a aplicar un plan en Centroamérica que fue presentado el pasado 20 de mayo conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en colaboración con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir las causas de la migración en la región.

    De acuerdo con Arlene Ramírez, dialogar con los países centroamericanos es el reto más grande, pues es necesario que tengan más que la voluntad política para atender el origen del problema.

     

    Reasignar presupuesto hacia el plan migratorio

    Luego de ser cuestionado sobre cómo piensa financiar la estancia de los centroamericanos que esperen en México, el presidente señaló que se utilizarán los recursos ahorrados por el combate a la corrupción y el plan de austeridad, así como los que genere la venta del avión presidencial.

    "Recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo 150 millones de dólares. Entonces, para contestar de dónde va a salir: saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión",detalló.

    Además, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que su bancada impulsa reasignaciones presupuestarias para que México pueda cumplir con los acuerdos bilaterales principalmente en materia de salud, educación, empleo, implementación de la Guardia Nacional y reforzamiento de la frontera entre México y Guatemala.

    Esta iniciativa ha sido recibida con desagrado por otros grupos políticos que aseguran que no deberían utilizarse recursos destinado a los mexicanos para atender a extranjeros.

  • La espera en México para los inmigrantes que piden asilo en EEUU podría demorar años

    Activistas advierten que México no tiene, ni los recursos ni la infraestructura suficiente para atender, cuidar y velar por los migrantes que piden asilo en Estados Unidos y serán regresados hasta que los tribunales de justicia del vecino del norte resuelva sus casos como acordaron ambos gobiernos esta semana.

    JORGE CANCINO

     

    9 de junio del 2019- México sufrió la presión de Donald Trump como nunca lo había hecho anteriormente. El mandatario vecino del norte, quien además es su principal socio comercial, lo amenazó con imponer aranceles escalonados a todos los productos mexicanos si no frenaba la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en estados Unidos.

    Las negociaciones parecieron interminables, hasta que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que, “gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde”.

    Trump por su parte hizo lo mismo y en la misma red social. En dos mensajes, dijo: “Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas POR EEUU EL lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. ¡Gracias!”

    Una parte del acuerdo dice: “Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.

    De inmediato surgieron preguntas: ¿Dónde esperarán? ¿Cuánto tiempo esperarán? ¿Qué harán las cortes de inmigración de Estados Unidos, que a finales de abril tenían 892,517 casos acumulados y solo 414 jueves se hallaban en servicio?

     

    Zona peligrosa

    “No hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido dse sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para todos los mexicanos”, agregó.

    La tercera semana de mayo Univisión Noticias reportó que, desde su implementación el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos.

    La mayoría de ellos fueron regresados a Tijuana, la ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal A.C.

    Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza. La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.

    Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra alcanzó los 132,887.

     

    La otra crisis

    El atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera. A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.

    Se trata de casos de inmigrantes en proceso de deportación que llevan tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas, carecen de antecedentes criminales y no representan un peligro para la sociedad.

    Sessions basó la decisión en las órdenes ejecutivas sobre las jurisdicciones santuario y el muro en la frontera con México, promulgadas por Trump el 25 de enero de 2017, donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos.

    Uno de los decretos, además, amplió la lista de prioridades de deportación, entre ellas los inmigrantes con orden de deportación.

    Sessions prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales. La orden provocó un problema cuyas consecuencias todavía no se conocen en su totalidad.

    El ahora exfiscal general y exsenador republicano por el estado de Alabama, dijo el año pasado que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que los jueces emplean desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

     

    Cifras alarmantes

    Si se toma como base la acumulación al 30 de abril registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

    Si se agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado a los 892,517 acumulados hasta finales de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Esto significa que los 424 jueces activos tienen, en promedio, 2,935 casos cada uno.

    Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que, en promedio, cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

    El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

    “Es solo la ultima de una serie de cambios de políticas implementadas que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”, agregó.

    A esta crisis, también hay que tener en cuenta las aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los dos últimos meses, abril y mayo, que suman 232,191.

    “No sabemos por ahora si el gobierno contratará nuevos jueces para atender los casos de estos inmigrantes que retornarán a México”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si contratan nuevos jueces, habrá que prepararlos y eso lleva tiempo. Y una vez que se instalen en sus cortes, deberán contratar personal, y eso también lleva tiempo y cuesta dinero”.

    “Ahora, si no contratan nuevos jueces y no habilitan nuevos tribunales, imagínese, esta crisis irá en aumento”, apuntó.

     

  • Trump presume de una gran victoria ante México; los críticos dicen que solo es un espejismo

    Por Stephen Collinson

     

    (CNN).10 de junio — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una nueva semana de colisiones constitucionales con los demócratas afirmando que obtuvo una gran victoria gracias a su estilo de liderazgo, esta vez sobre México.

    Pero al igual que con muchas de las victorias de Trump, hay dudas sobre si el acuerdo de inmigración se suma a un progreso real o si se trata de un espejismo conjurado para salir de otra crisis autofabricada.

    Trump reacciona con enojo ante las insinuaciones de que el acuerdo, concretado el viernes por la noche, es solamente un nuevo ejemplo de la realidad alternativa que a menudo evoca para sostener su presidencia y que este hará poco para resolver la emergencia en la frontera sur.

    La controversia sobre el acuerdo con México también refleja cómo una definición común de los hechos se ha vuelto imposible con un presidente que a menudo ha tratado de devaluar la moneda de la verdad.

    “Si el presidente Obama lograr los acuerdos que yo he logrado, tanto en la frontera como en la economía, los medios corruptos los considerarían increíbles y se declararía un feriado nacional de inmediato”, escribió Trump en Twitter el domingo.

    “Conmigo, a pesar de nuestra economía récord y todo lo que he hecho, ¡no hay reconocimiento!”.

    La disputa sobre el supuesto logro del presidente se produce cuando las difíciles relaciones entre Trump y los demócratas se disponen a un nuevo encuentro inevitable.

    Se espera que la Cámara de Representantes vote el martes para mantener en desacato al secretario de Justicia William Barr y al exabogado de la Casa Blanca Don McGahn, en una escalada adicional de un duelo sobre la separación de poderes.

    Y la enemistad de Trump con Nancy Pelosi se está acrecentando después de que ella dijera que quería verlo en la cárcel, un comentario que refleja la presión sobre la presidenta de la Cámara de Representantes por parte de los liberales que quieren un juicio político y el cual recibió una ardiente respuesta del Presidente.

     

    El veredicto sobre el acuerdo con México

    El domingo, los demócratas se subieron a un informe del diario The New York Times que decía que el acuerdo del viernes incluye principalmente compromisos hechos anteriormente por México en conversaciones con Estados Unidos en los últimos meses.

    Pero el presidente argumentó en Twitter que su intervención y su amenaza de imponer aranceles había sido fundamental para hacer que las promesas quedaran plasmadas en el papel.

    Tal vez en las próximas semanas, el acuerdo del presidente, alcanzado luego de exhaustivas conversaciones entre Estados Unidos y México en Washington mientras él se encontraba en Europa la semana pasada, resultará ser un avance significativo.

    Su argumento es que sus amenazas de nuevos aranceles obligaron a México a realizar un esfuerzo más firme para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y mitigará la crisis de la frontera sur que su administración no pudo controlar.

    Los conservadores sostienen que el acuerdo que evitó una revuelta republicana en el Senado es un golpe de estado de los medios de comunicación contra el impredecible arte de las tácticas negociadoras del presidente.

    En una columna de The Washington Post, el presentador de radio Hugh Hewitt acusó a los críticos de Trump de no ser capaces de “admitir que él jugó al póquer de alto riesgo y ganó una ronda sobre la seguridad fronteriza más de lo que pueden admitir que el presidente ofreció un magnífico tributo a los héroes de Normandía el jueves”.

    Trump retiró su amenaza de imponer aranceles del 5% en México a partir del lunes, que habrían aumentado en un 5% por mes hasta alcanzar el 25%, después de experimentar una fuerte oposición de los senadores del Partido Republicano.

    Una interpretación alternativa de los eventos del fin de semana — que ha recibido la furiosa respuesta de Trump en Twitter — es que el acuerdo con México consistió principalmente en salvar la imagen presidencial.

    Si ese es el caso, el Partido Republicano ahora está cerrando filas después de que senadores no ocultaran su consternación ante las amenazas arancelarias de Trump — su herramienta dominante de política exterior– la semana pasada.

    El senador de Missouri Roy Blunt, un promotor del libre comercio y nada fanático de los aranceles, incluso sugirió el domingo que el drama podría ayudar a resolver una guerra comercial aún más complicada contra un enemigo que parece mucho menos dispuesto a adaptarse a Trump que México.

    “Creo que la lección más grande aquí y el mensaje más grande aquí ahora no es para México sino para China”, dijo Blunt en CBS “Face the Nation”.

    “El presidente está claramente dispuesto a usar los aranceles y, de hecho, el presidente cree que los aranceles son una herramienta económica significativa y positiva”.

    No es sorprendente que Trump se enfrente a un escepticismo generalizado por su presunción de victoria, ya que tiene un historial de escalar crisis de forma impulsiva y luego “resolver” los problemas que él mismo causó.

    El presidente ha promovido varios acuerdos comerciales, con Corea del Sur, Canadá y México, como cambios completos a partir de los pactos existentes, pero los críticos argumentan que solo consiguió cambios cosméticos.

    El año pasado, Trump proclamó un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea después de haber retirado sus amenazas de imponer nuevos aranceles sobre los automóviles. En realidad, las dos partes acordaron negociar un acuerdo que aún está por materializarse.

    A principios de este año, el presidente también amenazó repetidamente con cerrar la frontera con México si no lograba detener los flujos de migrantes, antes de retroceder en medio de las críticas internas.

    Se le había advertido a Trump que el cierre de la frontera con México, el tercer socio comercial más grande de EE. UU., podría causar un desastre económico para el país, un alza en los precios que pagan los estadounidenses por productos básicos como frutas y verduras y escasez en los supermercados.

     

    Las dudas sobre el acuerdo

    Dada la escasez de detalles sobre el acuerdo del viernes, es difícil evaluar qué tan efectivo podría ser.

    The New York Times informó que el plan de México para desplegar su Guardia Nacional, una fuerza mucho menos potente que su equivalente en Estados Unidos, para detener a los migrantes ya se había acordado en marzo. Y que la expansión de un programa para mantener a los solicitantes de asilo en México mientras se procesan sus solicitudes ya se había anunciado en diciembre, según el periódico.

    Los críticos argumentan de manera efectiva que el presidente estaba tratando de desviar la atención de Estados Unidos y, lejos de resaltar sus habilidades, expuso la inutilidad de su enfoque.

    “Lo que el presidente ha hecho es mencionar lo que, de hecho, en muchos aspectos México ha acordado hacer hace muchos meses”, dijo el senador Bernie Sanders, un aspirante demócrata a la Casa Blanca.

    “Creo que de lo que todo el mundo está cansado y de lo que yo estoy cansado, es de un presidente que constantemente va a la guerra, guerra verbal con nuestros aliados, ya sea México o Canadá”, dijo Sanders en “State of the Unión”.

    Otro candidato demócrata, el exrepresentante de Texas Beto O’Rourke, dijo que Trump había “exagerado por completo lo que reportó haber logrado”.

    “Podrían haber acelerado el cronograma, pero en general el presidente no logró nada, excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tiene Estados Unidos”, dijo O’Rourke en ABC News “This Week”.

    El acuerdo del viernes tampoco parece apuntar a las causas profundas del éxodo humano — la violencia y la anarquía en Centroamérica — aparte de una redacción vaga sobre un mayor rol de Estados Unidos.

    Trump ya ha dicho que recortará cientos de millones de dólares en ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala acusándolos de no hacer nada para detener la crisis migratoria.

    Y Martha Bárcena, embajadora de México en EE. UU., se negó a confirmar la afirmación que hizo Trump en Twitter de que el gobierno mexicano había aceptado comprar grandes cantidades de productos de inmediato a “NUESTROS GRANDES AGRICULTORES PATRIOTAS”.

    La embajadora dijo en “Face the Nation” simplemente que el comercio aumentaría en ausencia de nuevos aranceles y bajo el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que contradice indirectamente el tuit del presidente.

     

    De cualquier manera, Trump tiene una carta para 2020

    En un sentido político, puede que en realidad no importe mucho si el acuerdo con México conlleva un genuino avance, un signo de la realidad distorsionada de la era política actual.

    El presidente ha pasado el fin de semana presumiendo la victoria, ofreciendo material nuevo para sus porristas conservadores y desacreditando las críticas a su esfuerzo como evidencia del sesgo de los medios.

    Si en pocos meses se soluciona la crisis fronteriza, Trump puede llevarse merecidamente una nueva ronda de aplausos en sus mítines de campaña y presumir de una reivindicación de sus políticas de línea dura.

    Afirmará que ha cumplido con sus predicciones de tener una presidencia que arregle las cosas y que está acumulando acuerdos para el pueblo estadounidense.

    Pero si queda claro que el trato con México fue un fracaso, Trump puede acudir de nuevo al pozo de la política fronteriza sabiendo que la retórica inflamatoria sobre los inmigrantes y los ataques a México alimentan la agitación en su base política, lo que necesita rumbo a 2020.

    “Siempre podemos volver a nuestra anterior y muy rentable posición sobre los aranceles. Pero no creo que sea necesario”, escribió Trump el domingo, acusando a los medios de comunicación que plantean dudas sobre el acuerdo de querer ver fracasar a Estados Unidos.

  • El pastor que hace llorar a los niños: así son los sermones del arrestado líder de la iglesia La Luz del Mundo

    Varios videos publicados en YouTube muestran el fanatismo de los fieles de esta congregación y la devoción incondicional que le expresan a su dirigente, quien ahora está preso en Los Ángeles esperando para ser juzgado por abuso sexual de menores, pornografía infantil, violación, conspiración y varios delitos graves.

    ISAIAS ALVARADO

     

    9 de junio del 2019- "Después de la batalla Dios coronará, Dios nos coronará". Las voces infantiles retumban en el imponente templo de La Luz del Mundo en Guadalajara. El canto llena cada rincón de este recinto de 80 metros de alto y con capacidad para más de 1,500 personas. Afuera hay muchos más, son miles, la mayoría niños.

    Ellas se cubren la cabeza con velos de colores y con estos secan sus lágrimas cuando escuchan la voz de un hombre anunciando la llegada del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García. " Toda la niñez se vuelca al hombre elegido por Dios", se escucha en el templo. "Aquí viene, alégrate niño".

    García, quien viste un traje color café, entra al recinto al estilo de una estrella de rock.Mientras camina va saludando con una sonrisa a los menores, que se apretujan para tratar de tocarlo. "Aquí está el que los ama y él está viendo que ustedes lo aman", continúa el anunciante y lo describe como "tu general", "el varón de Dios" y "el ungido de Jehová".

    Los niños esperan ansiosos escuchar al pastor después de una caminata que realizan cada año por las calles de Guadalajara. Sus expresiones no son menos desbordadas que las de sus padres: lloran, agitan las manos y gritan después de cada frase de su líder religioso.

    Este evento, que ocurrió en 2016, es uno de tantos registrados en video y subidos a 

     conspiración y una larga lista de delitos graves.

    En aquel discurso, García saludó a los más pequeños fieles de su iglesia con un versículo bíblico: "Dejad a los niños venir a mí (sic), porque de ellos es el reino de los cielos".

    Cuando les dijo que su sermón sería breve porque seguramente estaban cansados por el recorrido a pie, los niños le respondieron con un emotivo "noooo" y movieron las manos insistiendo que querían seguir escuchándolo.

    Luego, el pastor expresó a todo pulmón, como si fuera un político en el cierre de una campaña electoral, que cuando ellos cumplieran 18 años ayudarían a multiplicar "los batallones" de su congregación, ya extendida por todos los continentes. "Entonces, como dice la alabanza, ‘que tiemble el averno y que se llene de pavor’. Esta niñez se está preparando", advirtió frente a una multitud que no paraba de llorar.

     

    El mismo tono tenía el sermón que quedó registrado en otro video 

     Fue otro evento lleno de niños en 2018.

    – "¿Cuántos años te vas a dedicar a dar testimonio de esta iglesia del Señor? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años?", cuestionó el pastor. 
    – "Noooo", respondieron los pequeños. 
    – "¿La vida que el Señor te conceda la vas a dedicar para dar testimonio de este evangelio?", preguntó. 
    – "Sííííííí", contestaron al unísono. 
    – "¿Y si para otros no soy apóstol, niñez de la iglesia del Señor, ¿para vosotros sí lo soy?" 
    – "Síííííí". 
    – "El mundo me va a seguir queriendo detener ¿Me tengo que preocupar?" 
    – "Nooooo".

     

    Una "experiencia religiosa intensa"

    Son algunos niños de esta congregación evangélica los que se volvieron víctimas de Naasón Joaquín en el condado de Los Ángeles, según una acusación de la Fiscalía General de California, la cual cree que hay más víctimas en otros lugares que aún no se han atrevido a denunciarlo.

    Al momento, tres niñas y una mujer aseguran que este hombre y sus tres presuntas cómplices, todas mujeres jóvenes, las obligaron a desnudarse, realizar actos sexuales y dejarse fotografiar mientras lo hacían.

    Con más de 90 años de antigüedad, en el seno de este culto religioso han nacido y crecido miles de niños. Los que viven en 'Hermosa Provincia', la colonia de Guadalajara donde se encuentra su templo principal y en la cual radican muchos de sus fieles, reciben clases en las escuelas que administra la congregación. Todos los días, ellos caminan por calles con nombres bíblicos, como Jordán, Jericó y Getsemaní.

    Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Virginia Commonwealth University, explicó al diario Los Angeles Times que La Luz del Mundo ha sido dirigida como un "culto a la personalidad", en el cual Naasón Joaquín "asumió roles divinos, diciendo que no podía ser juzgado, que era como un rey".

    Para sus críticos, solo un nivel alto de fanatismo explicaría por qué mientras la iglesia católica sigue perdiendo fieles aceleradamente desde que surgieron los escándalos de abuso sexual, La Luz del Mundo extendió su presencia en 58 país y alcanzó una membresía de más de cinco millones de feligreses a pesar de que las acusaciones contra sus tres grandes pastores se han escuchado desde hace varios años.

    Del padre de Naasón Joaquín, Samuel Joaquín, quien estuvo a la cabeza de la congregación por cinco décadas hasta su muerte en 2014, varios afirmaron haber sido víctimas de violaciones sexuales siendo menores. Hablaron ante la prensa, pero él jamás enfrentó un proceso penal en ningún lado.

    "La iglesia ofrece un tipo de experiencia religiosa bastante catártica, intensa; las oraciones que se efectúan en sus templos o fuera de ellos llevan a un estado de verdadera exaltación individual y colectiva", explicó Fabián Acosta, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, a la agencia EFE.

    Mientras que Ángela Renée de la Torre, académica del Centro Investigaciones en Antropología Social de Occidente, describió a este culto en su libro 'Los hijos de la luz' como un movimiento religioso de tipo pentecostal "debido a sus creencias fincadas en los dones y carismas del Espíritu Santo".

    Los miembros de esta organización deben sujetarse a un estricto código de conducta, que exige a las mujeres vestir faldas hasta los tobillos y velos. Otra norma es acudir a sus templos tres veces al día. Los horarios de los rezos son 5:00 am, 9:00 am y 6:00 pm. Por eso muchos viven cerca de estos recintos.

    "Asistir a la iglesia es vital en nuestra vida rutinaria", explicó Cesia Minemann, una vocera de la iglesia en Los Ángeles, en una entrevista con Univision Noticias. "Trabajamos, estudiamos, las amas de casa cuidan del hogar, pero al comenzar y al terminar el día nosotros oramos", agregó.

    Ella dijo que la vestimenta que se exige a las mujeres es "pudorosa" y para "agradar a Dios".

    Varios sermones de Nassón Joaquín 

     dictan al pie de la letra qué deben hacer los miembros de su iglesia para "ganar la salvación". En un video publicado en diciembre de 2018, él hablaba sobre el "libertinaje" del mundo y el "desenfreno" de los jóvenes.

    "Este cuerpo sigue viviendo en el mundo con estas tentaciones, con estos peligros, con estas provocaciones de Satanás", advirtió el pastor.

    A decir del fiscal estatal, Xavier Becerra, el líder de La Luz del Mundo no predicaba con el ejemplo; y le falló a las leyes de California "y a las de Dios".

  • Los rostros de "Venesolanda", la capital de Venezuela en Quito

    Solanda o Venesolanda, como ya lo llaman algunos, es un de los barrios populares más poblados de Quito. Los venezolanos más pobres alquilan allí casas minúsculas que casi siempre comparten con otros y trabajan en la economía informal del Mercado Mayorista, que les permite pellizcar unos cuantos dólares.

    SORAYA CONSTANTE

     

    QUITO, Ecuador. 9 de junio del 2019- Hay barrios que empiezan a ser refugio de los venezolanos en Quito. Uno de ellos es Solanda o Venesolanda, como ya la llaman algunos.

    Está al sur de la ciudad y en el pasado también acogió a colombianos, cubanos y a migrantes internos del país. Es uno de los barrios con mayor densidad poblacional, se calcula que tiene más 100,000 habitantes, aunque el diseño original de los años 70 fue pensado para 20,000.

    Los dueños de estas casas, que se construyeron dentro de un plan populista llamado "Pan, techo y empleo", modificaron las viviendas para alquilar una parte de ellas. Los venezolanos llegan a Solanda buscando esos espacios mínimos, que se alquilan entre los 150 y 250 dólares, y casi siempre los comparten con otros.

    También llegan atraídos por economía informal que está instalada en el sector y que les permite pellizcar unos cuantos dólares “haciendo el semáforo” (vendiendo caramelos, frutas, empanadas o tabacos los conductores en los semáforos), o trabajando como “caleteros” o cargadores en el Mercado Mayorista, la mayor despensa de Quito, que también es parte de Solanda.

     

    Las empanadas de los Morris

    Antonio Morris, su esposa Luz Marina y sus tres hijos son parte de esa Venesolanda que lucha por salir adelante. Llevan ocho meses en el barrio y aunque tuvieron mala suerte con la primera casera, que les cobró una cifra absurda por el consumo de agua, ahora viven en un piso que les alquila un ecuatoriano que emigró a Estados Unidos y ha empatizado con ellos.

    Los Morris vivían de lo que Antonio ganaba vendiendo limones en un semáforo, pero ahora venden empanadas a sus paisanos en el Mercado Mayorista. Su rutina empieza a las 3:00 de la mañana, porque las empanadas tienen que estar listas para el desayuno, y termina 12 o 14 horas más tarde cuando venden las 25 o 30 empanadas que preparan cada día.

    “Esto es duro, pero cuando quiero desmayar golpeó con fuerza la masa y digo por mis hijos, por el alquiler, por la visa…”, cuenta Luz Marina. Antonio también tiene lo suyo porque los vendedores de comida del mercado lo miran con recelo y en más de una ocasión le han dicho que se vaya a su país. “Sé que estoy trabajando honradamente, por eso siempre les respondo con educación y no dejo que me provoquen”, dice.

    La meta de los Morris es arreglar sus papeles, buscar colegio para sus hijos y abrir un pequeño negocio en Solanda. Todavía no saben cómo alcanzarán este último objetivo, pero ya han decidido el nombre del local: “Las empanadas de la abuela”, porque la idea de hacer empanadas se le ocurrió a la madre de Luz Marina que acompañó a la familia en el viaje a Quito y luego se regresó a Valencia, de donde salieron todos.

     

    Douglas carga papas a cambio de centavos

    Douglas Romero es parte de la población venezolana que trabaja en la gran despensa de Quito. Dio con el Mercado Mayorista porque otro venezolano le dijo que en el sur de la ciudad había un mercado como el Mercado Mayor de Coche, en Caracas, y que se trabajaba igual. Le aconsejaron ir a la medianoche y empezó cargando frutas y verduras.

    “Vienen camiones pequeños que te llevan por todo el mercado haciendo las compras y te dan unos cinco o siete dólares y el desayuno”, cuenta. De eso ya han pasado seis meses y ahora trabaja de “caletero” en la sección de papas: carga sobre su espalda los quintales de papas que otros compran y recibe 10 centavos por cada bulto. También le ocupan para clasificar o “clasear” las papas por 35 centavos el quintal.

    Según sus cálculos es mejor trabajar allí, aunque literalmente se parta la espalda. Poco antes de dar esta entrevista se ganó 90 dólares por dos días de trabajo en los que tuvo que clasificar 200 quintales de papas y luego subirlos a un camión.

    Este muchacho de 22 años, que no alcanzó a terminar la carrera en su natal Guárico, carga hasta dos quintales de papas en su espalda. “El trabajo es duro, por eso no lo quieren los ecuatorianos, pero nosotros vinimos a trabajar”, dice con una sonrisa en la cara.

    Sus otros dos hermanos mayores también están en Quito y han aparcado sus profesiones para trabajar en fletes de mudanza y en la hostelería. Solo uno de ellos ha conseguido arreglar su condición migratoria y ha conseguido traer a sus hijos. El resto se concentra en trabajar y apartar unos 20 o 30 dólares cada semana para enviar a sus padres en Venezuela.

     

    El hijo de ecuatorianos que volvió de Venezuela

    Rodolfo Yépez es uno de los primeros venezolanos que se asentó en Solanda. Llegó al barrio porque es comerciante y empezó a ganar sus primeros dólares vendiendo productos de belleza. Pero aunque él se jura venezolano, en papeles es ecuatoriano: nació en Guayaquil y emigró con sus padres a Venezuela cuando tenía dos años. Pero este hecho no cambia lo que él siente.

    “Mi esposa es venezolana, mis hijos son venezolanos, yo me siento venezolano”, asegura. La ventaja de tener papeles ecuatorianos, sin embargo, le abrió algunas puertas, sobre todo, a la hora de emprender. Llegó hace tres años y hace dos abrió una peluquería que lleva el nombre de su último hijo, Sebas.

    No lo hizo solo, contó con su familia y un grupo de amigos venezolanos que decidieron impulsar una opción de autoempleo para ellos mismos y se apoyaron en una organización eclesial llamada Misión Scalabriniana.

    La peluquería ganó fama en el barrio porque auspició a un equipo de basketball, formado por venezolanos y ecuatorianos, que ganaron el campeonato del barrio del año pasado. Este año, el equipo defiende el título y acaba de pasar a semifinal. Cuentan con un profesional del basketball, José Mejía, que jugó 18 años por Venezuela.

    “Es talento venezolano como muchos que han venido a este país”, dice Rodolfo y añade que en el grupo que frecuenta la peluquería hay muchos profesionales, pero casi nadie trabaja en lo suyo.

    Lo peor para los migrantes, a su juicio, es la explotación laboral. “Aquí lo malo es que hay mucho desempleo y se hace duro conseguir algo fijo, hay mucha gente que se aprovecha de eso y explota a los extranjeros. Yo he oído muchas historias, venezolanos que trabajan 15 días o un mes y no les pagan, les dicen que estaban a prueba y ellos no tienen a quién reclamar”.

     

    Ecuador no es un país para migrar

    El gobierno ecuatoriano en las últimas semanas ha hablado de la imposición de una visa humanitaria para los venezolanos, en sintonía con los países vecinos.

    El canciller de Ecuador, José Valencia, dice que a mayo de este año hay 277,000 venezolanos que viven en Ecuador, pero la cifra real podría superar los 300,000 si se toma en cuenta que muchos pasaron por trochas cuando el gobierno ecuatoriano impuso la obligatoriedad de presentar en frontera el pasaporte vigente y el pasado judicial apostillado. Esta medida duró casi dos meses debido a la apelación que hizo la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional.

    Esos mismos documentos, sin embargo, son requisitos para la visa y retrasan el proceso porque no son fáciles de tramitar. Según el canciller, apenas se han expedido 113,000 visas y hay otras 60,000 en trámite.

    Para Javier Arcentales, abogado especialista en movilidad humana, la exigencia de esos documentos es una barrera normativa. “Sabemos de la dificultad que tiene la población venezolana para acceder a su propia documentación, sabemos que la población viaja sin documentos”.

    Otra barrera normativa son las las tasas de pago para las visas o las multas. El costo normal por la visa Unasur es de 250 dólares, pero si la solicitud no se hace en los primeros 180 días de estancia se genera una multa de 788 dólares (dos salarios básicos) que se debe pagar para continuar con el trámite.

    La falta de papeles arroja a los venezolanos a la informalidad, al trabajo en las calles y a enfrentamientos con otros trabajadores ambulantes. También genera explotación laboral. Un estudio hecho en barrios populares del norte de Quito por la académica Daniela Celleri señaló que un 87% de los 3,000 migrantes consultados gana menos del salario básico (396 dólares).

    De eso ya han dado cuenta las organizaciones de migrantes, pero las autoridades no sancionan estas prácticas. Daniel Regalado de la Asociación Venezuela en Ecuador dice que a través de sus redes sociales conocen entre 15 y 20 casos diarios de explotación laboral.

    “La explotación ha sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo, pero esta dependencia no ejerce una función sancionadora real, sino mediadora. Al explotado no le dan la razón jamás aunque presente fotos, videos y notas de voz. El explotador se limita a decir que no lo conoce y hasta allí llegamos”.

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