Indianapolis, Indiana. .
January 24, 2019

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) extiende a partir de este lunes la capacidad de los funcionarios de inmigración para negar o cancelar visas a personas que hayan solicitado beneficios públicos tales como Medicaid, programa de alimentación para niños o las estampillas de alimentos.

JORGE CANCINO

 

19 de noviembre del 2018- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) extiende a partir del lunes la capacidad de los funcionarios de inmigración para negar o cancelar visas a personas que hayan solicitado beneficios públicos tales como Medicaid, programa de alimentación para niños o las estampillas de alimentos.

La medida forma parte de la implementación por parte de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) del Memorando de Políticas fechado el 28 de junio, relacionado con las Notificaciones de Comoparecencia (NTA) anticipado por Univision Noticias.

“La USCIS continúa implementando el Memorándum, la guía actualizada para la remisión de casos, y la publicación de notificaciones de comparecencia (NTA) en casos que involucren a extranjeros inadmisibles y deportables”, se lee en un documento publicado por la agencia.

Entre los migrantes más puede afectar la medida estan los que piden las protecciones de las visa U y T (para víctimas de violencia doméstica y crímenes). Así, recibirán una Notificación de Comparecencia (NTA) para que acudan ante un juez de inmigración y enfrenten un proceso de deportación de Estados Unidos.

“A quienes se les niegue un trámite y estén acumulando presencia ilegal en el país, los casos serán remitidos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Uno de los grupos más afectados serán aquellos inmigrantes que solicitan la Visa tipo U, para víctimas de violencia doméstica, y la visa Tipo T, para víctimas de crímenes que colaboran con las autoridades”, agregó. El abogado añadió que la medida supondrá que “ ya no pedirán estas protecciones por miedo a que les rechacen las solicitudes y sean puestos en proceso de deportación”.

“Y cuando los agresores se enteren, seguirán actuando libremente”, advirtió.

 

Qué dice la regla

“A partir del 19 de noviembre, la USCIS puede emitir Notificaciones de Comparecencia en base a los rechazos de formularios I-914 e I-914 (Solicitudes de estatus de no inmigrante T) y peticiones para los formularios I-918 e I-918ª (peticiones para estatus de no inmigrante U)”, dijo la agencia.

Las NTA también serán enviadas en caso de rechazo de un formulario o petición I-360 (viudos de ciudadanos estadounidenses) y formulario I-929 (petición para un miembro familiar calificado de inmigrante especial no inmigrante bajo la visa U.

La regla también afecta las peticiones I-730 para Refugiados/Asilados y los formularios I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus) cuando el beneficiario esté presente en los Estados Unidos, así como el formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estado) archivado junto con estos tipos de formularios subyacentes”, indica la agencia federal.

" Esta nueva regla no quita el derecho de apelación de estas personas", dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. "Pero los coloca en una situación precaria, sobre todo a quienes piden el amparo de una visa U o T", precisa.

 

Proceso de deportación

Si las solicitudes de peticionarios, beneficiarios o autopeticionarios son denegadas, “ya no están en un período de estadía autorizada. Y si no salen de Estados Unidos, la USCIS puede emitir una NTA”, advierte la agencia.

El memorando muestra además que la USCIS “ continuará enviando cartas de rechazo para estas solicitudes y peticiones para garantizar un aviso adecuado con respecto al periodo de estadía autorizada, verificar el cumplimiento de los viajes o validar la salida de los Estados Unidos”.

La agencia dijo que la política de notificaciones para los formularios I-485 y I-539 rechazados se implementó a partir del 1 de octubre.

Indicó además que “continuará dando prioridad a los casos de personas con antecedentes penales, fraude o inquietudes de seguridad nacional para la remisión de procedimientos de deportación”. Y señaló que, en estos casos, “continuará usando discreción al emitir una NTA”.

 

Casos pendientes

De acuerdo con datos de la USCIS, al término del año fiscal 2018, la agencia tenía acumuladas 218,078 peticiones de visa U. Por mandato del Congreso, el gobierno federal solo puede otorgar un máximo de 10,000 de estas visas por cada año fiscal.

La agencia explica que la visa U “está reservada para las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y brindan ayuda a las agencias de orden público y oficiales gubernamentales en la investigación o prosecución de actividades criminales.

En cuanto a la visa T, al término del año fiscal 2018 la USCIS tenía pendientes de resolver 3,265 solicitudes de protección.

El estatus de no inmigrante T, explica la agencia, “es un beneficio temporal que permite que algunas personas que han sido víctimas de una forma severa de trato humano, permanezcan en Estados Unidos durante un máximo de 4 años si han ayudado a las agencias de orden público en una investigación o procesamiento de actos de trata de personas”.

Los beneficiarios son elegibles para obtener una autorización de empleo. El Congreso creó este estatus en el año 2000 como parte de la Ley de Protección a Víctimas de Trata de Personas y Violencia.

 

Fallo de la Corte Suprema

En junio la Corte Suprema de Justicia dictaminó que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación (Notificaciones de Comparecencia, NTA) “no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia” en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para seguir en el país.

La decisión constituyó una victoria para miles de inmigrantes que luchan contra sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en EEUU , explicaron abogados consultados por Univision Noticias.

La corte señaló que, al no detenerse el reloj al momento de la presentación de cargos, los inmigrantes “podrán cumplir con el requisito de tiempo de permanencia para evitar ser deportados”.

“Generalmente cuando se inicia el proceso de deportación, una persona recibe cargos formales de deportación y en ese momento se congela el tiempo de permanencia”, explicó Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Muchas personas necesitan tiempo físico ininterrumpido de vivir en Estadios Unidos para poder calificar a beneficios que les permiten quedarse y recibir la residencia legal permanente (green card) y con ello evitar la expulsión”, agregó.

El 28 de ese mes el DHS ajustó su política de notificaciones, que ahora extiende al grupo de inmigrantes que pide las protecciones de visas U y T, medida que entrará en vigor a partir del 19 de noviembre.

Tuvieron que pasar unas tres décadas para que finalmente se disolviera la sociedad delictiva que puso en jaque a los gobiernos de México y EEUU. Dos miembros de la familia Zambada ahora son testigos clave en el juicio contra Joaquín Guzmán, mientras que los abogados del capo alegan que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es el prófugo Ismael ‘El Mayo’.

ISAIAS ALVARADO

 

18 de noviembre del 2018- Pasar casi dos años en la “cámara de tortura”, como le dicen por el trato duro a la zona más segura de la prisión federal Metropolitan Correctional Center de Manhattan, le ha pasado factura a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La defensa en su juicio por narcotráfico ya ha mostrado que el capo está dispuesto a darle la espalda a sus socios, pero aún no está claro si llegaría a convertirse en el más grande informante que jamás ha tenido el gobierno de EEUU desde el inicio de la guerra contra las drogas en 1971.

‘El Chapo’ no hizo ningún gesto el martes en el inicio de su proceso judicial en una corte de Brooklyn, cuando su abogado Jeffrey Lichtman aseguró que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien lleva más de 50 años siendo narco, pero jamás ha estado en una cárcel. Durante esa fría tarde neoyorquina se acabó una vieja sociedad criminal que mantuvo en jaque a México y EEUU desde principios de la década de 1990.

“El mundo está enfocado en esta figura mítica, pero el mundo no está enfocado en ‘El Mayo’”, reclamó Lichtman poco después de soltar una bomba mediática: afirmó que Zambada entregó sobornos a los presidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa para evitar su captura.

Mientras se escuchaba este argumento incendiario, Guzmán parecía que estaba más preocupado por verificar que su esposa Emma Coronel seguía en la segunda fila del tribunal. Lichtman también dijo que ‘El Chapo’ era un simple lugarteniente de la organización que “no controlaba nada” y que disfrutaba de la “publicidad” que le daban los noticieros y el artículo que escribió el actor Sean Penn para la revista Rolling Stone.

Siendo adolescente, Guzmán fue reclutado por el jefe del cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, y después de que éste fue arrestado en 1989 él fundó junto con ‘El Mayo’; Amado Carrillo Fuentes, alias ‘El Señor de los cielos’; y Juan José Esparragoza, ‘El Azul’, un grupo criminal que llamaban ‘La Federación’ y que terminó siendo el poderoso cartel de Sinaloa.

Cuando ‘El Chapo’ y su socio ‘El Mayo’ tomaron las riendas lograron que el grupo extendiera sus tentáculos recibiendo, transportando y cruzando a EEUU grandes cantidades de cocaína colombiana. También contrabandearon heroína, marihuana y metanfetamina.

Avionetas, lanchas, barcos, trenes, túneles, camiones de carga, autos y personas que pasan paquetes pegados al cuerpo (“mulas”), son algunos de los métodos que ha utilizado este par para burla a las autoridades. Por ellos, el cartel de Sinaloa se volvió el grupo que ha traído más droga a este país.

 

Los excompadres del crimen

“Eran socios”, aseguró el hermano de ‘El Mayo’, Jesús Zambada, hasta ahora el principal cooperante del gobierno en el juicio contra Guzmán. Su testimonio hundió la estrategia de la defensa. “Era una relación de trabajo, en una sociedad de transportación de cocaína, de narcotráfico”, agregó quien se encargaba de las cuentas de Zambada y de las operaciones del cartel en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“Yo manejaba las bodegas en la Ciudad de México, donde recibía cargamentos de cocaína por mi hermano ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán Loera. Estos cargamentos eran de alrededor de 5, 6, 7 toneladas”, dijo este hombre al que apodan ‘El Rey’. Él aceptó testificar en este caso para que no lo condenen a cadena perpetua por narcotráfico y para que su familia esté en el programa de testigos protegidos.

"¿Cuál es el mayor cargamento sobre el que usted tiene conocimiento que tuvieron ‘Mayo’ y el acusado?", preguntó una fiscal federal el jueves.

“Una vez me enteré que planeaban traer un cargamento de Panamá; venía en un barco mercante e iba a ser de 30 toneladas”, relató Zambada.

"¿’Chapo’ y ‘Mayo’ compartían recursos?", cuestionó la fiscal.

“Totalmente”, contestó categórico.

Usando un sofisticado sistema de comunicación, estos criminales controlaban al menos 11 estados de México, incluyendo tres que colindan con EEUU. Solo ellos podían ordenar asesinatos de enemigos y traidores. A menudo invertían juntos en operaciones de tráfico de droga y se repartían las ganancias de manera tan equitativa que jamás salieron mal, según Zambada.

‘El Mayo’ no le dio la espalda a su compadre ni siquiera durante los ocho años en que estuvo en el penal de Puente Grande, en Jalisco, tras su captura en Guatemala en 1993. Según ‘El Rey’, su hermano fue uno de los que planificaron su escape en 2001 en un carrito de lavandería y el que le ofreció todo lo que tenía a su alcance, incluyendo sus contactos dentro de las agencias de gobierno, para que este evadirá la recaptura. También lo ayudó a subir nuevamente en el mundo del hampa.

“Mi hermano le dijo: vámonos a Sinaloa, yo tengo el control allá, vamos para tu tierra”, contó Zambada sobre una de las reuniones de este par tras la primera fuga. “Siempre que se refería a él decía ‘Mi compa Chapo’”, relató Zambada.

 

¿Por qué ‘El Mayo’ sigue libre?

Si Guzmán acepta volverse informante del gobierno de EEUU, la pregunta es qué tanta información ofrecería para lograr el arresto de Zambada y si se le vería testificando en su contra en un tribunal.

Por el momento, sus abogados tienen que lidiar con los embates de los Zambada. La siguiente carta de la Fiscalía sería Vicente Zambada Niebla, alias 'El Vicentillo'. El primer hijo de ‘El Mayo’ y quien se encargó de la logística del cartel, ha colaborado en la investigación contra ‘El Chapo’. Él fue extraditado en 2010. El pasado 9 de noviembre se declaró culpable de tráfico de drogas en una corte de Chicago.

En el otoño de 2011, antes de aceptar ser informante, los abogados de ‘El Vicentillo’ lanzaron el primer embate contra ‘El Chapo’: denunciaron que la Administración para el Control de Drogas (DEA) había hecho un trato secreto con este para que les diera información sobre rivales a cambio de inmunidad. Es el primer antecedente de que en las prisiones de EEUU se rompe la sociedad Guzmán-Zambada.

Es muy posible que ‘El Chapo’ conozca los lugares donde se esconde su socio y otras informaciones que facilitarían su captura. ‘El Mayo’, sin embargo, ha demostrado que es un hueso duro de roer. Incluso ha dicho que prefiere morir en un enfrentamiento a balazos que terminar bajo custodia.

“Tengo pánico que me encierren”, dijo el capo en una entrevista que en 2010 le hizo el periodista Julio Scherer, fundador de la revista Proceso. “El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo (…) conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo”, mencionó el mafioso sobre una de las razones por las cuales jamás lo han atrapado.

Expertos mencionan que otros motivos son el ejército de sicarios que lo cuida, su extrema precaución por la cual no se queda en el mismo lugar durante una semana, el moderno sistema de comunicación que usa y a los sobornos que entrega a varios oficiales de gobierno. A decir de su hermano, el brazo corruptor de ‘El Mayo’ ha tocado incluso gobernadores, fiscales y generales.

“Me decía: ‘dale medio millón de dólares al licenciado que le va a dar al director (sic) de la PGR (Procuraduría General de la República)’ o ‘dale otros 50,000 dólares al general”, relató.

Por la cabeza de este capo al que también le dicen ‘El MZ’, por las iniciales de su nombre, el gobierno de EEUU ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. Su ficha informática indica que tiene 70 años, mide 5.9 pies y advierte que está “armado” y que es “peligroso”.

El Departamento del Tesoro lo cataloga desde 2002 como un pez gordo del narcotráfico y puso en su lista negra a varias empresas suyas, incluyendo inmobiliarias, industrias y distribuidoras de combustible.

En su contra pesan seis acusaciones interpuestas en California, Texas, Illinois, Washington DC, Nueva York y Arizona. La más antigua data de 1997.

En la corte de Brooklyn se mostraron esta semana las únicas dos fotos de ‘El Mayo’ que tiene el gobierno estadounidense. La más antigua lo muestra en la edad madura y sin bigote; se la sacó para tramitar un pasaporte, contó su hermano. La más reciente se la tomaron en 2010 para verificar la entrevista de Scherer. En esa imagen tiene un bigote amplio, una gorra negra y una camisa desgastada. A sus espaldas estaba “el monte” que lo protege desde hace más de medio siglo.

 

Yemeli Ortega,lanacion.com 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- En la sombra, tras bambalinas del espectacular juicio contra el Chapo Guzmán en Nueva York, su hegemónico Cartel de Sinaloa maquina un jaque mate en el ajedrez del narcotráfico en México: tras lograr someter a su poderosísimo rival, el Cartel Jalisco Nueva Generación... ahora podría unírsele.

Los reflectores del mundo están puestos sobre el mayor proceso por narcotráfico en la historia de Estados Unidos, que durante meses dilucidará el Chapo, considerado el capo más peligroso del mundo, es culpable del envío de 155 toneladas de cocaína a territorio estadounidense durante un cuarto de siglo, de posesión de armas y lavado de dinero.

Cofundador del trasnacional Cartel de Sinaloa, el Chapo, de 61 años, se juega la cadena perpetua.

Pero este maestro de las cortinas de humo, protagonista de dos espectaculares fugas de prisiones de máxima seguridad en México, podría tener un as bajo la manga lejos de este juicio de costo multimillonario, y que se desarrolla bajo extrema seguridad y secretismo.

"La captura y extradición de Guzmán fue bueno para la justicia mexicana y de Estados Unidos, pero en realidad es más simbólico porque el Cartel de Sinaloa sigue siendo el más potente del mundo", gracias al liderazgo del también cofundadorIsmael "el Mayo" Zambada, último capo veterano en México, comentó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la agencia estadounidense antidrogas DEA.

Javier Oliva, investigador en temas de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en que "ese juicio realmente parece más un espectáculo que algo de fondo".

Mientras no se realice una "fiscalización de dinero, los juicios no tienen mucha utilidad. La esposa, los hijos, los cómplices podrán seguir usando las decenas de millones de dólares que dejó este delincuente", añadió.

 

Sinaloa avanza sus peones

Aunque la extradición del Chapo debilitó al Cartel de Sinaloa en un principio, la DEA asegura en su última Evaluación de Amenazas Nacionales por Narcóticos que nuevamente "mantiene el mayor dominio en Estados Unidos", mientras que el rival que le viene pisando los talones, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), "ha expandido significativamente su presencia en los últimos años".

Considerando que "los hijos del Chapo son unos juniors que nunca trabajaron en su vida y no saben hacer ese negocio", Zambada ha podido imponerse hasta ahora sin mucho afán al frente del Cartel de Sinaloa, explica Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

En contraste, el CJNG de Nemesio Oseguera-alias el Mencho- padece una cruenta lucha intestina, que ha debilitado el vertiginoso avance que logró a punta de extrema violencia y un temible arsenal que incluso derrumbó un helicóptero militar.

Quien fuera el brazo derecho del Mencho, Carlos Enrique Sánchez -alias el Cholo-, conspira para quedarse con el trono del sanguinario cartel, asegura Vigil.

Sánchez "se ha aliado con el Cartel de Sinaloa, que lo está apoyando con fondos y con sicarios para que pelee contra el Mencho y entonces, si logra obtener el liderazgo, se va a aliar con el cártel de Sinaloa. Lo va a tener que hacer para poder sobrevivir", explica.

Durante esta guerra interna, Sinaloa aprovechará para también arrebatarle a su rival un máximo de territorio. Así, sea cual sea el desenlace de la guerra entre el Mencho y el Cholo, ya "es beneficio para el cártel de Sinaloa", subraya Vigil.

 

Capo zen

Además de la fría estrategia, en esta jugada reluce una historia familiar.

La exuberante esposa del Chapo, Emma Coronel, una reina de belleza de 29 años y que ha asistido a casi todas las audiencias en Nueva York, es sobrina del abatido Ignacio Coronel, un astuto capo que hizo prosperar al imperio de Sinaloa en Jalisco.

Aprovechando su muerte en 2010, el Mencho, acérrimo enemigo del Chapo, usurpó el lugar de Coronel.

Si el Cholo logra su cometido de dominar al CJNG, "sería una reintegración del grupo originario de Jalisco a la organización principal, que es la de Guzmán", puntualizó Oliva.

Sin duda, el Cartel de Sinaloa aprovechará las debilidades estructurales del CJNG: el terror con que lidera el Mencho y que, al exponenciar la cifra de homicidios en Jalisco atiza el asecho de las fuerzas federales, así como su jerarquía piramidal, donde todos los movimientos pasan forzosamente por el capo.

"El Mencho controla todo, es una sola persona (...) Si se le captura sería un golpe duro" para su cartel, explica Vigil.

Al contrario, Zambada goza de una fama de hombre de negocios con cabeza fría, más que de matón. Además, su negocio "tiene una estructura horizontal, como un McDonalds", con subsidiarias independientes en más de 40 países que no se verían afectadas por el arresto del jefe de la organización, asegura Vigil.

El septuagenario Zambada "es un hombre supremamente inteligente, muy capaz, que ha estado en el narcotráfico toda su vida y nunca ha pasado un solo día en una cárcel", gracias a que guarda un bajo perfil y nunca sale de la sierra, explica el experto.

Desde su trono, Zambada sigue moviendo las fichas.

"Me pueden agarrar en cualquier momento... o nunca", desafió el capo en 2010, en una inusual entrevista para el la revista Proceso.

Agencia AFP

En cuanto a la construcción de las 'ciudades carpas', el DHS dice que "en este momento no tenemos ningún anuncio sobre la construcción de instalaciones adicionales para la detención de quienes ingresan ilegalmente a nuestro país”.

JORGE CANCINO

 

13 de noviembre del 2018- La proclama que el presidente Donald Trump firmó el viernes y que cambia temporalmente el reglamento de asilo (por 90 días), va más allá de lo que dice la ley. Afecta a todos, incluso a los menores de edad que están protegidos por una ley del 2008 sobre tráfico humano, quienes si entran por un lugar no autorizado, no serán elegibles para una entrevista de miedo creíble o miedo razonable y no podrán pedir asilo en Estados Unidos. Y no importa si tienen uno, tres, cinco o 16 años de edad.

 

¿En qué se basó Trump para cambiar el reglamento?

Un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explica que el presidente usó su autoridad ejecutiva que le otorga la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), específicamente la Sección 212 (f) que dice: "Cada vez que el presidente encuentre que la entrada de extranjeros o de cualquier clase de extranjeros en Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos, puede proclamar, y por el periodo que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o impondrá a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”.

Añade que, “ a menos que el presidente ordene lo contrario, será ilegal que cualquier extranjero se aparte, ingrese o intente abandonar o ingrese a Estados Unidos, excepto según las reglas razonables, regulaciones y órdenes y sujeto a las limitaciones y excepciones que el presidente pueda prescribir".

 

¿El nuevo reglamento aplica a todos los extranjeros?

No. El DHS indica que la proclama “no se aplica a los residentes legales permanentes, ni a los ciudadanos de Estados Unidos”.

 

¿Y qué sucede con los menores no acompañados?

La proclama limita los derechos de los menores extranjeros no acompañados (UAC). A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asegura que los menores de edad que viajen solos no se serán afectados, un memorando interno de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) fechado el 9 de noviembre, señala que los UAC "no están sujetos a un temor creíble ni a un temor razonable" si entran a Estados Unidos "por fuera de un puerto de entrada yque no se presenten correctamente para su inspección". Además no serán elegibles para pedir asilo, añade.

"Los niños serán procesados de acuerdo con la proclama", dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. "La regla interina entró en efecto desde el momento de la firma del presidente. El nuevo reglamento modifica la Sección 212 de la Ley de Inmigración (INA)", que determina la elegibilidad de un extranjero para entrar legalmente al país.

 

¿Qué derechos tienen los UAC?

“ No pueden ser deportados inmediatamente”, advierte Álex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Tienen que ser llevados ante un juez de inmigración porque así lo estipula la ley TVPRA del 2008 sobre prevención de tráfico humano”, agrega.

La Ley TVPRA determina que, en el caso de menores de países no vecinos de Estados Unidos (México o Canadá) detenidos en la frontera, un juez de inmigración debe decidir sus futuros en Estados Unidos. “Y en el caso de los menores de México que vengan solos, por ejemplo, es muy difícil deportarlos como ocurre con los adultos. El gobierno federal tiene que asegurarse primero que el niño esté al cuidado de un adulto responsable y que, al regresarlo, no vaya a correr el riesgo de caer en manos equivocadas”, dice Gálvez.

“En los casos que vengan con sus papás y ellos tienen un Acta de Nacimiento que lo demuestre, el gobierno no los puede separar, debe procesarlos juntos”, añade. “Y si el padre pide la deportación acelerada, la pregunta es si el gobierno dará los pasos adecuados para acelerar también la deportación del menor para asegurarse que siempre estén juntos, que siempre estén junto a sus padres. Imagino que para eso serán las ciudades-carpa de las que ha hablado el presidente”.

 

¿Qué pasa con las protecciones de la Ley TVPRA?

"Mucho de lo que ahora dice el presidente Trump se basa en lo que él piensa", dice Gálvez. "Existe la presunción de que la proclama es todo lo que necesita y que puede pasar por encima de todas las leyes que existen. Por ese motivo es que será demandado nuevamente esta vez. No puede deshacerse de tolas las leyes. Serán los tribunales de justicia, como ha ocurrido con las órdenes ejecutivas de la prohibición de la entrada de musulmanes, DACA o el TPS, los que resuelvan este asunto jurídico".

"Y en cuanto a los niños, pues ellos tienen derecho a una entrevista de miedo creíble o razonable", explica Gálvez. " A un niño no se le puede acusar de cometer un crimen porque no tienen lo que se denomina 'mens rea', no tiene la mentalidad para cometer un delito".

 

¿Y entonces?

Guerrero indica que, de acuerdo con el documento de la USCIS, "los UAC van a seguir siendo encausados bajo las secciones 279 y 1232 del Código de Estados Unidos, con la diferencia de que, quien no entre por un lugar autorizado no califica para asilo, pero si tiene otro derecho vigente, podrá este ser ventilado en la corte".

 

¿El gobierno está cerrando la frontera?

El DHS dice que no, que la proclama tiene como objetivo “impedir el ingreso de una inmigración ilegal masiva sin control”.

 

¿Por qué se niega el asilo a personas que entran por zonas no autorizadas?

El DHS dice que el personal en los puertos de entrada lleva a cabo misiones prioritarias, entre ellas facilitar el comercio y viajes legales, prevenir la entrada de drogas y contrabando, detener criminales y terroristas y ayudar a las personas que buscan asilo. “Los puertos de entrada están equipados para inspeccionar a las personas de manera segura y ordenada, incluido el examen (entrevista de miedo creíble) que determina la existencia de una base para admitir a un extranjero.

Añade que en los puertos de entrada se puede procesar “de manera expedita a los extranjeros que son admisibles, al tiempo que ofrecen una oportunidad para que aquellos que no sean admisibles ingresen y busquen protección”.

 

¿Es ilegal que una persona pida asilo si entra por una zona no autorizada?

El DHS responde que “las personas con reclamos legítimos de asilo pueden simplemente presentarse en el puerto de entrada para que se escuchen sus reclamos”.

Añade que “si los extranjeros llegan a un puerto de entrada, siguen siendo elegibles para buscar asilo y pueden proceder a través del proceso existente de detección de temor creíble”.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y el Centro por los Derechos Constitucionales demandaron el nuevo reglamento de asilo porque consideran que la proclama “ atenta contra la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), así como contra la Ley de Procedimiento Administrativo”.

Argumentan que la INA establece que una persona puede pedir asilo cuando ingresa al territorio estadounidense, incluso si lo hace por una zona distinta a un puerto de entrada.

Gálvez advierte que la proclama "también toca otras leyes y reglamentos, como la TVPRA de 2008, abriendo la puerta a múltiples demandas".

 

¿Habrá demoras en los puertos de entrada?

El gobierno asegura que, anticipándose a la llegada de un gran grupo de migrantes en busca de asilo en las próximas semanas, “el DHS está incrementando los recursos adicionales para respaldar nuestros puertos de entrada para ayudar a procesar a esas personas, y a todas las demás personas que llegan a nuestros puertos de entrada de la manera más eficiente posible”.

 

¿Quién puede solicitar asilo?

Solo extranjeros que ingresen por una zona o lugar autorizado y no hayan sido o sean declarados inadmisibles en el país.

 

¿Cambia la proclama el proceso de entrevista de miedo creíble?

Sí, ahora el proceso es más riguroso que antes. Los agentes federales escrutan más a fondo a los solicitantes de asilo, piden más pruebas y los solicitantes deben mostrar un temor razonable de persecución o tortura para ser considerados.

“El solo decir que tiene miedo de volver a su país no es suficiente para que se inicie un proceso de asilo o le aprueben la entrevista de miedo razonable”, dice José Guerrero, un abogado de Inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Le van a pedir más pruebas, evidencias”, añade.

 

¿Puede el gobierno prohibirle pedir asilo si entró por una zona no autorizada?

“La guía emitida por el gobierno que instruye a los agentes fronterizos dice que, si una persona cruza al territorio de Estados Unidos por un sitio que no sea un puerto de entrada, es obligatorio que le nieguen el asilo”, advierte Guerrero. “La nueva regla no le impide, ni le quita a nadie pedir asilo, pero debe hacerlo por un sitio correcto y autorizado”, precisa.

 

¿Están construyendo las denominadas ‘ciudades carpas’?

Los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Defensa (DOD) “están trabajando juntos para promover la misión de seguridad de la frontera del presidente”, dice un documento del DHS.

“Se están buscando lugares y vías disponibles si surge la necesidad de viviendas adicionales. En este momento no tenemos ningún anuncio sobre la construcción de instalaciones adicionales para la detención de quienes ingresan ilegalmente a nuestro país”.

 

¿Todos los detenidos serán encarcelados?

No. “Los extranjeros generalmente son detenidos durante el proceso para determinar temor o miedo creíble, pero pueden ser elegibles para libertad condicional o libertad bajo fianza si establecen un temor creíble”, explica el DHS. Agrega que, “en la medida que la regla puede resultar en entrevistas más largas para cada caso, la duración de la detención de los extranjeros puede aumentar”.

 

¿A qué le teme el gobierno?

El DHS insiste en que el sistema migratorio está “fracasado” y ha “precipitado una crisis de inmigración ilegal en la frontera sur” y alega que la caravana de migrantes “es solo el último síntoma de este problema.

“La Patrulla Fronteriza atrapa a cientos de miles de personas cada año”, cifras que para cualquier estadounidense “son inaceptables”, añade. Y explica: “Los solicitantes de asilo saben que serán liberados y que recibirán permisos de trabajo mientras que sus reclamaciones, a menudo frívolas, se adjudican. Luego desaparecen o dejan de salir del país”.

Este argumento es defendido por la Casa Blanca. Los tribunales de inmigración tienen acumulados más de 740,000 expedientes y algunas citas las están programando para dentro de dos o tres años.

La liberación de inmigrantes procesados dependerá de si se considera que los extranjeros que piden asilo no representan una amenaza a la seguridad nacional y del cupo diario de camas disponibles en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Estas realidades son un problema que también golpeó al gobierno de Barack Obama tras el estallido de la crisis migratoria de la frontera en junio de 2014.

“Una manera de arreglar esto para que aceleren los casos y todo el mundo tenga la oportunidad de presentarse ante un juez, es que el gobierno invierta más recursos, se contraten más jueces, se creen nuevos tribunales y se descongestionen las cortes. Si no hay inversión, el problema va a seguir empeorando”, dice Guerrero.

Organizaciones y Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes consultados por Univision Noticias señalan que, simultáneamente a la modernización del sistema migratorio estadounidense, hay que atender las causas que motivan la migración en los países del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México, entre ellas la violencia doméstica y de pandillas, el narcotráfico, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción de los gobiernos, la falta de empleos y el cambio climático.

 

Se trata de un nuevo golpe a la Administración, que ha intentado acabar con este beneficio que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes.

 

Por:JORGE CANCINOyPATRICIA CLAREMBAUX

 

8 de noviembre del 2018- La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó este jueves que el gobierno de Donald Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

El fallo le propina un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

Un panel de tres jueces decidió mantener en vigor un fallo emitido por una corte federal de California el pasado 9 de enero, que ordenó al gobierno restituir el programa en los mismos términos en que se encontraba el 5 de septiembre de 2017, cuando fue cancelado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

En el dictamen, el panel concluyó que la decisión del gobierno era "arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley".

El fallo de este jueves ocurre tres días después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara el programa sin tomar en cuenta las acciones legales que estén en manos de tribunales inferiores y un día después del despido de Sessions, uno de los principales opositores del programa.

La decisión de este jueves solo implica que el programa se mantiene en vigencia, mas no que pueden ser admitidas nuevas aplicaciones.

 

La pelea judicial

Luego de que Sessions cancelara el programa en 2017, el gobierno de Trump le dio 30 días a los dreamers para que renovaran por última vez sus amparos. El presidente pidió además al Congreso que debatiera una legislación para dar una solución permanente a estos jóvenes en un plazo de seis meses. Ese tiempo pasó, pero los demócratas, los republicanos y la Casa Blanca no se pusieron de acuerdo.

La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno si no eliminaba el programa.

Pero cuatro meses después de la cancelación, el 9 de enero, una corte de California declaró ilegal la decisión de cancelarlo y ordenó que se restituyera, algo que fue ratificado por una segunda corte en Nueva York. Entonces fue puesto nuevamente en vigencia en los mismos términos en que se encontraba antes de la cancelación del fiscal general.

Pero el 24 de abril, una tercera corte federal, esta vez en Columbia, restituyó por completo la Acción Diferida y le dio 90 días al gobierno para que presentara evidencias adicionales que respaldaran su argumento para eliminar DACA. Advirtieron entonces que de no ampliar sus explicaciones, serían aceptadas nuevas aplicaciones.

El 17 de agosto, la misma corte eximió al gobierno de aceptar nuevas solicitudes después de que los demandantes —encabezados por la dreamer mexicana María Perales y Microsoft— decidieron no oponerse a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de no aceptar a nuevos inscritos.

El último fallo que se conoció sobre DACA ocurrió en Texas, en respuesta a una demanda entablada por el fiscal general del estado, Ken Paxton. El 30 de agosto el juez John Bates rechazó la petición para cancelar el programa y mantuvo vigente los fallos favorables a DACA. Permitió así que continuaran los procesos jurídicos entablados en otros tribunales.

Bates reconoció en su sentencia que los argumentos de Texas eran buenos, pero consideró que los estados se tomaron demasiado tiempo en presentar una demanda, por lo que decidió no bloquear el programa. Además, sugirió que sea la Corte Suprema la que determine en última instancia la legalidad de DACA y su constitucionalidad.

Con la Cámara de Representantes en manos demócratas y el Senado aún bajo dominio republicano se presagia un tenso pulso político en Washington que le complicará al presidente los últimos dos años en la Casa Blanca.

CARLOS CHIRINOS VÁSQUEZ

 

7 de noviembre del 2018- Esta vez las encuestas indicaron lo que terminaría pasando en la votación final de las elecciones de mitad de periodo y, como se pronosticaba, el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes del Congreso.

Si bien la “ola azul” que los demócratas prometían y esperaban no terminó verificándose en los resultados, el partido obtuvo una importante victoria al lograr ocupar 35 escaños que estaban en manos republicanas, superando los 23 que necesitaban como mínimo para obtener la mayoría.

 

Así les contamos la jornada electoral

De hecho, para minimizar la derrota, el Partido Republicano hace énfasis en que el 'tsunami' con que los amenazaban terminó siendo una 'onda', como indicó en un comunicado la presidenta del partido, Ronna McDaniels, en el que se refirió al “entusiasmo generado por el presidente Trump” como uno de los factores que habría evitado una derrota más aplastante.

Con la Cámara Baja en manos de la oposición demócrata se le dificultará al presidente Donald Trump seguir avanzando su agenda política y es posible que, con un previsible agravamiento de la polarización, vengan dos años de estancamiento político en Washington, considerando que el Senado sigue en manos de los republicanos.

El nuevo balance de poder cambiará la dinámica política en Washington y las estrategias para las presidenciales de 2020, una campaña que, podríamos decir, empezará apenas se terminen de oficializar los resultados de estos comicios.

 

Bloqueo parlamentario

El primer efecto previsible en el nuevo balance del poder es la paralización de la agenda legislativa del presidente, sobre todo sus planes en inmigración y seguridad y su promesa de una nueva reducción de impuestos.

Trump, que ha acusado de obstruccionismo a los demócratas para explicar fracasos legislativos como la derogación de Obamacare o la imposibilidad de imponer una dura reforma migratoria, pese a que su partido tiene la mayoría en el Congreso, podría estar por conocer lo que es un verdadero bloqueo parlamentario si no afina sus habilidades negociadoras para llegar a consensos con la oposición.

El proceso de formación de leyes se hará previsiblemente más engorroso y puntos importantes para la Casa Blanca, como reforma de las leyes de inmigración que aporte fondos suficientes para la construcción del polémico muro fronterizo con México, podrían no llegar a contar con el respaldo necesario en la Cámara Baja.

Sin embargo, el presidente podría sacar provecho de su minoría en la Cámara de Representantes con miras a la reelección en 2020, si termina convenciendo al electorado que sus futuros fracasos e incumplimiento de promesas empeñadas se debe a que no cuenta con el respaldo de la mitad del Capitolio.

Para Trump tener un contrincante bien identificado en el Congreso puede ser de utilidad, sobre todo ahora que Nancy Pelosi podría volver a convertirse en presidenta de la Cámara de Representantes.

 

Impeachment en la mira

Con los demócratas controlando la Cámara Baja, el presidente pierde un importante muro de defensa que hasta ahora lo había protegido de los deseos de algunos de abrir investigaciones contra él y su entorno por la supuesta colusión con operadores de inteligencia rusos durante la campaña presidencial de 2016 y los conflictos de interés que pueden representar sus negocios.

El impeachment o juicio político al mandatario ha sido hasta ahora anatema para el liderazgo del partido, pero está en la lista de tareas inmediatas de muchos de los demócratas que están llegando al Congreso.

Eso presagia un potencial pulso entre los más progresistas que pueden asumir sus victorias como un mandato popular para limitar el poder de un presidente al que consideran que ha violado la ley con negocios no muy bien aclarados y un sector más moderado que puede pensar que no es necesariamente buena estrategia cazar una pelea con un político que se alimenta del debate y lo usa para aglutinar su base electoral.

Quizá antes de llegar a esa instancia, los congresistas decidan ejercer el poder de citación que tienen ahora que controlarán los comités para pedir al presidente que entregue las declaraciones de impuesto que no ha querido mostrar, rompiendo una tradición que marcaba que los aspirantes a la presidencia mostraban el estado de sus finanzas como gesto de transparencia.

 

La hora de los moderados

La victoria demócrata se produce en gran medida por el avance de candidatos considerados moderados en distritos en los que el estilo y el discurso del presidente genera rechazo, incluso entre algunos republicanos, un fenómeno que se vio en zonas suburbanas.

Sin embargo, hay nombres destacados entre los nuevos congresistas, como la ’niuyorrican’ Alexandria Ocasio Cortez, considerada una de las representantes del ala más radical del partido por su agenda de socialismo democrático, inspirada en el senador Bernie Sanders. O Rashida Tlaib, en Michigan, la primera musulmana en integrar el Congreso.

Por lo pronto, los más liberales pueden desafiar el liderazgo de Nancy Pelosi, que como líder de la bancada debería volver a convertirse en presidenta de la Cámara de Representantes, una función que ya ejerció entre 2007 y 2011, cuando se convirtió en la primera mujer en ese cargo.

Durante la campaña, varios candidatos que se presentaban como del ala progresistas dijeron que no respaldarían una nueva presidencia de la congresista de California, falta saber si lo hicieron por conveniencia electoral, considerando que ella suele ser el centro de las críticas republicanas, o por real convicción de que conviene una renovación de la cúpula demócrata en el Congreso.

Por Jennifer Agiesta, directora de encuestas de CNN.

 

La ventaja demócrata es de 55% frente a 42% de los republicanos

66% de votantes latinos favorecen a los demócratas

La aprobación de Trump en la encuesta se mantiene en 39%, con 55% de desaprobación

 

(CNN). 5 de noviembre del 2018- En la víspera de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el Partido Demócrata continúa con una ventaja de dos dígitos sobre el Partido Republicano en una boleta genérica para el Congreso entre probables votantes, de acuerdo con una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. 

La ventaja demócrata de 55% frente a 42% en la nueva encuesta es igual a la ventaja que tenían a principios de octubre y casi la misma diferencia de 10 puntos que tenían en la primera semana de septiembre

Esa es una ventaja inferior que la que tenía el partido en la encuesta final de CNN antes de las elecciones de 2006 y similar a la ventaja de 10 puntos que tenían los republicanos poco antes de las elecciones intermedias de 2010.

Los demócratas se benefician de la gran brecha de género en las preferencias que se ha mantenido en el tercer trimestre del año (las mujeres favorecen a los demócratas con 62% contra 35%, mientras que los hombres están divididos, 49% apoya a los republicanos y 48% a los demócratas, en sus distritos).

También de una gran ventaja entre los independientes (53% para los demócratas por 39% para los republicanos) y de un fuerte apoyo entre negros y latinos (88% de los votantes negros y 66% de votantes latinos favorecen a los demócratas).

Casi 7 de cada 10 probables votantes dicen que cuando voten este martes estarán mandando un mensaje sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y más a menudo y no, el mensaje que esos votantes quieren enviar es de oposición. En total, 42% de los probables votantes dicen que su voto será para expresar oposición al presidente y 28% que será para apoyarlo. Otro 28% dice que su voto no es sobre el presidente. Ese nivel de oposición es similar a cómo los probables votantes se sentían poco antes de las elecciones de 2006, cuando 41% dijo que votaba contra el entonces presidente George W. Bush, aunque menos votantes ese año (16%) dijeron que salían para apoyar al presidente.

La aprobación de Trump en la encuesta se mantiene en 39%, con 55% de desaprobación, ligeramente peor que su marca de 41% de aprobación y 52% de desaprobación a principios de octubre.

Ese es el peor índice de aprobación previo a una elección de cualquier presidente rumbo a las primeras elecciones intermedias de su mandato en encuestas que se remontan hasta la presidencia de Eisenhower.

Entre los probables votantes, una mayoría, 52%, dice que desaprueba fuertemente la forma en que el presidente realiza su trabajo, y 35% dice que aprueba fuertemente su labor. Solo 11% de los posibles votantes el martes dice que no tiene un fuerte punto de vista sobre Trump.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 1 al 3 de noviembre al sobre una muestra aleatoria a nivel nacional de 1.518 adultos contactados por líneas telefónicas fijas o celulares por entrevistadores en vivo. Los resultados de la muestra total tienen un margen de error de +- 3,1%; para el subconjunto de 1.151 probables votantes es de +-3,5%.

 

Durante sus dos primeros años como presidente, Donald Trump ha gobernado sin apenas contrapesos en el Congreso. Una Cámara de Representantes en manos de los demócratas puede frenar su agenda, investigar sus finanzas personales y las de sus empresas e iniciar el proceso que podría desembocar en su destitución.

EDUARDO SUÁREZ

 

4 de noviembre del 2018- El sistema político de Estados Unidos está lleno de contrapesos que limitan los poderes de las grandes instituciones del Estado. Ninguna puede tomar decisiones sin contar con la aprobación o la supervisión de las demás. Los ejemplos son muy numerosos. El presidente debe someter cada nombramiento importante al examen del Senado. La Corte Suprema puede derogar cualquier ley y cualquier decreto de la Casa Blanca si estima que no se ajustan a la Constitución. El Gobierno federal no puede legislar sobre áreas que son competencia exclusiva de los estados. El veto del presidente puede evitar que se convierta en ley cualquier proyecto legislativo del partido rival.

A menudo la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes están en manos de más de un partido político. Esa circunstancia se conoce como Gobierno dividido y ha ocurrido en cuatro ocasiones desde 1993. Bill Clinton y Barack Obama gobernaron con un Congreso mixto o republicano durante seis de los ocho años de su mandato. George W. Bush gobernó limitado por los demócratas al principio y al final.

Los ciudadanos de Estados Unidos suelen maniatar a sus presidentes poniendo el Congreso en manos de sus adversarios políticos. Ocurrió con Obama en 2010 y con Clinton en 1994. Lo decía esta semana el excongresista republicano Tom Davis durante un evento en la Universidad de Chicago: “Los votantes me eligieron a mí en 1994 para que les protegiera de Clinton y dos años después reeligieron a Clinton para que les protegiera de mí”.

Durante sus dos primeros años como presidente, Donald Trump ha gobernado sin apenas contrapesos en el Capitolio. Una Cámara de Representantes en manos de los demócratas puede frenar su agenda, investigar sus finanzas personales y las de sus empresas e iniciar el proceso que podría desembocar en su destitución. Esto es lo que los demócratas pueden y no pueden hacer con el control de la Cámara de Representantes. 

 

Investigar a Trump 

Aprobar una ley requiere una mayoría en las dos cámaras del Capitolio y la firma del presidente. Abrir una investigación sobre el entorno del presidente sólo requiere el control de algunas comisiones de la Cámara de Representantes. 

El abandono de la Cámara baja de los congresistas republicanos Trey Gowdy y Bob Goodlatte dejará vacante la presidencia de dos muy importantes: la Comisión de Asuntos Judiciales y la de Supervisión.

Ambas comisiones tienen poderes para citar a declarar a cualquier testigo y para solicitar documentos que los congresistas estimen relevantes para una investigación. La congresista demócrata Nancy Pelosi advirtió en octubre que su partido podría usar además la amenaza de esos requerimientos como una herramienta de negociación. 

El congresista demócrata Elijah Cummings, que podría presidir la Comisión de Supervisión, anunció hace unos meses su disposición a investigar posibles violaciones de la llamada Cláusula de Emolumentos, un precepto constitucional que prohíbe a cualquier servidor público recibir regalos de gobiernos extranjeros y que el presidente podría haber violado según algunos expertos en Derecho constitucional. Los demócratas podrían investigar si países como Rusia o Arabia Saudí son clientes asiduos de los hoteles del presidente o si han favorecido los proyectos inmobiliarios del negocio familiar de Trump. También podrían requerir a Trump que haga públicas sus declaraciones de impuestos aunque parece poco probable que lo haga sin una resolución judicial. 

Una investigación del New York Times desveló recientemente que Trump había construido su fortuna con la ayuda de su padre y de varias triquiñuelas para esquivar al fisco. Sin embargo, el artículo no incluía información reciente sobre las finanzas del presidente, el único candidato a la Casa Blanca en las últimas décadas que se ha negado a hacer pública su situación fiscal. Esa renuencia augura una larga batalla judicial que muy probablemente decidirá la Corte Suprema, cuyos dos miembros más jóvenes fueron designados por el propio Trump. 

 

Investigar al Gobierno

Los demócratas podrían investigar a fondo a los miembros del equipo del presidente. En los dos primeros años de Trump, los medios destaparon escándalos que apenas encontraron eco en el Capitolio. Una Cámara controlada por los demócratas podría investigar los gastos de viaje del secretario de Interior, Ryan Zinke, y también los vínculos entre empresarios afines a Putin y el secretario de Comercio, Wilbur Ross. 

Los demócratas podrían investigar también algunas de las decisiones más polémicas del Gobierno del presidente. Entre ellas, el papel de las grandes empresas energéticas en la supresión de algunas regulaciones medioambientales, la respuesta al huracán María en Puerto Rico en septiembre de 2017 o la separación de los menores de sus familias en la frontera sur del país. 

 

Iniciar el ‘impeachment’

Uno de los poderes más importantes de la Cámara de Representantes es iniciar el proceso de destitución del presidente, conocido popularmente como 'impeachment' y previsto por la Constitución. 

El proceso puede iniciarlo cualquier miembro de la Cámara que quiera defenderlo en la comisión de asuntos judiciales. Si la comisión acepta examinar el caso, el 'impeachment' se somete al criterio del pleno de la Cámara. Aprobarlo sólo requiere una mayoría simple entre los congresistas presentes en la votación. Una vez aprobado el proceso en la Cámara, los encargados de enjuiciar al presidente son los senadores. 

El procedimiento se parece a un juicio: incluye testigos y deliberaciones y las sesiones las preside el presidente de la Corte Suprema. El Senado vota al final del proceso sobre la destitución del presidente, que sale adelante si votan a favor 67 senadores. Es decir, dos tercios de los miembros de la institución. 

Hasta aquí los detalles jurídicos del proceso, que los congresistas demócratas por ahora se resisten a invocar pese al clamor entre sus bases. Según un sondeo que la CNN publicó en junio de este año, casi ocho de cada 10 votantes demócratas están a favor de destituir a Trump por esta vía. Pero por ahora los líderes del partido prefieren esperar a las conclusiones de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la posible obstrucción de Trump a la justicia y la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Los demócratas han evitado hablar del 'impeachment' durante la campaña temerosos de movilizar a los votantes del presidente y no está claro que vayan a iniciar el proceso en los próximos meses. Los líderes del partido podrían optar por no hacerlo si no tienen los votos suficientes en el Senado y los congresistas de distritos que votaron hace dos años por los republicanos se lo pensarán dos veces antes de votar a favor de la destitución de Trump. Sobre los demócratas pesa el espectro del proceso de destitución de Bill Clinton, que los republicanos emprendieron sin éxito en diciembre de 1998 y que sólo logró potenciar su popularidad. 

 

Restringir los gastos de Trump

La Cámara de Representantes tiene la autoridad para aprobar lo que se conoce como Appropriations Bills, propuestas legislativas que determinan los gastos del Gobierno federal. Esas leyes, que requieren el voto del Senado, incluyen cláusulas sobre asuntos muy diversos y es difícil frenarlas. Si el presidente las veta, puede poner en peligro partidas presupuestarias para proyectos que le interesa desarrollar. 

La Cámara de Representantes tiene el poder negarle a Trump fondos para construir el muro en la frontera y para cualquier otra medida que requiera un gasto no presupuestado. El presidente podría vetar estas propuestas y forzar el cierre del Gobierno federal. 

 

Aprobar proyectos de ley

 Los demócratas de la Cámara de Representantes pueden aprobar proyectos legislativos y someterlos al criterio del Senado, que podría aprobarlos, debatirlos o dejarlos en barbecho si tiene otras prioridades para legislar. 

El ejemplo más interesante es la reforma para regularizar la situación de millones de inmigrantes indocumentados. Los demócratas podrían sacarla adelante en la Cámara de Representantes y obligar a los senadores a decidir si aprobarla, aparcarla o desarrollar su propia versión de la ley. 

Durante años, la reforma ha permanecido bloqueada en la Cámara no porque no tuviera los votos sino por la renuencia del liderazgo republicano a someterla a votación.

No es descabellado pensar que un Senado republicano pueda aprobar esa reforma migratoria o incluso una legislación para financiar proyectos de infraestructuras. Más difícil se antoja que los demócratas saquen adelante propuestas para fortalecer la lucha contra el cambio climático, subir el salario mínimo, avanzar hacia un seguro sanitario universal o proteger algunas de las conquistas de la reforma sanitaria de Obama. Aún así podrían aprobar algunas de esas propuestas para dejar claras sus prioridades con la vista puesta en la campaña presidencial de 2020. 

 

Lo que no podrían hacer

El control de la Cámara de Representantes no permitiría a los demócratas bloquear los nombramientos de altos cargos, jueces federales y magistrados de la Corte Suprema, todos ellos en manos de los senadores. Tampoco les permitiría bloquear tratados internacionales puesto que es el Senado el que debe aprobarlos ni frenar órdenes ejecutivas como el veto migratorio que Trump aprobó al llegar al poder.

La Constitución establece que sólo el Congreso puede declarar la guerra a otro país aunque los presidentes se han saltado este requerimiento en varias ocasiones. El presidente es el máximo responsable militar de Estados Unidos y puede invocar esa autoridad para actuar en cualquier situación de emergencia sin el apoyo de la Cámara de Representantes. También puede abandonar o renegociar cualquier tratado internacional como ha ocurrido con el Tratado de Libre Comercio o con el Acuerdo de París.

Los lectores de Univision Noticias han escrito a la redacción tras los temores que hay por la idea del presidente de modificar la Enmienda 14 que garantiza la ciudadanía estadounidense a los nacidos en el país. Pese a que la propuesta no depende solo del presidente sino de un complicado proceso legal, aquí respondemos tus dudas.

JORGE CANCINO

 

31 de octubre del 2018- La idea lanzada el lunes por el presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en Estados Unidos ha generado muchas interrogantes en nuestros lectores.

La Enmienda 14 de la Constitución garantiza que toda persona que nace en territorio de Estados Unidos es ciudadano estadounidense. Pero Trump, al igual que lo hizo durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, insiste en que la redacción de la enmienda puede ser interpretada de una manera diferente.

“La llamada ciudadanía por nacimiento, que cuesta miles de millones de dólares a nuestro país y es muy injusta para nuestros ciudadanos, se terminará de una manera u otra”, escribió el mandatario este miércoles en su cuenta de la red social Twitter. “No está cubierto por la Enmienda 14 debido a las palabras "sujeto a la jurisdicción del mismo". Muchos eruditos legales están de acuerdo…”, agregó. 

Pese a las advertencias del presidente, el proceso para modificar o eliminar una enmienda constitucional no depende solo de la Casa Blanca, es un recorrido complicado y largo que necesita el visto bueno de una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, sino que además de la aprobación de tres cuartos de los 50 estado del país.

Para ser más concretos: una enmienda constitucional no se puede cambiar con una orden ejecutiva del presidente, porque las leyes constitucionales son permanentes y una orden ejecutiva no lo es, es decir, puede eliminarla otro presidente. Una enmienda constitucional solo puede ser deshecha por otra enmienda constitucional.

Sin embargo, las preguntas siguen llegando a nuestra sala de redacción y seleccionamos aquellas que reflejan el universo de dudas desatadas por las declaraciones del mandatario, quien sigue alimentando su discurso antiinmigrante de cara a las elecciones de medio tiempo del próximo martes 6 de noviembre.

 

Ciudadanos hijos de indocumentados

La lectora identificada con el nombre de @argueta.yaneth pregunta: “¿Es posible que Trump quite la ciudadanía a los nacidos en este país?”

Este es uno de los grandes temores en el supuesto caso de que se modifique la Enmienda 14 de la Constitución. Pero el presidente no ha hablado de “quitar” la ciudadanía, sino negar el derecho de adquisición de forma automática.

Ahora bien, en un supuesto caso de cambiarse la Enmienda 14, no tendría efecto retroactivo. “Expondría a las personas a un proceso judicial por acciones que eran perfectamente legales en el momento en que se realizaron, pero que luego se hicieron ilegales”, explica Kent Aldershof, un MBA con alta distinción en la Escuela de Negocios de Harvard.

 

Inmigrantes legales o sin papeles

La lectora identificada con el nombre de @maritomonty pregunta: ¿Está hablando de inmigrantes ilegales o inmigrantes en general?”

La advertencia de Trump va dirigida directamente a los padres indocumentados que tienen hijos en EEUU. Pero, aunque el presidente Trump no habló de otros casos, aquellos que han criticado la ciudadanía automática por nacimiento -entre los que está el presidente- han dicho que no es justo que un turista o alguien con visa temporal pueda tener un hijo estadounidense si nace aquí.

 

Bajo proceso migratorio

La usuaria identificada con el nombre de @chiqui.mg pregunta: “¿Inmigrantes ilegales o también entran quienes se encuentran bajo proceso migratorio?”

Lo dicho por el presidente hasta ahora no detalla hasta dónde quiere llegar con su orden ejecutiva. Solamente ha cuestionado la ciudadanía automática por nacimiento garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución.

Steve Yale-Loehr, un abogado de inmigración y profesor de derecho de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad Cornell, Nueva York, advierte que la afirmación del presidente de que “está considerando firmar una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento de los niños nacidos en los Estados Unidos de padres indocumentados, ha creado una tormenta de controversia”. Y asegura que “la idea” del mandatario “debe ser rechazada”.

Niños estadounidenses de padres estadounidenses

El niño identificado con el nombre de @pauls1w pregunta: “Si mis papás nacieron en Estados Unidos y yo nací en Estados Unidos, ¿me quitarían mi ciudadanía?”

No, eso no está en discusión ni aquí ni en ningún país del mundo.

En todo caso, la propuesta del presidente no apunta a quienes han obtenido la ciudadanía protegidos bajo el amparo de la Enmienda 14, sino a los inmigrantes futuros, hijos de padres indocumentados, siempre y cuando cambie o se elimine la Enmienda 14, que solo, puede hacerlo el Congreso con el respaldo de al menos 38 Estados.

“La ley es clara”, dice Yale-Loehr en un artículo de opinión que compartió con Univision Noticias. “La Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen".

 

¿Sólo de padres ciudadanos?

La usuaria identificada con el nombre de @elidaacuna_martinez pregunta: “Si se aprueba la ley (o se elimina o modifica la Enmienda 14), ¿qué pudiera pasar si un papá es ciudadano naturalizado y el otro residente?”

Los abogados consultados por Univision Noticias reiteran que el anuncio hecho por el presidente se trata solo de eso, “un anuncio” de que prepara una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. No se conocen detalles del decreto, ni tampoco a quiénes podría afectar y cómo.

Yale-Loehr escribe: “Incluso si la ley no fuera clara, una orden ejecutiva es un mecanismo procesal incorrecto . Una enmienda constitucional solo puede ser deshecha por otra enmienda constitucional. Además, el estatuto de inmigración de Estados Unidos también establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es automáticamente un ciudadano estadounidense. Solo el Congreso puede derogar una ley, no el presidente. Hacerlo por decreto ejecutivo socavaría nuestra democracia ”, indicó.

 

La sobreviviente de 53 años perdió el control del vehículo que se salió del camino, cayó 50 pies y terminó estrellado contra un árbol. Apenas pudo salió en busca de ayuda, pero estaba desubicada y debió esperar días antes de ser encontrada.

UNIVISION

 

TUCSON, Arizona. 31 de octubre del 2018- Una mujer pasó seis días en medio del desierto después de que su automóvil se salió de la carretera y chocó contra un árbol cerca de Wickenburg, Arizona, según lo informaron las autoridades este miércoles.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DPS) reportó que el accidente que ocurrió cuando la conductora de 53 años perdió el control del vehículo. Tras pasar 6 días perdida, fue rescatada por un trabajador que se percató de que la cerca estaba rota.

De acuerdo con el reporte, conducía por la carretera 60, cerca de la milla 117, el pasado 12 de octubre cuando el vehículo atravesó una cerca, cayó 50 pies y terminó estrellado contra un árbol, suspendido en el aire.

El reporte detalla que dos trabajadores del Departamento de Transporte del estado y un ranchero correteaban una vaca a lo largo de una carretera el pasado 18 de octubre cuando vieron que una cerca estaba rota a las afueras de la histórica ciudad de Wickenburg, aproximadamente a una hora en auto al noroeste de Phoenix.

Mientras inspeccionaban la cerca dañada, vieron un automóvil destrozado incrustado en un árbol. Un oficial del DPS fue hasta el lugar pero no encontró a nadie dentro del vehículo. El grupo siguió las huellas hasta la orilla de un río durante aproximadamente y encontró a una mujer gravemente deshidratada y con lesiones.

La señora dijo a los oficiales que permaneció en el automóvil durante varios días antes de salir y se dirigió a las vías del ferrocarril con la esperanza de que alguien la encontrara. Sin embargo, no pudo llegar tan lejos.

Un helicóptero médico transportó a la mujer a un hospital de Phoenix donde recibió tratamiento. Aún no se han dado a conocer detalles de las lesiones que presenta.

“La diligencia del equipo de ADOT y el trabajo en equipo de todos los involucrados es ejemplar y digno de elogio. Debido a sus esfuerzos sobresalientes, la vida de esta mujer se salvó ", dijo Frank Milstead, director de DPS, en un comunicado.

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  • Venezuela captura soldados amotinados después de que robaron armas y vehículos

    Por CNN

     

    (CNN). 21 de enero del 2019 — Las autoridades venezolanas han detenido a un grupo de soldados amotinados por robar armas de un puesto de avanzada de la Guardia Nacional, según un comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
    “Las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales informan al pueblo de Venezuela que, en la mañana del 21 de enero, aproximadamente a las 2:50 am (1: 50aET), un pequeño grupo de asaltantes asignados a la 43a Zona de Mando de la Guardia Nacional Bolivariana violó su juramento de lealtad al país y sus instituciones”.

    “Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad, están motivados por oscuros intereses de extrema derecha y son contrarios a las leyes elementales de disciplina militar, honor y tradiciones de nuestra institución”, añadió Padrino.

    La declaración continuó: “Los “delincuentes” robaron dos vehículos militares, robaron armas de fuego y secuestraron, bajo amenaza de muerte, a oficiales y dos miembros de la Guardia Nacional”.

    “Los delincuentes se rindieron y fueron capturados en la sede de la unidad de seguridad especial en Cotiza, en el municipio de Libertador”, agrega el comunicado. “Durante su detención, pudimos recuperar las armas robadas y en este momento, están brindando testimonio a los organismos nacionales de inteligencia”.

    “Aplicaremos todo el peso de la ley a estas personas”, concluye.

    La declaración dijo que el levantamiento había sido sofocado y que las instalaciones militares del país seguían funcionando como de costumbre, “todas nuestras unidades operativas, dependencias administrativas e institutos de educación están funcionando con una normalidad completa y absoluta”.

     

    Lo que sabemos de lo sucedido en Cotiza

    Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Venezuela el lunes acordonaron varias calles alrededor del comando de la Guardia Nacional, en Caracas, según Simón Rodríguez, periodista fotográfico de CNN en Español que está en la escena.

    Las autoridades están reaccionando ante varios manifestantes que tomaron las calles mostrando su solidaridad con un hombre que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional venezolana en un puesto de avanzada en Caracas que pidió la destitución del presidente Nicolás Maduro, en un video que ha circulado este lunes en las redes sociales.

    Las fuerzas de seguridad están tratando de controlar las protestas con gas lacrimógeno, pero más personas continúan uniéndose a ellas, informa Rodríguez.

  • La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

    La Acción Diferida de 2012 (DACA) se encuentra vigente por orden de los tribunales de justicia, quienes anularon la cancelación del programa ordenada por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. El beneficio protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.

    JORGE CANCINO

     

    22 de enero del 2019- La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

    Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

    Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

     

    Los dreamers aplauden

    “Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

    “Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

    Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

    “Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

    El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

    El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

    Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

    El plan de Trump para reabrir el gobierno: extender DACA y TPS (programas que él canceló)

    El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

    Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

    El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

    A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El fallo le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

    La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.

     

  • Trump dispuesto a legalizar a dreamers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    JORGE CANCINO

     

    Durante la alocución prevista para este sábado en la tarde, el presidente Donald Trump ofrecerá aceptar un plan para legalizar a los dreamers protegidos por DACA y restablecer los Estatus de Protección Temporal (TPS) eliminados durante su mandato, a cambio de que el Congreso le autorice los $5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.

    La información fue confirmada a Univision Noticias por fuentes familiarizadas con la oferta, que no estaban autorizadas para hacer una declaración pública y que conversaron bajo condición de anonimato.

    Se prevé que los fondos formarán parte del paquete de presupuesto de gastos de lo que resta del año fiscal 2019, un debate que fue suspendido el pasado 21 de diciembre y que provocó un cierre parcial del gobierno, dejando a más de 800,000 trabajadores federales sin salario.

    Trump argumenta el pedido de fondos y la construcción del muro a una situación de emergencia nacional en la frontera, donde miles de inmigrantes han llegado en los últimos años tratando de ingresar de manera indocumentada al país.

    Los demócratas, por su parte, responden que el mandatario fabricó la crisis para exigir fondos que le permitan cumplir con sus electores, y que el muro se ha convertido en su principal plataforma de campaña de reelección del 2020.

    Agregan que las oleadas de migrantes datan desde por lo menos 2014. Se trata de personas que huyen de sus países (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y se presentan en la frontera en busca de asilo.

    Las explicaciones, sin embargo, no son aceptadas por el mandatario, quien insiste en que los migrantes constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que la única manera de detenerlos es construyendo un muro. Y exige al gobierno de México que los contenga y evite que lleguen a la frontera.

    “México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México, pero ellos no pueden atravesar nuestro Muro, pero se necesitan muchos agentes de la frontera si no hay un Muro. ¡No es fácil!”, escribió esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    Al ser consultada por Univision sobre este escenario, Cristina Jiménez, la directora ejecutiva de la principal organización de dreamers, United We Dream, señaló: “Desconfiamos de lo que él (Donald Trump) ofrezca. Él ha causado mucho sufrimiento a nuestra comunidad. No podemos confiar en sus promesas y negociaciones. Tenemos mucho escepticismo porque ha creado mucho dolor en nuestra comunidad”.

     

    Qué dicen los demócratas

    La oposición demócrata fue sorprendida este sábado con la propuesta de Trump. A medida que se ha ido conociendo parte de la propuesta del mandatario, convocaron a reuniones a puertas cerradas para debatir una estrategia y encarar dos temas clave:

    Aprobar el presupuesto, incluyendo los $5,700 millones que exige el presidente, y reabrir inmediatamente el gobierno tras el cierre parcial que comenzó a primera hora del pasado 22 de diciembre.

    Darle a Trump el dinero para que levante el muro y cumpla su principal promesa de campaña, tema central de su reelección para el 2020.

    “No tenemos una postura a este momento”, dijo una fuente demócrata conocedora de las reuniones poco antes del anuncio del mandatario. “Queremos ver un compromiso de que el Presidente aceptará lo que el Congreso le envíe a su escritorio, no queremos que el Congreso debata lo que él quiere”.

    Otra fuente, que también pidió el anonimato, dijo que en el debate por el tema migratorio “no solo deberían estar los dreamers y los migrantes con TPS”, en referencia a los otros 9 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace varias décadas.

    Fuentes de la Casa Blanca dijeron que la propuesta del presidente sólo incluye DACA y “algo sobre el TPS”. No mencionaron al resto de indocumentados.

     

    La oferta no es nueva

    En enero del año pasado Trump utilizó la misma oferta para conseguir dinero para el muro, durante el debate del presupuesto de gastos del 2018. Pero en aquella ocasión los republicanos, que controlaban ambas cámaras del Congreso, no le dieron el dinero y los dreamers se quedaron sin estatus legal de permanencia.

    Los dreamers, sin embargo, advirtieron que el plan del Presidente es usarlos a ellos como moneda de cambio para construir el muro y fortalecer su política de tolerancia cero, incluida la fuerza nacional de deportaciones.

    Entre las medidas que temen los soñadores se cuenta la deportación de millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.

    “Quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a los otros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares, en el banquillo de las deportaciones”, dijo en aquella oportunidad Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

     

    La historia de DACA

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. El programa ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El 5 de septiembre de 2017 Trump ordenó la cancelación del programa y le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para aprobar una legislación que regularizara la permanencia de hasta 1.8 millones de dreamers.

    La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por el estado de Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno de Trump si no procedía a eliminar el programa.

    El 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco anuló la orden y dispuso el restablecimiento del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre, dictamen que le quitó la presión al Congreso para legislar sobre el tema.

    Otras tres cortes emitieron dictámenes similares, por lo que el programa sigue vigente. En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise las sentencias y decida sobre la legalidad de DACA, fallo que podría ser anunciado en el verano.

     

    Historia de los TPS

    En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

    La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

    La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

    Pasaron los meses y el 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

    El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

    El pasado 3 de octubre, un juez federal de San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de acabar con los TPS, y aseguró que la decisión del gobierno podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

     

  • Las bacanales de 'El Chapo' Guzmán

    Modelos colombianas, actrices y hasta una experta en rejuvenecimiento visitaban asiduamente al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus campamentos para realizar lo que una fuente describió a Univision como "brigadas de sexo y salud".

    GERARDO REYES

     

    18 de enero del 2019- Todo el mundo quedaba contento. 'El Chapo', porque se había acostado con una mujer bella. La mujer, porque ganaba buen dinero y el intermediario entre los narcos y la mujer porque se quedaba con un porcentaje no despreciable.

    Así resume Carlos el ciclo de un negocio del que fue un feliz beneficiario: la contratación de mujeres hermosas que una o dos veces al mes viajaban a los campamentos de Guzmán para satisfacer su desaforado apetito sexual.

    "Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente", relató. "Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera’".

    Carlos es el nombre ficticio de un hombre que estuvo en las entrañas de los carteles de la droga y que relató esta historia con la condición de no revelar su verdadera identidad. Univision confirmó con otras fuentes su participación en los carteles mexicanos y las conexiones con los colombianos. Carlos colaboró con el gobierno de Estados Unidos.

    Mientras recordaba con los reporteros de Univision sus años de aventuras con droga, dinero y mujeres, pasaba con su índice cientos de fotografías en su teléfono celular. Al encontrar las imágenes de las jóvenes, conocidas en Colombia como 'prepagos', celebraba con una sonrisa.

    "Esta estuvo allá, es modelo", comentó. "Esta es actriz", dijo al reconocer a una trigueña que trabajó en una narconovela.

    'El Chapo' las prefería colombianas, según él, no solo por su belleza sino por su dulzura y simpatía. La mayoría de las veces Guzmán no escogía la modelo con quien quería pasar la noche. Las deficientes comunicaciones en las áreas remotas donde se movía, dificultaban el envío de fotografías.

    Así que un grupo de mujeres y hombres proxenetas colombianos que se presentan como sofisticados 'mánagers' de la farándula y que son expertos en manejar los gustos de los narcos de su país, explicó la fuente, se encargaban de escoger a las acompañantes de Guzmán y de sus hombres de confianza.

    Según Carlos, el promedio que se le pagaba a cada visitante era de unos 10,000 dólares más los gastos de transporte desde Colombia hasta Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

    "Aunque había casos especiales de modelos muy costosas a quienes les pagan 20 o 25 mil", agregó.

    Sostuvo que los ayudantes de 'El Chapo' llevaban a las jóvenes a un rancho de maizales situado a unos 30 minutos de Culiacán. Allí las muchachas debían entregar sus teléfonos celulares y sus iPads antes de abordar las avionetas que las llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental, el inmenso refugio montañoso que Guzmán usaba con más frecuencia para esconderse.

    Todas pasaban por la prueba de nervios del vuelo de las avionetas de Guzmán a ras de los picos de los cerros y el espantoso aterrizaje en pistas de tierra muy cortas que terminaban en un pronunciado ascenso construido para desacelerar la avioneta.

    Guzmán tenía más de una docena de campamentos en la sierra. Los testigos los describen como construcciones sencillas que se mimetizan en sitios con abundante vegetación en medio del paisaje árido de la cadena montañosa.

    Los refugios, equipados con luz eléctrica, aire acondicionado, cocinas y cuartos muy austeros para huéspedes, señaló Carlos, estaban situados a una media hora o 45 minutos de las pistas de aterrizaje en cuatrimoto. Según lo han descrito testigos en el juicio que se realiza en contra de Guzmán en una corte de Brooklyn, estos escondites de paso estaban vigilados por un primer círculo de unos 200 hombres mientras que en el entorno cercano al capo se apostaban de 20 a 30.

    Las visitantes eran llevadas en cuatrimotos a los campamentos donde las esperaba una febril jornada de música, licor y sexo que podría extenderse durante dos o tres días, afirma Carlos.

    "Las muchachas se entretenían además disparando armas y manejando las cuatrimotos", dijo.

    El baile se hacía en palapas o kioscos abiertos, unas veces animado por bandas que tocaban los corridos preferidos de Guzmán y otra con equipos de sonido, agregó.

    Las modelos comentaban que 'El Chapo' sacaba provecho hasta el último minuto de sus encuentros sexuales, sostuvo Carlos. "Decían que no paraba en toda la noche".

    Al final de la jornada la advertencia a las mujeres era intimidante, recuerda Carlos: "Ustedes no vieron nada, no escucharon nada, esto nunca ocurrió en sus vidas", les decían.

     

    Las aventuras de 'Avatar'

    En los últimos ocho años, los hombres más cercanos a Guzmán fueron el colombiano Alex Cifuentes y el mexicano Dámaso López, conocido como 'El Licenciado'. Cifuentes, heredero de una familia que manejó la flota mercante más grande al servicio de los carteles de la droga, fue arrestado a finales de 2013. Negoció con la Fiscalía y declaró en el juicio en Brooklyn que se convirtió en la persona más importante del acusado.

    "No solo era su mano derecha sino la izquierda", dijo.

    Con el tiempo adquirió un marcado acento mexicano que lo hacía pasar por un local, explicó Carlos. Cifuentes participaba en las bacanales de la sierra, pero sin beber licor por cuanto sufre de una enfermedad del páncreas. 
    El colombiano conoció a una modelo colombiana con quien tuvo una hija. Univision intentó hablar con la modelo.

    Una mujer que se presentó como la madre de la modelo respondió que ella estaba trabajando en el exterior y al pedirle más detalles de su relación con Cifuentes explicó en un correo electrónico: "Nosotras no sabemos absolutamente nada ni queremos saber, por seguridad sabemos que eso lo manejan en el FBI’".

    Cifuentes contaba con otra mujer colombiana que se encargaba de reclutar modelos y de sus negocios personales. Su nombre, según su testimonio en la corte es Andrea Vélez Fernández.Carlos sostiene que los apellidos fueron invertidos en la corte. En su testimonio Cifuentes se refiera a ella como "mi secretaria".

    De acuerdo con Cifuentes, como Andrea tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México, Guzmán le pidió que organizara una reunión con algunas de ellas y un general del Ejército mexicano. La orden era ofrecerle un soborno de 10 millones de dólares al militar a cambio de "dejarlo a él (Guzmán) en paz", dijo Cifuentes.

    Si Andrea lograba convencer al "cachuchón", como se referían en los correos electrónicos a los líderes narcotraficantes al militar, ella recibiría un millón de dólares. Según Cifuentes el militar se negó. "El general odiaba mucho a Joaquín", declaró.

    Guzmán no creyó en esa versión, explicó Cifuentes. Comentó que Andrea era una mentirosa y ordenó que la mataran. Cifuentes admitió que estuvo de acuerdo con la decisión y se puso en la tarea de buscar a la persona que haría el trabajo. No solo para matarla a ella sino a un ayudante en Canadá llamado Steven Tello de quien 'El Chapo' sospechaba que estaba robándose dinero de la venta de drogas.

    Cifuentes dijo que se reunió con miembros de la pandilla Hells Angels para contratar al sicario. En medio de esa búsqueda fue arrestado en Culiacán el 12 de noviembre de 2013. Andrea y Tello se salvaron.

    Alex Cifuentes declaró en una corte federal que Guzmán ordenó la muerte de su asistente Andrea Fernández, luego de que no logró sobornar a un militar.

    Conocida como 'Avatar' por su parecido a la protagonista de la película, Andrea nació en Medellín, Colombia. Fue adoptada por una pareja de colombianos que ha vivido en el sur de la Florida. 'Avatar' trabajó como agente inmobiliaria en Miami.

    Por sus gestiones como asistente de negocios y placeres del cartel ganaba unos 5,000 dólares mensuales, afirmó Carlos.

    "Es una mujer de una personalidad muy fuerte, aguerrida, echada pa' lante, mal hablada, a veces metía cocaína que inhalaba en un cuchillo", recordó.

    Alrededor de 2013, vivía en el penthouse de un edificio de Polanco, en Ciudad de México, y trabajaba en una oficina de abogados cercana a su apartamento. La oficina estaba bajo la dirección de su novio, un abogado mexicano con "buenas conexiones" con el alto gobierno de México, dijo Carlos.

    Un residente del edificio dijo a Univision que no recordaba que en el penthouse hubiera vivido una mujer colombiana.

     

    Ampollas de juventud

    Otra de las asiduas visitantes a los campamentos de Guzmán era una mujer experta en terapias de rejuvenecimiento, afirma Carlos. Había hecho cursos en Europa de tratamientos antivejez que ponía en práctica con Guzmán.

    "Le aplicaba inyecciones en la cara y le cuidaba la piel, porque la piel de 'El Chapo' estaba siempre llena de picaduras de mosquitos, raspones por todos lados de cuando andaba en el monte", dijo Carlos.

    La misma mujer hacía brigadas de vacunación de los hombres de Guzmán.

     

    La reportera de Univision Investiga Peniley Ramírez contribuyó con este reportaje

  • ¿De qué crisis en la frontera habla Trump? Informes de su gobierno ponen en duda la necesidad de un muro

    Trump ha elegido la construcción del muro como el centro de su estrategia para 2020, tratando de repetir el éxito de 2016. Pero los números parecen estar en su contra.

    Por: JORGE CANCINO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    18 de enero del 2019- Seis semanas después de las elecciones de medio término, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump radicalizó su discurso con miras a la reelección del 2020. Y tal como sucedió en la campaña anterior, el eje central de su estrategia vuelve a ser la construcción del muro en la frontera con México.

    Trump les advirtió a los líderes demócratas del Congreso que estaba dispuesto a cerrar por largo tiempo una parte del gobierno si no le aprobaban, dentro de lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal, 5,700 millones de dólares para construir el muro.

    Trump argumenta que en la frontera hay una crisis que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y asegura que, si el muro no es construido como prometió a sus electores en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el crimen, la violencia y las drogas se ensañarán con los estadounidenses.

     

    Cierre parcial

    El 22 de diciembre terminó sin ningún acuerdo el plazo para la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso y el presidente cumplió su palabra y provocó un cierre parcial del gobierno federal que dejó a más de 800,000 empleados federales sin salario.

    “La seguridad fronteriza efectiva debe reducir dramáticamente la entrada de inmigrantes ilegales, criminales y drogas”, escribió el mandatario en una carta enviada al Congreso el 4 de enero. “Debe mantener fuera a los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y a aquellos que de otro modo serían inadmisibles bajo la ley. Y debe garantizar que quienes ingresan sin permiso legal, puedan ser devueltos a sus hogares de manera rápida y segura”.

    Desde el cierre del gobierno –y con más frecuencia que antes– el presidente se dedicó a tuitear sobre el tema. Entre el 22 de diciembre y el 16 de enero tuiteó 80 veces sobre la frontera, hablando de la crisis y acusando a los demócratas de estar en contra de la seguridad fronteriza.

     

    Tema de campaña

    Ese día (16 de enero) Trump despejó las dudas sobre la importancia del tema para la campaña del año 2020. “Cada vez es más obvio que los demócratas radicales son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur. # 2020!”, escribió en su cuenta de Twitter.

    Pero no todos ven con buenos ojos la estrategia. “Seguir con la retórica del muro solo le refuerza una base electoral que es extremista y que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, advierte Roberto Izurieta, director del departamento de política latinoamericana y campañas políticas de la Universidad George Washington. “Esa base extremista y minoritaria, con sus voceros -o expresiones en algunos medios o periodistas extremos-, parece que le es muy importante, al menos emocionalmente”.

    Izurieta agrega que, con este discurso, “Trump está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le de viabilidad a su gobierno y éxito político, entendiendo que ya tiene en mira la reelección presidencial del 2020”.

     

    Los números de la frontera

    Trump convirtió el tema del muro (que fue una de sus promesas electorales en 2016), en el centro del enfrentamiento con los demócratas con miras s 2020. Pero, ¿Es tan insegura la frontera como la presenta el presidente? ¿Entran cada año tantos criminales y drogas por ella como asegura la Casa Blanca? ¿Es la frontera abierta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?

    Son varios los estudios y los datos producidos por centros académicos de reconocida credibilidad y por entidades del propio gobierno que ponen en cuestión las afirmaciones del presidente. Comenzando por el flujo de inmigrantes que entran de manera ilegal al país y alimentan la población indocumentada.

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, actualmente viven en el país unos 10.7 millones de inmigrantes indocumentados. Entre 2007 y 2008 (el pico máximo) la cifra estimada era de 12.2 millones, una baja del 13%. Por tanto, la inmigración no autorizada en vez de estar aumentando, como afirma Trump, ha descendido. 

    Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS) “Las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos ha descendido de manera dramática en los últimos años. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera sur, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones en la actualidad. 

    Se podría pensar que la cifra de aprehensiones ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades. Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.

     

    Más seguridad que nunca

    Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Interna sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

    Según el reporte, el número de cruces no detectados ha caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación). 

    “La seguridad en la frontera suroeste es mayor que nunca”, asegura un artículo de FWD.us­, una organización integrada por directivos del sector de alta tecnología, entre ellos Google y Facebook, cuya misión es educar al público sobre las políticas de inmigración y las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. “El Congreso ha invertido millones de dólares en las últimas dos décadas para desplegar infraestructura, tecnología y personal para asegurar la frontera, y esta inversión ha dado resultados”.

    Y si quedaran dudas, el mismo reporte del DHS (publicado hace menos de un año, durante la administración Trump), dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas)”.

    “Hay más infraestructura, tecnología y agentes fronterizos en la frontera suroeste que en cualquier otro momento de la historia, lo que ha dado como resultado menores intentos de cruzar ilegalmente y mayor probabilidad de que sean detectados”, dice el artículo de FWD.us. 

     

    Un coladero de drogas

    Un argumento que ha utilizado el presidente Trump (y ha vuelto a utilizar, cada vez con más fuerza) es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras, como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dice un artículo reciente de The New York Times, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.

    Datos de la Patrulla Fronteriza muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisa en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados de la Unión Americana) viene por los puertos de entrada y no por la frontera abierta. 

     

    La criminalización de los inmigrantes

    Otro argumento ­–que el presidente suele acompañar con declaraciones dramáticas de personas afectadas– es que por la frontera entran todos los días cientos de criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses: lo que se ha dado en llamar la “criminalización de los inmigrantes”.

    En este aspecto, las cifras del gobierno también son muy dicientes. En el año fiscal 2018 (faltando solamente el mes de septiembre para consolidar las cifras), la Patrulla Fronteriza aprehendió un total de 361,993 migrantes que pretendían ingresar de manera ilegal al país. De ese total, solamente 6,259 (1.7%) tenían antecedentes criminales, y el delito que habían cometido era un ingreso ilegal al país o un DUI. Solo 3 habían sido convictos por homicidio, y solo 78 por agresión sexual.

    La Oficina de Operaciones de Campo (otra rama del CBP) detectó otros 10,572 migrantes con antecedentes criminales, que hacían parte de un grupo de 204,288 personas que trataron de entrar legalmente al país por los puertos de entrada (no por la frontera abierta) y fueron declaradas inadmisibles. Un caso más en el que funcionaron muy bien los controles existentes. 

    La “criminalización” que ha hecho el presidente no cobija solo a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, sino a todos los indocumentados (incluidos los que llevan años viviendo en el país). Si los indocumentados delinquen más que los nativos es un tema difícil de medir, como lo dice el artículo de The New York Times. Pero un estudio que cita el mismo diario, hecho por el Instituto Cato (de tendencia conservadora), muestra que en el caso de Texas (un estado con un número alto de inmigrantes), la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados es menor que la de los nativos estadounidenses.

     

    ¿Para qué sirve el muro?

    En un informe de marzo de 2018, la GAO (la Oficina de Contabilidad del Gobierno) fue muy crítica con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), porque según ella “no ha desarrollado métricas que sistemáticamente usen los datos que recopila para evaluar las contribuciones de las vallas fronterizas a su misión, tal y como lo recomendó la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) en su momento”.

    Y en uno más reciente, de julio de 2018 (producto de una auditoría realizada entre octubre de 2017 y junio de 2018),la misma GAO, refiriéndose a las obras realizadas en la administración Trump, dice que “procediendo sin una información adecuada sobre costos, bases de adquisición, y aportes de las vallas y la tecnología desplegadas anteriormente, el DHS enfrenta un gran riesgo de que el programa relacionado con el muro fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado, o no dé los resultdos esperados”.

    Esa puede ser una explicación del giro que ha dado el presidente en cuanto a la naturaleza del muro. De hablar de un gran muro de concreto –del que se hicieron varios prototipos–, el presidente a pasado a hablar de una barrera metálica, menos ambiciosa pero, según él, igual de efectiva. El cambio dio lugar a la aparición de lo que parecían ser memes que mostraban perforaciones en la barrera, por donde podrían colarse los indocumentados.

    En realidad, no se trataba de memes. Era un recordatorio de la inutilidad de una barrera ante la voluntad inquebrantable de muchos migrantes de entrar a este país. Y tiene sustento, de nuevo, en los informes de la GAO. En el ya mencionado de marzo de 2018, hablando de los altos costos de mantenimiento que tiene el muro fronterizo, la oficina dice que entre tales costos el mismo CBP incluye la reparación de las brechas en muros y puertas que “aumentan la posibilidad de los migrantes de entrar al país sin impedimento”. Entre 2010 y 2015 “el CBP reportó un total de 9,287 brechas en barreras pedestres”.

     

    ¿Y por qué lo apoyan?

    Además de su base, el presidente ha contado hasta ahora con el apoyo irrestricto de los republicanos en su idea de construir el muro. Una fuente republicana conocedora de las discusiones a puertas cerradas en el Congreso para presionar a la Casa Blanca a que acepte un presupuesto con una cantidad menor a los $5,700 millones que exige Trump, dijo a Univision Noticias, bajo condición de anonimato, que “los miembros del partido en la Cámara apoyarán al mandatario tanto como puedan y sus votantes no los presionen”.

    Agregó que en el lado demócrata “también hay divisiones”, y que hasta ahora las posiciones se mantienen “porque el pueblo, los votantes, se han mantenido en silencio y no están presionando lo suficiente”.

    El cierre del gobierno, sin embargo, puede cambiar todo. “Viene la temporada de impuestos y los aeropuertos todavía están funcionando. Pero cuando todo se afecte y tan pronto el público presione a sus congresistas, ahí vamos a ver un aumento de exigencias a la Casa Blanca. Ese será el punto de inflexión en esta crisis. Todos saben que esto no puede seguir para siempre”.

    A la pregunta respecto a si los republicanos apoyarían una declaración de emergencia del presidente para conseguir de esa manera los fondos para construir el muro en la frontera con México, la fuente dijo que “si bien se reconoce que Trump tiene el poder y la opción de declarar un estado de emergencia, muchos republicanos en ambas cámaras y fuera del Congreso no quieren eso, porque se puede tomar como un abuso de poder”.

     

  • Sube a 66 el saldo mortal de la explosión de un ducto de gasolina en México

    Otras 76 personas resultaron heridas, señaló este sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El incidente ocurrió en una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan en la que más de 600 personas se encontraban en los alrededores del ducto, de acuerdo con la secretaría de Defensa.

    UNIVISION

     

    19 de enero del 2019- Al menos 66 personas murieron tras la explosión de un ducto en una toma ilegal de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México.

    El hecho ocurrido en la tarde del viernes también dejó a 76 personas heridas, entre ellos un niño de 12 años, señaló el sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en una rueda de prensa.

    Entre 600 y 800 personas personas robaban con cubetas y bidones el combustible de un ducto perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ocurrió el siniestro, señaló el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Las autoridades tardaron horas en contener el incendio.

    Testigos citados por medios indicaron que tras la explosión, las llamas se elevaban a más de 20 metros de altura y que la onda expansiva afectó a decenas de personas que estaban recogiendo gasolina muy cerca de la vía que conecta a Teltipan con Tlahuelilpan.

     

    Mantendrán estrategia ante del 'huachicoleo'

    En las últimas semanas el gobierno mexicano lanzó una estrategia para frenar el robo de combustibles y desplegó a 3,200 agentes para proteger ductos y refinerías. También ordenó el cierre temporal de ductos, lo que generó problemas en la distribución del combustible y, en consecuencia, escasez.

    La toma ilegal de combustible, conocida como "huachicoleo", es una vieja práctica que le ha costado a Pemex miles de millones en pérdidas anuales.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el sábado en que seguirán evitando que haya una confrontación entre los miles de militares desplegados y los pobladores que buscan el combustible.

    "Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, creo en la gente y se que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va a también alejarse de estas prácticas", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

    El secretario de la Defensa Nacional relató que en el momento de la explosión había un equipo de 25 agentes en el área, pero habían decidido no intervenir en la toma ilegal de combustible porque se vieron rebasados por la multitud.

    “Es muy difícil detener 25 hombres a 600, 800 personas”, dijo Sandoval. “Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por esa cantidad de gente que está en frente de ellos. Es lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones".

    Durante la rueda de prensa matutina, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que "no cabe duda" que el incendio es la consecuencia de la toma ilegal de combustible.

    Desde hace al menos 10 años las autoridades mexicanas catalogaron el robo de combustible como una de las actividades ilícitas que ocasionaba más pérdidas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108,000 investigaciones por este delito, pero fue creciendo de forma exponencial pues en 2006 se abrieron 394 investigaciones y en 2018 aumentó hasta 31,000, según cifras del gobierno.

    Este problema generó pérdidas de 66,300 millones de pesos ($3,400 millones) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país.

    El presidente López Obrador ha señalado que estas prácticas se realizaban en complicidad u omisión de autoridades locales, por lo que grupos criminales podían perforar las tuberías que transportan cerca del 20% del crudo nacional. Este combustible robado es adquirido por diversas empresas e incluso gasolinerías, según reveló el propio gobierno.

    Esta actividad ilegal se inició en el llamado Triángulo Rojo, en el céntrico estado mexicano de Puebla, pero con el tiempo la práctica se extendió a otros estados. Actualmente los que lideran el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco e Hidalgo -donde justamente ocurrió la tragedia este viernes- de acuerdo el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

     

  • México les ofrece visas para transitar y trabajar, pero cientos de migrantes de la nueva caravana decidieron cruzar clandestinamente

    Es una imagen que dista considerablemente de cómo recibieron a los centroamericanos que llegaron en caravana hace apenas tres meses. Si en aquella ocasión estaba la policía en la frontera con escudos y gases lacrimógenos, ahora las autoridades mexicanas llevan a cabo un proceso ordenado. Sin embargo, cientos de migrantes decidieron saltarse el proceso y cruzar la frontera irregularmente por la noche.

    UNIVISION

     

    17 de enero del 2019- Cientos de migrantes del grupo de hondureños que salió a principios de semana de San Pedro Sula en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México, país al que cruzaron a través del paso de Tecún Umán.

    A diferencia del trato que recibieron los centroamericanos de la caravana que llegó a México a través de esa frontera en octubre de 2018 y que fueron recibidos con retenes y gases lacrimógenos y entraron a ese país entre empujones, en esta ocasión los migrantes pudieron acceder de manera segura y ordenada.

    El hambre y el cansancio impactan a los migrantes de la nueva caravana en su intento por llegar a EEUU

    El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en la noche del jueves que había registrado a 969 adultos migrantes y a 145 niños y adolescentes procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua como solicitantes de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

    Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cientos de migrantes del grupo que salió en caravana decidieron cruzar de manera clandestina a México ya que son escépticos con el plan que les ofrece el gobierno de esa nación, según informó la periodista Maya Averbuch desde esa frontera.

    Al cruzar en la oscuridad, los migrantes pretendían no tener que pasar el proceso establecido por México. Pero por el momento se desconoce si las autoridades mexicanas los obligarán a pasar el proceso del resto de migrantes o si los deportará de encontrarlos a lo largo del camino.

    La imagen distó considerablemente de la de la jornada del jueves cuando se procesó a los migrantes que ya llevaban un registro migratorio de su entrada a Guatemala. A ellos se les permitió cruzar a través del puente fronterizo y se les ofreció un brazalete que les permitirá el libre tránsito por territorio mexicano.

    En el municipio de Suchiate (México), las autoridades migratorias mexicanas los recibieron con agua y los registraron en el sistema y les dieron la pulsera con un código de barras que tiene la información de sus casos.

    Los migrantes tendrán que esperar cinco días para recibir la 'Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias' con la que podrán trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud. Según informó el INM, su objetivo es rebajar el tiempo de espera de los migrantes para conseguir ese documento que antes solía demorarse hasta 30 días.

    Mientras consiguen esa tarjeta, los centroamericanos podrán permanecer en el lado mexicano o guatemalteco de la frontera.

    Este jueves, muchos centroamericanos ya registrados por las autoridades mexicanas decidieron regresar a Guatemala puesto que el albergue del lado mexicano aún no estaba listo.

    Antonio, de 28 años, uno de los migrantes que consiguió este jueves el brazalete con el que le registaron en México fue uno de los que decidió regresar a Tecún Umán. Según le dijo a la agencia EFE, con esa pulsera podrá volver en cinco días para seguir con un proceso "humanitario" que le permitirá acceder a empleo y servicios de salud básicos en territorio mexicano.

  • Así es como militares y funcionarios de alto rango contribuían al robo de combustible en México

    De acuerdo con una investigación que realiza la fiscalía, al menos cinco funcionarios élite del gobierno ordenaban a sus agentes no informar al Ministerio Público de las tomas clandestinas que encontraban y además reportar el hallazgo de puntos falsos.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 16 de enero del 2019- La Procuraduría General de la República (fiscalía) inició una investigación contra cinco funcionarios de alto rango en el gobierno de México, dos de los cuales son generales que se desempeñaron como responsables de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente ordenar a sus agentes sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de los hallazgos que hacían.

    La existencia de esta investigación sale a la luz en medio de una serie de anuncios que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó para combatir el millonario robo de combustible en el paí s, un delito que se practicaba desde hace años con la complicidad de los propios funcionarios del gobierno, según señaló el mandatario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, en poder del diario Milenio los implicados son Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.

    También están sujetos a investigación el exgerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el exgerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva. De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.

    Pese a que existía una denuncia realizada por varios trabajadores de Pemex ante la fiscalía en marzo de 2017, los documentos no fueron tomados en cuenta para hacer una investigación hasta que inició la nueva administración del gobierno y su combate contra el robo de combustible.

    La denuncia fue presentada por el abogado Jorge García Andriano, en la que además se implica a funcionarios regionales de Pemex y militares pertenecientes a la comisión de seguridad de la paraestatal.

    En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado señala los delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas y encubrimiento por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física alterar el lugar e impedir que se averigüe la conducta delictiva de ciertas personas, con el argumento de que sí no hacían caso omiso, serían despedidos.

    Uno de los casos que conforma la carpeta de investigación es el del trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, quien solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado. También llegaron a ordenarle que sembrar tomas clandestinas en otros lugares.

    "Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informar a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

    Aunque la denuncia fue presentada en 2017, no fue hasta finales de 2018, luego del cambio de gobierno, cuando la fiscalía inició una investigación contra las personas presuntamente implicadas.

    Menos de un mes después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció la implementación de medidas para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, que ha derivado en una crisis de abastecimiento de gasolina en el país, pero también ha destapado los problemas de corrupción en Petróleos Mexicanos.

    En diversas ocasiones, A MLO ha señalado que se combatirá la corrupción en todos los niveles, incluido el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero que no habrá “show” ni se fabricarán delitos.

    “No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos, a todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos”, aseguró.

    De acuerdo con cifras del gobierno de México, el problema del huachicoleo ha generado pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018.

     

  • Avanza el nuevo grupo de migrantes camino a EEUU: cerca de 700 llegaron ya a Guatemala

    Según autoridades de Honduras, unos 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    UNIVISION Y AGENCIAS

     

    16 de enero del 2019- Un total de 709 hondureños que salieron el lunes de su país cruzaron ya la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

    El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.

    Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.

    Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente después de que la mujer no dispusiera de la documentación necesaria para que sus sobrinos pudiesen salir del país.

    Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.

    Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de los migrantes.

    La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.

    Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

    Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".

    Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a Estados Unidos "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".

    Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con cifras oficiales.

     

  • De padrino de bodas de Ortega a denunciar un "estado de terror": qué hay detrás de la renuncia del juez Rafael Solís

    Rafael Solís era magistrado judicial, comisario político y asesor partidario sandinista. Además, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con su renuncia comienza a resquebrajarse el círculo íntimo del gobierno de Ortega y Murillo que hasta ahora parecía infranqueable.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

     

    MANAGUA, Nicaragua. 14 de enero del 2019- En 2005, un año antes de asumir la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega volvió a casarse con Rosario Murillo. Renovaron sus votos matrimoniales en la iglesia católica. Fue una reunión privada; solo fueron invitados amigos cercanos. En el acta de casamiento quedó registrado como padrino de boda Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, veterano militante sandinista y “comisario político” de la pareja presidencial en el sistema judicial.

    Catorce años después, en medio de la aguda crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, Solís renunció a todos sus cargos institucionales y políticos. Una bomba inesperada para sus ahijados matrimoniales. El padrino los ha abandonado porque no está de acuerdo con “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”.

    Rafael “Payo” Solís publicó su carta de renuncia el 10 de enero. La conmoción en Nicaragua fue inmediata y sus implicaciones todavía siguen aflorando: Es la deserción política más significativa que ha sufrido el sandinismo controlado por Daniel Ortega desde principios de la década de 1990, cuando los principales intelectuales y revolucionarios rompieron con el partido para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

    El exmagistrado Solís explicó en su carta de renuncia que no está de acuerdo con el “estado de terror” instalado por la policía y paramilitares y la falta de voluntad política de la pareja presidencial para encontrarle una solución dialogada al conflicto iniciado en el abril de 2018.

    “Presento mi renuncia inmediata e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a todos los cargos políticos incluida la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, expresó Solís en la misiva.

    La militancia sandinista de Solís superaba las cuatro décadas. Aparte de ejercer su cargo como magistrado y operador político en el sistema de justicia, era una voz pragmática y beligerante en las decisiones del Frente Sandinista. Era uno de los hombres indispensables de Daniel Ortega. La imprevista renuncia de un personaje de tan alto perfil evidencia el resquebrajamiento que ha comenzado a causar la crisis sociopolítica en el círculo íntimo del poder.

    “Es la deserción más importante en los últimos 20 años de vida política de Daniel Ortega”, le dijo a Univision Noticias Eliseo Núñez, exdiputado y jurista. “Es llamativo que Solís no solo renuncia como magistrado y a los cargos políticos, sino que también a la militancia sandinista. Es un reconocimiento de que el partido no es capaz de contener el capricho de dos personas por aferrarse al poder”.

     

    Artífice de la reelección de Ortega

    Entre los 16 magistrados de Poder Judicial, Solís era el más influyente pese a que la presidencia del tribunal mayor lo ocupa su correligionaria Alba Luz Ramos. Solís estuvo detrás de dos fallos judiciales que delinearon buena parte del presente político de este país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia liberó en 2009 al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control del Parlamento.

    Meses después y más controvertido aún, Solís fue parte del diseño del fallo que le permitió a Ortega reelegirse como presidente de la República, pese a que la reelección consecutiva estaba vetada por la Constitución Política. Solís se “arrepintió” por esta maniobra y aseguró “que fue un error haber permitido” la reelección de su ahijado de boda.

    “Es un golpe político ante todo. Y muy fuerte”, explicó a Univision Noticias Vilma Núñez, expresidenta del Poder Judicial y exmilitante sandinista. “Su declaración sale del seno, de las entrañas del poder, y contradice la versión oficial de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado”, aseveró.

     

    No es una renuncia cualquiera

    Solís lamentó que Ortega y Murillo no hayan tenido “sensatez y cordura” para proceder a una negociación política que derivara en el adelanto de elecciones como la mejor manera de superar la crisis pacíficamente.

    “Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, insistió el exmagistrado.

    Son palabras fuertes que no solo provienen de un leal, de un operador político y de un prominente funcionario público. Son las del Rafael Solís, padrino de bodas. Estos vínculos explican por qué la carta del exmagistrado ha causado un terremoto político en el aparentemente impermeable Frente Sandinista. Hasta ahora, la pareja presidencial no se ha referido a la dimisión de su padrino de bodas.

    “No es una renuncia cualquiera. No es lo mismo que renuncie alguno de los otros magistrados a que renuncie Rafael Solís. No es un disidente cualquiera. Se trata del asesor más importante y fundamental en las políticas del Frente Sandinista. Un hombre que estaba en el mero centro del poder”, aseguró a Univision Noticias el exvicencanciller de Nicaragua, José Pallais. “Esta renuncia genera dudas en la estructura del poder. Los desmoraliza. Los hace preguntarse si hay futuro”.

    Aunque el orteguismo sufre en silencio esta bomba política, algunos voceros oficiosos del gobierno han comenzado a tildar al exmagistrado de “traidor”. De hecho, la “purga” se ha extendido a jueces cercanos a Solís, quienes también son señalados de “cómplices de traición”.

     

    Poder Judicial sometido

    Solís hizo énfasis en la represión policial y paramilitar que ha dejado 325 muertos, más de 2,000 heridos y 565 presos políticos. Además, cuestionó la actitud presidencial de negarse al diálogo mediado por la iglesia católica para solventar la crisis.

    Sin embargo, lo más revelador de la misiva de renuncia es la apreciación de Solís respecto a los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos. Contrario a lo que promulga el gobierno de que son “golpistas y terroristas”, el exmagistrado sostiene que son en realidad “presos políticos”. Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca y parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los crímenes cometidos cometidos entre abril y mayo, dijo que lo que más le impresionó en Nicaragua “fue la falta de independencia del Poder Judicial”.

     “Comenzaron los juicios en su gran mayoría políticos aún conforme mi criterio, a una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un Poder Judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces a quienes defiendo porque no tenían más alternativas que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”, criticó Solís por su parte.

     

    Otra renuncia: el Superintendente de Bancos

    Menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Solís, otro funcionario del gobierno dimitió. Se trata del superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo.

    Las razones exactas de la renuncia del superintendente de Bancos no han trascendido, aunque se está a la espera que el Parlamento la ratifique. Urcuyo dimite en el momento álgido de la crisis económica tras las protestas. El sistema financiero de Nicaragua ha perdido más de 1,300 millones de dólares en depósitos y los créditos están semiparalizados.

    “Estoy seguro que los funcionarios más vulnerables se van a ir. Es decir, aquellos que tienen conexiones con el sistema financiero internacional debido a las sanciones económicas que podría aplicar Estados Unidos a través de la Ley Nica Act”, sostuvo el exdiputado Eliseo Núñez. “Es una mala lectura de Ortega pretender que sus allegados van a estar con él mientras se atrinchera al poder y se cierra ante una negociación política”, finalizó.

     

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