Indianapolis, Indiana. .
January 24, 2019

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La agencia también recuerda que el cónyuge solicitante y su cónyuge ciudadano de Estados Unidos deben haber vivido en unión matrimonial por al menos 3 años inmediatamente antes de la fecha de solicitud de naturalización (formulario N-400). Pero además existe un requisito tan importante como ese.

JORGE CANCINO

 

23 de octubre del 2018- El servicio de inmigración estadounidense aclaró una disputa entre dos reglamentos que no se ponen de acuerdo respecto a cuándo el cónyugue de un estadounidense puede pedir la ciudadanía.

Mientras una política interna determinada que el matrimonio debe permanecer unido hasta el momento de la juramentación, otra norma establece que deben estar viviendo juntos solo hasta el momento de presentarse la petición por medio del formulario N-400.

“Se trataba de una duda que llevaba tiempo y que afectaba a muchas personas”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami Florida. “Con fecha 12 de octubre, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) aclaró la disputa y determinó que se toma como válida la fecha de presentación de la solicitud”, agregó.

 

El nuevo requisito

La USCIS dijo que a partir del 12 de octubre actualizó la orientación sobre políticas para aclarar “los requisitos de parejas que viven en unión matrimonial bajo la Sección 319(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.

En general, explicó, los solicitantes de la naturalización que presentan el formulario N-400 “debían continuar casados (viviendo juntos) desde el momento de la solicitud de naturalización hasta que el solicitante tomara juramento”.

Además, añade, “las disposiciones legales obligan al cónyuge solicitante a permanecer casado y viviendo en unión matrimonial (juntos) con el ciudadano estadounidense durante al menos 3 años inmediatamente antes de presentar la solicitud de naturalización”.

Indica además que “si bien la ley exige que el cónyuge solicitante y el ciudadano permanezcan casados hasta el el tiempo que el solicitante se naturaliza, el requisito de vivir en unión matrimonial solo se requiere hasta la fecha de presentación de la solicitud”.

 

Qué no cambia

La USCIS previno que, el resto de requisitos se mantienen vigentes, siendo ellos:

 

-El cónyuge solicitante y su cónyuge ciudadano de Estados Unidos deben haber vivido en unión matrimonial por al menos 3 años inmediatamente antes de la fecha de solicitud de naturalización (formulario N-400).

-Reafirma que la terminación del matrimonio (divorcio o anulación) en cualquier momento antes de que el solicitante tome el Juramento de Lealtad hace que el solicitante no sea elegible según la Ley de Inmigración (INA).

“Si se divorcia antes de la juramentación, el cónyuge del ciudadano se convierte en inadmisible para volverse ciudadano”, dice Guerrero. “En ese caso deberá esperar que cumpla cinco años como residente legal permanente para presentar el formulario N-400”, señaló.
La USCIS aclara que, de acuerdo con la ley, “se considera que un solicitante vive en unión matrimonial con su cónyuge ciudadano si el solicitante y el ciudadano estadounidense realmente viven juntos”.

 

Los autores de la investigación hecha por la Universidad Estatal Bowling Green aseguran que estas cifras no reflejan la realidad por completo, pues los datos sobre crímenes sexuales cometidos por policías son casi inexistentes.

UNIVISION

 

19 de octubre del 2018- Un estudio de la Universidad Estatal Bowling Green, en Ohio, determinó que oficiales de policía en Estados Unidos fueron acusados de 405 violaciones entre 2005 y 2013. Al analizar los datos, en promedio se trata de unas 45 agresiones sexuales al año.

Otros delitos como manoseos fueron reportados más veces, unas 636. Sin embargo, los autores de la investigación aseguran que estas cifras no reflejan la realidad por completo, pues los datos sobre crímenes sexuales cometidos por policías son casi inexistentes.

"No están disponibles para nada", dijo al canal CNN Jonathan Blanks, investigador asociado del Projecto de Justicia Criminal del Instituto Cato em Washington DC.

De hecho, la estadística que presenta la Universidad Estatal Bowling Green está basada en una compilación de información propia realizada con alertas de Google y sobre la base de aquellos oficiales que han sido arrestados.

 

Algunos ejemplos

Entre los casos que reporta el estudio están los de policías que cometieron los abusos contra sus propias esposas o fuera de servicio. Pero también hay algunos que ocurrieron mientras patrullaban. Un ejemplo, es el de un oficial con 21 años de servicio en Seattle que violó a su esposa.

Pero en los registros también hay casos de policías que al estar en su tiempo libre abusaron de su autoridad. Uno de ellos es el de un policía con un año en el Departamento de Policía de Columbus, en Georgia, que bajo el efecto del alcohol violó en 2005 a una joven de 15 años. Solo fue suspendido, según el reporte, pero no ha sido acusado.

Otro caso es el de un agente con siete años en el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York que violó a una mujer de 35 años mientras estaba en servicio. Fue suspendido y acusado por la agresión.

El pasado 17 de octubre se conoció el caso de un oficial de Maryland que agredió sexualmente a una mujer durante una parada de tránsito a la una de la madrugada. Su nombre es Ryan Macklin, de 29 años. Tenía seis años en el Departamento de Policía del condado George. Fue imputado por violación, prácticas pervertidas, agresión y ofensa.

 

Una cifra negra

Un estudio financiado por el Departamento de Justicia y realizado en 2016 —llamado 'La integridad perdida de la policía: un reporte sobre los oficiales arrestados'— asegura que la falta de cifras sobre crímenes cometidos por agentes del orden es generalizada, no solo en los registros sobre agresiones sexuales.

"No hay estadísticas completas disponibles sobre los problemas con la integridad de los policías y no hay entidad del gobierno que esté recolectando los datos sobre los arrestos de policías en Estados Unidos", asegura el reporte en sus primeras páginas.

Más adelante refiere que las agresiones sexuales cometidas por policías, a menudo, son definidas como "ofensas ocultas" y que los estudios sobre este problema usualmente son realizados usando pequeñas muestras o con entrevistas a agentes que, aseguran, son amenazados para que no revelen la información que conocen.

A eso se suma la negativa de las víctimas a denunciar por temor a represalias. "¿A quién llamas en esa situación, cuando tu violador o agresor es un policía?", se preguntó Philip Stinson, profesor asociado de justicia criminal y quien participó como investigador principal en el estudio financiado por el Departamento de Justicia en una entrevista con CNN.

Y una razón más para la falta de cifras, es que los sindicatos policiales protegen la reputación de los oficiales. "No quieren que sus policías o miembros sean avergonzados si algo sale mal",aseguró Blanks. "El sistema está hecho para proteger a los policías de que rindan cuentas (...) Y los peores policías tienen la mayor protección", agregó al explicar que en algunas jurisdicciones se resguarda la identidad del gente y en otras incluso se llega a acuerdos de confidencialidad con las víctimas

Jueces, profesores de leyes, colegas y hasta un ex magistrado de la Corte Suprema: miles de catedráticos de las leyes de EEUU pidieron prudencia sobre el nominado de Donald Trump y no es solo por las alegaciones de presunta agresión sexual en su contra, es por su temperamento.

UNIVISION

 

7 de octubre del 2018- El Congreso confirmó este sábado al polémico juez Brett Kavanaugh como magistrado de la Corte Suprema. Lo hizo con apenas dos votos de diferencia, 50 a 48, en un ambiente teñido por las tensiones en el pleno y las protestas en las afueras del Capitolio y el edificio de la Corte Suprema.

Más allá de las manifestaciones, han sido muchas las voces que manifestaron dudas sobre el juez, advirtieron que no debería ser nominado en lo absoluto, o al menos no por ahora hasta que una investigación profunda indague en zonas algo oscuras del pasado del nominado por el presidente Donald Trump.

Y esas voces no provienen solo de las protestas, sino de los propios colegas de Kavanaugh que señalan que, más allá de las alegaciones de presuntas agresiones sexuales cometidas por él en los 80, el juez no había demostrado tener el temperamento necesario para ocupar un puesto en la corte más importante de EEUU.

En la presentación del 27 de semptiembre en el Senado, Kavanaugh mostró un sesgo partidista. "Todo este esfuerzo de dos semanas ha sido un golpe político calculado y orquestado (...) alimentado por la aparente ira reprimida contra el presidente Trump y las elecciones de 2016 (...) la venganza en nombre de los Clinton y millones de dólares en dinero de grupos opositores de izquierda", dijo sobre las alegaciones en su contra.

Ese tipo de comentarios sumado a que tuvo un comportamiento agresivo con los senadores, interrumpiéndolos e incluso levantándoles la voz resultan, según expertos, descalificantes para un aspirante a tamaño cargo.

El Colegio de Abogados, colegas de su misma corte, cartas firmadas por profesores de leyes de todo EEUU e incluso un exmagistrado del Máximo Tribunal, pidieron prudencia sobre este juez, pero el mensaje no fue escuchado.

 

Quejas de colegas de Kavanaugh enviadas a la Corte Suprema

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien este sábado juramentó a Kavanaugh, ha recibido más de una docena de quejas por mala conducta judicial en las últimas semanas contra Kavanaugh, informó The Washington Post.

La jueza Karen LeCraft Henderson, una jueza conservadora de la Corte de Apelaciones en la que trabajaba Kavanaugh, había rechazado otras quejas contra el juez por considerarlas superficiales pero consideró que algunas eran lo suficientemente importantes.

Henderson dijo en un breve comunicado este sábado que las quejas recibidas se centraban en las declaraciones que Kavanaugh hizo durante sus audiencias de confirmación en el Senado.

"Después del inicio de las audiencias de confirmación del juez Brett Kavanaugh, miembros del público en general comenzaron a presentar quejas en el Circuito de D.C. sobre las declaraciones hechas durante esas audiencias", dice la jueza y aclara que las quejas "no se refieren a ninguna conducta en la que el juez Kavanaugh se haya comprometido como juez".

Fuentes del diario dijeron que las quejas se relacionan a la posible deshonestidad de Kavanaugh al responder ante el Senado y que no demostró el temperamento judicial esperable de un juez que aspira a la mayor corte del país .

" Las quejas buscan investigaciones solo de las declaraciones públicas que ha hecho como candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos", añade.

Roberts, quien será par de Kavanaugh, "no vio necesidad urgente de que la rama judicial resolviera (las quejas) mientras continuaba revisando las quejas entrantes", indica The Washington Post.

Expertos legales le aseguraron al diario que "nunca antes un candidato a la Corte Suprema ha estado preparándose para incorporarse a la Corte, mientras un colega de ese juez recomienda que reclamaciones por mala conducta en contra del nominado requieren ser revisadas".

"La decisión de Roberts de no remitir inmediatamente los casos a otro tribunal de apelaciones ha causado cierta preocupación en la comunidad legal. Ahora que ha sido confirmado, los detalles de las quejas pueden no ser públicos y pueden ser incluso desestimados", dicen expertos legales al periódico.

 

La calificación de Kavanaugh, bajo revisión

Este viernes, el Colegio de Abogados de Estados Unidos ( American Bar Association, ABA por sus siglas en inglés) envió una carta al Comité Judicial del Senado para avisar que reabrían su evaluación sobre Brett Kavanaugh tras ver su comportamiento en la audiencia del 27 de septiembre en la que declaró luego de que lo hiciera Christine Blasey Ford, la primera mujer que lo acusó de agresión sexual.

ABA, fundada en los años 70, es una asociación de abogados y estudiantes de leyes que tiene más de 400,000 miembros que otorga calificaciones a jueces que siempre son tomadas en cuenta a la hora de nominaciones y ascensos.

Kavanaugh aún es señalado por ABA como "bien calificado", pero tras ver su conducta en la última audiencia que mostró vetas algo agresivas y desafiantes, revisarán esa óptima calificación.

"Estimado presidente Grassley y miembro de mayor rango Feinstein: Nueva información de carácter material sobre el temperamento durante la audiencia del 27 de septiembre ante el Comité Judicial del Senado ha impulsado una reapertura de la evaluación del Comité Permanente. El Comité no espera completar un proceso y volver a votar antes de la votación programada en el Senado. Nuestro informe original debe leerse junto con lo anterior. Nuestra calificación original se mantiene", dice la carta.

El propio presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, semanas atrás citó la alta calificación de Kavanaugh en ABA como un motivo para proceder con su confirmación.

Días más tarde, cuando la organización pidió posponer la votación sobre el juez para que haya una investigación amplia sobre las alegaciones de agresión sexual que pesan sobre Kavanaugh, Grassley atenuó el valor de la voz de ABA. “Expliqué muchas veces que una investigación del FBI no es necesaria. ABA es una organización de afuera como cualquier otra que puede enviarnos sus cartas y compratir sus consejos, pero nosotros no vamos a dejar que ellos dicten los negocios de nuestro comité", dijo Grassley.

Ya en 2006, cuando Kavanaugh se estaba preparando para su segunda audiencia de confirmación para la corte federal de apelaciones, la ABA había reconsiderado su calificación sobre él.

ABA detalló en ese momento que la baja en la calificación fue motivada por "nuevas preocupaciones sobre el comportamiento y veracidad de Kavanaugh". Pasó de "bien calificado" a "calificado".

Esta baja en la calificación fue una mancha menor en un currículum brillante, y fue descartada por conservadores que vieron al Colegio de Abogados como un grupo de interés liberal. Esa baja en la calificación no impidió que Kavanaugh fuera confirmado para el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.

Cuando fue nominado para la Corte Suprema por Donald Trump, ABA lo calificó por unanimidad otra vez como "bien calificado", aunque el presidente de la asociación, Robert Carlson, llamó a "una completa investigación” del FBI antes de una votación en el Senado.

 

2,400 académicos de leyes opinan lo mismo

Kavanaugh no demostró tener el temperamento para estar en la Corte Suprema, dicen 2,400 profesores y catedráticos de Derecho.

"El temperamento judicial es una de las cualidades más importantes de un juez (...) un juez requiere 'personalidad imparcial, cortés pero firme y dedicada a un proceso, no a un resultado'. La preocupación por el temperamento judicial se remonta a nuestra fundación (...) Alexander Hamilton expresó la necesidad de 'la integridad y la moderación del poder judicial'", indican los expertos.

2,400 profesores de derecho "que enseñan, investigan y escriben sobre las instituciones judiciales de este país" dicen haberse sentido obligados a escribirles a "nuestros senadores" para expresar su preocupación tras ver a Kavanaugh ante el Senado el pasado 27 de septiembre.

"El juez Brett Kavanaugh mostró una falta de temperamento judicial que sería descalificante para cualquier tribunal, y ciertamente para la elevación a la corte más alta de esta tierra".

Agregan que el juez mostró una falta de compromiso con la investigación juiciosa y que, en lugar de estar abierto a la búsqueda de precisiones, "fue repetidamente agresivo con los interrogadores".

Kavanaugh se mostró partidista, algo que también sería descalificante para tal cargo.

"El juez Kavanaugh respondió de manera intemperada, inflamatoria y parcial, ya que interrumpió y, a veces, fue descortés para los senadores".

"Como saben, los jueces deben hacerse a un lado si corren el riesgo de ser percibidos como o injustos. (...) Tenemos diferentes puntos de vista sobre las otras calificaciones del juez Kavanaugh, pero estamos unidos, como profesores de derecho y académicos de instituciones judiciales, en creer que él no mostró la imparcialidad y el temperamento judicial necesario para sentarse en el tribunal más alto", indican.

 

Paul Stevens, exmagistrado del Supremo dijo que Kavanaugh no debería ser confirmado

Que un exjuez de la Corte Suprema hable de otro o de un nominado para el Tribunal es algo inusual. Pero el juez John Paul Stevens dijo este jueves que Kavanaugh no estaba calificado para sentarse en la Corte.

El juez Stevens cambió su opinión sobre la nominación del conservador después de verlo en la segunda ronda de audiencias, exactamente las mismas que despertaron dudas incluso en expertos que le habían dado su apoyo en un principio.

Las declaraciones del juez Kavanaugh en esas audiencias, dijo el juez Stevens, "revelaron prejuicios que le imposibilitarían hacer el trabajo de la Corte".

"Esos puntos has demostrado un sesgo potencial que involucra a suficientes litigantes potenciales ante el tribunal que no podría cumplir con todas sus responsabilidades", dijo el juez Stevens quien se retiró en 2010 y había sido nombrado en 1975 por el presidente republicano Gerald Ford.

"Por el bien de la corte", dijo, "no es saludable tener un nuevo magistrado que solo puede hacer un trabajo de medio tiempo".

"Segundos pensamientos"

Akhil Amar, profesor de leyes de Yale, un liberal que apoyó a Kavanaugh, se retractó de su recomendación positiva del juez y dijo tener " segundos pensamientos" tras las acusaciones de presunta agresión sexual en su contra y pidió una investigación completa sobre el magistrado.

La Escuela de Derecho de Yale, alma mater de Kavanaugh, llamó a una investigación amplia sobre el juez tras las acusaciones de agresión sexual.

Alumnos de Yale criticaron a la Universidad debido a que muchos estudiantes entendieron que había un respaldo de esta escuela a Kavanaugh al no pedir con más firmeza que haya prudencia sobre el nominado.

Denunciaron complicidad de la administración "en el acoso sexual generalizado en la profesión legal", según Campus Reform, un grupo de vigilancia del campus de Yale.

Los estudiantes protestaron con carteles que decían: "¿No hay nada más importante para Yale que su proximidad al poder y el prestigio?"

En este contexto, la Escuela de Derecho de Harvard en la que enseñaba Kavanaugh anunció que no estaría enseñando ya en el período de enero de 2019 porque el juez "indicó que ya no puede comprometerse a enseñar su curso". Más de 1,000 exalumnos de Leyes de Harvard firmaron una carta pidiendo a la universidad que cancele el nombramiento de Kavanaugh.

La medida de protección temporal beneficiaba a ciudadanos de países afectados por catástrofes naturales o guerras y que habían emigrado a Estados Unidos. Esta decisión ampara a más de 300,000 indocumentados que no podrán ser deportados.

Por:JORGE CANCINO y PATRICIA CLAREMBAUX

 

3 de octubre del 2018- Un juez bloqueó este miércoles la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Asegura que podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

El fallo emitido la tarde de este miércoles por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, libera de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluye a Honduras, por ahora.

La decisión plantea que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años.

El dictamen es el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaban que el presidente Donald Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.

"Hay evidencia circunstancial de que la raza fue un elemento motivador" para acabar el TPS, argumenta el juez en su fallo al citar ejemplos dados por los demandantes, como cuando en enero de 2018 durante una reunión con legisladores bipartidistas Trump se refirió a ciertos países —El Salvador y Haití específicamente— como "huecos de mierda".

Los demandantes le pidieron además al juez desechar la decisión de la Casa Blanca argumentado que el Congreso prohibió a los tribunales revisar las decisiones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para otorgar o cancelar el TPS.

El 26 de junio, el juez federal Edward Chen determinó en un fallo preliminar que los tribunales tenían la autoridad para revisar la demanda con la que se pide restablecer el TPS, y señaló entonces que podría haber motivaciones de índole racista detrás de la decisión de cancelar el programa.

El TPS otorga un amparo temporal de la deportación y concede una autorización de empleo renovable con cada extensión del programa.

 

La caída

El año pasado, el gobierno de Trump comenzó a cancelar el permiso, uno a uno, a los países beneficiarios. El argumento: que las condiciones por las que había sido concedido habían cesado o mejorado para esas naciones.

Comenzó el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos.

Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

Pasaron los meses y el 4 de mayo siguiente, el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

El programa concede estatus legal temporal a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, una guerra civil, huracanes, terremotos u otros desastres naturales.

Por ley, el DHS tiene la discreción exclusiva de determinar cuándo los ciudadanos de otros países son elegibles para TPS. Una vez que eso ocurre, estos individuos pueden recibir una prórroga del permiso para residir y trabajar en el país de forma temporal.

 

“Una gran noticia para nuestros hermanos”

Para la comunidad hondureña del sur de Florida, el fallo de la corte de San Francisco es “una gran noticia para nuestros hermanos. Y pensamos que tarde o temprano nos van a agregar a la lista.Esto alivia un poco el miedo de las deportaciones”, dijo a Univision Noticias Orlando López, un activista hondureño que lleva casi 20 años en Estados Unidos.

“Es una noticia buena en medio de tantas cosas malas que le han ocurrido a nuestra comunidad con las deportaciones”, agregó López. “La verdad es que estamos muy preocupados, pero ahora regresa un poquito la esperanza. Ahora seguiremos pidiendo para que a nosotros también nos incluyan cuanto antes".

En octubre del año pasado, poco antes de la cancelación del TPS de Honduras, López dijo que las advertencias que venía lanzando el gobierno de Trump estaban “truncando miles de sueños de familias que llevan casi dos décadas contribuyendo con el engrandecimiento de Estados Unidos”.

“Nuestras vidas están hechas aquí, tenemos estabilidad. Y (el TPS) era temporal, entonces ¿por qué tardaron tanto tiempo para tomar acción y despachar a la gente de regreso?”, se preguntó en aquella ocasión.

“La verdad es que somos personas trabajadoras y mantenemos un récord limpio y con esperanza de que nos den una residencia. No somos criminales. Ojalá esta noticia se mantenga, nos llamen a nosotros los hondureños y que escuche el Congreso, para que atiendan nuestros ruegos por una residencia permanente”, precisó.

Inspectores federales que visitaron sin avisar el centro para inmigrantes de Adelanto encontraron varias sogas en las celdas y notaron que a los oficiales no les preocupaba. Las sábanas 'trenzadas' han sido usadas por algunos migrantes para ahorcarse, como en 2017 cuando un nicaragüense murió seis días después de que trató de quitarse así la vida.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 3 de octubre del 2018– Un inmigrante perdió varios dientes porque no le permitieron ver al dentista en más de dos años, un detenido durmió nueve días en su silla de ruedas, otros fueron castigados en celdas aisladas sin autorización y se descubrieron sogas elaboradas con sábanas que generalmente son el método para cometer suicidios. Así lo detalla un informe de inspectores federales que visitaron el centro de detención para inmigrantes de Adelanto, en el sur de California,

Esta polémica cárcel gestionada por la empresa privada GEO, que alberga a más de 1,650 personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ofrece un trato a los migrantes similar al que se registra en prisiones que alojan a criminales convictos, concluye este reporte que publicó el pasado 27 de septiembre la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Aunque esta forma de custodia civil no debe ser punitiva, algunas de las condiciones del centro y el trato a los detenidos que identificamos durante nuestra visita y que se describen en este informe son similares a los que se pueden encontrar bajo custodia criminal", advierten.

Una de las principales violaciones identificadas es permitir que los detenidos hagan sogas con las sábanas y las tengan colgadas en sus celdas. Esto fue observado en alrededor de 15 de las 20 unidades visitadas por los inspectores en mayo de 2018. Algunos migrantes les dijeron que algunas veces estas 'trenzas' son utilizadas para suicidarse y que los guardias se burlan de quienes logran sobrevivir.

 

Ahorcamientos con sábanas

Ese método fue el que empleó Osmar Epifanio González Gabda, un nicaragüense de 32 años que falleció el 28 de marzo de 2017, seis días después de ser hospitalizado por intentar ahorcarse.

En los meses posteriores, ICE documentó al menos tres intentos de suicidio en Adelanto, dos de los cuales usaron sábanas. Un reporte de prensa basado en las llamadas al 911 reveló que al menos cuatro personas trataron de quitarse la vida entre diciembre de 2016 y julio de 2017. Con esto, el conteo llega a siete suicidios fallidos hasta el otoño pasado en dichas instalaciones.

El informe del OIG subraya que a nivel nacional el estrangulamiento autoinfligido fue causa de 4 de las 20 muertes de detenidos que se reportaron entre octubre de 2016 y julio de 2018.

El suicidio más reciente ocurrió el 10 de julio de 2018 en el Centro de detención Stewart de Georgia. Lo hizo el mexicano Efraín Romero.

Cuando los supervisores federales recorrían la cárcel de Adelanto, uno de los migrantes les dijo que ahí no son extraños los intentos de ahorcamiento. "He visto algunos intentos de suicidio usando las sábanas trenzadas de las rejillas de ventilación y luego los guardias se ríen de ellos y los llaman 'suicidios fallidos' cuando regresan del centro médico", dice el reporte citando el testimonio del entrevistado.

Pero otras personas dijeron que elaboran estas sogas porque se pueden desplegar fácilmente para sostener otras sábanas y dar cierta privacidad en las celdas, específicamente en el área del baño y de las literas individuales.

La Oficina de Inspector Federal notó que esto no era considerado una prioridad para los oficiales migratorios, por lo cual les exigió atenderlo inmediatamente. "(La) falta de respuesta de ICE para abordar este asunto en el centro de Adelanto muestra un desprecio por la salud y seguridad de los detenidos", reclaman.

 

Enfermos y sin dientes

Algunos detenidos han esperado "a veces durante años" para ver un dentista, resultando en la pérdida de varios dientes y en extracciones innecesarias, señala otro apartado del informe de la OIG. Los migrantes también dijeron que algunas citas médicas fueron canceladas sin explicación y que los pusieron en listas de espera.

"Concluimos que los detenidos no tienen acceso a tiempo para cuidado médico apropiado", citan los inspectores, que además observaron que dos doctores que recorrieron el área de celdas aisladas solo pusieron sus nombres en los historiales médicos de los detenidos, pero ni siquiera les preguntaron cómo se sentían.

Los detenidos presentaron 80 reclamos por no recibir atención de urgencia, no haber sido atendidos durante meses por problemas de salud persistentes y por no recibir medicamentos recetados, entre noviembre de 2017 y abril de 2018.

Solo dos dentistas atienden a más de 1,940 migrantes bajo custodia y, según registros de esa cárcel, nadie recibió una limpieza dental durante cuatro años.

"Un detenido que entrevistamos informó que se le cayeron varios dientes mientras esperó durante más de dos años a que le quitaran las caries", menciona el informe de la OIG. "Cuando le preguntamos a uno de los dentistas por qué no le quitaron las caries, dijo que apenas tiene tiempo para hacer limpiezas y revisiones, por lo que no quita caries".

Otro migrante entrevistado reclamó que le habían sacado el diente equivocado y uno más afirmó que tuvo que esperar ocho meses para una extracción dental. Ambas quejas fueron confirmadas por los inspectores de la OIG.

 

Castigos severos

El día en que los inspectores federales se presentaron en las celdas de castigo en la cárcel de Adelanto encontraron a 14 inmigrantes, de los cuales la mitad no habían sido encontrados culpables por un panel. Es decir, los pusieron en ese lugar por decisión de los guardias o sus supervisores.

En esa unidad también estaba una persona con necesidades especiales que pidió segregación administrativa, en otras palabras, él quería estar separado del resto de los detenidos. Pero los inspectores descubrieron que este terminó tratado como alguien con mal comportamiento y lo mantuvieron aislado durante nueve días.

En ese tiempo, este hombre "nunca dejó su silla de ruedas para dormir en una cama o lavarse los dientes", menciona la OIG.

El informe señala asimismo que indebidamente prohíben a los migrantes castigados comprar productos en la comisaría y tener contacto con sus familiares. También notaron que los guardias los trasladan esposados sin razón. Esta práctica solo se permite cuando hay un riesgo de fuga, de que se hagan daño a ellos mismos o por razones médicas.

Otra grave falla fue no proveer material traducido en español para informarles sobre el motivo por el cual los estaban castigando. Uno de los casos más graves encontrados fue el de un hombre ciego que no hablaba inglés.

 

ICE responde

Por medio de un comunicado, ICE aseguró que todas las recomendaciones que recibe tras inspecciones de rutina las atiende inmediatamente a través de lo que llama "plan de acción correctivo".

"ICE toma en serio los hallazgos de la OIG y ha acordado llevar a cabo una revisión completa e inmediata del centro para garantizar el cumplimiento de las normas de detención y acelerar las acciones correctivas necesarias", indicó Lori Haley, portavoz de la agencia.

"La seguridad, los derechos y la salud de los detenidos bajo el cuidado de ICE son de suma importancia y Adelanto, como todos los centros de detención de ICE, está sujeto a inspecciones estrictas y regulares", agregó la funcionaria.

Adelanto, la cárcel más grande de ICE en California, ha estado en el ojo del huracán desde la muerte de tres inmigrantes, incluyendo el suicidio de Osmar Epifanio, que se suman a otros tres que han perdido la vida desde su apertura en 2011.

A finales de julio, ocho inmigrantes demandaron al centro alegando que fueron agredidos físicamente por guardias solo por exigir mejores condiciones a través de una huelga de hambre. Afirman que les arrojaron gas pimienta, agua caliente y que los lastimaron tratando de disolver su protesta.

 

Se trata del tercer operativo más grande que la agencia migratoria realiza este año en esta zona metropolitana. En febrero detuvo a 212 inmigrantes sin papeles y en junio a 162. ICE advirtió este miércoles que por las leyes santuario de California sus agentes se están viendo "forzados" a realizar arrestos de prófugos en la comunidad.

ISAIAS ALVARADO

LOS ÁNGELES, California. 26 de septiembre del 2018– El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció este miércoles el arresto de 150 inmigrantes indocumentados en el condado de Los Ángeles, reclamando que casi el 40% de estos fueron liberados por policías locales en cumplimiento de la ley de estado santuario que entró en vigor el 1 de enero de este año en California.

Este operativo es el tercero más grande que la agencia federal realiza en 2018 en esta metrópoli.

En esta nueva incursión que inició el domingo y concluyó este martes, ICE se enfocó en individuos que representan un riesgo para las comunidades, según indicaron. Tantos como el 90% de los arrestados tienen condenas criminales, recalcó la agencia, aunque no detalló qué delitos cometió cada migrante.

"Estas son operaciones de aplicación de la ley dirigidas y nuestro objetivo es mejorar la seguridad pública", dijo Thomas Giles, director interino de operaciones de aplicación de la ley y deportación de ICE en Los Ángeles. "Nos enfocamos en aquellos que se consideran un peligro para nuestra comunidad".

ICE reclamó que cerca del 40% de los detenidos habían sido liberados previamente de cárceles locales, a pesar de que los funcionarios migratorios pidieron que les notificaran antes de su salida. Esto, sin embargo, habría significado una violación a la ley santuario SB 54, que limita la cooperación entre las policías municipales y estatales con dicha dependencia federal.

"Preferiría tener a mis oficiales en las cárceles trabajando en estos casos y arrestando a estas personas en ese ambiente, en lugar de hacerlo en la comunidad", lamentó Giles.

Tales detenciones ocurrieron en los condados de Los Ángeles, Orange, San Bernardino, Riverside, Santa Bárbara y Ventura.

Entre los individuos que ICE tuvo que capturar fuera de las prisiones están un mexicano de 36 años que cometió múltiples delitos, tales como intento de asesinato, ataque con un arma mortal, no registrarse como delincuente sexual, conducir bajo la influencia (DUI) y posesión de una sustancia controlada. Este hombre había sido arrestado y liberado por agencias del orden locales tres veces este año.

También terminó bajo custodia una mujer que enfrentó siete cargos por DUI en poco más de tres años.

Otro caso criminal agita el debate migratorio

Este operativo concluye cuando un nuevo caso criminal protagonizado por un salvadoreño que ha sido deportado en múltiples ocasiones ha atizado el debate migratorio. Se trata de Ramón Escobar, de 47 años, quien ha sido acusado del asesinato de tres personas, entre ellas dos indigentes, y de herir gravemente a otras cinco en Los Ángeles. El sospechoso habría atacado con un bate de béisbol a los dos desamparados en el centro de la ciudad, lo cual provocó su muerte.

Escobar, quien también es considerado una "persona de interés" en la investigación relacionada con la desaparición de dos tíos suyos en Texas a finales de agosto, había sido deportado seis veces a su país entre 1997 y 2011. ICE dijo que este hombre tiene seis condenas por robo y reingreso ilegal al país. Un juez ordenó su expulsión desde febrero de 1988.

La dependencia informó que tras su más reciente deportación, este centroamericano reingresó a EEUU y volvió a quedar bajo custodia de ICE. Pero en junio de 2016 el hombre presentó una apelación en su caso de inmigración, la cual le fue otorgada en diciembre de ese año.

"ICE lo liberó de su custodia bajo una orden de supervisión en enero 2017 de conformidad con la decisión del tribunal", precisó la dependencia a la prensa.

 

Más de 500 arrestos en el año

El operativo de ICE en la zona metropolitana de Los Ángeles que este año resultó con la mayor cantidad de detenidos ocurrió a mediados de febrero. Una redada de cinco días concluyó con 212 indocumentados arrestados, de los cuales el 80% eran "criminales convictos", como también fueron catalogados los que reingresaron al país ilegalmente después de una deportación. En dicha incursión también inspeccionaron 122 negocios para revisar permisos de trabajo.

En junio pasado, la agencia migratoria puso bajo custodia a 162 inmigrantes sin papeles,mencionando que casi el 90% de estos tenía antecedentes penales. De acuerdo con sus documentos, 53 de esos detenidos ya habían estado la cárcel, pero fueron liberados por agencias policiales locales en cumplimiento con la ley SB 54.

Desde que entró en vigor dicha legislación este 1 de enero, ICE ha reclamado que ya no puede arrestar a los criminales sin documentos y esto ha "forzado" a sus agentes a realizar arrestos de prófugos en la comunidad, poniendo en riesgo a oficiales y al público general, además de que por dicha causa se incrementan los "arrestos colaterales".

 

"Con la alcaldesa de San Juan tan mala e incompetente que es, Puerto Rico no debería estar hablando de la estadidad hasta que lleguen algunas personas que realmente saben lo que hacen", dijo el presidente Trump al presentador Geraldo Rivera.

UNIVISION

 

24 de septiembre del 2018- El presidente Donald Trump respondió con un "absolutamente no" a la idea de que Puerto Rico se convierta en algún momento en el estado 51 de la unión estadounidense argumentando la supuesta incompetencia de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, una dura crítica a la manera como el gobierno federal respondió a la emergencia ocasionada por el huracán María hace poco más de un año.

"Con la alcaldesa de San Juan tan mala e incompetente que es, Puerto Rico no debería estar hablando de la estadidad hasta que lleguen algunas personas que realmente saben lo que hacen", dijo el presidente Trump al presentador Geraldo Rivera en un entrevista que le dio el domingo a la Radio WTAM en Cleveland.

Trump llamó un "espactáculo de terror" lo hecho por Yulín Cruz, aunque no dio más detalles.

Reaccionando a las declaraciones del mandatario, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, dijo que era "un comentario insensible e irrespetuoso para más de tres millones de estadounidenses que viven" en la isla caribeña", y agregó que lamentaba "la relación desigual y colonial entre Estados Unidos" y el estado libre asociado.

"Si tuviera gente como la alcaldesa de San Juan, cualquiera que sea su nombre, ella es un espectáculo de terror", dijo Trump. "Ella fue tan mala y tan irrespetuosa con nuestros militares, con nuestros funcionarios que atendieron de primero la emergencia y con nuestra gran gente de FEMA que hicieron un trabajo fenomenal", agregó refiriéndose a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Poco antes de que se cumpliera el primer aniversario del paso del huracán María por Puerto Rico, un estudio encomendado por el gobierno de la isla multiplicó exponencialmente la cifra oficial de muertos que las autoridades situaron en 64. Según los datos del Instituto de Salud Pública Milken de la universidad George Washington, al menos 2,975 personas murieron entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 como consecuencia de la tormenta de categoría 4.

"Los resultados de este estudio sugieren que, trágicamente, el huracán María produjo un mayor número de muertes en toda la isla. Ciertos grupos, aquellos en áreas de menores ingresos y los de mayor edad, encararon los mayores riesgos", explicó Carlos Santos-Burgoa, investigador principal del instituto Milken. Según el estudio, el riesgo de morir en los meses posteriores al huracán "era 60% mayor para que las personas que vivían en los municipios más pobres".

Sin embargo, el presidente negó días después que esa fuese la cifra real o estimada, y sin dar pruebas , dijo que esa cifra era un invento de los demócratas para atacarlo.

"No murieron 3,000 personas entre los dos huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, DESPUÉS que la tormenta llegara, los números que tenía (el gobierno) eran entre 6 y 18 muertos. Según pasó el tiempo, los números no aumentaron mucho. Luego, mucho tiempo después, empezaron a publicar unas cifras más altas, como 3,000", dijo Trump en un primer tuit.

Los arrestos ocurrieron ente el 18 y el 20 de septiembre en un punto que se conoce como Rincón Village. “Es un área boscosa y un cruce específico que están usando los traficantes de personas para traer grupos grandes de familias y niños solos que luego se entregan a los agentes”, afirman las autoridades.

LILIANA CADAVID

 

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2O18- La Patrulla Fronteriza del sector del Valle del Rio Grande, en Texas, informó el viernes sobre el arresto de más de 2,000 indocumentados entre el 18 y el 20 de septiembre, en incidentes que ocurrieron, en su mayoría, en un punto conocido como Rincon Village, en el poblado de Granjeno, cerca al puente internacional de Anzaldúas.

Este lunes, un nuevo grupo de aproximadamente 43 extranjeros se entregó a agentes fronterizos de la estación McAllen, en el mismo sector, según relató a Univision Noticias Manuel Padilla, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Rio Grande. “Cruzaron a las 06:30 o 07:00 am, algo que es inusual, pero (los traficantes) lo hacen para distraer a los agentes”, dijo.

El sector del Valle del Rio Grande cuenta con nueve estaciones de la Patrulla Fronteriza en Rio Grande City, Harlingen, Fort Brown Station, McAllen, Brownsville, Falfurrias, Corpus Christi, Weslaco y Kingsville.

Este es el incidente más reciente de detenciones ocurridas en Rincón Village, que se está convirtiendo, según Padilla, en el punto de cruce predilecto por traficantes de personas que traen a grandes grupos de indocumentados de todas las edades y los abandonan allí para que se entreguen a las autoridades.

“Es un área boscosa y un cruce especifico que están usando las organizaciones criminales para traer gente, sobre todo unidades familiares”, dijo Padilla y explicó que la estrategia de los traficantes es “cruzar grupos grandísimos de familias y niños no acompañados” al mismo tiempo para distraer y ocupar a la mayor cantidad de agentes fronterizos, quienes tienen que desplazarse desde otras estaciones a ese sector.

“Cuando los agentes se juntan en un área específica, las organizaciones delictivas aprovechan para cruzar narcóticos y otro tipo de personas (indocumentados) por los puntos que quedan desatendidos”, recalcó Padilla.

El flujo de grandes grupos de familias indocumentadas se está convirtiendo en una situación “insostenible” para las autoridades fronterizas porque, según el oficial, toda la fuerza de la Patrulla, en términos de logística y esfuerzos del personal, van a estar enfocados solamente en lidiar con este fenómeno, lo cual puede afectar la seguridad de la frontera en general.

El número de unidades familiares (arrestadas y procesadas) “es el más alto que se ha visto en la historia de la Patrulla Fronteriza”, mucho más que en el 2014, cuando hubo una crisis humanitaria, indicó Padilla. Las cifras de niños no acompañados, sin embargo, todavía no son tan graves como en el mismo periodo.

Razones para el flujo creciente de familias inmigrantes

Padilla no puede decir con exactitud qué porcentaje de las 2,000 personas arrestadas la semana pasada entraron por Rincón Village, pero sostiene que un 58% de ellas son familias o niños no acompañados.

Durante el mes de agosto, en todo el sector del Valle del Rio Grande se detuvo a 8,985 inmigrantes sin documentos que hacían parte de familias y menores que viajaban solos.

“Estamos viendo un aumento en las detenciones de unidades familiares que comenzó como a mediados de este año fiscal (que va de octubre de 2017 a septiembre de 2018) y ha seguido incrementando sistemáticamente, aunque tuvimos una disminución entre junio y julio y luego comenzó a subir de nuevo en agosto y esperamos que en septiembre sea más alto”, explico Padilla.

La razón para este incremento, según el oficial, serían los cambios en la política de tolerancia cero que prohíbe a autoridades tener detenidas a las familias por más de 20 días.

En la crisis del 2014 se podía detener a las familias hasta que vieran al juez y eso desalentó la llegada de nuevos grupos familiares, pero ahora, explica Padilla, esa no es una opción.

“Cada vez que hay una acción por parte del gobierno (leyes) estas cifras disminuyen y cada vez que no se puede poner en práctica esa acción, entonces comienzan a incrementar de nuevo”, apuntó.

Ahora mismo, cuando las familias entran sin documentos a territorio estadounidense, se revisan sus antecedentes en bases de datos del gobierno para asegurar que no tengan historial delictivo o algún caso pendiente de inmigración, aclaró Padilla. Si no tienen ninguna deuda con la ley, “la mayoría son puestas en libertad (mientras adelantan sus casos)”.

Para la hermana Norma Pimentel, quien dirige un albergue de inmigrantes en el Valle del Rio Grande, la razón del creciente flujo de familias tiene que ver con que la situación en sus países de origen no está mejorando y caen presa de los traficantes de personas que usan cualquier razón para explotarlos y convencerlos a dejar su país.

La mayoría de las familias indocumentadas que cruza la frontera en Texas, según Pimentel, termina en manos de autoridades fronterizas porque se entregan voluntariamente. “No huyen de los agentes. Vienen buscando que los detengan porque quieren protección”, dijo.

Jonathan Ryan, director ejecutivo de la organización RAICES, opina que el incremento del flujo migratorio obedece a que más de 68 millones de personas sufren desplazamiento en el mundo y andan buscando refugio y cuando quienes buscan asilo se entregan a oficiales de inmigración están ejerciendo su derecho de solicitar protección.

“Esta administración sigue usando agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para aterrorizar a las familias inmigrantes que vienen a Estados Unidos a buscar asilo”, dijo Ryan y recalcó que en vez de darles la espalda a estas comunidades vulnerable, reduciendo el número de admisiones de refugiados a 30,000, “deberíamos darles la bienvenida a quienes buscan asilo y tratarlos de una manera humanitaria”.

"Una manzana o una naranja podrida, cuatro piezas de pan y una mortadela apestosa", así describe un migrante los alimentos que recibió en dos cárceles que albergan a detenidos de ICE en el sur de California. Él logró sacar dos papeles donde se describía el tipo de comida que ofrecían hasta con apodos que se burlaban de esos alimentos, aunque esas pruebas son negadas por las autoridades.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 24 de septiembre del 2018– Dos hojas arrugadas iban ocultas entre las pertenencias del guatemalteco Jeremías Estrada cuando lo sacaron de la cárcel Theo Lacy para deportarlo a su país. Según su testimonio, eran las pruebas del maltrato que los indocumentados sufren en esa prisión, que los aloja por un contrato millonario que tiene ICE con el Sheriff del condado de Orange.

En esos papeles que Jeremías sacó de 'contrabando' estaban las listas de los supuestos alimentos que servían en Theo Lacy y James Musick, otra prisión de Orange, con nombres y adjetivos de burla que no estaban en el menú oficial. "Comida de gato", "huevos y frijoles calientes y asquerosos", así como "pasta para gato", se lee en los documentos que este migrante envió a Univision Noticias.

"Casi siempre era 'cat food', 'dog food', 'hot and nasty'", asegura sobre la comida que les daban todos los días en ambas cárceles. "Una comida horrible que el olor te hacía vomitar", afirma.

Este inmigrante pasó 15 meses bajo custodia de ICE en espera de que aprobaran su pedido de asilo. Dos apelaciones extendieron su estadía tras las rejas y terminó implorando que lo deportaran para reunirse con su familia. Su expulsión del país se concretó el pasado 5 de septiembre. Antes de salir, él dice que decidió tomar el "riesgo" de llevarse las listas de platillos que encontró ahí para mostrarle a su familia "parte del calvario" que pasó.

De acuerdo con este centroamericano, si los oficiales le hubieran encontrado los menús lo habrían castigado enviándolo a una celda de confinamiento solitario que los migrantes llaman 'el hoyo'. Uno de los papeles se lo entregó un compañero de la unidad en la que estaba recluido y la otra hoja la despegó de su dormitorio, cuenta Jeremías. Sin embargo, no está claro quién habría elaborado dichas listas.

"Yo me arriesgué manteniendo eso a que me mandaran al 'hoyo'", mencionó. "Los oficiales castigan (por ese motivo) porque ya los habían quitado" de las zonas comunes de los penales, aseguró.

Jeremías, de 34 años y quien emigró de Guatemala tras recibir amenazas de muerte por participar en protestas políticas, describe los alimentos que recibió como parte de una humillación que no paraba.

"Yo considero una ofensa que te digan: ‘levántate, vas a comer tu carne asada’, cuando te están dando una mortadela apestosa que parece que se echó a perder hace tres días. Era una burla. Ellos (los agentes) sabían que lo que te iban a dar era algo apestoso que no era una comida digna", reclamó.

 

La respuesta del Sheriff

Univision Noticias envió copias de esos menús al Sheriff del condado Orange, el cual no negó directamente que dichas listas de alimentos estuvieran en sus prisiones.

Pero a través de un comunicado, la dependencia explicó que su único menú oficial se muestra en una computadora que se encuentra en la oficina del supervisor de servicios de alimentos.

"Ese formato de menú ha estado en uso durante al menos diez años", mencionó Carrie Braun, vocera del Sheriff de Orange, subrayando que los alimentos que se sirven allí cumplen con estándares estatales y federales, incluyendo inspecciones de ICE y una revisión anual del gran jurado del condado Orange.

"Tenemos un sobresaliente historial de excelencia con todos estos inspectores y seguiremos brindando excelentes comidas a los presos y detenidos alojados en nuestras cárceles", agregó Braun.

El Sheriff envió a esta redacción un menú muy distinto al que compartió Jeremías, en el cual ofrecen burritos, pollo en distintas modalidades, chili con carne, huevos revueltos, pescado, mortadela y otros platillos.

Theo Lacy es considerada una cárcel de máxima seguridad y es vigilada por agentes del Sheriff del condado de Orange. La corporación tiene desde 2010 un contrato con ICE para albergar en esa cárcel a unos 800 migrantes y por ello ha recibido más de 100 millones de dólares.

En 2012, tan solo dos años después de que empezara recibir presos acusados de faltas migratorias, Theo Lacy fue citada como una de las diez peores cárceles para indocumentados en Estados Unidos (la única de California en esa lista) por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El reporte de esta organización menciona que los inmigrantes han sido víctimas de golpizas, abusos e insultos racistas.

'La bolsita mágica'

Jeremías revisó el menú que el Sheriff envió a esta redacción y aseguró que eso no fue lo que comió bajo custodia. Por el contrario, dice él, recibió algunos alimentos que calificó de "un vómito".

"Lo de hamburguesas y otra supuesta buena comida, casi no nos daban", recuerda.

El migrante contó que "el gran almuerzo" que recibían era lo que los reclusos llamaban 'la bolsita mágica' y cuyo contenido era "una manzana o una naranja podrida, cuatro piezas de pan y una mortadela apestosa".

Debido a las malas condiciones de estos platillos, asegura, casi todos compran otras comidas.

Las reglas del Sheriff establecen que los reos deben recoger su almuerzo y llevarlo a sus unidades para ingerirlo. Solo para el desayuno y la cena acuden al comedor general.

Jeremías menciona que cuando le decían a los oficiales sobre la comida presuntamente descompuesta, los oficiales les respondían: "Si no les gusta el pollo, tírenlo, y tienen tres minutos para levantarse".

 

Las denuncias de este centroamericano no son las únicas evidencias de la mala alimentación que ofrecen en estas prisiones. Una inspección federal realizada a la cárcel Theo Lacy detectó que han servido comida descompuesta a los migrantes. Según el reporte que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en marzo de 2017, en la cocina de dicho penal encontró carne "con olor que parecía estar descompuesta".

El mismo organismo encontró problemas sanitarios en cuatro de seis cárceles que albergan migrantes que inspeccionó sin previo aviso.

"Observamos productos y otros alimentos en mal estado, podridos y mohosos en los refrigeradores de la cocina, así como alimentos caducados", menciona este informe que revisó los comedores de seis prisiones de ICE, incluida Theo Lacy.

Según este reporte, tales fallas ponen en riesgo "la salud de los detenidos".

El presunto mal estado de las comidas también ha sido citado en una demanda federal que señala abusos y deficiencias en los centros de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) donde estuvieron niños y padres migrantes separados en la frontera.

Varios testimonios mencionan que recibieron una "lechuga negra" y "sándwiches congelados" que se comían a la fuerza para no pasar hambre.

Una de las madres, Iris, relató que estando bajo custodia le dieron "comida congelada que olía mal y no era apta para el consumo".

Mientras que los migrantes que –debido a la política de tolerancia cero del gobierno Trump– han sido colocados en la cárcel federal de Victorville han reclamado que no los alimentan adecuadamente.

 

"Nuestro voto importa. Siempre importa. Pero solo si lo usamos", afirmó la ex primera dama en un acto en Nevada para promover la participación ciudadana en los comicios de noviembre. Obama, una de las demócratas con mayores niveles de popularidad, se ha sumado a una iniciativa para registrar votantes.

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24 de septiembre del 2018- Obama dijo en Las Vegas que no apoyaba a ningún candidato en concreto ni iba a decir a quién votar. Crédito: Ethan Miller/Getty Images

Desde que dejó la Casa Blanca, Michelle Obama se ha convertido en una ex primera dama sumamente popular: inauguran un retrato suyo en la National Portrait Gallery y toca mudar la imagen de sala por el alto número de visitas; anuncia una gira al estilo Beyoncé para presentar su libro 'Becoming' y las entradas más económicas se agotan en solo unas horas; oficia una boda y las fotos se hacen virales. Pues ahora ha decidido usar su capacidad de movilizar a la gente para pedirles que salgan a votar en las elecciones de mitad de periodo de noviembre.

"Yo también estoy frustrada. Estoy harta de todo el caos y las bajezas de nuestra política. Es agotador y, francamente, es deprimente", dijo ante la multitud en un evento en la escuela secundaria Chaparral de Las Vegas (Nevada). " No estoy aquí para hacer campaña por ningún candidato. No estoy aquí para decirle a nadie por quién votar. Estoy aquí para hablar sobre por qué votar importa. Es nuestra inversión en el futuro de los niños", insistió.

En un gimnasio lleno a rebosar, la ex primera dama lamentó el tono de la contienda política, criticó los esfuerzos de algunos sectores para suprimir el voto al hacerlo más difícil e instó a los ciudadanos a registrarse y participar en las elecciones para que las cosas cambien.

"Nada ha cambiado realmente y todavía importa. Y yo no soy la única que está de gira por esto. Mi esposo también… Y créanme, él estaba deseando quitarse los zapatos para descansar y no tener que hacer esto una y otra vez, pero está ahí fuera", afirmó. "Puede que no les guste vivir con las consecuencias de las elecciones de otras personas. Pero eso pasa cuando te quedas en casa. Básicamente estás poniendo tu futuro en manos de otros".

La partipación de Michelle Obama en el acto de Nevada forma parte de la iniciativa When we all vote (Cuando todos votamos) para promover el registro de votantes en los comicios del 6 de noviembre, que incluye la celebración de diferentes eventos entre el 22 y el 29 de septiembre y por el que la ex primera dama estará también en Miami el próximo viernes.

En un video en el que explica la iniciativa, Obama recuerda que ha pasado poco más de medio siglo desde que se aprobó el voting rights act que prohibía las prácticas discriminatorias respecto al derecho al voto de los afroestadounidenses e instaba a los ciudadanos a que no olviden todo el trabajo que costó conseguir ese derecho. Además, pide que se honre el legado de quienes lucharon por ese derecho registrándose para votar.

Por eso, en el evento de Nevada recordó que no sirve solo con frustrarse y quedarse en casa. "La democracia continúa: contigo o sin ti", le dijo al público desde el estrado. "Nuestro voto importa. Siempre importa. Pero solo si lo usamos".

Entre un público que ovacionaba a la ex primera dama, se pudo oír el grito: "Preséntate a la Presidencia". No es la primera vez que Michelle Obama oye esa sugerencia y, aunque en el pasado es una opción que ha descartado, tiene a algunos demócratas soñando con esa posibilidad.

 

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  • Venezuela captura soldados amotinados después de que robaron armas y vehículos

    Por CNN

     

    (CNN). 21 de enero del 2019 — Las autoridades venezolanas han detenido a un grupo de soldados amotinados por robar armas de un puesto de avanzada de la Guardia Nacional, según un comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
    “Las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales informan al pueblo de Venezuela que, en la mañana del 21 de enero, aproximadamente a las 2:50 am (1: 50aET), un pequeño grupo de asaltantes asignados a la 43a Zona de Mando de la Guardia Nacional Bolivariana violó su juramento de lealtad al país y sus instituciones”.

    “Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad, están motivados por oscuros intereses de extrema derecha y son contrarios a las leyes elementales de disciplina militar, honor y tradiciones de nuestra institución”, añadió Padrino.

    La declaración continuó: “Los “delincuentes” robaron dos vehículos militares, robaron armas de fuego y secuestraron, bajo amenaza de muerte, a oficiales y dos miembros de la Guardia Nacional”.

    “Los delincuentes se rindieron y fueron capturados en la sede de la unidad de seguridad especial en Cotiza, en el municipio de Libertador”, agrega el comunicado. “Durante su detención, pudimos recuperar las armas robadas y en este momento, están brindando testimonio a los organismos nacionales de inteligencia”.

    “Aplicaremos todo el peso de la ley a estas personas”, concluye.

    La declaración dijo que el levantamiento había sido sofocado y que las instalaciones militares del país seguían funcionando como de costumbre, “todas nuestras unidades operativas, dependencias administrativas e institutos de educación están funcionando con una normalidad completa y absoluta”.

     

    Lo que sabemos de lo sucedido en Cotiza

    Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Venezuela el lunes acordonaron varias calles alrededor del comando de la Guardia Nacional, en Caracas, según Simón Rodríguez, periodista fotográfico de CNN en Español que está en la escena.

    Las autoridades están reaccionando ante varios manifestantes que tomaron las calles mostrando su solidaridad con un hombre que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional venezolana en un puesto de avanzada en Caracas que pidió la destitución del presidente Nicolás Maduro, en un video que ha circulado este lunes en las redes sociales.

    Las fuerzas de seguridad están tratando de controlar las protestas con gas lacrimógeno, pero más personas continúan uniéndose a ellas, informa Rodríguez.

  • La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

    La Acción Diferida de 2012 (DACA) se encuentra vigente por orden de los tribunales de justicia, quienes anularon la cancelación del programa ordenada por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. El beneficio protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.

    JORGE CANCINO

     

    22 de enero del 2019- La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

    Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

    Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

     

    Los dreamers aplauden

    “Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

    “Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

    Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

    “Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

    El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

    El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

    Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

    El plan de Trump para reabrir el gobierno: extender DACA y TPS (programas que él canceló)

    El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

    Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

    El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

    A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El fallo le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

    La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.

     

  • Trump dispuesto a legalizar a dreamers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    JORGE CANCINO

     

    Durante la alocución prevista para este sábado en la tarde, el presidente Donald Trump ofrecerá aceptar un plan para legalizar a los dreamers protegidos por DACA y restablecer los Estatus de Protección Temporal (TPS) eliminados durante su mandato, a cambio de que el Congreso le autorice los $5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.

    La información fue confirmada a Univision Noticias por fuentes familiarizadas con la oferta, que no estaban autorizadas para hacer una declaración pública y que conversaron bajo condición de anonimato.

    Se prevé que los fondos formarán parte del paquete de presupuesto de gastos de lo que resta del año fiscal 2019, un debate que fue suspendido el pasado 21 de diciembre y que provocó un cierre parcial del gobierno, dejando a más de 800,000 trabajadores federales sin salario.

    Trump argumenta el pedido de fondos y la construcción del muro a una situación de emergencia nacional en la frontera, donde miles de inmigrantes han llegado en los últimos años tratando de ingresar de manera indocumentada al país.

    Los demócratas, por su parte, responden que el mandatario fabricó la crisis para exigir fondos que le permitan cumplir con sus electores, y que el muro se ha convertido en su principal plataforma de campaña de reelección del 2020.

    Agregan que las oleadas de migrantes datan desde por lo menos 2014. Se trata de personas que huyen de sus países (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y se presentan en la frontera en busca de asilo.

    Las explicaciones, sin embargo, no son aceptadas por el mandatario, quien insiste en que los migrantes constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que la única manera de detenerlos es construyendo un muro. Y exige al gobierno de México que los contenga y evite que lleguen a la frontera.

    “México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México, pero ellos no pueden atravesar nuestro Muro, pero se necesitan muchos agentes de la frontera si no hay un Muro. ¡No es fácil!”, escribió esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    Al ser consultada por Univision sobre este escenario, Cristina Jiménez, la directora ejecutiva de la principal organización de dreamers, United We Dream, señaló: “Desconfiamos de lo que él (Donald Trump) ofrezca. Él ha causado mucho sufrimiento a nuestra comunidad. No podemos confiar en sus promesas y negociaciones. Tenemos mucho escepticismo porque ha creado mucho dolor en nuestra comunidad”.

     

    Qué dicen los demócratas

    La oposición demócrata fue sorprendida este sábado con la propuesta de Trump. A medida que se ha ido conociendo parte de la propuesta del mandatario, convocaron a reuniones a puertas cerradas para debatir una estrategia y encarar dos temas clave:

    Aprobar el presupuesto, incluyendo los $5,700 millones que exige el presidente, y reabrir inmediatamente el gobierno tras el cierre parcial que comenzó a primera hora del pasado 22 de diciembre.

    Darle a Trump el dinero para que levante el muro y cumpla su principal promesa de campaña, tema central de su reelección para el 2020.

    “No tenemos una postura a este momento”, dijo una fuente demócrata conocedora de las reuniones poco antes del anuncio del mandatario. “Queremos ver un compromiso de que el Presidente aceptará lo que el Congreso le envíe a su escritorio, no queremos que el Congreso debata lo que él quiere”.

    Otra fuente, que también pidió el anonimato, dijo que en el debate por el tema migratorio “no solo deberían estar los dreamers y los migrantes con TPS”, en referencia a los otros 9 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace varias décadas.

    Fuentes de la Casa Blanca dijeron que la propuesta del presidente sólo incluye DACA y “algo sobre el TPS”. No mencionaron al resto de indocumentados.

     

    La oferta no es nueva

    En enero del año pasado Trump utilizó la misma oferta para conseguir dinero para el muro, durante el debate del presupuesto de gastos del 2018. Pero en aquella ocasión los republicanos, que controlaban ambas cámaras del Congreso, no le dieron el dinero y los dreamers se quedaron sin estatus legal de permanencia.

    Los dreamers, sin embargo, advirtieron que el plan del Presidente es usarlos a ellos como moneda de cambio para construir el muro y fortalecer su política de tolerancia cero, incluida la fuerza nacional de deportaciones.

    Entre las medidas que temen los soñadores se cuenta la deportación de millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.

    “Quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a los otros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares, en el banquillo de las deportaciones”, dijo en aquella oportunidad Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

     

    La historia de DACA

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. El programa ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El 5 de septiembre de 2017 Trump ordenó la cancelación del programa y le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para aprobar una legislación que regularizara la permanencia de hasta 1.8 millones de dreamers.

    La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por el estado de Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno de Trump si no procedía a eliminar el programa.

    El 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco anuló la orden y dispuso el restablecimiento del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre, dictamen que le quitó la presión al Congreso para legislar sobre el tema.

    Otras tres cortes emitieron dictámenes similares, por lo que el programa sigue vigente. En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise las sentencias y decida sobre la legalidad de DACA, fallo que podría ser anunciado en el verano.

     

    Historia de los TPS

    En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

    La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

    La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

    Pasaron los meses y el 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

    El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

    El pasado 3 de octubre, un juez federal de San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de acabar con los TPS, y aseguró que la decisión del gobierno podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

     

  • Las bacanales de 'El Chapo' Guzmán

    Modelos colombianas, actrices y hasta una experta en rejuvenecimiento visitaban asiduamente al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus campamentos para realizar lo que una fuente describió a Univision como "brigadas de sexo y salud".

    GERARDO REYES

     

    18 de enero del 2019- Todo el mundo quedaba contento. 'El Chapo', porque se había acostado con una mujer bella. La mujer, porque ganaba buen dinero y el intermediario entre los narcos y la mujer porque se quedaba con un porcentaje no despreciable.

    Así resume Carlos el ciclo de un negocio del que fue un feliz beneficiario: la contratación de mujeres hermosas que una o dos veces al mes viajaban a los campamentos de Guzmán para satisfacer su desaforado apetito sexual.

    "Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente", relató. "Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera’".

    Carlos es el nombre ficticio de un hombre que estuvo en las entrañas de los carteles de la droga y que relató esta historia con la condición de no revelar su verdadera identidad. Univision confirmó con otras fuentes su participación en los carteles mexicanos y las conexiones con los colombianos. Carlos colaboró con el gobierno de Estados Unidos.

    Mientras recordaba con los reporteros de Univision sus años de aventuras con droga, dinero y mujeres, pasaba con su índice cientos de fotografías en su teléfono celular. Al encontrar las imágenes de las jóvenes, conocidas en Colombia como 'prepagos', celebraba con una sonrisa.

    "Esta estuvo allá, es modelo", comentó. "Esta es actriz", dijo al reconocer a una trigueña que trabajó en una narconovela.

    'El Chapo' las prefería colombianas, según él, no solo por su belleza sino por su dulzura y simpatía. La mayoría de las veces Guzmán no escogía la modelo con quien quería pasar la noche. Las deficientes comunicaciones en las áreas remotas donde se movía, dificultaban el envío de fotografías.

    Así que un grupo de mujeres y hombres proxenetas colombianos que se presentan como sofisticados 'mánagers' de la farándula y que son expertos en manejar los gustos de los narcos de su país, explicó la fuente, se encargaban de escoger a las acompañantes de Guzmán y de sus hombres de confianza.

    Según Carlos, el promedio que se le pagaba a cada visitante era de unos 10,000 dólares más los gastos de transporte desde Colombia hasta Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

    "Aunque había casos especiales de modelos muy costosas a quienes les pagan 20 o 25 mil", agregó.

    Sostuvo que los ayudantes de 'El Chapo' llevaban a las jóvenes a un rancho de maizales situado a unos 30 minutos de Culiacán. Allí las muchachas debían entregar sus teléfonos celulares y sus iPads antes de abordar las avionetas que las llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental, el inmenso refugio montañoso que Guzmán usaba con más frecuencia para esconderse.

    Todas pasaban por la prueba de nervios del vuelo de las avionetas de Guzmán a ras de los picos de los cerros y el espantoso aterrizaje en pistas de tierra muy cortas que terminaban en un pronunciado ascenso construido para desacelerar la avioneta.

    Guzmán tenía más de una docena de campamentos en la sierra. Los testigos los describen como construcciones sencillas que se mimetizan en sitios con abundante vegetación en medio del paisaje árido de la cadena montañosa.

    Los refugios, equipados con luz eléctrica, aire acondicionado, cocinas y cuartos muy austeros para huéspedes, señaló Carlos, estaban situados a una media hora o 45 minutos de las pistas de aterrizaje en cuatrimoto. Según lo han descrito testigos en el juicio que se realiza en contra de Guzmán en una corte de Brooklyn, estos escondites de paso estaban vigilados por un primer círculo de unos 200 hombres mientras que en el entorno cercano al capo se apostaban de 20 a 30.

    Las visitantes eran llevadas en cuatrimotos a los campamentos donde las esperaba una febril jornada de música, licor y sexo que podría extenderse durante dos o tres días, afirma Carlos.

    "Las muchachas se entretenían además disparando armas y manejando las cuatrimotos", dijo.

    El baile se hacía en palapas o kioscos abiertos, unas veces animado por bandas que tocaban los corridos preferidos de Guzmán y otra con equipos de sonido, agregó.

    Las modelos comentaban que 'El Chapo' sacaba provecho hasta el último minuto de sus encuentros sexuales, sostuvo Carlos. "Decían que no paraba en toda la noche".

    Al final de la jornada la advertencia a las mujeres era intimidante, recuerda Carlos: "Ustedes no vieron nada, no escucharon nada, esto nunca ocurrió en sus vidas", les decían.

     

    Las aventuras de 'Avatar'

    En los últimos ocho años, los hombres más cercanos a Guzmán fueron el colombiano Alex Cifuentes y el mexicano Dámaso López, conocido como 'El Licenciado'. Cifuentes, heredero de una familia que manejó la flota mercante más grande al servicio de los carteles de la droga, fue arrestado a finales de 2013. Negoció con la Fiscalía y declaró en el juicio en Brooklyn que se convirtió en la persona más importante del acusado.

    "No solo era su mano derecha sino la izquierda", dijo.

    Con el tiempo adquirió un marcado acento mexicano que lo hacía pasar por un local, explicó Carlos. Cifuentes participaba en las bacanales de la sierra, pero sin beber licor por cuanto sufre de una enfermedad del páncreas. 
    El colombiano conoció a una modelo colombiana con quien tuvo una hija. Univision intentó hablar con la modelo.

    Una mujer que se presentó como la madre de la modelo respondió que ella estaba trabajando en el exterior y al pedirle más detalles de su relación con Cifuentes explicó en un correo electrónico: "Nosotras no sabemos absolutamente nada ni queremos saber, por seguridad sabemos que eso lo manejan en el FBI’".

    Cifuentes contaba con otra mujer colombiana que se encargaba de reclutar modelos y de sus negocios personales. Su nombre, según su testimonio en la corte es Andrea Vélez Fernández.Carlos sostiene que los apellidos fueron invertidos en la corte. En su testimonio Cifuentes se refiera a ella como "mi secretaria".

    De acuerdo con Cifuentes, como Andrea tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México, Guzmán le pidió que organizara una reunión con algunas de ellas y un general del Ejército mexicano. La orden era ofrecerle un soborno de 10 millones de dólares al militar a cambio de "dejarlo a él (Guzmán) en paz", dijo Cifuentes.

    Si Andrea lograba convencer al "cachuchón", como se referían en los correos electrónicos a los líderes narcotraficantes al militar, ella recibiría un millón de dólares. Según Cifuentes el militar se negó. "El general odiaba mucho a Joaquín", declaró.

    Guzmán no creyó en esa versión, explicó Cifuentes. Comentó que Andrea era una mentirosa y ordenó que la mataran. Cifuentes admitió que estuvo de acuerdo con la decisión y se puso en la tarea de buscar a la persona que haría el trabajo. No solo para matarla a ella sino a un ayudante en Canadá llamado Steven Tello de quien 'El Chapo' sospechaba que estaba robándose dinero de la venta de drogas.

    Cifuentes dijo que se reunió con miembros de la pandilla Hells Angels para contratar al sicario. En medio de esa búsqueda fue arrestado en Culiacán el 12 de noviembre de 2013. Andrea y Tello se salvaron.

    Alex Cifuentes declaró en una corte federal que Guzmán ordenó la muerte de su asistente Andrea Fernández, luego de que no logró sobornar a un militar.

    Conocida como 'Avatar' por su parecido a la protagonista de la película, Andrea nació en Medellín, Colombia. Fue adoptada por una pareja de colombianos que ha vivido en el sur de la Florida. 'Avatar' trabajó como agente inmobiliaria en Miami.

    Por sus gestiones como asistente de negocios y placeres del cartel ganaba unos 5,000 dólares mensuales, afirmó Carlos.

    "Es una mujer de una personalidad muy fuerte, aguerrida, echada pa' lante, mal hablada, a veces metía cocaína que inhalaba en un cuchillo", recordó.

    Alrededor de 2013, vivía en el penthouse de un edificio de Polanco, en Ciudad de México, y trabajaba en una oficina de abogados cercana a su apartamento. La oficina estaba bajo la dirección de su novio, un abogado mexicano con "buenas conexiones" con el alto gobierno de México, dijo Carlos.

    Un residente del edificio dijo a Univision que no recordaba que en el penthouse hubiera vivido una mujer colombiana.

     

    Ampollas de juventud

    Otra de las asiduas visitantes a los campamentos de Guzmán era una mujer experta en terapias de rejuvenecimiento, afirma Carlos. Había hecho cursos en Europa de tratamientos antivejez que ponía en práctica con Guzmán.

    "Le aplicaba inyecciones en la cara y le cuidaba la piel, porque la piel de 'El Chapo' estaba siempre llena de picaduras de mosquitos, raspones por todos lados de cuando andaba en el monte", dijo Carlos.

    La misma mujer hacía brigadas de vacunación de los hombres de Guzmán.

     

    La reportera de Univision Investiga Peniley Ramírez contribuyó con este reportaje

  • ¿De qué crisis en la frontera habla Trump? Informes de su gobierno ponen en duda la necesidad de un muro

    Trump ha elegido la construcción del muro como el centro de su estrategia para 2020, tratando de repetir el éxito de 2016. Pero los números parecen estar en su contra.

    Por: JORGE CANCINO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    18 de enero del 2019- Seis semanas después de las elecciones de medio término, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump radicalizó su discurso con miras a la reelección del 2020. Y tal como sucedió en la campaña anterior, el eje central de su estrategia vuelve a ser la construcción del muro en la frontera con México.

    Trump les advirtió a los líderes demócratas del Congreso que estaba dispuesto a cerrar por largo tiempo una parte del gobierno si no le aprobaban, dentro de lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal, 5,700 millones de dólares para construir el muro.

    Trump argumenta que en la frontera hay una crisis que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y asegura que, si el muro no es construido como prometió a sus electores en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el crimen, la violencia y las drogas se ensañarán con los estadounidenses.

     

    Cierre parcial

    El 22 de diciembre terminó sin ningún acuerdo el plazo para la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso y el presidente cumplió su palabra y provocó un cierre parcial del gobierno federal que dejó a más de 800,000 empleados federales sin salario.

    “La seguridad fronteriza efectiva debe reducir dramáticamente la entrada de inmigrantes ilegales, criminales y drogas”, escribió el mandatario en una carta enviada al Congreso el 4 de enero. “Debe mantener fuera a los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y a aquellos que de otro modo serían inadmisibles bajo la ley. Y debe garantizar que quienes ingresan sin permiso legal, puedan ser devueltos a sus hogares de manera rápida y segura”.

    Desde el cierre del gobierno –y con más frecuencia que antes– el presidente se dedicó a tuitear sobre el tema. Entre el 22 de diciembre y el 16 de enero tuiteó 80 veces sobre la frontera, hablando de la crisis y acusando a los demócratas de estar en contra de la seguridad fronteriza.

     

    Tema de campaña

    Ese día (16 de enero) Trump despejó las dudas sobre la importancia del tema para la campaña del año 2020. “Cada vez es más obvio que los demócratas radicales son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur. # 2020!”, escribió en su cuenta de Twitter.

    Pero no todos ven con buenos ojos la estrategia. “Seguir con la retórica del muro solo le refuerza una base electoral que es extremista y que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, advierte Roberto Izurieta, director del departamento de política latinoamericana y campañas políticas de la Universidad George Washington. “Esa base extremista y minoritaria, con sus voceros -o expresiones en algunos medios o periodistas extremos-, parece que le es muy importante, al menos emocionalmente”.

    Izurieta agrega que, con este discurso, “Trump está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le de viabilidad a su gobierno y éxito político, entendiendo que ya tiene en mira la reelección presidencial del 2020”.

     

    Los números de la frontera

    Trump convirtió el tema del muro (que fue una de sus promesas electorales en 2016), en el centro del enfrentamiento con los demócratas con miras s 2020. Pero, ¿Es tan insegura la frontera como la presenta el presidente? ¿Entran cada año tantos criminales y drogas por ella como asegura la Casa Blanca? ¿Es la frontera abierta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?

    Son varios los estudios y los datos producidos por centros académicos de reconocida credibilidad y por entidades del propio gobierno que ponen en cuestión las afirmaciones del presidente. Comenzando por el flujo de inmigrantes que entran de manera ilegal al país y alimentan la población indocumentada.

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, actualmente viven en el país unos 10.7 millones de inmigrantes indocumentados. Entre 2007 y 2008 (el pico máximo) la cifra estimada era de 12.2 millones, una baja del 13%. Por tanto, la inmigración no autorizada en vez de estar aumentando, como afirma Trump, ha descendido. 

    Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS) “Las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos ha descendido de manera dramática en los últimos años. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera sur, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones en la actualidad. 

    Se podría pensar que la cifra de aprehensiones ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades. Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.

     

    Más seguridad que nunca

    Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Interna sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

    Según el reporte, el número de cruces no detectados ha caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación). 

    “La seguridad en la frontera suroeste es mayor que nunca”, asegura un artículo de FWD.us­, una organización integrada por directivos del sector de alta tecnología, entre ellos Google y Facebook, cuya misión es educar al público sobre las políticas de inmigración y las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. “El Congreso ha invertido millones de dólares en las últimas dos décadas para desplegar infraestructura, tecnología y personal para asegurar la frontera, y esta inversión ha dado resultados”.

    Y si quedaran dudas, el mismo reporte del DHS (publicado hace menos de un año, durante la administración Trump), dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas)”.

    “Hay más infraestructura, tecnología y agentes fronterizos en la frontera suroeste que en cualquier otro momento de la historia, lo que ha dado como resultado menores intentos de cruzar ilegalmente y mayor probabilidad de que sean detectados”, dice el artículo de FWD.us. 

     

    Un coladero de drogas

    Un argumento que ha utilizado el presidente Trump (y ha vuelto a utilizar, cada vez con más fuerza) es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras, como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dice un artículo reciente de The New York Times, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.

    Datos de la Patrulla Fronteriza muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisa en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados de la Unión Americana) viene por los puertos de entrada y no por la frontera abierta. 

     

    La criminalización de los inmigrantes

    Otro argumento ­–que el presidente suele acompañar con declaraciones dramáticas de personas afectadas– es que por la frontera entran todos los días cientos de criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses: lo que se ha dado en llamar la “criminalización de los inmigrantes”.

    En este aspecto, las cifras del gobierno también son muy dicientes. En el año fiscal 2018 (faltando solamente el mes de septiembre para consolidar las cifras), la Patrulla Fronteriza aprehendió un total de 361,993 migrantes que pretendían ingresar de manera ilegal al país. De ese total, solamente 6,259 (1.7%) tenían antecedentes criminales, y el delito que habían cometido era un ingreso ilegal al país o un DUI. Solo 3 habían sido convictos por homicidio, y solo 78 por agresión sexual.

    La Oficina de Operaciones de Campo (otra rama del CBP) detectó otros 10,572 migrantes con antecedentes criminales, que hacían parte de un grupo de 204,288 personas que trataron de entrar legalmente al país por los puertos de entrada (no por la frontera abierta) y fueron declaradas inadmisibles. Un caso más en el que funcionaron muy bien los controles existentes. 

    La “criminalización” que ha hecho el presidente no cobija solo a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, sino a todos los indocumentados (incluidos los que llevan años viviendo en el país). Si los indocumentados delinquen más que los nativos es un tema difícil de medir, como lo dice el artículo de The New York Times. Pero un estudio que cita el mismo diario, hecho por el Instituto Cato (de tendencia conservadora), muestra que en el caso de Texas (un estado con un número alto de inmigrantes), la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados es menor que la de los nativos estadounidenses.

     

    ¿Para qué sirve el muro?

    En un informe de marzo de 2018, la GAO (la Oficina de Contabilidad del Gobierno) fue muy crítica con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), porque según ella “no ha desarrollado métricas que sistemáticamente usen los datos que recopila para evaluar las contribuciones de las vallas fronterizas a su misión, tal y como lo recomendó la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) en su momento”.

    Y en uno más reciente, de julio de 2018 (producto de una auditoría realizada entre octubre de 2017 y junio de 2018),la misma GAO, refiriéndose a las obras realizadas en la administración Trump, dice que “procediendo sin una información adecuada sobre costos, bases de adquisición, y aportes de las vallas y la tecnología desplegadas anteriormente, el DHS enfrenta un gran riesgo de que el programa relacionado con el muro fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado, o no dé los resultdos esperados”.

    Esa puede ser una explicación del giro que ha dado el presidente en cuanto a la naturaleza del muro. De hablar de un gran muro de concreto –del que se hicieron varios prototipos–, el presidente a pasado a hablar de una barrera metálica, menos ambiciosa pero, según él, igual de efectiva. El cambio dio lugar a la aparición de lo que parecían ser memes que mostraban perforaciones en la barrera, por donde podrían colarse los indocumentados.

    En realidad, no se trataba de memes. Era un recordatorio de la inutilidad de una barrera ante la voluntad inquebrantable de muchos migrantes de entrar a este país. Y tiene sustento, de nuevo, en los informes de la GAO. En el ya mencionado de marzo de 2018, hablando de los altos costos de mantenimiento que tiene el muro fronterizo, la oficina dice que entre tales costos el mismo CBP incluye la reparación de las brechas en muros y puertas que “aumentan la posibilidad de los migrantes de entrar al país sin impedimento”. Entre 2010 y 2015 “el CBP reportó un total de 9,287 brechas en barreras pedestres”.

     

    ¿Y por qué lo apoyan?

    Además de su base, el presidente ha contado hasta ahora con el apoyo irrestricto de los republicanos en su idea de construir el muro. Una fuente republicana conocedora de las discusiones a puertas cerradas en el Congreso para presionar a la Casa Blanca a que acepte un presupuesto con una cantidad menor a los $5,700 millones que exige Trump, dijo a Univision Noticias, bajo condición de anonimato, que “los miembros del partido en la Cámara apoyarán al mandatario tanto como puedan y sus votantes no los presionen”.

    Agregó que en el lado demócrata “también hay divisiones”, y que hasta ahora las posiciones se mantienen “porque el pueblo, los votantes, se han mantenido en silencio y no están presionando lo suficiente”.

    El cierre del gobierno, sin embargo, puede cambiar todo. “Viene la temporada de impuestos y los aeropuertos todavía están funcionando. Pero cuando todo se afecte y tan pronto el público presione a sus congresistas, ahí vamos a ver un aumento de exigencias a la Casa Blanca. Ese será el punto de inflexión en esta crisis. Todos saben que esto no puede seguir para siempre”.

    A la pregunta respecto a si los republicanos apoyarían una declaración de emergencia del presidente para conseguir de esa manera los fondos para construir el muro en la frontera con México, la fuente dijo que “si bien se reconoce que Trump tiene el poder y la opción de declarar un estado de emergencia, muchos republicanos en ambas cámaras y fuera del Congreso no quieren eso, porque se puede tomar como un abuso de poder”.

     

  • Sube a 66 el saldo mortal de la explosión de un ducto de gasolina en México

    Otras 76 personas resultaron heridas, señaló este sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El incidente ocurrió en una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan en la que más de 600 personas se encontraban en los alrededores del ducto, de acuerdo con la secretaría de Defensa.

    UNIVISION

     

    19 de enero del 2019- Al menos 66 personas murieron tras la explosión de un ducto en una toma ilegal de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México.

    El hecho ocurrido en la tarde del viernes también dejó a 76 personas heridas, entre ellos un niño de 12 años, señaló el sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en una rueda de prensa.

    Entre 600 y 800 personas personas robaban con cubetas y bidones el combustible de un ducto perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ocurrió el siniestro, señaló el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Las autoridades tardaron horas en contener el incendio.

    Testigos citados por medios indicaron que tras la explosión, las llamas se elevaban a más de 20 metros de altura y que la onda expansiva afectó a decenas de personas que estaban recogiendo gasolina muy cerca de la vía que conecta a Teltipan con Tlahuelilpan.

     

    Mantendrán estrategia ante del 'huachicoleo'

    En las últimas semanas el gobierno mexicano lanzó una estrategia para frenar el robo de combustibles y desplegó a 3,200 agentes para proteger ductos y refinerías. También ordenó el cierre temporal de ductos, lo que generó problemas en la distribución del combustible y, en consecuencia, escasez.

    La toma ilegal de combustible, conocida como "huachicoleo", es una vieja práctica que le ha costado a Pemex miles de millones en pérdidas anuales.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el sábado en que seguirán evitando que haya una confrontación entre los miles de militares desplegados y los pobladores que buscan el combustible.

    "Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, creo en la gente y se que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va a también alejarse de estas prácticas", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

    El secretario de la Defensa Nacional relató que en el momento de la explosión había un equipo de 25 agentes en el área, pero habían decidido no intervenir en la toma ilegal de combustible porque se vieron rebasados por la multitud.

    “Es muy difícil detener 25 hombres a 600, 800 personas”, dijo Sandoval. “Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por esa cantidad de gente que está en frente de ellos. Es lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones".

    Durante la rueda de prensa matutina, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que "no cabe duda" que el incendio es la consecuencia de la toma ilegal de combustible.

    Desde hace al menos 10 años las autoridades mexicanas catalogaron el robo de combustible como una de las actividades ilícitas que ocasionaba más pérdidas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108,000 investigaciones por este delito, pero fue creciendo de forma exponencial pues en 2006 se abrieron 394 investigaciones y en 2018 aumentó hasta 31,000, según cifras del gobierno.

    Este problema generó pérdidas de 66,300 millones de pesos ($3,400 millones) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país.

    El presidente López Obrador ha señalado que estas prácticas se realizaban en complicidad u omisión de autoridades locales, por lo que grupos criminales podían perforar las tuberías que transportan cerca del 20% del crudo nacional. Este combustible robado es adquirido por diversas empresas e incluso gasolinerías, según reveló el propio gobierno.

    Esta actividad ilegal se inició en el llamado Triángulo Rojo, en el céntrico estado mexicano de Puebla, pero con el tiempo la práctica se extendió a otros estados. Actualmente los que lideran el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco e Hidalgo -donde justamente ocurrió la tragedia este viernes- de acuerdo el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

     

  • México les ofrece visas para transitar y trabajar, pero cientos de migrantes de la nueva caravana decidieron cruzar clandestinamente

    Es una imagen que dista considerablemente de cómo recibieron a los centroamericanos que llegaron en caravana hace apenas tres meses. Si en aquella ocasión estaba la policía en la frontera con escudos y gases lacrimógenos, ahora las autoridades mexicanas llevan a cabo un proceso ordenado. Sin embargo, cientos de migrantes decidieron saltarse el proceso y cruzar la frontera irregularmente por la noche.

    UNIVISION

     

    17 de enero del 2019- Cientos de migrantes del grupo de hondureños que salió a principios de semana de San Pedro Sula en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México, país al que cruzaron a través del paso de Tecún Umán.

    A diferencia del trato que recibieron los centroamericanos de la caravana que llegó a México a través de esa frontera en octubre de 2018 y que fueron recibidos con retenes y gases lacrimógenos y entraron a ese país entre empujones, en esta ocasión los migrantes pudieron acceder de manera segura y ordenada.

    El hambre y el cansancio impactan a los migrantes de la nueva caravana en su intento por llegar a EEUU

    El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en la noche del jueves que había registrado a 969 adultos migrantes y a 145 niños y adolescentes procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua como solicitantes de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

    Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cientos de migrantes del grupo que salió en caravana decidieron cruzar de manera clandestina a México ya que son escépticos con el plan que les ofrece el gobierno de esa nación, según informó la periodista Maya Averbuch desde esa frontera.

    Al cruzar en la oscuridad, los migrantes pretendían no tener que pasar el proceso establecido por México. Pero por el momento se desconoce si las autoridades mexicanas los obligarán a pasar el proceso del resto de migrantes o si los deportará de encontrarlos a lo largo del camino.

    La imagen distó considerablemente de la de la jornada del jueves cuando se procesó a los migrantes que ya llevaban un registro migratorio de su entrada a Guatemala. A ellos se les permitió cruzar a través del puente fronterizo y se les ofreció un brazalete que les permitirá el libre tránsito por territorio mexicano.

    En el municipio de Suchiate (México), las autoridades migratorias mexicanas los recibieron con agua y los registraron en el sistema y les dieron la pulsera con un código de barras que tiene la información de sus casos.

    Los migrantes tendrán que esperar cinco días para recibir la 'Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias' con la que podrán trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud. Según informó el INM, su objetivo es rebajar el tiempo de espera de los migrantes para conseguir ese documento que antes solía demorarse hasta 30 días.

    Mientras consiguen esa tarjeta, los centroamericanos podrán permanecer en el lado mexicano o guatemalteco de la frontera.

    Este jueves, muchos centroamericanos ya registrados por las autoridades mexicanas decidieron regresar a Guatemala puesto que el albergue del lado mexicano aún no estaba listo.

    Antonio, de 28 años, uno de los migrantes que consiguió este jueves el brazalete con el que le registaron en México fue uno de los que decidió regresar a Tecún Umán. Según le dijo a la agencia EFE, con esa pulsera podrá volver en cinco días para seguir con un proceso "humanitario" que le permitirá acceder a empleo y servicios de salud básicos en territorio mexicano.

  • Así es como militares y funcionarios de alto rango contribuían al robo de combustible en México

    De acuerdo con una investigación que realiza la fiscalía, al menos cinco funcionarios élite del gobierno ordenaban a sus agentes no informar al Ministerio Público de las tomas clandestinas que encontraban y además reportar el hallazgo de puntos falsos.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 16 de enero del 2019- La Procuraduría General de la República (fiscalía) inició una investigación contra cinco funcionarios de alto rango en el gobierno de México, dos de los cuales son generales que se desempeñaron como responsables de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente ordenar a sus agentes sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de los hallazgos que hacían.

    La existencia de esta investigación sale a la luz en medio de una serie de anuncios que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó para combatir el millonario robo de combustible en el paí s, un delito que se practicaba desde hace años con la complicidad de los propios funcionarios del gobierno, según señaló el mandatario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, en poder del diario Milenio los implicados son Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.

    También están sujetos a investigación el exgerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el exgerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva. De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.

    Pese a que existía una denuncia realizada por varios trabajadores de Pemex ante la fiscalía en marzo de 2017, los documentos no fueron tomados en cuenta para hacer una investigación hasta que inició la nueva administración del gobierno y su combate contra el robo de combustible.

    La denuncia fue presentada por el abogado Jorge García Andriano, en la que además se implica a funcionarios regionales de Pemex y militares pertenecientes a la comisión de seguridad de la paraestatal.

    En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado señala los delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas y encubrimiento por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física alterar el lugar e impedir que se averigüe la conducta delictiva de ciertas personas, con el argumento de que sí no hacían caso omiso, serían despedidos.

    Uno de los casos que conforma la carpeta de investigación es el del trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, quien solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado. También llegaron a ordenarle que sembrar tomas clandestinas en otros lugares.

    "Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informar a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

    Aunque la denuncia fue presentada en 2017, no fue hasta finales de 2018, luego del cambio de gobierno, cuando la fiscalía inició una investigación contra las personas presuntamente implicadas.

    Menos de un mes después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció la implementación de medidas para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, que ha derivado en una crisis de abastecimiento de gasolina en el país, pero también ha destapado los problemas de corrupción en Petróleos Mexicanos.

    En diversas ocasiones, A MLO ha señalado que se combatirá la corrupción en todos los niveles, incluido el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero que no habrá “show” ni se fabricarán delitos.

    “No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos, a todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos”, aseguró.

    De acuerdo con cifras del gobierno de México, el problema del huachicoleo ha generado pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018.

     

  • Avanza el nuevo grupo de migrantes camino a EEUU: cerca de 700 llegaron ya a Guatemala

    Según autoridades de Honduras, unos 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    UNIVISION Y AGENCIAS

     

    16 de enero del 2019- Un total de 709 hondureños que salieron el lunes de su país cruzaron ya la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

    El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.

    Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.

    Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente después de que la mujer no dispusiera de la documentación necesaria para que sus sobrinos pudiesen salir del país.

    Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.

    Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de los migrantes.

    La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.

    Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

    Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".

    Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a Estados Unidos "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".

    Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con cifras oficiales.

     

  • De padrino de bodas de Ortega a denunciar un "estado de terror": qué hay detrás de la renuncia del juez Rafael Solís

    Rafael Solís era magistrado judicial, comisario político y asesor partidario sandinista. Además, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con su renuncia comienza a resquebrajarse el círculo íntimo del gobierno de Ortega y Murillo que hasta ahora parecía infranqueable.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

     

    MANAGUA, Nicaragua. 14 de enero del 2019- En 2005, un año antes de asumir la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega volvió a casarse con Rosario Murillo. Renovaron sus votos matrimoniales en la iglesia católica. Fue una reunión privada; solo fueron invitados amigos cercanos. En el acta de casamiento quedó registrado como padrino de boda Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, veterano militante sandinista y “comisario político” de la pareja presidencial en el sistema judicial.

    Catorce años después, en medio de la aguda crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, Solís renunció a todos sus cargos institucionales y políticos. Una bomba inesperada para sus ahijados matrimoniales. El padrino los ha abandonado porque no está de acuerdo con “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”.

    Rafael “Payo” Solís publicó su carta de renuncia el 10 de enero. La conmoción en Nicaragua fue inmediata y sus implicaciones todavía siguen aflorando: Es la deserción política más significativa que ha sufrido el sandinismo controlado por Daniel Ortega desde principios de la década de 1990, cuando los principales intelectuales y revolucionarios rompieron con el partido para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

    El exmagistrado Solís explicó en su carta de renuncia que no está de acuerdo con el “estado de terror” instalado por la policía y paramilitares y la falta de voluntad política de la pareja presidencial para encontrarle una solución dialogada al conflicto iniciado en el abril de 2018.

    “Presento mi renuncia inmediata e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a todos los cargos políticos incluida la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, expresó Solís en la misiva.

    La militancia sandinista de Solís superaba las cuatro décadas. Aparte de ejercer su cargo como magistrado y operador político en el sistema de justicia, era una voz pragmática y beligerante en las decisiones del Frente Sandinista. Era uno de los hombres indispensables de Daniel Ortega. La imprevista renuncia de un personaje de tan alto perfil evidencia el resquebrajamiento que ha comenzado a causar la crisis sociopolítica en el círculo íntimo del poder.

    “Es la deserción más importante en los últimos 20 años de vida política de Daniel Ortega”, le dijo a Univision Noticias Eliseo Núñez, exdiputado y jurista. “Es llamativo que Solís no solo renuncia como magistrado y a los cargos políticos, sino que también a la militancia sandinista. Es un reconocimiento de que el partido no es capaz de contener el capricho de dos personas por aferrarse al poder”.

     

    Artífice de la reelección de Ortega

    Entre los 16 magistrados de Poder Judicial, Solís era el más influyente pese a que la presidencia del tribunal mayor lo ocupa su correligionaria Alba Luz Ramos. Solís estuvo detrás de dos fallos judiciales que delinearon buena parte del presente político de este país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia liberó en 2009 al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control del Parlamento.

    Meses después y más controvertido aún, Solís fue parte del diseño del fallo que le permitió a Ortega reelegirse como presidente de la República, pese a que la reelección consecutiva estaba vetada por la Constitución Política. Solís se “arrepintió” por esta maniobra y aseguró “que fue un error haber permitido” la reelección de su ahijado de boda.

    “Es un golpe político ante todo. Y muy fuerte”, explicó a Univision Noticias Vilma Núñez, expresidenta del Poder Judicial y exmilitante sandinista. “Su declaración sale del seno, de las entrañas del poder, y contradice la versión oficial de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado”, aseveró.

     

    No es una renuncia cualquiera

    Solís lamentó que Ortega y Murillo no hayan tenido “sensatez y cordura” para proceder a una negociación política que derivara en el adelanto de elecciones como la mejor manera de superar la crisis pacíficamente.

    “Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, insistió el exmagistrado.

    Son palabras fuertes que no solo provienen de un leal, de un operador político y de un prominente funcionario público. Son las del Rafael Solís, padrino de bodas. Estos vínculos explican por qué la carta del exmagistrado ha causado un terremoto político en el aparentemente impermeable Frente Sandinista. Hasta ahora, la pareja presidencial no se ha referido a la dimisión de su padrino de bodas.

    “No es una renuncia cualquiera. No es lo mismo que renuncie alguno de los otros magistrados a que renuncie Rafael Solís. No es un disidente cualquiera. Se trata del asesor más importante y fundamental en las políticas del Frente Sandinista. Un hombre que estaba en el mero centro del poder”, aseguró a Univision Noticias el exvicencanciller de Nicaragua, José Pallais. “Esta renuncia genera dudas en la estructura del poder. Los desmoraliza. Los hace preguntarse si hay futuro”.

    Aunque el orteguismo sufre en silencio esta bomba política, algunos voceros oficiosos del gobierno han comenzado a tildar al exmagistrado de “traidor”. De hecho, la “purga” se ha extendido a jueces cercanos a Solís, quienes también son señalados de “cómplices de traición”.

     

    Poder Judicial sometido

    Solís hizo énfasis en la represión policial y paramilitar que ha dejado 325 muertos, más de 2,000 heridos y 565 presos políticos. Además, cuestionó la actitud presidencial de negarse al diálogo mediado por la iglesia católica para solventar la crisis.

    Sin embargo, lo más revelador de la misiva de renuncia es la apreciación de Solís respecto a los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos. Contrario a lo que promulga el gobierno de que son “golpistas y terroristas”, el exmagistrado sostiene que son en realidad “presos políticos”. Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca y parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los crímenes cometidos cometidos entre abril y mayo, dijo que lo que más le impresionó en Nicaragua “fue la falta de independencia del Poder Judicial”.

     “Comenzaron los juicios en su gran mayoría políticos aún conforme mi criterio, a una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un Poder Judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces a quienes defiendo porque no tenían más alternativas que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”, criticó Solís por su parte.

     

    Otra renuncia: el Superintendente de Bancos

    Menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Solís, otro funcionario del gobierno dimitió. Se trata del superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo.

    Las razones exactas de la renuncia del superintendente de Bancos no han trascendido, aunque se está a la espera que el Parlamento la ratifique. Urcuyo dimite en el momento álgido de la crisis económica tras las protestas. El sistema financiero de Nicaragua ha perdido más de 1,300 millones de dólares en depósitos y los créditos están semiparalizados.

    “Estoy seguro que los funcionarios más vulnerables se van a ir. Es decir, aquellos que tienen conexiones con el sistema financiero internacional debido a las sanciones económicas que podría aplicar Estados Unidos a través de la Ley Nica Act”, sostuvo el exdiputado Eliseo Núñez. “Es una mala lectura de Ortega pretender que sus allegados van a estar con él mientras se atrinchera al poder y se cierra ante una negociación política”, finalizó.

     

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