Indianapolis, Indiana. .
June 17, 2019

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Es uno de los productos que más se vería afectado por un cierre fronterizo que detenga la importación de bienes desde México, quien "provee virtualmente el 100% de los aguacates en EEUU ahora mismo". En solo tres semanas no habría con qué preparar el guacamole y apenas empiece a escasear ese alimento, los precios para el consumidor se irían a las nubes.

UNIVISION

 

1 de abril del 2019- El presidente Donald Trump ha vuelto a reavivar el debate sobre los escenarios de una de sus amenazas favoritas, que aunque hasta el día de hoy nunca ha cumplido, esta vez insiste en hacerlo si México no cede a sus peticiones: cerrar la frontera y suspender la ayuda que le envía si no controla el flujo de inmigrantes indocumentados.

El primer afectado sería la economía fronteriza y de paso todos los productos que llegan al país por esa zona, pues Estados Unidos depende en gran parte de la importación de frutas y verduras mexicanas. Casi la mitad de todos los vegetales que EEUU importa crecen en México, según datos del Departamento de Agricultura.

El desabastecimiento de estos alimentos dejaría a los estadounidenses sin uno de los productos más apetecidos en la cocina (no solo de las familias latinas), el aguacate, que desaparecería al cabo de solo tres semanas.

"No podrían haber elegido una peor época del año, porque México provee virtualmente el 100% de los aguacates en Estados Unidos ahora mismo", advirtió Steve Barnard, presidente de Mission Produce, el distribuidor de aguacates más grande del mundo, en entrevista con la agencia Reuters.

"California apenas está empezando y tienen un cultivo muy pequeño, pero no son relevantes en este momento y no podrían hacerlo en cuestión de un mes", agregó el empresario.

Es por esto que las consecuencias de cerrar la frontera podrían ser bastante negativas para el país. De acuerdo con el Departamento de Comercio, en 2017 EEUU y México comerciaron cerca de 557.6 miles de millones de dólares en bienes.

Perder el negocio de los aguacates se sentiría fuertemente en el país, donde el consumo de este alimento se ha elevado rápidamente en los últimos años: 1.7 millones de libras se exportaron desde México a EEUU en 2017.

"No hay ningún otro país que pueda abastecer la cantidad de aguacate que México puede abastecer a Estados Unidos: 8 de cada 10 aguacates en EEUU son mexicanos", señaló Ramón Paz, portavoz de exportadores mexicanos, en una entrevista previa con Univision Noticias.

Por supuesto, el efecto se extiende a muchos otros vegetales y frutas, pero el aguacate es el caso de resaltar pues México sigue siendo el principal exportador del mundo de este producto y Estados Unidos es su principal mercado, puesto que es donde se consume casi el 77% de las exportaciones mexicanas.

 

Los consumidores, los más afectados

Mientras más ha ido incrementando la demanda por productos frescos, cada vez el país ha ido dependiendo en mayor parte de México para cumplir esas necesidades. Las importaciones se han casi triplicado desde 1999.

Según la agencia Reuters un cierre completo de la frontera interrumpiría miles de millones de dólares en comercio, de los cuales cerca de $137 miles de millones son por alimentos. Además de los aguacates, se verían afectados los tomates, pepinos, moras y frambuesas que vienen de México.

Y no es que no existan otros exportadores de estos productos en el mundo, pero abrir esos negocios tomaría tiempo e incrementaría los precios cuando empiecen a escasear en las tiendas y supermercados.

"Cuando una frontera es cerrada o se ponen barreras a los negocios, esperaría que haya un impacto en los consumidores", dice Monica Ganley, directora que Quarterra, una consultora especializada en negocios de agricultura de Latinoamérica.

"Vamos a ver definitivamente la subida de los precios. Esta es una preocupación real y muy relevante para los consumidores estadounidenses", añade.

 

El comisionado de la Patrulla Fronteriza, Kevin K. McAleenan, urgió este miércoles desde El Paso al Congreso y al gobierno a actuar para responder al creciente flujo de familias y niños no acompañados que está llegando a la frontera. Aseguró que mientras no haya soluciones, "tomaremos todas las acciones que estén en nuestro poder" para atender la crisis.

PATRICIA CLAREMBAUX

 

27 de marzo del 2019- La frontera sur de Estados Unidos llegó a un "punto de quiebre" esta semana. Eso dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, desde el sector el Paso, uno de los puntos más calientes de la frontera en los últimos meses por el número creciente de unidades familiares y menores no acompañados que se están entregando a las autoridades para pedir asilo.

"Hace dos semanas hice un resumen a los medios y testifiqué en el Congreso que el sistema migratorio estaba en un punto de quiebre. Ese punto de quiebre ha llegado esta semana a la frontera. CBP está enfrentando una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza sin precedentesa todo lo largo de la frontera sur", dijo el comisionado, que explicó que justo momentos antes de que iniciara la rueda de prensa, un grupo de padres e hijos salvadoreños se entregaron a agentes de CBP.

En cifras, McAleenan dijo que actualmente tienen más de 12,000 migrantes en custodia en sus instalaciones. Lo atribuye a las "debilidades" del sistema migratorio que, dice, hace que los inmigrantes sepan que una vez que son atrapados serán dejados en libertad mientras esperan su audiencia con un juez. Estima que para marzo alcanzarán las 100,000 detenciones, el número más alto alcanzado en un mes en una década.

“4,000 es un número alto (...) 6,000 es un nivel crítico. 13,000 no tiene precedentes", aseguró McAleenan.

"La única forma de fundamentalmente resolver este flujo es que el Congreso actúe y que se restituya la integridad de nuestro sistema migratorio", dijo al enfatizar que mientras esto no se lleve a cabo "tomaremos todas las acciones que estén en nuestro poder" para atender la crisis en la frontera. "Necesitamos asistencia y recursos adicionales para atender este flujo", aseguró al pedir a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) agilizar los procesos para recibir a las familias y a los niños no acompañados en sus centros, también afectados por la crisis que ha llevado a una escasez de camas para recibirlos.

El punto en el que el comisionado dio su rueda de prensa, El Paso, en el segundo con más cruces en la frontera sur de Estados Unidos, después del Valle del Río Grande, también en el sur de Texas. En enero, en las 268 millas que contempla este sector, más de 25,000 familias fueron arrestadas, una cifra que escaló 1,588% en relación con el mismo mes de 2018 y que sola sumó más detenciones que los nueve sectores de la frontera sur juntos en ese mismo mes del año pasado. Y en febrero los números no cedieron: 36,298 familias fueron aprehendidas.

Este miércoles, los periodistas que cubrieron la noticia en el terreno, mostraron imágenes de decenas de inmigrantes esperando ser procesados por la Patrulla Fronteriza agrupados en un espacio improvisado por las autoridades en El Paso.

 

Las soluciones temporales a la crisis

Como consecuencia del flujo creciente, McAleenan dijo que las estaciones de la Patrulla Fronteriza que están procesando a esos inmigrantes los están liberando a Estados Unidos —por primera vez en una década, precisó— mientras esperan ser llamados por un juez para iniciar sus casos de asilo, dado que las instalaciones de ICE tampoco tienen camas disponibles para albergar al número de personas que están siendo procesadas.

Además, advirtió que los agentes de la Patrulla Fronteriza comenzarán a asumir tareas de ICE, como decidir a discreción quién puede ser liberado con o sin grillete, quién debe permanecer detenido y quién deportado. "No es algo que queremos hacer", dijo McAleenan, "es algo que nos toca hacer dada la sobrepoblación en nuestras instalaciones".

"Estamos haciendo lo que podemos para simplemente evitar una tragedia en nuestras instalaciones, pero con estos números que vemos creo que es una asunto de tiempo", agregó.

También están redireccionando indefinidamente a 780 agentes de la Patrulla Fronteriza con responsabilidades de chequeo en puertos de entrada para cooperar en el procesamiento y transporte de inmigrantes, y en la vigilancia en hospitales, lo que cree "generará un impacto en el tráfico en la frontera", así como un aumento en el tiempo en los cruces a pie y vehiculares. Explicó que han pedido la cooperación de la misión de apoyo de CBP, con voluntarios que puedan asistir en áreas desde recursos humanos hasta tecnología, así como de los albergues y organizaciones no gubernamentales.

Además, dijo que han pedido apoyo general al gobierno federal para aumentar la capacidad de respuesta de CBP. Eso incluye a la Guardia Nacional, al Departamento de Defensa y a dependencias en materia de salud. Y aunque los cruces han aumentado, aseguró que el apoyo voluntario que piden en la comunidad no incluye que los ciudadanos patrullen la frontera.

Sin embargo, estas acciones que aplicará la Patrulla Fronteriza pueden estar sujetas a demandas en tribunales para que sean las cortes quienes resuelvan hasta dónde pueden llegar los poderes de esta agencia.

 

¿Quiénes son?

La mayoría de las detenciones en la frontera sur son de familias y menores no acompañados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que en algunos casos buscan con su migración salir de la pobreza que viven en sus países por la falta de trabajo y oportunidades. Otros huyen de la violencia generalizada que han generado las pandillas.

A diferencia de años anteriores, cuando quienes cruzaban en su mayoría eran mexicanos solos que huían de las autoridades y podían ser deportados rápidamente, ahora los centroamericanos se entregan sin ninguna resistencia y pueden pasar entre dos y cinco años esperando una respuesta a sus solicitudes de asilo.

En el caso de los menores no acompañados, el Congressional Research Service (CRS) ha dicho en distintas ocasiones que un alto porcentaje de ellos son detenidos en puestos fronterizos y procesados bajo diversas leyes, entre ellas una aprobada por el Congreso en 2008 conocida como Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, en sus siglas en inglés). Ella impide la deportación inmediata de los menores a sus países de origen, con excepción de los que vienen de países fronterizos como México, que sí son repatriados.

La legislación establece que los niños deben ser procesados y que un juez de inmigración debe decidir su futuro en Estados Unidos.

En entrevistas con inmigrantes, cuentan que el primer interrogatorio con la Patrulla Fronteriza suele ser muy rápido y que incluso en muchos casos ni siquiera les dejan explicar por qué vinieron a Estados Unidos. Los funcionarios alegan que esto se debe justamente a la sobrepoblación que llega a la frontera versus su capacidad de respuesta. Algunos centroamericanos dicen que duermen apiñados en celdas pequeñas con hasta cinco personas, que comen el mismo burrito frío en cada comida y que son recluidos en condiciones insalubres.

En un recorrido que hizo el martes en las instalaciones de El Paso del Norte, McAleenan encontró celdas en cuarentena con personas enfermas. Y en los últimos cuatro días, contó, han tenido en sus centros niños con 45 grados de fiebre, una niña de dos años con convulsiones, una mujer de 19 años que requirió una operación urgente de corazón y un hombre de 40 años que llegó con falla en varios órganos y se negó a ser atendido. "Estamos salvando vidas, pero eso viene con un alto costo para nuestra labor", aseguró.

En los últimos meses, cuatro personas han muerto en custodia de la Patrulla Fronteriza, entre ellos, un mexicano de 40 años y otro de 45, los niños guatemaltecos Felipe Gómez Alonso, de 8 años, y Jakelin Caal, de 7.

 

El caso de Selene Saavedra Román refleja que con el endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump y el limbo legal en el que han quedado los dreamers, cualquier error puede salir muy caro. Cuando su historia se hizo pública, la joven fue liberada casi que de inmediato, pero aún enfrenta la deportación.

MARIA LUISA TABARES

 

24 de marzo del 2019- Selene Saavedra Román tiene 28 años y llegó a Estados Unidos cuando tenía solo 3, proveniente de Perú. Era tan pequeña que no recuerda otro como su país, sino este donde creció. Aún así siempre fue consciente de su situación migratoria, lo que dejó de preocuparle un poco desde que en 2012 se benefició con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Como dreamer pudo concluir sus estudios en la Universidad Texas A&M y conseguir luego el trabajo de sus sueños: ser azafata. Luego se casó con su novio de la universidad, el estadounidense David Watkins, a través de quien está tratando de legalizarse. Todo parecía ir bien hasta que la empresa de la que es empleada, Mesa Airlines, le pidió que trabajara en un vuelo a México.

Saavedra Román aplicó a un trabajo en una aerolínea regional con la intención de no tener que salir del país y advirtió a sus jefes que era beneficiaria de DACA para que no la programaran en vuelos internacionales. Aún así, el mes pasado lo hicieron.

Ella le expresó nuevamente su preocupación a la empresa acerca de su estatus migratorio después de que se le asignó laborar en un vuelo internacional, pero ellos le aseguraron que no pasaría nada. No fue así: las autoridades migratorias la detuvieron en el aeropuerto al regresar a Houston el 12 de febrero.

"Ahí estuvo detenida más o menos como 24 horas y luego la movieron a una área de detención en Conroe, Texas", explicó al Noticiero Unvision la abogada que la representa, Belinda Arroyo.

Saavedra Román pasó seis semanas en una cárcel del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), de la que salió el viernes pasado, después de que su esposo y su representante legal llevaran más de un mes intentando negociar con las autoridades migratorias para que la dejaran en libertad, pero coincidencialmente solo un día después de que su caso cobró notoriedad nacional y hasta Hillary Clinton se pronunció al respecto.

 

¿Cuáles fueron los errores?

El primero fue no contactar a un abogado de inmigración para consultarle sobre su viaje, aunque quienes insistieron en que todo estaría bien fueron los de la aerolínea para la que esta dreamer trabaja. Sin embargo, ellos también tendrían que haber investigado con un experto en el tema, según su abogada.

En un comunicado conjunto con la Asociación de Ayudantes de Vuelo, el director general de la aerolínea, Jonathan Ornstein, se disculpó con Saavedra Román y pidió a las autoridades estadounidenses liberarla, argumentando que era injusto detener a alguien "por algo que no esmás que un error administrativo y un malentendido".

"Nunca le debieron aconsejar que podía viajar", dijo Arroyo. "Fue un gran error".

Estando bajo custodia de ICE, empezó la pesadilla. Su esposo y su abogada la visitaban con frecuencia para decidir qué pasos seguir, pero las cosas se empezaron a complicar.

"Recibimos información del oficial de ICE de que la razón por la que todavía no la habían dejado ir es porque estaban verificando a ver si le podían revocar DACA por haber salido del país sin permiso", explicó a Univision Noticias la representante legal.

La abogada reconoció que su cliente cometió un segundo error por no haber solicitado antes un permiso para viajar al extranjero ( advance parole) del gobierno para volver a entrar, pero aclaró que de todas maneras se lo hubieran negado debido el litigio legal en el que se encuentra DACA en las cortes. Tras el intento de cancelación de DACA por parte de Donald Trump esa opción se eliminó.

"Ellos (los dreamers) están perdidos en un limbo legal y se está volviendo un tanto ridículo. Este caso es básicamente el símbolo de lo que pasa cuando dejas a la gente en el limbo legal", expresó Arroyo.

Las razones de ICE

ICE indicó que estaba examinando su estatus en ese momento y por eso no la dejaba en libertad, con el argumento de que revisan cada caso individualmente.

Previamente, la agencia había dicho que Saavedra Román no tenía un documento válido para entrar al país y estaba detenida mientras pasaba por los procedimientos de las cortes migratorias. Aún así, esto no explicaba por qué debía permanecer en el centro de detención y no podía esperar en libertad ese proceso.

De acuerdo con sus procedimientos, la agencia migratoria no ha comentado sobre el caso en particular, pero ha recalcado sobre el tema que quienes salen al extranjero sin un documento especial que les permita hacerlo dejan de estar protegidos por el programa DACA. Sin embargo, ICE confirmó que ya no emite ese documento a los dreamers que deseen viajar (ni por razones humanitarias).

 

La presión de la opinión pública

Saavedra Román y su esposo empezaron a temer que los días iban a seguir pasando en ese limbo legal por las complicaciones de su caso. La joven empezó a sufrir de ansiedad y depresión. Estaba desesperada y a eso se sumaba que a su esposo solo le permitían ir a visitarla una vez a la semana y pero aún, no podía ni abrazarlo: siempre estaban separados por un grueso cristal.

Fue cuando decidieron exigir publicamente su liberación. La abogada y la Asociación de Ayudantes de Vuelo encendieron las alarmas para que la comunidad supiera lo que estaba pasando y los apoyara.

"Selene Saavedra Román es una dreamer con protección de estatus, no tiene historial criminal y simplemente estaba haciendo su trabajo como una azafata certificada de EEUU. Pero fue detenida por ICE y ha sido retenida por más de un mes sin un final a la vista", escribió el jueves en Twitter Sara Nelson, la presidenta de la Asociación de Ayudantes de Vuelo-CWA.

En ese mismo tuit puso una petición para que los que apoyaran el caso de esta dreamer firmaran exigiendo su liberación. La respuesta fue inmediata y más de 20,000 personas se unieron al pedido. En las siguientes horas el caso empezó a dar la vuelta al país en redes sociales y los titulares de medios, a través de organizaciones, abogados y activistas.

"Esta es una historia terrible", respondió Hillary Clinton al tuit de Nelson y pidió que firmaran la petición.

"Historias dolorosas como la de Selene subrayan la crueldad de la agenda migratoria de Trump. Los cientos de miles de dreamers, cuyo futuro está en peligro por esta administración, merecen algo mejor", advirtió a través de la misma red social el candidato presidencial demócrata Julián Castro.

Pasó solo un día y Saavedra Román llamó a su esposo para decirle que saldría libre. "Estaba llorando y dijo ‘Por favor, ven por mí’", contó su esposo David Watkins a reporteros, quien asegura que estas han sido las semanas más difíciles de sus vidas.

"Lloré y abracé a mi esposo y no lo quería soltar nunca", expresó ella en un comunicado tras ser liberada. "Estoy agradecida por las personas maravillosas que vinieron a luchar por mí, eso llena mi corazón. Gracias a todos los que me han apoyado. Estoy tan feliz de tener de nuevo mi libertad".

 

En peligro de deportación

La joven recuperó su libertad el viernes, pero su batalla aún no termina. El propio senador y pre candidato presidencial demócrata Bernie Sanders así lo recordó en el tuit donde celebró que Saavedra salió del centro de detención, advirtiendo que aún hay trabajo por hacer.

"Selene fue liberada, ¡pero la batalla no se ha terminado! Ella estará luchando contra su deportación en los próximos meses. No tiene sentido deportar a dreamers como Selene del único país que conocen como su hogar", escribió Sanders.

Saavedra Román tiene programado comparecer ante un juez migratorio en abril, donde tendrá que buscar que no la deporten del país.

Su esposo dice que seguirán luchando juntos. "Le dije ‘incluso si te deportan a Perú, simplemente me iré contigo’", contó. "Pase lo que pase en el futuro, no me daré por vencido. Seguiré luchando".

Watkins sigue sorprendido de todo lo que han vivido, pues asegura que en un principio no estaba preocupado por el viaje porque ya habían obtenido aprobación de ICE para que ella solicitara su residencia como esposa de un estadounidense. Además, resaltó el hecho de que ella no tiene antecedentes penales y paga impuestos desde hace mucho tiempo.

Aún así fue detenida y es un caso que refleja –de nuevo– cómo las políticas migratorias de 'toleracia cero' de esta administración no perdonan a nadie, ya no se enfoca solo en criminales. Los abogados advierten que cualquier indocumentado puede quedar en la mira de ICE si no se sabe asesorar bien y si no toma los pasos adecuados puede enfrentarse a una situación como esta aunque lleve casi toda su vida viviendo en el país, tenga DACA o hijos/esposo(a) estadounidense.

Ahora le dan "prioridad a la deportación de todo inmigrante, sin importar si es o no una persona que contribuye positivamente a este país", afirma Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

En un comunicado, el sindicato que representa a Saavedra Román y a sus colegas indicó que lo sucedido "resalta la urgencia de una reforma migratoria con sentido común y una solución para los niños estadounidenses que forman parte de DACA".

Se resolvió la expectativa que había consumido a los estadounidenses por 22 meses y particularmente los últimos tres días, desde que el fiscal especial presentó su informe al Congreso. Sin embargo, queda mucho aún por conocer.

UNIVISION

 

24 de marzo del 2019- La tarde de este domingo, el fiscal general Bill Barr le entregó al Congreso una carta de cuatro páginas que resume los hallazgos del reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia para influenciar los resultados de la elección de 2016.

La comunicación fue enviada a los líderes de los comités de asuntos judiciales del Congreso, el demócrata Jerry Nadler, de la Cámara de Representantes, y el republicano Lindsey Graham, del Senado.

El contenido de la misiva lo dio a conocer minutos despúes de haberlo recibido Nadler, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que calificó de "breve" el comunicado.

En síntesis, la carta de Barr indica que no hay pruebas de que Trump y su campaña hayan coordinado con Rusia para perjudicar a Hillary Clinton en las elecciones de 2016.

Pero en el punto de la posible obstrucción a la justicia, reconoce que Mueller no llegó a una conclusión definitiva y que "aunque este reporte no concluye que el presidente cometiera un crimen, tampoco lo exonera".

Por eso Nadler indicó en un tuit que "en vista de las muy preocupantes discrepancias y la decisión final en el Departamento de Justicia luego del reporte del Fiscal Especial, en el que Mueller no exoneró al presidente, llamaremos al Fiscal general Barr para testificar ante el Comité de Asuntos Judiciales en un futuro cercano".

Pese a que todavía quedan incognitas por resolver, los hallazgos hasta ahora conocidos del trabajo de Mueller se presentaron como una "exoneracion completa y total" por el propio Trump en una breve declaración y portavoces del Partido Republicano.

 

La comunicación del Fiscal General sobre el reporte de Mueller

 

"No hubo colusión"

Según la carta de Barr, la investigación de Mueller "no encontró que la campaña de Trump o ninguna persona asociada con esta conspiró o coordinó con Rusia en sus esfuerzos por influir en la elección presidencial de 2016".

La fiscalía especial detalló en el reporte cuáles fueron esos esfuerzos rusos por influir en la campaña, que se pueden clasificar en dos partes.

Una de ellas fue a través de la organización Internet Reseach Agency (IRA), y la fiscalía de hecho le imputó cargos a varias personas y entidades rusas conectadas con la IRA. Sin embargo "no encontró que ninguna persona conectada a la campaña de Trump hubiera conspirado o coordinado a sabiendas con la IRA".

La conclusión fue la misma respecto al hackeo de los servidores de la campaña de la demócrata Hillary Clinton y del Partido Demócrata de parte de Wikileaks: el fiscal especial no encontró evidencia de que Trump o su campaña hubieran conspirado con la organización para robar y filtrar información que dañó a Clinton y su campaña.

Obstrucción a la justicia

El fiscal general dice en la carta que el reporte de Mueller "no concluye que Trump haya cometido un crimen, pero tampoco lo exonera".

"El gobierno tendría que probar, más allá de toda duda razonable, que una persona, actuando con intenciones corruptas, participó en una conducta obstructiva", indica. Según la carta, Mueller y su equipo no encontraron evidencia, más allá de lo que el presidente hizo en público, que probara esa obstrucción.

Como Mueller no hizo "conclusiones legales" sobre ese punto, queda ahora en manos "del fiscal general determinar si esa conducta descrita en el reporte constituye un crimen".

Lo que Barr y el vicefiscal general Rod Rosenstein concluyen eb su comunicación al Congreso es que "la evidencia desarrollada durante la investigación ... no es suficiente para establecer que el presidente cometió una ofensa de obstrucción a la justicia".

 

Reacción de la Casa Blanca

La primera reacción del presidente vino vía Twitter, repitiendo los mismos conceptos con los que se ha referido a la investigación desde que esta comenzó casi dos años atrás

"No hubo Colusión, No hubo Obstrucción, Completa y Total EXONERACIÓN. ¡QUE SIGA SIENDO GRANDIOSO ESTADOS UNIDOS!"

Minutos despúes el presidente además habló frente al grupo de reporteros de la Casa Blanca cuando se disponía a abordar el Air Force One, de regreso a Washington tras pasar el fin de semana en su resort de West Palm Beach, en Florida.

"Después de que tanta genta haya salido herida, despues de que hayan pasado tantas cosas malas a nuestro país, se anunció que, la cosa mas ridicula que he oído, no hubo ningún tipo de obstrucción y fue una total y completa exoneración. Es una pena que nuestro país tuvo que pasar por esto, para ser honesto es una pena que su presidente tuvo que pasar por esto. Esto empezó de manera ilegal... Es un ataque ilegal que falló y ojalá alguien lo investigue y vea el otro lado de esto", dijo en referencia al Partido Demócrata, a los que sigue acusando (sin pruebas, ni explicar cómo) de coordinarse con los rusos durante la campaña.

Los abogados personales del presidente, Rudy Giuliani y Jay Sekulow, le dijeron a CNN que es claro que no hubo ningun tipo de colusión y resaltaron que según el análsis el fiscal general no podía haber obstrucción si no hay crímenes subyacentes.

En la investigación de Mueller trabajaron 19 abogados asistidos por un equipo de 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, contadores forenses, y otros profesionales. La fiscalía especial emitió casi 50 citaciones legales, hizo 13 peticiones de evidencia a gobiernos extranjeros y entrevistó a 500 testigos.

Los líderes demócratas en el Congreso Nancy Pelosi y Chuck Schumer dijeron que lo que sabemos hasta ahora del reporte "abre tantas preguntas como las que responde". Ambos piden que se haga público el reporte lo más pronto posible.

"La carta del fiscal general Barr abre tantas preguntas como las que responde. El hecho de que el reporte de Mueller no exonere al presidente respecto a un cargo tan serio como obstrucción a la justicia demuestra lo urgente que es que el reporte completo y su documentación sea hecho público sin más demora", tuiteó la lider de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

 

En una declaración conjunta los demócratas ahondaron:

“Dado el récord público de sesgo del Sr. Barr en contra de la investigación del Fiscal Especial, no es un observador neutro y no está en una posición para hacer determinaciones objetivas sobre el reporte".

"Y lo que es más obvio, que el presidente diga que fue completamente exonerado contradice directamente las palabras del Sr. Mueller y no debe ser tomado con ningún grado de credibilidad".

"El Congreso requiere el reporte completo y los documentos subyacentes para que los Comités puedan proceder con su trabajo independiente, incluyendo legislar y supervisar cualquier asunto o problema que el reporte de Mueller saque a la luz. El pueblo estadounidense tiene el derecho de saber".

 

Pese a que el papá de Esequiel Uribes nació en Texas, este mexicano de 39 años no sabía que tenía derecho a la ciudadanía y ha estado prácticamente toda su vida pensando que era indocumentado. Pero, cuando estaban a punto de deportarlo por cuarta vez, un compañero de celda le advirtió de sus derechos y por fin ha conseguido el certificado que lo reconoce como estadounidense.

LORENA ARROYO

 

20 de marzo del 2019- Esequiel Uribes ha pasado la mayor parte de sus 39 años pensando que era indocumentado. El hombre nació en la fronteriza Ciudad Acuña y creció a unas seis millas de allí, en Del Río (Texas), al otro lado del Río Grande. Por eso, cuando cumplió la mayoría de edad, se casó y comenzó a tener a los primeros de sus diez hijos, empezó una vida en las sombras en la que se movió por varios estados (Texas, Arkansas y Oklahoma) para tratar de pasar desapercibido de las autoridades migratorias.

"Iba de pueblo en pueblo con temor de que me fueran a pescar. No podía agarrar un trabajo fijo porque todo el tiempo tenía miedo de que fuera a llegar Migración y me fuera a llevar. Ese era mi temor", le cuenta a Univision Noticias vía telefónica. "Mis hijos estaban fastidiados: de escuela en escuela, de pueblo en pueblo. Me decían que mejor los sacara de la escuela. No es una vida bonita".

Pero no fue hasta después de ser deportado tres veces y cuando estaba a punto de ser enviado de vuelta a México nuevamente que descubrió que tenía derecho a la ciudadanía estadounidense, algo que finalmente consiguió a finales del mes pasado cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en Fort Smith (Arkansas) le reconoció como tal.

"Hágale cuenta que me quitaron 10,000 libras de mi espalda. Me siento libre, no me siento apresado y con temor de qué va a ser el día de mañana", cuenta. " Cuando salí de Homeland Security (el Departamento de Seguridad Nacional) me aventé un brinco de alegría. Ahora sí soy libre. Ahora soy feliz".

 

Ciudadanía por padre

La clave de la ciudadanía de Uribes la tiene su padre, nacido en Texas, pero que no logró arreglar los papeles de algunos de sus hijos que habían nacido al otro lado de la frontera, en México, pese a que tenía derecho a pasarles la nacionalidad.

En 2004, cuando tenía 24 años y vivía en Fort Worth (Texas), un conflicto doméstico metió a Uribes en problemas con la ley que lo llevaron a su primera deportación. Según cuenta, una vecina le denunció después de que oyó una pelea en su casa. Él asegura que fue solo una discusión de pareja con su esposa, pero tras ser liberado por la policía, lo entregaron a las autoridades de migración que lo enviaron a México.

Como buen conocedor de la frontera, al hombre no le costó volver a cruzar a Estados Unidos, pero a esa deportación le siguieron otras dos: en 2009 y 2010.

"En 2012 me volvieron a pescar. Me mandaron a detención de migración y un compañero me explicó mi caso y me recomendó demandar a Migración para que me dejaran libre", recuerda. Así, alentado por un compañero de celda que le abrió los ojos sobre sus derechos, Uribes envío una carta al servicio de migración en el que demandaba que se cumpliera su derecho de solicitar la ciudadanía estadounidense, el país en el que nació su padre.

Después de estudiar su caso, las autoridades migratorias dejaron en libertad a Uribes y le recomendaron solicitar su certificado de ciudadanía pero el hombre asegura que era algo que le daba miedo hacer.

"¿Cómo lo voy a hacer? Me van a mandar a México y ahora está más difícil", recuerda que pensó. Pero después entró a Facebook y encontró a Aaron Cash, un abogado de Arkansas que decidió tomar su caso.

 

"Siempre fue ciudadano pero no tenía los papeles"

Cuando Uribes llamó a Cash era finales de 2017. “Me dijo que le habían deportado tres veces y se preguntaba si yo podía ayudarle", le contó el abogado a Univision Noticias.

"Yo determiné que siempre había sido ciudadano, pero no tenía los papeles para confirmarlo", añade, al explicar que el hombre viene de una familia grande y de obreros que no habían tenido los recursos para cumplir con los trámites requeridos para conseguir los certificados de ciudadanía.

Aunque la ley migratoria garantiza la ciudadanía a un hijo nacido en el extranjero de un padre estadounidense, por su año de nacimiento (1980), Uribes también debía demostrar que su padre había vivido por 10 años en el país antes de su nacimiento.

Los trámites para conseguirlo no fueron fáciles y al abogado le tomó en torno a un año reunir los documentos necesarios.

Antes de que Esequiel naciera, su padre había vivido en ranchos de Texas y no había ido a la escuela, así que los abogados tuvieron que ir a buscar a vecinos y conseguir testimonios jurados de esas personas que certificaran que lo conocían. También presentaron el certificado de nacimiento del papá, una tarjeta del servicio militar de la época de Vietnam y una carta de un empleador que aseguraba que lo había contratado en los años 60 y que era un buen trabajador.

"Cuando Esequiel se puso en contacto conmigo, estaba perdido en el sistema y tenía mucho miedo de que lo deportaran otra vez. Estoy muy feliz de que por fin tenga la tranquilidad que ha merecido tener toda la vida", afirmó el abogado.

Además, Cash cree que la experiencia de Uribes debe servir para que la gente conozca sus derechos: "Necesitamos educar a la gente que si tiene sus padres estadounideses, tiene derecho a solicitar la ciudadanía", afirmó. "Pasa más de lo que podemos imaginar".

De hecho, ahora el abogado está ayudando a conseguir el certificado de ciudadanía a uno de los hermanos mayores de Esequiel, Tomás Alejandro, nacido en 1959, que se encuentra detenido en un centro de detención de Del Río (Texas) acusado de reingreso ilegal a Estados Unidos.

Mientras tanto, Esequiel está tratando de recuperar el tiempo perdido y buscar un empleo en lo que sabe hacer, carpintería o mecánica, que le permita conseguir la estabilidad que no ha tenido en los últimos años porque sentía que tenía que huir de las autoridades migratorias. "Ahora pienso estar estable en un pueblo. No mudarme como debe ser", aseguró.

 

Las autoridades migratorias tomaron la medida, que afectará a los indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, ante la saturación de los centros de detención. Este miércoles serán liberadas 500 personas. 

UNIVISION

 

20 de marzo del 2019- Desde este martes, el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás y volverá a liberar a los migrantes indocumentados que crucen por el Valle del Río Grande, en Texas, volviendo así a la práctica de 'catch and release' (capturar y liberar, en español), que tanto ha criticado el presidente.

Las autoridades migratorias justificaron esta medida por la saturación en la que están los centros donde detienen a los indocumentados.

"CBP está comprometido a utilizar eficazmente nuestros recursos para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza y los esfuerzos humanitarios en curso. El aumento actual en las detenciones en el Valle del Río Grande ha resultado en la disponibilidad limitada de espacio en el Centro de Procesamiento Central de esta zona y en las estaciones", indicaron fuentes de CBP a Univision Noticias.

Por esa razón y "para mitigar los riesgos tanto para la seguridad de los oficiales como para las poblaciones vulnerables en estas circunstancias, y debido al espacio limitado de camas, CBP comenzará a liberar a las familias en el Sector de Valle del Río Grande". En todo caso, los liberados deberán aparecer en corte para seguir su caso.

La situación en los centros de detención ha sido duramente criticada por defensores de los derechos de los migrantes y ha estado puesta en la mira de algunos políticos demócratas, especialmente tras la muerte de cuatro migrantes bajo custodia de CBP en solo cuatro meses. El último fallecido fue un mexicano de 40 años que estaba en El Paso, Texas.

 

Primeras liberaciones

Este martes ya fueron liberadas 50 personas y se espera que este miércoles lo sean 200, según fuentes del DHS confirmaron a Univision Noticias.

El primer medio en reportar sobre este cambio fue The Wall Street Journal.

Este cambio de política va contra una de las promesas del presidente de poner fin a la práctica. Él mismo ha dicho de manera repetida que iba a cambiar el ‘catch and release’ por el ‘catch and detain’.

De hecho, Trump ha criticado esta práctica afirmando que a los agentes en la frontera "no se les permite hacer bien su trabajo por las estúpidas leyes liberales (demócratas) como 'catch and release'".

La Casa Blanca, que ha criticado de manera constante esta medida, publicó un memorando en abril del pasado año para acabar con esta medida.

“Las escandalosas leyes de 'catch and release' y los fallos judiciales (favorables), han dado lugar a una inmunidad de facto para los menores extranjeros ilegales y los adultos provenientes de Centroamérica que llegan a la frontera”, indicó la Casa Blanca en octubre para justificar los arrestos.

En noviembre, el presidente afirmó que "ya no liberamos (indocumentados)... Se van a quedar con nosotros hasta su audiencia de deportación".

Sin embargo, el número de migrantes que han llegado en los últimos meses en la frontera ha hecho que en numerosas ocasiones las autoridades migratorias hayan liberado a los indocumentados ante la falta de espacio en las instalaciones migratorias.

En los últimos años, el Valle del Río Grande ha sido uno de los tramos de la frontera por donde más familias han cruzado de manera ilegal a Estados Unidos. Entre el 1 de octubre, el inicio del año fiscal del gobierno federal, fines de febrero, más de 58,000 migrantes fueron arrestados en el área, aproximadamente el 42% de los más de 136,000 en todo el país.

Los datos muestran que la mayoría de las familias son de Guatemala, Honduras y El Salvador, que afirman estar huyendo de la violencia y la pobreza de sus países.

 

"Esto aplica a los no ciudadanos que estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia", explica un abogado de inmigración. En un fallo de 5 contra 4 en donde se impusieron los conservadores, el máximo tribunal revirtió la decisión de una corte inferior en San Francisco.

UNIVISION

 

19 de marzo del 2019- La Corte Suprema decidió por mayoría este martes reforzar el poder del gobierno para detener a personas que enfrentan una posible deportación por tener antecedentes penales incluso si los delitos ocurrieron hace mucho tiempo, algo que apoya la postura del gobierno de Donald Trump.

El caso Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional v. Preap se enfocó en residentes legales no ciudadanos que cumplen una sentencia penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en Noticiero Digital de Univision que "si eres residente (y no ciudadano) y cometiste alguno de estos crímenes de torpeza moral puedes ser puesto en proceso de deportación, no es nuevo", pero "este fallo da otra herramienta a ICE para detener y deportar a personas que están legales en EEUU que cometen un crimen o que ya lo han cometido hace mucho tiempo que ahora llegue a manos de las autoridades por cualquier razón".

El fallo de 5 votos contra 4 señala que esas personas no tienen derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de una nueva liberación mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presiona su caso para conducirlo a la deportación.

"Esa es la base de esto, que si te detiene ICE no eres elegible para una fianza", explica Hernández. " Esto aplica a los no ciudadanos aunque estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia".

Por otra parte, no está claro si la ley aplica una detención obligatoria si el Departamento de Seguridad Nacional no toma la custodia inmediatamente y la persona ya ha sido puesta en libertad. Muchas veces, los agentes federales no están disponibles para asumir la custodia de un inmigrante recién liberado por autoridades estatales o locales.

El gobierno de Trump dice que el problema es especialmente grave en las llamadas ciudades santuario, que no siempre cooperan con el pedido de mantener a un inmigrante en prisión hasta que lleguen los funcionarios federales. Según indicó el especialista en Corte Suprema de Bloomberg, Greg Stohr, la administración Trump heredó el caso de la administración Obama.

El demandante nombrado, Mony Preap, nació en un campo de refugiados después de que su familia huyó de Camboya. En 1981 arribó a EEUU y en 2006 fue condenado por posesión de marihuana en EEUU. Años después de su liberación, fue trasladado a detención por inmigración luego de una breve sentencia por una ofensa que no activa la detención obligatoria. Preap fue liberado de la custodia de inmigración, pero sigue siendo el principal demandante de otros casos con quejas similares.

Los abogados de Preap de la Unión Americana de Libertades Civiles ( ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían demostrarle a un juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán confinadas a la detención igualmente.

En el caso tratado ante el Tribunal Supremo, algunas de las personas afectadas habían estado viviendo en sus comunidades durante años antes de enfrentarse a los procedimientos de deportación.

El fallo, que cita una disposición legal de 1996, fue defendido por el juez Samuel Alito quien dijo que tal ley exigía la detención obligatoria para los no ciudadanos que habían cometido delitos "incluido, por ejemplo, cualquier delito de drogas cometido por un adulto castigado con más de un año de prisión, así como una variedad de delitos fiscales".

Alito detalla que "estos extranjeros deben ser arrestados 'cuando [son] liberados' de la custodia por cargos criminales y deben ser detenido sin una audiencia de fianza hasta que se resuelva la cuestión de su remoción (del país)".

Este fallo revirtió una decisión de 2016 del 9º Tribunal de Apelaciones de Circuito de EEUU con sede en San Francisco.

Al anunciar la decisión, el juez conservador Alito dijo que el fallo del tribunal inferior "se burla" de las leyes federales de inmigración. Junto a él, los conservadores de la Corte, el presidente, John Roberts; y los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, se unieron a la mayoría.

Los jueces del ala más liberal de la Corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron. Breyer quien escribió la opinión de disentimiento, dijo que la interpretación mayoritaria de la ley federal de inmigración "crea graves problemas constitucionales".

Las estadísticas de la actual administración confirman que aquellos que reingresaron al país ilegalmente se han vuelto una prioridad para ICE. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de ese delito en 2018, un aumento del 38% comparado con el año anterior.

ISAIAS ALVARADO

 

19 de marzo del 2019- Noé Arreola no se lo esperaba. Sus tres hijos de 5, 7 y 9 años, junto a la madre de ellos, lo acompañaron a la corte de Riverside, en el sur de California, el pasado 10 de enero. Al salir, apenas subieron a su auto dentro del estacionamiento del tribunal, los rodearon varios agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que iban por Noé, quien ahora está en la cárcel para migrantes en Adelanto.

"No les importó que estaban los niños ahí", aseguró la expareja de Arreola, Ámbar Mejía, quien cree que el operativo para detenerlo fue excesivo y hasta peligroso. "Yo estaba asustada, no sabía qué estaba pasando. Le dije a los niños: ‘córranle para en frente’. Cuando di la vuelta ya lo tenían arrestado", contó.

Arreola es mexicano, tiene 32 años y llegó a EEUU cuando era adolescente. Se ganaba la vida pintando casas. Sus dos hijos mayores son autistas. Él estaba en la mira de ICE porque hace más de 10 años lo arrestaron por conducir bajo la influencia (DUI) y lo deportaron en diciembre de 2008. Un mes después reingresó ilegalmente al país y continuó su vida normalmente, sin anticipar que lo volverían a detener por esa falta.

Mejía dice que ICE lo agarró totalmente desprevenido. Esta mujer, quien nació en Los Ángeles hace 35 años, cree que él merece quedarse en el país para cuidar a sus tres hijos, pues ahora los tiene que mantener ella vendiendo comida y de ahí le deposita también dinero a Arreola en su cuenta en la cárcel de Adelanto.

"Estamos aquí para trabajar, no estamos haciendo nada malo. Están separando familias",expresó con tristeza en entrevista con Univision Noticias.

De acuerdo con las estadísticas del gobierno, ahora los deportados que regresan están en su lista de prioridades de arresto y expulsión. Más de 23,400 migrantes fueron acusados de reingreso ilegal entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, según cifras del Departamento de Justicia (DOJ). Esto es un aumento del 38% respecto al año fiscal anterior y es el número más alto desde 2012.

La hoja de antecedentes de Noé tenía dos de los motivos más comunes citados en los operativos de ICE: conducir ebrio y regresar al país sin autorización. En el año fiscal 2018, el 15% de los 158,581 arrestos que realizó ICE se originaron por esta última razón. Por DUI fueron más de la mitad del total.

Dependiendo del (o los) delitos que haya cometido un migrante, si vuelve a cruzar la frontera sin documentos podría enfrentar una condena de hasta 20 años en una prisión federal.

Estos cambios obedecen a la dura política migratoria de 'tolerancia cero' de la administración de Donald Trump, que ha dejado de enfocarse solo en los criminales peligrosos y pone bajo la lupa a millones de indocumentados que viven en este país.

 

Las graves consecuencias del reingreso sin papeles

Al parecer parte de esa iniciativa incluye que la Fiscalía federal exponga este tipo de procesos. Ahora, a menudo publica convicciones y acusaciones contra deportados que se arriesgaron a volver a EEUU.

Solo este martes, la dependencia publicó cinco comunicados de prensa sobre los arrestos recientes de seis migrantes que regresaron ilegalmente. Ninguno tiene antecedentes por crímenes violentos. Anecdóticamente, tal práctica no era destacada por las autoridades con esa frecuencia durante el gobierno de Barack Obama.

Durante las últimas seis semanas el Departamento de Justicia ha publicado más de 20 comunicados citando a por lo menos 62 migrantes que ya habían sido deportados. Entre esos boletines de prensa se mencionan de manera conjunta casos contra 16 personas en el estado de Pennsylvania y otro informe cita a 15 migrantes más acusados en Carolina del Norte.

"Siguen viniendo", reclamó el fiscal federal Mike Stuart refiriéndose a la condena a siete meses en una prisión federal impuesta al mexicano Gilberto Espino Velásquez, de 41 años, quien se encuentra bajo custodia desde el 8 de noviembre. Al concluir su sentencia lo sacarán otra vez del país.

Espino Velásquez había sido deportado tres veces en 2003 y fue condenado por ese mismo delito el 8 de septiembre de ese año en una corte federal de Texas. Su última detención derivó de una denuncia que recibió ICE de que había indocumentados trabajando en una zona de construcción en West Virginia.

El abogado de inmigración Raúl Saldaña explica que debido a la dura política migratoria de Trump una persona puede pasar varios meses tras las rejas si fue deportado en repetidas ocasiones. "He visto que ahora ICE va por los que regresan en cuanto sabe que están aquí, por cualquier situación menor. Se volvieron una prioridad; antes ocurría con ciertos tipos de crímenes", describió.

"Es difícil para estas personas cuando tienen una familia aquí y quieren reingresar sin autorización. Pero muchas veces es peor", advirtió Saldaña, quien explicó que uno de los castigos a los que se exponen si vuelven en un período de cinco años es que jamás les permitan legalizarse en EEUU.

El Departamento de Justicia compartió estadísticas sobre dicho delito, pero declinó comentar al respecto. Un portavoz explicó que si ahora están publicando más comunicados sobre estos casos es porque están recibiendo un número mayor de procesos de ese tipo.

ICE, por su parte, advirtió que las consecuencias pueden ser graves para estos infractores, como pasar varios años en prisión. "ICE se enfoca en eliminar las amenazas a la seguridad pública y los extranjeros criminales condenados, así como a las personas que han violado las leyes migratorias de nuestro país, incluidos aquellos que volvieron a ingresar ilegalmente", dijo su vocero Matthew Bourke.

 

El duro mensaje de la Fiscalía

Entre las acusaciones penales que publicó el DOJ este martes se encuentran las que pesan contra el hondureño Omar Eli Pérez Murcia, de 35 años; el nicaragüense Alexander Josué Reyes Ramírez, de 33; el hondureño Elvin Francisco Álvarez Izagirrez, de 37; y el mexicano Omar Ortiz Hernández, de 26.

A los tres primeros los detuvo ICE en Louisiana y al último en Nueva Orleans. Ninguno ha sido convicto por delitos violentos. Todos enfrentan una sentencia de hasta dos años en una prisión federal, un año bajo libertad condicional y les pueden imponer una multa de hasta 250,000 dólares.

La Fiscalía también expuso este mes el proceso judicial contra los hermanos Carlos y Huber Rodríguez Díaz, de 26 y 24 años. Estos mexicanos fueron arrestados por oficiales de ICE el 19 de diciembre de 2018 cuando iban caminando hacia su trabajo, un restaurante en Hurricane, en West Virginia. Alguien reportó que un indocumentado estaba en la nómina del negocio, según el comunicado del DOJ.

Al ser interrogados por los agentes migratorios ellos aceptaron que estaban en el país sin papeles. Cuando revisaron sus antecedentes penales a través de la lectura de sus huellas dactilares, ICE supo que Carlos había sido expulsado del país tres veces en 2014, 2015 y 2018. Mientras que su pariente tenía una deportación en 2014. No se proporcionaron más detales sobre su historial criminal.

"Hay cuatro deportaciones previas entre los dos hermanos y pronto compartirán seis deportaciones entre ellos", señaló el fiscal federal Mike Stuart al reportarse que los hermanos Rodríguez Díaz se declararon culpables de dicho delito. "Espero que reciban el mensaje: si quieres venir a Estados Unidos, sigue el proceso legal si te quedarás más tiempo", agregó el funcionario.

Una audiencia condenatoria en el caso de los hermanos Rodríguez Díaz se programó para el 8 de abril.

"Esto es darle prioridad a la deportación de todo inmigrante, sin importar si es o no una persona que contribuye positivamente a este país", reclamó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

"Hoy el hecho de que hayas reingresado al país ilegalmente, aunque hayas estado 25 años y tengas una familia y un trabajo aquí, para la administración federal es un crimen lo suficientemente grave para volver a deportarte. No hay manera de que eso se pueda detener", agregó Cabrera. "Eso está dando espacio a que haya miedo, confusión y que se viole el debido proceso".

 

Desde obras en emplazamientos militares en casi todos los estados hasta proyectos en bases de 23 países figuran en la lista de probables recortes que elaboró la Secretaría de Defensa, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares.

UNIVISION

 

19 de marzo del 2019- Desde el proyecto de una torre de control aéreo en Alabama hasta tanques de combustible para una base estadounidense en Australia podrían quedar sin presupuesto debido a la prioridad que el presidente Donald Trump ha dado a la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con un documento enviado este lunes por el Pentágono al Congreso.

El secretario de Defensa encargado, Patrick Shanahan, identificó todos los proyectos que podrían verse afectados por la decisión del presidente Trump de utilizar hasta 3,600 millones de dólares en fondos de construcción militar para su muralla.

El documento de 20 páginas enlista cientos de proyectos planeados en Estados Unidos y el extranjero, por un valor aproximado de 12,900 millones de dólares. Las obras que se paralizarían se encuentran en casi todos los estados y en bases de 23 países.

En la lista figura, por ejemplo, un hangar para aviones no tripulados en la Base Aérea de Kunsan en Corea del Sur y una planta de tratamiento de aguas residuales en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, Nueva York.

Honduras es el único país centroamericano que está incluido en la lista. En la base área Soto se paralizaría la construcción de un cuartel.

La peor parte de la lleva Puerto Rico. Ahí cinco bases militares quedarían sin financiamiento para la construcción de hangares, centros de mantenimiento de vehículos y un centro de entrenamiento.

En una carta adjunta, funcionarios del Departamento de Defensa subrayaron que muchos de los proyectos contemplados en el documento no sufrirán recortes debido a que no se afectarán proyectos cuyos fondos ya fueron destinados, así como tampoco se perjudicará a temas como la vivienda para militares, aunque no especificaron cuáles quedarían exentos.

El Pentágono ha dicho que no cancelará ninguno de los proyectos, pero las iniciativas no podrán continuar si no son financiadas por el Congreso.

El teniente coronel Joe Buccino, vocero de Shanahan, dijo en una declaración citada en el diario The Washington Post que si el Congreso aprueba el presupuesto del próximo año a tiempo y según lo solicitado por la administración, todos los proyectos de construcción procederán según lo previsto.

Pero la solicitud de presupuesto del presidente ya se ha topado con la oposición en el Capitolio, y los demócratas han rechazado la idea de "rellenar" las cuentas afectadas del Pentágono en el próximo presupuesto, lo que significa que algunos de los proyectos podrían enfrentarse a retrasos.

Los demócratas que dominan la Cámara de Representantes creen que la iniciativa del Pentágono aumenta las probabilidades de que los legisladores anulen el veto de Trump la próxima semana, aunque serían necesarias las dos terceras partes en cada una de las cámaras, lo cual luce de momento improbable.

Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la frontera sur, recurriendo a una ley que le permitiría canalizar otras partidas del presupuesto a la construcción de barreras y cumplir con su principal promesa de campaña.

“Lo que el presidente Trump está haciendo es una bofetada para nuestro ejército y hace que nuestra frontera y nuestro país sean menos seguros”, dijo en un comunicado el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados citado por AP.

“Ahora que los miembros del Congreso pueden ver el potencial impacto que esta propuesta podría tener en proyectos dentro de sus estados, espero que tomen esto en consideración antes de votar para invalidar el veto del presidente”, declaró Reed.

Una portavoz del senador James Inhofe, republicano por Oklahoma y presidente de la Comisión de Servicios Armados, dijo que el documento “no es una lista de proyectos que sin duda resultarán impactados. Aseguró que Inhofe seguirá trabajando con las autoridades de defensa “para determinar proyectos que permitan el uso de las fuerzas armadas sin afectar negativamente los proyectos de construcción militar”.

Miles de documentos y cientos de comunicaciones internas que desclasificó la agencia migratoria revelan que la vigilancia a través de un localizador electrónico de los lugares por donde ha pasado un vehículo, así como revisar las cuentas de Facebook, se han vuelto herramientas útiles para detener a indocumentados (criminales o no) durante el gobierno de Trump.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 17 de marzo del 2019– El sueño que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) acarició desde hace varios años se hizo realidad el 22 de diciembre de 2017, cuando consiguió un contrato que permitió a más de 9,000 agentes tener acceso al sistema que registra los movimientos de cualquier vehículo en decenas de ciudades de Estados Unidos, facilitando así la búsqueda, detención y deportación de sus objetivos: indocumentados con y sin antecedentes penales.

"¡Buenas noticias!", celebró el supervisor de detenciones y deportaciones de la oficina de ICE en San José, en el norte de California, en un memorando que envió a los agentes bajo su cargo el 8 de febrero de 2018. En ese correo electrónico les notificó que en los siguientes días recibirían códigos para entrar al polémico sistema que reúne información de placas de auto (LPR) gracias a un contrato de 6.1 millones de dólares con la empresa de seguridad tecnológica Vigilant Solutions.

Este email y cientos más redactados por oficiales de ICE entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018 son parte de los miles de documentos que la agencia federal desclasificó y entregó a la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU) por una demanda que le exigió revelar los detalles del programa.

Dichas comunicaciones internas revelan desde un desesperado interés por tener acceso a cientos de millones de datos que le ofrecía Vigilant Solutions, cómo sus agentes migratorios ya pedían la localización de autos de fugitivos a policías locales antes de tener tal contrato y hasta advertencias de evitar que los indocumentados supieran sobre ese método de operación.

"Publicar que ICE está utilizando el acceso a una base de datos de Lectura de Placas de Auto (PLR), casi de inmediato disminuiría su efectividad como herramienta para el cumplimiento de la ley. Una vez que las personas que ya intentan evadir a las fuerzas del orden se dan cuenta de las capacidades de vigilancia adicionales, están mucho más dispuestas a tomar medidas proactivas para evitar la detección", alertó un jefe de unidad de ICE en un memorando con información "sensible" y con fecha del 7 de diciembre de 2017, solo dos semanas antes de firmar el acuerdo con Vigilan Solutions.

El sistema que dicha compañía vende a las agencias del orden recopila cada día millones de registros de placas de auto a través de múltiples cámaras con lectores que ha colocado en las 50 ciudades más pobladas del país. Están en patrullas, casetas de peaje, puentes, letreros de carretera, grúas y un largo etcétera.

Solo basta que un oficial coloque el número de placa del vehículo en una página de Internet restringida para recibir 'un mapa' de los lugares, fechas y horas por los cuales pasó ese auto en cierto período. Así los detectives obtienen información que facilita la vigilancia y el arresto del individuo en su mira.

ICE explicaba en un email el 11 de diciembre de 2017 que esta táctica le permite rastrear los patrones de conducta del fugitivo y planificar los arrestos en lugares donde hay menos riesgos. "Por ejemplo, lejos de la casa de un sujeto si se sospecha que hay niños o armas en la vivienda", precisó.

Este método de vigilancia que parece sacado de una película también ofrece a los agentes que buscan indocumentados la posibilidad de crear una 'Lista de Alerta' hasta con 2,500 placas que consideren una prioridad y recibir durante un año avisos a sus celulares inmediatamente después de que esos vehículos pasan frente a un lector PLR, según los emails que la dependencia le dio a ACLU.

En ese caso, bastaría que el oficial tome su teléfono para saber dónde está la persona que busca.

 

"Espero que puedas usar tu magia para mí"

Entre los casi 2,000 documentos que ICE desclasificó se encuentran varias conversaciones por Internet entre uno de sus agentes y un detective de la Policía de La Habra, en el sur de California, las cuales exponen que el sistema PLR y las redes sociales se volvieron útiles en sus investigaciones.

El agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un brazo de ICE, le pidió varias veces a su amigo en el Centro de Inteligencia del condado de Orange, que le proporcionara datos sobre los movimientos de vehículos. Lo contactó unos años antes y meses después de que ICE lograra el contrato con Vigilant Solutions. Esa colaboración, valga la aclaración, violaría la ley de estado santuario SB 54.

"Necesitamos encontrar a un pandillero registrado de la MS-13 (Mara Salvatrucha). Fue visto por última vez conduciendo un auto (se ocultó la descripción) ¿Podrías buscarlo lo antes posible?", mencionó en un correo electrónico que envió el 19 de marzo de 2018.

Un mes después, durante dos días consecutivos, el investigador del HSI le solicitó ayuda para localizar tres automóviles más. "Hoy debe ser el día de los pedidos sobre placas", bromeó el agente federal, quien hizo decenas de solicitudes similares entre el 22 de septiembre de 2014 y el 11 de junio de 2018, de acuerdo con los emails exhibidos por ACLU.

Las comunicaciones siempre se desarrollaron en un tono de camaradería. "Espero que puedas usar tu magia para mí (otra vez) y me digas donde está este criminal :)", le escribió el 12 de abril de 2016.

Ya el 11 de marzo de ese año le había pedido todos los detalles sobre los sitios por donde habían pasado cuatro autos compactos y tres camionetas SUV. "Estamos llevando a cabo una redada contra pandillas y la ubicación de estos vehículos nos ayudará a ubicar a los pandilleros", explicó.

 

Hurgando en las redes sociales

Ese policía de La Habra fue su mejor aliado: siempre le entregó la información que le pidió su amigo, respondiéndole incluso en medio de reuniones, entrenamientos o cuando ya finalizaba su turno. A veces solo le comunicó que los autos estaban estacionados o que había pocos detalles disponibles.

"Me da gusto que tengas acceso (al sistema de Vigilant Solutions), pero me agrada que todavía me necesites de vez en cuando :))))", le respondió el policía en un email el 15 de febrero de 2018.

"¿Por qué disculparte? No lo necesitas hacer. Todos tenemos trabajo por hacer. Estoy aquí para ti :)", le dijo en un mensaje el 10 de mayo de 2016, en el cual le envió datos sobre un par de vehículos.

Al compartirle ciertos detalles de una investigación criminal contra un pandillero, el oficial del HSI terminó revelando cómo la dependencia revisa las redes sociales de sus objetivos.

"He intentado, sin éxito, identificar a un nómada (como le dicen a los miembros de alguna banda de motociclistas) de los Vagos", describió el agente en un email enviado el 4 de octubre de 2017. En otro proporcionó varios datos personales del fugitivo. "Su página de Facebook no muestra mucho, pero la página de su hija tiene una foto reciente de los dos con fecha del 23 de septiembre de 2017", dijo.

Cada vez más, ICE y otras agencias del orden revisan las redes sociales de individuos bajo su lupa y hasta obtienen órdenes judiciales para espiar sus comunicaciones privadas. Aprovechando ese método en cinco investigaciones contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en los últimos años, lograron el arresto y enjuiciamiento de 71 miembros y asociados de la banda en California, Maryland y Virginia.

 

Más de 9,200 agentes revisando placas de autos

Para el 22 de febrero de 2018, después de casi 20 sesiones de entrenamiento que ofreció Vigilant Solutions, 8,752 agentes de los equipos de búsqueda de fugitivos de ICE, así como investigadores de HSI, tenían acceso a la base de datos que rastrea vehículos.

Un mes después, como resultado de sus constantes operativos, el número de usuarios subió a 9,209. Estas cifras se revelaron en una conversación por email que tuvo un empleado administrativo de ICE y un gerente de atención al cliente de Thomson Reuters Special Services, propietaria de Vigilant Solutions.

"Yo creo que el número se ha incrementado basado en la actividad que he visto y escuchado en campo", escribió ese funcionario en un correo que envió el 29 de marzo de 2018 para pedir una cifra actualizada de los usuarios del nuevo programa. "Sé que mañana es Viernes Santo y esta solicitud no está en el espíritu de la Pascua, pero agradezco cualquier ayuda", concluyó.

El gerente respondió enviando una lista de códigos que confirmaba que ya la gran mayoría de agentes de ICE le sacaba provecho al sistema PLR y se despidió de esta manera: "Imagina que la lista está cubierta de brillantina.

 

¡Felices Pascuas!".

En otro mensaje con fecha del 10 de mayo de 2018 se compartió material de capacitación incluyendo un mapa interactivo que indica qué policías municipales usan el sistema Vigilant Solutions y hasta tiene una guía con instrucciones "paso a paso" y con fotos que explican cómo pueden solicitarles información sobre fugitivos en su mira.

"Estamos entusiasmados con los datos adicionales que ahora pueden estar disponibles para ICE", señalan en el memorando.

Según Vasudha Talla, la abogada de ACLU que obtuvo estos documentos, los oficiales de ICE no solo le sacan provecho a más de 5,000 millones de datos sobre ubicaciones de vehículos, los cuales se originan de lectores en las 50 ciudades más pobladas del país, sino que también recibe 1,500 millones de datos adicionales de 80 agencias del orden, algunas de las cuales patrullan en 'ciudades santuario'.

"La gran preocupación de ACLU por los riesgos de las libertades civiles debido a los lectores de placas adquiere mayor urgencia, ya que esta información de vigilancia alimenta la máquina de deportación de ICE", advirtió Talla.

Entre las comunicaciones internas de la dependencia también hay detalles sobre cómo manejó las solicitudes de la prensa antes y después de que obtuvo el contrato con Vigilant Solutions.

"A pesar de mis mejores esfuerzos para disuadir a esta reportera de NPR de este artículo, ella lo está haciendo y tiene varias preguntas", escribió un vocero de ICE en un correo electrónico que envió a sus superiores el 15 de febrero de 2018, cuando ya cientos de agentes migratorios habían recibido un entrenamiento para localizar los vehículos de sus objetivos.

"Recomiendo que respondamos las preguntas, pero rechacemos la entrevista grabada porque no veo ninguna ganancia", aconsejó el portavoz en el email.

 

El acceso al sistema es limitado, afirma ICE

Según ICE, es mentira que todos sus agentes tengan acceso libre al sistema de Vigilant Solutions.

"ICE limita el número de usuarios que pueden acceder al servicio de datos LPR y garantiza que solo aquellos que necesitan datos LPR para propósitos relacionados con la investigación puedan acceder a la base de datos", afirmó la agencia en un comunicado enviado a Univision Noticias.

"Cualquier empleado de ICE que haya accedido al sistema sin autorización o que haya utilizado la base de datos de manera inapropiada puede ser disciplinado, lo que puede incluir la revocación del acceso a la base de datos, la suspensión o el despido", agregó la dependencia.

Por otro lado, negaron que estén elaborando su propia base de datos con la información que les vende Vigilant Solutions y aseguraron que no toman acciones contra ninguna persona basándose únicamente en la información obtenida de dicho servicio.

"Como la mayoría de las otras agencias del orden, ICE utiliza la información obtenida de los lectores de placas como una herramienta para respaldar sus investigaciones", precisó.

 

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    ISAIAS ALVARADO

     

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    Hace un mes, Escalante no daba crédito cuando volvió a ver a su hijo en la pantalla de un celular.

    Este viernes, apenas se apartó de su hijo le pidió que le enseñara el dedo que le aplastó una piedra cuando era niño. “Él es, él es”, dijo ella en tono de broma apenas vio la profunda cicatriz. “Lo dudaba yo, decía: ‘hasta que mire el dedo voy a creer que es cierto’”. Wilfredo dejó de llorar y soltó una carcajada.

    ¿Por qué no supieron nada de Wilfredo por tanto tiempo? El inmigrante relata que recién llegado a Los Ángeles envió un par de cartas a su madre, pero pocos meses después perdió la comunicación con ella. No sabía que sus familiares se mudaron a otro lugar que les vendieron en El Salvador y dejaron de recibir su correspondencia. Mientras que él, por su situación migratoria, jamás regresó a su país.

    Se distanció aún más cuando él cambió de domicilio y de número telefónico. Todo empeoró porque cayó en el vicio del alcohol. Además, es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. Sus hermanos lo trataron de localizar en Facebook, pero no tiene una cuenta en esa red social.

    La señora Olga asegura que cuando anteriormente vino a visitar a sus hijos, ella sentía ganas de llorar cada que pasaba por la ciudad de Camarillo. “Decía yo: ‘aquí está mi Wil’. Lloraba. Me preguntaban: ¿por qué lloras, mamá?’. No, por nada, les respondía”, relató ella.

     

    Así fue el primer reencuentro de los Vides

    Tenía 21 años aquel 23 de noviembre de 1989 cuando abandonó su país para que no lo reclutaran por la fuerza los militares o los guerrilleros. Su hermano Walter tenía 17 y su hermana Concepción 9. Él no sabía que desde hace más de 10 años ellos han vivido en el Valle de San Fernando, a unas 37 millas de distancia de Camarillo, donde tiene su hogar Wilfredo.

    De hecho, Walter trabajó durante cinco años a un par de millas de la residencia de su hermano. Pero jamás coincidieron en ningún lado. Paradójicamente, estando uno tan cerca del otro, Walter no dejaba de buscarlo en las redes sociales y una vez llamó a un programa de radio pidiendo ayuda al público.

    Wilfredo, por su parte, preguntaba una y otra vez en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles si podían hacer algo para localizar a sus seres queridos. “Ya pasó mucho tiempo”, le decían en la sede diplomática. Pero jamás se conformó con esa respuesta y siguió intentando.

    El pasado 6 de mayo tramitaba una identificación en el consulado y volvió a pedir que le ayudaran. Esa vez lo atendió un funcionario que aceptó entrar a la base de datos del gobierno y encontró información de sus familiares en Los Ángeles. De inmediato les llamó. Así se logró este reencuentro.

    “Este es el fruto de nuestro trabajo”, expresó el cónsul salvadoreño Alejandro Letona, quien fue clave para el encuentro de los Vides. “Qué alegría que esta familia está unida después de 30 años”, agregó este viernes, luego de presenciar el abrazo de Wilfredo y su madre.

    Unas horas después de aquella llamada desde el Consulado se vieron Wilfredo y Walter en Camarillo. Dos días después, el 8 de mayo, Concepción abrazó y besó a su hermano con el rostro empapado de lágrimas. Se tomaron varias fotos para documentar la reunión, como si temieran volverse a separar otra vez.

    Este viernes, los cuatro posaron juntos por primera vez frente a una cámara: cuando vivían en El Salvador solo tenían un par de fotos individuales. “Estoy feliz, mi madre tenía una agonía de no ver a su hijo. Gracias a Dios ya estamos los cuatro juntos de nuevo”, dijo Concepción.

    Curiosamente, los Vides se volvieron a ver en la víspera de los festejos del Día de la Madre. La visita de su madre ocurre poco antes del Día del Padre. Este fin de semana les sobrarán motivos para celebrar.

    “Quiero pasear, llévenme al bufet”, pidió la señora Olga con una gran sonrisa.

    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

  • “Me ha hecho llorar a mares”: una madre y su hijo se reencuentran 30 años después de perder contacto

    Esta madre no veía a su hijo desde que le dijo adiós en El Salvador en noviembre de 1989. Unos meses después de que él llegó a Los Ángeles le perdió el rastro y con el tiempo se resignó creyendo que ya había muerto. Su consulado lo reunió con sus hermanos el 8 de mayo y este viernes, la madre viajó a esta ciudad para volver a ver a su hijo.

    ISAIAS ALVARADO

     

    CAMARILLO, California. 14 de junio del 2019– Olga Escalante, de 77 años, se bajó lentamente de un vehículo, se secó las lágrimas con un pañuelo y caminó hacia el hijo que daba por muerto. Durante 30 años no supo dónde estaba y varias veces pensó que quizás su final había sido la fría morgue de Los Ángeles. “Tanto tiempo, Wilfredo”, exclamó ella entre sollozos mientras ambos se fundían en un abrazo este viernes en Camarillo, en el sur de California.

    “Me ha hecho llorar a mares”, expresó Escalante, quien este viernes viajó a Los Ángeles para confirmar que finalmente había localizado al mayor de sus hijos, Wilfredo Vides. Lo volvió a estrechar entre sus brazos después de aquella despedida en 1989, cuando él emigró a California. “Ese abrazo nunca se me olvidó. Todos los años me acordaba de él”, contó ella.

    A Wilfredo, de 50 años, le perdieron la pista unos meses después de que viajó a Estados Unidos hace tres décadas, huyendo de la guerra civil en su natal El Salvador.

    “Yo no sabía cómo hallarlos. Yo preguntaba a toda la gente: ¿dónde están?”, expresó con lágrimas Wilfredo, aún emocionado por el encuentro con su madre. “Me siento contento, feliz, con menos peso en el cuerpo. Porque me sentía muy mal, porque cada Día de las Madres lloraba yo”.

    Wilfredo se reencontró primero con sus hermanos el 8 de mayo en su casa en la ciudad de Camarillo. Ese día tuvieron que conformarse con una videollamada que le hicieron a su madre. Para traerla, esta familia hizo una colecta entre sus familiares y conocidos, incluyendo empleados de Univision 34.

    Hace un mes, Escalante no daba crédito cuando volvió a ver a su hijo en la pantalla de un celular.

    Este viernes, apenas se apartó de su hijo le pidió que le enseñara el dedo que le aplastó una piedra cuando era niño. “Él es, él es”, dijo ella en tono de broma apenas vio la profunda cicatriz. “Lo dudaba yo, decía: ‘hasta que mire el dedo voy a creer que es cierto’”. Wilfredo dejó de llorar y soltó una carcajada.

    ¿Por qué no supieron nada de Wilfredo por tanto tiempo? El inmigrante relata que recién llegado a Los Ángeles envió un par de cartas a su madre, pero pocos meses después perdió la comunicación con ella. No sabía que sus familiares se mudaron a otro lugar que les vendieron en El Salvador y dejaron de recibir su correspondencia. Mientras que él, por su situación migratoria, jamás regresó a su país.

    Se distanció aún más cuando él cambió de domicilio y de número telefónico. Todo empeoró porque cayó en el vicio del alcohol. Además, es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. Sus hermanos lo trataron de localizar en Facebook, pero no tiene una cuenta en esa red social.

    La señora Olga asegura que cuando anteriormente vino a visitar a sus hijos, ella sentía ganas de llorar cada que pasaba por la ciudad de Camarillo. “Decía yo: ‘aquí está mi Wil’. Lloraba. Me preguntaban: ¿por qué lloras, mamá?’. No, por nada, les respondía”, relató ella.

     

    Así fue el primer reencuentro de los Vides

    Tenía 21 años aquel 23 de noviembre de 1989 cuando abandonó su país para que no lo reclutaran por la fuerza los militares o los guerrilleros. Su hermano Walter tenía 17 y su hermana Concepción 9. Él no sabía que desde hace más de 10 años ellos han vivido en el Valle de San Fernando, a unas 37 millas de distancia de Camarillo, donde tiene su hogar Wilfredo.

    De hecho, Walter trabajó durante cinco años a un par de millas de la residencia de su hermano. Pero jamás coincidieron en ningún lado. Paradójicamente, estando uno tan cerca del otro, Walter no dejaba de buscarlo en las redes sociales y una vez llamó a un programa de radio pidiendo ayuda al público.

    Wilfredo, por su parte, preguntaba una y otra vez en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles si podían hacer algo para localizar a sus seres queridos. “Ya pasó mucho tiempo”, le decían en la sede diplomática. Pero jamás se conformó con esa respuesta y siguió intentando.

    El pasado 6 de mayo tramitaba una identificación en el consulado y volvió a pedir que le ayudaran. Esa vez lo atendió un funcionario que aceptó entrar a la base de datos del gobierno y encontró información de sus familiares en Los Ángeles. De inmediato les llamó. Así se logró este reencuentro.

    “Este es el fruto de nuestro trabajo”, expresó el cónsul salvadoreño Alejandro Letona, quien fue clave para el encuentro de los Vides. “Qué alegría que esta familia está unida después de 30 años”, agregó este viernes, luego de presenciar el abrazo de Wilfredo y su madre.

    Unas horas después de aquella llamada desde el Consulado se vieron Wilfredo y Walter en Camarillo. Dos días después, el 8 de mayo, Concepción abrazó y besó a su hermano con el rostro empapado de lágrimas. Se tomaron varias fotos para documentar la reunión, como si temieran volverse a separar otra vez.

    Este viernes, los cuatro posaron juntos por primera vez frente a una cámara: cuando vivían en El Salvador solo tenían un par de fotos individuales. “Estoy feliz, mi madre tenía una agonía de no ver a su hijo. Gracias a Dios ya estamos los cuatro juntos de nuevo”, dijo Concepción.

    Curiosamente, los Vides se volvieron a ver en la víspera de los festejos del Día de la Madre. La visita de su madre ocurre poco antes del Día del Padre. Este fin de semana les sobrarán motivos para celebrar.

    “Quiero pasear, llévenme al bufet”, pidió la señora Olga con una gran sonrisa.

    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

  • “El récord migratorio no se limpia, queda para siempre”: respondemos tus preguntas de Inmigración

    Los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada deben cumplir un castigo de 3 años fuera si la presencia ilegal supera los 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días. Si regresan antes de ese tiempo sin autorización y son arrestados, enfrentan cargos criminales y luego son deportados de por vida.

    JORGE CANCINO

     

    13 de junio del 2019- El inmigrante Juan Pérez, cuyo nombre es otro y pidió mantener su identidad en el anonimato, cuenta que vivió varios años indocumentado en Estados Unidos hasta que lo agarró "la migra". Sólo me tomaron los datos y me dijeron que me vaya. Dí una dirección y me enviaron unos papeles para que me presente a corte, de lo cual hice. Asistí un par de veces, pero luego me cambié de domicilio y no supe más del caso”.

    A medida que avanza la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump, seguimos respondiendo las preguntas de usuarios que llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Pérez añade que luego de ese incidente contrajo matrimonio y su esposa le pidió la residencia. “Como el trámite siempre comienza dando el permiso de trabajo, me lo dieron. Pero cuando quise sacar el Número de Seguridad Social, apareció otra nacionalidad distinta a la mía. Y cuando fui a la cita por la green card, cuál fue mi sorpresa cuando me entero de que tenía una orden de deportación en ausencia. Ahí mismo me arrestaron y deportaron”.

    “Luego traté de ingresar ilegalmente, pero 'la migra' me agarró y no volví a intentarlo más. Tengo una hija ciudadana americana, tiene 13 años, está enferma, tiene un marcapasos. ¿Será posible limpiar mi récord con todos los años que han pasado?”, pregunta.

    “El récord migratorio no se limpia, queda para siempre”, advierte el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami Florida.

    “Lamentablemente este tipo de falta, como la orden de deportación en ausencia, no se quita. Cada vez que esa persona trate de pedir una visa o un ajuste de estatus, le dirán que no. Ya está en el expediente y es para toda la vida”.

    En cuanto al regreso no autorizado una vez que la persona fue deportada, “la persona está sujeta a una penalidad permanente por haber tratado de entrar nuevamente a Estados Unidos sin permiso del servicio de inmigración”, agrega.

    Los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada deben cumplir un castigo de 3 años fuera si la presencia ilegal supera los 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días. Si regresan antes de ese tiempo sin autorización y son arrestados, enfrentan cargos criminales y luego son deportados de por vida.

    Al respecto, el abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, indicó que el reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación “es una falta demasiado grave porque no permite a los ciudadanos o residentes hacer nada por sus familiares inmediatos”.

    “No hay nada qué hacer porque regresó sin permiso sin haber cumplido con la Ley del Castigo”, precisa.

    Durante el segundo cuarto del año fiscal 2019 (del 1 de octubre del 2018 al 30 de marzo de 2019), las cortes de inmigración emitieron 32,255 órdenes de deportación en ausencia de Unidades Familiares y Menores No acompañados, de acuerdo con datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) a los cuales tuvo acceso Univision Noticias.

    La cifra representa 44% del total de casos enviados a los tribunales tras haber sido arrestados en la frontera donde pidieron asilo.

     

    Sólo un milagro

    La usuaria identificada en el nombre de López nos escribió un correo electrónico para preguntar sobre el programa DACA, el programa de Acción Ejecutiva de 2012 que protege en la actualidad a unos 700,000 jóvenes que entraron al país siendo niños y se les conoce como dreamers.

    “Puedo renovar mi protección de deportación si tengo un DUI y otros dos cargos, uno por asalto (assault) y otro por invasión de propiedad privada”, pregunta. “Y también tengo cargos por no pagar la cuota de manutención de un hijo (child support)”, reconoce. “Debería preocuparme por esto y que me deporten”, pregunta.

    “Esta persona no necesita un abogado para que le ayude sino un mago”, responde con ironía Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

    “En estos momentos toda persona que tiene historial delictivo debe de preocuparse, porque en caso de ser detenido puede ser de mas interés para el gobierno que una persona que no tiene antecedentes criminales”, agregó.

    Barrón también recuerda la lista de prioridades de deportación anunciada por el gobierno el 25 de enero, cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva migratoria relacionada con las jurisdicciones santuario.

     

    Quienes hayan sido condenados por cualquier delito.

    Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto.

    Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable.

    Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.

    Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.

    Quienes estén sujetos a una orden final de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos.

    Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

    Además del amparo de la deportación DACA otorga una autorización de empleo renovable cada dos años. El programa fue cancelado el 5 de septiembre de 2017, pero varios fallos judiciales lo mantienen temporalmente vigente hasta que un tribunal federal o la Corte Suprema dicten lo contrario.

  • Renuncia el jefe del Instituto Nacional de Migración de México una semana después de acuerdo con EEUU

    El organismo anunció en un comunicado la renuncia del comisionado Tonatiuh Guillén López solo una semana después de que el canciller Marcelo Ebrard se comprometiera con el gobierno de Donald Trump a reducir considerablemente los flujos de migrantes centroamericanos y a recibir más solicitantes de asilo con sus procesos pendientes en Estados Unidos. 

    UNIVISION

     

    14 de junio del 2019-Tonatiuh Guillén López, el hombre designado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Instituto Nacional de Migración de México (Inami), renunció este viernes a su cargo, según informó ese organismo en un comunicado.

    Pese a que no informan del motivo de la dimisión, esta se produce solo una semana después de que una delegación encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, llegara a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para reducir considerablemente el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos.

    Posteriormente, el vocero de la secretaría de Gobernación, Héctor Gandini, aseguró a la agencia Reuters que la renuncia de Guillén López se debió a "motivos personales".

    El comunicado del Inami que anuncia la salida del funcionario se limita a decir que éste agradeció la oportunidad al presidente López Obrador y "el apoyo y la generosidad" a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

     

    Guillén López había mostrado su preocupación por los derechos de los centroamericanos

    El pasado viernes y, después de una intensa negociación que se extendió por tres días, el gobierno de México llegó a un acuerdo con el de Estados Unidos para reducir el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar que el presidente Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

    Según el acuerdo, México se comprometió a enviar a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y a acoger a más solicitantes de asilo mientras sus procesos avanzan en Estados Unidos a travé del denominado Protocolo de Protección del Migrante (PPM).

    Pese a que no se había pronunciado públicamente sobre este acuerdo, en el pasado Guillén López, había mostrado su preocupación por la capacidad de México de atender las necesidades de los migrantes centroamericanos enviados por Estados Unidos por el programa PPM y por el respeto a los derechos de quienes huyen de la pobreza y violencia de sus países.

    Antes de ser nombrado comisionado del Inami el 1 de diciembre de 2018, López Guillén había coordinado un proyecto de cooperación y desarrollo integral entre México y Guatemala.

     

    De las cárceles a la política migratoria: el nuevo titular

    Tras la renuncia de Guillén López, el presidente designó como nuevo titular del INM a Francisco Garduño Yáñez, quien hasta ahora fungía como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) federal, a cargo de las prisiones del país.

    “Ahora estoy proponiendo para que lo sustituya a Francisco Garduño, él se va a hacer cargo del Instituto Nacional de Migración. Esto tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país, y le tengo toda la confianza”, expuso López Obrador.

    Garduño Yáñez es funcionario público desde la década de 1970. Dentro de su experiencia académica, destacan sus actividades docentes, así como un doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

    Entre sus actividades políticas, participó en la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 y es fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

    En el ámbito penitenciario, fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en la Ciudad de México, para el cierre del penal de Lecumberri y el traslado de internos a los actuales penales de la capital del país y a la colonia Penal Islas Marías.

     

  • Guatemala acude a las urnas tras un proceso electoral convulso y con el voto fragmentado

    En unas elecciones en las que los residentes en el exterior podrán votar por primera vez en la historia, Guatemala acudirá este domingo a las urnas en medio de una creciente desconfianza en sus instituciones democráticas y frente a 19 candidatos presidenciales que han fragmentado el voto.

    BILL BARRETO

     

    CIUDAD DE GUATEMALA. 15 de junio del 2019- En las elecciones que se celebran este domingo en Guatemala, el voto está tan atomizado que algunos ciudadanos llegan a las urnas sin poder identificar a muchos de los 19 candidatos que se disputan la presidencia, en un proceso en el que la justicia ha sido decisiva.

    De los 24 aspirantes que se inscribieron inicialmente, cinco quedaron fuera de la contienda, incluyendo dos de las que aparecían con más posibilidades en las encuestas: Zury Ríos, hija del ex general golpista Efraín Ríos Montt, del partido Valor, quien fue inscrita pero su candidatura fue revocada por una prohibición constitucional; y la ex fiscal general, Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, actualmente con una orden de captura en Guatemala, girada tras una investigación iniciada por su sucesora en el cargo.

    A estas bajas se suma la del cacique de Jalapa, Mario Estrada, quien era candidato por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), detenido en Estados Unidos por la Administración para el Control de las Drogas (DEA) el pasado 17 de abril por sus presuntas negociaciones con el cartel de Sinaloa.

    Según el Departamento de Justicia, el político estaba entre los investigados por intentar "solicitar fondos a los carteles internacionales de la droga para apoyar" su campaña presidencial. Además, la acusación asegura que Estrada ofreció el control de puertos y aeropuertos a los representantes del cartel e intentado organizar atentados contra otros candidatos a la presidencia, sin especificar cuáles.

    También quedaron fuera los candidatos minoritarios Mauricio Radford, del Partido Fuerza, quien había sido inscrito previamente pese a tener un proceso abierto por abuso de autoridad; y Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana, a quien un tribunal le retiró la inmunidad para ser investigado por supuestas anomalías en un contrato para cobrar el impuesto a los inmuebles en el municipio del cual es alcalde.

    Las decisiones de la justicia y una amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral si no reciben una compensación que exigen caldearon el ambiente electoral en las últimas semanas de unos comicios que, según los sondeos, irán a segunda vuelta.

     

    Los guatemaltecos en el exterior podrán votar

    Las últimas encuestas coinciden en apuntar a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como líder en todos los sondeos, con entre 20.2 y 22.6% de intención de voto, seguida por Alejandro Giammattei de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) con entre 11.6 y 14.4% de los apoyos.

    Más incierto es el tercer lugar que, según los sondeos, se disputan Edmond Mulet, de Partido Humanista; Roberto Arzú de Pan-Podemos; y Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con estimaciones de voto entre el 7% y el 8%.

    En esta ocasión, la campaña electoral ha sido más corta luego de las reformas electorales de 2016: solo tres meses antes de primera vuelta y dos meses más para la segunda vuelta. Además, se permite por primera vez el voto en el extranjero y se introdujo la obligación de repetir los comicios si los votos nulos superan el 50%.

    Otra de las novedades es que se igualó el tiempo de los partidos en la pauta de medios de comunicación, lo que dio una ventaja inicial a los candidatos que ya llevaban varios procesos electorales a cuestas, como Torres o Giammattei. La norma permitió que más candidatos se dieran a conocer, mientras que los partidos con mayor organización como la UNE de Sandra Torres compensaron la relativa reducción de espacios publicitarios con una mayor campaña de tierra.

     

    Torres, la favorita en las encuestas

    El domingo previo a las elecciones, Torres realizaba mítines en tres departamentos de la provincia y en la zona metropolitana. En un mitin en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la costa sur del país, Torres descendió en un helicóptero en el estadio municipal para presidir la actividad de campaña. “Este 16 de junio defendamos el voto, defendamos los programas sociales” fue la consigna recalcada por la candidata.

    Como esposa del del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011, Torres fue la administradora de programas de asistencia social, como la entrega de bolsas de alimentos y bonos monetarios a padres de familia a cambio de la presencia de niños en las escuelas, acciones que aún hoy le representan réditos políticos.

    La candidata tampoco es desconocida para las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una oficina de Naciones Unidas que ha asistido al Ministerio Público (MP) en los principales casos de corrupción de los últimos años y que finalizará funciones en septiembre, luego de que el gobierno de Jimmy Morales no la renovara el contrato.

    La ex primera dama fue denunciada por presunto financiamiento electoral ilícito de su anterior campaña, en una investigación conjunta de MP y Cicig. Sin embargo, la acusación se llevó a los juzgados después de que Torres fue inscrita como candidata, lo cual la blindó con antejuicio.

     

    Giammattei, el segundo, según los sondeos

    La salida de Ríos y Aldana, ambas descartadas por la justicia en un movimiento que consideraron "político" dejó en el segundo lugar a Alejandro Giammattei, candidato de Vamos, quien busca por cuarta vez la presidencia.

    Giammattei obtuvo su mejor resultado electoral en 2007 cuando ocupó el tercer lugar como candidato del partido oficialista Gana. Durante el gobierno de Óscar Berger, fue director del Sistema Penitenciario, pero fue más tarde acusado de ejecuciones extrajudiciales de reclusos bajo su cargo en una investigación del Ministerio Público y la Cicig, aunque un tribunal finalmente cerró el caso en su contra.

    Giammattei no ha ganado una elección a los cargos públicos a los que se ha postulado en 20 años. Sin embargo, en este proceso electoral bajo un sistema de balotaje, de llegar a segunda vuelta sus posibilidades podrían mejorar notablemente ya que, como se mostró en los últimos comicios presidenciales, Torres enfrenta un antivoto fuerte. Los últimos sondean apuntan a que más de la mitad de los electores "difícilmente o nunca" votarían por ella.

    El presidenciable de Vamos es además fuerte en las áreas urbanas del país, zonas que históricamente tienen mayor participación de electores en la segunda vuelta, ya que las autoridades locales, como alcaldes o diputados electos el mismo día, ya ha sido votados en la primera ronda de los comicios.

     

    Los que se disputan el tercer puesto

    El tercer lugar se encuentra se encuentra más disputado, según apuntan los sondeos, que colocan a Edmond Mulet, del Partido Humanista (PM), Roberto Arzú García-Granados, de PAN-Podemos y Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

    Mulet, quien fue secretario general adjunto para Operaciones de Paz de Naciones Unidas entre 2011 y 2015 y presidente del Congreso a principios de los noventa, es un diplomático de carrera, que estuvo fuera de la política local por cerca de 20 años. En este proceso participa por el PM, de reciente creación, pero integrado con figuras del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que gobernó entre 2000 y 2004.

    Candidato emergente en esta campaña, Roberto Arzú García Granados es hijo del expresidente Álvaro Arzú, electo por el Partido de Avanzada Nacional, PAN (1996-2000) e investigado también por la Cicig en un caso de corrupción hasta su fallecimiento en 2018.

    Arzú García-Granados nunca ha ocupado un cargo público y compite con una alianza de partidos que incluye al antiguo partido de su padre, el PAN, y una nueva agrupación, Podemos, que tiene entre sus liderazgos y candidatos a figuras del cancelado Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina, procesado por varios casos de corrupción.

    El candidato de PAN-Podemos ganó notoriedad en este proceso electoral por su intenso uso de las redes sociales, y recibió una multa de US$160,000 por su uso de propaganda no regulada en estos medios. Además, enfrenta una demanda por US$6 millones presentada en Miami, Florida, por el consultor político Juan José Rendón por presuntos servicios de asesoría no cancelados.

    La tercera en disputa es Thelma Cabrera, presidenciable del MLP. Indígena maya mam, Cabrera ha sido una de las candidatas que más rápido ha crecido en popularidad en este proceso.

    El MLP, partido oficializado en 2018, es el instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) una agrupación surgida en los años noventa entorno a reivindicaciones de tierra y derechos laborales de los trabajadores en la costa sur del país.

    Dirigentes de Codeca han sido acusados en tribunales de promover conexiones ilegales a la red eléctrica y promover el impago de servicios de energía eléctrica en comunidades del interior del país. Como partido, el MLP promueve la revisión de las concesiones de recursos naturales por parte del Estado y la nacionalización del servicio de energía eléctrica, entre otras cosas.

    Su reivindicación de la nacionalización de servicios públicos tiene de fondo la propuesta de “refundación del Estado” mediante una Asamblea Constitucional Plurinacional a semejanza de modelos políticos como los emprendidos en Bolivia por Evo Morales y en Ecuador por Rafael Correa.

     

    Una probable segunda vuelta

    Los sondeos apuntan a que ningún candidato presidencial obtendría más del 50% de los votos, lo que hace predecible una segunda vuelta con Torres y Giammattei. Torres lidera las estimaciones de voto, pero enfrenta el reto de no repetir la caída del 2015, cuando obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, pero solo 1,328,000 votos en la primera vuelta frente a los 2,750,000 del actual presidente Jimmy Morales en segunda vuelta.

    El ambiente político se ha caldeado en los últimos quince días con la amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral, impidiendo el acceso a los centros de votación si no reciben una compensación por supuestos servicios prestados durante el conflicto armado interno finalizado en 1996.

    La amenaza, recurrente en otras elecciones, ha sido tomada con más seriedad luego de que este miércoles la fiscal general Consuelo Porras anunciara que el fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, ha salido del país “por amenazas tangibles” contra su vida y su familia. Esto una semana después de que Schaad confirmará que había iniciado una investigación de oficio contra los exmilitares que amenazaban con boicotear el proceso electoral.

    Al clima político enrarecido de las últimas semanas, también ha contribuido las denuncias en redes sociales del supuesto uso de recursos públicos por parte del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, para actividades de campaña. La confianza de la ciudadanía en el TSE se ha visto afectada, a su vez, con el anuncio esta semana de la entrega de Q12.9 millones (US$ 1.67 millones) por parte del tribunal al partido oficial, en aportes públicos atrasados entre los años 2016 y 2018, pese a que el partido enfrenta un proceso de cancelación por irregularidades en su manejo de recursos.

     

  • ¿En qué consiste el plan de México para bajar en 45 días la cifra de migrantes que llegan a su frontera con EEUU?

    La propuesta ha sido calificada por expertos como ambiciosa. México planea que la Guardia Nacional pueda contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y que el presupuesto para costear la estancia de estos inmigrantes provenga de la venta del avión presidencial.

    JANET CACELÍN

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 14 de junio del 2019- México tiene contado el tiempo para cumplir con las exigencias de Estados Unidos en materia migratoria y así evitar que el gobierno de Donald Trump aplique aranceles a todos los productos mexicanos y declare a la nación como "tercer país seguro".

    El reto es que en 45 días —y ya pasaron 7—, el gobierno mexicano logre contener y disminuir el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan su frontera, según informó el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

    Para cumplir con este acuerdo, calificado por expertos como ambicioso, México tiene como solución principal echar mano de la Guardia Nacional para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio, pese a que este grupo de seguridad fue creado para combatir al crimen organizado que opera en el país.

    Según explicó el canciller en una conferencia este viernes, además incluye una inversión millonaria de Estados Unidos hacia los países de Centroamérica y hacia México para combatir las causas de la migración. Mientras, el gobierno de López Obrador deberá asignar recursos para proveer servicios de salud, trabajo, educación y alimentación a los migrantes que deban esperar en su territorio una decisión de EEUU sobre sus peticiones de asilo.

    Para Arlene Ramírez Uresti, internacionalista especializada en migración y la relación México-Estados Unidos, el acuerdo completo sería sumamente ambicioso, no solamente para los primeros 45 días, sino también en el mediano y largo plazo si no se involucra en el proceso a los países de procedencia de estos migrantes.

    “Un detonante del éxito de esta estrategia será la eventual vinculación que pueda tener el gobierno de México con sus contrapartes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero hasta ahora sabemos que la estrategia se basa en el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional. También preocupa el ambiente político nacional con respecto a la creación de empleos, programas sociales, ofertas de salud y educación que se tendrá que hacer”, dijo.

    Estas son las medidas con las que el gobierno de López Obrador planea atender la crisis migratoria:

    Desde el miércoles y hasta el próximo martes, el gobierno de México comenzó a desplegar en la frontera sur a 6,000 elementos de la llamada Guardia Nacional, el grupo especializado de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó con el objetivo de combatir la violencia criminal en el país. Su principal tarea, al menos en los siguientes 45 días, será contener el flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

    Se trata de 13 coordinaciones desplegadas en los sureños estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz, cuya función, según  Ebrard, es registrar a todos los migrantes, explicarles qué opciones de regularización tienen y devolver a su país al que no quiera hacerlo.

    También resguardarán los centros de detención para evitar fugas y motines. Aunque Ebrard no ha hablado de arrestos, sí ha resaltado la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias del sur, que están rebasadas y que son centros de detención.

    De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, durante el periodo de enero a junio, 11,037 personas originarias de Centroaméricahan sido retornadas a México en espera de la resolución de su petición de asilo a Estados Unidos.

     

    Recibir a los migrantes que han pedido asilo en EEUU

    El acuerdo con Estados Unidos también incluye recibir en territorio mexicano a los centroamericanos que quieran solicitar asilo en Estados Unidos durante el proceso que tome la resolución de sus casos. Esto implica que además de permanecer en México, el gobierno debe garantizar su seguridad, alimento, educación y trabajo.

    Sin embargo, de acuerdo con Ebrard, el plan que defiende México contempla que las personas que solicitan asilo, puedan recibir el mismo tipo de protección también en otros países considerados seguros para los migrantes.

    Según cifras de la Secretaría de Gobernación, tan solo en lo que va de enero al pasado mes de abril, las autoridades mexicanas han deportado a casi 37,000 extranjeros originarios de América Central y el Caribe. Una cifra que, de seguir la tendencia, superaría las 109,000 deportaciones que se registraron en todo el 2018.

    Esta resolución no es muy alentadora para los migrantes, pues activistas y abogados de inmigración advirtieron que generará más problemas legalespara preparar sus casos, obtener asistencia legal e incluso para apelar fallos adversos.

     

    Dialogar con los países de Centroamérica

    El canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró el viernes que en el acuerdo Estados Unidos se comprometió a invertir 7,800 millones de dólares en Centroamérica y México: 5,800 millones de dólares para la primera y los 2,000 restantes para el segundo.

    Ebrard aseguró que la inversión acordada de este acuerdo comenzó en El Salvador hace apenas 15 días, sin dar más detalles.

    El canciller mexicano destacó que a cambio de esta inversión, México ayudará a aplicar un plan en Centroamérica que fue presentado el pasado 20 de mayo conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en colaboración con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir las causas de la migración en la región.

    De acuerdo con Arlene Ramírez, dialogar con los países centroamericanos es el reto más grande, pues es necesario que tengan más que la voluntad política para atender el origen del problema.

     

    Reasignar presupuesto hacia el plan migratorio

    Luego de ser cuestionado sobre cómo piensa financiar la estancia de los centroamericanos que esperen en México, el presidente señaló que se utilizarán los recursos ahorrados por el combate a la corrupción y el plan de austeridad, así como los que genere la venta del avión presidencial.

    "Recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo 150 millones de dólares. Entonces, para contestar de dónde va a salir: saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión",detalló.

    Además, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que su bancada impulsa reasignaciones presupuestarias para que México pueda cumplir con los acuerdos bilaterales principalmente en materia de salud, educación, empleo, implementación de la Guardia Nacional y reforzamiento de la frontera entre México y Guatemala.

    Esta iniciativa ha sido recibida con desagrado por otros grupos políticos que aseguran que no deberían utilizarse recursos destinado a los mexicanos para atender a extranjeros.

  • La espera en México para los inmigrantes que piden asilo en EEUU podría demorar años

    Activistas advierten que México no tiene, ni los recursos ni la infraestructura suficiente para atender, cuidar y velar por los migrantes que piden asilo en Estados Unidos y serán regresados hasta que los tribunales de justicia del vecino del norte resuelva sus casos como acordaron ambos gobiernos esta semana.

    JORGE CANCINO

     

    9 de junio del 2019- México sufrió la presión de Donald Trump como nunca lo había hecho anteriormente. El mandatario vecino del norte, quien además es su principal socio comercial, lo amenazó con imponer aranceles escalonados a todos los productos mexicanos si no frenaba la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en estados Unidos.

    Las negociaciones parecieron interminables, hasta que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que, “gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde”.

    Trump por su parte hizo lo mismo y en la misma red social. En dos mensajes, dijo: “Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas POR EEUU EL lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. ¡Gracias!”

    Una parte del acuerdo dice: “Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.

    De inmediato surgieron preguntas: ¿Dónde esperarán? ¿Cuánto tiempo esperarán? ¿Qué harán las cortes de inmigración de Estados Unidos, que a finales de abril tenían 892,517 casos acumulados y solo 414 jueves se hallaban en servicio?

     

    Zona peligrosa

    “No hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido dse sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para todos los mexicanos”, agregó.

    La tercera semana de mayo Univisión Noticias reportó que, desde su implementación el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos.

    La mayoría de ellos fueron regresados a Tijuana, la ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal A.C.

    Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza. La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.

    Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra alcanzó los 132,887.

     

    La otra crisis

    El atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera. A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.

    Se trata de casos de inmigrantes en proceso de deportación que llevan tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas, carecen de antecedentes criminales y no representan un peligro para la sociedad.

    Sessions basó la decisión en las órdenes ejecutivas sobre las jurisdicciones santuario y el muro en la frontera con México, promulgadas por Trump el 25 de enero de 2017, donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos.

    Uno de los decretos, además, amplió la lista de prioridades de deportación, entre ellas los inmigrantes con orden de deportación.

    Sessions prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales. La orden provocó un problema cuyas consecuencias todavía no se conocen en su totalidad.

    El ahora exfiscal general y exsenador republicano por el estado de Alabama, dijo el año pasado que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que los jueces emplean desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

     

    Cifras alarmantes

    Si se toma como base la acumulación al 30 de abril registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

    Si se agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado a los 892,517 acumulados hasta finales de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Esto significa que los 424 jueces activos tienen, en promedio, 2,935 casos cada uno.

    Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que, en promedio, cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

    El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

    “Es solo la ultima de una serie de cambios de políticas implementadas que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”, agregó.

    A esta crisis, también hay que tener en cuenta las aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los dos últimos meses, abril y mayo, que suman 232,191.

    “No sabemos por ahora si el gobierno contratará nuevos jueces para atender los casos de estos inmigrantes que retornarán a México”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si contratan nuevos jueces, habrá que prepararlos y eso lleva tiempo. Y una vez que se instalen en sus cortes, deberán contratar personal, y eso también lleva tiempo y cuesta dinero”.

    “Ahora, si no contratan nuevos jueces y no habilitan nuevos tribunales, imagínese, esta crisis irá en aumento”, apuntó.

     

  • Trump presume de una gran victoria ante México; los críticos dicen que solo es un espejismo

    Por Stephen Collinson

     

    (CNN).10 de junio — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una nueva semana de colisiones constitucionales con los demócratas afirmando que obtuvo una gran victoria gracias a su estilo de liderazgo, esta vez sobre México.

    Pero al igual que con muchas de las victorias de Trump, hay dudas sobre si el acuerdo de inmigración se suma a un progreso real o si se trata de un espejismo conjurado para salir de otra crisis autofabricada.

    Trump reacciona con enojo ante las insinuaciones de que el acuerdo, concretado el viernes por la noche, es solamente un nuevo ejemplo de la realidad alternativa que a menudo evoca para sostener su presidencia y que este hará poco para resolver la emergencia en la frontera sur.

    La controversia sobre el acuerdo con México también refleja cómo una definición común de los hechos se ha vuelto imposible con un presidente que a menudo ha tratado de devaluar la moneda de la verdad.

    “Si el presidente Obama lograr los acuerdos que yo he logrado, tanto en la frontera como en la economía, los medios corruptos los considerarían increíbles y se declararía un feriado nacional de inmediato”, escribió Trump en Twitter el domingo.

    “Conmigo, a pesar de nuestra economía récord y todo lo que he hecho, ¡no hay reconocimiento!”.

    La disputa sobre el supuesto logro del presidente se produce cuando las difíciles relaciones entre Trump y los demócratas se disponen a un nuevo encuentro inevitable.

    Se espera que la Cámara de Representantes vote el martes para mantener en desacato al secretario de Justicia William Barr y al exabogado de la Casa Blanca Don McGahn, en una escalada adicional de un duelo sobre la separación de poderes.

    Y la enemistad de Trump con Nancy Pelosi se está acrecentando después de que ella dijera que quería verlo en la cárcel, un comentario que refleja la presión sobre la presidenta de la Cámara de Representantes por parte de los liberales que quieren un juicio político y el cual recibió una ardiente respuesta del Presidente.

     

    El veredicto sobre el acuerdo con México

    El domingo, los demócratas se subieron a un informe del diario The New York Times que decía que el acuerdo del viernes incluye principalmente compromisos hechos anteriormente por México en conversaciones con Estados Unidos en los últimos meses.

    Pero el presidente argumentó en Twitter que su intervención y su amenaza de imponer aranceles había sido fundamental para hacer que las promesas quedaran plasmadas en el papel.

    Tal vez en las próximas semanas, el acuerdo del presidente, alcanzado luego de exhaustivas conversaciones entre Estados Unidos y México en Washington mientras él se encontraba en Europa la semana pasada, resultará ser un avance significativo.

    Su argumento es que sus amenazas de nuevos aranceles obligaron a México a realizar un esfuerzo más firme para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y mitigará la crisis de la frontera sur que su administración no pudo controlar.

    Los conservadores sostienen que el acuerdo que evitó una revuelta republicana en el Senado es un golpe de estado de los medios de comunicación contra el impredecible arte de las tácticas negociadoras del presidente.

    En una columna de The Washington Post, el presentador de radio Hugh Hewitt acusó a los críticos de Trump de no ser capaces de “admitir que él jugó al póquer de alto riesgo y ganó una ronda sobre la seguridad fronteriza más de lo que pueden admitir que el presidente ofreció un magnífico tributo a los héroes de Normandía el jueves”.

    Trump retiró su amenaza de imponer aranceles del 5% en México a partir del lunes, que habrían aumentado en un 5% por mes hasta alcanzar el 25%, después de experimentar una fuerte oposición de los senadores del Partido Republicano.

    Una interpretación alternativa de los eventos del fin de semana — que ha recibido la furiosa respuesta de Trump en Twitter — es que el acuerdo con México consistió principalmente en salvar la imagen presidencial.

    Si ese es el caso, el Partido Republicano ahora está cerrando filas después de que senadores no ocultaran su consternación ante las amenazas arancelarias de Trump — su herramienta dominante de política exterior– la semana pasada.

    El senador de Missouri Roy Blunt, un promotor del libre comercio y nada fanático de los aranceles, incluso sugirió el domingo que el drama podría ayudar a resolver una guerra comercial aún más complicada contra un enemigo que parece mucho menos dispuesto a adaptarse a Trump que México.

    “Creo que la lección más grande aquí y el mensaje más grande aquí ahora no es para México sino para China”, dijo Blunt en CBS “Face the Nation”.

    “El presidente está claramente dispuesto a usar los aranceles y, de hecho, el presidente cree que los aranceles son una herramienta económica significativa y positiva”.

    No es sorprendente que Trump se enfrente a un escepticismo generalizado por su presunción de victoria, ya que tiene un historial de escalar crisis de forma impulsiva y luego “resolver” los problemas que él mismo causó.

    El presidente ha promovido varios acuerdos comerciales, con Corea del Sur, Canadá y México, como cambios completos a partir de los pactos existentes, pero los críticos argumentan que solo consiguió cambios cosméticos.

    El año pasado, Trump proclamó un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea después de haber retirado sus amenazas de imponer nuevos aranceles sobre los automóviles. En realidad, las dos partes acordaron negociar un acuerdo que aún está por materializarse.

    A principios de este año, el presidente también amenazó repetidamente con cerrar la frontera con México si no lograba detener los flujos de migrantes, antes de retroceder en medio de las críticas internas.

    Se le había advertido a Trump que el cierre de la frontera con México, el tercer socio comercial más grande de EE. UU., podría causar un desastre económico para el país, un alza en los precios que pagan los estadounidenses por productos básicos como frutas y verduras y escasez en los supermercados.

     

    Las dudas sobre el acuerdo

    Dada la escasez de detalles sobre el acuerdo del viernes, es difícil evaluar qué tan efectivo podría ser.

    The New York Times informó que el plan de México para desplegar su Guardia Nacional, una fuerza mucho menos potente que su equivalente en Estados Unidos, para detener a los migrantes ya se había acordado en marzo. Y que la expansión de un programa para mantener a los solicitantes de asilo en México mientras se procesan sus solicitudes ya se había anunciado en diciembre, según el periódico.

    Los críticos argumentan de manera efectiva que el presidente estaba tratando de desviar la atención de Estados Unidos y, lejos de resaltar sus habilidades, expuso la inutilidad de su enfoque.

    “Lo que el presidente ha hecho es mencionar lo que, de hecho, en muchos aspectos México ha acordado hacer hace muchos meses”, dijo el senador Bernie Sanders, un aspirante demócrata a la Casa Blanca.

    “Creo que de lo que todo el mundo está cansado y de lo que yo estoy cansado, es de un presidente que constantemente va a la guerra, guerra verbal con nuestros aliados, ya sea México o Canadá”, dijo Sanders en “State of the Unión”.

    Otro candidato demócrata, el exrepresentante de Texas Beto O’Rourke, dijo que Trump había “exagerado por completo lo que reportó haber logrado”.

    “Podrían haber acelerado el cronograma, pero en general el presidente no logró nada, excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tiene Estados Unidos”, dijo O’Rourke en ABC News “This Week”.

    El acuerdo del viernes tampoco parece apuntar a las causas profundas del éxodo humano — la violencia y la anarquía en Centroamérica — aparte de una redacción vaga sobre un mayor rol de Estados Unidos.

    Trump ya ha dicho que recortará cientos de millones de dólares en ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala acusándolos de no hacer nada para detener la crisis migratoria.

    Y Martha Bárcena, embajadora de México en EE. UU., se negó a confirmar la afirmación que hizo Trump en Twitter de que el gobierno mexicano había aceptado comprar grandes cantidades de productos de inmediato a “NUESTROS GRANDES AGRICULTORES PATRIOTAS”.

    La embajadora dijo en “Face the Nation” simplemente que el comercio aumentaría en ausencia de nuevos aranceles y bajo el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que contradice indirectamente el tuit del presidente.

     

    De cualquier manera, Trump tiene una carta para 2020

    En un sentido político, puede que en realidad no importe mucho si el acuerdo con México conlleva un genuino avance, un signo de la realidad distorsionada de la era política actual.

    El presidente ha pasado el fin de semana presumiendo la victoria, ofreciendo material nuevo para sus porristas conservadores y desacreditando las críticas a su esfuerzo como evidencia del sesgo de los medios.

    Si en pocos meses se soluciona la crisis fronteriza, Trump puede llevarse merecidamente una nueva ronda de aplausos en sus mítines de campaña y presumir de una reivindicación de sus políticas de línea dura.

    Afirmará que ha cumplido con sus predicciones de tener una presidencia que arregle las cosas y que está acumulando acuerdos para el pueblo estadounidense.

    Pero si queda claro que el trato con México fue un fracaso, Trump puede acudir de nuevo al pozo de la política fronteriza sabiendo que la retórica inflamatoria sobre los inmigrantes y los ataques a México alimentan la agitación en su base política, lo que necesita rumbo a 2020.

    “Siempre podemos volver a nuestra anterior y muy rentable posición sobre los aranceles. Pero no creo que sea necesario”, escribió Trump el domingo, acusando a los medios de comunicación que plantean dudas sobre el acuerdo de querer ver fracasar a Estados Unidos.

  • El pastor que hace llorar a los niños: así son los sermones del arrestado líder de la iglesia La Luz del Mundo

    Varios videos publicados en YouTube muestran el fanatismo de los fieles de esta congregación y la devoción incondicional que le expresan a su dirigente, quien ahora está preso en Los Ángeles esperando para ser juzgado por abuso sexual de menores, pornografía infantil, violación, conspiración y varios delitos graves.

    ISAIAS ALVARADO

     

    9 de junio del 2019- "Después de la batalla Dios coronará, Dios nos coronará". Las voces infantiles retumban en el imponente templo de La Luz del Mundo en Guadalajara. El canto llena cada rincón de este recinto de 80 metros de alto y con capacidad para más de 1,500 personas. Afuera hay muchos más, son miles, la mayoría niños.

    Ellas se cubren la cabeza con velos de colores y con estos secan sus lágrimas cuando escuchan la voz de un hombre anunciando la llegada del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García. " Toda la niñez se vuelca al hombre elegido por Dios", se escucha en el templo. "Aquí viene, alégrate niño".

    García, quien viste un traje color café, entra al recinto al estilo de una estrella de rock.Mientras camina va saludando con una sonrisa a los menores, que se apretujan para tratar de tocarlo. "Aquí está el que los ama y él está viendo que ustedes lo aman", continúa el anunciante y lo describe como "tu general", "el varón de Dios" y "el ungido de Jehová".

    Los niños esperan ansiosos escuchar al pastor después de una caminata que realizan cada año por las calles de Guadalajara. Sus expresiones no son menos desbordadas que las de sus padres: lloran, agitan las manos y gritan después de cada frase de su líder religioso.

    Este evento, que ocurrió en 2016, es uno de tantos registrados en video y subidos a 

     conspiración y una larga lista de delitos graves.

    En aquel discurso, García saludó a los más pequeños fieles de su iglesia con un versículo bíblico: "Dejad a los niños venir a mí (sic), porque de ellos es el reino de los cielos".

    Cuando les dijo que su sermón sería breve porque seguramente estaban cansados por el recorrido a pie, los niños le respondieron con un emotivo "noooo" y movieron las manos insistiendo que querían seguir escuchándolo.

    Luego, el pastor expresó a todo pulmón, como si fuera un político en el cierre de una campaña electoral, que cuando ellos cumplieran 18 años ayudarían a multiplicar "los batallones" de su congregación, ya extendida por todos los continentes. "Entonces, como dice la alabanza, ‘que tiemble el averno y que se llene de pavor’. Esta niñez se está preparando", advirtió frente a una multitud que no paraba de llorar.

     

    El mismo tono tenía el sermón que quedó registrado en otro video 

     Fue otro evento lleno de niños en 2018.

    – "¿Cuántos años te vas a dedicar a dar testimonio de esta iglesia del Señor? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años?", cuestionó el pastor. 
    – "Noooo", respondieron los pequeños. 
    – "¿La vida que el Señor te conceda la vas a dedicar para dar testimonio de este evangelio?", preguntó. 
    – "Sííííííí", contestaron al unísono. 
    – "¿Y si para otros no soy apóstol, niñez de la iglesia del Señor, ¿para vosotros sí lo soy?" 
    – "Síííííí". 
    – "El mundo me va a seguir queriendo detener ¿Me tengo que preocupar?" 
    – "Nooooo".

     

    Una "experiencia religiosa intensa"

    Son algunos niños de esta congregación evangélica los que se volvieron víctimas de Naasón Joaquín en el condado de Los Ángeles, según una acusación de la Fiscalía General de California, la cual cree que hay más víctimas en otros lugares que aún no se han atrevido a denunciarlo.

    Al momento, tres niñas y una mujer aseguran que este hombre y sus tres presuntas cómplices, todas mujeres jóvenes, las obligaron a desnudarse, realizar actos sexuales y dejarse fotografiar mientras lo hacían.

    Con más de 90 años de antigüedad, en el seno de este culto religioso han nacido y crecido miles de niños. Los que viven en 'Hermosa Provincia', la colonia de Guadalajara donde se encuentra su templo principal y en la cual radican muchos de sus fieles, reciben clases en las escuelas que administra la congregación. Todos los días, ellos caminan por calles con nombres bíblicos, como Jordán, Jericó y Getsemaní.

    Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Virginia Commonwealth University, explicó al diario Los Angeles Times que La Luz del Mundo ha sido dirigida como un "culto a la personalidad", en el cual Naasón Joaquín "asumió roles divinos, diciendo que no podía ser juzgado, que era como un rey".

    Para sus críticos, solo un nivel alto de fanatismo explicaría por qué mientras la iglesia católica sigue perdiendo fieles aceleradamente desde que surgieron los escándalos de abuso sexual, La Luz del Mundo extendió su presencia en 58 país y alcanzó una membresía de más de cinco millones de feligreses a pesar de que las acusaciones contra sus tres grandes pastores se han escuchado desde hace varios años.

    Del padre de Naasón Joaquín, Samuel Joaquín, quien estuvo a la cabeza de la congregación por cinco décadas hasta su muerte en 2014, varios afirmaron haber sido víctimas de violaciones sexuales siendo menores. Hablaron ante la prensa, pero él jamás enfrentó un proceso penal en ningún lado.

    "La iglesia ofrece un tipo de experiencia religiosa bastante catártica, intensa; las oraciones que se efectúan en sus templos o fuera de ellos llevan a un estado de verdadera exaltación individual y colectiva", explicó Fabián Acosta, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, a la agencia EFE.

    Mientras que Ángela Renée de la Torre, académica del Centro Investigaciones en Antropología Social de Occidente, describió a este culto en su libro 'Los hijos de la luz' como un movimiento religioso de tipo pentecostal "debido a sus creencias fincadas en los dones y carismas del Espíritu Santo".

    Los miembros de esta organización deben sujetarse a un estricto código de conducta, que exige a las mujeres vestir faldas hasta los tobillos y velos. Otra norma es acudir a sus templos tres veces al día. Los horarios de los rezos son 5:00 am, 9:00 am y 6:00 pm. Por eso muchos viven cerca de estos recintos.

    "Asistir a la iglesia es vital en nuestra vida rutinaria", explicó Cesia Minemann, una vocera de la iglesia en Los Ángeles, en una entrevista con Univision Noticias. "Trabajamos, estudiamos, las amas de casa cuidan del hogar, pero al comenzar y al terminar el día nosotros oramos", agregó.

    Ella dijo que la vestimenta que se exige a las mujeres es "pudorosa" y para "agradar a Dios".

    Varios sermones de Nassón Joaquín 

     dictan al pie de la letra qué deben hacer los miembros de su iglesia para "ganar la salvación". En un video publicado en diciembre de 2018, él hablaba sobre el "libertinaje" del mundo y el "desenfreno" de los jóvenes.

    "Este cuerpo sigue viviendo en el mundo con estas tentaciones, con estos peligros, con estas provocaciones de Satanás", advirtió el pastor.

    A decir del fiscal estatal, Xavier Becerra, el líder de La Luz del Mundo no predicaba con el ejemplo; y le falló a las leyes de California "y a las de Dios".

  • Los rostros de "Venesolanda", la capital de Venezuela en Quito

    Solanda o Venesolanda, como ya lo llaman algunos, es un de los barrios populares más poblados de Quito. Los venezolanos más pobres alquilan allí casas minúsculas que casi siempre comparten con otros y trabajan en la economía informal del Mercado Mayorista, que les permite pellizcar unos cuantos dólares.

    SORAYA CONSTANTE

     

    QUITO, Ecuador. 9 de junio del 2019- Hay barrios que empiezan a ser refugio de los venezolanos en Quito. Uno de ellos es Solanda o Venesolanda, como ya la llaman algunos.

    Está al sur de la ciudad y en el pasado también acogió a colombianos, cubanos y a migrantes internos del país. Es uno de los barrios con mayor densidad poblacional, se calcula que tiene más 100,000 habitantes, aunque el diseño original de los años 70 fue pensado para 20,000.

    Los dueños de estas casas, que se construyeron dentro de un plan populista llamado "Pan, techo y empleo", modificaron las viviendas para alquilar una parte de ellas. Los venezolanos llegan a Solanda buscando esos espacios mínimos, que se alquilan entre los 150 y 250 dólares, y casi siempre los comparten con otros.

    También llegan atraídos por economía informal que está instalada en el sector y que les permite pellizcar unos cuantos dólares “haciendo el semáforo” (vendiendo caramelos, frutas, empanadas o tabacos los conductores en los semáforos), o trabajando como “caleteros” o cargadores en el Mercado Mayorista, la mayor despensa de Quito, que también es parte de Solanda.

     

    Las empanadas de los Morris

    Antonio Morris, su esposa Luz Marina y sus tres hijos son parte de esa Venesolanda que lucha por salir adelante. Llevan ocho meses en el barrio y aunque tuvieron mala suerte con la primera casera, que les cobró una cifra absurda por el consumo de agua, ahora viven en un piso que les alquila un ecuatoriano que emigró a Estados Unidos y ha empatizado con ellos.

    Los Morris vivían de lo que Antonio ganaba vendiendo limones en un semáforo, pero ahora venden empanadas a sus paisanos en el Mercado Mayorista. Su rutina empieza a las 3:00 de la mañana, porque las empanadas tienen que estar listas para el desayuno, y termina 12 o 14 horas más tarde cuando venden las 25 o 30 empanadas que preparan cada día.

    “Esto es duro, pero cuando quiero desmayar golpeó con fuerza la masa y digo por mis hijos, por el alquiler, por la visa…”, cuenta Luz Marina. Antonio también tiene lo suyo porque los vendedores de comida del mercado lo miran con recelo y en más de una ocasión le han dicho que se vaya a su país. “Sé que estoy trabajando honradamente, por eso siempre les respondo con educación y no dejo que me provoquen”, dice.

    La meta de los Morris es arreglar sus papeles, buscar colegio para sus hijos y abrir un pequeño negocio en Solanda. Todavía no saben cómo alcanzarán este último objetivo, pero ya han decidido el nombre del local: “Las empanadas de la abuela”, porque la idea de hacer empanadas se le ocurrió a la madre de Luz Marina que acompañó a la familia en el viaje a Quito y luego se regresó a Valencia, de donde salieron todos.

     

    Douglas carga papas a cambio de centavos

    Douglas Romero es parte de la población venezolana que trabaja en la gran despensa de Quito. Dio con el Mercado Mayorista porque otro venezolano le dijo que en el sur de la ciudad había un mercado como el Mercado Mayor de Coche, en Caracas, y que se trabajaba igual. Le aconsejaron ir a la medianoche y empezó cargando frutas y verduras.

    “Vienen camiones pequeños que te llevan por todo el mercado haciendo las compras y te dan unos cinco o siete dólares y el desayuno”, cuenta. De eso ya han pasado seis meses y ahora trabaja de “caletero” en la sección de papas: carga sobre su espalda los quintales de papas que otros compran y recibe 10 centavos por cada bulto. También le ocupan para clasificar o “clasear” las papas por 35 centavos el quintal.

    Según sus cálculos es mejor trabajar allí, aunque literalmente se parta la espalda. Poco antes de dar esta entrevista se ganó 90 dólares por dos días de trabajo en los que tuvo que clasificar 200 quintales de papas y luego subirlos a un camión.

    Este muchacho de 22 años, que no alcanzó a terminar la carrera en su natal Guárico, carga hasta dos quintales de papas en su espalda. “El trabajo es duro, por eso no lo quieren los ecuatorianos, pero nosotros vinimos a trabajar”, dice con una sonrisa en la cara.

    Sus otros dos hermanos mayores también están en Quito y han aparcado sus profesiones para trabajar en fletes de mudanza y en la hostelería. Solo uno de ellos ha conseguido arreglar su condición migratoria y ha conseguido traer a sus hijos. El resto se concentra en trabajar y apartar unos 20 o 30 dólares cada semana para enviar a sus padres en Venezuela.

     

    El hijo de ecuatorianos que volvió de Venezuela

    Rodolfo Yépez es uno de los primeros venezolanos que se asentó en Solanda. Llegó al barrio porque es comerciante y empezó a ganar sus primeros dólares vendiendo productos de belleza. Pero aunque él se jura venezolano, en papeles es ecuatoriano: nació en Guayaquil y emigró con sus padres a Venezuela cuando tenía dos años. Pero este hecho no cambia lo que él siente.

    “Mi esposa es venezolana, mis hijos son venezolanos, yo me siento venezolano”, asegura. La ventaja de tener papeles ecuatorianos, sin embargo, le abrió algunas puertas, sobre todo, a la hora de emprender. Llegó hace tres años y hace dos abrió una peluquería que lleva el nombre de su último hijo, Sebas.

    No lo hizo solo, contó con su familia y un grupo de amigos venezolanos que decidieron impulsar una opción de autoempleo para ellos mismos y se apoyaron en una organización eclesial llamada Misión Scalabriniana.

    La peluquería ganó fama en el barrio porque auspició a un equipo de basketball, formado por venezolanos y ecuatorianos, que ganaron el campeonato del barrio del año pasado. Este año, el equipo defiende el título y acaba de pasar a semifinal. Cuentan con un profesional del basketball, José Mejía, que jugó 18 años por Venezuela.

    “Es talento venezolano como muchos que han venido a este país”, dice Rodolfo y añade que en el grupo que frecuenta la peluquería hay muchos profesionales, pero casi nadie trabaja en lo suyo.

    Lo peor para los migrantes, a su juicio, es la explotación laboral. “Aquí lo malo es que hay mucho desempleo y se hace duro conseguir algo fijo, hay mucha gente que se aprovecha de eso y explota a los extranjeros. Yo he oído muchas historias, venezolanos que trabajan 15 días o un mes y no les pagan, les dicen que estaban a prueba y ellos no tienen a quién reclamar”.

     

    Ecuador no es un país para migrar

    El gobierno ecuatoriano en las últimas semanas ha hablado de la imposición de una visa humanitaria para los venezolanos, en sintonía con los países vecinos.

    El canciller de Ecuador, José Valencia, dice que a mayo de este año hay 277,000 venezolanos que viven en Ecuador, pero la cifra real podría superar los 300,000 si se toma en cuenta que muchos pasaron por trochas cuando el gobierno ecuatoriano impuso la obligatoriedad de presentar en frontera el pasaporte vigente y el pasado judicial apostillado. Esta medida duró casi dos meses debido a la apelación que hizo la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional.

    Esos mismos documentos, sin embargo, son requisitos para la visa y retrasan el proceso porque no son fáciles de tramitar. Según el canciller, apenas se han expedido 113,000 visas y hay otras 60,000 en trámite.

    Para Javier Arcentales, abogado especialista en movilidad humana, la exigencia de esos documentos es una barrera normativa. “Sabemos de la dificultad que tiene la población venezolana para acceder a su propia documentación, sabemos que la población viaja sin documentos”.

    Otra barrera normativa son las las tasas de pago para las visas o las multas. El costo normal por la visa Unasur es de 250 dólares, pero si la solicitud no se hace en los primeros 180 días de estancia se genera una multa de 788 dólares (dos salarios básicos) que se debe pagar para continuar con el trámite.

    La falta de papeles arroja a los venezolanos a la informalidad, al trabajo en las calles y a enfrentamientos con otros trabajadores ambulantes. También genera explotación laboral. Un estudio hecho en barrios populares del norte de Quito por la académica Daniela Celleri señaló que un 87% de los 3,000 migrantes consultados gana menos del salario básico (396 dólares).

    De eso ya han dado cuenta las organizaciones de migrantes, pero las autoridades no sancionan estas prácticas. Daniel Regalado de la Asociación Venezuela en Ecuador dice que a través de sus redes sociales conocen entre 15 y 20 casos diarios de explotación laboral.

    “La explotación ha sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo, pero esta dependencia no ejerce una función sancionadora real, sino mediadora. Al explotado no le dan la razón jamás aunque presente fotos, videos y notas de voz. El explotador se limita a decir que no lo conoce y hasta allí llegamos”.

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