Indianapolis, Indiana. .
January 24, 2019

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El juez de distrito Andrew Hanen negó la petición de un grupo de 10 estados encabezados por Texas, que alegaron que el programa es ilegal e inconstitucional. Por el momento nada cambia para los jóvenes protegidos por la Acción Diferida de 2012. Abogados de inmigración y organizaciones recomiendan a los beneficiarios seguir renovando los permisos de trabajo.

JORGE CANCINO

 

31 de agosto del 2018- Un juez federal de Houston, en el sur de Texas, dictaminó este viernes que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

El juez de distrito Andrew S. Hanen negó la petición de un grupo de 10 estados encabezados por Texas, que el 1 de mayo alegaron que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

Pese a que el juez reconoce en su sentencia que los argumentos de Texas para presentar la demanda eran buenos, considera que los estados se tomaron demasiado tiempo en presentarla, por lo que decidió no bloquear el programa.

En todo caso, el juez señala en su argumentación que aún existen grandes diferencias de opiniónen torno a si realmente el gobierno de Obama tenía poderes ejecutivos para crear este programa. De esta forma, Hanen sugiere que es la Corte Suprema la que debe determinar en última instancia su legalidad y/o constitucionalidad.

En ese sentido, señala que el programa ha debido ser consecuencia de la acción legislativa del Congreso, no del Poder Ejecutivo solamente. En todo caso, llama a los demandantes a activar cualquier proceso de apelación en los "próximos 21 días" al señalar que DACA es "probablemente ilegal".

Además, considera que el daño que causaría a los beneficiarios sería mucho mayor que el que aparentemente generó por la aparente extralimitación de poderes del presidente, en este caso, Barack Obama. Cabe destacar que los demandantes argumentaron que su intención no era afectar a los beneficiarios sino solo la legalidad del programa.

Recomiendan a los beneficiarios renovar sus permisos de trabajo

En la práctica, la decisión del juez Hanen hace que nada cambie para los jóvenes ya protegidos por la acción diferida de 2012, y DACA siga vigente tal y como lo ordenaron tres cortes federales de California, Nueva York y el Distrito de Columbia.

Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias recomiendan a los beneficiarios de DACA que tengan que renovar sus permisos de trabajo que lo hagan cuanto antes, ya que, si hay una futura resolución judicial contraria al programa, tendrían derecho a seguir trabajando mientras esos documentos sigan vigentes.

Para el abogado Ezequiel Hernández, el fallo es "sorprendente", pero da más tiempo a los beneficiarios de DACA. "El mejor consejo para los dreamers es que apliquen por su renovación, no importa si faltan 90 o 150 días. Otra vez más les dan la oportunidad de extenderlo", dijo el abogado.

La decisión judicial también representa una derrota legal para el gobierno de Donald Trump, que desde que llego a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 ha luchado por eliminarlo.

 

La cancelación

El 5 de septiembre de 2017 el fiscal general Jeff Sessions anunció la cancelación del programa. DACA ampara temporalmente de la deportación a jóvenes que entraron al país antes de cumplir 16 años y se les conoce como dreamers. También les concede un permiso de trabajo que se renovaba cada dos años.

Ese día el gobierno de Donald Trump dio un plazo de 30 días a los dreamers, cuyas autorizaciones de empleo vencieron entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, para que renovaran por última vez sus amparos.

Trump también le dio seis meses al Congreso para debatir una solución permanente para los dreamers, pero al término del plazo demócratas, republicanos y la Casa Blanca no se pusieron de acuerdo.

La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno si no procedía a eliminar el programa.

 

La restitución

Cuatro meses después de la cancelación, el 9 de enero, una corte de California declaró ilegal lo actuado por el gobierno y ordenó restituir DACA, tal y como se encontraba antes de ser cancelado, pero advirtió que el gobierno no recibiría nuevas solicitudes de dreamers que antes no se habían inscrito.

El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia (DC), restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su efecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

 

La postura de Texas

La semana pasada la Procuraduría de Texas reiteró a Univision Noticias el desafío de los estados que participaron en la demanda era la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

“En cambio quienes lo defienden, demandaron la decisión que tomó el presidente Trump de cancelar DACA. Son cosas totalmente distintas”, dijo Teresa Farfán, encargada de las relaciones con la prensa en español de la oficina del procurador Ken Paxton.

“Ese es el enfoque de nuestra demanda”, puntualizó. “Lo que se busca con nuestra acción legal es que se detenga el programa en su totalidad. No estamos pidiendo que deporten a todo el mundo o que se quiten los permisos de trabajo que ya se dieron, sino que se elimine el programa y no pueda haber nuevas renovaciones porque es ilegal”.

A finales de junio Paxton, junto con procuradores de los nueve estados restantes que integran la demanda, le enviaron una carta a Trump urgiéndolo a que cancele DACA.

“Respetuosamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional elimine gradualmente el programa DACA”, dijeron los fiscales en el documento. “Específicamente pedimos que el secretario de Seguridad Nacional anule el memorando del 15 de junio de 2012 de DACA y ordene que la rama ejecutiva no renueve ni emita nuevos permisos de DACA o de la expansión de DACA en el futuro”, agregaron.

 

El juez Hanen

El 20 de noviembre de 2014 Obama promulgó una segunda orden ejecutiva migratoria, esta vez para ampliar DACA y drear el programa DAPA.

La extensión de DACA consistía en aumentar de 2 a 3 años la validez de los permisos de trabajo y quitando el límite de edad para calificar, y de esa manera beneficiar a un total de unos 1.6 millones de dreamers.

DAPA ampararía de la deportación a unos 5 millones indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, quienes además iban a recibir una autorización de empleo temporal renovable cada tres años.

Pero Texas y otros 22 estados demandaron la acción ejecutiva y el 16 de febrero, un día antes de entrar el vigor, el juez Hanen frenó la implementación de ambos programas, demandados bajo los mismos argumentos que ahora.

En noviembre de ese año la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen, y el 20 de junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia no emitió veredicto al respecto, prevaleciendo entonces el dictamen de Hanen del 16 de febrero del 2015.

 

En las exequias del senador en la Catedral Nacional de Washington DC, todos los oradores destacaron la necesidad de seguir el ejemplo del fallecido senador para adecentar el debate político, una clara referencia a la polarización que se alimenta desde la Casa Blanca.

CARLOS CHIRINOS VÁSQUEZ

 

WASHINGTON DC. 1 de septiembre del 2018- El funeral de John McCain en la Catedral Nacional de Washington DC fue una ceremonia fúnebre, lógicamente, pero también fue una lección de civismo democrático impartida por los oradores que se sucedieron en el podio para destacar la vida del fallecido senador, quien, en ese sentido, parece haber cumplido cabalmente con su último deseo.

Cada mensaje dicho por quienes tomaron la palabra parecía dirigido a denunciar y contrarrestar el veneno que ha esparcido en el discurso político el gran excluido en estos tres días de homenajes al senador: el presidente Donald Trump.

McCain organizó personalmente sus exequias con la intención de enviar un mensaje al país, destacando la necesidad de buscar espacios comunes para superar lo que consideraba la peligrosa polarización que experimenta EEUU y que se alimenta a diario desde la Casa Blanca.

Trump no fue invitado, mientras que sus tres predecesores sí lo fueron: Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, estos últimos los dos que le impieron al senador coronar con la presidencia sus cuatro décadas de una carrera política que terminó que la semana pasada con con su muerte por un cáncer cerebral a sus 81 años.

La referencia más directa al ausente la hizo la primera en hablar, Meghan McCain, hija del senador, quien estuvo muy cerca de nombrar al presidente ausente al usar su famoso lema de campaña para criticar el clima polarizado del momento.

“ El EEUU de John McCain no tiene la necesidad de ser hecho grandioso de nuevo, porque EEUU siempre fue grandioso”, dijo McCain en un tono que sonó impaciente, la mirada dura hacia los asistentes, entre quienes estaba sentada la hija de Trump, Ivanka, junto a su esposo y también asesor presidencial, Jared Kushner.

Fue un momento que rompió la luctuosa solemnidad con la que se venían realizando las exequias al arrancar el aplauso de los 2,500 personas que fueron invitadas a asistir a la ceremonia, que, aunque era privada, fue transmitida por televisión.

“Después de todo lo dicho y lo hecho, nunca dudamos que estábamos en el mismo equipo”, dijo el expresidente Barack Obama, el último de los oradores que convocó el propio McCain para que hablaran en sus exequias, al explicar cómo la rivalidad entre ellos, que los llevó a competir por la presidencia en 2008, siempre estuvo fundamentada en el mutuo respeto.

“Tanta de nuestra política puede parecer pequeña y mezquina. Explotando rimbombancia e insultos, falsas controversias y ultrajes impostados. Es una política que pretende ser valiente y dura, pero en cambio nace del miedo. John nos pidió que fuéramos más grandes que eso, para ser mejores que eso", dijo en su mensaje de unos 20 minutos en el que alabó al desaparecido senador.

 

El susurro de McCain

Antes de Obama, el expresidente George W. Bush destacó como McCain “detestaba el abuso de poder y no podía soportar fanáticos y déspotas arrogantes”, algo que aunque bien podría no estar dirigido contra el actual mandatario, al menos alude a muchos de esos ‘hombres fuertes’ que controlan otros países por los que Trump constantemente expresa su admiración.

“Él respetaba la dignidad inherente en cada vida, una dignidad que no se detiene en las fronteras y que no puede ser borrada por dictadores”, dijo Bush añadiendo que si los estadounidenses olvidan su esencia “siempre estará la voz de John para susurrarnos sobre nuestro hombro:‘Somos mejores que esto’”.

El exsenador Joe Lieberman, un demócrata devenido en independiente, a quien McCain pensó en nombrar como su compañero de fórmula a la vicepresidencia en las elecciones de 2008 que perdió frente a Obama, explicó cómo esa idea, descabellada para algunos y para él mismo, era una advertencia que hacía el republicano viendo los tiempos que se estaban gestando.

“(McCain) nos recordó al pueblo estadounidense que esos son los valores que nos hacen una gran nación, no la partidización tribal y los ataques políticos personales que recientemente han caracterizado nuestra vida”, dijo Lieberman.

 

Recuerdos de Vietnam

La procesión fúnebre con el féretro de McCain salió del Capitolio de Washington a las 8:30 de la mañana, tras haber recibido la visita de miles de personas que acudieron a la rotunda el viernes a la capilla ardiente en la que estuvo una vez su cuerpo llegó de Arizona.

En la ruta a la catedral, la caravana se detuvo en el monumento a los Veteranos de Vietnam, en la explanada monumental que ocupa el centro de Washington DC, donde Cindy McCain, acompañada por sus hijos, hizo una ofrenda floral “a todos los que han servido” en las fuerzas armadas.

El secretario de Defensa, Jim Mattis, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, flanquearon a la viuda del senador en su descenso por la rampa del monumento. En las paredes de granito negro están grabados los nombres de los casi 60,000 estadounidenses que murieron en aquel conflicto que marcó a McCain, quien estuvo cinco años y medio prisionero de los norvietnamitas, cuando derribaron el avión bombardero que pilotaba.

A lo largo de la ruta del Capitolio a la Catedral, muchas personas salieron en el día nublado con amenaza de lluvia con carteles y banderas a expresar su admiración por el senador.

A las afueras de la Catedral Nacional, varias personas se agolpaban frente a los camiones de transmisión de las televisoras para escuchar la marcha del servicio fúnebre. Otras tomaban fotos a las carpas de los medios en los jardines frontales del templo desde donde se transmitía el evento.

En su silla de ruedas y con un pañuelo con la bandera estadounidense al cuello, Alice Flanagan, dijo a Univision Noticias que era importante para ella estar allí, pese a que no podía entrar, para rendir tributo al "patriotismo especial" que para ella McCain representaba.

“Es hermoso (lo que hizo McCain), porque unió a ambos lados de la política. Y quizá sirva de ejemplo para los tiempos que vienen”, dijo Flanagan al comentar el cálculo bipartidista con el que el senador diseñó sus exequias.

Sobre la ausencia del presidente Trump, un factor que McCain estimó que desentonaría en el espítitu unitario que quiso convocar, Flanagan aseguró: “Creo que sería irrespetuoso para cualquier persona que no haya estimado a John McCain estar presente aquí hoy. Sea o no sea presidente”.

Si la ceremonia podría entenderse como una cátedra de ciudadanía, el cierre de las palabras del expresidente Obama fueron un llamado a la acción cívica.

“John entendió como JFK (John Fitzgerald Kennedy), como Ronald Reagan entendió, que parte de lo que hace grande a nuestro país es que nuestra pertenencia no está basada en nuestra sangre o en como lucimos, en nuestros apellidos o de dónde vinieron nuestros padres o nuestros abuelos, ni cuánto tiempo tienen aquí, sino en la adherencia al credo común de que todos somos creados iguales”.

Obama tomó un pasaje de ‘Por quién doblan las campanas’, el libro de Ernest Hemingway que McCain contaba entre los favoritos para decir: "Hoy es solo un día entre todos los días que serán, pero lo que suceda en todos los demás días que vendrán puede depender de lo que hagas hoy. Qué mejor manera de honrar a John McCain que seguir su ejemplo".

 

El periódico indicó que el Gobierno defiende que entre las décadas de los 50 y los 90 algunas matronas y médicos en la frontera -sobre todo en Texas- dieron certificados estadounidenses falsos a niños que nacieron en México. El Departamento de Estado niega que haya un cambio de política.

UNIVISION Y AGENCIAS

 

29 de Agosto del 2018- El Gobierno de Donald Trump está negando la renovación del pasaporte a cientos y, posiblemente, miles de hispanos en áreas fronterizas con México después de acusarles de haber usado certificados de nacimiento falsos desde que eran bebés, informó este miércoles el diario The Washington Post.

El periódico, que elaboró su investigación a partir de entrevistas con afectados y abogados, asegura que existe un cambio en la política de renovación de pasaportes, aunque el Departamento de Estado negó cualquier tipo de variación en los protocolos vigentes.

En un comunicado al Post, el Departamento de Estado dijo que " no ha cambiado la política o la práctica con respecto a la adjudicación de solicitudes de pasaportes" y agregó que "la región fronteriza México-Estados Unidos es un área del país donde ha habido una incidencia significativa de fraude de ciudadanía".

No obstante, de acuerdo al periódico, algunos hispanos que han tratado de renovar sus pasaportes se encuentran en centros de detención para inmigrantes e, incluso, están en proceso de deportación, aunque el diario no ofreció más detalles.

Otros están atrapados en México y no pueden regresar a Estados Unidos porque sus pasaportes fueron revocados sin previo aviso cuando trataban de volver a sus hogares.

 

Los antecedentes

The Washington Post afirma que la mayoría de los casos se están produciendo en el sur de Texas, en la frontera con México, y pone como ejemplo a Juan, un hombre de 40 años que no pudo renovar su pasaporte estadounidense, aunque su certificado de nacimiento muestra que nació en Brownsville (Texas).

Juan recibió una carta del Departamento de Estado, en la que se le informaba de que las autoridades no creían que fuera ciudadano estadounidense.

Según el Post, el Gobierno defiende que entre las décadas de los 50 y los 90, algunas matronas y médicos en la frontera entre México y el estado de Texas dieron certificados estadounidenses falsos a niños que, en realidad, habían nacido en México.

Lo cierto es que en una serie de juicios en los años 90, varios médicos reconocieron que habían elaborado certificados de nacimiento falsos.

En base a esas sospechas, bajo los gobiernos de George W, Bush y Barack Obama (2009-2017), el Departamento de Estado comenzó a negar pasaportes a algunas personas que habían nacido en el Valle del Río Bravo, en Texas, ayudados por matronas, muchas veces en casa ante los elevados costes de los hospitales estadounidenses. El problema reside que las mismas matronas que ofrecieron esos documentos falsos ayudaron también a dar a luz a bebés en Estados Unidos. Además, los certificados de nacimiento falsos que dieron son casi imposible de distinguir de los verdaderos ya que todos fueron emitidos por el estado de Texas.

En 2009, el ejecutivo de Obama y la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) llegaron a un acuerdo judicial y se redujo el número de pasaportes que revocaban las autoridades estadounidenses.

Ahora, bajo el Gobierno del presidente, Donald Trump, esta política parece haber resurgido, apuntó el Post, siendo esta tendencia parte de un mayor movimiento que cuestiona la nacionalidad de la gente que en la frontera.

El comunicado del Departamento de Estado indica que "quienes tienen certificados de nacimiento presentados por una matrona u otra persona que ayudó en el parto sospechosa de participado en actividades fraudulentas, así como los solicitantes que tienen un certificado de nacimiento extranjero y otro de Estados Unidos, deben proporcionar documentación adicional que demuestre que nacieron en los Estados Unidos". Los que no son capaces de hacerlo ven negada su solicitud de pasaporte.

"Estamos viendo que este tipo de casos se están disparando", indicó al diario Jennifer Cordero, una abogada de Houston que defiende a algunos de los afectados.

Según el Post, aquellos que son capaces de costear el proceso legal acaban demandando al gobierno y generalmente ganan su caso.

 

En la ciudad mexicana fronteriza son cotidianas escenas con cadáveres perforados por las balas, mutilados, quemados o colgados de los puentes; pero esa violencia relacionada con el narco no ha cruzado la frontera. Le preguntamos la razón a un funcionario de la DEA, expertos en narcotráfico y un expandillero de la MS-13.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 29 de Agosto del 2018– El antiguo código que por años han respetado hasta los narcotraficantes más sanguinarios, el de no meterse con los familiares ajenos a su negocio ilícito, se rompió el 5 de agosto en el rancho 'La Sierrita', ubicado al este de Tijuana, en la frontera de California con México.

Ese día, sicarios irrumpieron en la propiedad para acribillar a la esposa y el hijo de 7 años de Jorge Humberto Acosta Gallegos, alias 'El Güero Leches', líder del cartel de Sinaloa en esa ciudad y quien se encuentra preso desde diciembre de 2015. Al niño y a su madre les dieron el tiro de gracia. El semanario Zeta lo califica como el primer ataque directo del crimen organizado contra un menor en Baja California.

La llamada 'Masacre de los Acosta' es apenas uno de muchos casos por la ola de violencia en ese municipio fronterizo. Todo se debe a la sangrienta guerra entre el cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo jefe es Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Hasta el pasado 27 de agosto, esa ciudad registraba 1,615 asesinatos en lo que va del año, 37% más comparado con el año anterior y casi el doble de lo visto en 2016.

Sin embargo, aunque los problemas relacionados con el narcotráfico cruzan la frontera casi a diario, la extrema violencia no lo ha hecho. La pregunta es por qué. Las macabras escenas de cadáveres perforados por las balas, mutilados, quemados o colgados de los puentes, son particulares de Tijuana hasta ahora.

Esto a pesar de que los principales carteles de México se pelean para controlar el acceso fronterizo hacia California y tener mayor presencia en Los Ángeles, el principal centro de distribución de las mafias mexicanas. De hecho, los carteles más grandes tienen presencia en distintos niveles aquí, incluyendo el de los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas y Los Caballeros Templarios.

Pandilleros, encargados del negocio en EEUU

Tymothy Massino, portavoz en Los Ángeles de la Administración para el Control de las Drogas (DEA), asegura que localmente hay una cantidad "estremecedora" y "alarmante" de operadores de 'El Chapo' y 'El Mencho', quienes se encargan de distribuir la droga y lavar el dinero que ello genera. Pero señala que en Estados Unidos ese negocio se desarrolla de otra manera comparado con México.

"No hay fronteras en el condado de Los Ángeles para que se pueda decir ‘las organizaciones aquí están trabajando con el cartel de Sinaloa y las de acá con CJNG’. No ocurre así", asegura Massino en una entrevista con Univision Noticias.

Este vocero de la DEA explica que todos los narcos mexicanos operan de la misma forma: se ocupan de la lucha territorial en su país, la producción de la droga, el trasiego y cruce de la mercancía en vehículos, el almacenamiento de los cargamentos en casas secretas en el sur de California, el envío del narcótico a otras ciudades de EEUU y en mandar las ganancias a México, ya sea en fajos de billetes o a través de transacciones financieras ilícitas.

Sobre los enfrentamientos violentos, Messino indicó que ocurren entre los narcomenudistas en California: los pandilleros. "La droga se distribuye en las calles por las pandillas. En Los Ángeles se hace principalmente a través de la alianza de los 'Sureños', que obedecen a la Mafia Mexicana(banda carcelaria), que ejerce control sobre cómo las pandillas hispanas operan en términos de territorio", añadió el funcionario.

"Aunque tenemos pandillas violentas, obviamente no estamos a un nivel siquiera cercano a lo que se ve en México por la pelea por territorios", destacó el portavoz.

 

"Un modelo de negocio diferente"

Esporádicamente, las autoridades desmantelan células de los carteles en este lado de la frontera, como el reciente arresto de 22 personas en Los Ángeles vinculadas a la organización de 'El Chapo' Guzmán. En pocas ocasiones, como ocurrió en esta investigación, se logra identificar a traficantes de alto nivel. La mayoría de las veces los detenidos no tienen un vínculo directo con los jefes de los grupos. Además, los operativos que los ponen tras las rejas suelen concluir sin incidentes.

"Es muy caro y peligroso cruzar la droga por la frontera, pero una vez que estás en EEUU ¿qué ruta necesitas controlar para vender tu producto? Nada. Tal vez el señor de la esquina tiene que controlar su esquina. Pero a los carteles, como mayoristas, no les importa, ellos le venden a cualquier minorista que les quiera comprar", expone David Shirk, experto en narcotráfico y profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Diego (California).

"La parte difícil en EEUU no es vender droga o llegar al mercado local. No tienes que sobornar al alcalde de Los Ángeles para vender tu producto, solo tienes que ir a la calle, encontrar a bandas callejeras o de motociclistas que estén dispuestas a comprar el producto", señala el catedrático.

Por eso, señalan los expertos, contrastan los niveles de violencia registrados en Tijuana y Ciudad Juárez, cuando al otro lado del muro están San Diego (California) y El Paso (Texas), en la lista de los municipios más seguros de EEUU. Por ejemplo, San Diego tuvo una tasa de 3.7 homicidios por cada 100,000 habitantes de 2001 a 2015, y la de El Paso fue incluso más baja en ese período.

Los carteles están más interesados en vender drogas que en fomentar la violencia o luchar para controlar 'plazas' en este país, de acuerdo con el profesor Shirk.

"Hay un modelo de negocio totalmente diferente al norte de la frontera", dice y agrega que también es "un contexto totalmente diferente en términos de aplicación de la ley".

 

Los crímenes relacionados al narco en EEUU

Sin embargo, también en este lado de la frontera han ocurrido crímenes de alto impacto ligados al narco. Uno de estos se registró en diciembre de 2008 tras una persecución que se inició en la Placita Olvera y concluyó en un tramo de la carretera 101 en Los Ángeles con un costoso Bentley rociado de balas y la muerte de su conductor, José Luis Macías, de 25 años, ligado al cartel de los hermanos Arellano Félix.

Los ajustes de cuentas no pararon ahí. Otro incidente conmocionó a los habitantes de la tranquila comunidad de Southlake, en el noreste de Texas, la tarde del 22 de mayo de 2013, cuando un sicario acribilló en una plaza comercial a Juan Jesús Guerrero Chapa, abogado personal y emisario de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue jefe del cartel del Golfo.

Por varias semanas, sus enemigos siguieron los movimientos del litigante por un localizador satelital GPS que colocaron debajo de su auto. En el cristal de su vehículo quedaron los enormes agujeros por las balas que finalmente impactaron el cuerpo de Guerrero Chapa.

Los traficantes también han intercambiado disparos con agentes fronterizos. Uno de esos tiroteos, que se registró en el norte de Nogales, Arizona, el 14 de diciembre de 2010, acabó con la vida del oficial Brian Terry. Su asesino era integrante de una organización criminal dedicada a robar a narcotraficantes.

Típicamente, las balaceras entre narcos y agentes fronterizos han ocurrido cuando estos encuentran una operación de contrabando. Pero son esporádicos. La gran mayoría de los traficantes deja la mercancía y trata de regresar a México.

 

Los asesinatos de las bandas

"La violencia existe aquí también, pero de diferente forma, porque la pelea territorial es entre minoristas y medio-mayoristas. Los mayoristas están en México, por eso la violencia es más grande allá", explica Octavio Pescador, experto en asuntos mexicanos y profesor de Educación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"Hay más orden aquí porque de alguna u otra forma, la Policía, la DEA y una serie de instituciones no están tan corrompidas", agrega el profesor.

Pescador considera que los crímenes atribuidos a los pandilleros están ligados de alguna manera a la violencia de los carteles que les venden droga con la venia de la Mafia Mexicana.

"Tipificarlo como un crimen pandilleril es un término 'sombrilla', porque pueden ser dos jóvenes que se matan por pintar una pared o por la esquina para vender droga, y detrás de ellos está una organización más grande", dijo.

En 2017, la principal causa de homicidios en Los Ángeles fue la violencia de las pandillas, con 177 muertes relacionadas a los pleitos entre bandas, más de la mitad de los 282 asesinatos ese año, según cifras de la Policía angelina.

Gerardo López, quien siendo adolescente fue miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Los Ángeles, asegura que la distribución de narcóticos no es la causa principal de los homicidios entre pandilleros: "En mi época (siendo pandillero) muchas veces las pandillas se peleaban porque no se llevaban, se faltaban al respeto de alguna forma, pero no creo que la violencia por drogas sea algo fuerte".

López menciona que la venta de droga es para muchos pandilleros un ingreso extra. "La mayoría vende muy poco. Quizás vendan unos 300 dólares, pero ese dinero no es constante. Dicen que si tienen un empleo de salario mínimo ganan más dinero que vendiendo droga", concluye.

 

Religioso le pidió este domingo a Francisco que "en este momento extremadamente dramático para la Iglesia universal, debe reconocer sus errores y, de acuerdo con el principio proclamado de tolerancia cero, debe ser el primero en dar un buen ejemplo" y renunciar.

JORGE CANCINO

 

26 de agosto del 2018- El Vaticano acusó otro duro golpe que pone en evidencia la gravedad del escándalo de los abusos sexuales del clero, crisis que en algunos países como Chile provocó la renuncia hace unas semanas de la totalidad de los miembros de la Conferencia de Obispos.

En un testimonio de 11 páginas, el exembajador de la Santa Sede en Estados Unidos, arzobispo Carlo Maria Viganò, acusó a varios prelados de complicidad con el Arzobispo Emérito de Washington Theodore McCarrick, implicado en denuncias de abusos sexuales, y aseguró que el Papa Francisco le retiró sanciones que ya habían sido impuestas por Benedicto XVI.

“Obispos y sacerdotes, abusando de su autoridad, han cometido horrendos crímenes en detrimento de sus fieles, menores, víctimas inocentes y jóvenes ansiosos por ofrecer sus vidas a la Iglesia, o por su silencio no han impedido que tales crímenes sigan siendo perpetrados”, se lee en la carta escrita por el exnuncio apostólico de Su Santidad.

En una entrevista concedida a la agencia AP este domingo, el Pontífice no aceptó ni negó conocer de los abusos. Solo dijo que "no diría ni una palabra sobre el asunto".

 

Las acusaciones

En el testimonio, Viganò acusó a varios prelados de complicidad con el Arzobispo Emérito, implicado en un escándalo de abusos sexuales que se suma a otros graves casos como el denunciado recientemente por un gran jurado de Pennsylvania, que reveló los nombres de más de 300 religiosos de haber abusado de más de 1,000 menores en un período de al menos siete décadas.

Viganò, de 77 años, quien funció como Nuncio en Washington entre 2011 y 2016, asegura que a fines de la década del 2000, el hoy Papa Emérito Benedicto XVI “impuso al cardenal McCarrick sanciones similares a las ahora impuestas (recientemente) por el Papa Francisco”.

Precisa además que en 2013 habló sobre las sanciones con el Papa Francisco, pero que este “siguió encubriendo" al cardenal McCarrick y no solo “no tomó en cuenta las sanciones que el Papa Benedicto le había impuesto”, sino que convirtió a McCarrick en “su consejero de confianza”, señala una nota publicada por el sitio Aciprensa, medio católico que publica en español.

 

Por qué la denuncia

“Siempre había creído y esperaba que la jerarquía de la Iglesia pudiera encontrar en sí misma los recursos espirituales y la fuerza para contar toda la verdad, enmendarse y renovarse a sí misma”, agrega Viganò en su testimonio.

“Por eso, aunque repetidamente me pidieron que lo hiciera, siempre evité hacer declaraciones a los medios, incluso cuando hubiera sido mi derecho hacerlo, para defenderme de las calumnias publicadas sobre mí, incluso por prelados de alto rango de la Curia Romana. Pero ahora que la corrupción ha llegado a lo más alto de la jerarquía de la Iglesia, mi conciencia dicta que revele esas verdades sobre el desgarrador caso McCarrick”, explica.

El excardenal de Washington, de 88 años, está acusado de incurrir en abusos sexuales en una serie de hechos que se remontan a los inicios de su carrera religiosa, hace casi 50 años, cuando ejercía como cura en la archidiócesis de Nueva York, informó Univision Noticias en julio, cuando el Papa aceptó la renuncia.

McCarrick ha negado en todo momento las acusaciones, y en un comunicado mostró su sorpresa y avanzó que había colaborado "plenamente" con una investigación del Vaticano.

El 20 junio, sin embargo, la archidiócesis de Nueva York dijo que una comisión de investigación había determinado que las acusaciones contra McCarrick "estaban fundamentadas y eran creíbles". Por ello, agregó, el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, siguiendo las instrucciones del Papa, ordenó que el prelado abandonara el servicio público.

 

Estaban advertidos

Viganò denuncia además que el caso McCarrick había sido enviado hace tiempo al Vaticano. “Los Nuncios Apostólicos Gabriel Montalvo y Pietro Sambi, ambos prematuramente fallecidos, no dejaron de informar a la Santa Sede inmediatamente, tan pronto como supieron del comportamiento gravemente inmoral del Arzobispo McCarrick con seminaristas y sacerdotes”, narra en su testimonio.

Cuenta que el 22 de noviembre del 2000, el padre Bonifacio Ramsey, por petición del exnuncio Montalvo, “afirma que había un rumor recurrente en el seminario de que el el arzobispo compartió su cama con los seminaristas, invitó a cinco a la vez a pasar el fin de semana con él en su casa de la playa. Y agregó que conocía a cierto número de seminaristas, algunos de los cuales fueron luego ordenados sacerdotes de la Arquidiócesis de Newark, que habían sido invitados a esta casa de playa y habían compartido una cama con el arzobispo”.

El padre Ramsey había sido profesor en el seminario diocesano en Newark desde finales de los años 80 hasta 1996, señala el documento.

También revela que el caso fue conocido por varios otros jerarcas de la Iglesia Católica, entre ellos los exsecretarios de Estado Angelo Sodano (bajo los tiempos de Juan Pablo II) y Tarcicio Bertone (bajo el reinado de Benedicto XVI).

Viganò dice que en 2006 propuso tomar "una medida ejemplar contra el cardenal (McCarrick) que podría tener una función medicinal, para evitar futuros abusos contra víctimas inocentes y aliviar el gravísimo escándalo de los fieles, quienes a pesar de todo continuaron amando y creyendo en la Iglesia”.

Más escándalos en curso

El testimonio de Viganò advierte que “en Honduras un escándalo tan grande como el de Chile está a punto de repetirse” y denuncia que el Papa Francisco “defiende” a su hombre, el cardenal (Oscar) Rodríguez Maradiaga (integrante del grupo de los ocho que ayudan al Pontífice en la conducción de la Iglesia) hasta el final, como lo hizo en Chile con el obispo Juan de la Cruz Barros, a quien él mismo había nombrado obispo de Osorno (diócesis del sur del país) contra el consejo de los obispos chilenos”.

El obispo Barros, citado en el testimonio de Viganò, fue nombrado por Francisco a pesar del rechazo de la feligresía, sacerdotes y algunos obispos. El religioso está acusado de encubrir los abusos del padre Fernando Kararima, el mayor escándalo de abusos sexuales cometidos por el clero en Chile que estalló en 2010, cuando un grupo de ex seminaristas demandaron al religioso, párroco de una iglesia ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Santiago.

Pero esa no fue la primera vez que Karadima era acusado. Las primeras denuncias datan de 2003 cuando la Iglesia de Santiago se encontraba al mando del Francisco Javier Errázuriz, otro de los integrantes del grupo de los ocho nombrados por el Papa en marzo de 2013, que entre otras funciones también elaboran estrategias en contra la pederastia.

En 2004 y 2005 se presentaron más denuncias en contra de Karadima, pero todas fueron olvidadas o desestimadas por Errázuriz, quien confesó ante un ministro de fuero de la Corte de Apelaciones -en el marco de una demanda civil que interpusieron las víctimas contra el Arzobispado y contra quien resulte culpable de los abusos cometidos por Karadima-, que pesó en su decisión el hecho que quienes se declaraban como víctimas eran personas adultas, y también que “a esa época la fama del padre Karadima era extraordinaria, tenía hasta fama de santo” y que con tal fama no creyó en la palabra de los denunciantes.

 

Cultura de encubrimiento

En 2015 Francisco refutó e insultó a las víctimas de abuso del clero chileno y a los detractores del nombramiento del obispo Barros, a quienes tildó de "zurdos", un término utilizado bajo la dictadura de Augusto Pinochet para referirse a opositores de izquierda. Pero luego reconoció su error y se disculpó, al tiempo que afirmó que había sido mal informado, causando una situación desastrosa para la Iglesia en Chile, pero no dejó de apoyar a los cardenales Errázuriz y Ricardo Ezzati, dice Viganò.

“Incluso en el trágico romance de McCarrick, el comportamiento del Papa Francisco no fue diferente. Sabía al menos desde el 23 de junio de 2013 que McCarrick era un depredador en serie.Aunque sabía que era un hombre corrupto, lo cubrió hasta el final; de hecho, hizo suyo el consejo de McCarrick, que ciertamente no estaba inspirado por buenas intenciones y por amor a la Iglesia”, apuntó.

“Fue solo cuando se vio obligado por el informe del abuso de un menor, nuevamente sobre la base de la atención de la prensa, que tomó medidas [con respecto a McCarrick] para salvar su imagen en los medios”, indicó.

“Ahora, en Estados Unidos un coro de voces está surgiendo especialmente de los fieles laicos, y recientemente se han unido varios obispos y sacerdotes, pidiendo que todos aquellos que, por su silencio, encubrieron el comportamiento criminal de McCarrick, o que lo usaron para avanzar su carrera o promover sus intenciones, ambiciones y poder en la Iglesia, debe renunciar”, subraya el exnuncio. “Pero esto no será suficiente para sanar la situación de comportamiento inmoral extremadamente grave del clero: obispos y sacerdotes”.

 

El arrepentimiento de Francisco

El 11 de abril, cuatro meses después de su visita a Chile, donde nuevamente puso en duda las denuncias sobre abusos del clero, el Papa envió una carta a los obispos de ese país sudamericano en la que reconoció que ha “incurrido en graves equivocaciones de valoración” respecto al obispo Barros, acusado de encubrir uno de los casos más graves de abuso sexual del clero que impactan a la iglesia chilena y a El Vaticano.

En la misiva el Papa dijo además que los errores se cometieron por “falta de información veraz y equilibrada" y comnvocó a los obispos chilenos El Vaticano para "reparar en lo posible el escándalo y restablecer la justicia".

El 18 de mayo todos los obispos chilenos presentaron su renuncia al papa Francisco por los casos de abusos sexuales, incluidos a menores, después de haberse reunido con él durante tres días en el Vaticano, anunciaron en una nota conjunta.

Entre los renunciantes se encuentra el Obispo de Osorno, Juan Barros.

En la declaración leída ante la prensa y sin posibilidad de preguntas, los prelados quisieron "pedir perdón por el dolor causado a las víctimas y al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones". Y luego dieron las gracias "a las víctimas por su perseverancia y valentía, a pesar de las dificultades personales, espirituales, sociales y familiares que han debido afrontar, tantas veces, en medio de la incomprensión y ataques de la comunidad eclesial".

Al finalizar su extenso testimonio, el exnuncio implora “especialmente a los obispos, que hablen para vencer esta conspiración de silencio que está tan extendida, y que denuncien los casos de abuso que conocen a los medios y a las autoridades civiles”.

Y tras este llamado, le pide al Papa que renuncie. “En este momento extremadamente dramático para la Iglesia universal, debe reconocer sus errores y, de acuerdo con el principio proclamado de tolerancia cero, el Papa Francisco debe ser el primero en dar un buen ejemplo a los cardenales y obispos que ocultaron los abusos de McCarrick y renunciar con todos ellos”, recomienda, como recientemente lo hizo la jerarquía de la Iglesia Católica de Chile.

El senador por Arizona murió este sábado como consecuencia de un agresivo cáncer cerebral y será recordado como uno de los "grandes" del Congreso. Voces de la comunidad hispana se han unido a esas alabanzas, aunque la relación con él no haya sido siempre la más armónica.

CARLOS CHIRINOS VÁSQUEZ

26 de Agosto del 2018- Empezó con el desafío de una candidata del ala republicana más radical a la que logró superar tras una dura batalla, para luego enfrentar a una rival demócrata que contaba con más apoyo del esperado. Y aunque el esfuerzo por lograr su sexto período en el Senado terminó exitosamente, el senador se impuso por “solo” el 14% de los votos, la diferencia más pequeña de su historial electoral.

La erosión del respaldo a McCain era síntoma de la dinámica en el estado fronterizo, tradicionalmente conservador, pero donde los cambios demográficos han ido alterando el balance político, al punto que algunos pronosticaban que en 2016 dejaría de ser ‘rojo’ y pasaría a ser ‘púrpura’, en una inevitable transición al ‘azul’ demócrata.

Y como en todos los estados del sur, esa transformación está alimentada por una creciente comunidad hispana que comprende ya el 31% de los habitantes, que tiene tendencias que los acercan más al Partido Demócrata.

Aunque a raíz de su muerte este sábado a causa de un agresivo cáncer cerebral, representantes latinos han expresado su admiración por quien será recordado como uno de los "grandes" del Congreso, la relación de John McCain con la comunidad hispana fue fluctuante.

Desde quienes le reconocían sus esfuerzos por resolver el caos del sistema migratorio, hasta quienes no se explicaban la súbita radicalización que le llevó en 2010 a apoyar la ley SB 1070, considerada una de las más fuertes contra la inmigración indocumentada antes de que la Corte Suprema anulara sus partes más polémicas.

Además, estaba el para muchos también inexplicable apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump, alguien que había despreciado su condición de héroe de guerra (por haberse “dejado capturar” en Vietnam) y quien también había insultado a los mexicanos (y por extensión a los hispanos) al llamarlos violadores.

Derrota frente a Obama

Cuando en las elecciones presidenciales de 2008 Barack Obama derrotó a McCain, el republicano no solo perdió la Casa Blanca, también perdió el avance que su partido había logrado con el voto hispano con George W. Bush, quien cuatro años antes obtuvo un respaldo récord para un candidato republicano de más del 40% de votantes de la comunidad hispana.

McCain solo obtuvo el 31% de apoyo latino, algo sorprendente considerando los esfuerzos que hizo en el Senado meses antes para promover el último esfuerzo bipartidista de reforma integral de la ley de inmigración, respaldada por el gobierno de Bush, pero que finalmente no fue aprobada por la oposición republicana a una idea que surgió de un presidente perteneciente a ese partido.

En realidad, el retroceso de McCain entre los hispanos se debió más al mal momento que vivía la economía con el inicio de lo que luego se llamaría la Gran Recesión y la impopularidad de la guerra en Irak, pero el tema migratorio que torpedearon los republicanos tuvo algún costo para sus aspiraciones presidenciales.

 

El presidente Donald Trump anunció este lunes el pacto preliminar con su vecino del sur al que quiere cambiarle el nombre. Indicó que Canadá podría unirse más tarde o negociarse un acuerdo diferente.

UNIVISION

 

27 de agosto del 2018- Después de casi un año de intentos fallidos, los gobiernos de Estados Unidos y México anunciaron que alcanzaron un acuerdo preliminar sobre ciertos términos del nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés).

El presidente Donald Trump anunció en un mensaje televisado desde la Oficina Oval, que el acuerdo alcanzado este lunes reemplazará al Nafta, según dijo el presidente Trump. "Veremos si Canadá puede ser parte del trato", dijo Trump.

El presidente dijo que el cambio de nombre se debe a las malas connotaciones que según él tiene el nombre del antiguo tratado.

"Es un gran día para el comercio. Es un gran día para nuestro país ", dijo Trump a los periodistas reunidos en la Oficina Oval previamente a la charla telefónica televisada entre él y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

Trump dijo que vería si Canadá podría ser parte del acuerdo, pero que era posible un acuerdo por separado con Canadá.

Por su parte, el mandatario mexicano indicó vía Twitter que "desea la reincorporación de Canadá" a las negociaciones. 

Si Trump desmantelara definitivamente Nafta y lo reemplazara con un acuerdo bilateral con México, sería uno de los más drásticos cambios hasta el momento en la política comercial de EEUU bajo la administración Trump.

Se espera que el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llegue a Washington este lunes o martes. Un portavoz de Freeland citado por The Washington Post dijo que Canadá estaba "alentada por el continuo optimismo mostrado por nuestros socios de negociación", pero que un acuerdo final requerirá una revisión cuidadosa.

"Solo firmaremos un nuevo TLCAN que sea bueno para Canadá y bueno para la clase media", dijo el portavoz.

Si Canadá no cierra el pacto, se abren muchas posibilidades inciertas para el futuro del tratado. Si Canadá acepta un nuevo acuerdo Trump debería notificar al Congreso y se abriría una ventana de 90 días antes de que el sucesor de Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, tome el cargo el primero de diciembre.

López Obrador ha apoyado las negociaciones pero es probable que busque cambios si el tratado no se completa antes de asumir la presidencia.

Por otra parte, según declaraciones del secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo a periodistas a la entrada de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de EEUU, Robert Lighthizer, que queda un "tema" por resolver.

El acuerdo con México se centra en las normas que rigen la industria del automóvil, resolviendo una gran fuente de fricción, pero deja de lado otros asuntos polémicos que afectan a los tres países.

Por esta razón, Peña Nieto conversó el domingo por la noche con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para ponerlo al tanto de los avances en las negociaciones y le expresó su interés de que Canadá se reincorpore.

Esta nueva versión del Nafta también necesitaría la aprobación del Congreso de Estados Unidosantes de que pueda entrar en vigencia, incluidos los votos de los legisladores republicanos que han criticado algunos de los planes del presidente para rehacer el acuerdo.

La renegociación del tratado fue una de las principales promesas de campaña del mandatario, quien llegó a la Casa Blanca en enero de 2017. Trump ha amenazado con retirarse del pacto si no se reelabora en beneficio de Estados Unidos.

En las últimas semanas, ambos países han mantenido conversaciones para resolver las diferencias en torno a la renegociación, sin embargo, los desacuerdos sobre el capítulo energético, el contenido regional en autos y una cláusula de extinción del tratado reclamada por el gobierno estadounidense habían trabado las conversaciones.

En días recientes, las conversaciones se complicaron por las diferencias en política energética de los gobiernos que terminan y comienzan en México.

El equipo de Andrés Manuel López Obrador se ha resistido a consagrar en el nuevo pacto la apertura del sector petrolero y gasífero promulgada por Peña Nieto, según personas cercanas a las negociaciones.

Pero el domingo, a su llegada a la sede del representante comercial estadounidense, el futuro representante comercial de México en la renegociación del TLCAN, Jesús Seade, dijo que el capítulo energético "está resuelto".

México quiere cerrar un acuerdo antes de que acabe agosto porque eso permitiría Peña Nieto, pueda firmarlo antes de abandonar el poder, el próximo 1 de diciembre.

 

DACA fue creado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama. Los estados demandantes argumentan que el expresidente abusó de su poder ejecutivo para cambiar la ley de inmigración sin la autorización del Congreso.

JORGE CANCINO

 

23 de agsoto del 2018- Una de las principales organizaciones activistas que apoyan a la comunidad inmigrante de Estados Unidos pidió el jueves a los 10 estados que en mayo se opusieron con una demanda a la restitución de la Acción Diferida de 2012 (DACA), que retiren sus acusaciones porque carecen de argumento y confunden a los beneficiarios del programa.

El Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense (Maldef), dice que un reciente fallo emitido por un juez federal del Distrito de Columbia le quita peso a los alegados presentados por los detractores del programa.

DACA fue cancelado el 5 de septiembre del año pasado por orden del presidente Donald Trump. Sion embargo, el 9 de enero una corte federal de California ordenó el restablecimiento del programa, pero advirtió que los dreamers que no se encontraban inscritos no podían solicitar el amparo de sus deportaciones.

El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un segundo fallo similar al de California.

La fecha elegida por el gobierno para cancelar el programa fue determinada por una advertencia hecha antes por el estado de Texas, quien amenazó con demandar al gobierno por la vigencia del programa que, a su juicio, es ilegal.

DACA fue creado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama. Los estados demandantes argumentan que el expresidente abusó de su poder ejecutivo para cambiar la ley de inmigración sin la autorización del Congreso.

 

El fallo de abril

Si bien los dictámenes de California y Brooklyn inquietaron a Texas y los otros nueve estados, la prohibición de aceptar nuevas solicitudes fue suficiente para no reactivar los esfuerzos por demandar al gobierno.

El 24 de abril la corte federal de Washington D.C. (Distrito de Columbia) falló a favor de restituir el programa en su totalidad, estableciendo un plazo de 90 días para que el gobierno presente nuevos argumentos acerca de por qué no debe aceptar nuevas solicitudes.

Una semana después, el 1 de mayo, Texas y otros seis estados (luego se sumaron tres), demandó al gobierno de Trump por la vigencia de DACA, programa que, insisten, es ilegal e inconstitucional.

La demanda no le exige al gobierno que expulse a algún beneficiario del programa, pero pide a las autoridades federales de inmigración que dejen de emitir o renovar los permisos en el futuro.

Maldef, sin embargo, advierte que si bien el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en varias ocasiones ha dicho que la demanda no constituye una amenaza para los actuales beneficiarios de DACA, sino solo para los futuros nuevos candidatos del programa, el peligro existe, porque “en su demanda, Texas desafía el programa en su totalidad, incluida la búsqueda de detener cualquier renovación para los destinatarios actuales", dice Thomas A. Saenz, presidente de la organización.

Sáenz agrega que el fiscal general de Texas “está interesado en que la gente crea, de manera incorrecta, que no está haciendo nada para amenazar a los inmigrantes que están trabajando” con una autorización otorgada bajo el amparo de DACA.

 

Decisión clave

El fallo del 24 de abril fue en respuesta a una demanda encabezada por la mexicana María Perales, una dreamer de la Universidad de Princeton y Microsoft.

La semana pasada, tras revisar la estrategia, el grupo presentó un recurso al juez John Bates, que preside la corte federal del Distrito de Columbia, que no se opondrán a la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de rechazar la recepción y tramitación de peticiones de DACA de soñadores que antes no habían solicitado el amparo.

Tres días después, el viernes, en un segundo fallo Bates ratificó el dictamen del 24 de abril que restituye DACA, pero exime al gobierno de aceptar nuevas solicitudes.

“Si detener nuevas aplicaciones de DACA era el principal interés de Paxton, entonces los estados deberían retirar la demanda”, dice Sáenz. “Pero Paxton no ha hecho nada” hasta ahora, agrega.

El fallo del juez Bates es positivo, le da un respiro al programa”, dijo la semana pasada a Univision Noticias Juan Manuel Guzmán, director de asuntos legislativos de United We Dream (UWD). 
Algunos dreamers ven la estrategia y el segundo fallo de Bates como un alivio que aleja las posibilidades de una nueva apelación por parte del Departamento de Justicia.

 

Qué dice Texas

La Procuraduría de Texas aclara que ha habido cierto grado de confusión en la manera en cómo se entiende la demanda de los 10 estados en contra de DACA.

“Lo que está desafiando Texas y los demás estados que participan en la demanda, es la totalidad del programa, la constitucionalidad de este. Ese es el enfoque de nuestra demanda”, dijo a Univision Noticias Teresa Farfán, encargada de las relaciones con la prensa en español de la Procuraduría General de Texas. “En cambio quienes lo defienden, demandaron la decisión que tomó el presidente Trump de cancelar DACA. Son cosas totalmente distintas”, agregó.

“Ese es el enfoque de nuestra demanda”, puntualizo Farfán. “Lo que se busca con nuestra acción legal, es que se detenga el programa en su totalidad. No estamos pidiendo que deporten a todo el mundo o que se quiten los permisos de trabajo que ya se dieron, sino que se elimine el programa y no pueda haber nuevas renovaciones”.

De ser así, el programa podría detenerse, pero los prmisos se trabajo de los casi 700,000 dfreamers beneficiados por DACA se mantendrían hasta que sus fechas de vencimiento caduquen.

Farfán dijo además que “esperamos en cualquier momento el juez federal Andrew S. Hanen emita un dictamen. No hay una fecha para dictarlo”.

En caso de un fallo a favor de los estados demandantes, "los otros tres dictámenes (California, Nueva York y Washingtin DC) dejan de existir, no se sostienen porque el juez Hanen ha dictaminado que el programa es ilegal", advirtió José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Los dreamers también aguardan, pero cruzan los dedos para que el dictamen sea favorable a ellos. “Personalmente todavía sigo a la espera del veredicto y saber lo que va a pasar con el futuro del programa”, dice Juan Escalante, director de comunicaciones de America’s Voice. “Los argumentos preliminares de la demanda de Texas, en cierta han forma han sido rechazados por los dictámenes de las tres cortes federales de California, Brooklyn y Washington DC”, agregó.

“A pesar de eso, los 10 estados siguen su campaña antinmigrante con el único propósito de fomentar el miedo, la inseguridad de los dreamers y de la comunidad inmigrante en general, al mantener la demanda”, precisó.

Escalante dijo además que, “no sabemos qué sucederá con DACA, pero cualquiera sea la decisión, nosotros como comunidad seguiremos con nuestras vidas, estudiando, trabajando y comprometidos a seguir luchando por nuestros derechos”, concluyó.

 

Por Amanda JacksonJustin Lear, CNN

23 de agosto del 2018 (CNN) – Durante un control de tránsito, las autoridades de Arizona dieron con un cargamento de drogas avaluado en un millón de dólares y explican que eso los llevó a descubrir un túnel de casi 182 metros de largo a través del cual se transportaban drogas: iba desde un antiguo restaurante de comida rápida en EE.UU. hasta una casa en México.

Todo comenzó el pasado 13 de agosto, cuando la Policía de San Luis, en Arizona, vio al dueño de un negocio abandonado sacando varios contenedores de plástico y subiéndolos a un remolque, de acuerdo a los documentos judiciales obtenidos por la afiliada de CNN KGUN.

Los agentes hicieron que el hombre detuviera el vehículo por una infracción de equipo no especificado. Durante el control de tráfico, un perro de narcóticos alertó a las autoridades sobre la presencia de drogas en dos contenedores.

Adentro de los objetos, la policía halló 239 paquetes de varias drogas, incluyendo más de 118 kilos de metanfetaminas, 6,3 kilos de cocaína, 13,6 kilos de heroína blanca, 6,2 kilos de heroína marrón y 3 kilos de fentanilo. La sola cantidad del fentanilo “se traduce en más de tres millones de unidades de dosis”, le indicó Scott Brown, agente especial de Seguridad Nacional, a la afiliada de CNN KYMA este miércoles.

La policía calculó el valor total de las dogas en más de un millón de dólares.

El sospechoso fue identificado en los documentos judiciales como Jesús Iván López García, quien enfrenta cargos federales incluyendo conspiración para la posesión con intención de distribuir metanfetamina y cocaína. CNN no ha podido determinar si López ya compareció ante un juez de EE.UU.

Según los registros del tribunal, López García compró la propiedad del túnel en abril de este año por 390.000 dólares. El lugar fue anteriormente un restaurante de la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken. La demanda penal presentada sostiene que “la estructura estuvo vacante los últimos años y no se usó para negocios”.

La policía registró el restaurante abandonado dos días después y descubrió la entrada a un túnel, relataron los documentos.

Funcionarios de Investigación en el Departamento de Seguridad Nacional le informaron a KYMA que el túnel tenía 6,7 metros de profundidad y se extendía bajo subterráneamente casi 182 metros a través de la frontera de San Luis Río Colorado, México, donde terminaba en una puerta falsa debajo de una cama. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente las solicitudes de CNN para comentar al respecto.

La frontera entre Estados Unidos y México –por la que el túnel pasa bajo tierra– está protegida por dos vallas fronterizas, según los documentos judiciales.

“Este túnel estaba muy bien construido y cavarlo le debió llevar a esta Organización de Narcotráfico mucho tiempo, también debió ser muy costoso”, destacan los registros judiciales. En ese sentido, agregan que el pasaje subterráneo “necesariamente requirió una combinación de varios individuos en los dos lados de la frontera, involucrados en una intrincada y arriesgada conspiración para construir tal estructura secreta”.

En ocasiones anteriores se han encontrado túneles de contrabando debajo de la frontera entre México y Estados Unidos, construidos por organizaciones delictivas para traficar drogas y personas hacia el último país.

En 2016, un túnel de drogas de casi 0,8 kilómetros de largo fue hallado bajo la frontera entre California y México. La construcción empezaba en una casa en Tijuana, México, y terminaba en el bario Otay Mesa de San Diego.

En 2012, la policía descubrió un “sofisticado túnel de tráfico de drogas” que comenzaba dentro de una planta de hielo en San Luis Río Colorado, México, y terminaba dentro de un edificio de una sola planta en San Luis, Arizona. La policía supo del túnel después de que un control de tráfico incautara más de 17 kilos de metanfetamina.

Jackie Castillo y Chris Boyette, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.

Tras el reconocimiento de culpabilidad del exabogado personal del presidente, Michael Cohen, y el juicio de Paul Manafort, quien fue hallado culpable, se abre una nueva dinámica en la presidencia. Te explicamos qué puede pasar.

CARLOS CHIRINOS VÁSQUEZ

 

23 de agosto del 2018- Un presidente en ejercicio es acusado de haber cometido una ilegalidad por alguien que dice haber participado en ella. Fue lo que hizo el abogado Michael Cohen con su antiguo cliente, el actual presidente Donald Trump y desató una tormenta legal que puede terminar teniendo serías implicaciones políticas para su presidencia.

Bajo juramento, ante una corte en Nueva York, Cohen reconoció haber violado leyes federales que rigen las finanzas de las campañas electorales al coordinar los pagos a la exactriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDouglas para que las historias de sus supuestos encuentros sexuales con Trump no se conocieran públicamente.

Cohen afirmó que lo hizo para “influir” en los comicios de 2016 y que recibió la instrucción de parte de “un candidato”, identificado como “Individuo 1” en el texto de la acusación que más adelante señala como el que ganó la presidencia en 2016. No parecía haber hecho falta ese dato para que todos supieran que se trataba de Trump.

Ni el caso de Cohen, ni el del exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, quien este martes simultáneamente fue encontrado culpable de ocho cargos de fraude fiscal, tienen que ver con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre posibles vínculos entre la campaña republicana y operarios rusos para afectar a la demócrata Hillary Clinton.

 

1 - ¿Puede ser enjuiciado?

Hay que considerar que hasta ahora lo que existe es una acusación por parte de Cohen inculpando al entonces candidato republicano para “influir en las elecciones” evitando que historias sobre relaciones extramaritales que dos mujeres aseguran que tuvieron con Trump en 2006 fueran publicadas en las semanas previas a las elecciones de noviembre de 2016.

Por lo general, cuando durante una investigación surge el nombre de otro posible involucrado, los fiscales solicitan a la persona señalada para averiguaciones y, eventualmente, acusarla formalmente, si se demostrara que está realmente involucrada.

En el caso de un presidente, la historia es distinta. Aunque se reconoce que constitucionalmente no goza de inmunidad, existe un área gris que el Departamento de Justicia ha tratado de acotar con lineamientos adoptados por su Consejería Legal y que desaconsejan citar judicialmente a un presidente o presentarle cargos criminales.

En realidad, nunca se ha intentado encausar a un presidente. El Departamento de Justicia trata con menos severidad a la persona en la Casa Blanca en consideración a la gravedad de las responsabilidades que conlleva su cargo.

“La acusación o procesamiento criminal de un presidente en funciones socavaría inconstitucionalmente la capacidad de la rama ejecutiva de llevar a cabo las funciones que tiene constitucionalmente asignadas” es el resumen de la explicación del Departamento de Justicia en la última revisión que hizo del texto en octubre del 2000.

Se entiende que el castigo para el mandatario debe ser primero político, a través del impeachmenten el Congreso. Luego, una vez fuera del cargo, podría pasar a manos de los tribunales.

Pero si un fiscal, por considerar que hay acusaciones sumamente graves se saltara esas normas internas y presentara un caso contra el presidente, con toda seguridad el asunto entraría en un debate legal que llegaría hasta la Corte Suprema de

 

Justicia.

2 - Qué pasó con Nixon y Clinton

Con los presidentes Richard Nixon (1969-1973) y Bill Clinton (1993-2001) se puso a prueba la tesis de la virtual inmunidad del presidente. Ambos fueron sujetos de investigaciones especiales.

Nixon por el escándalo de espionaje en las oficinas del Partido Demócrata conocido como el caso Watergate, que condujo a su renuncia al cargo antes de enfrentarse a la posibilidad de ser destituido por el Congreso por su rol en el encubrimiento del crimen.

Clinton por el llamado caso Lewinsky, luego que se demostró que había mentido bajo juramento durante una investigación federal al negar su relación con la empleada de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.

En el caso de Clinton, se trató de la primera vez en la historia que un presidente declaraba ante un gran jurado. Aunque el mandatario fue citado formalmente, él accedió a dar su testimonio voluntariamente dentro de la investigación de la demanda de Paula Jones, una exempleada de la gobernación de Arkansas que lo acusaba de acoso sexual.

Tras acogerse a esa virtual inmunidad de los presidentes en ejercicio, Clinton accedió a acudir al gran jurado luego de que la Corte Suprema determinara que sí podía ser citado a declarar por asuntos ocurridos antes de su llegada a la Casa Blanca.

En cambio, Nixon si tuvo que responder a una citación legal, pero no para declarar sino para entregar documentos de la presidencia, como las grabaciones de conversaciones en la Oficina Oval, donde al final se encontró la evidencia sobre cómo el presidente había sido parte de una conspiración para influir una investigación federal usando agencia del gobierno, como la CIA.

Pero ni Nixon, ni Clinton se vieron nunca forzados a testificar en un juicio criminal en su contra, ni fueron nunca procesados por posibles delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos.

Clinton sobrevivió el juicio político que le habría el Congreso y Nixon renunció a la presidencia antes de que ese procedimiento se pusiera en marcha, ante la convicción de que no podría sobrevivirlo y que el trauma para el país sería demasiado costoso.

 

3 -¿Puede ser destituido por impeachment?

La culpabilidad reconocida de Cohen y demostrada de Manafort reavivó las expectativas de quienes creen que Trump puede ser sometido a juicio político o impeachment.

Lo cierto es que, hasta los señalamientos de Cohen, no ha surgido nada en la investigación del llamado ‘Rusiagate’ que indique algún tipo de comportamiento ilegal de su parte. Incluso, la acusación de Cohen no tiene que ver con lo que investiga el fiscal especial Mueller.

“Cuando el exabogado de Trump aporte detalles a los fiscales federales, esos detalles pueden ser solicitados formalmente por el Congreso y formar la base de un proceso de juicio político al presidente”, explicó a Univision Noticias el ex fiscal federal David Iglesias y actual director del Centro Wheaton para Fe, Política y Economía de Illinois.

Solo a dos presidentes en la historia de EEUU se les ha iniciado el proceso de impeachment: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. Ninguno fue destituido por falta de votos suficientes en el Senado, que necesita una 'permayoría' o dos tercios de los votos para destituir al procesado.

Iglesias advierte que todo puede depender del balance de poder en el Congreso tras las elecciones de mitad de periodo de noviembre.

“Si hay una nueva Cámara de Representantes controlada por el Partido Demócrata, ese puede ser el posible escenario. El Senado, sin embargo, si todavía sigue bajo mayoría republicana puede no estar de acuerdo con los artículos de la acusación”, indica Iglesias recordando que en estos procesos la cámara baja actúa como parte acusadora y la alta como tribunal.

Otro aspecto que podría complicar la perspectiva de un juicio en el Congreso es que los supuestos crímenes ocurrieron antes de que Trump llegara a la Casa Blanca y aunque la Constitución no indica en qué momento debieron haber ocurrido los “crímenes o faltas” para procesar al presidente,

“ Sería políticamente difícil, si no imposible, enjuiciar a un presidente por actividades que pasaron hace varias décadas” reconoce Amy E. Black, del departamento de Política y relaciones Internacionales del Wheaton College.

“Pero Michael Cohen se declaró culpable de violar leyes de financiación de campaña en las elecciones de 2016. Aunque eso sucedió antes de que Trump asumiera el cargo. Están directamente conectadas a la elección que resultó en su triunfo”, añadió.

 

4 - La defensa presidencial

La mayor defensa es el ataque. Esta parece ser la máxima del presidente desde sus tiempos de agresivo empresario inmobiliario.

Y lo demuestra el que su primera reacción a los señalamientos de Cohen hayan sido descalificaciones contra quien hasta enero era su fiel abogado, empezando por un comentario en Twitter que pretendía ser irónico, pero que sonó algo adolescente diciéndole a quienes necesitaban un buen abogado que no se les ocurriera contratar a Cohen.

“Podemos decir con seguridad que la tormenta de tuits no tiene precedentes, pero no es inusual que los presidentes ataquen, usualmente mediante su equipo o filtraciones anónimas, a los investigadores especiales que los investigan a ellos o a miembros de su administración”, aseguró a Univision Noticias Eric Freedman, especialista en derechos constitucionales de la Universidad de Hoftra, en Nueva York.

La intención del presidente y su equipo es presentar al exabogado como un "mentiroso", una persona poco confiable que acordó declararse culpable para reducir la severidad de la pena por los delitos de los que se le acusaba.

Además, el presidente asegura que los cargos de los que su exabogado se declaró culpable no representan un crimen. (Aunque Trump no dice cómo se explica que curtidos fiscales federales y un juez hayan aceptado que un ciudadano asuma responsabilidad por algo que no sería un crimen a ojos de la ley).

La tarde del miércoles, Trump ofreció una entrevista en Fox News en la que dijo que no era un crimen porque ese dinero pagado a Daniels y McDougal no salió de los fondos de campaña, sino que los aportó él, pese a que segundos antes afirmara que él supo de esos pagos después de que se realizaron.

Todas las ‘aclaratorias’ que se han hecho desde que se conoció el caso de Stormy Daniels lo que han hecho es enredar cada vez más la historia de lo que sabía o no sabía la Casa Blanca. De hecho, entre Cohen, Trump y el actual abogado privado del mandatario, Rudolph Giuliani, han cambiado la historia unas siete veces.

 

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    (CNN). 21 de enero del 2019 — Las autoridades venezolanas han detenido a un grupo de soldados amotinados por robar armas de un puesto de avanzada de la Guardia Nacional, según un comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
    “Las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales informan al pueblo de Venezuela que, en la mañana del 21 de enero, aproximadamente a las 2:50 am (1: 50aET), un pequeño grupo de asaltantes asignados a la 43a Zona de Mando de la Guardia Nacional Bolivariana violó su juramento de lealtad al país y sus instituciones”.

    “Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad, están motivados por oscuros intereses de extrema derecha y son contrarios a las leyes elementales de disciplina militar, honor y tradiciones de nuestra institución”, añadió Padrino.

    La declaración continuó: “Los “delincuentes” robaron dos vehículos militares, robaron armas de fuego y secuestraron, bajo amenaza de muerte, a oficiales y dos miembros de la Guardia Nacional”.

    “Los delincuentes se rindieron y fueron capturados en la sede de la unidad de seguridad especial en Cotiza, en el municipio de Libertador”, agrega el comunicado. “Durante su detención, pudimos recuperar las armas robadas y en este momento, están brindando testimonio a los organismos nacionales de inteligencia”.

    “Aplicaremos todo el peso de la ley a estas personas”, concluye.

    La declaración dijo que el levantamiento había sido sofocado y que las instalaciones militares del país seguían funcionando como de costumbre, “todas nuestras unidades operativas, dependencias administrativas e institutos de educación están funcionando con una normalidad completa y absoluta”.

     

    Lo que sabemos de lo sucedido en Cotiza

    Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Venezuela el lunes acordonaron varias calles alrededor del comando de la Guardia Nacional, en Caracas, según Simón Rodríguez, periodista fotográfico de CNN en Español que está en la escena.

    Las autoridades están reaccionando ante varios manifestantes que tomaron las calles mostrando su solidaridad con un hombre que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional venezolana en un puesto de avanzada en Caracas que pidió la destitución del presidente Nicolás Maduro, en un video que ha circulado este lunes en las redes sociales.

    Las fuerzas de seguridad están tratando de controlar las protestas con gas lacrimógeno, pero más personas continúan uniéndose a ellas, informa Rodríguez.

  • La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

    La Acción Diferida de 2012 (DACA) se encuentra vigente por orden de los tribunales de justicia, quienes anularon la cancelación del programa ordenada por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. El beneficio protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.

    JORGE CANCINO

     

    22 de enero del 2019- La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

    Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

    Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

     

    Los dreamers aplauden

    “Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

    “Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

    Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

    “Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

    El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

    El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

    Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

    El plan de Trump para reabrir el gobierno: extender DACA y TPS (programas que él canceló)

    El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

    Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

    El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

    A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El fallo le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

    La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.

     

  • Trump dispuesto a legalizar a dreamers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    JORGE CANCINO

     

    Durante la alocución prevista para este sábado en la tarde, el presidente Donald Trump ofrecerá aceptar un plan para legalizar a los dreamers protegidos por DACA y restablecer los Estatus de Protección Temporal (TPS) eliminados durante su mandato, a cambio de que el Congreso le autorice los $5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.

    La información fue confirmada a Univision Noticias por fuentes familiarizadas con la oferta, que no estaban autorizadas para hacer una declaración pública y que conversaron bajo condición de anonimato.

    Se prevé que los fondos formarán parte del paquete de presupuesto de gastos de lo que resta del año fiscal 2019, un debate que fue suspendido el pasado 21 de diciembre y que provocó un cierre parcial del gobierno, dejando a más de 800,000 trabajadores federales sin salario.

    Trump argumenta el pedido de fondos y la construcción del muro a una situación de emergencia nacional en la frontera, donde miles de inmigrantes han llegado en los últimos años tratando de ingresar de manera indocumentada al país.

    Los demócratas, por su parte, responden que el mandatario fabricó la crisis para exigir fondos que le permitan cumplir con sus electores, y que el muro se ha convertido en su principal plataforma de campaña de reelección del 2020.

    Agregan que las oleadas de migrantes datan desde por lo menos 2014. Se trata de personas que huyen de sus países (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y se presentan en la frontera en busca de asilo.

    Las explicaciones, sin embargo, no son aceptadas por el mandatario, quien insiste en que los migrantes constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que la única manera de detenerlos es construyendo un muro. Y exige al gobierno de México que los contenga y evite que lleguen a la frontera.

    “México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México, pero ellos no pueden atravesar nuestro Muro, pero se necesitan muchos agentes de la frontera si no hay un Muro. ¡No es fácil!”, escribió esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    Al ser consultada por Univision sobre este escenario, Cristina Jiménez, la directora ejecutiva de la principal organización de dreamers, United We Dream, señaló: “Desconfiamos de lo que él (Donald Trump) ofrezca. Él ha causado mucho sufrimiento a nuestra comunidad. No podemos confiar en sus promesas y negociaciones. Tenemos mucho escepticismo porque ha creado mucho dolor en nuestra comunidad”.

     

    Qué dicen los demócratas

    La oposición demócrata fue sorprendida este sábado con la propuesta de Trump. A medida que se ha ido conociendo parte de la propuesta del mandatario, convocaron a reuniones a puertas cerradas para debatir una estrategia y encarar dos temas clave:

    Aprobar el presupuesto, incluyendo los $5,700 millones que exige el presidente, y reabrir inmediatamente el gobierno tras el cierre parcial que comenzó a primera hora del pasado 22 de diciembre.

    Darle a Trump el dinero para que levante el muro y cumpla su principal promesa de campaña, tema central de su reelección para el 2020.

    “No tenemos una postura a este momento”, dijo una fuente demócrata conocedora de las reuniones poco antes del anuncio del mandatario. “Queremos ver un compromiso de que el Presidente aceptará lo que el Congreso le envíe a su escritorio, no queremos que el Congreso debata lo que él quiere”.

    Otra fuente, que también pidió el anonimato, dijo que en el debate por el tema migratorio “no solo deberían estar los dreamers y los migrantes con TPS”, en referencia a los otros 9 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace varias décadas.

    Fuentes de la Casa Blanca dijeron que la propuesta del presidente sólo incluye DACA y “algo sobre el TPS”. No mencionaron al resto de indocumentados.

     

    La oferta no es nueva

    En enero del año pasado Trump utilizó la misma oferta para conseguir dinero para el muro, durante el debate del presupuesto de gastos del 2018. Pero en aquella ocasión los republicanos, que controlaban ambas cámaras del Congreso, no le dieron el dinero y los dreamers se quedaron sin estatus legal de permanencia.

    Los dreamers, sin embargo, advirtieron que el plan del Presidente es usarlos a ellos como moneda de cambio para construir el muro y fortalecer su política de tolerancia cero, incluida la fuerza nacional de deportaciones.

    Entre las medidas que temen los soñadores se cuenta la deportación de millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.

    “Quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a los otros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares, en el banquillo de las deportaciones”, dijo en aquella oportunidad Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

     

    La historia de DACA

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. El programa ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El 5 de septiembre de 2017 Trump ordenó la cancelación del programa y le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para aprobar una legislación que regularizara la permanencia de hasta 1.8 millones de dreamers.

    La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por el estado de Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno de Trump si no procedía a eliminar el programa.

    El 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco anuló la orden y dispuso el restablecimiento del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre, dictamen que le quitó la presión al Congreso para legislar sobre el tema.

    Otras tres cortes emitieron dictámenes similares, por lo que el programa sigue vigente. En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise las sentencias y decida sobre la legalidad de DACA, fallo que podría ser anunciado en el verano.

     

    Historia de los TPS

    En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

    La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

    La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

    Pasaron los meses y el 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

    El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

    El pasado 3 de octubre, un juez federal de San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de acabar con los TPS, y aseguró que la decisión del gobierno podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

     

  • Las bacanales de 'El Chapo' Guzmán

    Modelos colombianas, actrices y hasta una experta en rejuvenecimiento visitaban asiduamente al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus campamentos para realizar lo que una fuente describió a Univision como "brigadas de sexo y salud".

    GERARDO REYES

     

    18 de enero del 2019- Todo el mundo quedaba contento. 'El Chapo', porque se había acostado con una mujer bella. La mujer, porque ganaba buen dinero y el intermediario entre los narcos y la mujer porque se quedaba con un porcentaje no despreciable.

    Así resume Carlos el ciclo de un negocio del que fue un feliz beneficiario: la contratación de mujeres hermosas que una o dos veces al mes viajaban a los campamentos de Guzmán para satisfacer su desaforado apetito sexual.

    "Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente", relató. "Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera’".

    Carlos es el nombre ficticio de un hombre que estuvo en las entrañas de los carteles de la droga y que relató esta historia con la condición de no revelar su verdadera identidad. Univision confirmó con otras fuentes su participación en los carteles mexicanos y las conexiones con los colombianos. Carlos colaboró con el gobierno de Estados Unidos.

    Mientras recordaba con los reporteros de Univision sus años de aventuras con droga, dinero y mujeres, pasaba con su índice cientos de fotografías en su teléfono celular. Al encontrar las imágenes de las jóvenes, conocidas en Colombia como 'prepagos', celebraba con una sonrisa.

    "Esta estuvo allá, es modelo", comentó. "Esta es actriz", dijo al reconocer a una trigueña que trabajó en una narconovela.

    'El Chapo' las prefería colombianas, según él, no solo por su belleza sino por su dulzura y simpatía. La mayoría de las veces Guzmán no escogía la modelo con quien quería pasar la noche. Las deficientes comunicaciones en las áreas remotas donde se movía, dificultaban el envío de fotografías.

    Así que un grupo de mujeres y hombres proxenetas colombianos que se presentan como sofisticados 'mánagers' de la farándula y que son expertos en manejar los gustos de los narcos de su país, explicó la fuente, se encargaban de escoger a las acompañantes de Guzmán y de sus hombres de confianza.

    Según Carlos, el promedio que se le pagaba a cada visitante era de unos 10,000 dólares más los gastos de transporte desde Colombia hasta Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

    "Aunque había casos especiales de modelos muy costosas a quienes les pagan 20 o 25 mil", agregó.

    Sostuvo que los ayudantes de 'El Chapo' llevaban a las jóvenes a un rancho de maizales situado a unos 30 minutos de Culiacán. Allí las muchachas debían entregar sus teléfonos celulares y sus iPads antes de abordar las avionetas que las llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental, el inmenso refugio montañoso que Guzmán usaba con más frecuencia para esconderse.

    Todas pasaban por la prueba de nervios del vuelo de las avionetas de Guzmán a ras de los picos de los cerros y el espantoso aterrizaje en pistas de tierra muy cortas que terminaban en un pronunciado ascenso construido para desacelerar la avioneta.

    Guzmán tenía más de una docena de campamentos en la sierra. Los testigos los describen como construcciones sencillas que se mimetizan en sitios con abundante vegetación en medio del paisaje árido de la cadena montañosa.

    Los refugios, equipados con luz eléctrica, aire acondicionado, cocinas y cuartos muy austeros para huéspedes, señaló Carlos, estaban situados a una media hora o 45 minutos de las pistas de aterrizaje en cuatrimoto. Según lo han descrito testigos en el juicio que se realiza en contra de Guzmán en una corte de Brooklyn, estos escondites de paso estaban vigilados por un primer círculo de unos 200 hombres mientras que en el entorno cercano al capo se apostaban de 20 a 30.

    Las visitantes eran llevadas en cuatrimotos a los campamentos donde las esperaba una febril jornada de música, licor y sexo que podría extenderse durante dos o tres días, afirma Carlos.

    "Las muchachas se entretenían además disparando armas y manejando las cuatrimotos", dijo.

    El baile se hacía en palapas o kioscos abiertos, unas veces animado por bandas que tocaban los corridos preferidos de Guzmán y otra con equipos de sonido, agregó.

    Las modelos comentaban que 'El Chapo' sacaba provecho hasta el último minuto de sus encuentros sexuales, sostuvo Carlos. "Decían que no paraba en toda la noche".

    Al final de la jornada la advertencia a las mujeres era intimidante, recuerda Carlos: "Ustedes no vieron nada, no escucharon nada, esto nunca ocurrió en sus vidas", les decían.

     

    Las aventuras de 'Avatar'

    En los últimos ocho años, los hombres más cercanos a Guzmán fueron el colombiano Alex Cifuentes y el mexicano Dámaso López, conocido como 'El Licenciado'. Cifuentes, heredero de una familia que manejó la flota mercante más grande al servicio de los carteles de la droga, fue arrestado a finales de 2013. Negoció con la Fiscalía y declaró en el juicio en Brooklyn que se convirtió en la persona más importante del acusado.

    "No solo era su mano derecha sino la izquierda", dijo.

    Con el tiempo adquirió un marcado acento mexicano que lo hacía pasar por un local, explicó Carlos. Cifuentes participaba en las bacanales de la sierra, pero sin beber licor por cuanto sufre de una enfermedad del páncreas. 
    El colombiano conoció a una modelo colombiana con quien tuvo una hija. Univision intentó hablar con la modelo.

    Una mujer que se presentó como la madre de la modelo respondió que ella estaba trabajando en el exterior y al pedirle más detalles de su relación con Cifuentes explicó en un correo electrónico: "Nosotras no sabemos absolutamente nada ni queremos saber, por seguridad sabemos que eso lo manejan en el FBI’".

    Cifuentes contaba con otra mujer colombiana que se encargaba de reclutar modelos y de sus negocios personales. Su nombre, según su testimonio en la corte es Andrea Vélez Fernández.Carlos sostiene que los apellidos fueron invertidos en la corte. En su testimonio Cifuentes se refiera a ella como "mi secretaria".

    De acuerdo con Cifuentes, como Andrea tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México, Guzmán le pidió que organizara una reunión con algunas de ellas y un general del Ejército mexicano. La orden era ofrecerle un soborno de 10 millones de dólares al militar a cambio de "dejarlo a él (Guzmán) en paz", dijo Cifuentes.

    Si Andrea lograba convencer al "cachuchón", como se referían en los correos electrónicos a los líderes narcotraficantes al militar, ella recibiría un millón de dólares. Según Cifuentes el militar se negó. "El general odiaba mucho a Joaquín", declaró.

    Guzmán no creyó en esa versión, explicó Cifuentes. Comentó que Andrea era una mentirosa y ordenó que la mataran. Cifuentes admitió que estuvo de acuerdo con la decisión y se puso en la tarea de buscar a la persona que haría el trabajo. No solo para matarla a ella sino a un ayudante en Canadá llamado Steven Tello de quien 'El Chapo' sospechaba que estaba robándose dinero de la venta de drogas.

    Cifuentes dijo que se reunió con miembros de la pandilla Hells Angels para contratar al sicario. En medio de esa búsqueda fue arrestado en Culiacán el 12 de noviembre de 2013. Andrea y Tello se salvaron.

    Alex Cifuentes declaró en una corte federal que Guzmán ordenó la muerte de su asistente Andrea Fernández, luego de que no logró sobornar a un militar.

    Conocida como 'Avatar' por su parecido a la protagonista de la película, Andrea nació en Medellín, Colombia. Fue adoptada por una pareja de colombianos que ha vivido en el sur de la Florida. 'Avatar' trabajó como agente inmobiliaria en Miami.

    Por sus gestiones como asistente de negocios y placeres del cartel ganaba unos 5,000 dólares mensuales, afirmó Carlos.

    "Es una mujer de una personalidad muy fuerte, aguerrida, echada pa' lante, mal hablada, a veces metía cocaína que inhalaba en un cuchillo", recordó.

    Alrededor de 2013, vivía en el penthouse de un edificio de Polanco, en Ciudad de México, y trabajaba en una oficina de abogados cercana a su apartamento. La oficina estaba bajo la dirección de su novio, un abogado mexicano con "buenas conexiones" con el alto gobierno de México, dijo Carlos.

    Un residente del edificio dijo a Univision que no recordaba que en el penthouse hubiera vivido una mujer colombiana.

     

    Ampollas de juventud

    Otra de las asiduas visitantes a los campamentos de Guzmán era una mujer experta en terapias de rejuvenecimiento, afirma Carlos. Había hecho cursos en Europa de tratamientos antivejez que ponía en práctica con Guzmán.

    "Le aplicaba inyecciones en la cara y le cuidaba la piel, porque la piel de 'El Chapo' estaba siempre llena de picaduras de mosquitos, raspones por todos lados de cuando andaba en el monte", dijo Carlos.

    La misma mujer hacía brigadas de vacunación de los hombres de Guzmán.

     

    La reportera de Univision Investiga Peniley Ramírez contribuyó con este reportaje

  • ¿De qué crisis en la frontera habla Trump? Informes de su gobierno ponen en duda la necesidad de un muro

    Trump ha elegido la construcción del muro como el centro de su estrategia para 2020, tratando de repetir el éxito de 2016. Pero los números parecen estar en su contra.

    Por: JORGE CANCINO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    18 de enero del 2019- Seis semanas después de las elecciones de medio término, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump radicalizó su discurso con miras a la reelección del 2020. Y tal como sucedió en la campaña anterior, el eje central de su estrategia vuelve a ser la construcción del muro en la frontera con México.

    Trump les advirtió a los líderes demócratas del Congreso que estaba dispuesto a cerrar por largo tiempo una parte del gobierno si no le aprobaban, dentro de lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal, 5,700 millones de dólares para construir el muro.

    Trump argumenta que en la frontera hay una crisis que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y asegura que, si el muro no es construido como prometió a sus electores en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el crimen, la violencia y las drogas se ensañarán con los estadounidenses.

     

    Cierre parcial

    El 22 de diciembre terminó sin ningún acuerdo el plazo para la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso y el presidente cumplió su palabra y provocó un cierre parcial del gobierno federal que dejó a más de 800,000 empleados federales sin salario.

    “La seguridad fronteriza efectiva debe reducir dramáticamente la entrada de inmigrantes ilegales, criminales y drogas”, escribió el mandatario en una carta enviada al Congreso el 4 de enero. “Debe mantener fuera a los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y a aquellos que de otro modo serían inadmisibles bajo la ley. Y debe garantizar que quienes ingresan sin permiso legal, puedan ser devueltos a sus hogares de manera rápida y segura”.

    Desde el cierre del gobierno –y con más frecuencia que antes– el presidente se dedicó a tuitear sobre el tema. Entre el 22 de diciembre y el 16 de enero tuiteó 80 veces sobre la frontera, hablando de la crisis y acusando a los demócratas de estar en contra de la seguridad fronteriza.

     

    Tema de campaña

    Ese día (16 de enero) Trump despejó las dudas sobre la importancia del tema para la campaña del año 2020. “Cada vez es más obvio que los demócratas radicales son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur. # 2020!”, escribió en su cuenta de Twitter.

    Pero no todos ven con buenos ojos la estrategia. “Seguir con la retórica del muro solo le refuerza una base electoral que es extremista y que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, advierte Roberto Izurieta, director del departamento de política latinoamericana y campañas políticas de la Universidad George Washington. “Esa base extremista y minoritaria, con sus voceros -o expresiones en algunos medios o periodistas extremos-, parece que le es muy importante, al menos emocionalmente”.

    Izurieta agrega que, con este discurso, “Trump está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le de viabilidad a su gobierno y éxito político, entendiendo que ya tiene en mira la reelección presidencial del 2020”.

     

    Los números de la frontera

    Trump convirtió el tema del muro (que fue una de sus promesas electorales en 2016), en el centro del enfrentamiento con los demócratas con miras s 2020. Pero, ¿Es tan insegura la frontera como la presenta el presidente? ¿Entran cada año tantos criminales y drogas por ella como asegura la Casa Blanca? ¿Es la frontera abierta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?

    Son varios los estudios y los datos producidos por centros académicos de reconocida credibilidad y por entidades del propio gobierno que ponen en cuestión las afirmaciones del presidente. Comenzando por el flujo de inmigrantes que entran de manera ilegal al país y alimentan la población indocumentada.

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, actualmente viven en el país unos 10.7 millones de inmigrantes indocumentados. Entre 2007 y 2008 (el pico máximo) la cifra estimada era de 12.2 millones, una baja del 13%. Por tanto, la inmigración no autorizada en vez de estar aumentando, como afirma Trump, ha descendido. 

    Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS) “Las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos ha descendido de manera dramática en los últimos años. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera sur, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones en la actualidad. 

    Se podría pensar que la cifra de aprehensiones ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades. Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.

     

    Más seguridad que nunca

    Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Interna sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

    Según el reporte, el número de cruces no detectados ha caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación). 

    “La seguridad en la frontera suroeste es mayor que nunca”, asegura un artículo de FWD.us­, una organización integrada por directivos del sector de alta tecnología, entre ellos Google y Facebook, cuya misión es educar al público sobre las políticas de inmigración y las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. “El Congreso ha invertido millones de dólares en las últimas dos décadas para desplegar infraestructura, tecnología y personal para asegurar la frontera, y esta inversión ha dado resultados”.

    Y si quedaran dudas, el mismo reporte del DHS (publicado hace menos de un año, durante la administración Trump), dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas)”.

    “Hay más infraestructura, tecnología y agentes fronterizos en la frontera suroeste que en cualquier otro momento de la historia, lo que ha dado como resultado menores intentos de cruzar ilegalmente y mayor probabilidad de que sean detectados”, dice el artículo de FWD.us. 

     

    Un coladero de drogas

    Un argumento que ha utilizado el presidente Trump (y ha vuelto a utilizar, cada vez con más fuerza) es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras, como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dice un artículo reciente de The New York Times, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.

    Datos de la Patrulla Fronteriza muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisa en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados de la Unión Americana) viene por los puertos de entrada y no por la frontera abierta. 

     

    La criminalización de los inmigrantes

    Otro argumento ­–que el presidente suele acompañar con declaraciones dramáticas de personas afectadas– es que por la frontera entran todos los días cientos de criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses: lo que se ha dado en llamar la “criminalización de los inmigrantes”.

    En este aspecto, las cifras del gobierno también son muy dicientes. En el año fiscal 2018 (faltando solamente el mes de septiembre para consolidar las cifras), la Patrulla Fronteriza aprehendió un total de 361,993 migrantes que pretendían ingresar de manera ilegal al país. De ese total, solamente 6,259 (1.7%) tenían antecedentes criminales, y el delito que habían cometido era un ingreso ilegal al país o un DUI. Solo 3 habían sido convictos por homicidio, y solo 78 por agresión sexual.

    La Oficina de Operaciones de Campo (otra rama del CBP) detectó otros 10,572 migrantes con antecedentes criminales, que hacían parte de un grupo de 204,288 personas que trataron de entrar legalmente al país por los puertos de entrada (no por la frontera abierta) y fueron declaradas inadmisibles. Un caso más en el que funcionaron muy bien los controles existentes. 

    La “criminalización” que ha hecho el presidente no cobija solo a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, sino a todos los indocumentados (incluidos los que llevan años viviendo en el país). Si los indocumentados delinquen más que los nativos es un tema difícil de medir, como lo dice el artículo de The New York Times. Pero un estudio que cita el mismo diario, hecho por el Instituto Cato (de tendencia conservadora), muestra que en el caso de Texas (un estado con un número alto de inmigrantes), la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados es menor que la de los nativos estadounidenses.

     

    ¿Para qué sirve el muro?

    En un informe de marzo de 2018, la GAO (la Oficina de Contabilidad del Gobierno) fue muy crítica con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), porque según ella “no ha desarrollado métricas que sistemáticamente usen los datos que recopila para evaluar las contribuciones de las vallas fronterizas a su misión, tal y como lo recomendó la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) en su momento”.

    Y en uno más reciente, de julio de 2018 (producto de una auditoría realizada entre octubre de 2017 y junio de 2018),la misma GAO, refiriéndose a las obras realizadas en la administración Trump, dice que “procediendo sin una información adecuada sobre costos, bases de adquisición, y aportes de las vallas y la tecnología desplegadas anteriormente, el DHS enfrenta un gran riesgo de que el programa relacionado con el muro fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado, o no dé los resultdos esperados”.

    Esa puede ser una explicación del giro que ha dado el presidente en cuanto a la naturaleza del muro. De hablar de un gran muro de concreto –del que se hicieron varios prototipos–, el presidente a pasado a hablar de una barrera metálica, menos ambiciosa pero, según él, igual de efectiva. El cambio dio lugar a la aparición de lo que parecían ser memes que mostraban perforaciones en la barrera, por donde podrían colarse los indocumentados.

    En realidad, no se trataba de memes. Era un recordatorio de la inutilidad de una barrera ante la voluntad inquebrantable de muchos migrantes de entrar a este país. Y tiene sustento, de nuevo, en los informes de la GAO. En el ya mencionado de marzo de 2018, hablando de los altos costos de mantenimiento que tiene el muro fronterizo, la oficina dice que entre tales costos el mismo CBP incluye la reparación de las brechas en muros y puertas que “aumentan la posibilidad de los migrantes de entrar al país sin impedimento”. Entre 2010 y 2015 “el CBP reportó un total de 9,287 brechas en barreras pedestres”.

     

    ¿Y por qué lo apoyan?

    Además de su base, el presidente ha contado hasta ahora con el apoyo irrestricto de los republicanos en su idea de construir el muro. Una fuente republicana conocedora de las discusiones a puertas cerradas en el Congreso para presionar a la Casa Blanca a que acepte un presupuesto con una cantidad menor a los $5,700 millones que exige Trump, dijo a Univision Noticias, bajo condición de anonimato, que “los miembros del partido en la Cámara apoyarán al mandatario tanto como puedan y sus votantes no los presionen”.

    Agregó que en el lado demócrata “también hay divisiones”, y que hasta ahora las posiciones se mantienen “porque el pueblo, los votantes, se han mantenido en silencio y no están presionando lo suficiente”.

    El cierre del gobierno, sin embargo, puede cambiar todo. “Viene la temporada de impuestos y los aeropuertos todavía están funcionando. Pero cuando todo se afecte y tan pronto el público presione a sus congresistas, ahí vamos a ver un aumento de exigencias a la Casa Blanca. Ese será el punto de inflexión en esta crisis. Todos saben que esto no puede seguir para siempre”.

    A la pregunta respecto a si los republicanos apoyarían una declaración de emergencia del presidente para conseguir de esa manera los fondos para construir el muro en la frontera con México, la fuente dijo que “si bien se reconoce que Trump tiene el poder y la opción de declarar un estado de emergencia, muchos republicanos en ambas cámaras y fuera del Congreso no quieren eso, porque se puede tomar como un abuso de poder”.

     

  • Sube a 66 el saldo mortal de la explosión de un ducto de gasolina en México

    Otras 76 personas resultaron heridas, señaló este sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El incidente ocurrió en una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan en la que más de 600 personas se encontraban en los alrededores del ducto, de acuerdo con la secretaría de Defensa.

    UNIVISION

     

    19 de enero del 2019- Al menos 66 personas murieron tras la explosión de un ducto en una toma ilegal de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México.

    El hecho ocurrido en la tarde del viernes también dejó a 76 personas heridas, entre ellos un niño de 12 años, señaló el sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en una rueda de prensa.

    Entre 600 y 800 personas personas robaban con cubetas y bidones el combustible de un ducto perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ocurrió el siniestro, señaló el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Las autoridades tardaron horas en contener el incendio.

    Testigos citados por medios indicaron que tras la explosión, las llamas se elevaban a más de 20 metros de altura y que la onda expansiva afectó a decenas de personas que estaban recogiendo gasolina muy cerca de la vía que conecta a Teltipan con Tlahuelilpan.

     

    Mantendrán estrategia ante del 'huachicoleo'

    En las últimas semanas el gobierno mexicano lanzó una estrategia para frenar el robo de combustibles y desplegó a 3,200 agentes para proteger ductos y refinerías. También ordenó el cierre temporal de ductos, lo que generó problemas en la distribución del combustible y, en consecuencia, escasez.

    La toma ilegal de combustible, conocida como "huachicoleo", es una vieja práctica que le ha costado a Pemex miles de millones en pérdidas anuales.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el sábado en que seguirán evitando que haya una confrontación entre los miles de militares desplegados y los pobladores que buscan el combustible.

    "Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, creo en la gente y se que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va a también alejarse de estas prácticas", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

    El secretario de la Defensa Nacional relató que en el momento de la explosión había un equipo de 25 agentes en el área, pero habían decidido no intervenir en la toma ilegal de combustible porque se vieron rebasados por la multitud.

    “Es muy difícil detener 25 hombres a 600, 800 personas”, dijo Sandoval. “Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por esa cantidad de gente que está en frente de ellos. Es lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones".

    Durante la rueda de prensa matutina, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que "no cabe duda" que el incendio es la consecuencia de la toma ilegal de combustible.

    Desde hace al menos 10 años las autoridades mexicanas catalogaron el robo de combustible como una de las actividades ilícitas que ocasionaba más pérdidas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108,000 investigaciones por este delito, pero fue creciendo de forma exponencial pues en 2006 se abrieron 394 investigaciones y en 2018 aumentó hasta 31,000, según cifras del gobierno.

    Este problema generó pérdidas de 66,300 millones de pesos ($3,400 millones) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país.

    El presidente López Obrador ha señalado que estas prácticas se realizaban en complicidad u omisión de autoridades locales, por lo que grupos criminales podían perforar las tuberías que transportan cerca del 20% del crudo nacional. Este combustible robado es adquirido por diversas empresas e incluso gasolinerías, según reveló el propio gobierno.

    Esta actividad ilegal se inició en el llamado Triángulo Rojo, en el céntrico estado mexicano de Puebla, pero con el tiempo la práctica se extendió a otros estados. Actualmente los que lideran el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco e Hidalgo -donde justamente ocurrió la tragedia este viernes- de acuerdo el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

     

  • México les ofrece visas para transitar y trabajar, pero cientos de migrantes de la nueva caravana decidieron cruzar clandestinamente

    Es una imagen que dista considerablemente de cómo recibieron a los centroamericanos que llegaron en caravana hace apenas tres meses. Si en aquella ocasión estaba la policía en la frontera con escudos y gases lacrimógenos, ahora las autoridades mexicanas llevan a cabo un proceso ordenado. Sin embargo, cientos de migrantes decidieron saltarse el proceso y cruzar la frontera irregularmente por la noche.

    UNIVISION

     

    17 de enero del 2019- Cientos de migrantes del grupo de hondureños que salió a principios de semana de San Pedro Sula en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México, país al que cruzaron a través del paso de Tecún Umán.

    A diferencia del trato que recibieron los centroamericanos de la caravana que llegó a México a través de esa frontera en octubre de 2018 y que fueron recibidos con retenes y gases lacrimógenos y entraron a ese país entre empujones, en esta ocasión los migrantes pudieron acceder de manera segura y ordenada.

    El hambre y el cansancio impactan a los migrantes de la nueva caravana en su intento por llegar a EEUU

    El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en la noche del jueves que había registrado a 969 adultos migrantes y a 145 niños y adolescentes procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua como solicitantes de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

    Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cientos de migrantes del grupo que salió en caravana decidieron cruzar de manera clandestina a México ya que son escépticos con el plan que les ofrece el gobierno de esa nación, según informó la periodista Maya Averbuch desde esa frontera.

    Al cruzar en la oscuridad, los migrantes pretendían no tener que pasar el proceso establecido por México. Pero por el momento se desconoce si las autoridades mexicanas los obligarán a pasar el proceso del resto de migrantes o si los deportará de encontrarlos a lo largo del camino.

    La imagen distó considerablemente de la de la jornada del jueves cuando se procesó a los migrantes que ya llevaban un registro migratorio de su entrada a Guatemala. A ellos se les permitió cruzar a través del puente fronterizo y se les ofreció un brazalete que les permitirá el libre tránsito por territorio mexicano.

    En el municipio de Suchiate (México), las autoridades migratorias mexicanas los recibieron con agua y los registraron en el sistema y les dieron la pulsera con un código de barras que tiene la información de sus casos.

    Los migrantes tendrán que esperar cinco días para recibir la 'Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias' con la que podrán trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud. Según informó el INM, su objetivo es rebajar el tiempo de espera de los migrantes para conseguir ese documento que antes solía demorarse hasta 30 días.

    Mientras consiguen esa tarjeta, los centroamericanos podrán permanecer en el lado mexicano o guatemalteco de la frontera.

    Este jueves, muchos centroamericanos ya registrados por las autoridades mexicanas decidieron regresar a Guatemala puesto que el albergue del lado mexicano aún no estaba listo.

    Antonio, de 28 años, uno de los migrantes que consiguió este jueves el brazalete con el que le registaron en México fue uno de los que decidió regresar a Tecún Umán. Según le dijo a la agencia EFE, con esa pulsera podrá volver en cinco días para seguir con un proceso "humanitario" que le permitirá acceder a empleo y servicios de salud básicos en territorio mexicano.

  • Así es como militares y funcionarios de alto rango contribuían al robo de combustible en México

    De acuerdo con una investigación que realiza la fiscalía, al menos cinco funcionarios élite del gobierno ordenaban a sus agentes no informar al Ministerio Público de las tomas clandestinas que encontraban y además reportar el hallazgo de puntos falsos.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 16 de enero del 2019- La Procuraduría General de la República (fiscalía) inició una investigación contra cinco funcionarios de alto rango en el gobierno de México, dos de los cuales son generales que se desempeñaron como responsables de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente ordenar a sus agentes sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de los hallazgos que hacían.

    La existencia de esta investigación sale a la luz en medio de una serie de anuncios que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó para combatir el millonario robo de combustible en el paí s, un delito que se practicaba desde hace años con la complicidad de los propios funcionarios del gobierno, según señaló el mandatario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, en poder del diario Milenio los implicados son Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.

    También están sujetos a investigación el exgerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el exgerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva. De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.

    Pese a que existía una denuncia realizada por varios trabajadores de Pemex ante la fiscalía en marzo de 2017, los documentos no fueron tomados en cuenta para hacer una investigación hasta que inició la nueva administración del gobierno y su combate contra el robo de combustible.

    La denuncia fue presentada por el abogado Jorge García Andriano, en la que además se implica a funcionarios regionales de Pemex y militares pertenecientes a la comisión de seguridad de la paraestatal.

    En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado señala los delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas y encubrimiento por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física alterar el lugar e impedir que se averigüe la conducta delictiva de ciertas personas, con el argumento de que sí no hacían caso omiso, serían despedidos.

    Uno de los casos que conforma la carpeta de investigación es el del trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, quien solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado. También llegaron a ordenarle que sembrar tomas clandestinas en otros lugares.

    "Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informar a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

    Aunque la denuncia fue presentada en 2017, no fue hasta finales de 2018, luego del cambio de gobierno, cuando la fiscalía inició una investigación contra las personas presuntamente implicadas.

    Menos de un mes después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció la implementación de medidas para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, que ha derivado en una crisis de abastecimiento de gasolina en el país, pero también ha destapado los problemas de corrupción en Petróleos Mexicanos.

    En diversas ocasiones, A MLO ha señalado que se combatirá la corrupción en todos los niveles, incluido el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero que no habrá “show” ni se fabricarán delitos.

    “No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos, a todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos”, aseguró.

    De acuerdo con cifras del gobierno de México, el problema del huachicoleo ha generado pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018.

     

  • Avanza el nuevo grupo de migrantes camino a EEUU: cerca de 700 llegaron ya a Guatemala

    Según autoridades de Honduras, unos 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    UNIVISION Y AGENCIAS

     

    16 de enero del 2019- Un total de 709 hondureños que salieron el lunes de su país cruzaron ya la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

    El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.

    Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.

    Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente después de que la mujer no dispusiera de la documentación necesaria para que sus sobrinos pudiesen salir del país.

    Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.

    Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de los migrantes.

    La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.

    Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

    Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".

    Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a Estados Unidos "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".

    Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con cifras oficiales.

     

  • De padrino de bodas de Ortega a denunciar un "estado de terror": qué hay detrás de la renuncia del juez Rafael Solís

    Rafael Solís era magistrado judicial, comisario político y asesor partidario sandinista. Además, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con su renuncia comienza a resquebrajarse el círculo íntimo del gobierno de Ortega y Murillo que hasta ahora parecía infranqueable.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

     

    MANAGUA, Nicaragua. 14 de enero del 2019- En 2005, un año antes de asumir la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega volvió a casarse con Rosario Murillo. Renovaron sus votos matrimoniales en la iglesia católica. Fue una reunión privada; solo fueron invitados amigos cercanos. En el acta de casamiento quedó registrado como padrino de boda Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, veterano militante sandinista y “comisario político” de la pareja presidencial en el sistema judicial.

    Catorce años después, en medio de la aguda crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, Solís renunció a todos sus cargos institucionales y políticos. Una bomba inesperada para sus ahijados matrimoniales. El padrino los ha abandonado porque no está de acuerdo con “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”.

    Rafael “Payo” Solís publicó su carta de renuncia el 10 de enero. La conmoción en Nicaragua fue inmediata y sus implicaciones todavía siguen aflorando: Es la deserción política más significativa que ha sufrido el sandinismo controlado por Daniel Ortega desde principios de la década de 1990, cuando los principales intelectuales y revolucionarios rompieron con el partido para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

    El exmagistrado Solís explicó en su carta de renuncia que no está de acuerdo con el “estado de terror” instalado por la policía y paramilitares y la falta de voluntad política de la pareja presidencial para encontrarle una solución dialogada al conflicto iniciado en el abril de 2018.

    “Presento mi renuncia inmediata e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a todos los cargos políticos incluida la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, expresó Solís en la misiva.

    La militancia sandinista de Solís superaba las cuatro décadas. Aparte de ejercer su cargo como magistrado y operador político en el sistema de justicia, era una voz pragmática y beligerante en las decisiones del Frente Sandinista. Era uno de los hombres indispensables de Daniel Ortega. La imprevista renuncia de un personaje de tan alto perfil evidencia el resquebrajamiento que ha comenzado a causar la crisis sociopolítica en el círculo íntimo del poder.

    “Es la deserción más importante en los últimos 20 años de vida política de Daniel Ortega”, le dijo a Univision Noticias Eliseo Núñez, exdiputado y jurista. “Es llamativo que Solís no solo renuncia como magistrado y a los cargos políticos, sino que también a la militancia sandinista. Es un reconocimiento de que el partido no es capaz de contener el capricho de dos personas por aferrarse al poder”.

     

    Artífice de la reelección de Ortega

    Entre los 16 magistrados de Poder Judicial, Solís era el más influyente pese a que la presidencia del tribunal mayor lo ocupa su correligionaria Alba Luz Ramos. Solís estuvo detrás de dos fallos judiciales que delinearon buena parte del presente político de este país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia liberó en 2009 al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control del Parlamento.

    Meses después y más controvertido aún, Solís fue parte del diseño del fallo que le permitió a Ortega reelegirse como presidente de la República, pese a que la reelección consecutiva estaba vetada por la Constitución Política. Solís se “arrepintió” por esta maniobra y aseguró “que fue un error haber permitido” la reelección de su ahijado de boda.

    “Es un golpe político ante todo. Y muy fuerte”, explicó a Univision Noticias Vilma Núñez, expresidenta del Poder Judicial y exmilitante sandinista. “Su declaración sale del seno, de las entrañas del poder, y contradice la versión oficial de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado”, aseveró.

     

    No es una renuncia cualquiera

    Solís lamentó que Ortega y Murillo no hayan tenido “sensatez y cordura” para proceder a una negociación política que derivara en el adelanto de elecciones como la mejor manera de superar la crisis pacíficamente.

    “Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, insistió el exmagistrado.

    Son palabras fuertes que no solo provienen de un leal, de un operador político y de un prominente funcionario público. Son las del Rafael Solís, padrino de bodas. Estos vínculos explican por qué la carta del exmagistrado ha causado un terremoto político en el aparentemente impermeable Frente Sandinista. Hasta ahora, la pareja presidencial no se ha referido a la dimisión de su padrino de bodas.

    “No es una renuncia cualquiera. No es lo mismo que renuncie alguno de los otros magistrados a que renuncie Rafael Solís. No es un disidente cualquiera. Se trata del asesor más importante y fundamental en las políticas del Frente Sandinista. Un hombre que estaba en el mero centro del poder”, aseguró a Univision Noticias el exvicencanciller de Nicaragua, José Pallais. “Esta renuncia genera dudas en la estructura del poder. Los desmoraliza. Los hace preguntarse si hay futuro”.

    Aunque el orteguismo sufre en silencio esta bomba política, algunos voceros oficiosos del gobierno han comenzado a tildar al exmagistrado de “traidor”. De hecho, la “purga” se ha extendido a jueces cercanos a Solís, quienes también son señalados de “cómplices de traición”.

     

    Poder Judicial sometido

    Solís hizo énfasis en la represión policial y paramilitar que ha dejado 325 muertos, más de 2,000 heridos y 565 presos políticos. Además, cuestionó la actitud presidencial de negarse al diálogo mediado por la iglesia católica para solventar la crisis.

    Sin embargo, lo más revelador de la misiva de renuncia es la apreciación de Solís respecto a los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos. Contrario a lo que promulga el gobierno de que son “golpistas y terroristas”, el exmagistrado sostiene que son en realidad “presos políticos”. Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca y parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los crímenes cometidos cometidos entre abril y mayo, dijo que lo que más le impresionó en Nicaragua “fue la falta de independencia del Poder Judicial”.

     “Comenzaron los juicios en su gran mayoría políticos aún conforme mi criterio, a una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un Poder Judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces a quienes defiendo porque no tenían más alternativas que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”, criticó Solís por su parte.

     

    Otra renuncia: el Superintendente de Bancos

    Menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Solís, otro funcionario del gobierno dimitió. Se trata del superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo.

    Las razones exactas de la renuncia del superintendente de Bancos no han trascendido, aunque se está a la espera que el Parlamento la ratifique. Urcuyo dimite en el momento álgido de la crisis económica tras las protestas. El sistema financiero de Nicaragua ha perdido más de 1,300 millones de dólares en depósitos y los créditos están semiparalizados.

    “Estoy seguro que los funcionarios más vulnerables se van a ir. Es decir, aquellos que tienen conexiones con el sistema financiero internacional debido a las sanciones económicas que podría aplicar Estados Unidos a través de la Ley Nica Act”, sostuvo el exdiputado Eliseo Núñez. “Es una mala lectura de Ortega pretender que sus allegados van a estar con él mientras se atrinchera al poder y se cierra ante una negociación política”, finalizó.

     

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