Indianapolis, Indiana. .
June 17, 2019

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Temen que dentro del sistema vigente, el gobierno utilice las acciones legales emprendidas por un abogado para acusarlo de tener un “propósito impropio” y con ello limitar las posibilidades de ayudar a los clientes en la batalla por permanecer legalmente en EEUU.

JORGE CANCINO

 

17 de febrero del 2019- La falta de equidad en el debido proceso migratorio tiene alarmados a los abogados de inmigración. Por una parte, advierten que el gobierno tiene poderes ilimitados para juzgar su trabajo sin que ellos puedan refutar señalamientos. Por otra, temen que al cuestionar el desempeño de un juez durante un juicio, puedan sufrir represalias que dañen sus carreras.

Los temores fueron expresados en una carta que el director de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Ben Johnson, le envió el viernes —a nombre de los más de 15,000 miembros de la entidad— al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), James McHenry.

Johnson advierte que AILA siente una “grave preocupación por el desequilibrio continuo en la evaluación y trato” a los abogados por parte de la EOIR.

El Departamento de Justicia (DOJ) justifica sus evaluaciones a los abogados en un memorando fechado el 18 de diciembre del año pasado y que se titula "Informe interno de la posible asistencia ineficaz de asesoramiento y mala conducta profesional".

AILA afirma que la política dictada por el gobierno está dirigida solo a cuestionar al abogado de inmigraci´ón, pero no contempla la posibilidad de que los defensores e incluso los fiscales refuten el desempeño de los demás actores dentro del debido proceso migratorio, sobre todo cuando existen argumentos legales para defender a un cliente.

La asociación “considera que es una parte integral de nuestro propósito velar contra el comportamiento no ético, asistencia ineficaz y conducta poco profesional”, dice Johnson en la misiva. Y subraya que la entidad permanentemente ofrece a los abogados afiliados "cientos de horas de educación legal, tutorías, recursos éticos y orientación", para prepararlos tanto en su rol de defensores de clientes como de funcionarios en la corte.

 

Equidad judicial

En otra parte de la misiva, Johnson señala que “compartimos su creencia de que los profesionales legales deben mantener los más altos estándares éticos, pero en un tribunal eficiente los procedimientos no pueden existir si solo se responsabiliza a un solo lado de la sala del tribunal y no se lleva a cabo ningún proceso significativo”. Lo dice porque actualmente no existe un lugar para presentar quejas contra los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Johnson le recordó al director de la EOIR que el 19 de marzo de ese año, dos meses después de la publicación de las reglas de evaluación, AILA manifestó su preocupación por "la falta de paridad" en el tratamiento de la mala conducta de los abogados privados versus los del gobierno, que son los fiscales: “Si bien el reglamento establece un elaborado esquema disciplinario con estándares de conducta muy específicos para los profesionales privados, el problema de la mala conducta de los abogados del gobierno se encuentra relegado”, indicó.

“Ciertamente creemos que la gran mayoría de los abogados del gobierno son competentes y actúan de manera justa y profesional. Sin embargo, también es cierto que hay ocasiones en que los abogados del gobierno muestran una conducta ofensiva o de otra manera desagradable, además de que algunos abogados del gobierno, en ocasiones, se han comprometido en un comportamiento frívolo”, señala la misiva.

La asociación reitera que, si el gobierno justifica la evaluación de los abogados privados bajo las normas de conducta vigentes anteriormente, las del 20 de enero de 1998, “ciertamente” también debería estar garantizado el mismo proceso para los abogados del gobierno.

 

Quejas vigentes

Johnson escribe en la carta que AILA confía en que los estándares de conducta de la Oficina de Responsabilidad Profesional sean equitativos para todas las partes del proceso, porque de lo contrario colocan a la defensa y sus clientes "en un juego desigual e inclinan la balanza incorrectamente, socavando la justa administración de justicia".

"A menos de que haya otra nota equivalente sobre la disciplina de los abogados del DHS que no se haya hecho pública, esto parece ser un ejemplo de sesgo dentro del sistema judicial", puntualizó Johnson. "Además, el proceso por el cual un juez de inmigración puede presentar una queja contra un profesional ignora la posibilidad de represalias", advierte.

AILA precisa que aunque actualmente un abogado puede presentar una queja contra un juez de inmigración, el proceso disciplinario "sigue siendo confuso, secreto, informal y consiste únicamente en una revisión interna de la agencia, libre del escrutinio público". Por eso consideran que si no hay transparencia en el proceso de reclamos ante el comportamiento de un juez de migración, existe el riesgo de que los abogados sean reprendidos por haberse quejado.

Cuando las reglas de evaluaciones se promulgaron inicialmente y se revisaron en 2008, la vaga naturaleza de muchos de los motivos enumerados para disciplinar, dificultaba que los abogados conocieran los límites impuestos por el tribunal y facilitaba que los jueces usaran esa vaguedad para su ventaja en la corte, indica Johnson.

“Uno de esos motivos vagos prohíbe a un abogado involucrarse en un comportamiento frívolo para causar demoras innecesarias, incluso presentar argumentos o mociones”, especifica la carta. AILA teme que dentro del sistema vigente el gobierno utilice las acciones legales emprendidas por un abogado para acusarlo de tener un “propósito impropio” y con ello limitar las posibilidades de ayudar a los clientes en la batalla por permanecer legalmente en el país.

Johnson también se pregunta si bajo los cambios ordenados por el exfiscal general, Jeff Sessions (despedido en noviembre del año pasado por el presidente Donald Trump), que un abogado solicite a la corte la cancelación administrativa de un caso puede llevar a un abogado a juicio “por cometer un acto frívolo y por tanto un comportamiento poco ético”.

El mismo Johnson se responde: “Es una preocupación válida, ya que gran parte de este memo puede leerse como una amenaza legal para los abogados que luchan con entusiasmo por defender a sus clientes en una corte”. Y agrega: “Es totalmente inapropiado emitir este memo de un solo lado a la luz del desequilibrio estructural creado para disciplinar a los abogados privados, mientras guardan silencio sobre los abusos de los abogados litigantes del DHS”.

 

Lluvia de preocupaciones

La asociación dice que también preocupa el sistema de cuotas impuesto el año pasado por el gobierno a los jueces de inmigración, debido a que “estas reglas pueden ser utilizadas para intimidar a los abogados (privados) que están representando celosamente a sus clientes”.

En abril de 2018, el Departamento de Justicia comunicó a los jueces de inmigración que debían resolver un mínimo de 700 casos al año para recibir evaluaciones satisfactorias. Con esta decisión, el gobierno de Donald Trump buscaba descongestionar los tribunales de inmigración. AILA alegó en diciembre que esto afectaría el debido proceso para los inmigrantes.

“Luego de eliminar la autoridad de los jueces de inmigración para continuar, cerrar, terminar o desestimar los casos a través de una serie de decisiones que sentaron precedentes, el fiscal general implementa una política que obligará a los jueces a elegir entre garantizar la justicia o perder sus empleos”, dijo Anastasia Tonello, presidenta en turno de AILA, el día en que entró en vigor el sistema de cuotas.

“Con un reloj que constantemente pasa sobre sus cabezas, los jueces no pueden emitir decisiones bien razonadas que ponderen cuidadosamente los hechos y la ley aplicable en el caso de cada persona”, agregó.

La totalidad de los cambios ordenados por Sessions forman parte de la política de 'tolerancia cero' que el presidente Donald Trump prometió a sus electores durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. "Esta política socava aún más el debido proceso y el principio de independencia judicial, y someterá a los inmigrantes que acudan a la corte esperando la imparcialidad, a un sistema similar a una línea de montaje", precisó AILA.

La entidad también dijo que cientos, quizás miles de casos que habían sido cerrados administrativamente y ahora abiertos por orden del gobierno, están siendo cambiados de fecha para volver a juzgarlos, esta vez con el propósito de concluirlos con una orden final de deportación.

 

“Él no quería colaborar, no quería volverse sapo (traidor)”, señaló Eduardo Balarezo, quien dirigió el equipo legal que defendió al exjefe del cartel de Sinaloa, en una entrevista con el programa Al Punto. El abogado también consideró que su cliente recibiría un mejor trato en la prisión de máxima seguridad ADMAX Florence, en comparación con las "duras condiciones" a las cuales está sometido en Manhattan.

ISAIAS ALVARADO

 

17 de febrero del 2019- El narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se vio reflejado en los 13 testigos que lo hundieronen el mediático juicio que perdió este martes. Su abogado Eduardo Balarezo dijo al programa Al Punto de Univision que su cliente consideró colaborar con el gobierno estadounidense para reducir una posible sentencia de cadena perpetua, pero lo rechazó anticipando que saldría libre ya siendo “muy viejo”.

“Eso es algo que siempre es posible, pero Joaquín tomó la decisión -desde que llegó aquí y me contrató como su abogado- de que él no quería colaborar, no quería volverse sapo (traidor), soplón”, señaló el litigante en una entrevista con el periodista Félix De Bedout que se transmite este domingo en Al Punto.

Balarezo, quien lideró al equipo de abogados que defendió al capo sinaloense en 39 audiencias en una corte federal de Brooklyn, contó que Guzmán sacó cuentas por los años en prisión que le reducirían y pensó que no le favorecía volverse un informante del Departamento de Justicia (DOJ).

“Una colaboración a él no le convenía porque casi tiene 62 años y, digamos, lo mejor que le den con una rebaja, con colaboración, que termine con 20, con 25 años (de cárcel). Iba a ser un hombre muy viejo cuando termine (la condena). ¿Para qué hacerlo? Él tomó sus opciones y se fue a juicio. Fue una decisión completamente de él entendiendo los riesgos”, señaló el abogado.

‘El Chapo’ Guzmán no ha cambiado de parecer, aunque es consciente de que podría pasar el resto de su vida en una prisión de máxima de seguridad en Florence, en el estado de Colorado, donde los reos de mayor peligrosidad de este país purgan condenas en completo aislamiento y bajo estrictas reglas. “Él dijo que no quería colaborar y hasta ahora creo que tiene la misma opinión”, subrayó su defensor legal.

Varios narcos convictos en EEUU, incluyendo quienes lo traicionaron en la corte, terminaron aportando información valiosa al gobierno y testificando contra otros criminales. Piden clemencia cuando ya no soportan el confinamiento. Un buen ejemplo son sus antiguos enemigos, los hermanos Arellano Félix, quienes saldrían libres en la próxima década después de ofrecerle a la DEA detalles sobre su cartel.

El propio Balarezo reconoció que las estrictas cárceles estadounidenses ablandan a los capos más sanguinarios. “Muchos de estos tales narcos que están libres son hombres fuertes, tienen pistoleros alrededor, siempre son bien machos, pero cuando los detienen, cuando es momento de decidir, siempre van y colaboran”, expresó.

 

Mejor en la dura cárcel de Florence

Es posible que Guzmán sea trasladado a la prisión ADMAX Florence, apodada 'La Alcatraz de las Rocosas'. Ahí están terroristas, espías, pandilleros, neonazis y exjefes de la mafia internacional. ‘El Chapo’ jamás hablaría con ellos, pues todos purgan condenas bajo un aislamiento total.

Balarezo aseguró que incluso bajo esas duras condiciones su cliente recibiría un mejor trato en ese centro de reclusión comparado con la zona más segura de la prisión federal Metropolitan Correctional Center de Manhattan, donde ha estado desde su extradición en enero de 2017.

“Él está en Manhattan, en una celda pequeñita donde pasa ahí 23 horas al día (…) Nunca sale, no respira aire libre, no puede ver el cielo, ni puede sentir el Sol. Y está encerrado casi sin ningún derecho ahí, solo tiene sus papeles legales para leer”, describió el litigante.

“En la cárcel en Colorado, en cambio, él va a tener la oportunidad de salir a hacer ejercicio, a respirar el aire fresco, ver el Sol. Tiene televisión en su celda con cable, con ciento y pico de canales; la comida es mejor, el aire es mejor, todo va a ser mejor para él”, aseguró.

El martes, unos minutos después de que un jurado anónimo declaró culpable a Guzmán de 10 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego, su defensa advirtió que apelaría tal decisión. Balarezo anticipó la que sería su estrategia en esa nueva batalla legal: argumentar que el juez Brian Cogan y la Fiscalía federal bloquearon algunas partes de los relatos de los testigos, incluyendo los presuntos sobornos entregados a expresidentes mexicanos y fallas en operativos de la DEA.

 “Hay que argumentar varias decisiones legales del juez que prohibieron a la defensa presentar ciertas pruebas al jurado. Esos temas vamos a tener que revisar”, detalló el abogado. “Lo mejor para él (Guzmán) sería que se desestime todo el veredicto y ojalá poder lograr un nuevo juicio”, agregó.

 

“Está preparado para lo que sigue”

A pesar del balde de agua fría que le cayó esta semana, el exlíder del cartel de Sinaloa “está muy tranquilo, él es una persona muy fuerte”, aseguró su abogado.

“Completamente entendía lo que enfrentaba en el juicio, lo bueno y lo malo, y él está preparado para lo que siga, él está bien”, afirmó el litigante.

Por otro lado, mencionó que su cliente no ha tenido contacto con su esposa Emma Coronel. El juez Cogan le impidió incluso darle un abrazo al inicio del juicio, advirtiendo que sería motivo suficiente para coordinar su escape o enviar un mensaje a su cartel.

Ahora que ha concluido el proceso judicial, sus abogados están buscando la manera de que ellos se vean al menos una vez. “Desde que llegó a EEUU en enero de 2017 no ha tenido ningún contacto con ella. Lo único que ha podido hacer él es saludarla con la mano cuando la ve en el tribunal, en la sala”, señaló.

Durante el proceso penal, Balarezo tuvo una actitud paternalista hacia su cliente y a veces parecía su fan: mostraba orgulloso un estuche de celular con la figura de ‘El Chapo’. Además, sus polémicos tuits defendiendo al capo levantaron ámpula.

Una vez publicó en Twitter un video de la canción favorita de Guzmán, ‘Un puño de tierra’, después de que Miguel Ángel Martínez, quien fue el piloto y mano derecha de ‘El Chapo’ durante 12 años, afirmó en su testimonio que el cartel de Sinaloa llevó a un grupo musical para que tocara ese tema musical antes de que intentaran matarlo en una prisión mexicana.

El mismo día en que su cliente fue encontrado culpable, el litigante criticó que el contrabando de drogas ha continuado sin este capo. Esa teoría la repitió en la entrevista con Al Punto: “Joaquín Guzmán no es la causa del narcotráfico (…) Joaquín es una persona que hizo lo que sea que él hizo, pero el negocio del narcotráfico no va a cambiar ni va a terminar porque Joaquín Guzmán está encarcelado”.

Cuando se le preguntó por qué tomó este caso, Balarezo dijo que al ejercer su profesión no se fija en lo que hicieron sus clientes. “Soy abogado defensor, no soy juez, fiscal, cura, psicólogo, ni amigo”, expresó. “Yo estoy para defender a la persona, sea Joaquín Guzmán, sea fulano de tal”, concluyó.

 

Por CNN Español

 

(CNN Español). 12 de febrero del 2019— Un jurado declaró al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán culpable de los diez cargos penales que enfrentaba en una corte de Brooklyn, informó Tyler Daniels, portavoz del fiscal del Distrito Este de Nueva York.

Entre los cargos que se le imputaban al líder del Cártel de Sinaloa estaban: participación en una empresa criminal continua, conspiración internacional para elaborar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, conspiración para importar cocaína (a EE.UU.), conspiración para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Guzmán será sentenciado el 25 de junio. Por los cargos podría enfrentar la cadena perpetua. Aún no se sabe su sentencia, pero el veredicto de culpabilidad tan solo en el cargo uno -participación en una empresa criminal continua- significa que se enfrenta a una cadena perpetua obligatoria.

El jurado deliberó más de 30 horas durante seis días, después de más de 200 horas de testimonios de 56 testigos, entre los cuales no estuvo Guzmán, durante un juicio de aproximadamente dos meses y medio en Brooklyn, Nueva York.

Guzmán se había declarado inocente.

En el transcurso de dos meses y medio, un jurado de ocho mujeres y cuatro hombres en el tribunal federal de Brooklyn escuchó testimonios sobre torturas indecibles y asesinatos espantosos, corrupción épica en casi todos los niveles del Gobierno de México, amantes de los narcos y escapes subterráneos, uso de fusiles AK-47 de oro y monogramas con diamantes incrustados.

El caso de la Fiscalía presentó 200 horas de testimonio de 56 testigos. Catorce de esos testigos, en su mayoría admitidos por narcotraficantes y asociados del cártel, cooperaban con los fiscales con la esperanza de reducir sus propias penas de prisión.

 

Una victoria en la guerra contra las drogas

La condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán simboliza una victoria en la guerra contra las drogas, según Richard Donoghue, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York.

“Este veredicto es una victoria para el pueblo estadounidense que ha sufrido tanto y tanto tiempo, mientras Guzmán hizo miles de millones vertiendo veneno en nuestra frontera sur. Este veredicto es una victoria para los mexicanos que han perdido más de 100.000 vidas en la violencia relacionada con las drogas “, dijo Donoghue ante el tribunal federal de Brooklyn este martes, y agregó: “Este veredicto es una victoria para todas las familias que han perdido a un ser querido en el agujero negro de la adicción. Hay quienes dicen que no vale la pena luchar la guerra contra las drogas. Esas personas están equivocadas”.

El Gobierno espera que la condena de Guzmán conlleve una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional: “No hay escapatoria ni retorno”, dijo Donoghue.

No hubo reacción de Guzmán Loera o de su esposa, la ex reina de belleza, Emma Coronel, cuando el jurado leyó el veredicto.

Pero después de que los jurados se fueron, El Chapo miró a Coronel y saludó. Se sonrieron y ella se llevó la mano al pecho.

 

La defensa del Chapo planea apelar

Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Guzmán, dijo: “luchamos como nadie”, agregando que “por supuesto” que la defensa planea apelar.

“No creo que nadie dudará de que peleamos como nadie. Peleamos como salvajes completos, y dejamos todo en el campo de batalla para Joaquín Guzmán “, dijo Lichtman a los reporteros fuera de la corte tras el veredicto de culpabilidad.

Añadió: “Esto es Estados Unidos, y no importa quién sea el acusado, todavía tiene que luchar, hasta la muerte, sin importar lo que piense la gente, lo que piense la sociedad, lo que piense el Gobierno”.

“Tomamos esa obligación increíblemente en serio”, dijo Lichtman.

Lichtman dijo que no cree que haya sido un juicio justo.

“¿Creo que fue un juicio justo? No. No hubiéramos objetado en absoluto si pensáramos que el juicio fue completamente justo. Ningún abogado defensor ha pensado nunca que hayan tenido un juicio completamente justo después de que haya una condena. Hay motivos para apelaciones, y si no pensáramos que existían motivos, entonces le diría que fue un juicio completamente justo “.

Lichtman dijo que era un honor representar al Chapo y que continuaría luchando por su cliente. Añadió que su cliente no es un tipo débil y ha sido fuerte desde el principio.

 

Los jurados evitaron el contacto visual con el Chapo en la corte

Los jurados mantuvieron la vista baja, sin mirar a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mientras se leía el veredicto.

Después de que el juez Brian Cogan leyó el veredicto del jurado, él les dijo que por la forma en que se comportaron como jurados “me enorgullece mucho de ser estadounidense”.

Antes de que el juez o los miembros del jurado entraran en la sala, un miembro del equipo de la defensa se acercó a la esposa de Guzmán, para entregarle un pañuelo, pero ella se negó.

Después del veredicto, CNN le preguntó a Coronel por cómo se sentía.

“Bien gracias”, dijo.

 

Las redadas en Carolina del Norte, que dejaron al menos 200 detenidos, ocurren dos meses después de que los condados más grandes del Estado anunciaron que no seguirían colaborando con el DHS. Las familias están "aterrorizados", según las organizaciones.

JORGE CANCINO

 

9 de febrero del 2019- Organizaciones y activistas libran una batalla contra el tiempo en varios condados y ciudades de Carolina del Norte para dar con el paradero de docenas de inmigrantes arrestados esta semana por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Precisamente, afirman que la agencia migratoria ha lanzado "una guerra" en este estado contra los indocumentados.

La redada, una serie de operativos coordinados entre el lunes y el jueves, permitió la detención de 200 trabajadores. El gobierno señala que entre los arrestados hay extranjeros con antecedentes criminales y violaciones a las leyes de inmigración.

Los grupos de ayuda a la población inmigrante dicen que una alta mayoría de detenidos no representan una amenaza para la seguridad pública y nacional, y piden al gobierno de Donald Trump que los libere mientras los tribunales de inmigración resuelven sus permanencias en el país.


“Pobreza y desolación”

“Las redadas en nuestras ciudades dejan pobreza y desolación”, dice la activista Nikki Marín Baena, en el condado de Greensboro. “Absolutamente, las personas detenidas son el sostén principal de las familias”, agrega.

Las familias afectadas por las batidas no quieren hablar con la prensa. “ Tienen miedo de represalias y que a ellos también los arresten y los pongan en deportación”, señala Marín.

A pesar de los temores, los activistas que se han comunicado con las familias de los detenidos comparten detalles de los operativos de ICE. “No se trata de grandes redadas y tampoco retener. Se colocan en la ruta entre la casa del trabajador y su trabajo, o llegan de madrugada a las afueras de la residencia del inmigrante, se esconden en los parqueos y cuando la persona sale de su casa, les caen encima. Lo hacen muy rápido y en silencio”, explica Marín.

La activista dijo además que en las redadas de esta semana “los agentes no llevaban chalecos con insignias de ICE. Iban de civil con automóviles sin marcas. Todo lo hacen callados, como con pinzas. Es hasta el último momento en que el inmigrante se da cuenta de quiénes se trata”.

Las organizaciones proinmigrantes de Carolina del Norte señalan que la mayoría de los 200 detenidos esta semana son trabajadores originarios de Guatemala y México. Y un gran número de ellos labora en el área de la construcción.

 

El contraataque de ICE

Las redadas en Carolina del Norte ocurren dos meses después de que los condados más grandes del Estado anunciaron que no seguirían colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un programa federal para ubicar y arrestar a indocumentados.

A comienzos de diciembre el alguacil del condado de Wake, Gerald Baker, dijo tras ser electo que su oficina ya no participará en el controvertido programa 287(g), que otorga poderes extraordinarios a las policías para que su personal funja como agentes de inmigración.

El viernes Sean Gallagher, funcionario que supervisa las operaciones de ICE en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, dijo que la agencia se vio obligada a adoptar una "nueva normalidad" debido a la falta de colaboración de las policías locales con el programa, que tras la llegada de Donald Trump se convirtió en el eje de una fuerza nacional de deportaciones.

"Esto obliga a mis oficiales a salir a la calle para llevar a cabo más medidas de cumplimiento", advirtió el funcionario.

El condado de Mecklenburg, otro de los más poblados de Carolina, se sumó Wake y abandonó el programa federal 287(g). Mecklenburg también fue escenario de redadas esta semana.

 

“Están aterrorizados”

Los teléfonos timbran, pero nadie contesta. “Están aterrorizados”, dice el activista Iván Almonte, en el condado de Durham, otras de las áreas impactada por los arrestos de ICE.

“Las personas no quieren (hablar con la prensa). Tienen pánico que si dicen algo o se muestran sus rostros en los medios, los vengan a buscar a ellos y no saben qué sucederá con sus hijos”, explica.

Almonte contó el caso de un trabajador padre de dos niños, uno de los cuales nació a finales de enero: “Está internado porque es prematuro y su esposa también se encuentra en el hospital. Ellos tienen otro niño, pero igual se lo llevaron detenido”.

El arrestado es el único sostén de la familia. “Logramos que le pusieran fianza. Una vez supimos el monto, la comunidad reunió el dinero y él saldrá el lunes para hacerse cargo de su familia. Ahora las organizaciones estamos viendo como ayudamos a los otros 199”, dijo.

De acuerdo con datos que manejan las organizaciones de ayuda, la mayoría de los detenidos llevan “varios años en Estados Unidos”.

“Son gente que ya establecieron un hogar. Nosotros pensamos que Gallaher, el jefe de ICE, le declaró una guerra a Carolina del Norte, específicamente a Durham, el condado más progresista. Y Gallaher dio a entender que no cambiará de estrategia hasta que el alguacil de Durham tome una decisión diferente. Imagínese, habrá una guerra larga”, apuntó.

A la pregunta sobre reuniones entre organizaciones para recolectar ayuda y destinarla a las familias afectadas por las redadas, el activista dijo que “estamos escuchando que la gente de la migra sigue en la zona. Cuando pase el peligro, saldremos con más confianza. Por ahora nos movemos despacio”.

Una de las operaciones de arrestos se llevó a cabo en una fábrica de armas en Sanford, donde los agentes de ICE arrestaron a 27 trabajadores.

 

Los beneficiarios del programa han vivido en Estados Unidos durante décadas. Aquí se han creado una vida para sí mismos, crían a cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses en los hogares que han construido y trabajan en empleos que tienen al país en marcha, dice una analista del Center for American Progress.

JORGE CANCINO

 

11 de febrero del 2019- Unos 279,000 niños ciudadanos estadounidenses serían afectados directamente si el Congreso no actúa y aprueba una ley que regularice la permanencia de unos 300,000 inmigrantes de El Salvador, Haití y Honduras amparados bajo un Estatus de protección Temporal ( TPS), algunos de ellos con más de dos décadas viviendo en Estados Unidos.

Este lunes, el Center for American Progress (CAP) publicó un informe en el que detalla las consecuencias que tendría el término del programa para estos tres países, y aporta datos sobre el impacto negativo en la economía estadounidense si el Congreso no actúa y los tribunales de justicia revocan un fallo que mantiene vivo el programa para estos tres países.

El estudio forma parte de un Día Nacional de movilización y cabildeo “que le solicita al Congreso que promulgue protecciones permanentes para los titulares del TPS de estas tres naciones”, dice Rafael Medina, portavoz del CAP.

El TPS otorga un amparo temporal de deportación y concede un permiso también temporal válido mientras dura la protección otorgada por el gobierno a través de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y Justicia (DOJ).

El programa para estos países fue cancelado por el gobierno de Donald Trump, pero una corte federal lo restituyó temporalmente.

“Desde que el gobierno de Trump decidió rescindir las protecciones para más de 300,000 titulares de TPS, estas personas se han visto obligadas a vivir con temor y ansiedad constantes acerca de su futuro y el futuro de sus hijos.”, dijo a Univision Noticias Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del CAP. “Aunque una orden judicial preliminar emitida por un tribunal proporciona un alivio temporal a algunos titulares de este beneficio, muchos se han quedado fuera de la orden del tribunal y, en cualquier caso, solo el Congreso puede proporcionar protección permanente y el camino a la ciudadanía que se necesita”, añadió.

 

Daños irreparables

El CAP estima que los titulares de El SalvadorHaití y Honduras “representan el 94% de las casi 318,000 personas actualmente protegidas por el TPS. “Esto es lo que está en juego si los tribunales y el gobierno de Donald Trump y el Congreso no actúan”, se lee en el reporte.

Añade que los poco más de 301,000 beneficiarios del programa tienen una larga vida en Estados Unidos, algunos desde hace más de dos décadas, y por lo menos “279,000 niños ciudadanos de los Estados Unidos viven con familiares que son titulares de TPS de estos tres países”.

“Los poseedores de TPS de El Salvador han vivido en el país por un promedio de 22 años, los hondureños por 23 años y los haitianos por 17 años”, detalla el informe.

Y agrega:

Entre el 29% y el 32% de los titulares de TPS eran menores de 18 años cuando llegaron.

Aproximadamente 620,000 personas viven en un hogar con un miembro de la familia con TPS.

21 estados y el Distrito de Columbia (DC) tienen al menos 1,500 residentes amparados por el TPS.

 

Beneficio económico

El informe del CAP revela además que la economía estadounidense se beneficia de los trabajadores con TPS y advierte que la inacción por parte del Congreso sería un error de lamentables consecuencias.

Indica que los titulares de TPS “tienen una tasa de participación en la fuerza laboral del 87%, con más de 246,000 trabajadores en el mercado laboral”.

“Los grupos ocupacionales más grandes son ocupaciones de limpieza y mantenimiento, con48,000; construcción, con 44.000; y un número considerable, 9,300, que trabajan en ocupaciones cruciales relacionadas con el cuidado infantil, el cuidado personal y los auxiliares de salud en el hogar”, detalla.

El informe indica además que “el poder de gasto anual de los titulares de TPS es de más de 10.100 millones de dólares, y que los hogares con titulares de TPS aportan $2,300 millones en impuestos federales y $1.300 millones en impuestos estatales y locales anualmente”.

Añade que un tercio de los hogares con un titular de TPS tiene una hipoteca.

 

Familias estadounidenses

“Los titulares de TPS han vivido en Estados Unidos durante décadas. Aquí se han creado una vida para sí mismos, crían a cientos de miles de niños ciudadanos estadounidenses en los hogares que han construido y trabajan en empleos que tienen al país en marcha", dice Nicole Prchal Svajlenka, analista de políticas de inmigración en el CAP.

“Ahora, muchos titulares de TPS están considerando una opción imposible para ellos y sus familias: regresar a un país que no han visto en una generación o permanecen indocumentados”, agrega.

Svajlenka advierte además que “el Congreso no debe esperar hasta que los tribunales decidan el destino del TPS y de estas personas, y deben proteger a estas familias ofreciéndoles un camino a la ciudadanía en el país que han llamado su casa durante tanto tiempo".

El número de beneficiarios originales de los tres países era de 407,931 (262,766 salvadoreños, 58,620 haitianos y 86,005 hondureños), de acuerdo con cifras de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). El número de beneficiarios el año pasado se redujo a unos 318,000.

La agencia federal dijo que la diferencia obedece a varias causas, entre ellas que algunos perdieron sus derechos de permanencia por faltas o crímenes cometidos que los convirtieron en inadmisibles en el país, legalizaron sus permanencias por otras vías legales, decidieron no renovar sus permisos y se fueron del país.

 

Estado Actual del programa

A principios de octubre del año pasado un juez federal bloqueó la decisión del gobierno de Trump de acabar con los TPS argumentando que la cancelación podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

El fallo, emitido por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, liberó de la deportación a los cerca dde 318,000 inmigrantes.

La decisión planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años.

El dictamen fues el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo por nueve inmigrantes de los países afectados y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaron que Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.

A la pregunta respecto a un plan B en caso que el Congreso no actúe, Jawetz dijo que “en este momento un mandato preliminar es mantener el TPS en vigor para varios cientos de miles de titulares , pero muchas personas quedan excluidas y el futuro sigue siendo incierto para todos. El congreso debe actuar cuanto antes”.

 

Historia de los TPS

En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 192,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

El 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

Los migrantes sin papeles son un cuarto de los residentes extranjeros en Estados Unidos, pero su distribución varía considerablemente en cada estado. Un estudio del Centro de Investigaciones Pew sacó algunas conclusiones para explicar en dónde hay más indocumentados, de qué país viene la mayoría y en qué industrias trabajan.

MARIA LUISA TABARES

 

10 de febrero del 2019- Un reciente reporte del Centro de Investigaciones Pew, hecho a partir de datos de 2016, revela dónde está ubicada la población indocumentada en el país, es decir, en qué estados se reparten los 10,700,000 indocumentados que viven en EEUU. Además, detalla en qué ocupaciones hay más porcentaje de estos y otros datos como cuál es la nacionalidad de la mayoría (y sí, es México). De esa publicación obtuvimos las cifras más relevantes que presentamos a continuación.

 

¿Dónde están?

Los inmigrantes indocumentados representan cerca del 25% de la población extranjera en Estados Unidos, pero no son la mayoría de inmigrantes en ningún estado: donde son numerosos, alcanzan un tercio o más de la población. Esto ocurre en al menos 16 estados, como Alabama, Arkansas, Colorado, Georgia, Idaho, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Utah.

El contraste es que en estados como Maine y Vermont, menos de uno de cada 10 son inmigrantes sin papeles. 

 

¿De dónde vienen?

México es el país protagonista en cifras. Los migrantes indocumentados de este país son mayoría en los estados fronterizos: en California son el 69% de la población sin papeles; en Arizona el 78%; en Nuevo México el 91%; y en Texas el 73%. Pero en estados como Florida, donde vive la tercera mayor cantidad de inmigrantes sin documentos del país, los mexicanos son apenas el 15% de esa población. En Virginia, el 12%; y en Maryland apenas 9% del total. 

 

Fuerza laboral

Los estados costeros o fronterizos con México tienden a tener la mayor proporción de inmigrantes sin documentos como fuerza de trabajo: en todo el país, 4.8% de quienes trabajan o buscan empleo son inmigrantes no autorizados. Pero en estados como Nevada, California, Texas y Nueva Jersey pueden llegar a duplicar ese porcentaje. Así mismo, los estados de la frontera norte con Canadá tienden a tener un porcentaje bastante bajo de esta población sin papeles en su fuerza laboral.

Según estas estadísticas, las ocupaciones más comúnes entre los indocumentados son enlabores de servicio, agricultor y constructor. Las industrias con mayor porcentaje de inmigrantes sin papeles en los estados donde estos ocupan un buen porcentaje de la fuerza laboral son ocio, hospitalidad y turismo, construcción, agricultura y manufactura. 

Otro de los datos para destacar es la proporción de inmigrantes indocumentados adultos que han llegado recientemente, la cual es menor en la mitad oeste del país. Por ejemplo, aquellos que llegaron en los últimos cinco años a California son apenas el 10% de los inmigrantes adultos de ese estado; en Nevada y en Nuevo México son el 12%. Una de las razones es que el número de migrantes sin autorización que llegan a los estados de la costa oeste incluyen con frecuencia altos porcentajes de mexicanos, pero la llegada de personas de este país se ha desplomado en la última década.

Este estudio tiene datos que contrastan con otro presentado hace un par de semanas por el Centro de Estudios de Inmigración que analizó los patrones de movilización de población entre 2010 y 2017. Ellos concluyeron que la población indocumentada de México en Estados Unidos había caído de forma "extraordinaria": solo en 2017 se redujo en 400,000 personas en todo el país. Según este informe, la caída se dio en 11 estados. Alabama tuvo el mayor descenso de población mexicana sin papeles con 50%.

El gobernador demócrata, Gavin Newsom, se suma a la iniciativa de Nuevo México, quien la semana pasada anunció una medida similar. El presidente viaja este lunes a Texas para seguir impulsando su muro, a cinco días de que se pueda producir otro cierre de gobierno.

UNIVISION

 

11 de febrero del 2019- California se va a sumar a Nuevo México y desafiará este lunes al presidente Donald Trump al retirar a los miembros de la Guardia Nacional que fueron desplegados en la frontera con México el pasado año, según anunciaron varios medios como The New York Times.

De esta manera, el gobernador demócrata, Gavin Newsom, se suma a la también demócrata Michelle Lujan, la gobernadora de Nuevo México, quien decidió hacer lo mismo la semana pasada.

La decisión de ambos estados supone un enfrentamiento directo con la política migratoria impulsada por Trump, quien precisamente viaja este lunes a la frontera de México con Texas para impulsar la construcción de un muro. El presidente sigue embarcado en su campaña para que el Congreso le otorgue 5,700 millones cuando quedan solo cinco días para que republicanos y congresistas lleguen a un acuerdo que evite un nuevo cierre de gobierno.

Según el Times, Newsom firmará este lunes una "orden general" que supondrá la retirada de unos 400 soldados. Unos 110 de ellos serán reasignados para tareas de refuerzo de Cal Fire, la agencia de bomberos estatal. Otros 100 se dedicarán a "operaciones de inteligencia" contra pandillas internacionales dedicadas al narcotráfico.

 

"Una crisis inventada"

El anuncio se producirá un día antes de que Newsom dé su primer discurso sobre el Estado, donde según el diario LA Times, acusará a la Casa Blanca de organizar un "teatro político" con el tema migratorio y anunciará que se "reenfocará en las verdaderas amenazas que a las que hace frente nuestro estado".

"La emergencia en la frontera es una crisis inventada", subrayará el gobernador en su discurso del martes, según los fragmentos que ha difundido su oficina. "Esta es nuestra respuesta a la Casa Blanca: no más división, xenofobia o nativismo".

El exgobernador Jerry Brown aceptó en el mes de abril del año pasado el envío a la frontera de cerca de 400 soldados de la Guardia Nacional, tal como había pedido el presidente. Entonces, el mandatario envió unos 4,000 soldados a todos los estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas).

La retirada de estos efectivos se contrapone al anuncio realizado por el Pentágono el 3 de febrero del envío de 3,750 soldados más a la frontera. Además, se produce en medio de las negociaciones en el Congreso para buscar un acuerdo migratorio que evite un cierre de gobierno y en las que las diferencias sobre cómo financiar la seguridad fronteriza han impedido llegar a un acuerdo.

El presidente ha amenazado con declarar una "emergencia nacional" si finalmente republicanos y demócratas no logran un acuerdo. Este fin de semana las negociaciones volvieron a un punto muerto, luego que la Casa Blanca siga insistiendo en la financiación de la barrera fronteriza y la oposición se niegue a ello.

La senadora demócrata por Minnesota hizo su anuncio desde Minneapolis ante cientos de seguidores en un evento al aire libre bajo una copiosa tormenta de nieve que cubrió de blanco a los asistentes.

UNIVISION

 

10 de febrero del 2019- La senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, anunció este domingo que se une a la carrera para llegar a la Casa Blanca en 2020.

En Minneapolis, la ciudad más poblada del estado que representa, la senadora hizo el anuncio ante cientos de seguidores en un evento al aire libre bajo una copiosa tormenta de nieve que cubrió a los asistentes con una capa blanca helada.

Sus seguidores y los oradores soportaron temperaturas gélidas de entre 16 y 14 grados Farenheit (-10 grados centígrados) en un parque a lo largo cerca del río Mississippi, en las inmediaciones del centro de Minneapolis.

"Estoy ante ustedes como la nieta de un minero, la hija de un maestro y un periodista, la primera mujer elegida al Senado de los Estados Unidos del estado de Minnesota, para anunciar mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos", dijo Klobuchar. "Te miraré a los ojos. Te diré lo que pienso. Me concentraré en hacer las cosas. Eso es lo que he hecho toda mi vida".

Klobuchar, de 58 años, ha venido construyendo un perfil nacional y desarrollando un equipo de campaña desde hace algún tiempo.

Es considerada una voz pragmática demócrata del centro del país, Minnesota, que se suma a un campo cada vez más poblado de contendientes demócratas que esperan arrebatarle al presidente Donald Trump su lugar en la Casa Blanca. 

Klobuchar ganó fácilmente su reelección para un tercer período en el Senado en noviembre pasado.

El orgullo que ella muestra por raíces en el medio oeste y su popularidad en Minnesota podrían jugarle a favor especialmente pensando en un contendiente republicano como Trump, cuyo mensaje llegó hondo a los votantes de esta zona del país en las elecciones de 2016.

Klobuchar también tiene reputación de ser una defensora de los derechos de las clases trabajadoras y clases medias.

El anuncio de Klobuchar llega en medio de reportes que indican una alta rotación del personal en su oficina del Senado. Extrabajadores de la senadora dijeron en condición de anonimato a Buzzfeed que Klobuchar supuestamente creaba un ambiente de trabajo hostil por sus malos modales con los empleados. Las voces que defienden a la senadora dicen que simplemente exige excelencia.

Klobuchar se une a una lista de aspirantes demócratas que incluye a los senadores Cory Booker de Nueva Jersey, Kamala Harris de California y Elizabeth Warren de Massachusetts.

Si bien muchos de los demócratas de alto perfil como Warren han llamado la atención, Klobuchar ha captado discretamente la mirada de Washington como alguien progresista de centro.

Una característica que le podrían jugar a favor a Klobuchar es que ha logrado dejar los partidismos de lado a la hora de aprobar proyectos. En un momento tan polarizado de la política de EEUU, muchos votantes podrían ver esto como un signo de madurez política y de moderación.

Un hispano que terminó en la lista final de jurados potenciales en el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán contó a Univision Noticias detalles de lo que para él fue un tormentoso proceso que le dejó graves secuelas emocionales. “Imaginé que pondrían bombas en la corte”, dice aún alterado.

ISAIAS ALVARADO

 

6 de febrero del 2019- En la ambulancia que salió de la corte federal de Brooklyn unos días antes de que iniciara el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán iba un neoyorquino que pasó dos noches en vela y que sufrió un ataque de ansiedad debido a la posibilidad de ser seleccionado al jurado de ese caso. Temía que pistoleros del cartel de Sinaloa lo siguieran para obligarlo a dar un veredicto que favoreciera al mafioso o que sus enemigos planearan un atentado a gran escala para asesinarlo ahí.

Mientras el proceso judicial contra Guzmán está en su fase crucial por las maratónicas deliberaciones del jurado, Univision Noticias entrevistó a un hispano que llegó hasta la última fase de selección de ese panel, pero enfermó después de que se encontró cara a cara con ‘El Chapo’ y el juez lo excusó.

No fue el único. Varios jurados potenciales quedaron fuera de este caso porque expresaron que temían represalias de la familia del mafioso. Les dio miedo juzgarlo, a pesar de que sus nombres no se publicaron, de que agentes federales ofrecieron escoltarlos desde y hacia sus casas, y del impresionante cerco de seguridad que se ha implementado alrededor del tribunal.

Este neoyorquino aceptó contar su traumática experiencia pidiendo ocultar su identidad. Dice que el caso le dejó secuelas emocionales y por eso no lo ha seguido ni siquiera a la distancia.

Este es su relato en primera persona:

Fue un proceso muy rudo porque había mucho miedo. Estuve entre los últimos 20 o 25 seleccionados. Al principio éramos como 350 personas o más. Nos dieron un cuestionario larguísimo con cientos de preguntas. Ahí nos daban toda la información del caso y de qué se trataba. Te ponen a revisar los nombres de los testigos para ver si tienes relación con alguno.

Me preguntaron: ¿qué opinas de que un testigo está en prisión y ha pedido una reducción de su condena por ser testigo de este caso? Les dije que sabía era una práctica común en este tipo de juicios.

Obviamente, como hispano, tengo más entendimiento de quién es ‘El Chapo’, porque vivimos en esa cultura de narcotraficantes por Pablo Escobar. Entre los latinos seleccionados sabíamos que esto es bastante serio y que han pasado desgracias: matan al juez, al testigo. Además, estábamos hablando de uno de los mayores traficantes del mundo.

Al principio no temía tanto porque pensaba: ‘esto no va a ocurrir’. Pero pasaban los días, me seguían llamando y decía: ‘¡Dios mío!’. Ya la cosa se puso más compleja. Es súper intimidante.

 

Frente al capo de capos

A mí nadie me explicó que ‘El Chapo’ iba a estar ahí. Pensaba que las preguntas serían directamente con el juez. Eso pasó en la selección final. Te sientas en una mesa donde hablas con un micrófono. Tienes al intérprete al lado y el juez está frente a ti con todo lo que respondiste en el cuestionario.

La primera vez que vi a ‘El Chapo’ en la corte se me vino a la mente: ‘Ay, ya me vio’ (ríe). Estás en la misma sala y cerca de una persona que ha cometido tantos crímenes, que está siendo juzgado en un país extranjero y hablamos el mismo idioma.

Me preguntaron: ‘¿qué sabes tú de ‘El Chapo’? ¿Has leído alguna información sobre carteles?’. Y él (Guzmán) está frente a ti, te está viendo. Yo respondí que recordaba haber visto en primera plana el escape de ‘El Chapo’, porque lo recuerdo tal cual. Fue en 2015. ‘Conozco el caso, sé quién es’, les dije.

Le respondía al juez en inglés y lo traducían al español. Veía todo cómo se estaba desarrollando en los dos idiomas. Y veía a ‘El Chapo’ de reojo. Él estaba muy atento, no había mucha emoción en su cara.

El abogado de él me preguntó ‘¿qué otra información tienes sobre los cargos?’. Dije: ‘eso es todo’. Me preguntaron si podía tomar una decisión imparcial en base a los hechos.

Pensé: ‘me van a soltar aquí, ya me voy a mi casa’. Porque siendo latino estoy muy cercano al tema. Pero me dicen que tenía que pasar a un segundo cuarto, porque había sido seleccionado para la próxima ronda. Dije: ‘¡No, por favor!’. En el segundo cuarto ya éramos muy pocos, unos 20. Me asusté.

 

“Imaginé que pondrían bombas”

Sufro de ansiedad y estaba muy alterado. Tenía estrés y no pude dormir dos días. Pensaba: ‘esto es de verdad, esto va a ocurrir, puedo quedar, las probabilidades de que quede eran muchas’.

Los latinos que fuimos seleccionados estábamos asustados. Actuábamos como cuando uno está nervioso y empiezas a bromear. Decíamos: ‘vamos a estar aquí, será que nos traemos unas cartas y nos ponemos a jugar dominó’.

Me preguntaba: ‘¿cómo llegué aquí?’. Eran como 350 personas, qué hago aquí entre las últimas 20’. Eso fue lo que realmente me afectó. Estaba mal. Había tanta prensa afuera, tantos perros y guardias en cada esquina.

Imaginé que pondrían bombas en la corte, que sería un ataque general no uno individual. Por la seguridad que había. Después pensé en un ataque contra mí, pero lo veía más alejado. Sé que los narcotraficantes tienen ojos en todas partes del mundo. Tienen dinero por cantidad en todos lados y tienen a su gente. Me sentía en una película y decía ‘esto no puede ser’.

En esas dos noches que pasé en vela pensaba que tenía que hablar con el juez porque no podía ser parte de eso. Mentalmente a mí no me da. Nos decían que sería totalmente anónimo, nos estaban dando números. Pero yo decía: ‘El Chapo ya me vio la cara. No importa que me pongan un número’.

Lo que sé sobre cómo funcionan este tipo de organizaciones criminales es que no les importa nada, quién esté y dónde esté. Tienen el dinero para hacer lo que les dé la gana. ‘El Chapo’ se escapó dos veces de prisión. ¿Tú me vas a decir que no tienen las posibilidades de hacer un atentado, de poner una bomba, de tener un infiltrado?".

Hispanos en el sur de California que observaron el informe de gobierno reclaman que el presidente Donald Trump ha vuelto a criminalizarlos para empujar su dura agenda migratoria. Advierten que la construcción del muro fronterizo, una prioridad del mandatario, significaría más muertes en los cruces en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos.

ISAIAS ALVARADO

 

LOS ÁNGELES, California. 5 de febrero del 2019- Diana Bautista, una estudiante indocumentada de 16 años, hizo de tripas corazón para no irse a la mitad del discurso del Estado de la Unión que ofreció el presidente Donald Trump. Dice que le incomodó casi cada palabra del mandatario, sobre todo cuando -según ella- volvió a criminalizar a los migrantes para impulsar su propuesta de construir un muro en la frontera sur.

“Lo que más me dolió fue cuando se refirió a la comunidad inmigrante, diciendo que solo venimos a violar, a robar. No es verdad, somos trabajadores”, expresó con cierto enfado esta adolescente. El segundo informe de gobierno del presidente Trump, subraya, le dejó un mal sabor de boca.

“Esta noche me siento profundamente frustrada. El discurso que escuchamos es un ejemplo de cómo el presidente Trump normalizó la discriminación”, agregó esta joven que se quedó fuera de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) porque no alcanzó la fecha de registro por solo 31 días.

Es hija única. Sus padres, una trabajadora doméstica y un obrero, la trajeron a California cuando tenía 3 años. Viven en el Sur-Centro de Los Ángeles, uno de los barrios con más indocumentados, como ellos. Diana habla como si tuviera más edad: no parece que apenas estudia el primer año de preparatoria.

 “El muro no es necesario, sería un gasto que podríamos usar para nuestra educación”, menciona quien sueña con ser una abogada especializada en inmigración “para ayudar a mi comunidad”.

Diana pasó la mayor parte del Estado de la Unión de Trump con la cara larga. Lo vio en las oficinas de una organización comunitaria en el oeste de Los Ángeles. Reconoce que su expresión de enfado era la misma que la de algunos demócratas que fueron captados por las cámaras en el Congreso. “Si yo hubiera estado ahí eso hubiera hecho: no ponerme de pie”, compara.

Al finalizar el discurso, Diana sostuvo una pancarta con la palabra “Mentiroso”, arriba de una caricatura de Trump con una larga nariz, similar a la de Pinocho, el personaje de Disney. Solo ero la hizo sonreír. “Esta pelea no ha terminado”, sentenció la adolescente.

 

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    ISAIAS ALVARADO

     

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    De hecho, Walter trabajó durante cinco años a un par de millas de la residencia de su hermano. Pero jamás coincidieron en ningún lado. Paradójicamente, estando uno tan cerca del otro, Walter no dejaba de buscarlo en las redes sociales y una vez llamó a un programa de radio pidiendo ayuda al público.

    Wilfredo, por su parte, preguntaba una y otra vez en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles si podían hacer algo para localizar a sus seres queridos. “Ya pasó mucho tiempo”, le decían en la sede diplomática. Pero jamás se conformó con esa respuesta y siguió intentando.

    El pasado 6 de mayo tramitaba una identificación en el consulado y volvió a pedir que le ayudaran. Esa vez lo atendió un funcionario que aceptó entrar a la base de datos del gobierno y encontró información de sus familiares en Los Ángeles. De inmediato les llamó. Así se logró este reencuentro.

    “Este es el fruto de nuestro trabajo”, expresó el cónsul salvadoreño Alejandro Letona, quien fue clave para el encuentro de los Vides. “Qué alegría que esta familia está unida después de 30 años”, agregó este viernes, luego de presenciar el abrazo de Wilfredo y su madre.

    Unas horas después de aquella llamada desde el Consulado se vieron Wilfredo y Walter en Camarillo. Dos días después, el 8 de mayo, Concepción abrazó y besó a su hermano con el rostro empapado de lágrimas. Se tomaron varias fotos para documentar la reunión, como si temieran volverse a separar otra vez.

    Este viernes, los cuatro posaron juntos por primera vez frente a una cámara: cuando vivían en El Salvador solo tenían un par de fotos individuales. “Estoy feliz, mi madre tenía una agonía de no ver a su hijo. Gracias a Dios ya estamos los cuatro juntos de nuevo”, dijo Concepción.

    Curiosamente, los Vides se volvieron a ver en la víspera de los festejos del Día de la Madre. La visita de su madre ocurre poco antes del Día del Padre. Este fin de semana les sobrarán motivos para celebrar.

    “Quiero pasear, llévenme al bufet”, pidió la señora Olga con una gran sonrisa.

    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

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    ¿Por qué no supieron nada de Wilfredo por tanto tiempo? El inmigrante relata que recién llegado a Los Ángeles envió un par de cartas a su madre, pero pocos meses después perdió la comunicación con ella. No sabía que sus familiares se mudaron a otro lugar que les vendieron en El Salvador y dejaron de recibir su correspondencia. Mientras que él, por su situación migratoria, jamás regresó a su país.

    Se distanció aún más cuando él cambió de domicilio y de número telefónico. Todo empeoró porque cayó en el vicio del alcohol. Además, es analfabeta y no sabe nada sobre tecnología. Sus hermanos lo trataron de localizar en Facebook, pero no tiene una cuenta en esa red social.

    La señora Olga asegura que cuando anteriormente vino a visitar a sus hijos, ella sentía ganas de llorar cada que pasaba por la ciudad de Camarillo. “Decía yo: ‘aquí está mi Wil’. Lloraba. Me preguntaban: ¿por qué lloras, mamá?’. No, por nada, les respondía”, relató ella.

     

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    * En la realización de esta nota colaboró Norma Roque, reportera de Univision 34.

  • “El récord migratorio no se limpia, queda para siempre”: respondemos tus preguntas de Inmigración

    Los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada deben cumplir un castigo de 3 años fuera si la presencia ilegal supera los 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días. Si regresan antes de ese tiempo sin autorización y son arrestados, enfrentan cargos criminales y luego son deportados de por vida.

    JORGE CANCINO

     

    13 de junio del 2019- El inmigrante Juan Pérez, cuyo nombre es otro y pidió mantener su identidad en el anonimato, cuenta que vivió varios años indocumentado en Estados Unidos hasta que lo agarró "la migra". Sólo me tomaron los datos y me dijeron que me vaya. Dí una dirección y me enviaron unos papeles para que me presente a corte, de lo cual hice. Asistí un par de veces, pero luego me cambié de domicilio y no supe más del caso”.

    A medida que avanza la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump, seguimos respondiendo las preguntas de usuarios que llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Pérez añade que luego de ese incidente contrajo matrimonio y su esposa le pidió la residencia. “Como el trámite siempre comienza dando el permiso de trabajo, me lo dieron. Pero cuando quise sacar el Número de Seguridad Social, apareció otra nacionalidad distinta a la mía. Y cuando fui a la cita por la green card, cuál fue mi sorpresa cuando me entero de que tenía una orden de deportación en ausencia. Ahí mismo me arrestaron y deportaron”.

    “Luego traté de ingresar ilegalmente, pero 'la migra' me agarró y no volví a intentarlo más. Tengo una hija ciudadana americana, tiene 13 años, está enferma, tiene un marcapasos. ¿Será posible limpiar mi récord con todos los años que han pasado?”, pregunta.

    “El récord migratorio no se limpia, queda para siempre”, advierte el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami Florida.

    “Lamentablemente este tipo de falta, como la orden de deportación en ausencia, no se quita. Cada vez que esa persona trate de pedir una visa o un ajuste de estatus, le dirán que no. Ya está en el expediente y es para toda la vida”.

    En cuanto al regreso no autorizado una vez que la persona fue deportada, “la persona está sujeta a una penalidad permanente por haber tratado de entrar nuevamente a Estados Unidos sin permiso del servicio de inmigración”, agrega.

    Los inmigrantes deportados por permanencia indocumentada deben cumplir un castigo de 3 años fuera si la presencia ilegal supera los 180 días, pero el castigo aumenta a 10 años si la permanencia no autorizada supera los 365 días. Si regresan antes de ese tiempo sin autorización y son arrestados, enfrentan cargos criminales y luego son deportados de por vida.

    Al respecto, el abogado Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias, indicó que el reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación “es una falta demasiado grave porque no permite a los ciudadanos o residentes hacer nada por sus familiares inmediatos”.

    “No hay nada qué hacer porque regresó sin permiso sin haber cumplido con la Ley del Castigo”, precisa.

    Durante el segundo cuarto del año fiscal 2019 (del 1 de octubre del 2018 al 30 de marzo de 2019), las cortes de inmigración emitieron 32,255 órdenes de deportación en ausencia de Unidades Familiares y Menores No acompañados, de acuerdo con datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) a los cuales tuvo acceso Univision Noticias.

    La cifra representa 44% del total de casos enviados a los tribunales tras haber sido arrestados en la frontera donde pidieron asilo.

     

    Sólo un milagro

    La usuaria identificada en el nombre de López nos escribió un correo electrónico para preguntar sobre el programa DACA, el programa de Acción Ejecutiva de 2012 que protege en la actualidad a unos 700,000 jóvenes que entraron al país siendo niños y se les conoce como dreamers.

    “Puedo renovar mi protección de deportación si tengo un DUI y otros dos cargos, uno por asalto (assault) y otro por invasión de propiedad privada”, pregunta. “Y también tengo cargos por no pagar la cuota de manutención de un hijo (child support)”, reconoce. “Debería preocuparme por esto y que me deporten”, pregunta.

    “Esta persona no necesita un abogado para que le ayude sino un mago”, responde con ironía Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.

    “En estos momentos toda persona que tiene historial delictivo debe de preocuparse, porque en caso de ser detenido puede ser de mas interés para el gobierno que una persona que no tiene antecedentes criminales”, agregó.

    Barrón también recuerda la lista de prioridades de deportación anunciada por el gobierno el 25 de enero, cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva migratoria relacionada con las jurisdicciones santuario.

     

    Quienes hayan sido condenados por cualquier delito.

    Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto.

    Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable.

    Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.

    Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.

    Quienes estén sujetos a una orden final de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos.

    Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

    Además del amparo de la deportación DACA otorga una autorización de empleo renovable cada dos años. El programa fue cancelado el 5 de septiembre de 2017, pero varios fallos judiciales lo mantienen temporalmente vigente hasta que un tribunal federal o la Corte Suprema dicten lo contrario.

  • Renuncia el jefe del Instituto Nacional de Migración de México una semana después de acuerdo con EEUU

    El organismo anunció en un comunicado la renuncia del comisionado Tonatiuh Guillén López solo una semana después de que el canciller Marcelo Ebrard se comprometiera con el gobierno de Donald Trump a reducir considerablemente los flujos de migrantes centroamericanos y a recibir más solicitantes de asilo con sus procesos pendientes en Estados Unidos. 

    UNIVISION

     

    14 de junio del 2019-Tonatiuh Guillén López, el hombre designado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dirigir el Instituto Nacional de Migración de México (Inami), renunció este viernes a su cargo, según informó ese organismo en un comunicado.

    Pese a que no informan del motivo de la dimisión, esta se produce solo una semana después de que una delegación encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, llegara a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para reducir considerablemente el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos mexicanos.

    Posteriormente, el vocero de la secretaría de Gobernación, Héctor Gandini, aseguró a la agencia Reuters que la renuncia de Guillén López se debió a "motivos personales".

    El comunicado del Inami que anuncia la salida del funcionario se limita a decir que éste agradeció la oportunidad al presidente López Obrador y "el apoyo y la generosidad" a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

     

    Guillén López había mostrado su preocupación por los derechos de los centroamericanos

    El pasado viernes y, después de una intensa negociación que se extendió por tres días, el gobierno de México llegó a un acuerdo con el de Estados Unidos para reducir el flujo de migrantes centroamericanos y así evitar que el presidente Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos.

    Según el acuerdo, México se comprometió a enviar a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y a acoger a más solicitantes de asilo mientras sus procesos avanzan en Estados Unidos a travé del denominado Protocolo de Protección del Migrante (PPM).

    Pese a que no se había pronunciado públicamente sobre este acuerdo, en el pasado Guillén López, había mostrado su preocupación por la capacidad de México de atender las necesidades de los migrantes centroamericanos enviados por Estados Unidos por el programa PPM y por el respeto a los derechos de quienes huyen de la pobreza y violencia de sus países.

    Antes de ser nombrado comisionado del Inami el 1 de diciembre de 2018, López Guillén había coordinado un proyecto de cooperación y desarrollo integral entre México y Guatemala.

     

    De las cárceles a la política migratoria: el nuevo titular

    Tras la renuncia de Guillén López, el presidente designó como nuevo titular del INM a Francisco Garduño Yáñez, quien hasta ahora fungía como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) federal, a cargo de las prisiones del país.

    “Ahora estoy proponiendo para que lo sustituya a Francisco Garduño, él se va a hacer cargo del Instituto Nacional de Migración. Esto tiene que ver con la estrategia que se está aplicando para mejorar el servicio de migración en el país, y le tengo toda la confianza”, expuso López Obrador.

    Garduño Yáñez es funcionario público desde la década de 1970. Dentro de su experiencia académica, destacan sus actividades docentes, así como un doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

    Entre sus actividades políticas, participó en la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006 y es fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

    En el ámbito penitenciario, fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en la Ciudad de México, para el cierre del penal de Lecumberri y el traslado de internos a los actuales penales de la capital del país y a la colonia Penal Islas Marías.

     

  • Guatemala acude a las urnas tras un proceso electoral convulso y con el voto fragmentado

    En unas elecciones en las que los residentes en el exterior podrán votar por primera vez en la historia, Guatemala acudirá este domingo a las urnas en medio de una creciente desconfianza en sus instituciones democráticas y frente a 19 candidatos presidenciales que han fragmentado el voto.

    BILL BARRETO

     

    CIUDAD DE GUATEMALA. 15 de junio del 2019- En las elecciones que se celebran este domingo en Guatemala, el voto está tan atomizado que algunos ciudadanos llegan a las urnas sin poder identificar a muchos de los 19 candidatos que se disputan la presidencia, en un proceso en el que la justicia ha sido decisiva.

    De los 24 aspirantes que se inscribieron inicialmente, cinco quedaron fuera de la contienda, incluyendo dos de las que aparecían con más posibilidades en las encuestas: Zury Ríos, hija del ex general golpista Efraín Ríos Montt, del partido Valor, quien fue inscrita pero su candidatura fue revocada por una prohibición constitucional; y la ex fiscal general, Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, actualmente con una orden de captura en Guatemala, girada tras una investigación iniciada por su sucesora en el cargo.

    A estas bajas se suma la del cacique de Jalapa, Mario Estrada, quien era candidato por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), detenido en Estados Unidos por la Administración para el Control de las Drogas (DEA) el pasado 17 de abril por sus presuntas negociaciones con el cartel de Sinaloa.

    Según el Departamento de Justicia, el político estaba entre los investigados por intentar "solicitar fondos a los carteles internacionales de la droga para apoyar" su campaña presidencial. Además, la acusación asegura que Estrada ofreció el control de puertos y aeropuertos a los representantes del cartel e intentado organizar atentados contra otros candidatos a la presidencia, sin especificar cuáles.

    También quedaron fuera los candidatos minoritarios Mauricio Radford, del Partido Fuerza, quien había sido inscrito previamente pese a tener un proceso abierto por abuso de autoridad; y Edwin Escobar de Prosperidad Ciudadana, a quien un tribunal le retiró la inmunidad para ser investigado por supuestas anomalías en un contrato para cobrar el impuesto a los inmuebles en el municipio del cual es alcalde.

    Las decisiones de la justicia y una amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral si no reciben una compensación que exigen caldearon el ambiente electoral en las últimas semanas de unos comicios que, según los sondeos, irán a segunda vuelta.

     

    Los guatemaltecos en el exterior podrán votar

    Las últimas encuestas coinciden en apuntar a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) como líder en todos los sondeos, con entre 20.2 y 22.6% de intención de voto, seguida por Alejandro Giammattei de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) con entre 11.6 y 14.4% de los apoyos.

    Más incierto es el tercer lugar que, según los sondeos, se disputan Edmond Mulet, de Partido Humanista; Roberto Arzú de Pan-Podemos; y Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con estimaciones de voto entre el 7% y el 8%.

    En esta ocasión, la campaña electoral ha sido más corta luego de las reformas electorales de 2016: solo tres meses antes de primera vuelta y dos meses más para la segunda vuelta. Además, se permite por primera vez el voto en el extranjero y se introdujo la obligación de repetir los comicios si los votos nulos superan el 50%.

    Otra de las novedades es que se igualó el tiempo de los partidos en la pauta de medios de comunicación, lo que dio una ventaja inicial a los candidatos que ya llevaban varios procesos electorales a cuestas, como Torres o Giammattei. La norma permitió que más candidatos se dieran a conocer, mientras que los partidos con mayor organización como la UNE de Sandra Torres compensaron la relativa reducción de espacios publicitarios con una mayor campaña de tierra.

     

    Torres, la favorita en las encuestas

    El domingo previo a las elecciones, Torres realizaba mítines en tres departamentos de la provincia y en la zona metropolitana. En un mitin en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, en la costa sur del país, Torres descendió en un helicóptero en el estadio municipal para presidir la actividad de campaña. “Este 16 de junio defendamos el voto, defendamos los programas sociales” fue la consigna recalcada por la candidata.

    Como esposa del del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien se divorció en 2011, Torres fue la administradora de programas de asistencia social, como la entrega de bolsas de alimentos y bonos monetarios a padres de familia a cambio de la presencia de niños en las escuelas, acciones que aún hoy le representan réditos políticos.

    La candidata tampoco es desconocida para las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una oficina de Naciones Unidas que ha asistido al Ministerio Público (MP) en los principales casos de corrupción de los últimos años y que finalizará funciones en septiembre, luego de que el gobierno de Jimmy Morales no la renovara el contrato.

    La ex primera dama fue denunciada por presunto financiamiento electoral ilícito de su anterior campaña, en una investigación conjunta de MP y Cicig. Sin embargo, la acusación se llevó a los juzgados después de que Torres fue inscrita como candidata, lo cual la blindó con antejuicio.

     

    Giammattei, el segundo, según los sondeos

    La salida de Ríos y Aldana, ambas descartadas por la justicia en un movimiento que consideraron "político" dejó en el segundo lugar a Alejandro Giammattei, candidato de Vamos, quien busca por cuarta vez la presidencia.

    Giammattei obtuvo su mejor resultado electoral en 2007 cuando ocupó el tercer lugar como candidato del partido oficialista Gana. Durante el gobierno de Óscar Berger, fue director del Sistema Penitenciario, pero fue más tarde acusado de ejecuciones extrajudiciales de reclusos bajo su cargo en una investigación del Ministerio Público y la Cicig, aunque un tribunal finalmente cerró el caso en su contra.

    Giammattei no ha ganado una elección a los cargos públicos a los que se ha postulado en 20 años. Sin embargo, en este proceso electoral bajo un sistema de balotaje, de llegar a segunda vuelta sus posibilidades podrían mejorar notablemente ya que, como se mostró en los últimos comicios presidenciales, Torres enfrenta un antivoto fuerte. Los últimos sondean apuntan a que más de la mitad de los electores "difícilmente o nunca" votarían por ella.

    El presidenciable de Vamos es además fuerte en las áreas urbanas del país, zonas que históricamente tienen mayor participación de electores en la segunda vuelta, ya que las autoridades locales, como alcaldes o diputados electos el mismo día, ya ha sido votados en la primera ronda de los comicios.

     

    Los que se disputan el tercer puesto

    El tercer lugar se encuentra se encuentra más disputado, según apuntan los sondeos, que colocan a Edmond Mulet, del Partido Humanista (PM), Roberto Arzú García-Granados, de PAN-Podemos y Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

    Mulet, quien fue secretario general adjunto para Operaciones de Paz de Naciones Unidas entre 2011 y 2015 y presidente del Congreso a principios de los noventa, es un diplomático de carrera, que estuvo fuera de la política local por cerca de 20 años. En este proceso participa por el PM, de reciente creación, pero integrado con figuras del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que gobernó entre 2000 y 2004.

    Candidato emergente en esta campaña, Roberto Arzú García Granados es hijo del expresidente Álvaro Arzú, electo por el Partido de Avanzada Nacional, PAN (1996-2000) e investigado también por la Cicig en un caso de corrupción hasta su fallecimiento en 2018.

    Arzú García-Granados nunca ha ocupado un cargo público y compite con una alianza de partidos que incluye al antiguo partido de su padre, el PAN, y una nueva agrupación, Podemos, que tiene entre sus liderazgos y candidatos a figuras del cancelado Partido Patriota, del expresidente Otto Pérez Molina, procesado por varios casos de corrupción.

    El candidato de PAN-Podemos ganó notoriedad en este proceso electoral por su intenso uso de las redes sociales, y recibió una multa de US$160,000 por su uso de propaganda no regulada en estos medios. Además, enfrenta una demanda por US$6 millones presentada en Miami, Florida, por el consultor político Juan José Rendón por presuntos servicios de asesoría no cancelados.

    La tercera en disputa es Thelma Cabrera, presidenciable del MLP. Indígena maya mam, Cabrera ha sido una de las candidatas que más rápido ha crecido en popularidad en este proceso.

    El MLP, partido oficializado en 2018, es el instrumento político del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) una agrupación surgida en los años noventa entorno a reivindicaciones de tierra y derechos laborales de los trabajadores en la costa sur del país.

    Dirigentes de Codeca han sido acusados en tribunales de promover conexiones ilegales a la red eléctrica y promover el impago de servicios de energía eléctrica en comunidades del interior del país. Como partido, el MLP promueve la revisión de las concesiones de recursos naturales por parte del Estado y la nacionalización del servicio de energía eléctrica, entre otras cosas.

    Su reivindicación de la nacionalización de servicios públicos tiene de fondo la propuesta de “refundación del Estado” mediante una Asamblea Constitucional Plurinacional a semejanza de modelos políticos como los emprendidos en Bolivia por Evo Morales y en Ecuador por Rafael Correa.

     

    Una probable segunda vuelta

    Los sondeos apuntan a que ningún candidato presidencial obtendría más del 50% de los votos, lo que hace predecible una segunda vuelta con Torres y Giammattei. Torres lidera las estimaciones de voto, pero enfrenta el reto de no repetir la caída del 2015, cuando obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, pero solo 1,328,000 votos en la primera vuelta frente a los 2,750,000 del actual presidente Jimmy Morales en segunda vuelta.

    El ambiente político se ha caldeado en los últimos quince días con la amenaza de exmilitares de boicotear el proceso electoral, impidiendo el acceso a los centros de votación si no reciben una compensación por supuestos servicios prestados durante el conflicto armado interno finalizado en 1996.

    La amenaza, recurrente en otras elecciones, ha sido tomada con más seriedad luego de que este miércoles la fiscal general Consuelo Porras anunciara que el fiscal de Delitos Electorales, Oscar Schaad, ha salido del país “por amenazas tangibles” contra su vida y su familia. Esto una semana después de que Schaad confirmará que había iniciado una investigación de oficio contra los exmilitares que amenazaban con boicotear el proceso electoral.

    Al clima político enrarecido de las últimas semanas, también ha contribuido las denuncias en redes sociales del supuesto uso de recursos públicos por parte del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nación, para actividades de campaña. La confianza de la ciudadanía en el TSE se ha visto afectada, a su vez, con el anuncio esta semana de la entrega de Q12.9 millones (US$ 1.67 millones) por parte del tribunal al partido oficial, en aportes públicos atrasados entre los años 2016 y 2018, pese a que el partido enfrenta un proceso de cancelación por irregularidades en su manejo de recursos.

     

  • ¿En qué consiste el plan de México para bajar en 45 días la cifra de migrantes que llegan a su frontera con EEUU?

    La propuesta ha sido calificada por expertos como ambiciosa. México planea que la Guardia Nacional pueda contener a los centroamericanos que llegan a su territorio y que el presupuesto para costear la estancia de estos inmigrantes provenga de la venta del avión presidencial.

    JANET CACELÍN

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 14 de junio del 2019- México tiene contado el tiempo para cumplir con las exigencias de Estados Unidos en materia migratoria y así evitar que el gobierno de Donald Trump aplique aranceles a todos los productos mexicanos y declare a la nación como "tercer país seguro".

    El reto es que en 45 días —y ya pasaron 7—, el gobierno mexicano logre contener y disminuir el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan su frontera, según informó el lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

    Para cumplir con este acuerdo, calificado por expertos como ambicioso, México tiene como solución principal echar mano de la Guardia Nacional para contener a los centroamericanos que llegan a su territorio, pese a que este grupo de seguridad fue creado para combatir al crimen organizado que opera en el país.

    Según explicó el canciller en una conferencia este viernes, además incluye una inversión millonaria de Estados Unidos hacia los países de Centroamérica y hacia México para combatir las causas de la migración. Mientras, el gobierno de López Obrador deberá asignar recursos para proveer servicios de salud, trabajo, educación y alimentación a los migrantes que deban esperar en su territorio una decisión de EEUU sobre sus peticiones de asilo.

    Para Arlene Ramírez Uresti, internacionalista especializada en migración y la relación México-Estados Unidos, el acuerdo completo sería sumamente ambicioso, no solamente para los primeros 45 días, sino también en el mediano y largo plazo si no se involucra en el proceso a los países de procedencia de estos migrantes.

    “Un detonante del éxito de esta estrategia será la eventual vinculación que pueda tener el gobierno de México con sus contrapartes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero hasta ahora sabemos que la estrategia se basa en el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional. También preocupa el ambiente político nacional con respecto a la creación de empleos, programas sociales, ofertas de salud y educación que se tendrá que hacer”, dijo.

    Estas son las medidas con las que el gobierno de López Obrador planea atender la crisis migratoria:

    Desde el miércoles y hasta el próximo martes, el gobierno de México comenzó a desplegar en la frontera sur a 6,000 elementos de la llamada Guardia Nacional, el grupo especializado de seguridad que el presidente Andrés Manuel López Obrador creó con el objetivo de combatir la violencia criminal en el país. Su principal tarea, al menos en los siguientes 45 días, será contener el flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.

    Se trata de 13 coordinaciones desplegadas en los sureños estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Oaxaca y Veracruz, cuya función, según  Ebrard, es registrar a todos los migrantes, explicarles qué opciones de regularización tienen y devolver a su país al que no quiera hacerlo.

    También resguardarán los centros de detención para evitar fugas y motines. Aunque Ebrard no ha hablado de arrestos, sí ha resaltado la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias del sur, que están rebasadas y que son centros de detención.

    De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, durante el periodo de enero a junio, 11,037 personas originarias de Centroaméricahan sido retornadas a México en espera de la resolución de su petición de asilo a Estados Unidos.

     

    Recibir a los migrantes que han pedido asilo en EEUU

    El acuerdo con Estados Unidos también incluye recibir en territorio mexicano a los centroamericanos que quieran solicitar asilo en Estados Unidos durante el proceso que tome la resolución de sus casos. Esto implica que además de permanecer en México, el gobierno debe garantizar su seguridad, alimento, educación y trabajo.

    Sin embargo, de acuerdo con Ebrard, el plan que defiende México contempla que las personas que solicitan asilo, puedan recibir el mismo tipo de protección también en otros países considerados seguros para los migrantes.

    Según cifras de la Secretaría de Gobernación, tan solo en lo que va de enero al pasado mes de abril, las autoridades mexicanas han deportado a casi 37,000 extranjeros originarios de América Central y el Caribe. Una cifra que, de seguir la tendencia, superaría las 109,000 deportaciones que se registraron en todo el 2018.

    Esta resolución no es muy alentadora para los migrantes, pues activistas y abogados de inmigración advirtieron que generará más problemas legalespara preparar sus casos, obtener asistencia legal e incluso para apelar fallos adversos.

     

    Dialogar con los países de Centroamérica

    El canciller de México, Marcelo Ebrard, aseguró el viernes que en el acuerdo Estados Unidos se comprometió a invertir 7,800 millones de dólares en Centroamérica y México: 5,800 millones de dólares para la primera y los 2,000 restantes para el segundo.

    Ebrard aseguró que la inversión acordada de este acuerdo comenzó en El Salvador hace apenas 15 días, sin dar más detalles.

    El canciller mexicano destacó que a cambio de esta inversión, México ayudará a aplicar un plan en Centroamérica que fue presentado el pasado 20 de mayo conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en colaboración con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para combatir las causas de la migración en la región.

    De acuerdo con Arlene Ramírez, dialogar con los países centroamericanos es el reto más grande, pues es necesario que tengan más que la voluntad política para atender el origen del problema.

     

    Reasignar presupuesto hacia el plan migratorio

    Luego de ser cuestionado sobre cómo piensa financiar la estancia de los centroamericanos que esperen en México, el presidente señaló que se utilizarán los recursos ahorrados por el combate a la corrupción y el plan de austeridad, así como los que genere la venta del avión presidencial.

    "Recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo 150 millones de dólares. Entonces, para contestar de dónde va a salir: saldría de lo que vamos a recibir por la venta del lujoso avión",detalló.

    Además, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que su bancada impulsa reasignaciones presupuestarias para que México pueda cumplir con los acuerdos bilaterales principalmente en materia de salud, educación, empleo, implementación de la Guardia Nacional y reforzamiento de la frontera entre México y Guatemala.

    Esta iniciativa ha sido recibida con desagrado por otros grupos políticos que aseguran que no deberían utilizarse recursos destinado a los mexicanos para atender a extranjeros.

  • La espera en México para los inmigrantes que piden asilo en EEUU podría demorar años

    Activistas advierten que México no tiene, ni los recursos ni la infraestructura suficiente para atender, cuidar y velar por los migrantes que piden asilo en Estados Unidos y serán regresados hasta que los tribunales de justicia del vecino del norte resuelva sus casos como acordaron ambos gobiernos esta semana.

    JORGE CANCINO

     

    9 de junio del 2019- México sufrió la presión de Donald Trump como nunca lo había hecho anteriormente. El mandatario vecino del norte, quien además es su principal socio comercial, lo amenazó con imponer aranceles escalonados a todos los productos mexicanos si no frenaba la oleada de migrantes centroamericanos que huyen de sus países en busca de asilo en estados Unidos.

    Las negociaciones parecieron interminables, hasta que el viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter que, “gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde”.

    Trump por su parte hizo lo mismo y en la misma red social. En dos mensajes, dijo: “Me complace informar que Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas POR EEUU EL lunes, en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a Estados Unidos. Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado. ¡Gracias!”

    Una parte del acuerdo dice: “Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235(b)(2)(C) a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo”.

    De inmediato surgieron preguntas: ¿Dónde esperarán? ¿Cuánto tiempo esperarán? ¿Qué harán las cortes de inmigración de Estados Unidos, que a finales de abril tenían 892,517 casos acumulados y solo 414 jueves se hallaban en servicio?

     

    Zona peligrosa

    “No hay infraestructura ni recursos para atender a los miles de migrantes que han huido dse sus países y buscan asilo en Estados Unidos”, dice Soraya Vásquez, directora de la organización Families Belong Together capítulo México. “Y México no es un país que puede garantizar la seguridad de todos ellos, ni siquiera para todos los mexicanos”, agregó.

    La tercera semana de mayo Univisión Noticias reportó que, desde su implementación el 28 de enero, unos 6,000 solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido regresados a territorio mexicano hasta que un juez de inmigración decida sus casos.

    La mayoría de ellos fueron regresados a Tijuana, la ciudad más violenta del mundo según el Consejo Ciudadano para la Justicia Pública y la Justicia Penal A.C.

    Los migrantes, la mayoría centroamericanos provenientes del denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza. La oleada, que fue advertida por primera vez en 2013, ha crecido y sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno de Trump, quien en febrero decretó una emergencia nacional para atender la crisis humanitaria.

    Sólo en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) detuvieron a 98,977 migrantes en la frontera sur y los ciudadanos originarios de Guatemala y Honduras siguen encabezando la lista de aprehensiones. En mayo, la cifra alcanzó los 132,887.

     

    La otra crisis

    El atasco en las cortes de inmigración es, quizás, todavía más grave que la crisis que se vive en la frontera. A los 892,517 acumulados a finales de abril habrá que sumar otros 350,000 casos que habían sido cerrados Administrativamente en los últimos 20 años, pero que el exfiscal general, Jeff Sessions, ordenó reabrirlos como parte de la política de tolerancia cero.

    Se trata de casos de inmigrantes en proceso de deportación que llevan tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas, carecen de antecedentes criminales y no representan un peligro para la sociedad.

    Sessions basó la decisión en las órdenes ejecutivas sobre las jurisdicciones santuario y el muro en la frontera con México, promulgadas por Trump el 25 de enero de 2017, donde decretó que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos.

    Uno de los decretos, además, amplió la lista de prioridades de deportación, entre ellas los inmigrantes con orden de deportación.

    Sessions prohibió a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales. La orden provocó un problema cuyas consecuencias todavía no se conocen en su totalidad.

    El ahora exfiscal general y exsenador republicano por el estado de Alabama, dijo el año pasado que el “cierre administrativo”, un procedimiento discrecional que los jueces emplean desde 1980, carece de base legal, un argumento que de inmediato fue criticado por abogados y jueces.

     

    Cifras alarmantes

    Si se toma como base la acumulación al 30 de abril registrada por el TRAC, que alcanza los 892,517 casos, los 424 jueces activos tienen en promedio 2,105 casos.

    Si se agregan los 352,159 casos reactivados por Sessions el año pasado a los 892,517 acumulados hasta finales de abril, las cortes de inmigración tendrían 1,244,676 expedientes pendientes de resolución. Esto significa que los 424 jueces activos tienen, en promedio, 2,935 casos cada uno.

    Ahora bien, Sessions también fijó una cuota de 700 casos por juez al año. Eso significa que, en promedio, cada juez demoraría poco más de 4 años para evacuar su cartera, siempre y cuando durante todo ese tiempo no le asignen ningún caso nuevo.

    El gobierno de Trump ha amenazado con despedir a los jueces que no cumplan con la cuota de 700 casos anuales. “Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’ y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtió en octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

    “Es solo la ultima de una serie de cambios de políticas implementadas que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”, agregó.

    A esta crisis, también hay que tener en cuenta las aprehensiones llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza en los dos últimos meses, abril y mayo, que suman 232,191.

    “No sabemos por ahora si el gobierno contratará nuevos jueces para atender los casos de estos inmigrantes que retornarán a México”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Si contratan nuevos jueces, habrá que prepararlos y eso lleva tiempo. Y una vez que se instalen en sus cortes, deberán contratar personal, y eso también lleva tiempo y cuesta dinero”.

    “Ahora, si no contratan nuevos jueces y no habilitan nuevos tribunales, imagínese, esta crisis irá en aumento”, apuntó.

     

  • Trump presume de una gran victoria ante México; los críticos dicen que solo es un espejismo

    Por Stephen Collinson

     

    (CNN).10 de junio — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una nueva semana de colisiones constitucionales con los demócratas afirmando que obtuvo una gran victoria gracias a su estilo de liderazgo, esta vez sobre México.

    Pero al igual que con muchas de las victorias de Trump, hay dudas sobre si el acuerdo de inmigración se suma a un progreso real o si se trata de un espejismo conjurado para salir de otra crisis autofabricada.

    Trump reacciona con enojo ante las insinuaciones de que el acuerdo, concretado el viernes por la noche, es solamente un nuevo ejemplo de la realidad alternativa que a menudo evoca para sostener su presidencia y que este hará poco para resolver la emergencia en la frontera sur.

    La controversia sobre el acuerdo con México también refleja cómo una definición común de los hechos se ha vuelto imposible con un presidente que a menudo ha tratado de devaluar la moneda de la verdad.

    “Si el presidente Obama lograr los acuerdos que yo he logrado, tanto en la frontera como en la economía, los medios corruptos los considerarían increíbles y se declararía un feriado nacional de inmediato”, escribió Trump en Twitter el domingo.

    “Conmigo, a pesar de nuestra economía récord y todo lo que he hecho, ¡no hay reconocimiento!”.

    La disputa sobre el supuesto logro del presidente se produce cuando las difíciles relaciones entre Trump y los demócratas se disponen a un nuevo encuentro inevitable.

    Se espera que la Cámara de Representantes vote el martes para mantener en desacato al secretario de Justicia William Barr y al exabogado de la Casa Blanca Don McGahn, en una escalada adicional de un duelo sobre la separación de poderes.

    Y la enemistad de Trump con Nancy Pelosi se está acrecentando después de que ella dijera que quería verlo en la cárcel, un comentario que refleja la presión sobre la presidenta de la Cámara de Representantes por parte de los liberales que quieren un juicio político y el cual recibió una ardiente respuesta del Presidente.

     

    El veredicto sobre el acuerdo con México

    El domingo, los demócratas se subieron a un informe del diario The New York Times que decía que el acuerdo del viernes incluye principalmente compromisos hechos anteriormente por México en conversaciones con Estados Unidos en los últimos meses.

    Pero el presidente argumentó en Twitter que su intervención y su amenaza de imponer aranceles había sido fundamental para hacer que las promesas quedaran plasmadas en el papel.

    Tal vez en las próximas semanas, el acuerdo del presidente, alcanzado luego de exhaustivas conversaciones entre Estados Unidos y México en Washington mientras él se encontraba en Europa la semana pasada, resultará ser un avance significativo.

    Su argumento es que sus amenazas de nuevos aranceles obligaron a México a realizar un esfuerzo más firme para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos y mitigará la crisis de la frontera sur que su administración no pudo controlar.

    Los conservadores sostienen que el acuerdo que evitó una revuelta republicana en el Senado es un golpe de estado de los medios de comunicación contra el impredecible arte de las tácticas negociadoras del presidente.

    En una columna de The Washington Post, el presentador de radio Hugh Hewitt acusó a los críticos de Trump de no ser capaces de “admitir que él jugó al póquer de alto riesgo y ganó una ronda sobre la seguridad fronteriza más de lo que pueden admitir que el presidente ofreció un magnífico tributo a los héroes de Normandía el jueves”.

    Trump retiró su amenaza de imponer aranceles del 5% en México a partir del lunes, que habrían aumentado en un 5% por mes hasta alcanzar el 25%, después de experimentar una fuerte oposición de los senadores del Partido Republicano.

    Una interpretación alternativa de los eventos del fin de semana — que ha recibido la furiosa respuesta de Trump en Twitter — es que el acuerdo con México consistió principalmente en salvar la imagen presidencial.

    Si ese es el caso, el Partido Republicano ahora está cerrando filas después de que senadores no ocultaran su consternación ante las amenazas arancelarias de Trump — su herramienta dominante de política exterior– la semana pasada.

    El senador de Missouri Roy Blunt, un promotor del libre comercio y nada fanático de los aranceles, incluso sugirió el domingo que el drama podría ayudar a resolver una guerra comercial aún más complicada contra un enemigo que parece mucho menos dispuesto a adaptarse a Trump que México.

    “Creo que la lección más grande aquí y el mensaje más grande aquí ahora no es para México sino para China”, dijo Blunt en CBS “Face the Nation”.

    “El presidente está claramente dispuesto a usar los aranceles y, de hecho, el presidente cree que los aranceles son una herramienta económica significativa y positiva”.

    No es sorprendente que Trump se enfrente a un escepticismo generalizado por su presunción de victoria, ya que tiene un historial de escalar crisis de forma impulsiva y luego “resolver” los problemas que él mismo causó.

    El presidente ha promovido varios acuerdos comerciales, con Corea del Sur, Canadá y México, como cambios completos a partir de los pactos existentes, pero los críticos argumentan que solo consiguió cambios cosméticos.

    El año pasado, Trump proclamó un nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea después de haber retirado sus amenazas de imponer nuevos aranceles sobre los automóviles. En realidad, las dos partes acordaron negociar un acuerdo que aún está por materializarse.

    A principios de este año, el presidente también amenazó repetidamente con cerrar la frontera con México si no lograba detener los flujos de migrantes, antes de retroceder en medio de las críticas internas.

    Se le había advertido a Trump que el cierre de la frontera con México, el tercer socio comercial más grande de EE. UU., podría causar un desastre económico para el país, un alza en los precios que pagan los estadounidenses por productos básicos como frutas y verduras y escasez en los supermercados.

     

    Las dudas sobre el acuerdo

    Dada la escasez de detalles sobre el acuerdo del viernes, es difícil evaluar qué tan efectivo podría ser.

    The New York Times informó que el plan de México para desplegar su Guardia Nacional, una fuerza mucho menos potente que su equivalente en Estados Unidos, para detener a los migrantes ya se había acordado en marzo. Y que la expansión de un programa para mantener a los solicitantes de asilo en México mientras se procesan sus solicitudes ya se había anunciado en diciembre, según el periódico.

    Los críticos argumentan de manera efectiva que el presidente estaba tratando de desviar la atención de Estados Unidos y, lejos de resaltar sus habilidades, expuso la inutilidad de su enfoque.

    “Lo que el presidente ha hecho es mencionar lo que, de hecho, en muchos aspectos México ha acordado hacer hace muchos meses”, dijo el senador Bernie Sanders, un aspirante demócrata a la Casa Blanca.

    “Creo que de lo que todo el mundo está cansado y de lo que yo estoy cansado, es de un presidente que constantemente va a la guerra, guerra verbal con nuestros aliados, ya sea México o Canadá”, dijo Sanders en “State of the Unión”.

    Otro candidato demócrata, el exrepresentante de Texas Beto O’Rourke, dijo que Trump había “exagerado por completo lo que reportó haber logrado”.

    “Podrían haber acelerado el cronograma, pero en general el presidente no logró nada, excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tiene Estados Unidos”, dijo O’Rourke en ABC News “This Week”.

    El acuerdo del viernes tampoco parece apuntar a las causas profundas del éxodo humano — la violencia y la anarquía en Centroamérica — aparte de una redacción vaga sobre un mayor rol de Estados Unidos.

    Trump ya ha dicho que recortará cientos de millones de dólares en ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala acusándolos de no hacer nada para detener la crisis migratoria.

    Y Martha Bárcena, embajadora de México en EE. UU., se negó a confirmar la afirmación que hizo Trump en Twitter de que el gobierno mexicano había aceptado comprar grandes cantidades de productos de inmediato a “NUESTROS GRANDES AGRICULTORES PATRIOTAS”.

    La embajadora dijo en “Face the Nation” simplemente que el comercio aumentaría en ausencia de nuevos aranceles y bajo el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que contradice indirectamente el tuit del presidente.

     

    De cualquier manera, Trump tiene una carta para 2020

    En un sentido político, puede que en realidad no importe mucho si el acuerdo con México conlleva un genuino avance, un signo de la realidad distorsionada de la era política actual.

    El presidente ha pasado el fin de semana presumiendo la victoria, ofreciendo material nuevo para sus porristas conservadores y desacreditando las críticas a su esfuerzo como evidencia del sesgo de los medios.

    Si en pocos meses se soluciona la crisis fronteriza, Trump puede llevarse merecidamente una nueva ronda de aplausos en sus mítines de campaña y presumir de una reivindicación de sus políticas de línea dura.

    Afirmará que ha cumplido con sus predicciones de tener una presidencia que arregle las cosas y que está acumulando acuerdos para el pueblo estadounidense.

    Pero si queda claro que el trato con México fue un fracaso, Trump puede acudir de nuevo al pozo de la política fronteriza sabiendo que la retórica inflamatoria sobre los inmigrantes y los ataques a México alimentan la agitación en su base política, lo que necesita rumbo a 2020.

    “Siempre podemos volver a nuestra anterior y muy rentable posición sobre los aranceles. Pero no creo que sea necesario”, escribió Trump el domingo, acusando a los medios de comunicación que plantean dudas sobre el acuerdo de querer ver fracasar a Estados Unidos.

  • El pastor que hace llorar a los niños: así son los sermones del arrestado líder de la iglesia La Luz del Mundo

    Varios videos publicados en YouTube muestran el fanatismo de los fieles de esta congregación y la devoción incondicional que le expresan a su dirigente, quien ahora está preso en Los Ángeles esperando para ser juzgado por abuso sexual de menores, pornografía infantil, violación, conspiración y varios delitos graves.

    ISAIAS ALVARADO

     

    9 de junio del 2019- "Después de la batalla Dios coronará, Dios nos coronará". Las voces infantiles retumban en el imponente templo de La Luz del Mundo en Guadalajara. El canto llena cada rincón de este recinto de 80 metros de alto y con capacidad para más de 1,500 personas. Afuera hay muchos más, son miles, la mayoría niños.

    Ellas se cubren la cabeza con velos de colores y con estos secan sus lágrimas cuando escuchan la voz de un hombre anunciando la llegada del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García. " Toda la niñez se vuelca al hombre elegido por Dios", se escucha en el templo. "Aquí viene, alégrate niño".

    García, quien viste un traje color café, entra al recinto al estilo de una estrella de rock.Mientras camina va saludando con una sonrisa a los menores, que se apretujan para tratar de tocarlo. "Aquí está el que los ama y él está viendo que ustedes lo aman", continúa el anunciante y lo describe como "tu general", "el varón de Dios" y "el ungido de Jehová".

    Los niños esperan ansiosos escuchar al pastor después de una caminata que realizan cada año por las calles de Guadalajara. Sus expresiones no son menos desbordadas que las de sus padres: lloran, agitan las manos y gritan después de cada frase de su líder religioso.

    Este evento, que ocurrió en 2016, es uno de tantos registrados en video y subidos a 

     conspiración y una larga lista de delitos graves.

    En aquel discurso, García saludó a los más pequeños fieles de su iglesia con un versículo bíblico: "Dejad a los niños venir a mí (sic), porque de ellos es el reino de los cielos".

    Cuando les dijo que su sermón sería breve porque seguramente estaban cansados por el recorrido a pie, los niños le respondieron con un emotivo "noooo" y movieron las manos insistiendo que querían seguir escuchándolo.

    Luego, el pastor expresó a todo pulmón, como si fuera un político en el cierre de una campaña electoral, que cuando ellos cumplieran 18 años ayudarían a multiplicar "los batallones" de su congregación, ya extendida por todos los continentes. "Entonces, como dice la alabanza, ‘que tiemble el averno y que se llene de pavor’. Esta niñez se está preparando", advirtió frente a una multitud que no paraba de llorar.

     

    El mismo tono tenía el sermón que quedó registrado en otro video 

     Fue otro evento lleno de niños en 2018.

    – "¿Cuántos años te vas a dedicar a dar testimonio de esta iglesia del Señor? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años?", cuestionó el pastor. 
    – "Noooo", respondieron los pequeños. 
    – "¿La vida que el Señor te conceda la vas a dedicar para dar testimonio de este evangelio?", preguntó. 
    – "Sííííííí", contestaron al unísono. 
    – "¿Y si para otros no soy apóstol, niñez de la iglesia del Señor, ¿para vosotros sí lo soy?" 
    – "Síííííí". 
    – "El mundo me va a seguir queriendo detener ¿Me tengo que preocupar?" 
    – "Nooooo".

     

    Una "experiencia religiosa intensa"

    Son algunos niños de esta congregación evangélica los que se volvieron víctimas de Naasón Joaquín en el condado de Los Ángeles, según una acusación de la Fiscalía General de California, la cual cree que hay más víctimas en otros lugares que aún no se han atrevido a denunciarlo.

    Al momento, tres niñas y una mujer aseguran que este hombre y sus tres presuntas cómplices, todas mujeres jóvenes, las obligaron a desnudarse, realizar actos sexuales y dejarse fotografiar mientras lo hacían.

    Con más de 90 años de antigüedad, en el seno de este culto religioso han nacido y crecido miles de niños. Los que viven en 'Hermosa Provincia', la colonia de Guadalajara donde se encuentra su templo principal y en la cual radican muchos de sus fieles, reciben clases en las escuelas que administra la congregación. Todos los días, ellos caminan por calles con nombres bíblicos, como Jordán, Jericó y Getsemaní.

    Andrew Chesnut, profesor de estudios religiosos en la Virginia Commonwealth University, explicó al diario Los Angeles Times que La Luz del Mundo ha sido dirigida como un "culto a la personalidad", en el cual Naasón Joaquín "asumió roles divinos, diciendo que no podía ser juzgado, que era como un rey".

    Para sus críticos, solo un nivel alto de fanatismo explicaría por qué mientras la iglesia católica sigue perdiendo fieles aceleradamente desde que surgieron los escándalos de abuso sexual, La Luz del Mundo extendió su presencia en 58 país y alcanzó una membresía de más de cinco millones de feligreses a pesar de que las acusaciones contra sus tres grandes pastores se han escuchado desde hace varios años.

    Del padre de Naasón Joaquín, Samuel Joaquín, quien estuvo a la cabeza de la congregación por cinco décadas hasta su muerte en 2014, varios afirmaron haber sido víctimas de violaciones sexuales siendo menores. Hablaron ante la prensa, pero él jamás enfrentó un proceso penal en ningún lado.

    "La iglesia ofrece un tipo de experiencia religiosa bastante catártica, intensa; las oraciones que se efectúan en sus templos o fuera de ellos llevan a un estado de verdadera exaltación individual y colectiva", explicó Fabián Acosta, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, a la agencia EFE.

    Mientras que Ángela Renée de la Torre, académica del Centro Investigaciones en Antropología Social de Occidente, describió a este culto en su libro 'Los hijos de la luz' como un movimiento religioso de tipo pentecostal "debido a sus creencias fincadas en los dones y carismas del Espíritu Santo".

    Los miembros de esta organización deben sujetarse a un estricto código de conducta, que exige a las mujeres vestir faldas hasta los tobillos y velos. Otra norma es acudir a sus templos tres veces al día. Los horarios de los rezos son 5:00 am, 9:00 am y 6:00 pm. Por eso muchos viven cerca de estos recintos.

    "Asistir a la iglesia es vital en nuestra vida rutinaria", explicó Cesia Minemann, una vocera de la iglesia en Los Ángeles, en una entrevista con Univision Noticias. "Trabajamos, estudiamos, las amas de casa cuidan del hogar, pero al comenzar y al terminar el día nosotros oramos", agregó.

    Ella dijo que la vestimenta que se exige a las mujeres es "pudorosa" y para "agradar a Dios".

    Varios sermones de Nassón Joaquín 

     dictan al pie de la letra qué deben hacer los miembros de su iglesia para "ganar la salvación". En un video publicado en diciembre de 2018, él hablaba sobre el "libertinaje" del mundo y el "desenfreno" de los jóvenes.

    "Este cuerpo sigue viviendo en el mundo con estas tentaciones, con estos peligros, con estas provocaciones de Satanás", advirtió el pastor.

    A decir del fiscal estatal, Xavier Becerra, el líder de La Luz del Mundo no predicaba con el ejemplo; y le falló a las leyes de California "y a las de Dios".

  • Los rostros de "Venesolanda", la capital de Venezuela en Quito

    Solanda o Venesolanda, como ya lo llaman algunos, es un de los barrios populares más poblados de Quito. Los venezolanos más pobres alquilan allí casas minúsculas que casi siempre comparten con otros y trabajan en la economía informal del Mercado Mayorista, que les permite pellizcar unos cuantos dólares.

    SORAYA CONSTANTE

     

    QUITO, Ecuador. 9 de junio del 2019- Hay barrios que empiezan a ser refugio de los venezolanos en Quito. Uno de ellos es Solanda o Venesolanda, como ya la llaman algunos.

    Está al sur de la ciudad y en el pasado también acogió a colombianos, cubanos y a migrantes internos del país. Es uno de los barrios con mayor densidad poblacional, se calcula que tiene más 100,000 habitantes, aunque el diseño original de los años 70 fue pensado para 20,000.

    Los dueños de estas casas, que se construyeron dentro de un plan populista llamado "Pan, techo y empleo", modificaron las viviendas para alquilar una parte de ellas. Los venezolanos llegan a Solanda buscando esos espacios mínimos, que se alquilan entre los 150 y 250 dólares, y casi siempre los comparten con otros.

    También llegan atraídos por economía informal que está instalada en el sector y que les permite pellizcar unos cuantos dólares “haciendo el semáforo” (vendiendo caramelos, frutas, empanadas o tabacos los conductores en los semáforos), o trabajando como “caleteros” o cargadores en el Mercado Mayorista, la mayor despensa de Quito, que también es parte de Solanda.

     

    Las empanadas de los Morris

    Antonio Morris, su esposa Luz Marina y sus tres hijos son parte de esa Venesolanda que lucha por salir adelante. Llevan ocho meses en el barrio y aunque tuvieron mala suerte con la primera casera, que les cobró una cifra absurda por el consumo de agua, ahora viven en un piso que les alquila un ecuatoriano que emigró a Estados Unidos y ha empatizado con ellos.

    Los Morris vivían de lo que Antonio ganaba vendiendo limones en un semáforo, pero ahora venden empanadas a sus paisanos en el Mercado Mayorista. Su rutina empieza a las 3:00 de la mañana, porque las empanadas tienen que estar listas para el desayuno, y termina 12 o 14 horas más tarde cuando venden las 25 o 30 empanadas que preparan cada día.

    “Esto es duro, pero cuando quiero desmayar golpeó con fuerza la masa y digo por mis hijos, por el alquiler, por la visa…”, cuenta Luz Marina. Antonio también tiene lo suyo porque los vendedores de comida del mercado lo miran con recelo y en más de una ocasión le han dicho que se vaya a su país. “Sé que estoy trabajando honradamente, por eso siempre les respondo con educación y no dejo que me provoquen”, dice.

    La meta de los Morris es arreglar sus papeles, buscar colegio para sus hijos y abrir un pequeño negocio en Solanda. Todavía no saben cómo alcanzarán este último objetivo, pero ya han decidido el nombre del local: “Las empanadas de la abuela”, porque la idea de hacer empanadas se le ocurrió a la madre de Luz Marina que acompañó a la familia en el viaje a Quito y luego se regresó a Valencia, de donde salieron todos.

     

    Douglas carga papas a cambio de centavos

    Douglas Romero es parte de la población venezolana que trabaja en la gran despensa de Quito. Dio con el Mercado Mayorista porque otro venezolano le dijo que en el sur de la ciudad había un mercado como el Mercado Mayor de Coche, en Caracas, y que se trabajaba igual. Le aconsejaron ir a la medianoche y empezó cargando frutas y verduras.

    “Vienen camiones pequeños que te llevan por todo el mercado haciendo las compras y te dan unos cinco o siete dólares y el desayuno”, cuenta. De eso ya han pasado seis meses y ahora trabaja de “caletero” en la sección de papas: carga sobre su espalda los quintales de papas que otros compran y recibe 10 centavos por cada bulto. También le ocupan para clasificar o “clasear” las papas por 35 centavos el quintal.

    Según sus cálculos es mejor trabajar allí, aunque literalmente se parta la espalda. Poco antes de dar esta entrevista se ganó 90 dólares por dos días de trabajo en los que tuvo que clasificar 200 quintales de papas y luego subirlos a un camión.

    Este muchacho de 22 años, que no alcanzó a terminar la carrera en su natal Guárico, carga hasta dos quintales de papas en su espalda. “El trabajo es duro, por eso no lo quieren los ecuatorianos, pero nosotros vinimos a trabajar”, dice con una sonrisa en la cara.

    Sus otros dos hermanos mayores también están en Quito y han aparcado sus profesiones para trabajar en fletes de mudanza y en la hostelería. Solo uno de ellos ha conseguido arreglar su condición migratoria y ha conseguido traer a sus hijos. El resto se concentra en trabajar y apartar unos 20 o 30 dólares cada semana para enviar a sus padres en Venezuela.

     

    El hijo de ecuatorianos que volvió de Venezuela

    Rodolfo Yépez es uno de los primeros venezolanos que se asentó en Solanda. Llegó al barrio porque es comerciante y empezó a ganar sus primeros dólares vendiendo productos de belleza. Pero aunque él se jura venezolano, en papeles es ecuatoriano: nació en Guayaquil y emigró con sus padres a Venezuela cuando tenía dos años. Pero este hecho no cambia lo que él siente.

    “Mi esposa es venezolana, mis hijos son venezolanos, yo me siento venezolano”, asegura. La ventaja de tener papeles ecuatorianos, sin embargo, le abrió algunas puertas, sobre todo, a la hora de emprender. Llegó hace tres años y hace dos abrió una peluquería que lleva el nombre de su último hijo, Sebas.

    No lo hizo solo, contó con su familia y un grupo de amigos venezolanos que decidieron impulsar una opción de autoempleo para ellos mismos y se apoyaron en una organización eclesial llamada Misión Scalabriniana.

    La peluquería ganó fama en el barrio porque auspició a un equipo de basketball, formado por venezolanos y ecuatorianos, que ganaron el campeonato del barrio del año pasado. Este año, el equipo defiende el título y acaba de pasar a semifinal. Cuentan con un profesional del basketball, José Mejía, que jugó 18 años por Venezuela.

    “Es talento venezolano como muchos que han venido a este país”, dice Rodolfo y añade que en el grupo que frecuenta la peluquería hay muchos profesionales, pero casi nadie trabaja en lo suyo.

    Lo peor para los migrantes, a su juicio, es la explotación laboral. “Aquí lo malo es que hay mucho desempleo y se hace duro conseguir algo fijo, hay mucha gente que se aprovecha de eso y explota a los extranjeros. Yo he oído muchas historias, venezolanos que trabajan 15 días o un mes y no les pagan, les dicen que estaban a prueba y ellos no tienen a quién reclamar”.

     

    Ecuador no es un país para migrar

    El gobierno ecuatoriano en las últimas semanas ha hablado de la imposición de una visa humanitaria para los venezolanos, en sintonía con los países vecinos.

    El canciller de Ecuador, José Valencia, dice que a mayo de este año hay 277,000 venezolanos que viven en Ecuador, pero la cifra real podría superar los 300,000 si se toma en cuenta que muchos pasaron por trochas cuando el gobierno ecuatoriano impuso la obligatoriedad de presentar en frontera el pasaporte vigente y el pasado judicial apostillado. Esta medida duró casi dos meses debido a la apelación que hizo la Defensoría del Pueblo ante la Corte Constitucional.

    Esos mismos documentos, sin embargo, son requisitos para la visa y retrasan el proceso porque no son fáciles de tramitar. Según el canciller, apenas se han expedido 113,000 visas y hay otras 60,000 en trámite.

    Para Javier Arcentales, abogado especialista en movilidad humana, la exigencia de esos documentos es una barrera normativa. “Sabemos de la dificultad que tiene la población venezolana para acceder a su propia documentación, sabemos que la población viaja sin documentos”.

    Otra barrera normativa son las las tasas de pago para las visas o las multas. El costo normal por la visa Unasur es de 250 dólares, pero si la solicitud no se hace en los primeros 180 días de estancia se genera una multa de 788 dólares (dos salarios básicos) que se debe pagar para continuar con el trámite.

    La falta de papeles arroja a los venezolanos a la informalidad, al trabajo en las calles y a enfrentamientos con otros trabajadores ambulantes. También genera explotación laboral. Un estudio hecho en barrios populares del norte de Quito por la académica Daniela Celleri señaló que un 87% de los 3,000 migrantes consultados gana menos del salario básico (396 dólares).

    De eso ya han dado cuenta las organizaciones de migrantes, pero las autoridades no sancionan estas prácticas. Daniel Regalado de la Asociación Venezuela en Ecuador dice que a través de sus redes sociales conocen entre 15 y 20 casos diarios de explotación laboral.

    “La explotación ha sido denunciada ante el Ministerio de Trabajo, pero esta dependencia no ejerce una función sancionadora real, sino mediadora. Al explotado no le dan la razón jamás aunque presente fotos, videos y notas de voz. El explotador se limita a decir que no lo conoce y hasta allí llegamos”.

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