Indianapolis, Indiana. .
January 24, 2019

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Avivado por el calor y la sequedad, el llamado incendio Carr, que avanza hacia la comunidad de Redding, aumentó su tamaño durante la noche hasta alcanzar los 44,450 acres este viernes. El fuego ha destruido al menos 125 casas y ha provocado una evacuación masiva.

UNIVISION

27 de julio del 2018- Un bombero y el operador de una excavadora han perdido la vida mientras combatían un voraz incendio que ha arrasado con 18,000 hectáreas (44,450 acres) y ha dejado al menos 125 casas destruidas en el norte de California, provocando una evacuación masiva, incluyendo a los empleados de una televisora local. El fuego, que casi duplicó su tamaño en unas horas y solo ha sido contenido un 3%, amenaza a casi 5,000 estructuras.

Las autoridades anunciaron este viernes que un bombero local murió tratando de contener el fuego Carr, cuyas llamas avivadas por el calor, ráfagas de viento y la vegetación seca se extienden sin control desde hace cinco días. El jueves por la noche se informó sobre el fallecimiento de un operador privado de excavadoras por el mismo incendio. Los nombres de las víctimas no han sido publicados.

Ambos incidentes continúan bajo investigación, indicó el Departamento de Control de Fuegos de California (Cal Fire).

El llamado incendio Carr, que el miércoles estaba controlado al 24%, triplicó su tamaño desde entonces y hasta la pasada noche alcanzando las 18,000 hectáreas el viernes. Ahora, los bomberos apenas controlan un 3%.

El fuego es combatido por alrededor de 1,748 bomberos, 10 helicópteros y 110 camiones.

Scott McLean, portavoz de los efectivos del departamento de bomberos de California, aseguró que se trata de combatir "un muro de llamas”.

Las llamas ha arrasado con cerca de una quincena de estructuras y avanza hacia l a ciudad de Redding, de más de 90,000 habitantes y ubicada 150 millas ( 240 kilómetros) al norte de la capital californiana, Sacramento.

Más al sur las condiciones tranquilas ayudaron a los bomberos a luchar contra el fuego que se sospecha fue provocado por una persona que ha sido detenida.

El sospechoso, Brandon N. McGlover, de 32 años y residente de Temecula, fue arrestado el miércoles y acusado este viernes de 15 cargos por provocar incendios en terrenos silvestres. Al acusado le fijaron una fianza de un millón de dólares.

Rachel Hines, residente de French Gulch, dijo que tuvo dos horas para salir y que otras personas en el antiguo pueblo minero tuvieron tan sólo 30 minutos. La comunidad se ha enfrentado a dos incendios en las últimas dos semanas, agregó.

"Es terrorífico. A uno le da miedo porque no sabes si vas a regresar a tu casa y el pueblo será totalmente diferente", dijo a la televisora KRCR.

Las llamas avanzaron mucho durante la noche y los bomberos en la comunidad de Old Shasta intentaban salvar las estructuras, dijo al periódico Record Searchlight Mike Hebrard, jefe de la unidad de incendios de California.

Cientos de millas al sur no hubo vientos en el incendio en las montañas de San Jacinto. Sin embargo, las temperaturas subían rápidamente y los meteorólogos decían que las máximas podrían alcanzar los 100 grados Fahrenheit. También advirtieron que podría haber ráfagas de viento en la tarde que crearían condiciones peligrosas.

En otras partes del estado, un enorme incendio forestal continuaba creciendo afuera del parque nacional Yosemite. Un total de 100 casas todavía están bajo amenaza en la comunidad de Clayton, aunque los bomberos contuvieron el avance de un pequeño incendio ahí luego de que se quemara una casa.

Otro fuego en las montañas de San Jacinto, el Cranston, comenzó el miércoles y rápidamente se convirtió en una pared de llamas que incineró bosques y arbustos. Unas 3,200 personas en el pueblo de Idyllwild y las comunidades cercanas recibieron la orden de desalojo. Aproximadamente 600 casas estaban bajo amenaza.

El estado sureño pidió la colaboración de ICE en una inspección sobre la normativa de alcohol, pero 12 clientes mexicanos y centroamericanos acabaron encerrados en un centro de detención y afrontando la deportación.

UNIVISION

26 de julio del 2018- Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestaron a 12 extranjeros en situación irregular en el país durante una operación realizada en una discoteca latina de Little Rock, en Arkansas, el pasado fin de semana.

Lo que tenía que ser un chequeo para verificar el cumplimiento de las leyes de venta de alcohol en una discoteca llamada Trois, acabó siendo un operativo con diez hombres y dos mujeres inmigrantes detenidos.

Según Bryan Cox, portavoz de ICE, fue la agencia para el Control de Bebidas Alcohólicas del estado de Arkansas quien solicitó la cooperación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras haber recibido varias quejas sobre club nocturno.

La investigación se habría iniciado por la venta de alcohol a menores y también habría incluido una multa a uno de los jefes por posesión de marihuana, según indicó el diario Arkansas Online.

Pero la presencia de la división de investigaciones criminales de ICE complicó la noche del viernes al sábado para 12 inmigrantes. "Nuestra presencia en ese local fue inicialmente por una investigación criminal, no por una acción migratoria", dijo Cox a Univision Noticias este jueves.

Pero los agentes de HSI, la división criminal de ICE, tienen obviamente p oderes para verificar el estatus de extranjeros y arrestarlos si están en situación irregular.

Los detenidos –la mayoría sin antecedentes criminales– son 10 mexicanos, un guatemalteco y un hondureño, y fueron trasladados al centro de ICE en Jena, Louisiana, donde envían a la mayoría de extranjeros arrestados en la región.

Tanto un abogado de inmigración, Juan Carlos Hernández, como el consulado mexicano en el área cuestionaron en declaraciones a la prensa local por qué la agencia de Arkansas cooperó con las autoridades de federales de inmigración.

ICE, que nunca cita la palabra "redada" en sus comunicaciones, la usó esta vez para aclarar de que no se trató de una operación migratoria de este tipo.

"Los reportes sobre una redada de ICE son falsos. ICE no lleva a cabo ningún tipo de acciones aleatorias e indiscriminadas que buscan de manera indiscriminada a individuos", dijo el portavoz a Univision Noticias.

Pero, según lo informado, los detenidos no estaban en ninguna lista ni eran buscados por las autoridades migratoras, sino que resultaron estar esa noche en la discoteca donde fueron a verificar cómo vendía alcohol. ICE no puso cargos criminales contra los detenidos.

La cifra de 12 arrestados reabre la sombra de las últimas redadas en lugares de trabajo, operaciones gigantescas en fábricas donde trabajan inmigrantes sin papeles. En Tennessee detuvieron a 97 inmigrantes en una fábrica de carne en abril y en Ohio, arrestaron a 114 a principios de junio y a 146 más a mediados de mes.

 

En caso de producirse un fallo adverso este 8 de agosto y DACA sea eliminado, abogados advierten que los estados y las instancias que demandaron la cancelación y fueron amparados por los tribunales, apelarán de inmediato la decisión e incluso acudirán a la Corte Suprema de Justicia, donde el balance ideológico no favorece a los dreamers.

JORGE CANCINO

26 de julio del 2018- El futuro de la Acción Diferida (DACA) se decidirá el próximo 8 de agosto en una corte de distrito del sur de Texas, en Brownsville. Lo que el juez Andrew S. Hanen determinará es si el programa creado bajo el gobierno de Barack Obama es legal, o bien se elimina argumentando que fue ilegal desde su inicio, como sostiene el gobierno de Donald Trump.

DACA fue creado el 15 de junio de 2012 para amparar de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron a EEUU antes de cumplir 16 años y que se les conoce como dreamers. El programa también les otorga una autorización de empleo renovable cada dos años.

Todo esto está en vilo debido a que el programa está en manos del juez Hanen, quien en 2015 falló en contra de millones de indocumentados.

Y es que en febrero de 2015 Hanen falló en contra de DAPA, el programa que amparaba de la deportación a 5 millones de indocumentados que eran padres de ciudadanos y residentes permanentes, lo que en la práctica era una ampliación de la Acción Diferida DACA.

Cómo se llegó a la decisión de este 8 de agosto

El pasado 1 de mayo, siete estados encabezados por Texas demandaron en el mismo tribunal al gobierno de Trump para que elimine DACA, programa que fue cancelado el 5 de septiembre, pero restablecido en enero por un tribunal federal de California. Si lo elimina, unos 700,000 dreamers quedarán a las puertas de la deportación de Estados Unidos.

El 5 de septiembre del año pasado, el gobierno de Trump canceló el programa argumentando que es ilegal porque cambió parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, además de otorgar permisos de trabajo a extranjeros con presencia no en detrimento de los trabajadores estadounidenses. El anuncio de la eliminación del programa fue hecho por el fiscal general, Jeff Sessions.

DACA protege en la actualidad a unos 700,000 dreamers.

El 9 de enero, cuatro meses después de la cancelación de DACA, una corte federal de California ordenó el restablecimiento del programa tal y como se encontraba antes de la cancelación ordenada por Trump, pero advirtió que aquellos que nunca habían solicitado el beneficio no calificaban para el amparo de sus deportaciones o el permiso de trabajo.

Luego, el 13 de febrero, un segundo tribunal de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar y ordenó restituir el programa tal y como se encontraba vigente antes del 5 de septiembre del año pasado, pero dejó a discreción del DHS si concedía o no el beneficio a los nuevos inscritos.

Y el 24 de abril, un juez federal del Distrito de Columbia emitió un tercer fallo a favor del programa y le ordenó al gobierno que no solo continúe con el programa, sino que acepte nuevos solicitantes, pero concedió un plazo de 90 días para que de mejores argumentos sobre el fin del programa. Y señaló que, si en estos 90 días el gobierno no puede dar "razones más sólidas", deberá comenzar a aceptar nuevas peticiones.

El plazo

EL plazo fijado por la corte del Distrito de Washington venció el lunes 23. Un día antes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le envió al tribunal un memorando firmado por la secretaria Kirstjen Nielsen donde explica que no se opone ni interfiere con el memorando del 5 de septiembre del 2017 que ordenó la cancelación de DACA.

Nielsen también le indica a la corte que las razones de la cancelación del programa siguen siendo las mismas que señaló el gobierno en su momento y que fueron expuestas por el fiscal general Jeff Sessions en esa fecha.

La secretaria del DHS señala en el documento que “independientemente de las preocupaciones sobre la legalidad o ilegalidad del programa, existen razones sólidas para que la política de cumplimiento sea rescindida” y que la ley creada por el Congreso no permite crear nuevas categorías de extranjeros “bajo la apariencia de la discreción procesal, particularmente una clase que el Congreso ha considerado en repetidas ocasiones, pero se ha negado negó a proteger”.

Nielsen también expresó que la política de DACA fue anunciada como una medida temporal provisional, “no como una solución permanente”. Y agregó que el programa “estaba expresamente limitado a períodos de renovación de dos años, no confirió derechos sustantivos, y fue revocable en cualquier momento”.

Qué decidió la corte

Tras la presentación del memorando de Nielsen, la corte federal del Distrito de Columbia decidió extender por tiempo indefinido la espera respecto a la presentación de nuevas solicitudes de DACA. Y esperar “qué decidirá el tribunal de distrito del sur de California, en Brownsville, respecto a una demandada entablada por Texas y otros seis estados en mayo”, dijo a Univision Noticias Greisa Martínez, directora de políticas de United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers de Estados Unidos.

La demanda de mayo fue presentada por Texas y otros seis estados (Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina y West Virginia), que demandaron al gobierno federal disputando la creación del programa DACA en 2012.

Los demandantes habían advertido el año pasado al gobierno de Trump que, si no cancelaba DACA, acudirían a la corte tal y como lo hicieron 26 estados en 2014 cuando demandaron la ampliación de DACA y DAPA, programa que buscaba el amparo de la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

La demanda de mayo fue presentada en el mismo tribunal, presidido por el juez Andrew S. Hanen. La batalla escaló a la Corte de Apelaciones que ratificó el fallo de Texas y luego llegó hasta las manos de la Corte Suprema de Justicia, donde el máximo tribunal no tomó decisión alguna prevaleciendo entonces el dictamen de los tribunales inferiores.

“No esperamos nada positivo de la corte de Texas”, dice Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de UWD. “Estamos muy conscientes del panorama político, Hay mucha preocupación porque detrás de la decisión de la corte hay miles de trabajos, de futuros, educación y miles de vidas de personas que tienen familias establecidas en Estados Unidos.

Para otros la decisión de la corte del Distrito de Columbia de esperar qué resuelve el tribunal de Hanes, en Texas, es preocupante. El gobierno de Trump muestra un patrón inquietante para infligir su marca antiinmigrante”, dice David Lepold, un expresidente y asesor general de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Leopold advierte que si la corte de Brownsville emite una orden que bloquee los fallos cautelares que restablecieron DACA, “se iniciará una carrera hacia la Corte Suprema donde Trump cree que tiene ventaja”.

“Trump, Nielsen, Sessions y los republicanos saben muy bien que no tienen la ley de su lado cuando se trata de DACA. Su única esperanza es usar los tribunales para avanzar en su fea agenda nativista. Durante años, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha lamentado la politización de los Tribunales. Espero que esté prestando atención a esta farsa”, agregó.

En caso de producirse un fallo adverso y DACA sea eliminado, abogados advierten que los estados y las instancias que demandaron la cancelación y fueron amparados por los tribunales, apelarán de inmediato la decisión. “Y en caso de haber decisiones distintas en distritos y circuitos, entonces será la Corte Suprema la instancia que resuelva este pleito”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante 15 años fue fiscal de inmigración en el

Departamento de Justicia.

Mientras se resuelve la batalla en los tribunales “todo dreamer que tenga la posibilidad y reúna los requisitos para renovar su permiso de trabajo, que lo haga”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami. “Y si tiene duda, ya sea por una falta o el cumplimiento de un requisito para calificar, busque asesoría legal antes de llenar y enviar los formularios”, indica.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de la administración del programa, advierte que, el trámite para la renovación de los permisos de trabajo demoran entre 4 y 5 meses (120-150 días).

 

En octubre de 2017, el Departamento de Estado advirtió al Departamento de Seguridad Nacional que los hijos de centenares de miles de hondureños y salvadoreños que se quedan sin TPS podrían pasar a engrosar las filas de la MS-13 y atraer más migración ilegal.

MAYE PRIMERA

 

25 de julio del 2018- Rex Tillerson estuvo en desacuerdo con más de una decisión del presidente Trump cuando fue su secretario de Estado.AP

El Departamento de Estado le advirtió a Donald Trump que cancelar el TPS que ampara a hondureños y salvadoreños podría exacerbar dos de los grandes problemas que su gobierno dice querer combatir: el crecimiento de las pandillas como la MS-13 en El Salvador y en Honduras, y el aumento de la inmigración ilegal en Estados Unidos de quienes buscan oportunidades económicas.

Pero el presidente ignoró esta opinión, que coincide con la de organizaciones no gubernamentales y expertos que han criticado su decisión de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que hasta ahora había permitido que miles de ciudadanos de Honduras, El SalvadorHaití y Nicaragua permanecieran por décadas en Estados Unidos.

En octubre de 2017, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta a la secretaria encargada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, en la que le explicaba que la deportación de cientos de miles de salvadoreños y hondureños junto a sus familias, a países violentos y sin oportunidades económicas, como consecuencia de la cancelación del TPS, no haría más que sumar jóvenes soldados estadounidenses a las pandillas como la Mara Salvatrucha.

“Muchos de los deportados se irán acompañados de sus hijos nacidos en Estados Unidos, la mayoría de los cuales serán vulnerables al reclutamiento de las pandillas”, advierte el informe con recomendaciones del Departamento de Estado que acompaña la carta de Tillerson.

“Es probable que la falta de oportunidades legítimas de empleo empujen a los exbeneficiarios del TPS repatriados o a sus hijos a las pandillas u otros empleos ilícitos. Además, el retorno inmediato de un población de ciudadanos salvadoreños de tal magnitud como la que ahora reside en Estados Unidos, que El Salvador es incapaz de absober adecuadamente o emplear en este momento, puede intensificar los factores que provocan la inmigración ilegal”, continúa el documento.

Pese a esta y otras advertencias enumeradas por el secretario de Estado con base en opiniones de expertos, el gobierno de Donald Trump decidió seguir adelante con su decisión de no renovar los estatutos de protección, que fueron otorgados décadas atrás en el contexto de desastres naturales que en su momento afectaron a los cuatro países.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el 8 de enero la cancelación del TPS para 263,282 salvadoreños y el 4 de mayo, la cancelación del TPS para 86,163 hondureños. Todos ellos deberán regresar a sus países de origen, junto a las familias que formaron en Estados Unidos, o conseguir un nuevo estatus legal que les permita quedarse, en un plazo de 18 meses contados a partir del anuncio. En el caso de los salvadoreños, el plazo vence el 9 de septiembre de 2019 y en el hondureños, el 5 de enero de 2020.

En ambos casos, sus gobiernos no están preparados para recibirles, la economía nacional es precaria y las pandillas y otras organizaciones criminales dominan buena parte de su territorio.

“Tomando en cuenta que la mayoría de los hondureños migran por razones económicas, sumar decenas de miles de retornados a una economía que no está preparada para integrarlos solo exacerbará la que es la primera causa de la inmigración ilegal”, añade el informe.

En ese contexto, el Departamento de Estado advirtió también al DHS que las deportaciones masivas acabarían por traer más problemas de seguridad a Estados Unidos, y de gobernabilidad de Honduras y El Salvador. Además, echarían por tierra los esfuerzos económicos y diplomáticos que hasta ahora había hecho Washington para ayudar a fortalecer la economía y las instituciones de los dos países.

 

El servicio de inmigración prevé en el corto plazo un aumento de juicios para retirar la ciudadanía a inmigrantes que, asegura, la obtuvieron de manera fraudulenta o utilizaron nombres falsos.

JORGE CANCINO

24 de julio del 2018- La política de 'tolerancia cero' del gobierno del presidente Donald Trump no solo tiene como blanco a inmigrantes que planean venir a Estados Unidos, sino también a quienes llegaron recientemente, a los que buscan asilo, quienes llevan algún tiempo viviendo legalmente en el país o son residentes legales permanentes (LPR, por su sigla en inglés). Pero, aunque parezca sorprendente, incluye igualmente a miles de ciudadanos, algunos desde hace más de tres décadas y que están siendo investigados por una oficina especial creada en enero de 2017.

Hasta ahora, cerca de 100 casos de un total de 315,000 naturalizaciones puestas en duda por supuesto fraude, han sido referidos al Departamento de Justicia para iniciarles un proceso de desnaturalización civil, que puede resultar en la pérdida de la ciudadanía y, dependiendo del tipo de fraude cometido durante el trámite, puede derivar en un proceso de deportación.

Pero las investigaciones continúan y el gobierno estima un aumento en el número de juicios en el corto plazo. “Se espera que la cantidad de casos que serán considerados para desnaturalización civil aumente a medida que se integren registros de huellas dactilares adicionales en IDENT (Automated Biometric Identification System)”, dijo a Univision Noticias Michael Bars, portavoz de USCIS.

IDENT es una base de datos que opera bajo el control del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuya información es utilizada tanto para fines de inmigración, inteligencia, análisis u otros usos administrativos. El programa fue desarrollado originalmente en 1994 como un sistema de recopilación y procesamiento biométrico para el desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), pero hoy en día la herramienta se considera el principal sistema para la identificación biométrica y verificación de personas en procesos relacionados con el DHS, entre ellos los extranjeros que piden convertirse en ciudadanos estadounidenses.

El primer aviso

El 9 de enero el Departamento de Justicia (DOJ) dio a conocer pormenores de ‘Janus’, un operativo que puso bajo sospecha 315,000 ciudadanías por naturalización, luego de que se determinó que las huellas dactilares de esos casos no existían en la base de datos central de la USCIS.

Las autoridades sospecharon en ese momento que algunos de esos cientos de miles de naturalizaciones podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías.

Uno de los casos descubiertos correspondió al del ciudadano naturalizado de origen indio Basljunder Singh, alias “Davinder”. Singh llegó a Estados Unidos el 25 de septiembre de 1991 sin ningún documento que probara su identidad. Una vez procesado, fue puesto en proceso de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió una orden de deportación en ausencia el 7 de enero de 1992.

Cuatro semanas después, el 6 de febrero de 1992, Singh presentó una solicitud de asilo bajo el nombre de Baljinder Singh. En el documento afirmó ser un indio que ingresó al país sin inspección.

Singh abandonó esa solicitud después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de residencia en su nombre. El inmigrante se naturalizó bajo el nombre de Baljinder Singh el 28 de julio de 2006 y desde entonces residió en Carteret, Nueva Jersey.

El caso Singh fue llevado a los tribunales. Un juez de Nueva Jersey ordenó luego la revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización a Basljunder Singh, alias ‘Davinder’, dictamen que cambió de ciudadano naturalizado a residente legal permanente, situación que lo convirtió potencialmente sujeto a procedimiento de deportación a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicó el DOJ.

El segundo aviso

La segunda semana de junio USCIS anunció fondos adicionales para una oficina en Los Ángeles, California, encargada de identificar a las personas que sospeche hayan hecho trampa para conseguir su naturalización. Y que iniciará un proceso judicial para retirarlas.

El director de la agencia, L. Francis Cissna, dijo en esa ocasión que la USCIS había contratado a decenas de abogados y agentes de inmigración para revisar los casos de inmigrantes que tenían orden de deportación y presuntamente utilizaron identidades falsas para conseguir después tarjetas de residencia (green card) y posteriormente la ciudadanía.

“La oficina de USCIS en el sur de California servirá como una localidad central para revisar y referir al Departamento de Justicia procesos de desnaturalización civil aquellos casos apropiados en los que las personas a quienes se les había ordenado la deportación, usaron múltiples identidades intencionalmente para cometer fraude contra el gobierno y contra los estadounidenses para obtener la ciudadanía.”, explicó Bars.

El vocero agregó que la oficina de California viene trabajando en el programa de revisiones desde enero de 2017, y que el anuncio hecho en junio por Cissna fue para dar a conocer nuevos fondos para contratar personal adicional que se sumará a las investigaciones.

“Ahora el proceso para obtener la ciudadanía es más estricto que antes, pero pocas cosas han cambiado”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Lo que sí ha aumentado son las demoras para que aprueben un caso y la persona se convierta en ciudadano estadounidense”, agrega.

Respecto a la oficina que viene funcionando en Los Ángeles, Guerrero dijo que “su trabajo se centra específicamente para revisar casos de los años 90 y revocar aquellos donde las personas hayan cometido crímenes o mentido durante el proceso”.

Advirtió que las demoras “tendrán impacto en los tiempos de procesamiento de las solicitudes N-400” y advirtió que el procedimiento para que le retiren la ciudadanía a una persona “se trata de un proceso complejo que se ventila en los tribunales de justicia”.

“El caso lo lleva una corte federal”, explicó. “En ese tribunal el ciudadano naturalizado tiene derecho a defenderse y presentar sus argumentos ante el juez. Y en caso de perder el juicio y le retiren la ciudadanía, la persona vuelve a su estado migratorio anterior, de residente legal permanente”.

“Ahora bien”, agregó Guerrero, “dependiendo del crimen cometido, serán las cortes de inmigración la instancia judicial que determinará si esa persona puede permanecer o no en Estados Unidos. Hay que recordar que ciertas faltas convierten a un residente en una persona deportable de Estados Unidos”, indicó.

El fraude figura en la lista de crímenes que derivan en la pérdida del beneficio de permanencia de un extranjero y la posterior deportación del país.

Por lo general, los abogados siempre han dicho a las personas que es casi imposible que les revoquen su ciudadanía por naturalización, pero después del Operativo Janus, “esos tiempos se acabaron”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

Razones oficiales

Cissna asegura que en el pasado reciente los agentes de la USCIS tenían una “capacidad limitada” para garantizar que las leyes de inmigración se ejecutaran fielmente, un argumento común utilizado por el gobierno de Trump desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.

El servicio de inmigración aclara que su objetivo es “ identificar actos deliberados de fraude relacionados con la falsificación o el uso de identidades falsas”, y asegura que “hacemos todo lo posible para garantizar que las personas no sean susceptibles a errores, malentendidos o circunstancias especiales”.

“Aquellos que hayan obtenido el gran privilegio de la ciudadanía a través de actos de fraude deliberados e intencionales, y han engañado al sistema con el fin de minar a los solicitantes legítimos y respetuosos de la ley que buscan una mejor oportunidad, prosperidad y seguridad, pueden ser referidos legítimamente al Departamento de Justicia”, aseveró Bars.

En 2016 la Oficina del Inspector General (OIG) encontró una gran cantidad de casos de ciudadanía obtenidas probablemente de manera fraudulenta por medio del uso de identidades falsas, explicó la USCIS. Esto debido a que la información relacionada con la identidad asociada con las antiguas tarjetas de huellas dactilares no había sido ingresada en las bases de datos contra las cuales se hacían verificaciones de datos biométricos digitales al momento de solicitar naturalización.

En muchos casos, los datos fueron ingresados años más tarde, agrega.

La OIG “identificó cientos de casos en los que las personas tenían una orden de deportación o deportación bajo una identidad y habían obtenido la naturalización bajo una identidad diferente”, añadió Bars. El problema dio origen en 2017 a la asignación de un grupo de trabajo para revisar esos casos, dependencia que funciona en Los Angeles.

Datos actualizados

La USCIS entregó a Univision Noticias un detalle del proceso de investigaciones llevadas a cabo hasta ahora:

-Los casos de desnaturalización civil deben ser presentados en la corte federal de distrito y solo un juez tiene la autoridad para desnaturalizar a una persona.

-Si el equipo determina que la naturalización se obtuvo fraudulentamente o inapropiadamente, los agentes realizarán las investigaciones administrativas necesarias y redactarán la documentación de apoyo para que el DOJ inicie los procesos de desnaturalización.

-Cientos de miles de registros de huellas dactilares procedentes de tarjetas impresas han sido ingresados a IDENT.

-Hasta el momento, se ha determinado que sobre 2,5000 casos de naturalización requieren una revisión a fondo para una posible desnaturalización y, hasta el momento, cerca de 100 de esos casos han sido referidos formalmente a DOJ para desnaturalización civil.

 

Hasta ahora, los referidos de USCIS han resultado en la desnaturalización civil de seis personas procedentes de India, Azerbaiyán, Costa de Marfil y Nigeria.

USCIS reporta que cada año le da la bienvenida a entre 700,000 y 750,000 ciudadanos y que durante el año fiscal 2017 fueron naturalizadas poco más de 716,000 personas.

El tiempo que demora el trámite de la ciudadanía puede tardar hasta 22.5 meses en algunas oficinas de USCIS a lo largo y ancho del país, de acuerdo a un reciente informe de Univision Noticias.

 

La Oficina de Aduanas y Control de Fronteras dijo a Univision Noticias que sus agentes “están a cargo de hacer cumplir no solo las leyes de inmigración y aduanas, sino también velan el cumplimiento de más de 400 leyes para otras 40 agencias y regularmente arrestan a miles de infractores”.

JORGE CANCINO

24 DE JULIO DEL 2018- La política migratoria de ‘tolerancia cero’ en la frontera también impacta a los extranjeros que tienen visa para entrar a Estados Unidos. Una simple duda, una respuesta mal dada o la sospecha de que un turista viene por un motivo diferente o pretende trabajar sin autorización, es suficiente para que le cancelen la visa y deba esperar cinco años para volver a solicitar una.

A diferencia de gobiernos anteriores, donde la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración era menos rigurosa que ahora, bajo este gobierno los controles “son más importantes” y determinantes al momento de permitir o rechazar un ingreso al país, previene Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y que durante 15 años fungió como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia.

“Ellos (los agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras -CBP-) tienen la directiva de averiguar, revisar carteras y celulares para ver si están usando las visas de turismo para otros propósitos. Si los descubren o tienen sospecha, proceden a cancelar la visa y regresan al extranjero”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California.

El caso de "Ana"

Ana no se llama Ana. Pidió mantener su nombre en el anonimato por temor a no poder entrar nunca más a Estados Unidos. Cuenta que hace una semana viajó desde Colombia al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. “Los agentes de inmigración me detuvieron porque en mi viaje pasado (con una visa tipo B1/B2) mi permanencia fue más o menos de 5 meses y medio. Durante ese tiempo yo estudié inglés en un instituto y durante mi tiempo libre trabajé en un restaurante”.

Añade que “debido a esta razón, ellos tomaron la decisión de cancelarme la visa, deportarme y me dijeron que debía esperar 5 años para volver a pedir una visa”.

“Bajo este gobierno las revisiones en los puertos de entrada son más rigurosas”, advierte Gálvez. “Mire, si el agente del CBP estima que, si una persona con visa de turista viene para quedarse, casarse o trabajar en Estados Unidos, se la cancela en el acto. No lo deja entrar”, añade.

“Y tenga en cuenta que revisarán su historial migratorio. Es decir, si una persona viene muchas veces y se queda mucho tiempo, cinco o seis meses, luego regresa una semana a su país y nuevamente entra por otros cinco o seis meses, el gobierno considerará que eso ya no es turismo y le van a cancelar la visa”, apunta. “Se están viendo más casos con este gobierno”.

El caso de "Humberto"

En el último año se redujo drásticamente el número de vuelos directos entre Caracas y Estados Unidos, situación que llevó a muchos venezolanos utilizar Aruba como ruta para llegar a Florida.

“Yo usé esa ruta porque no conseguía vuelo”, cuenta Humberto, quien tenía una visa de turista tipo B1/B2 válida para ingresar al país. “Cuando llegué a Aruba, ahí estaban los agentes del CBP. Ellos hacen la inspección en la isla antes de que las personas viajen a Miami”, agrega.

Humberto cuyo nombre es otro, pero pidió mantener su identidad bajo reserva, añadió que “cuando me pararon también lo hicieron con otras 14 personas. Me hicieron varias preguntas y pienso que vieron algo y por eso me cancelaron la visa. En el grupo que sacaron también había ancianos”, cuenta.

Al igual que Ana, una vez le cancelaron la visa (con un sello estampado en el pasaporte) le dijeron que debía esperar 5 años para volver a gestionar un nuevo permiso en el Consulado de Estados Unidos en Caracas.

“Hay indicios de que en el último año y medio aumentaron los escrutinios de las personas que entran con visa a Estados Unidos”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Si el agente del CBP tiene la sospecha que el viajero ha estado mal usando para otros fines su visa de turismo y tal vez pueda confirmar o encuentre que ha trabajado o vive en Estados Unidos”, es muy probable que en ese momento le cancele la visa”, agrega.

Qué dice el gobierno

El CBP confirmó los temores. Dijo a Univision Noticias que sus agentes “están a cargo de hacer cumplir no solo las leyes de inmigración y aduanas, sino también velan el cumplimiento de más de 400 leyes para otras 40 agencias y regularmente arrestan a miles de infractores”.

“Como la agencia encargada de determinar la admisibilidad de extranjeros en los puertos de entrada, bajo la Sección 291 de la Ley de Inmigración (INA) y la Sección 8 del Código de Estados Unidos, las personas que comparecen a un puerto de entrada y solicitan admisión, tienen el peso de prueba para demostrar que son claramente elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, dice Jeffrey Quiñonez, vocero del CBP. “Para demostrar que son admisibles, el solicitante debe superar todos los motivos de inadmisibilidad”, indica.

El vocero dijo además que “la Ley de inmigración rige ampliamente la admisibilidad e inadmisibilidad de los extranjeros y enumera más de 60 motivos de inadmisibilidad divididos en varias categorías principales, incluyendo motivos relacionados a condiciones de salud, antecedentes criminales, razones de seguridad, carga para el sistema público, asuntos laborales, inmigrantes indocumentados y violaciones de inmigración, requisitos de documentación y otros motivos”.

“En ocasiones la persona puede haber provisto información falsa para obtener la visa o ha utilizado los documentos de otra persona”, añade Quiñonez.

El funcionario dijo además que “es importante establecer que un extranjero que se presenta a un puerto de entrada tiene, primero que demostrar su intención de inmigrar o de no –inmigrar a Estados Unidos. Por ejemplo, un extranjero con visa de turismo o de negocio (una visa de no inmigrante) usualmente tiene permiso para entrar y salir en un periodo de 6 meses. Pero este no es un visado para inmigrar y solicitar residencia en el país”.

Motivos de inadmisibilidad

Además de utilizar una visa para un propósito distinto, como por ejemplo que un turista viva y trabaje en Estados Unidos y solo salga del país una vez al año por una o dos semanas, estas otras faltas son suficientes para que le nieguen la entrada y le cancelen la visa:

 

-Haya sido condenado por cualquier delito.

-Haya sido acusado de cualquier delito, incluso cuando dicho cargo no haya sido resuelto.

-Haya cometido actos que constituyen un delito penal imputable.

Haya incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.

-Haya abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.

-Quienes estén sujetos a una orden final de deportación y no hayan cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos.

-Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

Quiñonez dijo que “si se determinase que un solicitante es inadmisible, los agentes de CBP tienen la autoridad de cancelar la visa de no inmigrante. Y se determina que es inadmisible, podría, en determinadas circunstancias (el extranjero) ser puesto en un proceso de deportación”.
“En algunas circunstancias, un agente puede, a su entera discreción, determinar que le permitirá retirar su solicitud de admisión. Una determinación de inadmisibilidad puede tener un impacto en su futura admisibilidad y puede resultar en la cancelación de la visa”, puntualizó el vocero.

Hernández explicó que, una vez cumplido el castigo de los 5 años después de la cancelación de la visa, “la persona debe ir al Consulado de Estados Unidos en su país de origen y hacer un trámite conocido como Proceso 212 y obtener un permiso para ingresar a Estados Unidos y luego aplicar nuevamente para una visa. Pero como existe el antecedente de que se la quitaron, lo más probable es que se la nieguen”, advirtió.

Las visas temporales de no inmigrante B1/B2 “son los permisos o tipos de entrada a Estados Unidos más comunes”, explica el libro “Inmigración: las nuevas reglas”, una guía de Univision. “Se solicitan directamente en una embajada o consulado y las utilizan personas provenientes de todo el mundo”.

“Cada año el CBP registra más de 170,000,000 de entradas legales, será por un puerto fronterizo aéreo, terrestre o marítimo (una persona puede entrar múltiples veces). De ellas, más de 46,000,000 están relacionadas con la visa B1/B2”, agrega la guía.

 

Redacción BLes. 21 de julio del 2018 –Un nuevo estudio publicado por la revista Science Translational Medicine el 5 de julio de 2017, ha revelado que los tratamientos convencionales contra el cáncer causan más cáncer.

Un equipo de científicos de la Facultad de Medicina Albert Einsteinde Nueva York, capitaneados por el Dr. George Karagiannis demostró que la quimioterapia es una solución a corto plazo en el mejor de los casos.

Los científicos de Nueva York explicaron que, a la vez que reduce los tumores, la quimioterapia abre simultáneamente nuevas puertas para que los tumores se diseminen al torrente sanguíneo, desencadenando tumores más agresivos que a menudo provocan la muerte.

Los investigadores creen que los medicamentos tóxicos de la quimioterapia activan los mecanismos de reparación en el cuerpo que permiten que los tumores vuelvan a crecer más rápido.

Además, el Dr. Karagiannis, autor principal del estudio, y su equipo encontraron que dos medicamentos de quimioterapia comunes aumentan el número de “puertas” en los vasos sanguíneos que permiten que las células cancerosas se diseminen a otras partes del cuerpo.

El Dr. George Karagiannis encontró que el número de entradas se incrementó en 20 pacientes que recibieron dos fármacos de quimioterapia comunes.

El equipo, que también investigó con modelos vivos, descubrió que la quimioterapia aumentó la cantidad de células cancerosas que circulan por el cuerpo y los pulmones de los ratones.

Aunque este estudio solo investigó los efectos de la quimioterapia en el cáncer de mama, los investigadores actualmente están experimentando con otros tipos de cáncer para ver si ocurren efectos similares, informó The Telegraph

En este estudio, solo investigamos la diseminación de células cancerosas inducida por la quimioterapia en el cáncer de mama”.  Actualmente estamos trabajando en otros tipos de cáncer para ver si se producen efectos similares “, afirmó el Dr. Karagiannis. 

¿Mata la quimioterapia más pacientes que el cáncer?

Se sabe que la quimioterapia incluye una larga lista de efectos secundarios, desde náuseas y pérdida de cabello hasta fatiga extrema, y ​​en muchos casos, no cura ni detiene la progresión del cáncer. Pero, ¿qué pasa si la quimioterapia hace algo que nadie se había dado cuenta antes durante todas las décadas que ha estado en uso? ¿Qué pasa si la quimioterapia realmente alienta a que el cáncer se disemine por todo el cuerpo, el proceso conocido como metástasis?

Este estudio no es el primero en demostrar las formas en que la quimioterapia puede desencadenar cánceres secundarios o metastásicos.

En 2010, investigadores del Centro Integral de Cáncer de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB por sus siglas en inglés) y del Departamento de Química de la UAB recibieron una subvención de US$ 805.000 del Programa de Investigación del Cáncer de Mama del Departamento de Defensa de EE. UU. para investigar si la quimioterapia estimula el cáncer para diseminarse por todo el cuerpo.

Los científicos de la UAB se concentraron en el material genético (ADN) inactivo o alterado que queda en el cuerpo después de que las células de cáncer de mama se exponen a quimioterapia. 

El equipo de investigación declaró que el ADN alterado resultante podría ser el factor mortal que desencadena el temido proceso de metástasis a través de una vía molecular específica.

Descubrir si la quimioterapia puede causar la propagación del cáncer es de gran importancia en el campo de la oncología porque la metástasis es la principal causa de recurrencia del cáncer y fracaso del tratamiento.

Los investigadores encontraron que las células cancerosas muertas activan una ruta en el cuerpo mediada como una proteína denominada receptor tipo peaje 9o TLR9, que está presente en el sistema inmune y en muchos tipos de cáncer. “Si TLR9 aumenta la metástasis, los investigadores trabajarán para encontrar terapias dirigidas que bloqueen o regulen esta vía molecular”, afirmó el Dr. Selander de la UAB. 

En 2017, solo en EE.UU. se estima que se diagnosticaron 1.688.780 nuevos casos de cáncer y alrededor de 600.920 personas podrían perder la vida a causa de la enfermedad, según el informe anual de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

 

LOS ÁNGELES (AP). 23 de julio del 2018 — Un altercado entre un hombre y su abuela por la permanencia de la novia de él en casa de la mujer devino en violencia y al final el sujeto tomó docenas de rehenes en un supermercado en Los Ángeles, dijo el domingo una pariente.

Los investigadores creen que Gene Evin Atkins, de 28 años, baleó a su abuela el sábado en la tarde e hirió a su pareja en la casa donde vivían en el sur de Los Ángeles antes de que provocara una persecución policial en la que intercambió fuego con los agentes, se estrelló contra un poste afuera del supermercado Trader Joe’s en el sector Silver Lake de la ciudad y corrió al interior del establecimiento.

Atkins fue fichado el domingo bajo el cargo de homicidio por la muerte de una empleada cuando ingresó en el local, señaló la policía.

Charlene Egland, prima del sujeto, dijo a The Associated Press que Atkins había estado discutiendo con su abuela —que lo crió desde que tenía 7 años— “de manera intermitente durante dos o tres semanas” por el hecho de que su novia viviera en casa de la abuela.

“Ella ya no quería que la chica estuviera ahí”, señaló Egland.

La abuela de Atkins, Mary Elizabeth Madison, de 76 años, caminaba de vuelta a casa el sábado y le dijo al nieto que “apagara algunas de las televisiones”, luego de lo cual él le disparó, afirmó Egland.

La prima dijo haber escuchado unos seis disparos antes de que otro primo llegara corriendo desde la terraza y le gritara a Egland: “¡Creo que Gene baleó a mi mamá!”

La pareja de Atkins sufrió un rozón de bala en la cabeza, señaló la policía.

Egland dijo que echó a correr para llamar al teléfono de emergencias y esperó la llegada de una ambulancia. Al mismo tiempo, según la policía, Atkins robó el vehículo de la abuela y se llevó por la fuerza a su novia.

Los agentes localizaron el coche mediante un sistema de rastreo de vehículos robados e intentaron detener a Atkins en Hollywood, pero rehusó orillarse, señaló la policía. Durante la persecución, el sospechoso les disparó por la ventana trasera del coche.

Hubo más intercambio de disparos antes de que Atkins se estrellara contra un poste de luz afuera del supermercado. El hombre siguió disparándole a la policía y ahí Melyda Corado, de 27 años, empleada de Trader Joe’s, murió al ser alcanzada por una bala, dijo el jefe de la policía Michel Moore. Otros agentes sacaron a la pareja de Atkins del vehículo.

Los clientes y empleados buscaron rápidamente dónde refugiarse y se atrincheraron dentro de almacenes y baños mientras las balas de la policía rompían las puertas de cristal de la tienda.

Cuando escuchó los disparos, Sean Gerace, que laboraba en la parte trasera del supermercado, condujo a varios de sus compañeros a una bodega escaleras arriba. Tomó una escalera plegable y la sacó por una ventana para que sus compañeros escaparan a salvo, según dijo a la televisora KNBC-TV.

“Tomé una escalera de emergencia, armé una barricada en el pasillo, cogí un arma, saqué la escalera por la ventana y solo intenté llamar la atención del agente de policía especial”, declaró Gerace a la estación televisiva.

Unas tres horas después, Atkins —que fue herido de bala en el brazo izquierdo— aceptó ponerse las esposas y salió caminando por la puerta principal, rodeado por cuatro de los rehenes. Estaba detenido el domingo con una fianza de dos millones de dólares, y se desconoce si cuenta con un abogado para que declarara sobre las imputaciones.

Se encontró una pistola en la tienda, señaló la policía.

Una mujer de 22 años fue herida por fragmentos de vidrio y ella misma se dirigió a un hospital, agregaron los agentes.

El Departamento de Bomberos llevó a seis personas a hospitales por afecciones o heridas que no ponen en peligro su vida, señaló la policía.

En un principio la abuela de Atkins fue trasladada a un hospital en condición crítica y la policía dijo que recibió siete balazos, pero Egland, que la visitó el domingo, dijo que sufrió tres impactos de bala, la operaron y está mejorando.

Atkins, que tiene dos hijas, estuvo en varios empleos, uno de ellos de guardia de seguridad, pero lo despidieron repetidas veces, señaló Egland. Su licencia para trabajar como guardia de seguridad expiró en noviembre de 2017, según archivos estatales. Se desconoce si la licencia particular que poseía le permitía portar legalmente un arma de fuego.

Su abuela también había intentado ayudarle a encontrar empleo y “simplemente intentaba que le fuera mejor”, señaló la prima.

Atkins nunca antes había agredido a la abuela, dijo Egland, pero comenzó a preocuparle que en las últimas semanas él pareciera molesto y huraño.

“Me parecía que no estaba bien”, señaló. “Estoy destrozada”.

Parientes, compañeros de trabajo y clientes recordaron el domingo a Corado, la empleada de Trader Joe’s, una persona animada, trabajadora y siempre sonriente, según la describieron. Un monumento improvisado de flores, veladoras y notas en su memoria aumentaba el domingo de dimensión en la acera afuera del establecimiento.

“Me duele decir que ella no sobrevivió. Mi hermanita. Mi mundo”, dijo su hermano Albert Corado en un tuit.

Trader Joe’s _popular en el vecindario y conocido por su excelente servicio_ permanecerá cerrado hasta nuevo aviso para darle tiempo a los empleados de procesar los hechos y tener su duelo.

“Ayer fue el día más triste en la historia de Trader Joe’s mientras lloramos la pérdida de uno de nosotros”, dijo Kenya Friend-Daniel, portavoz de la compañía, en un comunicado. “Nuestros pensamientos están con su familia, los miembros de nuestro equipo y los clientes que vivieron esta pesadilla terrible e inimaginable”.

FUENTE: AP

La anulación de Notificaciones de Comparecencia (NTA) sin fecha ni hora, ayuda a miles de inmigrantes que batallan por permanecer en EEUU, pero también pudiera anular procesos donde el inmigrante recibió la 'green card'.

JORGE CANCINO

 

12 de julio del 2018- Un reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia podría dar paso a dos beneficios inesperados: la cancelación de un número indeterminado de casos de deportación y permitir que los beneficiarios obtengan la tarjeta verde de residencia permanente.

El dictamen, que contó con la aprobación de 8 de los 9 magistrados, fue dado a conocer la tercera semana de junio. Señala que los avisos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que extranjeros se presenten a un proceso de deportación “no detiene el reloj que mide el tiempo de permanencia” en Estados Unidos y podrán seguir batallando legalmente para permanecer en Estados Unidos.

La decisión constituyó una victoria clave para miles de inmigrantes que intentan evitar sus deportaciones y no pueden demostrar un mínimo de tiempo de 10 años ininterrumpidos en Estados Unidos, explicaron abogados consultados por Univision Noticias.

Nuevas oportunidades

Tras revisar el dictamen, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo que el fallo también puede “tener implicaciones más amplias”, señalando que, de acuerdo con informes, “abogados se han movido para terminar procesos de deportación, argumentando que las Notificaciones de Comparecencia (NTA, por su sigla en inglés) defectuosas sin una fecha y hora, son inválidas para fines de iniciar un caso de expulsión del país”.

“La decisión también podría tener implicaciones más amplias para personas a quienes se les negó la oportunidad de solicitar la cancelación cuando se consideró que una NTA defectuosa detuvo la acumulación de presencia física, así como la reapertura de órdenes de deportación emitidas en ausencia”.

AILA señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha reconocido que, en los últimos tres años previos al fallo, “no especificaron en las NTA las fechas y los tiempos de los procedimientos”.

Un gran inconveniente

Pero la alegría de unos podría transformarse en pesadilla para otros miles de casos donde al final del proceso de deportación “el inmigrante obtuvo la residencia legal permanente (green card)”, advirtió Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Al no ser válidas las NTA emitidas sin fecha ni hora, miles de casos ya dictaminados podrían ser anulados porque, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, las Notificaciones de Comparecencia utilizadas en los procesos que concluyeron con el otorgamiento de la green card tampoco son válidos”, precisó.

Abogados consultados sijeron que no está claro qué sucederá con las ciudadanías obtenidas a través de residencias ganadas con NTA que la Corte Suprema dijo que eran inválidas.

Respecto a los casos de deportación todavía abiertos y donde el inmigrante tiene dificultades para demostrar tiempo de permanencia de 10 años, Hernández dijo que “deben ser cancelados, tirados a la basura y comenzar de nuevo. Pero al comenzar de nuevo el inmigrante podrá reunir nuevas evidencias para ganar su caso”.

“Una vez se cancela el caso, el inmigrante ya no está el proceso de deportación. Pero el gobierno le iniciará otro proceso teniendo en cuenta la fecha y la hora de la nueva NTA. Estimo que son miles los casos que se pudieran ver favorecidos, pero también miles los casos que pudieran afectarse. Todo esto está siendo revisado minuciosamente”, indicó.

Daño colateral

Un daño colateral no advertido fue visualizado por AILA. La anulación de miles de NTA inválidas y la emisión de nuevas notificaciones de comparecencia, tendrá un doble impacto en el calendario de audiencias de las cortes de Inmigración.

A finales de mayo los tribunales, dependientes del Departamento de Justicia (DOJ), tenían acumulados casi 700,000 casos y algunas audiencias se estaban programando para dentro de dos o tres años.

“Muchas personas esperan años para sus audiencias”, señala AILA. Pero previene que la anulación de las NTA causará desajustes, y las nuevas notificaciones marcarán nuevas fechas de audiencia, “información podría cambiar varias veces a medida que transcurran los años y evolucione la acumulación de trabajo, presentando además una variedad de consecuencias”.

La asociación indicó que la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) “ha indicado que los tribunales de inmigración que programen audiencias solo después de que el DHS les envíe las NTA”.

“El establecimiento de nuevas fechas de comparecencia probablemente requerirá que las dos agencias mejoren significativamente la coordinación interinstitucional y las capacidades de intercambio de información”, dijo AILA.

La administración Trump ha tenido que volver a regañadientes a la práctica del 'catch and release' este martes para poder cumplir con la orden de un juez federal de reunificar a las familias que han sido separadas en la frontera. Al no poder retener más padres con niños en centros de detención, van a liberarlos con dispositivos en sus tobillos para poderlos monitorear.

UNIVISION

LOS ÁNGELES, California. 10 de julio del 2018– Cuando se cumple el plazo que un juez federal dio al gobierno de Donald Trump para la reunificación de los niños menores de 5 años que hayan sido separados en la frontera con sus padres, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se está viendo obligado a tomar decisiones que le permitan cumplir con las órdenes de los tribunales y a la vez continuar implementando su política de 'tolerancia cero'. Lo cual parece cada vez más contradictorio.

Esto pone en aprietos a una administracón que pretende juzgar como criminales a los migrantes que entran al país sin documentos y a la vez no separar más a los padres de sus hijos, luego de la crisis que generó la práctica de detener a los adultos y enviar a los menores de edad a centros de detención aparte de sus progenitores. Para hacerlo el gobierno pretendía detener a las familias juntas, pero este lunes una jueza federal en Los Ángeles rechazó esta petición.

La juez de distrito Dolly Gee dijo que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de niños que cruzaron la frontera de manera ilegal.

La pregunta era entonces cómo haría el gobierno para cumplir con las órdenes de los tribunalessin fallar a la implementación de su agresiva política migratoria. La respuesta ahora es evidente: no puede, pues al cumplir con la reunificación tendrá que liberar a cientos de familias y volver a la práctica del 'catch and release' que tanto quiso eliminar el gobierno Trump.

Este martes se vencía el último plazo que un magistrado de Distrito de San Diego le fijó al DHS para que devuelva a más de 100 niños menores de 5 años a sus padres. Funcionarios de la administración Trump aseguraron que 38 de 102 pequeños serían reunificados, pero hasta la tarde solo se conocía de cuatro familias reunidas, de acuerdo al diario Los Angeles Times, que cita a abogados del Departamento de Justicia y de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que fue la que encabezó la demanda en este caso.

En la ciudad de Grand Rapids, Michigan, dos niñas y un niño que habían estado bajo custodia temporal se reunieron con sus padres hondureños en un centro del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tres meses después de haber sido separados, de acuerdo a un reporte de la agencia AP.

Los tres padres estaban "abrazándolos y diciéndoles que todo estaba bien y que nunca más se volverían a separar", dijo a la misma agencia Abril Valdes, abogada de inmigración.

Uno de los padres, Ever Reyes Mejía, salió del centro de ICE cargando a su sonriente hijo y su mochila. A bordo de un auto, padre e hijo se alejaron de la instalación.

Funcionarios de ICE señalaron que los reencuentros se seguirían dando a lo largo del día a las afueras de los centros de detención donde están los niños.

"Los padres con niños menores de 5 años están siendo reunidos con tus hijos y luego liberados e inscritos en un programa de detención alternativo, lo que quiere decir que se les colocará un grillete en el tobillo y serán liberados en la comunidad", dijo a varios medios Matthew Albence, el director ejecutivo de la oficina de ICE encargada de las deportaciones.

Albence explicó que el grillete "es una herramienta que usamos para incentivar el cumplimiento"y asegurarse de que los padres asistirán a sus citas en corte. Sin embargo, el funcionario aseguró que aunque este es el procedimiento que usarán "en general", las autoridades revisarán cómo proceder caso por caso de cada familia.

Se calcula que los procesos migratorios de estas familias liberadas pueden tardar meses o incluso años.

Los padres que han sido detenidos por el ICE "en su mayoría" están siendo trasladados a lugares cerca de sus hijos y las familias serán dejadas en libertad, afirmó por su parte Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia, quien explicó que se publicarán los lugares de los reencuentros, pero que los niños han sido llevados a refugios en distintos puntos del país.

El juez pidió a fiscales del gobierno que provean información sobre qué niños serán devueltos a sus padres, cuáles necesitarán más tiempo y que proponga un cronograma de reunificación de los niños aún separados, pues habrá algunos a los que tomará más tiempo reunir con sus familias.

Decenas deberán esperar por la complejidad de sus casos, especialmente porque el gobierno ya deportó a sus padres a sus países de origen y otro grupo de progenitores fue liberado tras ser arrestado por las autoridades migratorias y no ha podido ser localizado en suelo estadounidense.

De los 102 menores, 14 no son elegibles para la reunificación porque sus padres tienen graves antecedentes penales o el ADN no probó que fueran los hijos de quienes dicen ser sus padres.

La solución de Trump

El presidente Donald Trump aseguró este martes que la solución para el problema de cómo el gobierno cumplirá con el plazo judicial para reunificar a familias migrantes separadas es "que no vengan a este país ilegalmente".

Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a una cumbre en Europa, Trump respondió a preguntas sobre el tema diciendo: "Esa es la solución, que no vengan a este país ilegalmente, que vengan como hacen otros, legalmente".

El mandatario también criticó a los demócratas que han pedido eliminar ICE, afirmando que ello demuestra que "quieren fronteras totalmente abiertas y no les importa la criminalidad".

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  • Venezuela captura soldados amotinados después de que robaron armas y vehículos

    Por CNN

     

    (CNN). 21 de enero del 2019 — Las autoridades venezolanas han detenido a un grupo de soldados amotinados por robar armas de un puesto de avanzada de la Guardia Nacional, según un comunicado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
    “Las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales informan al pueblo de Venezuela que, en la mañana del 21 de enero, aproximadamente a las 2:50 am (1: 50aET), un pequeño grupo de asaltantes asignados a la 43a Zona de Mando de la Guardia Nacional Bolivariana violó su juramento de lealtad al país y sus instituciones”.

    “Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas rechazan categóricamente este tipo de actos, que con toda seguridad, están motivados por oscuros intereses de extrema derecha y son contrarios a las leyes elementales de disciplina militar, honor y tradiciones de nuestra institución”, añadió Padrino.

    La declaración continuó: “Los “delincuentes” robaron dos vehículos militares, robaron armas de fuego y secuestraron, bajo amenaza de muerte, a oficiales y dos miembros de la Guardia Nacional”.

    “Los delincuentes se rindieron y fueron capturados en la sede de la unidad de seguridad especial en Cotiza, en el municipio de Libertador”, agrega el comunicado. “Durante su detención, pudimos recuperar las armas robadas y en este momento, están brindando testimonio a los organismos nacionales de inteligencia”.

    “Aplicaremos todo el peso de la ley a estas personas”, concluye.

    La declaración dijo que el levantamiento había sido sofocado y que las instalaciones militares del país seguían funcionando como de costumbre, “todas nuestras unidades operativas, dependencias administrativas e institutos de educación están funcionando con una normalidad completa y absoluta”.

     

    Lo que sabemos de lo sucedido en Cotiza

    Las Fuerzas Especiales de Seguridad de Venezuela el lunes acordonaron varias calles alrededor del comando de la Guardia Nacional, en Caracas, según Simón Rodríguez, periodista fotográfico de CNN en Español que está en la escena.

    Las autoridades están reaccionando ante varios manifestantes que tomaron las calles mostrando su solidaridad con un hombre que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional venezolana en un puesto de avanzada en Caracas que pidió la destitución del presidente Nicolás Maduro, en un video que ha circulado este lunes en las redes sociales.

    Las fuerzas de seguridad están tratando de controlar las protestas con gas lacrimógeno, pero más personas continúan uniéndose a ellas, informa Rodríguez.

  • La Corte Suprema decide no actuar sobre DACA permitiendo que el programa siga vigente

    La Acción Diferida de 2012 (DACA) se encuentra vigente por orden de los tribunales de justicia, quienes anularon la cancelación del programa ordenada por el presidente Donald Trump el 5 de septiembre del año pasado. El beneficio protege de la deportación a unos 700,000 dreamers.

    JORGE CANCINO

     

    22 de enero del 2019- La Corte Suprema de Justicia anunció este martes que se mantendrá al margen del debate jurídico sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA), decisión que mantiene vivo el programa que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    La decisión ocurre tres días después de que Trump ofreciera a los demócratas del Congreso un plan migratorio que incluye activar la protección de DACA por tres años, al igual que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de indocumentados centroamericanos a cambio de $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama en 2012 para proteger temporalmente de la deportación a miles de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

    Los beneficiarios deben demostrar que carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años al 15 de junio de 2012. A cambio, reciben una autorización de empleo renovable cada dos años, documento que les permite gestionar una licencia de conducir y una tarjeta del Seguro Social.

    Los republicanos desde un comienzo rechazaron el programa aduciendo que Obama había cambiado una parte de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso, argumento que esgrimió Trump durante su campaña e incluso prometió a sus electores que lo cancelaría.

     

    Los dreamers aplauden

    “Es un fallo importante. Pero seguimos a la expectativa porque es probable que en el siguiente período de sesiones de la corte los magistrados revisen el programa”, dijo a Univision Noticias Greisa Martinez, subdirectora ejecutiva de United We Dream, la principal organización de dreamers del país.

    “Es importante, además, estar claro que “todavía no ha terminado el ataque” contra el programa, creado en el 2012 por Obama. “Estamos agradecidos por el dictamen, pero seguimos expectantes, No bajamos la guardia”, agregó.

    Martínez dijo además que los dreamers cuyos permisos de trabajo se venzan en los próximos 120 a 150 días, “que los renueven inmediatamente porque no se sabe cuánto tiempo está demorando el gobierno en procesar las solicitudes. Se están tardando mucho tiempo”.

    “Y quienes no se han unido al movimiento, que lo hagan para seguir luchando en contra de la política antiinmigrante de Trump y su fuerza nacional de deportaciones”.

    El 5 de septiembre del 2017 el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció la eliminación de DACA indicando que el programa violaba la Constitución porque había cambiado la ley sin el respaldo del legislativo. Pero el 9 de enero de 2018 una corte federal de San Francisco, en California, atendiendo una demanda encabezada por varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y de la Universidad de California, dictaminó que la decisión del gobierno de Trump era arbitraria y ordenó el restablecimiento inmediato del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre de 2012.

    El 13 de febrero una segunda corte, esta vez de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar al de California y restituyó el programa bajo los mismos términos.

    Pero el 24 de abril una tercera corte federal, esta vez del Distrito de Columbia, restituyó en su totalidad DACA y le dio un plazo de 90 días al gobierno para presentar evidencias adicionales, o en su defecto debería aceptar nuevas solicitudes de inscripción.

    El plan de Trump para reabrir el gobierno: extender DACA y TPS (programas que él canceló)

    El tercer fallo hizo que Texas y los otros estados se movilizaran y el 1 de mayo demandaron al gobierno bajo el argumento que se trataba de un programa ilegal e inconstitucional.

    Luego de los tres dictámenes, la Fiscalía General de Texas reiteró que el desafío de los 10 estados que en junio de 2017 anunciaron que demandarían al gobierno de Trump por mantener vivo el programa y acudirían a los tribunales, pero para demandar la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

    El 31 de ahosto del año pasado el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de Houston, falló que la Acción Diferida de 2012 (DACA) es legal, con lo que unos 700,000 dreamers siguen protegidos de la deportación, además de contar con un permiso de trabajo renovable cada dos años.

    Hanen negó la petición de los 10 estados encabezados por Texas, quienes alegaban que el programa es ilegal e inconstitucional, basados en que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que sólo le compete al Congreso.

    A principios de noviembre, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que escuche y defina el caso DACA. Pero después la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno de Trump no puede cancelar la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El fallo le da un nuevo golpe al presidente en su intento por detener el programa que le expresidente Barack Obama activó en el 2014.

    La decisión de este martes le resta presión a los demócratas para aceptar la oferta hecha el sábado por Trump, quien usó el programa a cambio de dinero para construir su muro en la frontera con México.

     

  • Trump dispuesto a legalizar a dreamers e inmigrantes con TPS a cambio de fondos para el muro

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    JORGE CANCINO

     

    Durante la alocución prevista para este sábado en la tarde, el presidente Donald Trump ofrecerá aceptar un plan para legalizar a los dreamers protegidos por DACA y restablecer los Estatus de Protección Temporal (TPS) eliminados durante su mandato, a cambio de que el Congreso le autorice los $5,700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña.

    La información fue confirmada a Univision Noticias por fuentes familiarizadas con la oferta, que no estaban autorizadas para hacer una declaración pública y que conversaron bajo condición de anonimato.

    Se prevé que los fondos formarán parte del paquete de presupuesto de gastos de lo que resta del año fiscal 2019, un debate que fue suspendido el pasado 21 de diciembre y que provocó un cierre parcial del gobierno, dejando a más de 800,000 trabajadores federales sin salario.

    Trump argumenta el pedido de fondos y la construcción del muro a una situación de emergencia nacional en la frontera, donde miles de inmigrantes han llegado en los últimos años tratando de ingresar de manera indocumentada al país.

    Los demócratas, por su parte, responden que el mandatario fabricó la crisis para exigir fondos que le permitan cumplir con sus electores, y que el muro se ha convertido en su principal plataforma de campaña de reelección del 2020.

    Agregan que las oleadas de migrantes datan desde por lo menos 2014. Se trata de personas que huyen de sus países (principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras) a causa de la violencia y la pobreza, y se presentan en la frontera en busca de asilo.

    Las explicaciones, sin embargo, no son aceptadas por el mandatario, quien insiste en que los migrantes constituyen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y que la única manera de detenerlos es construyendo un muro. Y exige al gobierno de México que los contenga y evite que lleguen a la frontera.

    “México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Detuvimos las dos últimas: muchos todavía están en México, pero ellos no pueden atravesar nuestro Muro, pero se necesitan muchos agentes de la frontera si no hay un Muro. ¡No es fácil!”, escribió esta mañana en su cuenta de la red social Twitter.

    Si los demócratas aceptan la oferta, ambas cámaras deberán aprobar lo que resta del presupuesto para el año fiscal 2019, incluyendo los $5,700 millones para el muro en la frontera con México.

    Al ser consultada por Univision sobre este escenario, Cristina Jiménez, la directora ejecutiva de la principal organización de dreamers, United We Dream, señaló: “Desconfiamos de lo que él (Donald Trump) ofrezca. Él ha causado mucho sufrimiento a nuestra comunidad. No podemos confiar en sus promesas y negociaciones. Tenemos mucho escepticismo porque ha creado mucho dolor en nuestra comunidad”.

     

    Qué dicen los demócratas

    La oposición demócrata fue sorprendida este sábado con la propuesta de Trump. A medida que se ha ido conociendo parte de la propuesta del mandatario, convocaron a reuniones a puertas cerradas para debatir una estrategia y encarar dos temas clave:

    Aprobar el presupuesto, incluyendo los $5,700 millones que exige el presidente, y reabrir inmediatamente el gobierno tras el cierre parcial que comenzó a primera hora del pasado 22 de diciembre.

    Darle a Trump el dinero para que levante el muro y cumpla su principal promesa de campaña, tema central de su reelección para el 2020.

    “No tenemos una postura a este momento”, dijo una fuente demócrata conocedora de las reuniones poco antes del anuncio del mandatario. “Queremos ver un compromiso de que el Presidente aceptará lo que el Congreso le envíe a su escritorio, no queremos que el Congreso debata lo que él quiere”.

    Otra fuente, que también pidió el anonimato, dijo que en el debate por el tema migratorio “no solo deberían estar los dreamers y los migrantes con TPS”, en referencia a los otros 9 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace varias décadas.

    Fuentes de la Casa Blanca dijeron que la propuesta del presidente sólo incluye DACA y “algo sobre el TPS”. No mencionaron al resto de indocumentados.

     

    La oferta no es nueva

    En enero del año pasado Trump utilizó la misma oferta para conseguir dinero para el muro, durante el debate del presupuesto de gastos del 2018. Pero en aquella ocasión los republicanos, que controlaban ambas cámaras del Congreso, no le dieron el dinero y los dreamers se quedaron sin estatus legal de permanencia.

    Los dreamers, sin embargo, advirtieron que el plan del Presidente es usarlos a ellos como moneda de cambio para construir el muro y fortalecer su política de tolerancia cero, incluida la fuerza nacional de deportaciones.

    Entre las medidas que temen los soñadores se cuenta la deportación de millones de indocumentados que llevan tiempo en el país.

    “Quieren que elijamos entre esas protecciones y las políticas antiinmigrantes que colocarán a los otros 9 millones de indocumentados, entre ellos a nuestros padres y familiares, en el banquillo de las deportaciones”, dijo en aquella oportunidad Juan Manuel Guzmán, director de asuntos gubernamentales de United We Dream (UWD).

     

    La historia de DACA

    DACA fue creado por el expresidente Barack Obama el 15 de junio de 2012. El programa ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.

    El 5 de septiembre de 2017 Trump ordenó la cancelación del programa y le otorgó al Congreso un plazo de seis meses para aprobar una legislación que regularizara la permanencia de hasta 1.8 millones de dreamers.

    La fecha de cancelación fue determinada dos meses antes por el estado de Texas, cuando dijo que demandaría al gobierno de Trump si no procedía a eliminar el programa.

    El 9 de enero de 2018, una corte federal de San Francisco anuló la orden y dispuso el restablecimiento del programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre, dictamen que le quitó la presión al Congreso para legislar sobre el tema.

    Otras tres cortes emitieron dictámenes similares, por lo que el programa sigue vigente. En noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise las sentencias y decida sobre la legalidad de DACA, fallo que podría ser anunciado en el verano.

     

    Historia de los TPS

    En 2017, poco después de la cancelación de DACA, la Casa Blanca comenzó a cancelar los permisos, uno a uno, a los países beneficiarios del TPS. El argumento: que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones beneficiarias (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua).

    La primera anulación fue el 6 de noviembre de 2017. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

    La medida se amplió el 22 de noviembre, cuando el gobierno de Trump informó sobre el fin de la protección para cerca de 60,000 haitianos. Dos meses después, el 8 de enero, le tocó a El Salvador: casi 200,000 inmigrantes indocumentados que llevaban casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

    Pasaron los meses y el 4 de mayo de 2018 el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protegía a unos 56,000 hondureños.

    El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

    El pasado 3 de octubre, un juez federal de San Francisco bloqueó la decisión del gobierno de acabar con los TPS, y aseguró que la decisión del gobierno podría causar "un daño irreparable y grandes adversidades" a los beneficiarios.

     

  • Las bacanales de 'El Chapo' Guzmán

    Modelos colombianas, actrices y hasta una experta en rejuvenecimiento visitaban asiduamente al narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán en sus campamentos para realizar lo que una fuente describió a Univision como "brigadas de sexo y salud".

    GERARDO REYES

     

    18 de enero del 2019- Todo el mundo quedaba contento. 'El Chapo', porque se había acostado con una mujer bella. La mujer, porque ganaba buen dinero y el intermediario entre los narcos y la mujer porque se quedaba con un porcentaje no despreciable.

    Así resume Carlos el ciclo de un negocio del que fue un feliz beneficiario: la contratación de mujeres hermosas que una o dos veces al mes viajaban a los campamentos de Guzmán para satisfacer su desaforado apetito sexual.

    "Guzmán no tenía límites, era una máquina sexual, un monstruo que había que alimentar constantemente", relató. "Si no se acostaba con alguien un día, se comía lo que se moviera’".

    Carlos es el nombre ficticio de un hombre que estuvo en las entrañas de los carteles de la droga y que relató esta historia con la condición de no revelar su verdadera identidad. Univision confirmó con otras fuentes su participación en los carteles mexicanos y las conexiones con los colombianos. Carlos colaboró con el gobierno de Estados Unidos.

    Mientras recordaba con los reporteros de Univision sus años de aventuras con droga, dinero y mujeres, pasaba con su índice cientos de fotografías en su teléfono celular. Al encontrar las imágenes de las jóvenes, conocidas en Colombia como 'prepagos', celebraba con una sonrisa.

    "Esta estuvo allá, es modelo", comentó. "Esta es actriz", dijo al reconocer a una trigueña que trabajó en una narconovela.

    'El Chapo' las prefería colombianas, según él, no solo por su belleza sino por su dulzura y simpatía. La mayoría de las veces Guzmán no escogía la modelo con quien quería pasar la noche. Las deficientes comunicaciones en las áreas remotas donde se movía, dificultaban el envío de fotografías.

    Así que un grupo de mujeres y hombres proxenetas colombianos que se presentan como sofisticados 'mánagers' de la farándula y que son expertos en manejar los gustos de los narcos de su país, explicó la fuente, se encargaban de escoger a las acompañantes de Guzmán y de sus hombres de confianza.

    Según Carlos, el promedio que se le pagaba a cada visitante era de unos 10,000 dólares más los gastos de transporte desde Colombia hasta Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

    "Aunque había casos especiales de modelos muy costosas a quienes les pagan 20 o 25 mil", agregó.

    Sostuvo que los ayudantes de 'El Chapo' llevaban a las jóvenes a un rancho de maizales situado a unos 30 minutos de Culiacán. Allí las muchachas debían entregar sus teléfonos celulares y sus iPads antes de abordar las avionetas que las llevarían al corazón de la Sierra Madre Occidental, el inmenso refugio montañoso que Guzmán usaba con más frecuencia para esconderse.

    Todas pasaban por la prueba de nervios del vuelo de las avionetas de Guzmán a ras de los picos de los cerros y el espantoso aterrizaje en pistas de tierra muy cortas que terminaban en un pronunciado ascenso construido para desacelerar la avioneta.

    Guzmán tenía más de una docena de campamentos en la sierra. Los testigos los describen como construcciones sencillas que se mimetizan en sitios con abundante vegetación en medio del paisaje árido de la cadena montañosa.

    Los refugios, equipados con luz eléctrica, aire acondicionado, cocinas y cuartos muy austeros para huéspedes, señaló Carlos, estaban situados a una media hora o 45 minutos de las pistas de aterrizaje en cuatrimoto. Según lo han descrito testigos en el juicio que se realiza en contra de Guzmán en una corte de Brooklyn, estos escondites de paso estaban vigilados por un primer círculo de unos 200 hombres mientras que en el entorno cercano al capo se apostaban de 20 a 30.

    Las visitantes eran llevadas en cuatrimotos a los campamentos donde las esperaba una febril jornada de música, licor y sexo que podría extenderse durante dos o tres días, afirma Carlos.

    "Las muchachas se entretenían además disparando armas y manejando las cuatrimotos", dijo.

    El baile se hacía en palapas o kioscos abiertos, unas veces animado por bandas que tocaban los corridos preferidos de Guzmán y otra con equipos de sonido, agregó.

    Las modelos comentaban que 'El Chapo' sacaba provecho hasta el último minuto de sus encuentros sexuales, sostuvo Carlos. "Decían que no paraba en toda la noche".

    Al final de la jornada la advertencia a las mujeres era intimidante, recuerda Carlos: "Ustedes no vieron nada, no escucharon nada, esto nunca ocurrió en sus vidas", les decían.

     

    Las aventuras de 'Avatar'

    En los últimos ocho años, los hombres más cercanos a Guzmán fueron el colombiano Alex Cifuentes y el mexicano Dámaso López, conocido como 'El Licenciado'. Cifuentes, heredero de una familia que manejó la flota mercante más grande al servicio de los carteles de la droga, fue arrestado a finales de 2013. Negoció con la Fiscalía y declaró en el juicio en Brooklyn que se convirtió en la persona más importante del acusado.

    "No solo era su mano derecha sino la izquierda", dijo.

    Con el tiempo adquirió un marcado acento mexicano que lo hacía pasar por un local, explicó Carlos. Cifuentes participaba en las bacanales de la sierra, pero sin beber licor por cuanto sufre de una enfermedad del páncreas. 
    El colombiano conoció a una modelo colombiana con quien tuvo una hija. Univision intentó hablar con la modelo.

    Una mujer que se presentó como la madre de la modelo respondió que ella estaba trabajando en el exterior y al pedirle más detalles de su relación con Cifuentes explicó en un correo electrónico: "Nosotras no sabemos absolutamente nada ni queremos saber, por seguridad sabemos que eso lo manejan en el FBI’".

    Cifuentes contaba con otra mujer colombiana que se encargaba de reclutar modelos y de sus negocios personales. Su nombre, según su testimonio en la corte es Andrea Vélez Fernández.Carlos sostiene que los apellidos fueron invertidos en la corte. En su testimonio Cifuentes se refiera a ella como "mi secretaria".

    De acuerdo con Cifuentes, como Andrea tenía una agencia de modelos en la Ciudad de México, Guzmán le pidió que organizara una reunión con algunas de ellas y un general del Ejército mexicano. La orden era ofrecerle un soborno de 10 millones de dólares al militar a cambio de "dejarlo a él (Guzmán) en paz", dijo Cifuentes.

    Si Andrea lograba convencer al "cachuchón", como se referían en los correos electrónicos a los líderes narcotraficantes al militar, ella recibiría un millón de dólares. Según Cifuentes el militar se negó. "El general odiaba mucho a Joaquín", declaró.

    Guzmán no creyó en esa versión, explicó Cifuentes. Comentó que Andrea era una mentirosa y ordenó que la mataran. Cifuentes admitió que estuvo de acuerdo con la decisión y se puso en la tarea de buscar a la persona que haría el trabajo. No solo para matarla a ella sino a un ayudante en Canadá llamado Steven Tello de quien 'El Chapo' sospechaba que estaba robándose dinero de la venta de drogas.

    Cifuentes dijo que se reunió con miembros de la pandilla Hells Angels para contratar al sicario. En medio de esa búsqueda fue arrestado en Culiacán el 12 de noviembre de 2013. Andrea y Tello se salvaron.

    Alex Cifuentes declaró en una corte federal que Guzmán ordenó la muerte de su asistente Andrea Fernández, luego de que no logró sobornar a un militar.

    Conocida como 'Avatar' por su parecido a la protagonista de la película, Andrea nació en Medellín, Colombia. Fue adoptada por una pareja de colombianos que ha vivido en el sur de la Florida. 'Avatar' trabajó como agente inmobiliaria en Miami.

    Por sus gestiones como asistente de negocios y placeres del cartel ganaba unos 5,000 dólares mensuales, afirmó Carlos.

    "Es una mujer de una personalidad muy fuerte, aguerrida, echada pa' lante, mal hablada, a veces metía cocaína que inhalaba en un cuchillo", recordó.

    Alrededor de 2013, vivía en el penthouse de un edificio de Polanco, en Ciudad de México, y trabajaba en una oficina de abogados cercana a su apartamento. La oficina estaba bajo la dirección de su novio, un abogado mexicano con "buenas conexiones" con el alto gobierno de México, dijo Carlos.

    Un residente del edificio dijo a Univision que no recordaba que en el penthouse hubiera vivido una mujer colombiana.

     

    Ampollas de juventud

    Otra de las asiduas visitantes a los campamentos de Guzmán era una mujer experta en terapias de rejuvenecimiento, afirma Carlos. Había hecho cursos en Europa de tratamientos antivejez que ponía en práctica con Guzmán.

    "Le aplicaba inyecciones en la cara y le cuidaba la piel, porque la piel de 'El Chapo' estaba siempre llena de picaduras de mosquitos, raspones por todos lados de cuando andaba en el monte", dijo Carlos.

    La misma mujer hacía brigadas de vacunación de los hombres de Guzmán.

     

    La reportera de Univision Investiga Peniley Ramírez contribuyó con este reportaje

  • ¿De qué crisis en la frontera habla Trump? Informes de su gobierno ponen en duda la necesidad de un muro

    Trump ha elegido la construcción del muro como el centro de su estrategia para 2020, tratando de repetir el éxito de 2016. Pero los números parecen estar en su contra.

    Por: JORGE CANCINO y JOSÉ FERNANDO LÓPEZ

     

    18 de enero del 2019- Seis semanas después de las elecciones de medio término, donde los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump radicalizó su discurso con miras a la reelección del 2020. Y tal como sucedió en la campaña anterior, el eje central de su estrategia vuelve a ser la construcción del muro en la frontera con México.

    Trump les advirtió a los líderes demócratas del Congreso que estaba dispuesto a cerrar por largo tiempo una parte del gobierno si no le aprobaban, dentro de lo que resta del presupuesto de gastos del año fiscal, 5,700 millones de dólares para construir el muro.

    Trump argumenta que en la frontera hay una crisis que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Y asegura que, si el muro no es construido como prometió a sus electores en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, el crimen, la violencia y las drogas se ensañarán con los estadounidenses.

     

    Cierre parcial

    El 22 de diciembre terminó sin ningún acuerdo el plazo para la aprobación del presupuesto en ambas cámaras del Congreso y el presidente cumplió su palabra y provocó un cierre parcial del gobierno federal que dejó a más de 800,000 empleados federales sin salario.

    “La seguridad fronteriza efectiva debe reducir dramáticamente la entrada de inmigrantes ilegales, criminales y drogas”, escribió el mandatario en una carta enviada al Congreso el 4 de enero. “Debe mantener fuera a los terroristas, las amenazas a la seguridad pública y a aquellos que de otro modo serían inadmisibles bajo la ley. Y debe garantizar que quienes ingresan sin permiso legal, puedan ser devueltos a sus hogares de manera rápida y segura”.

    Desde el cierre del gobierno –y con más frecuencia que antes– el presidente se dedicó a tuitear sobre el tema. Entre el 22 de diciembre y el 16 de enero tuiteó 80 veces sobre la frontera, hablando de la crisis y acusando a los demócratas de estar en contra de la seguridad fronteriza.

     

    Tema de campaña

    Ese día (16 de enero) Trump despejó las dudas sobre la importancia del tema para la campaña del año 2020. “Cada vez es más obvio que los demócratas radicales son un partido de fronteras abiertas y crimen. No quieren tener nada que ver con la gran crisis humanitaria en nuestra frontera sur. # 2020!”, escribió en su cuenta de Twitter.

    Pero no todos ven con buenos ojos la estrategia. “Seguir con la retórica del muro solo le refuerza una base electoral que es extremista y que no le permitirá ir políticamente muy lejos con ella”, advierte Roberto Izurieta, director del departamento de política latinoamericana y campañas políticas de la Universidad George Washington. “Esa base extremista y minoritaria, con sus voceros -o expresiones en algunos medios o periodistas extremos-, parece que le es muy importante, al menos emocionalmente”.

    Izurieta agrega que, con este discurso, “Trump está respondiendo a esa base más que a cualquier estrategia que le de viabilidad a su gobierno y éxito político, entendiendo que ya tiene en mira la reelección presidencial del 2020”.

     

    Los números de la frontera

    Trump convirtió el tema del muro (que fue una de sus promesas electorales en 2016), en el centro del enfrentamiento con los demócratas con miras s 2020. Pero, ¿Es tan insegura la frontera como la presenta el presidente? ¿Entran cada año tantos criminales y drogas por ella como asegura la Casa Blanca? ¿Es la frontera abierta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?

    Son varios los estudios y los datos producidos por centros académicos de reconocida credibilidad y por entidades del propio gobierno que ponen en cuestión las afirmaciones del presidente. Comenzando por el flujo de inmigrantes que entran de manera ilegal al país y alimentan la población indocumentada.

    De acuerdo con estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, actualmente viven en el país unos 10.7 millones de inmigrantes indocumentados. Entre 2007 y 2008 (el pico máximo) la cifra estimada era de 12.2 millones, una baja del 13%. Por tanto, la inmigración no autorizada en vez de estar aumentando, como afirma Trump, ha descendido. 

    Según el Departamento de Seguridad Interna (DHS) “Las aprehensiones en la frontera son un indicador del total de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal”. Si es así, la cantidad de personas que intentan ingresar sin autorización a Estados Unidos ha descendido de manera dramática en los últimos años. De más de 1,600,000 aprehensiones que se produjeron en el año 2,000 en la frontera sur, se ha pasado a cifras de entre 300,000 y 400,000 aprehensiones en la actualidad. 

    Se podría pensar que la cifra de aprehensiones ha descendido porque hay más personas entrando de manera ilegal sin ser detectadas por las autoridades. Pero cifras del propio gobierno invalidan esa hipótesis.

     

    Más seguridad que nunca

    Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Interna sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

    Según el reporte, el número de cruces no detectados ha caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación). 

    “La seguridad en la frontera suroeste es mayor que nunca”, asegura un artículo de FWD.us­, una organización integrada por directivos del sector de alta tecnología, entre ellos Google y Facebook, cuya misión es educar al público sobre las políticas de inmigración y las contribuciones de los inmigrantes a Estados Unidos. “El Congreso ha invertido millones de dólares en las últimas dos décadas para desplegar infraestructura, tecnología y personal para asegurar la frontera, y esta inversión ha dado resultados”.

    Y si quedaran dudas, el mismo reporte del DHS (publicado hace menos de un año, durante la administración Trump), dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas)”.

    “Hay más infraestructura, tecnología y agentes fronterizos en la frontera suroeste que en cualquier otro momento de la historia, lo que ha dado como resultado menores intentos de cruzar ilegalmente y mayor probabilidad de que sean detectados”, dice el artículo de FWD.us. 

     

    Un coladero de drogas

    Un argumento que ha utilizado el presidente Trump (y ha vuelto a utilizar, cada vez con más fuerza) es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras, como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dice un artículo reciente de The New York Times, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde se propone construir el muro.

    Datos de la Patrulla Fronteriza muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisa en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados de la Unión Americana) viene por los puertos de entrada y no por la frontera abierta. 

     

    La criminalización de los inmigrantes

    Otro argumento ­–que el presidente suele acompañar con declaraciones dramáticas de personas afectadas– es que por la frontera entran todos los días cientos de criminales que amenazan la seguridad de los estadounidenses: lo que se ha dado en llamar la “criminalización de los inmigrantes”.

    En este aspecto, las cifras del gobierno también son muy dicientes. En el año fiscal 2018 (faltando solamente el mes de septiembre para consolidar las cifras), la Patrulla Fronteriza aprehendió un total de 361,993 migrantes que pretendían ingresar de manera ilegal al país. De ese total, solamente 6,259 (1.7%) tenían antecedentes criminales, y el delito que habían cometido era un ingreso ilegal al país o un DUI. Solo 3 habían sido convictos por homicidio, y solo 78 por agresión sexual.

    La Oficina de Operaciones de Campo (otra rama del CBP) detectó otros 10,572 migrantes con antecedentes criminales, que hacían parte de un grupo de 204,288 personas que trataron de entrar legalmente al país por los puertos de entrada (no por la frontera abierta) y fueron declaradas inadmisibles. Un caso más en el que funcionaron muy bien los controles existentes. 

    La “criminalización” que ha hecho el presidente no cobija solo a los migrantes que están llegando a Estados Unidos, sino a todos los indocumentados (incluidos los que llevan años viviendo en el país). Si los indocumentados delinquen más que los nativos es un tema difícil de medir, como lo dice el artículo de The New York Times. Pero un estudio que cita el mismo diario, hecho por el Instituto Cato (de tendencia conservadora), muestra que en el caso de Texas (un estado con un número alto de inmigrantes), la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados es menor que la de los nativos estadounidenses.

     

    ¿Para qué sirve el muro?

    En un informe de marzo de 2018, la GAO (la Oficina de Contabilidad del Gobierno) fue muy crítica con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), porque según ella “no ha desarrollado métricas que sistemáticamente usen los datos que recopila para evaluar las contribuciones de las vallas fronterizas a su misión, tal y como lo recomendó la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) en su momento”.

    Y en uno más reciente, de julio de 2018 (producto de una auditoría realizada entre octubre de 2017 y junio de 2018),la misma GAO, refiriéndose a las obras realizadas en la administración Trump, dice que “procediendo sin una información adecuada sobre costos, bases de adquisición, y aportes de las vallas y la tecnología desplegadas anteriormente, el DHS enfrenta un gran riesgo de que el programa relacionado con el muro fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado, o no dé los resultdos esperados”.

    Esa puede ser una explicación del giro que ha dado el presidente en cuanto a la naturaleza del muro. De hablar de un gran muro de concreto –del que se hicieron varios prototipos–, el presidente a pasado a hablar de una barrera metálica, menos ambiciosa pero, según él, igual de efectiva. El cambio dio lugar a la aparición de lo que parecían ser memes que mostraban perforaciones en la barrera, por donde podrían colarse los indocumentados.

    En realidad, no se trataba de memes. Era un recordatorio de la inutilidad de una barrera ante la voluntad inquebrantable de muchos migrantes de entrar a este país. Y tiene sustento, de nuevo, en los informes de la GAO. En el ya mencionado de marzo de 2018, hablando de los altos costos de mantenimiento que tiene el muro fronterizo, la oficina dice que entre tales costos el mismo CBP incluye la reparación de las brechas en muros y puertas que “aumentan la posibilidad de los migrantes de entrar al país sin impedimento”. Entre 2010 y 2015 “el CBP reportó un total de 9,287 brechas en barreras pedestres”.

     

    ¿Y por qué lo apoyan?

    Además de su base, el presidente ha contado hasta ahora con el apoyo irrestricto de los republicanos en su idea de construir el muro. Una fuente republicana conocedora de las discusiones a puertas cerradas en el Congreso para presionar a la Casa Blanca a que acepte un presupuesto con una cantidad menor a los $5,700 millones que exige Trump, dijo a Univision Noticias, bajo condición de anonimato, que “los miembros del partido en la Cámara apoyarán al mandatario tanto como puedan y sus votantes no los presionen”.

    Agregó que en el lado demócrata “también hay divisiones”, y que hasta ahora las posiciones se mantienen “porque el pueblo, los votantes, se han mantenido en silencio y no están presionando lo suficiente”.

    El cierre del gobierno, sin embargo, puede cambiar todo. “Viene la temporada de impuestos y los aeropuertos todavía están funcionando. Pero cuando todo se afecte y tan pronto el público presione a sus congresistas, ahí vamos a ver un aumento de exigencias a la Casa Blanca. Ese será el punto de inflexión en esta crisis. Todos saben que esto no puede seguir para siempre”.

    A la pregunta respecto a si los republicanos apoyarían una declaración de emergencia del presidente para conseguir de esa manera los fondos para construir el muro en la frontera con México, la fuente dijo que “si bien se reconoce que Trump tiene el poder y la opción de declarar un estado de emergencia, muchos republicanos en ambas cámaras y fuera del Congreso no quieren eso, porque se puede tomar como un abuso de poder”.

     

  • Sube a 66 el saldo mortal de la explosión de un ducto de gasolina en México

    Otras 76 personas resultaron heridas, señaló este sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El incidente ocurrió en una toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan en la que más de 600 personas se encontraban en los alrededores del ducto, de acuerdo con la secretaría de Defensa.

    UNIVISION

     

    19 de enero del 2019- Al menos 66 personas murieron tras la explosión de un ducto en una toma ilegal de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, México.

    El hecho ocurrido en la tarde del viernes también dejó a 76 personas heridas, entre ellos un niño de 12 años, señaló el sábado el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en una rueda de prensa.

    Entre 600 y 800 personas personas robaban con cubetas y bidones el combustible de un ducto perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando ocurrió el siniestro, señaló el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Las autoridades tardaron horas en contener el incendio.

    Testigos citados por medios indicaron que tras la explosión, las llamas se elevaban a más de 20 metros de altura y que la onda expansiva afectó a decenas de personas que estaban recogiendo gasolina muy cerca de la vía que conecta a Teltipan con Tlahuelilpan.

     

    Mantendrán estrategia ante del 'huachicoleo'

    En las últimas semanas el gobierno mexicano lanzó una estrategia para frenar el robo de combustibles y desplegó a 3,200 agentes para proteger ductos y refinerías. También ordenó el cierre temporal de ductos, lo que generó problemas en la distribución del combustible y, en consecuencia, escasez.

    La toma ilegal de combustible, conocida como "huachicoleo", es una vieja práctica que le ha costado a Pemex miles de millones en pérdidas anuales.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el sábado en que seguirán evitando que haya una confrontación entre los miles de militares desplegados y los pobladores que buscan el combustible.

    "Vamos a continuar con la misma política y yo creo en el pueblo, creo en la gente y se que con estas lecciones dolorosas, lamentables, la gente va a también alejarse de estas prácticas", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa.

    El secretario de la Defensa Nacional relató que en el momento de la explosión había un equipo de 25 agentes en el área, pero habían decidido no intervenir en la toma ilegal de combustible porque se vieron rebasados por la multitud.

    “Es muy difícil detener 25 hombres a 600, 800 personas”, dijo Sandoval. “Es mejor evitar esa confrontación al verse rebasados completamente por esa cantidad de gente que está en frente de ellos. Es lo mejor para ambas partes retirarse, ha sucedido en muchas otras ocasiones".

    Durante la rueda de prensa matutina, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, indicó que "no cabe duda" que el incendio es la consecuencia de la toma ilegal de combustible.

    Desde hace al menos 10 años las autoridades mexicanas catalogaron el robo de combustible como una de las actividades ilícitas que ocasionaba más pérdidas a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Entre 2006 y 2018, la fiscalía mexicana inició aproximadamente 108,000 investigaciones por este delito, pero fue creciendo de forma exponencial pues en 2006 se abrieron 394 investigaciones y en 2018 aumentó hasta 31,000, según cifras del gobierno.

    Este problema generó pérdidas de 66,300 millones de pesos ($3,400 millones) en 2018, que equivale al 20% de lo que se destinó en 2019 a toda la inversión en educación en el país.

    El presidente López Obrador ha señalado que estas prácticas se realizaban en complicidad u omisión de autoridades locales, por lo que grupos criminales podían perforar las tuberías que transportan cerca del 20% del crudo nacional. Este combustible robado es adquirido por diversas empresas e incluso gasolinerías, según reveló el propio gobierno.

    Esta actividad ilegal se inició en el llamado Triángulo Rojo, en el céntrico estado mexicano de Puebla, pero con el tiempo la práctica se extendió a otros estados. Actualmente los que lideran el robo de hidrocarburos son Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco e Hidalgo -donde justamente ocurrió la tragedia este viernes- de acuerdo el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

     

  • México les ofrece visas para transitar y trabajar, pero cientos de migrantes de la nueva caravana decidieron cruzar clandestinamente

    Es una imagen que dista considerablemente de cómo recibieron a los centroamericanos que llegaron en caravana hace apenas tres meses. Si en aquella ocasión estaba la policía en la frontera con escudos y gases lacrimógenos, ahora las autoridades mexicanas llevan a cabo un proceso ordenado. Sin embargo, cientos de migrantes decidieron saltarse el proceso y cruzar la frontera irregularmente por la noche.

    UNIVISION

     

    17 de enero del 2019- Cientos de migrantes del grupo de hondureños que salió a principios de semana de San Pedro Sula en caravana con la intención de llegar a Estados Unidos llegaron este jueves a la frontera entre Guatemala y México, país al que cruzaron a través del paso de Tecún Umán.

    A diferencia del trato que recibieron los centroamericanos de la caravana que llegó a México a través de esa frontera en octubre de 2018 y que fueron recibidos con retenes y gases lacrimógenos y entraron a ese país entre empujones, en esta ocasión los migrantes pudieron acceder de manera segura y ordenada.

    El hambre y el cansancio impactan a los migrantes de la nueva caravana en su intento por llegar a EEUU

    El Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó en la noche del jueves que había registrado a 969 adultos migrantes y a 145 niños y adolescentes procedentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua como solicitantes de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

    Sin embargo, en la madrugada de este viernes, cientos de migrantes del grupo que salió en caravana decidieron cruzar de manera clandestina a México ya que son escépticos con el plan que les ofrece el gobierno de esa nación, según informó la periodista Maya Averbuch desde esa frontera.

    Al cruzar en la oscuridad, los migrantes pretendían no tener que pasar el proceso establecido por México. Pero por el momento se desconoce si las autoridades mexicanas los obligarán a pasar el proceso del resto de migrantes o si los deportará de encontrarlos a lo largo del camino.

    La imagen distó considerablemente de la de la jornada del jueves cuando se procesó a los migrantes que ya llevaban un registro migratorio de su entrada a Guatemala. A ellos se les permitió cruzar a través del puente fronterizo y se les ofreció un brazalete que les permitirá el libre tránsito por territorio mexicano.

    En el municipio de Suchiate (México), las autoridades migratorias mexicanas los recibieron con agua y los registraron en el sistema y les dieron la pulsera con un código de barras que tiene la información de sus casos.

    Los migrantes tendrán que esperar cinco días para recibir la 'Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias' con la que podrán trabajar y tener acceso a servicios básicos de salud. Según informó el INM, su objetivo es rebajar el tiempo de espera de los migrantes para conseguir ese documento que antes solía demorarse hasta 30 días.

    Mientras consiguen esa tarjeta, los centroamericanos podrán permanecer en el lado mexicano o guatemalteco de la frontera.

    Este jueves, muchos centroamericanos ya registrados por las autoridades mexicanas decidieron regresar a Guatemala puesto que el albergue del lado mexicano aún no estaba listo.

    Antonio, de 28 años, uno de los migrantes que consiguió este jueves el brazalete con el que le registaron en México fue uno de los que decidió regresar a Tecún Umán. Según le dijo a la agencia EFE, con esa pulsera podrá volver en cinco días para seguir con un proceso "humanitario" que le permitirá acceder a empleo y servicios de salud básicos en territorio mexicano.

  • Así es como militares y funcionarios de alto rango contribuían al robo de combustible en México

    De acuerdo con una investigación que realiza la fiscalía, al menos cinco funcionarios élite del gobierno ordenaban a sus agentes no informar al Ministerio Público de las tomas clandestinas que encontraban y además reportar el hallazgo de puntos falsos.

    UNIVISION

     

    CIUDAD DE MÉXICO. 16 de enero del 2019- La Procuraduría General de la República (fiscalía) inició una investigación contra cinco funcionarios de alto rango en el gobierno de México, dos de los cuales son generales que se desempeñaron como responsables de la seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), por presuntamente ordenar a sus agentes sembrar tomas clandestinas de hidrocarburos y no informar al Ministerio Público de los hallazgos que hacían.

    La existencia de esta investigación sale a la luz en medio de una serie de anuncios que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó para combatir el millonario robo de combustible en el paí s, un delito que se practicaba desde hace años con la complicidad de los propios funcionarios del gobierno, según señaló el mandatario.

    De acuerdo con los documentos de la investigación, en poder del diario Milenio los implicados son Eduardo León Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica, así como su sucesor Wenceslao Cárdenas Acuña, ambos con grado de general en el Ejército.

    También están sujetos a investigación el exgerente de Estrategia, mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas, y el exgerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, cuyo nombre se mantiene en reserva. De igual forma se encuentra en investigación Armando David Palacios Hernández, también integrante del Ejército y quien fuera director de Pemex Logística, encargado del almacenamiento, transporte, monitoreo y análisis de autotanques.

    Pese a que existía una denuncia realizada por varios trabajadores de Pemex ante la fiscalía en marzo de 2017, los documentos no fueron tomados en cuenta para hacer una investigación hasta que inició la nueva administración del gobierno y su combate contra el robo de combustible.

    La denuncia fue presentada por el abogado Jorge García Andriano, en la que además se implica a funcionarios regionales de Pemex y militares pertenecientes a la comisión de seguridad de la paraestatal.

    En la denuncia entregada a la PGR, que incluye fotografías, escritos y oficios, el abogado señala los delitos de abuso de autoridad, intimidación, amenazas y encubrimiento por parte de funcionarios de Petróleos Mexicanos al ordenar a los agentes de Seguridad Física alterar el lugar e impedir que se averigüe la conducta delictiva de ciertas personas, con el argumento de que sí no hacían caso omiso, serían despedidos.

    Uno de los casos que conforma la carpeta de investigación es el del trabajador Moisés Ángel Merlín Sibaja, quien solicitó denunciar ante el "Área de Quejas e Investigaciones de la Unidad de Responsabilidades en Pemex" las instrucciones que le dieron "sus jefes", entre ellos Eduardo León Trauwitz, para desmantelar e inhabilitar tomas clandestinas a sabiendas de que era "ilegal e ilícito" por no ser ingeniero petrolero ni estar capacitado. También llegaron a ordenarle que sembrar tomas clandestinas en otros lugares.

    "Las instrucciones eran verbales y no por escrito... Prohibían al trabajador informar a otras autoridades bajo la amenaza de separarlo del empleo e intimidarlo que de hacerlo, se la haría figurar como un individuo que participaba en el robo de hidrocarburos".

    Aunque la denuncia fue presentada en 2017, no fue hasta finales de 2018, luego del cambio de gobierno, cuando la fiscalía inició una investigación contra las personas presuntamente implicadas.

    Menos de un mes después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció la implementación de medidas para combatir el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, que ha derivado en una crisis de abastecimiento de gasolina en el país, pero también ha destapado los problemas de corrupción en Petróleos Mexicanos.

    En diversas ocasiones, A MLO ha señalado que se combatirá la corrupción en todos los niveles, incluido el sindicato petrolero encabezado por Carlos Romero Deschamps, pero que no habrá “show” ni se fabricarán delitos.

    “No se va a permitir la corrupción ni la impunidad y se está investigando todo lo relacionado con actos de corrupción y de manera especial todo lo vinculado con el robo de combustible, a todos, a todos en general, todos los que intervienen en las actividades de distribución, venta de combustible, vigilancia, a todos”, aseguró.

    De acuerdo con cifras del gobierno de México, el problema del huachicoleo ha generado pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (3,400 millones de dólares) en 2018.

     

  • Avanza el nuevo grupo de migrantes camino a EEUU: cerca de 700 llegaron ya a Guatemala

    Según autoridades de Honduras, unos 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    UNIVISION Y AGENCIAS

     

    16 de enero del 2019- Un total de 709 hondureños que salieron el lunes de su país cruzaron ya la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos, informó el Gobierno de Honduras.

    El director de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Lisandro Rosales, dijo en un comunicado que 359 hondureños entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente.

    Señaló que otros 350 hondureños, entre ellos varios menores de edad, "rompieron el retén de la Policía Nacional" en Agua Caliente para ingresar a Guatemala de manera irregular y desde donde pretenden continuar su viaje a México y Estados Unidos.

    Rosales indicó que 23 menores hondureños no acompañados fueron remitidos a la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia (Dinaf) para su acompañamiento durante el retorno a sus lugares de origen.

    Uno de esos casos es el de dos hermanos, de 12 y 14 años, que, según el Gobierno hondureño, fueron abandonados por una tía en Agua Caliente después de que la mujer no dispusiera de la documentación necesaria para que sus sobrinos pudiesen salir del país.

    Los hermanos, originarios del sector de La Entrada, departamento occidental de Copán, recibirán el acompañamiento de la Dinaf y serán reunificados con su abuela, la responsable de su cuidado, ya que su madre se encuentra en Estados Unidos.

    Las autoridades hondureñas han extremado las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar el paso de los migrantes.

    La Policía hondureña instaló 54 puntos de control en las fronteras con Guatemala y El Salvador, con el fin de "velar por la seguridad" de la población, añade el informe del organismo de protección civil.

    Alrededor de un millar de hondureños, divididos en dos grupos, salieron el lunes desde la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, con la intención de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

    Las autoridades hondureñas reiteraron el llamado a sus compatriotas a que no "pongan en riesgo su vida en la ruta migratoria".

    Según la Cancillería de Honduras, ninguno de los miles de migrantes que en octubre pasado emprendieron viajes en caravanas para llegar a Estados Unidos "ha logrado que se le conceda asilo político o permiso para permanecer en ese territorio de forma regular".

    Al menos once hondureños de esas primeras caravanas murieron en su intento por llegar a territorio estadounidense, de acuerdo con cifras oficiales.

     

  • De padrino de bodas de Ortega a denunciar un "estado de terror": qué hay detrás de la renuncia del juez Rafael Solís

    Rafael Solís era magistrado judicial, comisario político y asesor partidario sandinista. Además, fue padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con su renuncia comienza a resquebrajarse el círculo íntimo del gobierno de Ortega y Murillo que hasta ahora parecía infranqueable.

    WILFREDO MIRANDA ABURTO

     

    MANAGUA, Nicaragua. 14 de enero del 2019- En 2005, un año antes de asumir la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega volvió a casarse con Rosario Murillo. Renovaron sus votos matrimoniales en la iglesia católica. Fue una reunión privada; solo fueron invitados amigos cercanos. En el acta de casamiento quedó registrado como padrino de boda Rafael Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, veterano militante sandinista y “comisario político” de la pareja presidencial en el sistema judicial.

    Catorce años después, en medio de la aguda crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, Solís renunció a todos sus cargos institucionales y políticos. Una bomba inesperada para sus ahijados matrimoniales. El padrino los ha abandonado porque no está de acuerdo con “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”.

    Rafael “Payo” Solís publicó su carta de renuncia el 10 de enero. La conmoción en Nicaragua fue inmediata y sus implicaciones todavía siguen aflorando: Es la deserción política más significativa que ha sufrido el sandinismo controlado por Daniel Ortega desde principios de la década de 1990, cuando los principales intelectuales y revolucionarios rompieron con el partido para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

    El exmagistrado Solís explicó en su carta de renuncia que no está de acuerdo con el “estado de terror” instalado por la policía y paramilitares y la falta de voluntad política de la pareja presidencial para encontrarle una solución dialogada al conflicto iniciado en el abril de 2018.

    “Presento mi renuncia inmediata e irrevocable a partir de este momento a mi cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a todos los cargos políticos incluida la militancia en el Frente Sandinista de Liberación Nacional”, expresó Solís en la misiva.

    La militancia sandinista de Solís superaba las cuatro décadas. Aparte de ejercer su cargo como magistrado y operador político en el sistema de justicia, era una voz pragmática y beligerante en las decisiones del Frente Sandinista. Era uno de los hombres indispensables de Daniel Ortega. La imprevista renuncia de un personaje de tan alto perfil evidencia el resquebrajamiento que ha comenzado a causar la crisis sociopolítica en el círculo íntimo del poder.

    “Es la deserción más importante en los últimos 20 años de vida política de Daniel Ortega”, le dijo a Univision Noticias Eliseo Núñez, exdiputado y jurista. “Es llamativo que Solís no solo renuncia como magistrado y a los cargos políticos, sino que también a la militancia sandinista. Es un reconocimiento de que el partido no es capaz de contener el capricho de dos personas por aferrarse al poder”.

     

    Artífice de la reelección de Ortega

    Entre los 16 magistrados de Poder Judicial, Solís era el más influyente pese a que la presidencia del tribunal mayor lo ocupa su correligionaria Alba Luz Ramos. Solís estuvo detrás de dos fallos judiciales que delinearon buena parte del presente político de este país centroamericano. La Corte Suprema de Justicia liberó en 2009 al expresidente Arnoldo Alemán de una condena de 20 años por fraude al Estado, a cambio de que éste le garantizara a Ortega el control del Parlamento.

    Meses después y más controvertido aún, Solís fue parte del diseño del fallo que le permitió a Ortega reelegirse como presidente de la República, pese a que la reelección consecutiva estaba vetada por la Constitución Política. Solís se “arrepintió” por esta maniobra y aseguró “que fue un error haber permitido” la reelección de su ahijado de boda.

    “Es un golpe político ante todo. Y muy fuerte”, explicó a Univision Noticias Vilma Núñez, expresidenta del Poder Judicial y exmilitante sandinista. “Su declaración sale del seno, de las entrañas del poder, y contradice la versión oficial de que en Nicaragua hubo un intento de golpe de estado”, aseveró.

     

    No es una renuncia cualquiera

    Solís lamentó que Ortega y Murillo no hayan tenido “sensatez y cordura” para proceder a una negociación política que derivara en el adelanto de elecciones como la mejor manera de superar la crisis pacíficamente.

    “Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado, dejando al mismo Poder Judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, insistió el exmagistrado.

    Son palabras fuertes que no solo provienen de un leal, de un operador político y de un prominente funcionario público. Son las del Rafael Solís, padrino de bodas. Estos vínculos explican por qué la carta del exmagistrado ha causado un terremoto político en el aparentemente impermeable Frente Sandinista. Hasta ahora, la pareja presidencial no se ha referido a la dimisión de su padrino de bodas.

    “No es una renuncia cualquiera. No es lo mismo que renuncie alguno de los otros magistrados a que renuncie Rafael Solís. No es un disidente cualquiera. Se trata del asesor más importante y fundamental en las políticas del Frente Sandinista. Un hombre que estaba en el mero centro del poder”, aseguró a Univision Noticias el exvicencanciller de Nicaragua, José Pallais. “Esta renuncia genera dudas en la estructura del poder. Los desmoraliza. Los hace preguntarse si hay futuro”.

    Aunque el orteguismo sufre en silencio esta bomba política, algunos voceros oficiosos del gobierno han comenzado a tildar al exmagistrado de “traidor”. De hecho, la “purga” se ha extendido a jueces cercanos a Solís, quienes también son señalados de “cómplices de traición”.

     

    Poder Judicial sometido

    Solís hizo énfasis en la represión policial y paramilitar que ha dejado 325 muertos, más de 2,000 heridos y 565 presos políticos. Además, cuestionó la actitud presidencial de negarse al diálogo mediado por la iglesia católica para solventar la crisis.

    Sin embargo, lo más revelador de la misiva de renuncia es la apreciación de Solís respecto a los procesos judiciales contra los manifestantes pacíficos. Contrario a lo que promulga el gobierno de que son “golpistas y terroristas”, el exmagistrado sostiene que son en realidad “presos políticos”. Claudia Paz y Paz, ex fiscal guatemalteca y parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron los crímenes cometidos cometidos entre abril y mayo, dijo que lo que más le impresionó en Nicaragua “fue la falta de independencia del Poder Judicial”.

     “Comenzaron los juicios en su gran mayoría políticos aún conforme mi criterio, a una gran cantidad de detenidos con una serie de acusaciones absurdas sobre delitos que nunca cometieron, sustituyendo ustedes en sus decisiones a todo un Poder Judicial en su conjunto, incluyendo a nuestros propios jueces a quienes defiendo porque no tenían más alternativas que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen y de la Fiscalía o de lo contrario ser destituidos de sus cargos”, criticó Solís por su parte.

     

    Otra renuncia: el Superintendente de Bancos

    Menos de 24 horas después de conocerse la renuncia de Solís, otro funcionario del gobierno dimitió. Se trata del superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Víctor Urcuyo.

    Las razones exactas de la renuncia del superintendente de Bancos no han trascendido, aunque se está a la espera que el Parlamento la ratifique. Urcuyo dimite en el momento álgido de la crisis económica tras las protestas. El sistema financiero de Nicaragua ha perdido más de 1,300 millones de dólares en depósitos y los créditos están semiparalizados.

    “Estoy seguro que los funcionarios más vulnerables se van a ir. Es decir, aquellos que tienen conexiones con el sistema financiero internacional debido a las sanciones económicas que podría aplicar Estados Unidos a través de la Ley Nica Act”, sostuvo el exdiputado Eliseo Núñez. “Es una mala lectura de Ortega pretender que sus allegados van a estar con él mientras se atrinchera al poder y se cierra ante una negociación política”, finalizó.

     

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